Cuatro horas después de empezar el simulacro electoral propuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) periodistas y ciudadanos venezolanos denuncian «puntos rojos», carpas donde el chavismo – madurismo supervisa y controla a los votantes a favor de Nicolás Maduro, en las principales ciudades del país, principalmente en Caracas.
Este 30 de junio, la ONG Espacio Público denunció que Sandra Alizo, una habitante de San Fernando de Apure, en el suroccidente del país, fue agredida por tres mujeres identificadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, perteneciente a Maduro) cuando ella registraba en su celular las carpas donde se ubicaban los «puntos rojos» y vehículos donde «intimidaban» a la población a votar por el madurismo.
Las personas la golpearon, le hicieron una cortada en un dedo y le borraron las fotos de su teléfono.
Mientras tanto, la periodista Isabella González TalCual, identificó tres «puntos rojos» instalados al frente del centro de votación del Liceo Andrés Bello, en La Candelaria, repartiendo material de campaña a favor del candidato Nicolás Maduro.
#Entérate Material repartido por el equipo del candidato Nicolás Maduro a los participantes del simulacro electoral que se encuentran en la cola de la Escuela Municipal Andrés Bello de Chacao.
El equipo de Runrun.es constató que también existen «puntos rojos» del PSUV en Las Minas de Baruta, al sur de la Gran Caracas, y en el Instituto Experimental de Formación Docente ubicada en Los Dos Caminos, municipio Sucre, al este de la capital, y en el Colegio Andrés Bello del municipio Chacao.
Sin embargo, Glorimar Fernández, reportera de El Pitazo desde Los Teques, capital del estado Miranda, en la región central del país, informó que los «puntos rojos» del PSUV ahora son carpas azules y mantienen el mismo objetivo de hacer propaganda y coartar a la población a votar por Maduro.
«Afectos [al oficialismo] hablan por micrófonos instando a votar por el candidato de gobierno [Maduro] el próximo 28 de julio», narró.
10:14am #Miranda | Al otro lado de la calle se instaló desde temprana horas un toldo azul del Partido Socialista Unido de Venezuela (#Psuv), que mantiene música a alto volumen alusiva a la campaña presidencial del oficialismo. Afectos hablan por micrófonos instando a votar por el… pic.twitter.com/wdUCdo35Fk
La ONG Acceso a la Justicia advirtió que desde el 2017 el chavismo utiliza estas carpas para «coartar» a los votantes a que elijan a Maduro a cambio de víveres, alimentos, becas estudiantiles o la permanencia de sus trabajos como empleados públicos a través del «Carnet de la Patria», un documento inventado por el gobierno madurista para «canalizar» los bonos y beneficios sociales que «presta» a la población.
Si bien se ha denunciado esta dinámica en otros comicios por la veeduría electoral de la Unión Europea, como las presidenciales del 2018 y las regionales (para escoger alcaldes y gobernadores) del 2021, el Tribunal Supremo de Justicia no ha sancionado esta práctica que la ONG considera «inconstitucional», cuando la ley venezolana prohibe todo acto propagandístico en un radio dea 200 metros de los centros de votación.
Elvis Amoroso, rector del CNE, negó la presencia de la Unión Europea para estos comicios, y pidió este 30 de junio a los veedores electorales de las Naciones Unidas, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Centro Carter «a respetar la constitución», sin dar mayores detalles.
Retraso fuera de la capital por fallas eléctricas
En el municipio Caroní del estado Bolívar, el Colegio Fe y Alegría Gran Sabana del sector Core 8 de Puerto Ordaz, el simulacro no inició a las 8:00 a.m. debido a cortes en el servicio eléctrico, reportó Correo del Caroní.
En ese centro electoral, trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG, una empresa estatal) llegaron con banderas que recitaban el mensaje «se restea con Nicolás» y gritando la consigna «alcanza una vez más, se vino a votar por la patria y por Nicolás».
En este centro electoral se reportó la presencia de toldos con mensajes y consignas oficialistas en pleno simulacro electoral. pic.twitter.com/1ZCmr97L7e
— Correo del Caroní (@CorreodelCaroni) June 30, 2024
Un trabajador de la CVG, que prefirió mantenerse en el anonimato, afirmó a Correo del Caroní que desde la directiva de la empresa les informaron sobre el simulacro y les solicitaron asistir al mismo, garantizándoles transporte de ida y de regreso.
En la escuela Lucila Palacios de la UD145, en San Félix, a unos metros de Puerto Ordaz, el simulacro también inició cerca de las 8:00 a.m. debido a fallas en el servicio eléctrico presentes desde la madrugada del 30 de junio. Más de 200 personas esperaban en la cola para votar y reclamaban que los funcionarios policiales les daba prioridad a los funcionarios públicos sobre los adultos mayores o las personas que tenían prioridad por hacer su fila. También hizo presencia un «punto rojo» del PSUV con tolda blanca y material alusivo al partido.
Puntos rojos en Táchira
«En la frontera hay puntos rojos en todos los centros. Hay carpas con puntos rojos aunque la carpa no es roja», informó Jonathan Maldonado, del periódico La Nación, desde el municipio Bolívar del estado Táchira, frontera con Colombia.
En los tres centros electorales habilitados en el municipio fronterizo —La Escuela República de Cuba, el Liceo Nacional San Antonio y la institución Graciela Merchán de Isea— el periodista notificó que miembros del «Plan República», adscrita al madurismo, no permitía grabar dentro de los centros electorales.
«Punto rojo» del PSUV con tolda blanca en un centro electoral del Táchira. Créditos: Jonathan Maldonado, Diario La Nación
«En todos los centros visitados por el equipo reporteril de La Nación, los puntos rojos se hallaban a escasos metros de las instalaciones educativas. Allí, los ciudadanos que simpatizan con la tolda política del Psuv se acercan a firmar tras haber participado en el simulacro», reportó.
«Yo represento a la Comuna La Guadalupe. El ciudadano firma dependiendo del sector. Es una especie de control para saber cuántos participaron. Al final, la hoja se la entregamos a los encargados de las UBCH (Unidades de Batalla Hugo Chávez)», manifestó uno de los consultados al equipo reporteril de La Nación.
Obligan a los empleados públicos a asistir en Yaracuy y en Falcón
De acuerdo con los medios regionales Yaracuy Al Día y El Impulso, también hubo retrasos de hasta dos horas en el inicio del simulacro electoral por fallas eléctricas y los «puntos rojos» sin carpas rojas «obligaban a los empleados públicos a asistir» a las pruebas de los comicios en San Félix, capital del estado Yaracuy.
Mientras tanto, el periodista Danilo Sarmiento, desde el municipio Falcón, al noroccidente del país, también reportó que miembros del Plan República le impidieron el acceso a reportar el simulacro electoral en las escuelas Moruy y Adícora. También reportó «puntos rojos» con toldos blancos y azules a escasos metros de los centros electorales.
«Tenemos 1.174 centros nucleados para el simulacro, en toda la nación. Repito nuevamente, no es el centro donde usted está acostumbrado a votar. Tal vez su centro de votación sea el mismo del simulacro, pero si no es así puede votar en el de al lado. Tenemos 3.006 mesas habilitadas para votar», informó Amoroso el pasado 29 de junio.
«La Inteligencia Artificial (IA) es un riesgo para la celebración de unas elecciones democráticas», advirtió la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, la mexicana Gabriela Ramos, en una entrevista con EFE en Nairobi, capital de Kenia.
«Lo sabemos, por la propagación acelerada de ‘deep fakes’ (ultrafalsos) a través del aumento de los sistemas de IA generativos que aumentan sus capacidades analíticas y producción de resultados», afirmó Ramos, que esta semana participó en la capital keniana en el Foro Subregional de África del Este sobre Inteligencia Artificial.
Proliferación de noticias falsas
Ramos reconoció que existe una «proliferación de información falsa» que afecta a las elecciones en países de todo el mundo, como los comicios presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre.
Sin embargo, el país norteamericano «está considerando prohibir las “deep fakes”, que son reproducciones falsas aparentemente reales en formato audiovisual o escrito», aseguró la subdirectora general.
El organismo de la ONU cuenta con un programa de trabajo para que se responsabilicen las plataformas que trabajan con IA.
También con las Recomendaciones Éticas sobre Inteligencia Artificial, un documento de la UNESCO firmado en 2021 por 194 países de todo el mundo [entre ellos Venezuela], «se están tomando acciones concretas», señaló.
«Si tú lo penalizas, si tú lo conviertes en un crimen, elevas el costo a quienes vayan a utilizar ese tipo de prácticas para influir o para incidir de una manera negativa en las elecciones», agregó.
Ramos incidió en que no sólo se necesitan soluciones legislativas para garantizar el buen uso de esta tecnología, sino también soluciones técnicas que implican, por ejemplo, «que cualquier imagen, voz, video que se haga con inteligencia artificial de personas reales tengan una marca de agua».
Respuestas jurídicas
También abogó por proporcionar una respuesta jurídica, al recordar que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima durante la campaña electoral de un vídeo falso en el que ella invitaba a invertir en una supuesta plataforma financiera.
«Es necesario un mecanismo jurídico establecido bajo el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y los regímenes de compensación, para que la presidenta electa de México, en este caso, pueda acudir a una instancia judicial que esté capacitada para perseguir ese delito y exigir responsabilidades», explicó.
Si se invierten billones de dólares en empresas desarrolladoras como Open AI para lanzar la plataforma de IA Chat GPT, insistió, los gobiernos deben invertir en la capacidad institucional, analítica y personal para proteger a la sociedad.
Por otro lado, la responsable de la UNESCO subrayó que, antes de lanzar al mercado esos productos, las compañías tienen que responsabilizarse desde el inicio.
«¿Los datos son representativos? ¿No están sesgados? ¿Son de calidad? ¿Y tus algoritmos? ¿Qué tipo de marco conceptual estás utilizando?», se preguntó sobre las bases que se deberían tener en cuenta.
A su juicio, la regulación de esta nueva corriente tecnológica debe gobernarse desde todos los ángulos, incluidas las condiciones laborales de los supervisores de contenido.
«En Kenia, Chat GPT tiene contratados a trabajadores que ganan dos dólares la hora para estar identificando contenido nocivo en la aplicación», apuntó Ramos, al enfatizar que estos mecanismos de contención de mensajes negativos «no pueden descansar sólo en trabajadores de países en vías de desarrollo y expuestos a esta brutalidad».
Impacto de la IA en América Latina
Con todo, la IA está capacitada para impactar de forma positiva en las sociedades, remarcó la subdirectora, que planteó que el sector de salud es un área potencial para crear teleconsultas mediante esa tecnología en regiones como América Latina.
«Podría suponer una herramienta de apoyo muy precisa para los profesionales de la salud en el diagnóstico» y para acceder a zonas sin recursos hospitalarios, sugirió.
También puede ser un aliado para afrontar otros retos, como «el tema de la corrupción, que está tan presente en todo el continente», apuntó la subdirectora en referencia a la región latinoamericana.
O para atajar la discriminación de la mujer, agregó Ramos, quien recordó «con orgullo» que «en México (…) gobierna la primera mujer en la historia del país».
«Aún te encuentras reuniones empresariales o de gobierno en donde no hay mujeres», reprochó.
Gabriela Ramos afirmó, además, que la UNESCO trabaja con actores internacionales como el G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) y el G7 (EE.UU., Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) para adoptar decisiones y acciones que regulen estas tecnologías.
«La IA debe servir para fortalecer los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad humana, la sostentabilidad y la justicia social con transparencia y responsabilidad», concluyó.
La ONU alertó este 28 de junio que solo el 17 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (29 de las 169 metas divididas en los 17 objetivos propuestos) van camino de cumplirse en la fecha estipulada de 2030, con desafíos cronificados e interconectados que apuntan a un mundo cada vez más desigual.
Estos son los 10 retos que enfrentan hoy los también conocidos como «Objetivos del Milenio» expresados por las Naciones Unidas y cuáles son los datos que aporta Venezuela:
Cifras récord en víctimas de conflictos y en refugiados
En 2023 se reportaron 33.400 víctimas mortales en conflictos armados; 37,4 millones de refugiados; y 117,3 millones de desplazamientos forzosos. De acuerdo con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el 75 % de los refugiados y desplazados estaban en un país de acogida «de escasos recursos económicos» para atender sus necesidades.
Las Naciones Unidas reconoce que Venezuela es el tercer país que genera la mayor cantidad de desplazados y refugiados,con 6,1 millones de personas expulsadas del país por la Emergencia Humanitaria Compleja. Solo es superado por países en guerras como Siria y Afganistán.
La escalada bélica en Gaza hasta convertirse en una guerra -sumado a la situación en Ucrania o Sudán- provocaron que 2023 fuera «el peor año» para las víctimas civiles en conflictos armados y para los refugiados desde la adopción de los ODS en 2015.
El estado venezolano no aporta datos al respecto desde el año 2016. Por su parte, Cáritas Venezuela y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2023), al menos el 45,8 % de la población encuestada respondió que se ha quedado sin alimentos y pasó hambre por ello durante el 2023, mientras que tres de cada diez niños que van a Cáritas sufre de retardo del crecimiento —una condición irreversible causada por la subalimentación— y la FAO reportó que al menos 5 millones de venezolanos están en situación de subalimentación para el 2022.
Desperdicio alimentario
Según datos de Naciones Unidas, cada día de 2023 se desperdiciaron alimentos perecederos equivalentes a 1.000 millones de almuerzos. Esta cifra representa una pérdida de casi 40 mil millones de dólares al año en el mundo.
La FAO, en su último reporte publicado en marzo de 2024, reportó que Venezuela no aporta datos desde el 2014, cuando la alcaldía de Chacao, del estado Miranda, en la región capital del país, estimó que una persona desperdicia hasta 93 kilogramos de alimentos al año.
Mayor número de conflictos, inflación asegurada
En 2022, reporta la ONU en su informe, casi el 60 % de los países del mundo se enfrentaron al alza precios de los alimentos entre «moderada» y «anormalmente altos» debido a los efectos indirectos de los conflictos, como la interrupción de las cadenas de suministro.
Al ritmo actual, en 2030 habrá 2.000 millones de personas sin agua potable gestionada de forma segura; 3.000 millones podrían enfrentarse a problemas de saneamiento y 1.400 millones no contarán con servicios básicos de higiene, según las Naciones Unidas.
El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó que el país tiene un déficit de distribución y del saneamiento del agua en todo el territorio nacional en los últimos 10 años, donde las denuncias diarias podían abarcar hasta seis semanas sin el servicio.
El «año más cálido» mientras crecen subvenciones a combustibles fósiles.
El año pasado fue el más cálido registrado por la ONU, con un aumento de las temperaturas cercano al umbral crítico de 1,5° C con respecto a los datos registrados en la década de 1940.
Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen alcanzando nuevos máximos, mientras que las subvenciones a los combustibles fósiles llegaron a su récord mundial en 2022, superando los 1,5 billones de dólares. Según el Banco Mundial, Venezuela es uno de los cinco países que más genera gases de efecto invernadero a partir del venteo de gas de su industria petrolera estatal.
Retrocesos en salud
4.500 millones de personas en todo el mundo no disponían de servicios sanitarios esenciales en 2021: «El progreso sanitario mundial se ha desacelerado de forma alarmante desde 2015», según la ONU.
Según las ONG Monitor Salud y Médicos Unidos por Venezuela, la salud pública del país se ha reducido hasta el 70 % de su capacidad si se compara con su rendimiento en el año 2016.
Poco más de la mitad de mujeres puede decidir sobre su salud sexual
Con datos de encuestas realizadas en 69 países, la ONU revela que el 56 % de las mujeres casadas -y con edades entre 15 y 49 años- puede decidir sobre su salud sexual y reproductiva.
Por su parte, las mujeres venezolanas aún no pueden decidir legalmente sobre su salud reproductiva, desde el aborto hasta la celeridad en las denuncias sobre la violencia obstétrica, según la ONG Avesa.
La mutilación genital femenina aumenta
Las últimas estimaciones de la ONU, publicadas en enero de este año, muestran un aumento de 30 millones de casos de ablación en el mundo en comparación con hace ocho años.
El Estado venezolano tampoco aporta datos sobre la mutilación genital en el país. ONG como Intersex Venezuela ha documentado al menos 19 casos de mutilación genital a personas intersexuales femeninas desde el 2018.
La posible paridad, en un horizonte temporal de 176 años
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pese a suponer el 40 % de la fuerza laboral del planeta, las mujeres solo ocupan un 27,5 % de posiciones de dirección, porcentaje que no varía desde 2016 y que implica que la paridad, a este ritmo, necesitará 176 años.
En el caso venezolano, la Encovi 2023 precisó que los hombres reciben en promedio un 7,7% más remuneración que las mujeres en el país. Mientras tanto, la OIT afirmó que Venezuela tiene una brecha de género de 40 puntos porcentuales en las oportunidades laborales.
Entre selvas y cordilleras de Suramérica, los mineros ilegales cuentan con un recurso aún más valioso que el codiciado oro que extraen a sus anchas: la incapacidad de las autoridades para fiscalizarlos. Degradando los ecosistemas y burlando la ley, dan inicio al primer eslabón de una larga cadena de producción y comercialización en la que campean la falta de controles y la impunidad. Así, el metal precioso es exportado a otros continentes ocultando su origen ilegítimo. Buena parte de este oro termina en lujosas joyerías de Europa, destinos poco auditados como Dubai, Turquía e India y en los almacenes de conocidas fábricas tecnológicas de Estados Unidos.
La falta de trazabilidad del oro ilegal ha sido el punto ciego de las políticas públicas en la región. Y se hace más evidente ahora que la minería ilegal incrementa sus volúmenes de exportación como nunca antes. De acuerdo con una base de datos estructurada por periodistas de Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil, como parte del especial ‘Dorada opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano’’, liderado por Convoca.pe, se exportaron al menos 5 mil 941 toneladas de oro desde estos países, entre 2013 y 2023.
De esta cantidad, no se conoce el origen de más de 3 mil toneladas si se compara la cantidad de producción de oro con el cargamento declarado para la exportación, lo que equivale a más de la mitad de la producción reportada y en dinero representa más de US $158 mil 341 millones si se toma en cuenta el precio promedio del oro en cada año de este periodo del desbalance.
El complejo sistema de blanqueamiento y desvío masivo de oro de origen sospechoso por nuevas rutas incluyen diversos mecanismos que identificamos en esta serie investigativa recorriendo los territorios mineros, construyendo bases de datos y analizando documentos y mapas satelitales: la falsificación de facturas de compra y venta del metal, autorizaciones fraudulentas, concesiones fantasmas, flujos de contrabando, plantas de producción y fundición cómplices, finanzas de grupos armados, controles negligentes, cambio de caminos hacia destinos opacos para evadir sanciones económicas y procesos judiciales.
El país de Suramérica que, por mucho, exporta la mayor parte del oro de origen desconocido es Perú: concentra más del 99 por ciento del desbalance entre producción y exportación en estos cinco países analizados. Entre 2013 y 2023 vendió al extranjero 4.402 toneladas a pesar de que solo registró la producción de 1.373, lo que revela una diferencia de más de 3.028 toneladas de oro exportado de origen sospechoso.
Le sigue Colombia, con 58,91 toneladas de diferencia entre lo producido y exportado para el mismo lapso de tiempo: este país vendió a otros países 618,7 toneladas pero extrajo 559,81 entre 2013 y 2023. Mientras que Ecuador hizo envíos por 82,1 toneladas en los últimos siete años, registrando 12,73 toneladas de desbalance, lo que representa un exceso de 18% sobre lo reportado. En el caso de Ecuador se analizaron las cifras entre 2017 y 2023 al ser las más confiables para el análisis.
Mientras, en Brasil y Venezuela las cifras públicas sobre producción y exportación de oro no son muy claras o hay vacíos de información. Un primer análisis para esta investigación identificó que hay años en los que se registra más exportación que producción. Brasil registra un desbalance a favor de su producción de +34,11 toneladas, entre 2015 y 2021; y Venezuela un desbalance a favor de +52,66 toneladas entre 2013 y 2023. Sin embargo, en todas estas jurisdicciones la minería ilegal está ganando terreno.
Un estudio de la organización canadiense Artisanal Gold Council determinó que en 2016 (año de la creación del Arco Minero del Orinoco) solo el 20% del oro venezolano era exportado a través del Banco Central de Venezuela, la vía oficial, mientras que el 80% salía de manera clandestina. En la actualidad, estas proporciones se mantienen. Un informe de Transparencia Venezuela reporta que entre 70% y 90% del oro que se extrae al sur del país, sale del territorio de forma ilegal en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial.
Las sanciones económicas de Estados Unidos contra el sector aurífero de Venezuela obligaron al gobierno de Nicolás Maduro a cambiar las rutas tradicionales de exportación del oro legal. A partir de 2019, incorporó a Líbano, país de reconocida administración opaca, como uno de sus principales destinos pasando ser plataforma de tránsito para la comercialización del metal de conflicto venezolano en el mercado internacional.
¿Qué ha impulsado la creación de diversos mecanismos para comercializar el oro de origen oscuro? Más allá del apetito por el incremento del precio en el mercado internacional —el metal abrió el 2019 con un valor de US $1.286 dólares por onza y cinco años después alcanza los US $2.300 en promedio–, hay otras causas internas que facilitan este boom.
“Un factor es la actitud en general de los gobiernos hacia la minería artesanal y de pequeña escala. Vemos cómo las políticas pueden influenciar la tolerancia hacia ellas. Hay, detrás de todo, algunos factores estructurales como la baja presencia de los gobiernos en estas zonas remotas de producción de oro, altos niveles de informalidad económica y el aumento del precio del oro debido a perturbaciones geopolíticas y económicas”, explica para este reportaje Luca Maiotti, analista de políticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
En este país, la minería considerada por las autoridades como artesanal y de pequeña escala (o los garimpos) experimenta hoy una expansión alarmante, un fenómeno que no es espontáneo. Fabiano Bringel, investigador de la Universidad del Estado de Pará, señala a Convoca.pe que en Brasil “hubo una supresión gradual de obstáculos jurídicos-formales que, de alguna manera, disciplinaban la práctica de esta actividad”. Esto ocurrió sobre todo luego de la destitución de la expresidente Dilma Roussef (2016) y con el ingreso de Jair Bolsonaro al poder (2019-2022).
Por ejemplo, en 2022 se aprobó un supuesto “mejoramiento” del Nuevo Código de Minería brasileño, que en realidad flexibiliza la entrega de permisos mineros a los garimpeiros bajo el argumento de que se está estimulando la minería artesanal y de pequeña escala. Esto llegó al punto de que, las solicitudes para explorar terrenos que no fuesen respondidas en 60 días, los mineros pueden considerarlas como aceptadas. Ya se han detectado garimpos fantasmas que servían para justificar toneladas de oro extraídas de otros lugares e introducirlas al circuito legal. En este contexto. Brasil ha sido una importante plaza para el lavado de oro de otros países limítrofes.
En el último año, sin embargo, las cosas han empezado a cambiar con nuevas medidas antilavado. Hasta hace poco el mineral se comercializaba con comprobantes de pago físicos, que hacían muy difícil la fiscalización y la trazabilidad. Además, existía una “regla de buena fe” que eximía de responsabilidad a los negociantes que compraban el oro siempre que el productor declarara que este era de procedencia legal. En mayo de 2023 se revocó la presunción de buena fe y dos meses después se empezó a exigir facturas electrónicas que permiten a las autoridades cruzar información de vendedores y compradores.
Sin embargo, como lo revela un reportaje de Repórter Brasil para esta serie periodística, aunque la productividad “declarada” de los garimpos legales cayó en 70% desde entonces, en realidad estos cambios han llevado a los grupos criminales a encontrar otras formas de seguir operando fuera de los radares de la fiscalización. Una muestra es el aumento de deforestación asociada a la minería ilegal en los territorios indígenas. Esto hace sospechar a las autoridades que Brasil ha pasado de ser una escala de lavado a un proveedor de oro ilegal.
Para Rodrigo Oliveira, investigador y funcionario del Ministerio Público Federal (MPF) en Pará, “la presunción de buena fe institucionalizó el blanqueo de oro en Brasil”, ya que prácticamente eximía a los compradores de cualquier responsabilidad sobre el origen del oro que adquirían, incluso en casos flagrantes de fraude, como las llamadas “minas fantasma”.
Sin embargo, Oliveira afirma que “la regulación de este mercado sigue siendo bastante precaria, con muchas lagunas para el blanqueo. Si no se mejora la reglamentación, el nuevo escenario no conducirá a una reducción de la minería ilegal, sino sólo a una mayor clandestinidad”.
Mientras no existan controles efectivos en el sistema de permisos mineros artesanales (permissao de lavra garimpeira), la industria seguirá explotando las lagunas de la legislación actual. El investigador Fabiano Bringel comenta que existe un “contorsionismo normativo reciente” que ha terminado por oscurecer los conceptos que diferencian la minería legal del garimpo ilegal.
“El debilitamiento del concepto de ‘permiso minero artesanal’ resultó en la inserción de una serie de actividades que por su naturaleza ni siquiera podrían ser consideradas garimpo, las mismas que, a pesar de eso, siguen valiéndose de normas menos protectoras”, explica.
Es así que se ven embarcaciones con equipos sofisticados y maquinaria pesada en estas zonas de explotación. Existe una controvertida norma que define las dimensiones de los permisos para trabajos de garimpo: 50 hectáreas por garimpeiro individual, mil hectáreas por cooperativa o incluso diez mil si esta opera en la Amazonía.
En Brasil, recientes investigaciones de la Policía Federal apuntan a un acercamiento entre facciones criminales y minas ilegales de oro en la Amazonia en los últimos años. Los expertos señalan que el crimen organizado ha aprovechado las rutas aéreas y fluviales utilizadas para el tráfico de cocaína entre Brasil y los países vecinos para transportar también oro ilegal, como revela la serie Narcogarimpos, publicada por Repórter Brasil en 2023.
Perú: epicentro de la ilegalidad del oro
Perú es el principal exportador de oro de Suramérica. Los datos públicos sistematizados para este reportaje indican que entre 2013 y 2023 el metal exportado desde este país fue más de tres veces el registrado como producido. Convoca.pe revela, como parte de esta serie investigativa, cómo cargamentos de oro de origen informal en el sur del país ingresan sin control de las autoridades al sistema legal de producción a través de la planta de procesamiento de minera Laytaruma, el cuarto exportador de oro más importante del Perú, con más de 1,500 millones de dólares en exportaciones a países como Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Este caso muestra claramente las condiciones que facilitan la impunidad y el blanqueamiento del oro: La planta de beneficio de Laytaruma opera en la región andina Ayacucho en el límite con la región Arequipa, lo cual dificulta la fiscalización de esta actividad en un territorio poco accesible para las autoridades ubicadas en la ciudad ayacuchana de Huamanga, a 12 horas de viaje en vehículo si se toma la vía más rápida a través de Nazca.
La empresa está registrada en la categoría de pequeña minería como si procesara menos de 350 toneladas de oro por día, lo cual obliga a las autoridades regionales a encargarse de su supervisión y no a los fiscalizadores del gobierno central. Sin embargo, un equipo de reporteros de Convoca.pe pudo identificar que ingresan a la planta de Laytaruma decenas de camiones con cargamentos que bordean las 650 toneladas por día.
Como parte de esta serie investigativa, también se pudo identificar que existen otras plantas de beneficio que exportan más oro de lo que declaran como producción a las autoridades sin que existan los mecanismos de fiscalización oportunos. Además, en un recorrido exhaustivo en Madre de Dios, región amazónica arrasada por la minería ilegal, descubrimos una cadena opacada de comercialización con compañías involucradas en investigaciones por lavado de activos o comercio ilegal de oro que hacen envíos, con regularidad, a India y a Emiratos Árabes Unidos.
La trazabilidad de la cadena de suministro es el principal punto flojo en el Perú, como en el resto de los países de Suramérica. El problema es que la responsabilidad de la certificación del oro recae en los propios productores y no en el Estado.
Para extraer y negociar el mineral, los interesados solo deben estar inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Este último, a pesar de tener más de 11 mil inscripciones de ciudadanos y empresas, no está interconectado con otros sistemas informáticos para hacer cruces de información y detectar operaciones sospechosas.
Por otro lado, la SUNAT, autoridad tributaria y aduanera, es la encargada de evaluar la certificación del metal dorado antes de ser exportado. Pero, de nuevo, la efectividad de la fiscalización depende más de las buenas intenciones de la compañía minera o del minero en formalización. La norma indica que son estos quienes deben acreditar la licitud del cargamento. Se hace a través de una simple declaración jurada en la que se indica la procedencia del oro y donde deben afirmar que no están incurriendo en lavado de activos.
También se piden las guías de remisión para transportar la carga y el análisis de laboratorio de la ley de oro, que señala la pureza y peso del mineral. Y se suele pedir un “certificado de origen”, un formulario que es validado por las autoridades peruanas y que permite acceder a beneficios arancelarios. Por su parte, SUNAT no cuenta con laboratorios especializados para evaluar el oro.
En Perú también el poder político ha favorecido de manera directa a la minería informal. Desde 2002 existe una Ley de Formalización que busca que los mineros artesanales y de pequeña escala regularicen su situación precaria, operen con título y se adapten a los estándares ambientales. El plazo inicial era de un año. Pero este ultimatum, gracias a las gestiones de los grupos políticos en el Congreso peruano, se ha prorrogado tantas vecesque 22 años después aún sigue ofreciendo la posibilidad de regularizarse, pero sin hacerlo de manera definitiva y sin asumir las consecuencias. Se ha establecido que este año se termine la vigencia, pero ya ha surgido una nueva iniciativa para alargarla una vez más hasta el 2027.
A la fecha hay 86.829 inscripciones en el mencionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en Perú, de las cuales 63.824 (73,5%) se encuentran suspendidas. Como en Brasil, estos registros también se han utilizado para pervertir el sistema, pues se han detectado concesiones mineras fantasmas que registran producción pese a estar inoperativas. Tal fue el caso de la red criminal “Los topos del frío”, que usaban los registros de cuatro personas que no usaban sus concesiones para lavar enormes cantidades de oro ilegal extraído en las montañas de La Libertad, en la sierra norte peruana.
Convoca.pe ha identificado que en las rutas también se ha instalado un sistema de blanqueo. Los documentos que se exigen a los transportistas pueden ser obtenidos de manera muy fácil, una situación que genera condiciones para que el oro ilegal se mezcle con la carga legal. Estos llevan el mineral a las plantas de beneficio, donde se convierte en barras para ser exportado a las compañías refinadoras internacionales.
Oro y descontrol en Colombia
Si bien el caso peruano tiene varios desafíos por delante, para Mark Pieth, ex presidente del Basel Institute of Governance y autor del libro “Gold Laundering”, la situación de “Colombia es mucho más problemática (…) con la presencia del crimen organizado por todas partes es más difícil. Está presente la tensión entre los pueblos indígenas y la criminalidad. Y eso es muy desesperanzador”, señala el investigador suizo en diálogo con Convoca.pe.
En Colombia la minería ilegal está muy lejos de ser fiscalizada de manera efectiva por la burocracia estatal debido a que los territorios explotados hoy se los disputan a sangre y fuego grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC. Lucran y se financian con el oro sucio.
Al sur del departamento de Bolívar ha estallado una guerra de bandas que ha forzado el desplazamiento de 120 familias. En marzo del año pasado el Ejército desplegó un operativo contra mineros ilegales en el Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, al noroccidente. Esto desató un paro mineroen el que se expusieron las inconformidades del sector aurífero (legal, informal e ilícito) de la subregión, que han sido objeto de manifestaciones desde hace más de una década.
Leyenda: En el Bajo Cauca, subregión del departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia, ocurrió el gran paro minero de 2023 / Ilustración: Rutas del Conflicto.
En medio de la protesta, las comunidades fueron instrumentalizadas y sofocadas por el Clan del Golfo, el grupo armado ilegal que controla la zona, lo que ocasionó el aislamiento de 250 mil personas por varios días, con desabastecimiento de servicios básicos y víveres.
En marzo de 2023, este tipo de mensajes circularon por los municipios del Bajo Cauca en los que el Clan del Golfo (AGC) presionaba a la población para que apoyara la manifestación.
Estas organizaciones criminales han aprovechado la débil presencia estatal para corromper los mecanismos de control y usarlos a su favor. Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina, explica en entrevista para este reportaje con Consejo de Redacción, que estas redes criminales falsifican títulos mineros, certificados de origen del mineral, los registros de mineros de subsistencia y la cantidad de oro extraído.
Un ejemplo es lo ocurrido en los municipios de Caucasia, Zaragoza, El Bagre, San Roque y Remedios, en Antioquia, y de Quibdó, en Chocó, en el noroccidente colombiano. Allí, alias “Robert” forjó un imperio de lavado aurífero. Compró bases de datos de los beneficiarios de los programas sociales e inscribió a 5 mil de ellos como si fueran mineros independientes. Así legalizó más de 7,5 toneladas de oro ilegal para enviarlas a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e India.
Colombia también se ha convertido en un importador de oro ilegal. En sus plantas de beneficio se reciben los cargamentos ilegales y se eliminan los rastros del mercurio utilizado para su extracción. Al mismo tiempo, los mineros locales también suelen deshacerse de sus cargamentos contrabandeándolos a otros países, como ocurre en los alrededores del río Puré, en la frontera con Brasil, donde la presencia de las guerrillas colombianas ha despertado las alarmas e incluso han llegado a enfrentarse con la Armada Brasileña. En estas zonas de conflicto el mineral es utilizado como si fuera una divisa para adquirir otros productos de contrabando. Se ha instalado una economía ilegal.
Para atacar los vacíos en la cadena de suministro, el congreso colombiano aprobó una norma que obliga a los comercializadores de oro y otros metales preciosos a aplicar criterios de debida diligencia. Por ejemplo, se exige capacidades mínimas de operatividad, especialización y finanzas para comprar y vender, y que exijan información a sus contrapartes sobre sus operaciones. Si va a exportar un cargamento debe además demostrar que el oro ha sido extraído de una concesión autorizada por el Estado.
A pesar de que la norma entró en vigencia en julio de 2022, casi dos años después la medida aún no se implementa porque el Ministerio de Minas no ha emitido las directrices específicas para reglamentar el proceso.
Los grupos armados también han tomado por asalto a Ecuador. La Fundación Ecociencia, que monitorea el problema de la minería ilegal en ese país, explica que la situación empezó a salirse de control entre 2016 y 2017. Sin embargo, el advenimiento de la crisis de la pandemia del covid-19 impulsó a muchas familias a buscar trabajo en esta industria. Hay señales de que peligrosas bandas del crimen organizado emplean a los mineros artesanales bajo extorsión.
La pequeña minería, la más proclive a la ilegalidad, ha ganado terreno en los últimos años. Entre 2020 y 2023 sus exportaciones crecieron en 238%. Esta evolución ha ido de la mano con un boom de nuevas compañías comercializadoras. En el mismo período se crearon 10 nuevas empresas que exportaron US $530 millones, como revela esta serie investigativa sobre la comercialización del oro en Ecuador.
La Organización de Estados Americanos (OEA) afirma que “las comercializadoras y exportadoras, y “en particular las firmas nuevas”, son el “principal punto de entrada del oro ilícito en los mercados legales al ocultar el origen ilícito, con frecuencia antes de venderlo a refinerías extranjeras”. Advierte que el método de lavado más utilizado es la falsificación de facturas, donde “se nombran mineros artesanales falsos o compañías ficticias para justificar la fuente del oro extraído ilegalmente”.
El ecosistema del crimen y la violencia también se ha expandido en el país. Entre los casos investigados por Ecociencia está el de Sucumbíos, al nororiente de Ecuador, en la frontera con Colombia, una zona amazónica por muchos años olvidada por el gobierno.
Esta organización explica a esta alianza periodística que grupos de indígenas achuar practican la minería con maquinarias muy costosas, cuyo traslado a esta zona remota implica una fuerte inversión. “Tienen otro beneficiario que está colaborando con ellos para que realicen esta actividad. Y dada la cercanía a la frontera y esos contextos transfronterizos, se da a entender que esa ayuda viene de movimientos delictivos del narcotráfico y otras actividades”, sostiene Ecociencia.
En la cuenca del río Punino también se ha registrado una progresiva devastación de la selva. Solo en 2023 se perdieron 784 hectáreas según el programa de monitoreo MAAP, a pesar de que es una zona sin acceso por carretera. Allí operan grupos criminales colombianos y ecuatorianos que han devastado la selva para sacar el oro.
PIE. Confluencia de los ríos Payamimo (izquierda) y Punino (derecha), en la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana. El amarillo del Punino, afectado por la minería ilegal, deja una huella en las aguas del Payamino que abastecen de agua a decena de comunidades. Foto: Plan V.
El catastro de concesiones mineras se encuentra cerrado en Ecuador desde hace seis años debido a las protestas de los grupos indígenas que reclaman una ley de consulta previa. Pero esto no detiene la explotación en los suelos amazónicos: Ecociencia advierte que, en Punino, el 96% del territorio explotado por la industria ilícita no está registrado en el catastro.
La indecisión política también afecta los procesos de fiscalización justo cuando la incidencia de este crimen ecológico se encuentra en pleno auge. Hace cuatro años el entonces presidente Lenín Moreno decidió fusionar las tres entidades supervisoras de los sectores Minería, Energía e Hidrocarburos en una sola institución: la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. En opinión del exviceministro de minas Fernando Benalcázar, entrevistado para esta serie periodística, el proceso fue un fracaso y se perdieron muchos recursos.
Benalcázar asegura que la oficina encargada de los asuntos mineros se quedó solo con 10 técnicos aunque luego fue ampliado a 35. Pero aún así, estos recursos humanos, dice, resultaban insuficientes para fiscalizar las dos mil concesiones de pequeña minería registradas.
En mayo, el actual presidente, Daniel Noboa, volvió a separar las agencias, y las competencias del sector quedaron de nuevo adscritas a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que recuperó su nombre. Esta entidad también está a cargo de la verificación de la exportación. En 2019, intentó tomar muestras de laboratorio para corroborar la pureza y peso declarado por los comercializadores. Pero por los reclamos de este sector esta medida se revirtió y los controles volvieron a ser menos estrictos.
Rutas opacas de Venezuela
Un caso complejo es el de Venezuela, donde la minería a gran escala es reducida mientras que pequeñas unidades de producción bajo el control de bandas criminales se propagan el Arco Minero del Orinoco, cinturón de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016. En este país solo es posible comercializar el oro de manera legal con la mediación del Banco Central de Venezuela, que monopoliza la exportación del metal. Sin embargo, se calcula que el “oro legal” apenas representa el 20% del total extraído cada año. Constituye un sector de la maltrecha economía venezolana no exento de denuncias por violaciones de derechos humanos y crímenes ambientales.
Desde 2019, Estados Unidos impuso sanciones económicas al sector aurífero en Venezuela. Es por ello que en los últimos años, el Banco Central debió cambiar sus destinos de exportación a gestiones opacas que ayuden a introducir el oro venezolano en el circuito legal mundial.
Como lo revela el reportaje de Armando.Info para esta serie periodística, entre 2019 y 2023 los principales clientes del gobierno venezolano fueron Uganda (US$ 309 millones), Líbano (US$ 174 millones), Emiratos Árabes Unidos (US$ 123 millones) y Turquía (US$ 7 millones). En 2021 y 2022, el Líbano fue el destino de más del 90% de las ventas del metal de Venezuela. Se trata de un país de tránsito, que compra y vende el metal, y sobre el que algunas organizaciones no gubernamentales advierten el riesgo de que pueda convertirse en escala del “gold laundering” mundial.
Fuera del monopolio del Banco Central, existe el 80% de la producción ilegal de oro que se fuga por caminos irregulares. En el tráfico participan distintas mafias a todo nivel, incluidos servidores públicos, militares y guerrillas colombianas, de acuerdo con el estudio Flujos de oro desde Venezuela de la OCDE.
“Esta expansión se desarrolla dentro de una estructura central conformada por una jerarquía de autoridades —militares, políticas y otras— que envían una parte del oro producido en decenas de pequeñas operaciones a lo largo de la cadena de mando mientras se enriquecen con el resto. Esto constituye la participación directa o indirecta de grupos armados estatales y no estatales”, alerta la OCDE. Los grupos armados y los militares tienen el control, cobran una parte a las cuadrillas de mineros y en ocasiones los extorsionan. Los políticos locales y nacionales también se llevan una gran parte, indica el informe de 2021.
Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco, afirma que ahora los militares están ganando terreno en el negocio ilícito. “La tendencia que estamos viendo en distintos sitios de Venezuela es que por un lado la Fuerza Armada saca a los cabecillas, los que controlan esas minas, pero los sustituyen con gente afín. Y la minería sigue igual y se va expandiendo. No está el régimen de [Nicolás] Maduro desmantelando la minería. Ellos están en plan ‘quítate tú para ponerme yo’”, dice en entrevista con Convoca.pe.
Burelli menciona como ejemplo el desalojo que hicieron los efectivos militares en el tepuy de Yapacana, parque nacional en la frontera con Colombia cuyo territorio se repartieron las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Hoy, a pesar de que los uniformados entraron a la zona, las imágenes satelitales muestran que la mancha de la minería sigue creciendo.
Este contexto de corrupción hace fútil cualquier discusión sobre implementar controles o transparentar la cadena de suministro en Venezuela. Una de las rutas de salida del oro han sido las islas de Aruba y Curazao. Por ejemplo, las exportaciones de oro de Curazao, país donde no existen yacimientos ni refinerías, en 2019 representaron el 34,4% de todas sus ventas internacionales. Luego de que las autoridades de Países Bajos tomaron conocimiento de esto, en los años siguientes este mineral casi desapareció de la canasta exportadora de las antillas neerlandesas. El oro ilegal venezolano ahora ha consolidado sus salidas hacia Brasil, Colombia y República Dominicana.
Destino final del oro
Mientras existe un sistema fallido de control de la extracción y comercialización del oro en el territorio de los países productores, hay una reconfiguración del mercado internacional aurífero. En los últimos años han emergido dos nuevos grandes compradores: India y Emiratos Árabes Unidos (EUA), países que figuran entre los principales destinos del oro exportado de manera oficial desde Perú, Ecuador, Brasil y Colombia.
“Mediante el lavado, el oro sale del Perú y no va directo a la refinadora de Estados Unidos o Suiza. Se va a Dubai (EUA), se va a China. Y sabemos que en estos dos países ya no se toman las reglas tan en serio”, advierte a Convoca.pe Livia Wagner, experta de Global Initiative Against Transnational Crime, una organización internacional que promueve estrategias para enfrentar el crimen organizado.
Lo cierto es que Suiza sigue siendo el principal demandante de oro a nivel mundial, con un valor de importaciones de US $94 mil millones en 2022, según el Observatorio de Complejidad Económica del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Contrario a lo que se podría imaginar, ese año sus más importantes abastecedores de oro no fueron latinoamericanos, sino Estados Unidos (22,4%), Emiratos Árabes Unidos (8,7%), Burkina Faso (6,2%), Suráfrica (5,9%) y Rusia (3,9%).
“El rol de Suiza es un poco especial. En realidad es un proveedor de servicios. Ellos siempre han sido refinadores. Originalmente tenía el 70% del oro mundial. Ahora ha caído a cerca del 50%, porque hay otros refinadores como Dubai, pero muy poco oro se queda en Suiza”, explicaMark Pieth.
De hecho, este país europeo es al mismo tiempo el mayor exportador del metal dorado del planeta (US$ 101 mil millones en 2022), pues el mineral que refina —es decir, que purifica— lo reexporta al Medio Oriente, India o China, donde hay una boyante industria de joyería.
Sobre la responsabilidad de las empresas compradoras, la OCDE ha establecido principios y prácticas de debida diligencia para el sector privado. Entre estas, están establecer sistemas de control y transparencia sobre la cadena de suministro y sus actores, identificar los riesgos y generar estrategias para enfrentarlos, contratar auditorías independientes supervisadas y dar a conocer sus resultados de forma pública.
Desde hace muchos años existen iniciativas privadas de la propia industria internacional para “auto-regularse”, como el London Bullion Market Association o el Responsible Jewellery Association, entre otros.
“Ellos aseguran que están aplicando estas reglas. Eso significa que si eres un refinador, debes averiguar no solo quién te vendió el oro, sino también de qué mina proviene. Eso por momentos es muy difícil porque si viene de minas artesanales como La Rinconada (en Puno, Perú), no te será posible saberlo”, dice Pieth. “‘Es de Puno’, eso es lo que pueden decirte. Pero deberían estar habilitados para decir con mayor precisión de dónde viene”, agrega.
Livia Wagner comenta que este rubro es “sumamente cerrado y ellos no tienen la necesidad de colaborar con nadie”. “Ahora ya ni se toman la molestia de hablar con otros actores. Y eso para mí es una señal de una arrogancia en este sector que no he visto en muchos otros”, apunta.
En 2018 la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos)advertíade varios puntos por mejorar en las auditorías que conducían estas entidades gremiales. Lasinstaba a mejorar el conocimiento de sus auditores y les recordaba que la “debida diligencia no es solo recoger papeles y pasar por una auditoría”. “Es un asunto muy grave porque la auto-regulación sin auditorías serias es inútil”, dice Pieth.
De otro lado, Luca Maiotti, analista de OCDE, señala que “la mayor parte de la infraestructura, el prefinanciamiento, los insumos —incluso los ilegales, como los explosivos y el mercurio— muchas veces provienen de los compradores —acopiadores, comercializadoras, exportadoras—. Creemos que poner el foco sobre estos actores es clave para reducir las opciones para los criminales. No pueden sobrevivir sin compradores”.
Así, el oro lavado en Suramérica engrosa las billeteras de grandes actores globales, adorna las vitrinas de la industria del lujo y es atesorado en las bóvedas de los bancos centrales de las grandes economías. Para entonces ya no se ven las cicatrices que dejó a miles de kilómetros en ecosistemas y vidas humanas. A lo lejos es una cuestión de perspectiva.
Metodología para el análisis de los datos
Para identificar el desbalance entre producción y exportación de oro, en esta investigación se analizaron datos oficiales y de fuentes especializadas de Perú, Venezuela y Colombia, entre 2013 y 2023. Para el caso de Brasil se incluyeron las cifras entre 2015 y 2021 debido a que era la información disponible más confiable, mientras que para Ecuador se abarcó el periodo 2017-2023 debido a que eran los datos más consistentes que obtuvimos a través de un pedido de acceso a la información pública.
La fuente de los datos de producción de oro en Perú es el Ministerio de Energía y Minas, en Colombia es la Agencia Nacional de Minería, mientras que en Ecuador las cifras corresponden a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Para Brasil, se recurrió al Anuario Mineral y el Relatorio de la Agencia Nacional de Minería y debido a la falta de transparencia del gobierno venezolano, se utilizaron los datos de Comtrade ONU para el análisis de la producción de oro en Venezuela.
En el caso de las exportaciones, en Perú los datos son de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), mientras que en Ecuador se usaron las cifras del Banco Central del país. Para los casos de Brasil, Colombia y Venezuela se usaron las mismas fuentes de información que para las cifras de producción de oro.
Créditos:
*Este reportaje fue elaborado como parte de la investigación transfronteriza ‘Dorada Opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano’, liderado por Convoca.pe (Perú) con la participación de reporteros y editores de Repórter Brasil, Plan V (Ecuador), Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto (Colombia), Armando.info y Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual (Venezuela).
Coordinación y edición general: Milagros Salazar
Reporteros y editores que participaron en este reportaje:
Brasil: Hyury Potter y Naira Hofmeister (Repórter Brasil)
Ecuador: Plan V
Colombia: Juan Carlos Granados y Óscar Parra (Rutas del Conflicto / Consejo de Redacción)
Perú: Paul Tuesta, Roberth Orihuela, Milagros Salazar, Gonzalo Torrico (Convoca)
Venezuela: Lisseth Boon (Armando.info), Lorena Meléndez, Ronna Rísquez (Alianza Rebelde Investiga, formada por Runrunes / El Pitazo / Tal Cual).
Jeffrey Rodríguez, coordinador de documentación del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+: “Cada vez que conoces a alguien nuevo, es una nueva salida del clóset”
¿Qué motivó la protesta en el Sambil La Candelaria el 9 de junio? ¿Cómo influyen los prejuicios en el manejo de los hechos discriminatorios? Conversamos de estos y otros temas con Jeffrey Rodríguez, coordinador de documentación del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.
El domingo 9 de junio, se llevó a cabo una protesta de la sociedad civil contra la discriminación por homofobia. El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTQI+ ha documentado alrededor de 10 casos de homofobia en el municipio Libertador, en espacios públicos y comerciales. Es crucial reconocer que, aunque las personas afectadas varían en edad y expresión, todos merecen el derecho de expresarse y llevar su identidad públicamente.
Durante la manifestación pacífica, se produjo un lamentable altercado en el que un individuo agredió a uno de los activistas que lideraba la convocatoria. A pesar de la complicidad de algunas personas presentes, incluyendo el personal de seguridad del centro comercial, se logró atender la situación y presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.
Los hechos discriminatorios no son aislados; ocurren con frecuencia, aunque no siempre de manera pública. La convocatoria y la conciencia colectiva son esenciales para enfrentarlos. Además, los prejuicios influyen en cómo se manejan estos casos.
Algunos negocios asocian el poder adquisitivo con el conservadurismo y prefieren mantener estándares tradicionales. Sin embargo, debemos reconocer que todas las personas merecen respeto y derechos básicos.
Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.
Espero que Raúl Cimas pueda leer esto porque me gustaría plantearle un par de nombres para la app que hará universal el Método Cimas y que lo hará millonario a él: Uber Film o ¡Filmemos Ya!
Como comediante, obviamente he tenido muchos referentes. Ya les he contado muchas veces de la admiración que siento por mi querido amigo Laureano Márquez, por Andreu Buenafuente y qué decir de mi maestro Reuben Morales, quien, para mí, es uno de los mejores teóricos del humor de nuestro continente.
Pero hoy les quiero hablar de un visionario. Un genio de esos que nacen una vez cada 200 años en Albacete: Raúl Cimas. ¿Y qué lo hace tan especial? Que el tipo dio con la fórmula que llevará a las producciones audiovisuales al siguiente nivel. Cimas es un emprendedor, un empresario del entretenimiento que ha creado un modelo de negocio que llevará a la quiebra a Disney, MGM, FOX, y Paramount, pero… ¿cómo?
Hace unos cinco años, antes de que estuviésemos confinados por esto de la pandemia, Raúl Cimas inventó, sin saberlo, un nuevo sistema para filmar películas y series desde casa y con un presupuesto bastante acotado. ¿Qué impulsó a Cimas a dar este paso trascendental para la historia del cine? Pues sin duda la modorra, y el desgano de tener que bañarse y vestirse para ir a un set de grabación.
Paradójicamente, en la nueva normalidad, el sistema Cimas será el usado no solo por las productoras más laureadas, sino que hasta las menos conocidas lo aplicarán. Y pobre de aquel que no lo haga, pues estará condenado a desaparecer de la industria. Seguro te estás preguntando por qué el método Cimas es tan exitoso. Porque bajo este modelo de producción no necesitas pagar a actores, ni pagar viajes, ni pagar nada…
Para producir bajo el método Cimas, lo recomendable es contar con vecinos bastante variopintos, pues Raúl hizo muchas de sus superproducciones con gente que vive en su barrio, personas que no son actores de oficio, pero que sin duda tienen un talento innato. Ver una de las Series de saldo o algún capítulo de Juancar qué te pasa, es una experiencia felliniana. Al final de esta columna te dejaré algunos links para que te deleites con estas grandes producciones.
Lo primero que tienes que tener en cuenta para iniciar la filmación bajo el método “Cimas” es la historia. Acá tienes dos modalidades: la primera, que llamaremos “Primera”; y la segunda, que llamaremos “Segunda”.
La “Primera” consiste en versionar una serie o película, pero desde tu perspectiva. Tú y yo sabemos que no estarías plagiando nada, pero ya ves cómo son los estudios, así que cámbiales un poquito el nombre para que te evites una demanda. Te pongo un ejemplo, imagínate que quieres filmar tu propia versión de Pinocho; te recomiendo que no lo llames así, más bien titúlalo: “Mi hijo se quedó duro”, o “Qué palo de hijo tengo” (palo de madera obvio).
La “Segunda” ya es una cosa más trabajada, pues, tal vez dentro de tu barrio, o en tu edificio hay una o varias historias que contar. Así que haz una reunión con la persona que más sabe de la historia del barrio “El portero”, o tal vez alguna señora jubilada que siempre está asomada al balcón cual centinela. Ella puede ser de gran ayuda para escribir el guion.
Ahora bien, para entrar en este mundo de la nueva producción cinematográfica, creada por el gran Raúl Cimas, y que está llamada a salvar la industria del entretenimiento pospandemia, tienes que vivir en un barrio abierto, no me refiero a que las puertas estén abiertas, sino donde los vecinos sean de todas las etnias posibles. Es decir, si vives en un barrio de ricos donde todos son rubios, no hay nada que hacer, y si vives en un barrio donde todos son de color (de color negro), pues tampoco. Recuerden aquel viejo dicho de la cocina que aplica también al cine: en la variedad está el gusto. porque imagínense que quieran hacer una peli de Kung fu, o un homenaje a Bruce Lee o Jackie Chang y no tengan a un chino…
También es importante tener algún vecino minusválido, ya sea que no pueda caminar, que le falte alguna pierna o un brazo, por si hay alguna escena de explosión. Pero si no tienes suerte, y solo cuentas con un vecino invidente, entonces te recomiendo que le des un giro a la historia y hagas algo como Perfume de mujer, pero “ojo” (literal), que Pacino no era ciego, pero tu vecino sí. Por eso es recomendable que uses un perro o algún dispositivo para que se guíe, pues con un presupuesto tan acotado, póliza de accidente no hay.
Ahora bien, si decides seguir con tu idea ¿No sería genial contar con una app donde puedas pedir el personaje que te falta? Por ejemplo, si te falta el chino para rodar Dragón, simplemente lo solicitas a la aplicación y un delivery te lo lleva hasta el set de filmación, es decir, a la sala de tu casa.
Solo espero que Raúl Cimas pueda leer esto porque me gustaría plantearle un par de nombres para la app que hará universal el Método Cimas y que lo hará millonario a él: Uber Film o ¡Filmemos Ya!, con esos nombres no puede fallar.
Y ya para terminar, cumplo con mi promesa, acá les dejo el enlace de uno de los dos ejemplos del maravilloso resultado de filmar bajo el sistema inventado por este hijo ilustre de Albacete; el otro pueden verlo en el video de abajo:
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
La intolerancia siempre ha existido. Solo que ahora la dinámica de los tiempos ha envilecido las circunstancias. Razón en demasía tuvo Robert Southey, historiador y poeta inglés de la primera generación romántica, cuando refirió que “el furor de la intolerancia es el más loco y peligroso de los vicios, porque se disfraza con la apariencia de la virtud”. Esto, pareciera justificar la posibilidad de reconocer que lo único que merece no tolerarse es la intolerancia.
Del foco de la intolerancia
Pero ¿dónde y cómo se engendró la intolerancia? Aunque hay distintas versiones, es posible examinar la ruta que lleva a pensar que la intolerancia, de considerarse como la irritación de quienes carecen de alguna opinión ante una realidad o evento determinado, radica en el odio que se descarga ante quien posee lo que el otro desea tener. Su tenencia reside en la envidia o en el egoísmo que se padece al no soportar creencias distintas de las mentalizadas por el otro.
De ahí que la intolerancia analizada en términos del comportamiento político de quienes ostentan el poder en la alineación despótica y con hegemonía de una estructura de gobierno, termina convirtiéndose en una falta de voluntad que compromete valores morales sobre los cuales se asienta una democracia.
El problema de la intolerancia es tan maligno, dado el carácter drástico que su disposición encarna, que en el caso de sistemas políticos autoritarios tiránicos o totalitarios fascistas es aprovechado para construir la insidia que sus fechorías requieren, para eliminar libertades y clausurar derechos humanos.
Objetivos de la intolerancia
Para sacrificar el pensamiento libre y la conciencia a costa de la mayor maldad que son capaces de inducir en aras de sus sectarios beneficios. Para arruinar cuanta institución muestre algún ápice de sentimiento y soltura democrática. Cerrar emisoras de radio y televisión solo por el miedo que le produce que la verdad se vuelva bandera de lucha. Para atentar en contra de la autonomía universitaria toda vez que la dictadura en curso tiene amplio conocimiento del alcance del conocimiento, de la educación como factores que combaten de frente la ignorancia que esconden los talegos de la represión, la deshonra y el oprobio que representan toda ideología apegada a modelos verticales de gobierno.
Y, en efecto, la intolerancia en el ejercicio de la política es instrumento de la destrucción de valores que endosa la moral y el civismo. Por la intolerancia practicada como recurso del poder político termina con una politiquería desenfrenada. Son politiqueros con escaso sentido de las libertades. Actúan como quienes se habitúan a obtener provecho a costa ajena.
Deformidades de su praxis
Es lo que, según la jerga de los venezolanos, son los repudiados “vividores” o “chulos” (de la hacienda gubernamental). También conocidos como “golilleros”. Estas personas, casi siempre vividores del gobierno, muestran la actitud propia del “aprovechado”, del “parásito” o “gorrón”.
Estos “arroceros” vulgares, aunque también están los “arroceros” refinados, son empleados de baja calaña prestos a colaborar en la práctica del odio y la exclusión. En el fragor de la verticalidad o militarismo de regímenes políticos, fungen de “esquiroles” al servicio de insurgencias incitadas por intereses amañados.
La intolerancia política excluye a quienes piensa diferente a lo que sugieren sus impugnados modelos ideológicos. Es justo el problema que acontece por estos tiempos políticos a la Venezuela trastocada. A la Venezuela que viene haciéndose trizas desde que el socialismo del siglo XXI pretende trastornar sentimientos, proyectos y condiciones de vida.
La persecución, violencia política
La ironía que ha sembrado la extrema intolerancia política del poder –sobre todo, ante los comicios presidenciales en ciernes del venidero 28 de julio– es que ha fortalecido al contendiente más aclamado del proceso electoral, a quien hasta se le cercenaron sus derechos políticos.
Especialmente, lo que pauta el artículo constitucional 25 cuando determina que: “Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley, es nulo. Y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores”.
El hecho que traduce lo que el país padece por la encarnecida obstinación, que incluso ha llegado al extremo de encarcelar, perseguir, cerrar negocios, impedir el libre tránsito y amenazar la ciudadanía con coerciones policiales y militares ante su derecho a reunirse pacíficamente, no tiene otro nombre que el ejercicio de la violencia permitido por el abuso de poder gubernamental. Es lo que la teoría política denomina la intolerancia en la política.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia aseguró este 28 de junio que en lo que va de 2024 existen 46 detenciones arbitrarias de personas vinculadas a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Una infografía publicada por la ONG en sus redes sociales muestra los casos: “detenciones arbitrarias”, inhabilitaciones y otros hechos que consideran que forman parte de la “persecución política” contra la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD.
«En los primeros seis meses, la persecución política ha sido regla sobre todo en el marco de las gras de la líder opositora María Corina Machado y el candidato de la PUD”, expresó la organización.
También destacó que el 82% de las detenciones (38 casos) las víctimas han pasado horas en paradero desconocido.
Detenciones arbitrarias preelectorales
Del total de arrestados, 18 forman parte del partido Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado; el resto pertenece a otras organizaciones políticas o de la sociedad civil.
Acceso a la Justicia dice que durante este semestre las autoridades anunciaron la inhabilitación de 12 alcaldes, incapacitándolos de ocupar cargos públicos.
El registro también incluye el cierre o inspección de 16 establecimientos (hoteles y restaurantes) que prestaron servicio a Machado o a su equipo, durante su gira por 10 de los 23 estados del país.
Asimismo, añade el reporte que la Guardia Nacional decomisó dos embarcaciones por los mismos motivos y se registraron siete cierres de vías para intentar impedir que Machado y González Urrutia celebrasen actos previstos en siete regiones de Venezuela.
Según el último balance presentado por Machado, hasta el 17 de junio se habían contabilizado 37 detenciones.
