En el marco del Día Mundial del Ambiente, que se celebra este 5 de junio, la organización ambiental Clima21 denunció que en el país ocurre una “aceleración y expansión de los procesos de deterioro ambiental”, producto de la imposición de un modelo económico “basado en el extractivismo depredador sin ninguna consideración sobre la protección ambiental y los derechos humanos”.
La ONG también alerto sobre la “desaparición de la valoración de la protección ambiental como política pública más allá de la propaganda y los discursos ideológicos vacíos de contenido”.
“Un futuro mejor para todos y todas sólo puede venir de la transformación de las políticas públicas actuales y encaminarnos hacia una transformación socioecológica en la cual trabajemos con la Naturaleza y no en contra de ella. Para ello, debemos exigir a los políticos que gobiernan o vayan a gobernar a nuestro país el cumplimiento estricto de los derechos ambientales constitucionales, la legislación ambiental y los compromisos internacionales en materia de ambiente y derechos humanos”, señala Clima21.
Consideran vital la exigencia, tanto al actual gobierno como a eventuales próximas administraciones, a garantizar “el derecho al acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales, así como la protección de los defensores de derechos humanos ambientales y territoriales. Todo ello enmarcado en las orientaciones del Acuerdo de Escazú“, recalcan.
Instaron también a cada ciudadano a revisar y cambiar los comportamientos “ambientalmente insostenibles” así como a buscar “tener una vida sana, responsable y solidaria con la Naturaleza y los seres humanos”
“Recordemos que somos un producto de la Naturaleza y su destrucción sólo será nuestra destrucción. Por lo contrario, su cuidado y protección es la garantía de una buena vida”, concluyó Clima21.
Fuera de Escazú
En Venezuela son varias las preocupaciones ambientales y los temas pendientes en la materia. El informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021”, de la organización Clima21 confirmó la alta tasa de deforestación que existe en la nación, una tendencia que se aceleró en los últimos años.
Desde la ONG ha sido constante el exhorto al gobierno venezolano para que firme el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, que aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambiental desde una perspectiva regional, así como también regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres. Venezuela es uno de los ocho países que no ha suscrito este acuerdo.
En un artículo del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) resaltan que en visitas a los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia han comprobado la afectación de los pueblos indígenas asentados en estas zonas por la explotación mineras, así como “el deterioro de la salud, la educación, la persecución a los líderes y lideresas indígenas, los cuales adhirieron sus firmas a un pronunciamiento al Estado venezolano exigiendo su adhesión al Acuerdo de Escazú”.
“Desde Provea, a través del Observatorio de la Vida (Odevida) en el marco de este Día Mundial del Ambiente, exhortamos a gobierno de Nicolás Maduro Moros a que asuma la responsabilidad de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, para garantizar y preservar los territorios habitados por nuestros pueblos originarios y se respete la totalidad de sus derechos, así como para garantizar un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, y que adoptar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones, como lo establece el Artículo 9 del Tratado”, insisten.
Sin plan contra el cambio climático
Otra preocupación de las ONG promotoras de la defensa del medio ambiente es que Venezuela es el único país de Suramérica sin un plan nacional para cambio climático.
La ONG Clima 21 recordó que desde el año 2009 la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos daba un plazo de un año para elaborar las directrices para la formulación del Plan Nacional de Cambio Climático. Quince años después, el país no cuenta con un instrumento de planificación en este tema. Venezuela no ha publicado aún plan de mitigación del cambio climático, que es también uno de los compromisos de los gobiernos frente a la COP28 y las Naciones Unidas cada año, desde el año 2021.
Según Clima 21, esta omisión se traduce de manera “trágica” por la ocurrencia de desastres originados en eventos meteorológicos extremos, incremento de enfermedades transmitidas por vectores, disminución de las lluvias, aumentos de la temperatura que afectan la salud humana y promueven un mayor número de incendios, así como por la amenaza del incremento del nivel del mar.
Sequía, calor e incendios
El Día Mundial del Ambiente 2024 se centra en promover la restauración de las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía bajo el lema “Nuestras tierras, nuestro futuro“.
El reporte Estado del Clima en Latinoamérica y El Caribe, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), incluyó a Venezuela como uno de los países con “sequía severa” durante el período de El Niño 2023-2024, junto as casi todo México, el centro de Chile, Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y las Guyanas.
Un trabajo del periodista Joshua De Freitas publicado en nuestro sitio web recogió que, según registros del satélite AQUA de la NASA, hubo al menos 37 257 focos de calor en el país en los primeros cinco meses que sirven la mesa a posibles lluvias torrenciales sin precedentes, debido a que las costas venezolanas tienen un grado centígrado más de lo normal, liberando mayor humedad al aire.
Ese reportaje también incluyó datos de la NASA que concluyeron que en el primer trimestre del 2024 Venezuela experimentó un récord en registros de focos de calor, con más de 30.000 indicios de incendios forestales.
Hidromet UCV, a través del Monitor de incendios del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE, por sus siglas en portugués) y de los sensores del Satélite AQUA de la NASA, estima que hubo 44 754 focos de calor en Venezuela entre el primero de septiembre de 2023 y el 23 de mayo de 2024, siendo la temporada de El Niño con mayor número de indicios de incendios forestales en los registros históricos de la NASA e Hidromet UCV.
Derrames a la orden del día
Otro problema ambiental que persiste en Venezuela son los derrames petroleros. De enero a diciembre del año 2023 se registraron 79 eventos de este tipo, según estimaciones de la organización Clima21 como parte de su programa Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA).
En el informe “Sin control, sin información, sin verdad, sin derechos humanos. Reporte de derrames petroleros en Venezuela julio-diciembre 2023”, presentando en enero de 2024, se recalca que el gobierno venezolano “incumple con su obligación de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora continua y sostenida del disfrute de los derechos humanos ambientales de los ciudadanos en relación con el impacto de los derrames petroleros que se producen en el país”.
En promedio, según esas cifras, se registraron seis derrames petroleros cada mes. Los estados del país con más derrames fueron Zulia, Falcón, Anzoátegui y Carabobo. Estas emergencias generan “un importante deterioro ambiental, así como daños a personas y comunidades que habitan en la zona afectada”.
La ONG destacó en el reporte que en ninguno de los casos la estatal Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa) “se responsabilizó por los derrames, no realizó estudios sobre los impactos ocurridos, ni cumplió con su obligación de reparar los daños generados por los derrames”.
