Las mujeres venezolanas que se encuentran en máxima vulnerabilidad, en condición de pobreza o con discapacidad, son más propensas a recibir maltrato por parte del personal médico y violencia obstétrica durante sus partos. Ya de por sí, es difícil que puedan acceder a métodos de anticoncepción o a recibir atención de su salud sexual y reproductiva en el sistema público.

Marielvis González vive en La Florida, una localidad rural a 30 minutos del centro de Tucupita, en Delta Amacuro. Ella tiene 38 años y vive con su hermana, a quien considera como su madre, y sus dos hijos de 12 y 9 años. Su humilde casa, que parece abandonada, se encuentra a orillas de la carretera. Sin embargo, al llamar por una ventana sin vidrios, y tapada con una cortina, un pequeño niño rubio y de ojos claros se asoma. Al preguntarle por su mamá dijo «ella está en la esquina», al tiempo que señalaba la dirección.

La mujer tiene una discapacidad motora. En su cuerpo, menudo y torcido, se ve una joroba. Sus extremidades, brazos y piernas, están dobladas. Mientras cuenta parte de su historia se recuesta en una estructura metálica ubicada en el frente de su casa. Lleva puesta una franela amarilla, un poco sucia, y un short de pijama. Sus piernas están cruzadas, sus pies están descalzos y sus manos juntas una encima de la otra. Mira lejos como si estuviera reviviendo y sintiendo el dolor que le causó cada mala experiencia vinculada a sus partos.

En realidad, la vida de Marielvis ha estado repleta de maltratos, bullying verbal, violencia física y discriminación. Sin apoyo familiar, y con escasos recursos, se ha dedicado gran parte de su vida a mendigar para poder comer. A lo largo de su vida ha conocido a diferentes hombres, pero hoy está soltera. Soltera y encargada de sus dos hijos.

Sexualidad de mujeres con discapacidad

Si bien el desarrollo sexual de las personas con discapacidad es un derecho, las mujeres con discapacidad están expuestas a un 40% más de probabilidades de sufrir de violencia por parte de su pareja, en comparación a las mujeres sin discapacidad, según datos de la Sociedad Americana de Psicología. Sin embargo, no es algo que mujeres como Marielvis reconozcan con facilidad.

Es un hecho que las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad tienen factores de vulnerabilidad como la infantilización, falta de información en formatos accesibles, dificultad de acceso a la educación y al mundo laboral, servicios públicos no adaptados, poca credibilidad al momento de manifestar situaciones de violencia, prejuicios sobre su salud sexual y reproductiva, entre otros, que les hace vivir la VBG de manera más cruenta.

En el caso de Marielvis, la violencia sufrida no ha sido únicamente la física, también se ha traducido en abandono: «La última pareja que tuve me embarazó y se fue para Trinidad. Nunca estuvo pendiente de mí y mucho menos se hizo cargo de la bebé».

Las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad representan el 20% del total de mujeres en el mundo (ONU Mujeres 2018) y ellas tienen que enfrentar una doble discriminación que les dificulta el goce efectivo de su derecho a vivir una vida libre de violencia. Los prejuicios sociales sobre su condición, la imposibilidad de acceder físicamente a espacios o servicios de atención o impedimentos en la comunicación son parte de las barreras que les toca afrontar, según datos publicados en la Guía In-Visibles del Consejo Nacional de Protección de Personas con Discapacidad y el Fondo de Población para las Naciones Unidas.

«Las personas con discapacidad no son una discapacidad, no son especiales como les llaman, son una persona que siente, piensa y razona, y es muy triste que no sean vistos y considerados como realmente son, iniciando por su familia que muchas veces los condicionan y colocan barreras que los limitan y aislan del mundo», resaltó Teresa Gomez, quien es trabajadora social en el estado Delta Amacuro.

Para Gómez es muy importante sensibilizar a la sociedad para que sepa cómo tratar y convivir con personas con discapacidad, «hacen falta muchos más profesionales con las herramientas para brindar apoyo, contención y sensibilidad hacia las personas con discapacidad: en los centros de salud, en los hogares y en las escuelas es fundamental para asegurar un entorno seguro y poner fin a prácticas nocivas para estas personas para así prevenir la discriminación, muertes materno – infantil evitables, Violencia Basada en Género y la necesidad insatisfecha de planificación familiar».

Acceso a la salud reproductiva

A sus 38 años Marielves tiene dos hijos, pero ha estado embarazada cuatro veces. En cada oportunidad sintió el desprecio e indiferencia del personal médico al momento de recibir atención. El dolor de perder a sus hijos está vigente. Pero el relato de sus partos es aterrador.

«Mis dos últimos bebés los perdí. No pude ir hasta ningún centro de salud porque los dolores me dieron de madrugada. En el primer parto, el médico del pueblo me obligó a parir. Primero salió la bolsa donde venía mi bebé y mi niño se me murió adentro y ahí me dejaron tirada un rato hasta que llegó una ambulancia como a las 6:00 a.m. … Nadie puede imaginar cuánto sufrí y todo el dolor que aún siento», empieza a relatar la mujer.

Su historia sigue: «Con el segundo parto fue lo mismo. Me pusieron a parir a juro y la bebé venía sentada. Primero salieron sus piernas y su cabeza quedó atrapada dentro de mí. Siempre me trataron mal, como si para ellos era mejor que mis niños murieran».

Después de estos trágicos eventos Marielvis decidió no volver a quedar embarazada nuevamente. Sin embargo, no tiene como costear métodos anticonceptivos, en los centros de salud no los consigue y además se le presentan más dificultades.

«Yo me quiero ligar, pero ¿quién se encarga de mí después de la operación? ¿Cómo mantengo mi casita y mis hijos? Si yo no salgo a buscar la comida no comemos», dice.

La voluntad de someterse a una ligadura de trompas para evitar quedar embarazada nuevamente no es suficiente para lograrlo en un país como Venezuela.

Aunque las mujeres están amparadas por leyes nacionales e internacionales y tienen el derecho a decidir si procrear o no; cuántos hijos e hijas tener, y la forma a través de la cual protegerse. Es decir, aunque están amparadas para poder realizar una ligadura de trompas por voluntad propia, la realidad es que se siguen poniendo trabas desde el sistema médico. Se les exige tener cierta edad, contar con la aprobación de representantes o parejas, y de esta forma se frena el acceso a sus derechos.

Así lo expuso Nayrobis Rodríguez en el artículo «Ligadura de trompas en Cumaná: mujeres a las que le niegan esta posibilidad», donde cuenta cómo médicos vulneran derechos de las pacientes y evitan realizar ligaduras.

Marielvis González es solo una de las cientos de miles de mujeres cuya vida ha sido marcada por el abandono estatal, la falta de acceso a los servicios básicos y a la salud. Su panorama se ha complicado no solo por su situación de pobreza extrema, también por su discapacidad y falta de apoyo. Delta Amacuro es uno de los estados más golpeados por las crisis en el país.

La experta Teresa Gómez señaló que, a pesar de que en el estado Delta Amacuro son «contados», en los casos similares al de Marielvis es necesario poner atención ante estas situaciones que comprometen la calidad de vida de mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad, pues son la muestra de la necesidad de políticas públicas que amparen a todas las mujeres en su diversidad.

Texto e investigación: Dailys Estrada, Red de Mujeres Constructoras de Paz. Esta es la segunda entrega de un especial sobre el acceso a la salud y la violencia obstrética la comunidad indígena warao. Puedes leer la primera entrega haciendo click al texto resaltado.