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Salario digno: de las promesas electorales más incumplidas

En Latinoamérica, donde los ciudadanos votan con las entrañas, el corazón y el oído más que con la razón, los dirigentes políticos han aplicado la máxima de prometer y prometer hasta ascender, pero después de ascendido, nada de lo prometido.

Particularmente, en la historia contemporánea de Venezuela existe un rosario de compromisos incumplidos e ilusiones rotas que algunos dirigentes sindicales han recordado para este trabajo del Guachimán Electoral.

Gricelda Sánchez, docente y miembro de la organización Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), señala que la firma del contrato colectivo de los educadores tiene en mora casi el mismo tiempo que la revolución en el poder.

“En el año 2002 se anunció la firma del contrato y estamos en el 2024 y eso no se ha ejecutado; y el tema del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que tampoco se ha cumplido, la recuperación de las escuelas a través del plan ‘Una Gota de Amor para mi Escuela’ y a través de las brigadas Bricomiles (Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud) que tampoco se logró. Es decir, esas tres cosas son fundamentales y jamás se han cumplido”, expresa.

La profesora Elsa Castillo, dirigente sindical del magisterio venezolano, recuerda con nostalgia que la calidad de la educación es una deuda de la democracia venezolana y advierte que, por el contrario, se han ido relajando las exigencias académicas así como la formación ciudadana en valores.

“Todos los presidentes, sin excepción, en el pasado, todos hablaron de la calidad de educación y la ofrecieron, más no hicieron lo suficiente. Venezuela merecía mucho más, mucho más. Tuvimos un tiempo más o menos bueno cuando se entendió que Venezuela debería tener una formación paralela para aquellos que no querían continuar en una carrera larga y se creó el INCE para formar mano de obra calificada, la experiencia fue genial pero no se actualizó y se dejó morir”, recordó. 

Lucha contra la pobreza, otra deuda perenne

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) y coordinador de la Red Sindical Venezolana, indica que la lucha contra la pobreza es también un ofrecimiento recurrente de los candidatos presidenciales así como la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos.

“Hay una promesa para los trabajadores que fueron jubilados entre los años 2018 y 2021 que hizo el presidente Maduro, que fue de pagar 10.000 bolívares a esas personas que no recibieron las prestaciones sociales. Para el momento en que hizo esa promesa 10.000 bolívares representaban 2.420 dólares aproximadamente, nunca se cumplió, y si hoy les pagaran esa suma no tendría nada que ver con la promesa inicial. La promesa de recuperar el sistema público nacional de salud no se ha cumplido, y al contrario, el paciente que llega a un centro, una emergencia, tiene que comprarlo todo, hasta el agua”.

Transportistas en el olvido

Yelmira Jiménez, presidenta de la asociación de conductores “La Voluntad de Ghandi”, en Caricuao, afirma que las promesas incumplidas son muchas, pero destaca los créditos para los transportistas, la creación del “Banco del Transportista” para la modernización de las unidades y la inclusión de estos trabajadores en los programas sociales del Estado.

“Los vehículos que prestan servicio de transporte público en Venezuela son de los más antiguos de Latinoamérica, no hemos tenido la oportunidad de repotenciar las flotas. Nos han ofrecido el apoyo con insumos y repuestos; hicieron algunos intentos pero fallidos y cuando los han hecho no llegan al 100% de los transportistas. Muchos años atrás el transportista era catalogado como uno de los mejores pagadores y nos daban financiamiento en las entidades bancarias pero eso ya no existe.”

La lucha contra la corrupción: un espejismo

Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical Nacional, expresa que la promesa incumplida más repetida es la lucha contra la corrupción “ha sido como un espejismo”, sentencia. Coincide con Zambrano en que la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores es otro de los temas pendientes.

“Hasta 1999 el salario alcanzaba al 78% de la canasta básica. O sea, había un salario con poder adquisitivo y le faltaba todavía un 22% para alcanzar el 100% de la canasta básica pero desde el año 1999 hacia acá los candidatos revolucionarios han bonificado el salario, desde Chávez hasta casi desaparecerlo con Maduro. La promesa más incumplida de un candidato ha sido un salario con poder adquisitivo y por supuesto en estos 25 años de supuesta revolución es lo que ha faltado. Salario y por supuesto, combatir la corrupción totalmente incumplida”.

Ibrahím López Piñero

«Los apellidos no van a poder con nosotros» y otras perlas de Maduro

«Censuran lo afirmativo venezolano, banean al candidato presidencial Nicolás Maduro. (Está) Perseguido, bloqueado; pero no importa, con la fuerza del pueblo el equipo gana», se refirió en tercera persona este 21 de mayo el candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta de X (Twitter). 

Durante la última semana, a través de sus plataformas comunicacionales del Estado, Maduro ha estado afirmando que «lo están censurando» al no «mostrar» sus visitas a distintas ciudades del país durante su campaña presidencial. Sin embargo, durante su visita a la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, habitantes de la zona le reclamaron que reestablezca el servicio del agua. 

Lo cierto es que la ONG Espacio Público y la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela han determinado que los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro (ambos del mismo corte ideológico y partidista) han cerrado más de 285 emisoras de radio en los últimos 20 años, 14 de ellas en lo que va de 2024.

También la ONG VE Sin Filtro ha documentado el bloqueo de más de 20 sitios web de noticias en los servidores venezolanos, siendo el más reciente el del medio de comunicación La Gran Aldea este 19 de mayo. 

La reducción del ecosistema comunicacional y periodístico en Venezuela por parte de funcionarios del gobierno madurista ha sido tal que el Instituto de Prensa y Sociedad afirmó que más de 7 millones de venezolanos no tienen acceso a medios de comunicación con información periodística local e independiente. 

«Los apellidos no van a poder con nosotros, vamos a construir un nuevo sistema comunicacional, para cada momento una respuesta, para cada problema una solución», agregó Maduro en su escrito de X. Cuando se refiere a «los apellidos», está nombrando a los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática: Edmundo González Urrutia y María Corina Machado Paris. 

ProBox: Maduro financió una red de propaganda digital

«Lo vengo repitiendo: de las calles a las redes, de las redes a los medios, de los medios a las paredes y radio bemba. Es la gran fuerza invencible del pueblo», dijo el mandatario con, al menos, cinco canales de televisión financiadas por El Estado, un canal de TikTok, un podcast y otras redes de comunicación.

La ONG Probox ha evidenciado y denunciado que el Ministerio de Comunicación e Información es quien dicta la pauta comunicacional en redes sociales a favor de Nicolás Maduro en su campaña presidencial desde el 27 de julio del 2023, un año antes de la campaña electoral.

De acuerdo con Probox, desde enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2024 se han posicionado 88 tendencias en X desde actores e instituciones oficialistas en apoyo a Maduro, acumulando más de 8.462.776 publicaciones en ese período. De esas 88 tendencias, 62 (70,45 %) han sido en «claro apoyo electoral». 

La conversación electoral del chavismo no solo se trata de propaganda, sino también de ataques por parte de actores oficialistas como Diosdado Cabello hacia la oposición, principalmente hacia María Corina Machado.

Para Probox, existe un control “evidente”:  desde la inhabilitación de candidatos de oposición hasta el adelanto de las elecciones, según la organización, el régimen “no escatima en tácticas para inclinar la balanza a su favor”.

“A pesar de las irregularidades, las redes sociales continúan siendo una herramienta importante para que la sociedad civil se mantenga informada y promueva la protesta cívica”, asegura la directora ejecutiva de ProBox.

Fedecámaras solicita incentivo empresarial ante Ley de Protección de Pensiones

El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, sostuvo en un programa de radio este martes 21 de mayo que la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social debe estar acompañada por un incentivo al sector empresarial.

La Gaceta Oficial número 42.880 estableció en 9% la tasa de contribución que pagarán las empresas privadas para el fondo de pensiones, en el marco de la reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional para supuestamente mejorar la calidad de vida de los pensionados.

Celis indicó que esta medida hará posible la mejora en los ingresos de los trabajadores. No obstante, el empresario sostuvo que existen consideraciones de carácter económico y legal que inciden y afectan la operatividad del sector privado nacional.

El presidente de Fedecámaras expuso que más del 50% de las utilidades de una empresa se va en pago de impuestos, cuestión que debe ser considerada a la hora de aprobar este tipo de iniciativas. 

“Debería haber un modelo de pensiones privado en el que haya muchos oferentes y el trabajador escoge donde pone su ingreso para poder tener la pensión que le asegure el retorno”, dijo en Éxitos 99.9 FM.

El empresario expuso que en las conversaciones con sectores del gobierno de Maduro se habló de 6% y no de 9%. 

“No estamos contentos con pagar más impuestos, pero por lo menos esto va para nuestros viejitos y nos da aliento para seguir contribuyendo” añadió. 

El reglamento indicó que quedan exonerados del pago de la contribución especial los emprendimientos debidamente registrados ante el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE).

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) cobrará el aporte a las organizaciones correspondientes cada 30 días a través de los procedimientos para el control fiscal establecidos en el Decreto Constituyente del Código Orgánico Tributario.

Según el artículo 13, la empresa que incumpla la nueva ley será sancionada con multa de 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor.

 

Venezuela con el índice más alto de embarazo adolescente en Sudamérica 

De acuerdo a la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Venezuela posee el índice más alto de embarazo adolescente en Sudamérica con 84,6 casos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad.

“Venezuela es el país con el más alto índice de embarazos adolescentes en Sudamérica y el tercero del continente. Hay un tema cultural de las mujeres, a lo que le llamamos la maternidad con destino, hay un aprendizaje cultural que las mujeres somos primero madre que mujeres”, dijo Mercedes Muñoz, presidenta de la junta directiva de Avesa.  

Según Muñoz, el alto costo de la vida en Venezuela, aunado a una inexistente o escasa educación sexual en el sistema público, conspira contra los adolescentes. 

“En Venezuela las cajas de 21 pastillas anticonceptivas pueden costar entre 10 y 15 dólares y los preservativos hasta 5 dólares. Un solo condón cuesta $1,5, con eso se compra un desayuno ¿Cómo pueden comprar los adolescentes condones? Y no hay centros de planificación familiar”, advirtió. 

Muñoz sentenció que muchas veces los padres de los bebés concebidos con adolescentes son adultos, lo que podría significar la aceptación del abuso sexual.

“Nadie se detiene a pensar quienes son los papás de esos bebés ¿Son sus coetáneos? No, son adultos, y a veces les llevan 25 y 30 años de edad”, agregó Muñoz. 

Muñoz informó igualmente que los centros de salud pública están ofreciendo a la adolescente un implante anticonceptivo.

“Es una forma de anticoncepción permanente hormonal y las muchachas se están poniendo esos implantes desde los 14 años sin nadie saber qué va a pasar con eso”, sentenció. 

De acuerdo al Ministerio de Salud se trata de un método hormonal de larga duración de entre tres a cinco años que se coloca debajo de la piel del antebrazo, es reversible y tiene una confiabilidad de 99%.

Primer lugar también en mortalidad materna

Además de estar punteando en embarazo adolescente, Venezuela tiene la segunda tasa de mortalidad materna en la región con 259,2 muertes por 100 mil nacidos vivos, solo superada por Haití (350,4) de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud en 2020.

“No tiene justificación alguna las muertes porque no hay razón alguna para que en 2024 las mujeres se mueran de embarazo y parto, la única razón es que los servicios no están siendo eficientes, y cuando hablamos de esto, hablamos del derecho a la vida de las mujeres. Es una obligación del Estado que tiene que crear las instituciones o supervisar”, recalcó Mercedes Muñoz, presidenta de la junta directiva de Avesa.  

Según el gobierno de Maduro, más de 800 000 gestantes han sido atendidas por el plan nacional Parto Humanizado y Lactancia Materna, que tiene como finalidad hacerle seguimiento a las mujeres y la familia durante la gestación y después del parto.

 

Con información de Sputnik 

 

 

Probox explica cómo Maduro teje su red propagandística en redes para promover su reelección

El observatorio digital Probox explica cómo Nicolás Maduro ha desplegado una campaña electoral “implacable” haciendo uso de los recursos del Estado para así tejer una red propagandística “que contamina la conversación en línea”.

Así lo señaló la organización en su investigación titulada “La máquina del poder: cómo Maduro teje su red propagandística”, donde se detalló cómo Maduro impone las narrativas oficialistas valiéndose del uso de entes gubernamentales y canales de televisión abierta para promover su candidatura, desinformar y atacar a sus adversarios.

De acuerdo con Probox, la intención de estas acciones también es “minimizar la conversación de actores de la sociedad civil en redes sociales”.

La campaña en línea de Maduro inició en 2023

Probox ha evidenciado y denunciado que el Ministerio de Comunicación e Información es quien dicta la pauta comunicacional en redes sociales, al menos en X. Así pues, el Mippci se convirtió en “uno de los pilares centrales de apoyo a Maduro en su rol de candidato más allá que en su cargo actual en la presidencia del país”.

Desde el 27 de julio de 2023, es decir, un año antes de conocerse el calendario electoral, el Mippci ya posicionaba tendencias de campaña a favor de Nicolás Maduro.

De acuerdo con Probox, desde enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2024 se han posicionado 88 tendencias en X desde actores e instituciones oficialistas en apoyo a Maduro, acumulando más de 8.462.776 publicaciones en ese período.

El Mippci refuerza el apoyo a Maduro en línea

Entre enero de 2023 y abril de 2024, el 10,77% de las tendencias impulsadas por el Mippci fueron de apoyo a Nicolás Maduro, destacando con mayor cantidad de mensajes acumulados #JuntosPorLaPatria del 10 de enero de 2023 y #MaduroLealtadYVictoria del 14 de abril de 2023 con cerca de 1.100.000 publicaciones cada una de ellas.

Asimismo, según los cálculos de Probox, desde 2023 hasta la actualidad se han reportado picos en el impulso de la campaña en línea a favor de Maduro. Resalta el mes de agosto de 2023 con 8 tendencias como #ElTipoEsMaduro y #ConsensoDeVenezuela.

En marzo de 2024 esta tuvo un repunte, representando el 45,28% (24 tendencias) de todas las etiquetas registradas en el mes en la conversación sociopolítica de Venezuela en X.

La propaganda viene desde todos los frentes oficialistas

Para tejer esa red propagandística, entre enero y abril de 2024, se posicionaron en Venezuela 50 tendencias con esta narrativa, 12 más que en todo 2023, de acuerdo con la investigación de Probox.

Asimismo, de las 88 tendencias a favor de Maduro entre 2023 y abril de 2024, 62 han sido electorales, sumando más de 2.472.155 publicaciones en X. Es decir, el 70,45% de las etiquetas en apoyo a Maduro han sido electorales.

red propagandística

No solo se promueve propaganda, también se ataca a la oposición

La conversación electoral del chavismo no solo se trata de propaganda, sino también de ataques por parte de actores oficialistas como Diosdado Cabello hacia la oposición, principalmente hacia María Corina Machado. 

Al respecto, ProBox puso como ejemplo el 12 de junio de 2023, cuando Cabello impulsó la etiqueta #NoTeVistasQueNoVas con más de 7.000 publicaciones desde “Con el Mazo Dando”, atacando a Machado y resaltando su inhabilitación.

Después, el 19 de julio del año pasado, Diosdado Cabello impulsó nuevamente desde su programa la etiqueta #YaTeDijeQueNoVas, que concentró más de 19.400 publicaciones. 

Por su parte, el 27 de julio del 2023, el Mippci promovió #MaduroSíVa con más de 170.000 publicaciones siguiendo la línea de la narrativa impulsada por Cabello: atacando a Machado y resaltando su inhabilitación política con el lema “no te vistas que no vas”. 

red propagandística

Este año, según los registros de Probox, el PSUV también ha impulsado esta etiqueta, promoviendo #ElQueVaEsNicolás entre el 16 y el 17 de marzo con más de 6.400 publicaciones en X ante la postulación oficial de Maduro como candidato.

El uso institucional de la propaganda

Aunque existe un reglamento del Consejo Nacional Electoral que establece los lineamientos para una campaña electoral justa, el chavismo hace caso omiso de ella, y el órgano rector de vigilarlo tampoco cumple su función.

Al respecto, en las elecciones regionales del año 2021, ProBox demostró el ventajismo del oficialismo sobre el resto de los participantes y las violaciones del reglamento electoral, hecho que también fue resaltado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el Centro Carter.

“No es un secreto para nadie que desde hace años los poderes públicos siguen lo que el Ejecutivo dicta, es por eso que la institucionalidad del país se resquebrajó y podemos ver cómo con total ‘normalidad‘ el Ministerio de Comunicación lleva la batuta de la campaña de Maduro, que desde los canales de televisión del Estado se trasmiten programas como ‘Con el Mazo Dando’ de Diosdado Cabello que desinforma y ataca la disidencia y que además se paga con dinero del Estado a personas para que impulsen tendencias en redes sociales”, expresó Mariví Marín Vásquez, directora ejecutiva de Probox.

Para Probox, existe un control “evidente”:  desde la inhabilitación de candidatos de oposición hasta el adelanto de las elecciones, según la organización, el régimen “no escatima en tácticas para inclinar la balanza a su favor”.

“A pesar de las irregularidades, las redes sociales continúan siendo una herramienta importante para que la sociedad civil se mantenga informada y promueva la protesta cívica”, asegura la directora ejecutiva de ProBox.

Puede leer la investigación completa aquí

Los cuestionamientos de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales a la Ley de Protección de Pensiones

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La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol) fijó posición y cuestionó varios aspectos de la reciente “Ley de Protección de Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista” (LPPSS), aprobada por la Asamblea Nacional oficialista y publicada en Gaceta Oficial.

A través de un comunicado, la Academia señaló que el sistema de seguridad social en Venezuela está muy lejos de poder cumplir con los objetivos constitucionales y legales ya establecidos. Además, responsabilizó al Estado de mantener durante tres años consecutivos el monto del salario mínimo (actualmente fijado en 130 bolívares mensuales, unos 3.5 dólares) y en su lugar, sostener una práctica que es “inconstitucional” y que ha contribuido al “descalabro de las las prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos y utilidades”.

En Gaceta Oficial número 42.880, con fecha del 16 de mayo de 2024, se estableció como monto de la contribución especial el 9% del total de los pagos realizados por las empresas privadas a los pensionados del país. 

Aunque la ley ya está en Gaceta, se espera por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat) para que informe sobre la fecha de pago mensual de las empresas tanto nacionales como extranjeras que operan dentro del país.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales cuestionó 10 aspectos sobre esta ley que no solo no solo afecta a los trabajadores venezolanos, sino que consideran, también afecta a grupos más vulnerables como los pensionados y jubilados que perciben salario mínimo:

La Academia cuestiona que el tributo “se solapa innecesariamente y contradice” la contribución creada por la Ley del Seguro Social y su Reglamento General que han de efectuar los empleadores al IVSS (Art. 109: 9% al 11% del salario normal), desviando los recursos al tesoro nacional y no al ente encargado de la seguridad social.

La Acienpol refutó que la base imponible de la “contribución especial” contradice y viola la restricción del artículo 107 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, que “limita la base imponible de los llamados “tributos a la nómina” a la medida del salario normal, criterio legal que no tiene nada que ver con el artificial concepto de “ingreso mínimo integral indexado” que solo aplica al sector público”.

La Academia señaló que la contribución del 9% es discriminatorio porque grava exclusivamente al sector privado de la economía, lo que es contrario al principio de universalidad de la seguridad social que incumbe a toda la población, independientemente de que se haya cotizado o no, incluido el sector público, que es el primer empleador en el país.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales también cuestionó que la Ley deslegaliza la fijación de elementos esenciales a la determinación del tributo y delega indebidamente en el Presidente de la República la fijación de la alícuota según el tipo o actividad económica, en violación del constitucionalizado principio de reserva de ley, otorgando una herramienta discrecional que se puede prestar como forma de control político y económico a sectores del país.

La Acienpol afirmó que dicha “contribución especial” es regresiva e inconsistente con una medida efectiva de la capacidad contributiva que pueda representar el pago del salario y las bonificaciones no salariales, pues se configura en un desestímulo a las mejoras salariales y no salariales de los trabajadores. “Mientras mayores beneficios se otorguen al trabajador, más alta será la carga tributaria para el empleador y menor sus posibilidades de crecimiento”.

Adicionalmente, la academia señaló que el tributo está desconectado de la realidad contributiva, pues si la capacidad de un empleador de pagar salarios y otras bonificaciones es menor al “ingreso mínimo integral indexado”, igual se le obliga a contribuir con base en una capacidad contributiva inexistente.

“La ley no toma en cuenta aquellos casos de empleadores que han adoptado políticas internas en materia de jubilaciones por vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia, lo que implica una mayor onerosidad sobre los aportes que a esos efectos realiza el empleador, sin disponer medidas de neutralización o desgravación consecuente”, indicó la Acienpol.

Sobre las sanciones para quien no presente la declaración de la “contribución especial”, la Acienpol indicó que viola los artículos 79 y 103 del Código Orgánico Tributario (COT) al elevar a 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el BCV, cuando este tipo de deber formal es sancionado en el COT, de aplicación preferente, con multa entre 100 y 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el ente emisor.

En cuanto a la vigencia de la LPPSS la academia explica que esta ley está supeditada al dictado de los decretos presidenciales, pero contradice los artículos 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 8 del COT que establecen al menos, sesenta (60) días para que contribuyentes y administración tributaria, ajusten su proceder en función de las nuevas obligaciones materiales y formales.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales exhortó al Poder Público Nacional a “mantener un diálogo social permanente en materia laboral y tributaria, para recuperar, por una parte, la función del salario y, por la otra, lograr la anhelada armonización tributaria para alcanzar una solución apropiada a la crisis de la seguridad social”. 

La tragedia y el reto de CITGO

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Machado y González Urrutia deben involucrarse en la defensa de CITGO. Es impostergable abrir el compás, escuchar a los directores de PDVSA ad hoc, y hacerlo de la mano del gobierno de Maduro. Lo establece el Acuerdo de Barbados

@ovierablanco

A una sola voz los representantes de CITGO en EE. UU., sus abogados, líderes políticos, expertos y la mesa de negociación deben pedir al gobierno de EE. UU. dar protección inmediata a CITGO, y prevenir una subasta injusta.

Lo que ocurre a CIGTO es una verdadera tragedia corporativa. Los desafíos para salir del tifón no son sencillos. Ni Shakespeare o García Márquez, describen en sus obras tanta surrealismo, iniquidad y apología. De cómo una corporación seria y sólida con casi 4 décadas bajo la gerencia de ilustres venezolanos, la convirtieron Chávez y Maduro en un cepo de politiquería panfletaria. Si no es por la llegada del gobierno interino y las nuevas directivas, CITGO sería lo que es hoy su matriz PDVSA: desecho.

Es la historia de abusos cometidos por Chávez et all, que ha llevado al patrimonio más importante de los venezolanos en el exterior [valorado en unos 15 billones de dólares] a riesgo de ser salvaje e injustamente rematada en una Corte de EE. UU.

Excesos de autoridad que se convirtieron en reclamos por inversionistas extranjeros contra la república, en centros internacionales de arbitraje. Expropiaciones, confiscaciones, decomisos, retenciones e incumplimientos de contratos en áreas mineras, energéticas y petroleras [era Chávez], que generaron sentencias muy costosas para la nación [21 billones de dólares]. Habiendo quedado firmes, ahora demandan ante la Corte Federal de Delaware a cargo del juez Leonard Stark.

Invirtieron poco, demandan mucho y pagarán la mitad

Las demandas de acreedores como Crystallex, ConocoPhillips, Huntington Ingalls son desproporcionadas al valor de su inversión en Venezuela. CITGO podría ser adjudicada al mejor postor por un valor muy inferior a su precio real. Lo más injusto es que todo sucede cuando honestos y capaces venezolanos designados por la legítima AN 2015, habían recuperado CITGO de la quiebra [2019].

Cuando Citgo pasa a ser administrada por autoridades designadas por el Gobierno interino de Juan Guaidó [AN-2015], era una corporación esquilmada. Había perdido su valor patrimonial histórico, que llegó a ser de unos 30 billones de dólares con ingresos por 32 BB$. La era Chávez a pesar de administrar el barril de petróleo a más de 100$p/b, hizo de PDVSA y CITGO una operación macilenta.

Citgo se redujo a 4.5 billones de dólares de ingresos [2019] y una deuda superior de 4.8 billones. La administración liderada por Horacio Medina [presidente de PDVSA ad hoc] le dio nuevamente pulmón a CITGO, obteniendo ingresos por 22 billones de dólares, cero deudas, flujo de caja positivo y beneficios por el orden de los 2 billones de dólares [EBITA].

CITGO literalmente ha sido salvada gracias a la buena gestión de sus nuevas directivas, designadas por la legítima AN-105. Pero ahora podrían adjudicarla a acreedores impropios de su giro comercial, por un valor muy inferior. CITGO, con un valor auditable de unos 15 billones de dólares, podría rematarse por la mitad o menos, considerando además que la “adquisición forzosa” se hace con unos 1.5 BB$ en caja.

Esta es la historia de una revolución salvaje e irresponsable que ha puesto en jaque mate el activo más importante de Venezuela; crucial para la recuperación del país.

Exprópiese, confísquese, retírense

La tragedia judicial, corporativa y política de CITGO comenzó con la misma llegada de Chávez a Miraflores. Recordemos que Citgo pertenece a la República de Venezuela a través de Petróleos de Venezuela S.A., adquisición que comenzó en 1986 con el 50 % de su capital social, y en 1990 el resto.

PDVSA adquirió, en 1987, el 50 % de la refinería Champlin en Corpus Christi, Texas, con capacidad de 150 000 barriles por día (mbpd). En 1993 se compró la refinería Savannah, en Georgia (que vendió Chávez en 2007), con capacidad de refinación de 28 mpbd. En 1994-1997 Venezuela adquirió el 50 % de la refinería Lyondell-Citgo con base en Houston (y en 2007 el gobierno de Chávez vende el 41.25 % de CITGO a su socio mayoritario) con una capacidad de refinación de 265 mbpd.

El presidente de Venezuela Hugo Chávez anunció, en octubre de 2010, la intención de que PDVSA vendería su subsidiaria Citgo, calificándola de “mal negocio” y citando las bajas ganancias obtenidas desde 2006. El precio mínimo de venta se fijó en 10 000 millones de dólares. En enero de 2015 se confirmó que Citgo no se vendería. Citgo vendió bonos para dar un dividendo a PDVSA. Los bonos vendidos incluían un bono de $1500 millones a cinco años y un préstamo a plazo de $1300 millones que se pagaría en su totalidad en tres años y medio.

Con la llegada de Chávez [1998], comienza un proceso de desmontaje de la llamada meritocracia. PDVSA viviría una insana y perniciosa politización. Progresivamente pasó de ser una empresa productiva, eficiente y poseedora del más elevado nivel laboral, que la llevó a ser la segunda empresa petrolera del mundo detrás de SAUDI ARAMCO.

En abril de 2002 vino la primera ola de despidos de PDVSA. Chávez, en cadena nacional de TV, despidió, con pito en mano, a altos ejecutivos de la estatal petrolera. Al primero que se escuchó despedir fue al Ing. Eddie Ramírez. Luego a directivos de GENTE DE PETRÓLEO y UNAPETROL [que nacen en 2002 para defenderse de la politización de PDVSA]. El paro cívico-petrolero venía de los eventos del 11A-2002, cuando Chávez salió del poder por poco menos de 48 horas.

Con el regreso de Chávez se intensifica la arrasa de PDVSA. No solo de su talento, sino de su capacidad de producción, gobierno corporativo y recursos. Pasamos de 3.5 mbd a 650.000 Bd. Se implementaron políticas populistas al servicio de la revolución y de Cuba, siendo que Venezuela firmó un convenio energético con Castro [2003], que ha significado más de 60 billones de dólares por obsequio petrolero a los Castro en 21 años. Y contando.

El proyecto socialista del siglo XXI se extendió por todo el continente. Desde Boston a Chile, de São Paulo al Caribe y China, pasando por Londres, Damasco, Teherán, Dubái y Moscú. Toda una misión diplomática y proyectos ideológicos [el Foro de São Paulo, Foro de Puebla, acuerdos con Irán, Rusia, China, Argentina, Nicaragua, Bolivia] pagados con dinero de CITGO, más petróleo, minerales y oro venezolanos.

Vino entonces la ola de expropiaciones y confiscaciones. Millones de hectáreas desplazadas. Miles de industrias cerradas. Decomisaron cientos de miles de comercios, propiedades, fábricas y haciendas. Algunas corrieron “con la suerte” de ser pagadas. Otros no, como el caso de Brito, que se inmoló por defender su tierra.

A partir de este episodio de expropiaciones comienza la tercera ola devastación: improductividad y corrupción, hecha hambruna y éxodo. Expulsión de inversionistas extranjeros y locales, traducida en demandas ante centros de arbitrajes en París y Washington. Toda una tragedia de caída, quiebra y debacle, convertido en muerte, tortura, persecución y presos políticos. Las sanciones vinieron mucho después.

Perder CITGO, perder un pasado y un futuro fecundo

Las demandas en centros de arbitraje por empresas como ConocoPhillips, Crystallex, Gold Reserve, Rusoro, etc., generaron decisiones firmes contra la república. Estos reclamos se endosaron a CITGO bajo la figura del alter ego, doctrina según la cual una entidad es reflejo de otra que ejerce dominio sobre aquella. Al subirle el velo corporativo la entidad alter ego, se solidariza con las obligaciones de la empresa dominante […]. Como CITGO es de la República [vía PDVSA], la ponen –en mala hora y en mala lid– a pagar los reclamos contra la nación. La Corte de Delaware, a nuestro juicio inadecuadamente, está dando un mismo tratamiento injerencista a los actos de control de Chávez o Maduro, que a los de Juan Guaidó [que no lo fueron].

Así, el juez de Delaware [Stark], admitió las querellas contra CITGO. La aplicación del alter ego es denunciada por los abogados defensores de la empresa en EE. UU. Jamás CITGO financió actividades del Gobierno interino, como tampoco sufrió de actos de dominio, control e injerencia day to day, por Juan Guaidó. Lamentablemente el juez Stark aduce y acepta alegatos inconsistentes e inapropiados en favor de los demandantes.

Otra irresponsabilidad fue comprometer las acciones de CITGO en 2016 dando en prenda a los bonistas 2017, el 50.1 % del capital social de CITGO. El otro 49 % de CITGO se dio en colateral a la estatal rusa ROSNEFT. La nulidad de la garantía a bonistas 2020, fue incoada por el interinato de Juan Guaidó ante el Tribunal del Distrito Sur de NY. La Corte Superior de NY encontró asidero al alegato el cual denuncia que la prenda de CITGO a bonistas es nula de ilegal, por no contar con la autorización de la AN [conforme lo ordenan los constitucionales artículos 159 y 187.1]. Igual posición adoptó el Tribunal del Distrito Sur de NY y la OFAC [Tesorería U. S.] al suspender la licencia número 50, que impide disponer las acciones de CITGO en favor de Bonistas 2020.

Sin embargo, el juicio de Delaware sigue. El expresidente Trump había dado una orden que impedía liquidar a CITGO. Pero el presidente Biden dejó la protección sin vigencia. Por ello CITGO está a riesgo de ser rematada el próximo mes de julio/2024, salvo que el gobierno de U. S., decida evitarlo. Sería perder un pasado virtuoso y un futuro fecundo para la recuperación de Venezuela.

El remate continúa…

Al tiempo de escribir este artículo se conoció que el juez Leonard Stark de la Corte de Delaware [viernes 17/05/24], desestimó la acción de objeción y descalificación contra el “Máster Valuador” de dicha Corte. La noticia no es buena porque el proceso de subasta continuará […]

A nuestro juicio, el juez Stark ha debido diferir el proceso de subasta por varias razones:

  1. Existen decisiones pendientes de confirmarse y definirse en su alcance y legalidad, por la Corte del Distrito Sur de NY.
  2. Esta litis pendencia incide en el valor justo de CITGO, siendo que el propio ‘Máster’, en carta dirigida a los acreedores, afirmó que del remate podría pagarse a bonistas. Esta misiva “ambigua” según lo dice el propio juez Stark, fue objetada por la defensa de CITGO, solicitando la descalificación del funcionario valuador de la Corte de Leonard, porque tal afirmación afecta la maximización del capital social de CITGO.
  3. Aún existe un 50.1 % de las acciones de CITGO pendiente de validación como garantía [ya cuestionada por las cortes], por lo que el valor de CITGO debe contar con una valuación integral a esta realidad.

Todos estos infortunios: ni el alter ego, ni los daños causados, ni los reclamos y procesos judiciales, fueron causados por la directiva designada por el gobierno interino de Juan Guaidó. Todos se fundamentan en hechos derivados de la actitud expropiatoria y autoritaria de Chávez, más la voracidad mercenaria de fondos buitres, tenedores de bonos 2020.

La defensa de CITGO ha sido impecable. Durante los últimos 5 años, las acciones de las empresas extranjeras –realmente voraces y desproporcionadas– han sido contenidas eficazmente. Las empresas reclamantes no invirtieron en Venezuela montos relevantes como para recibir exageradas indemnizaciones obtenidas. La defensa de los procuradores de Chávez ante el Centro Internacional de Arbitraje para Inversionistas [CIADI] resultaron débiles, impuntuales e imprecisas.

María Corina Machado y Edmundo González deben involucrarse

Machado y González Urrutia deben involucrarse urgentemente en la defensa de CITGO. Es impostergable abrir el compás, escuchar a los directores de PDVSA ad hoc, y hacerlo de la mano del gobierno de Maduro. Así lo establece muy especialmente el Acuerdo de Barbados. Lo que está de por medio es evitar perder el activo más importante de Venezuela en el mundo.

A una sola voz los representantes de CITGO en Estados Unidos, sus abogados, líderes políticos, expertos y la mesa de negociación, deben pedir al gobierno de EE. UU., dar protección inmediata a CITGO, y prevenir una subasta injusta y ajena al espíritu tutelar de empresas inversoras en EE. UU., propiedad de Estados.

vierablanco@gmail.com

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CIDH insta a reconstruir la independencia de los poderes públicos para combatir impunidad en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la administración de Nicolás Maduro a “reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos” para combatir la impunidad en Venezuela.

Así lo señala la organización en un comunicado que difundió este lunes, 20 de mayo, donde informó tomar nota de los recientes anuncios del Estado de Venezuela “sobre cierta apertura a la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos”.

El 23 de abril Nicolás Maduro anunció que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional instalará una oficina en Caracas, desde donde cooperará con las autoridades nacionales. También comunicó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sería invitada a tener un equipo en el terreno nuevamente, después de expulsarla el 15 de febrero.

A juicio de la CIDH, la apertura del Estado a recibir ambas oficinas “debe estar acompañada de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad”.

De acuerdo con un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, solo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6%; y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial.

El desafío

Para la CIDH, el principal desafío en la lucha contra la impunidad en Venezuela radica en la cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo.

Vale recordar que en distintas oportunidades, la CIDH y otros organismos internacionales han denunciado el nombramiento irregular de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio Público, presiones para decidir casos o cerrar expedientes, alta provisionalidad de jueces y falta de garantías de inamovilidad en sus cargos, admisión de medios de prueba bajo coacción, cambio recurrente de personas fiscales, así como la falta de control judicial y trasparencia sobre sus actuaciones.

En ese sentido, la CIDH reafirmó que la impunidad “ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales”.

“Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos”, finalizó el comunicado.