Inicio Blog Página 883

Salvar CITGO es hacer patria

Orlando Viera Blanco
-
0
Salvar CITGO es hacer patria
Unamos esfuerzos-oposición y régimen incluido-para proteger el activo más importante de Venezuela en el mundo. Así lo dispone el Acuerdo de Barbados, así lo demanda la patria

@ovierablanco

CITGO et all enfrenta reclamos judiciales en varias Cortes de EE. UU., muy especialmente en la Corte del Distrito de Wilmington-Delaware, donde el juez Leonard Stark ordenó fieri facias [embargo judicial] de las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH filial de PDVSA) poseídas en CITGO a favor de la empresa canadiense Crystallex y ConocoPhillips [y otras por adhesión] aplicando el concepto de alter ego [mi otro yo].

Después de la autorización OFAC de mayo 2023 [que cambió la política de autorización de embargo de las acciones de CITGO] otras empresas “acreedoras” se registraron ante la Corte de Delaware, vista la orden procesal del juez Stark [SPO de fecha 27/7/2023] que estableció criterios de participación y designación de ingresos derivados de la venta forzosa de las acciones de PDVH en CITGO. Entre esos criterios el juez Stark dictaminó que no existía estoppel colateral [cosa juzgada] por caso Crystallex, sino que los demás acreedores debían demostrar la existencia de alter ego “en el periodo relevante”, es decir, entre el periodo del embargo y la sentencia. ¿Dónde estamos?

De Ciadi al fieri facias de Delaware

En 2011 Crystallex introdujo una solicitud ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano creado por el Tratado de NY [1958], adscrito al Banco Mundial para dirimir disputas arbitradas. Crystallex obtiene un laudo condenatorio por 1386 millones de dólares [4/4/2016] y el 14/8/2017 presenta su querella en la Corte de Delaware, donde obtiene el citado embargo fieri facias [cautelar judicial], luego de quedar firme el registro de su reclamo [CIADI] en la Corte del Distrito de Columbia.

El Estado venezolano fue condenado debido a la rescisión de contrato de explotación minera a Crystallex del proyecto aurífero Las Cristinas, estado Bolívar. Año y medio más tarde, Venezuela aceptó pagar 440 millones de dólares en un lapso de dos años, pero por incumplimiento del cronograma de desembolsos [Maduro], Crystallex acudió a la justicia norteamericana.

Una vez dictado el laudo que condena a Venezuela, el Estado puede agotar algunas defensas (rectificación y anulación). Por su parte, el acreedor-inversionista solicita la aceptación (homologación) del laudo en las cortes en cuya jurisdicción pretenda la ejecución. En EE. UU. el laudo se registra ante la Corte de Distrito de Washington D.C. para darle fuerza ejecutiva. Debemos subrayar que los reclamos llevados al CIADI fueron por actos de expropiación, incumplimiento de convenios mineros petroleros, agroindustriales; resarcimiento de propiedades confiscadas, en fin, actos arbitrarios en representación de la República Bolivariana de Venezuela que no tienen relación directa con el giro comercial de Citgo et all.

Las sentencias condenatorias obtenidas por otros “acreedores de la República” fueron igualmente derivadas de la tesis alter ego y la desestimación del principio estoppel o non bis in ídem [no revisar lo mismo dos veces] por el juez Stark. Si bien es cierto que las pruebas de alter ego debían ajustar al periodo de “relevancia” del reclamo [2019 en adelante], el juez Stark –a nuestro juicio inapropiadamente– asemeja la actitud injerencista de Chávez a la del Gobierno Interino [G.I.]. Estos han sido los caminos judiciales que muchos acreedores de la república recorrieron desde Ciadi hasta Delaware, gracias al denominado concepto del “otro yo”.

ConocoPhillips, Crystallex, Agroisleña, Owens Illinois European Group, ACL Investments, Rusoro, etc., etc. etc.

ConocoPhillips (ARB/7/30), producto de la expropiación de sus campos de exploración y explotación petrolera en Venezuela [por Chávez], obtuvo un laudo a favor [CIADI] por 8.733.046.000,15 de dólares. Esta decisión fue objeto de una petición de nulidad por el procurador del G. I., que aún está pendiente de decisión. ConocoPhillips también ha intentado la ejecución judicial de una transacción firmada por Maduro, por la cual se reconoció el laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional [CCI] que condenó a PDVSA a pagar 1.933.514.765 de  ólares, cantidad que en todo caso no es acumulable a la condena CIADI. ConocoPhillips obtuvo una medida de embargo sobre las acciones de PDV Holding, Inc. por el monto remanente de esa condena, que asciende a 1.287.664.420 de dólares [julio de 2021].

Otro caso es Agroisleña, en el cual Venezuela fue condenada por 1.629.000.000,00 de dólares. La tercera mayor condena es el citado caso Crystallex [Ciadi 2016] que no fue recurrida por acuerdo de pago firmado por el Gobierno de Maduro [ver infra]. Recordemos que durante el gobierno del presidente Trump era necesario obtener una licencia de la OFAC para poder materializar la venta, criterio que cambió en mayo 2023, bajo el gobierno del presidente Biden.

Luego del cambio de criterio OFAC [mayo de 2023], un segundo grupo de acreedores (6), que habían obtenido sentencias en contra de la República, invocando alter ego, insistieron en embargar las acciones de PDVH. Esos otros demandantes fueron Northrop, ACL, Rusoro, Koch Minerals y Gold Reserve en junio de 2019. Delaware admite las demandas y extiende embargos solicitados. Esta decisión fue apelada, y el 7/7/2023 la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, negó el recurso ejercido por la defensa de Venezuela, confirmando el alter ego.

A diferencia del juez de Distrito Stark, la nueva decisión tomó en cuenta las acciones de Maduro en Venezuela, sin hacer distinción en cuanto la temporalidad de los cambios del gobierno venezolano en 2019, mencionando residualmente al Gobierno de Guaidó para referir circunstancias que no evidencian un control cotidiano sobre la empresa.

Bueno acotar los factores que la doctrina alter ego determinó en el caso Bencec, una jurisprudencia firme de la Corte Suprema norteamericana desarrollada por las Cortes Federales, según la cual se exigen cinco elementos de análisis para determinar si un ente o instrumentalidad es el alter ego de otro:

  1. El nivel de control económico por parte del gobierno;
  2. si las ganancias de la entidad van al gobierno;
  3. el grado en que los funcionarios del gobierno administran la entidad o tienen una participación en sus asuntos diarios;
  4. si el gobierno es el beneficiario real de la conducta de la entidad; y
  5. si la adhesión a identidades separadas daría derecho al Estado extranjero a beneficiarse de los tribunales de los EE. UU., eludiendo al mismo tiempo sus obligaciones.

La defensa de CITGO en EE. UU. ha alegado que estas condiciones no aplican a cabalidad durante el periodo de vigencia del G. I., por cuanto no existió tal control económico [ver declaraciones Elliot Abrams], el G. I. no utilizó libremente de recursos de CITGO [que requieren licencia OFAC], la AN ni el G. I. tenía inherencia en el día a día de la gestión de CITGO, ni tampoco el G. I. fue beneficiario directo de los rendimientos de CITGO, ni un factor para eludir o defraudar.

En fecha 14/8/2023 las representaciones judiciales de la República y PDVSA interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia [EE. UU.] una petición de Writ of Certiorari (exp. No 23-140), basado en los errores jurídicos o vicios que incurrió la decisión recurrida. Al decidir el alter ego de PDVSA bajo los factores Bancec, los tribunales inferiores debían:

  1. ignorar las acciones del régimen de Maduro porque EE. UU. no lo reconoce como gobierno legítimo y
  2. Evaluar si aplican correctamente los factores de Bancec a los hechos, considerando únicamente las acciones [no injerencistas] del gobierno de Guaidó.

El 8/1/24 la CSJ de EE. UU. decide no escuchar el recurso sin dar explicación, siendo que la ley no exige motivación.

Confirmado el alter ego por la Corte de Apelaciones del tercer circuito, otros siete acreedores de la república presentaron once (11) demandas y mociones de embargo. El 1/11/2023, el juez Stark resolvió las referidas mociones acordando embargos sobre bienes de PDVSA, en favor de Contrarian, Tidewater, Valores Mundiales, Pharo Gaia, Rudi Lovati, Gramercy y Saint- Gobain.

Cumpliendo con el cronograma de la “SPO” [Orden Procesal Especial] en fecha 18/12/2023, el maestro especial publicó un primer cuadro con el compendio de acreedores que, teniendo sentencias contra PDVSA o la República, intentaban ser incluidos en el proceso de venta de acciones de PDVH para lograr la satisfacción de sus acreencias, estimado en USD 24.049.950.784,80. Posteriormente ajustó el cuadro disminuyendo el monto a USD 21,342,096,081.40, correspondiente a un total de 20 acreedores y 26 acreencias, con el orden de preferencia.

La venta forzosa no podría materializarse si la OFAC decide suspender la licencia de transferencia de activos.

Por otro lado, existe una demanda de nulidad en la Corte del Distrito Sur de NY contra la garantía dada de las acciones de CITGO [50.1 % a los bonistas 2020]. La Corte Superior de NY ha decidido que esta prenda podría carecer de validez, si se aplica la Constitución venezolana que ordena que este tipo de contratos de interés nacional debe autorizarlo la Asamblea Nacional. Por no ser así, esta operación financiera estaría tachada de inválida, factor que debería condicionar el remate de las acciones de CITGO en Delaware. [ver artículo “La verdad de los BONOS 2020”, Orlando Viera-Blanco).

La verdad sobre los Bonos 2020

Se han recibido las ofertas para la denominada venta forzosa de las acciones de PDVH en Citgo, y se ha anunciado que el próximo 15/7/24 se decidirá el eventual adjudicatario. Entretanto, han surgido incidencias por la defensa de Venezuela que señalan sobre imparcialidad del ‘Maestro Especial’ de la Corte de Delaware. Sin embargo, la petición de descalificación fue desestimada [sin audiencia oral para escuchar alegatos] por el juez Stark.

Bueno aclarar que el 15/7/2024 no se ejecutarán las acciones de PDVH en CITGO. Aún quedarían acciones de apelación contra esta incidencia. También es posible una suspensión de la licencia de transferencia de activos por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. Igualmente debemos destacar que el citado Writ de Cercioratis [Escrito de Certeza o Interpretación] que se introdujo ante la CSJ de EE. UU. y lamentablemente no fue escuchado, explicaba detalladamente la necesaria aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas de EE. UU. [Foreign Sovereign Immunity Act/FSIA] que protege a empresas propiedades de Estados, de demandadas por razones diferentes a su giro comercial en suelo norteamericano, lo cual es el caso de las demandas contra PDV Holding y Citgo. Esta es base legal y administrativa de la protección OFAC, amén de razones estratégicas y de seguridad de Estado.

Un deber ciudadano, el Acuerdo de Barbados

Contra una eventual decisión de remate judicial de las acciones de PDV Holding en CITGO, aún queda recurso de apelación que suspende los efectos de la subasta. Igualmente existe otro problema. ¿Hasta qué punto la empresa que resulte “vencedora” en la adjudicación de CITGO, “se lo lleva todo”? ¿Qué harán las empresas que no puedan cobrar sus acreencias? ¿El oferente-adjudicatario estaría encarando eventuales contingencias judiciales por reclamos irresolutos? ¿Sería la decisión de Delaware, caída y mesa limpia de las acciones CITGO? Pareciera que en Delaware no termina esta historia, por lo que quienes pujan para tomar CITGO deben aclarar muchos temas antes de la subasta. No es de extrañar que el propio juez Stark ordene diferir.

Quedan apelaciones por ejercer [contra una eventual sentencia de adjudicación forzosa en Delaware]. Además, sigue pendiente la decisión de la junta ad hoc del Laudo del Ciadi-ConocoPhillips; estamos a la espera una decisión judicial definitiva sobre la validez financiera de los Bonos 2020 y la prenda sobre CITGO por Corte Superior y del Distrito Sur de NY. Igualmente quedan en el tintero otros posibles reclamos de terceros [contingencias judiciales] que hacen del juicio contra CITGO et all, una disputa judicial donde queda mucha tela que cortar…

El gobierno del presidente Biden también tiene la palabra y la herramienta para evitar que Citgo sea rematada. Otro factor es quién ganará las elecciones en noviembre en EE. UU. En todo caso, aún tenemos tiempo, fundamentos políticos-administrativos y herramientas judiciales para salvar y conservar a CITGO.

Unamos esfuerzos –oposición y régimen incluido– para proteger el activo más importante de Venezuela en el mundo. Así lo dispone el Acuerdo de Barbados, así lo demanda la patria, así lo requiere una sana transición a la democracia. Salvar Citgo es hacer patria.

Citgo – 107 petroleros se dirigen al presidente Biden

vierablanco@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Terminó en la huelga en las cárceles pero sigue la desidia 

Redacción Runrun.es
-
0
Terminó en la huelga en las cárceles pero sigue la desidia 

Pese a que ya concluyó la huelga en al menos 51 cárceles del país, los reclamos de los reclusos y sus familiares en cuanto a retardo procesal, alimentación y atención médica no han cesado. 

“Ya no hay huelga en ningún lado y se han activado los equipos para revisar la situación jurídica de los reclusos. En algunos casos se han dado libertades, pero también hay un poco de desconfianza por parte de muchos presos y sus familiares porque en otras oportunidades les han hecho ofrecimientos similares y no han cumplido”, se desprende de un comunicado de la organización no gubernamental, Una Ventana a la Libertad.

La ONG que dirige el abogado Carlos Nieto Palma alertó sobre el descontento en al menos tres recintos penitenciarios del estado Zulia, donde no se ha logrado ninguna de las exigencias que los reclusos hicieron al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el ente ministerial no ha intercedido por los reos.

“Instamos a que el gobierno garantice el acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias, lo cual fomenta la vida e integridad de la población reclusa”, dijeron voceros del OVP.

Asimismo, la organización pidió crear las políticas y mecanismos necesarios para dar cumplimiento a “las garantías y protecciones judiciales”. que, a su juicio, “son un problema multifactorial y uno de los más preocupantes en los actuales momentos”.

Esperan revisión de penas y beneficios

Funcionarios gubernamentales prometieron a los reclusos que el trabajo de revisión de penas y beneficios comenzaría esta semana, sin embargo, nada ha pasado.

Maduro destituyó a Celsa Bautista y designó un nuevo ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.

“Tenemos que construir una nueva gobernabilidad, un nuevo régimen penitenciario, tenemos que acabar con la corruptela. Forjar y formar una nueva generación de custodios. No puede ser que al penado o al detenido se le cobre por llevarlo hasta el baño“, dijo.

García Zerpa señaló que atenderá los temas asociados a las redenciones de penas, otra de las demandas de los detenidos en huelga. Según el nuevo ministro, en el país hay 44 centros penitenciarios.

“¿Por qué nos mandaron esos muchachos tan lejos? Uno no les puede llevar ni un jabón, ni un pedazo de pan”, relató la mujer que lleva ocho meses sin ver a su hijo, en huelga de hambre hace cuatro días junto a otros reclusos.

La población carcelaria en Venezuela se estima en unos 54.000 prisioneros, según cifras oficiales.

Varias de las cárceles en huelga fueron intervenidas en 2023 por el gobierno para acabar con bandas criminales que operaban dentro de los recintos, entre ellas,  la peligrosa cárcel de Tocorón.

 

 

FundaRedes registra al menos 1092 venezolanos desaparecidos en estados fronterizos desde 2019

 

FundaRedes registra al menos 1092 venezolanos desaparecidos en estados fronterizos desde 2019

Redacción Runrun.es
-
0
FundaRedes registra al menos 1092 venezolanos desaparecidos en estados fronterizos desde 2019

La ONG FundaRedes denunció el pasado jueves, 13 de junio, la desaparición, desde 2019, de al menos 1092 venezolanos en estados fronterizos de Venezuela, mediante la campaña #DesaparecidosEnFrontera, la cual busca brindar apoyo y acompañamiento a familiares que buscan a sus seres queridos.

En nota de prensa, la organización informó que ha estado monitoreando y documentando estos casos durante más de cinco años y dentro de los principales hallazgos han denunciado la existencia de “grupos armados irregulares y bandas criminales que se aprovechan de personas en estado de vulnerabilidad cuando buscan salir de Venezuela por rutas peligrosas con la esperanza de un mejor futuro”.

Al respecto, Clara Ramírez, directora encargada de FundaRedes, destacó que el propósito de la campaña es que no solo las organizaciones e instituciones, sino la sociedad civil en general se puedan sumar.

“Estas familias buscan desesperadamente a sus seres queridos, quienes desaparecieron en diversos contextos: algunos salieron a trabajar y no regresaron, otros buscaban mejores condiciones de vida en una mina o intentaron migrar a través de los pasos fronterizos de nuestro país”, aseveró.

Según Ramírez, los venezolanos desaparecidos en estados fronterizos no solo desaparecieron en tierra firme, sino también muchas de estas personas intentaron salir por altamar, por lo que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la ONG, las entidades con mayor cantidad de desaparecidos documentados desde 2019 son Falcón, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Táchira, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas.

Además, afirmó que FundaRedes ha llevado estos casos ante instancias locales, nacionales e internacionales en busca de justicia y respuestas.

“Cuando hablamos de personas desaparecidas en Latinoamérica, a menudo pensamos en México o Colombia, pero en Venezuela esta es una realidad. Queremos sensibilizar a todos sobre la grave situación en la frontera venezolana, donde miles de personas continúan desaparecidas”, aseguró Ramírez.

#DesaparecidosEnFrontera también exige a las autoridades que se inicien y adelanten las investigaciones necesarias para dar con el paradero de estos miles de venezolanos desaparecidos.

Familiares de venezolanos desaparecidos exigen a Tarek William Saab que investigue todos los casos

La pareja homosexual es invisible ante la ley

Yeannaly Fermin
-
0
La pareja homosexual es invisible ante la ley

Actualmente muchos hombres y mujeres muestran abiertamente sus preferencias sexuales más allá de lo que diga la ley, la religión y la sociedad. Sin embargo, la invisibilidad de la pareja homosexual, incluso en los centros de salud, es un tema complejo. En Venezuela, las parejas del mismo sexo no gozan de los mismos derechos y protecciones que el resto de los ciudadanos heterosexuales. 

La ausencia de un marco legal en apoyo a la comunidad LGBTI+ deriva  en una cadena de violaciones de derechos que van desde el rechazo, violencia, acoso y hostigamiento, hasta la negación de asistir a la pareja en medio de una emergencia de salud que involucre trámites legales.

Luis Hernández sufrió en carne propia el rechazo, la exclusión y la vulneración de sus derechos cuando su pareja, Juan González, sufrió un accidente y tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica en Caracas. 

Mientras los doctores atendían a Juan, una enfermera se encargaba de completar el formulario y los trámites para el ingreso. Todo marchaba bien hasta que le preguntaron a Luis su parentesco con Juan. Cuando este respondió que era su pareja, el trato cordial y amable de la enfermera se transformó por completo. Le dijo que ese tema de “parejitas” en la clínica no se admitían y le indicó que del caso debía encargarse un familiar directo. 

El caso de Luis y Juan no es el único. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ ha registrado casos similares donde queda expuesto lo vulnerable que es la pareja homosexual en cuestiones de asistencia a la salud.

Kenia y Yesenia* tuvieron un accidente de tránsito en 2023. A Yesenia no le pasó nada, pero Kenia no corrió con la misma suerte. Por la gravedad de sus heridas, tuvieron que hacerle varias transfusiones de sangre, pero la familia de Kenia, que siempre se opuso a la relación, le impidió a Yesenia encargarse de los trámites, donarle sangre y hasta verla. 

Sin impedimentos, pero…

La doctora Luz Lugo, especialista en gastroenterología en el hospital Domingo Luciani, aseveró que actualmente no hay ninguna prohibición para que una persona homosexual acompañe a su pareja en un momento de salud grave.

 “No hay motivo para que en ningún centro de salud se le impida o se le invalide su derecho, pero las decisiones que comprometan la vida del paciente sí debe tomarlas un familiar directo porque el matrimonio entre personas personas del mismo sexo aún no es válido en el país y eso conlleva a que muchos derechos tampoco existan”, dijo. 

Para Lugo todo ser humano tiene que ser tratado de igual manera independientemente de sus decisiones de vida, de sus elecciones y de sus gustos. Explicó que si algunos médicos demuestran estar en desacuerdo con la preferencia sexual de una persona o algún disgusto a la hora de atenderla, es una conducta que carece de ética y además es discriminatoria. 

Sin embargo, la realidad es otra. La violencia y la discriminación continúa siendo un problema latente para las personas LGBTIQ+ en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ ha documentado 10 casos de discriminación en entornos de salud o entornos médicos. En siete de estos casos les impidieron o les dificultaron a personas donar sangre debido a su orientación sexual.

Adicionalmente, para el año 2023, el observatorio registró dos casos de personas trans a quienes se les dificultó que pudieran acceder a servicios o cosas asociadas a asistencia médica por temas de identidad de género. 

Desprotegidos por la ley

Eduardo Trujillo Ariza, abogado defensor de derechos humanos, explicó que el no reconocimiento de las uniones estables o el matrimonio entre personas del mismo sexo, implica trabas que van más allá de la negación de asistir en una clínica a una pareja del mismo sexo. 

El abogado señaló que incluso en casos de inhumaciones o cremaciones de personas homosexuales, las parejas no son reconocidas como familiares directos, por tanto, no pueden tomar decisiones. 

Otra traba para las uniones homosexuales en Venezuela es que si una persona recibe un seguro o una póliza de salud no puede incluir a una pareja del mismo sexo. 

La posibilidad de adquirir préstamos bancarios en conjunto tampoco es posible, sin contar las consecuencias que se derivan cuando una de las personas fallece y tienen propiedades, carros y demás bienes en común, pues el sobreviviente queda en total inseguridad, desprotección legal y a merced de la familia de la persona que murió.

Eduardo Trujillo Ariza apuntó que aunque hay una mayor aceptación social a la diversidad sexual, estos avances no se han traducido en cambios legislativos para dar acceso a derechos como por ejemplo, los efectos sucesorales (herencias y testamentos) entre personas del mismo sexo que han tenido uniones estables de hecho.

“Negación de un derecho deriva en la negación de otros derechos”

En otros países de la región el tema del reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBTI+, como el cambio de nombre y de género en el caso de las personas trans y el matrimonio entre personas del mismo sexo, son temas ya resueltos.

En Venezuela, activistas de distintas ONG han denunciado que hay un retraso de al menos siete años en cuanto a la visibilización y el respeto de los derechos de la comunidad. 

Quiteria Franco, activista, defensora de derechos humanos,  coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela y de la Red LGBTI, aseguró que “la negación de un derecho deriva en negación de otros derechos”. A su juicio, una ley bien clara y específica contra todo tipo de discriminación resolvería otros tipos de problemas como el derecho a la educación, a la salud, el derecho a un empleo digno y el derecho al acceso a la justicia. 

“La no protección contra la discriminación basada en orientación sexual y la identidad de género produce otras violaciones de derechos humanos precisamente porque no hay una protección legal clara sobre la no discriminación”, dijo la activista. 

Para Quiteria Franco, el Estado tiene una deuda de “muchísimos” años con la ley contra todo tipo de discriminación. Explicó que si bien es cierto que en la Constitución el artículo 21 se prohíbe todo tipo de discriminación “fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”, aún no es suficiente. 

“Aún no es suficiente el artículo 21, porque no se aclaran puntos como cuál es la institución responsable, cómo se garantizan esos derechos, cuáles son los tipos de discriminación, qué es discriminación y qué no es discriminación, cosas que a su juicio se aclararían teniendo una ley”, resaltó.

Matrimonio igualitario en Venezuela: una promesa legal incumplida 
La pareja homosexual

Plataforma Unitaria asegura que cuenta con 92% de los testigos para defensa del voto

Redacción Runrun.es
-
0
Plataforma Unitaria asegura que cuenta con 92% de los testigos para defensa del voto

Este martes, 18 de junio, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) informó que cuenta con 92% de los testigos para defensa del voto de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. 

“El número de testigos que tenemos ya está superior al 92 %, testigos, centros de votación. Nosotros estamos planteando una estructura gigantesca de protección del voto. No es sencillamente un principal y dos suplentes”, dijo Angelo Palmeri, representante de la PUD. 

El representante de la PUD también expresó que continúan trabajando para que los testigos que defenderán los votos estén en todos los centros electorales dentro y fuera del país. Confirmó que están desplegados en cada uno de los sitios donde se va a ejercer el voto en el exterior. 

Palmieri enfatizó que a 40 días de las elecciones tienen una gran cantidad de tareas y funciones alrededor de los centros de votación que se deben cumplir, por lo que hizo un llamado a todas aquellas personas que fueron seleccionados como miembros de mesa a que deben activarse. 

“Es mucho más importante la labor de un miembro de mesa en este proceso porque a través de distintas organizaciones pueden ser un canal útil de participación en todo este proceso”, finalizó Palmieri. 

La mayoría de los centros electorales del país están sometidos a factores de riesgo
defensa del voto

La mayoría de los centros electorales del país están sometidos a factores de riesgo

Yakary Prado
-
0
La mayoría de los centros electorales del país están sometidos a factores de riesgo

El sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, Héctor Briceño, presentó en un encuentro virtual de la Red Electoral Ciudadana este 18 de junio una cartografía del riesgo electoral, preparada para el Observatorio Global de Comunicación y Democracia,  en la que se concluye que todos los estados del país tienen más de la mitad de sus centros electorales en condición de riesgo.

De acuerdo con estos datos, los estados con más centros electorales en condición de riesgo son Distrito Capital, Bolívar y Carabobo. No obstante, los riesgos son más graves (altos o muy altos) en la región sur del país y municipios fronterizos. En total, se estima que al menos 18 500 000 de venezolanos ejercen su derecho al voto en centros con al menos una condición de riesgo electoral.

Para la realización de esta cartografía se identificaron los probables riesgos que pueden obstaculizar el derecho de los electores a la libre participación. Los riesgos son todas aquellas amenazas que pueden incidir y afectar la legitimidad, transparencia e integridad de un proceso electoral. 

Los riesgos identificados se analizaron en dos dimensiones: administrativa, que se refiere a las decisiones del ente comicial que impactan en el diseño y construcción de electores en centros de votación (creación de nuevos centros, definición de tamaños de centros y cambios en el número de votantes), y electoral, que abarca los comportamientos atípicos en centros electorales el día de la elección (centros con abstención superior a 50%, o con una participación muy alta que no se corresponda con el promedio nacional). 

Tras el análisis de los datos se concluye que unos 13 638 de los 15 000 centros electorales del país presentan alguna condición de riesgo (muy alta, alta, media y moderada). En 6 125 centros los riesgos son de orden administrativo y 10 158 tienen al menos una condición de riesgo electoral.  Este análisis se basó en datos de las elecciones regionales de 2021 y en las cifras del registro electoral preliminar de 2024. 

La condición administrativa que más impacta a la mayor cantidad de centros electorales es el tamaño.  De los 15 000 centros, poco más de un tercio o 5 414 son centros pequeños con 500 o menos electores.

“Los centros de votación pequeños, con menos de 500 electores y una o dos mesas, suelen ser de  riesgo porque tienen un comportamiento menos acorde con estadísticas esperables, en ellos es más fácil cometer algún tipo de delito electoral y se puede coaccionar más fácilmente a los electores”, alertó Briceño. 

Con respecto a la dimensión de riesgo electoral, se encontraron 8 618 centros en los que participó menos de la mitad de los electores o más del 90% y otros 2 244 centros electorales donde el dominio del gobierno en los votos era superior al 75%. 

A mayor riesgo, mayo voto oficialista

Una de las conclusiones de este trabajo es que a medida que aumentan los niveles de riesgo de ambas dimensiones (administrativa y electoral) tiende a aumentar el voto oficialista de manera significativa, como indican, se evidenció en las elecciones regionales de 2021.

“En centros electorales sin riesgo el chavismo está en su promedio de votación, pero al aumentar los niveles de riesgo administrativo  aumenta de manera significativa el voto oficialista”, destacó el profesor Briceño. 

Otra conclusión de este trabajo es que la distribución geográfica del riesgo muestra claramente que las zonas más alejadas del interior del país tienden a presentar mayores niveles de riesgo.

Testigos y verificación ciudadana serán claves

En la presentación virtual de la cartografía de riesgo electoral, el doctor en Ciencias Políticas Héctor Briceño  advirtió que el hecho de que un centro tenga algún riesgo electoral o administrativo no significa que inevitablemente vaya a suceder algo irregular. Amplió que el  riesgo no se traduce inevitablemente en consumación de fraude, pero sí invita a tener “mayor cuidado” porque sugiere cuáles son los centros en los que han sucedido irregularidades antes.

En este sentido, opinó que la presencia de testigos y la verificación ciudadana son cruciales para evitar que los riesgos se materialicen. 

“Donde hay mayor riesgo suceden cosas que no se corresponden con el comportamiento electoral en el resto del país, esto lo que nos invita es a tratar
de tener mayor atención a lo que sucede allí. El  riesgo no es determinante, no quiere decir que en todos los centros en los que hay riesgo vaya a suceder algo; pero si suceden cosas, será en esos centros (…) Este análisis nos permite jerarquizar los niveles de riesgo de los centros y donde hay más amenazas, pero la presencia de testigos y la verificación ciudadana son la mejor garantía para que se cumpla la voluntad popular”, abundó.

Agregó al anterior planteamiento que, probablemente, los centros de mayor riesgo requerirán de estrategias de apoyo adicionales.

“Los indicadores de riesgo pretenden señalar cosas oscuras que suceden, fenómenos clandestinos que dejan un rastro muy claro y que no es sencillo  registrarlos en el momento en el que ocurren. La forma que tenemos de rastrearlos son comportamientos estadísticamente anómalos desde el punto de vista del resultado electoral”, concluyó. 

La meta de la Plataforma Unitaria es lograr el 100 % de las mesas con testigos

Testigos electorales: la batalla alterna a las aspiraciones presidenciales

El Guachimán Electoral
-
0
Testigos electorales: la batalla alterna a las aspiraciones presidenciales

A 40 días de la elección presidencial, hay una batalla alterna a la que se juega en las aspiraciones presidenciales: la de los testigos electorales, que son los ciudadanos designados por las organizaciones políticas para garantizar y fortalecer la verificación ciudadana al cierre de la votación. Revisan, verifican y certifican que los datos contenidos en el acta de votación elaborada por los miembros de mesa estén bien.

Tal como establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) en su Artículo 158, estos ciudadanos tienen potestad para exigir que se incorporen en el acta correspondiente las observaciones sobre cualquier irregularidad, si la hubiere.

En las declaraciones públicas hay apreciaciones cualitativas, tipo: “Es primera vez en 25 años que tenemos los testigos completos a un mes de la elección”, “Tenemos nuestros testigos de mesa completos” y hasta “contamos con una estructura con cinco suplentes por cada titular”, según alardeó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Para cumplir con un rol ciudadano así de importante, desde la Plataforma Unitaria (PUD) buscan ciudadanos que, además de cumplir con los requisitos que indica el artículo 447 del reglamento de la LOPRE (saber leer y escribir y no ser funcionario del Poder Electoral), conozcan las operaciones básicas de matemáticas, el funcionamiento de la mesa y la normativa electoral, de modo que puedan detectar las incidencias a tiempo.

“Debe ser un ciudadano de convicción democrática, comprometido con el cambio por la vía electoral. Una persona consciente de que desempeñará un rol determinante en el resultado del proceso, dispuesta a asumir su rol con absoluta responsabilidad”, detalló Raúl Raffalli, secretario nacional del partido Encuentro Ciudadano, que ha estado muy activo en la preparación de testigos electorales.

Además, de acuerdo con José Guillermo Tirado, dirigente nacional del Movimiento por Venezuela (MPV), uno de los tres partidos que postula a Edmundo González Urrutia, los testigos deben ser preferiblemente personas que vivan en los sectores cercanos al centro de votación, con habilidades para la resolución de conflictos y, si es posible, que cuenten con la experiencia de procesos electorales previos.

“Tener una responsabilidad en los centros de votación no es fácil. Hay una presión muy alta por parte del entorno. Hay que lidiar con el Plan República, con los ventajismos y los distintos obstáculos. Con la asimetría con la que nos encontramos cuando hablamos de luchas electorales con el gobierno. Nosotros tenemos un proceso constante de formación y capacitación de nuestros equipos para la defensa del voto”, dijo Angelo Palmieri, secretario del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), otra de las tarjetas que apoya al candidato unitario.

Automatización para evitar duplicidad de testigos

Enrique Martínez, experto técnico electoral, explicó que los partidos de la coalición opositora comparten una base de datos. Para evitar que varios partidos postulen a un mismo ciudadano como testigo, utilizan excel y sistemas manejadores de bases de datos para filtrar la duplicación de valores a partir de la cédula de identidad.

Al momento de la carga definitiva, el sistema interno valida en tiempo real la duplicidad de data, cruzando la información con datos del CNE, del padrón electoral, de la base de militantes del partido y con postulaciones de otras organizaciones políticas aliadas.

Entonces, por ejemplo, si un ciudadano es postulado por Primero Justicia (PJ) y luego Acción Democrática (AD) quiere cargar a esa misma persona, el sistema no se lo va a permitir.

Luego de que se define el padrón unitario, a partir del 28 de junio y hasta el 27 de julio se carga en el sistema del CNE para su respectiva acreditación.

¿Cuántas manos hay en la masa?

El secretario de UNT dijo que suman alrededor de 50.000 personas entre militantes, simpatizantes y voluntarios, tanto para integrar los padrones electorales, como para trabajar alrededor de los centros de votación.

Los números que deben tener seguras las coaliciones que apoyan a los candidatos son 60.052 testigos. Sin contar que el CNE hizo un sorteo para que 90.078 ciudadanos participen ese día como miembros de mesa (que prestan servicio electoral obligatorio para las diferentes ejecuciones del acto de votación).

Por su parte, MPV aseguró que colabora con la Unidad y UNT para garantizar que no quede una sola mesa sin sus respectivos testigos. “Estamos sobre el 80% de lo que requerimos nacionalmente”, afirmó Tirado. Este estimado coincide con el que han dado otros voceros de la Plataforma Unitaria, como Omar Barboza.

Aunque en nombre de González Urrutia solo pueden postular la MUD, UNT y MPV para estas elecciones, hay partidos que llaman a votar por la candidatura unitaria y organizan sus filas para colaborar con testigos, a pesar de no contar con tarjeta propia.

Raffalli dijo para el Guachimán Electoral que el Voluntariado Ciudadano, en conjunto con la estructura de Encuentro Ciudadano, ha validado y cargado un equipo de cerca de 5.000 personas. “Sin embargo, siguen llegando solicitudes minuto a minuto, por lo que la cifra varía notablemente de un día para otro”, acotó. Igualmente, Acción Democrática (AD) no intervenida informó que está trabajando para preparar a más de 8.000 testigos en el estado Miranda.

Por otro lado, respecto a la supuesta nueva regla que exige que los testigos de un determinado centro deben votar ahí para ser acreditados, los dirigentes consultados indicaron que se trata de un rumor, porque hoy, a 40 días de la elección, no ha habido un pronunciamiento oficial de parte del Poder Electoral. De todos modos, aseguraron que ya se tomaron las previsiones necesarias en caso de que suceda.

“No hay un instructivo al respecto todavía, pero en 2021, que es el proceso más cercano, los testigos que podían fungir como tales en cada mesa tenían el requisito de que fueran electores de ese municipio, no de ese centro y mucho menos de esa misma mesa. Entonces, debería mantenerse de la misma manera, pero todo es posible sobre todo si se quiere tratar de restringir aún más los derechos de los electores y las fuerzas democráticas”, dijo Palmieri.

Por: Valentina Gil

Universidad Monteávila organiza tertulias sobre propiedad intelectual

Redacción Runrun.es
-
0
Universidad Monteávila organiza tertulias sobre propiedad intelectual

La Universidad Monteávila (UMA) llevó a cabo la primera edición de las tertulias “Hablemos de PI”, cuyo tema central fue “La Propiedad Intelectual en las compras gubernamentales” a cargo del profesor Francisco Astudillo.

La actividad fue concebida como un espacio académico para discutir inquietudes y opiniones sobre temas actuales relacionados al área de la propiedad intelectual, así como fomentar el intercambio, la investigación, la crítica y el aporte de otras iniciativas.

“Creo que este es un día histórico para la propiedad intelectual en Venezuela, porque el inicio de esta actividad recoge un anhelo de propiciar un encuentro entre quienes estamos vinculados con la propiedad intelectual”, afirmó Ricardo Alberto Antequera, director de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteávila.

Durante la tertulia, el profesor Astudillo destacó que las compras gubernamentales son un instrumento de políticas públicas para apoyar el desarrollo sustentable, a la vez que sus diferentes categorías inciden en varios sectores de la Propiedad Intelectual, tales como patentes, marcas comerciales, derecho de autor, secretos empresariales y diseños industriales.

Al finalizar su presentación, el experto comentó algunas sugerencias para el proceso de compras gubernamentales en Venezuela. Entre ellas, resaltó la redacción de una guía para los derechos de la Propiedad Intelectual por parte de funcionarios encargados en los procedimientos de compra.

La próxima tertulia tendrá por tema “Lionel Messi: su Impacto en el Derecho de Imagen y el Patrocinio” y se llevará a cabo el 11 de julio, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Se espera tener un total de cuatro sesiones a lo largo del año. Cada sesión tendrá una temática específica y el cargo de coordinador será de carácter rotativo.

Voluntarios de Coca-Cola FEMSA Venezuela realizan jornada de limpieza y acopio en Lago de Maracaibo

Actualmente, la UMA es la única universidad en Caracas que ofrece estudios de cuarto nivel referidos a la Propiedad Intelectual. La Especialización en Propiedad Intelectual forma a profesionales del área en sus vertientes de propiedad industrial y derecho de autor, con un criterio actualizado y vanguardista basado en el mundo cambiante de hoy.

A su vez, el Centro de Estudios en Propiedad Intelectual (CEPI) de la UMA es pionero en el área y el primero en la capital, centrándose en actividades de investigación, difusión y consultoría.

Según Raizabel Méndez, coordinadora del centro, el renglón de la consultoría puede servir a modo de clínica, ejercicio y práctica para los egresados de la especialización, así como ofrecer la posibilidad de asesorías en el área de la propiedad intelectual, Derecho de Autor y Derecho Marcario para la comunidad universitaria y general.

La UMA también organiza foros, aulas abiertas y cursos que responden a las tendencias y a las necesidades de los profesionales, como es el caso de “El ABC para registrar tu marca con éxito”, “La identidad como negocio. Hablemos de marca personal” y “Franquicias y Propiedad Intelectual. Temas que deberías conocer”.

*Nota de prensa

1...882883884...13.486Página 883 de 13.486