Cuatro personas que permanecían recluidas en el calabozo P3 del Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre (Ipaes) fueron asesinadas en medio de un motín registrado el miércoles 26 de junio de 2024.
Los cuerpos de Manuel José Freites Zerpa, de 32 años; Jefferson Trino Ramos Villanueva, de 46 años; Ángelo Jonás Marcano Betancourt, de 43 años, y Ángel Rubén Valdez Cabello, de 53 años, fueron trasladados a las 2:20 pm, por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a la morgue del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), de Cumaná.
Fuentes internas confirmaron que las cuatro muertes se produjeron por asfixia mecánica.
El hecho, al parecer, se produjo en medio de una protesta de los presos para evitar ser trasladados a otras cárceles del país. Sin embargo, no se descarta que sea por el control territorial que ejercen bandas internas en los calabozos.
A las afueras de la comandancia policial, los familiares de los retenidos denunciaron que el motín inició tras el abuso sexual cometido por los cuatro reos contra el ciudadano José Israel Díaz Canache, detenido el pasado 30 de mayo y señalado por cometer actos de pedofilia contra cinco niños del sector El Pozo de Boca de Sabana, en la capital sucrense.
Sin embargo, ninguna versión fue confirmada públicamente por las autoridades.
Familiares de los detenidos permanecieron en las afueras del instituto policial, a la espera de información sobre la situación de sus seres queridos y denunciaron que desde hace un mes y medio, tienen restringidas las visitas en el referido calabozo.
“Estamos preocupados por la vida de nuestros familiares”, coincidieron al señalar los familiares de los detenidos.
Aseguraron que las autoridades de la Policía del estado Sucre no han dado información oficial sobre la situación. Además, denunciaron abuso de poder y violaciones a los derechos humanos.
“No les dan agua, no les han dado comida, no hay un buen trato y, ahora, hay cuatro muertos pero no nos dicen nada” , aseveró Ana Rosa Cardiet.
La mayor preocupación de Cardiet es que trasladen a su hijo a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar; o a La Pica, en el estado Monagas.
“Cómo vamos a ir a visitar nuestros familiares, si no tenemos dinero y aquí no nos explican nada, pero cuando uno se alborota, hace huelga y protesta, entonces, uno es malo” dijo.
Cardiet cuestionó la visita del gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, al recinto policial, pues en conversaciones con los familiares, les aseguró que la situación había sido solucionada, pero las cuatro muertes llenaron de angustia a los familiares.
Retardos acrecientan el hacinamiento
Ciudadanas, como Loreidys Gutiérrez, denunciaron que los retardos procesales contribuyen con el hacinamiento de los detenidos e instó a fiscales y jueces a que atiendan los casos. Además, aseguró que cuando les corresponde ir al Circuito Judicial, las audiencias son diferidas.
En opinión de Elena Córdoba, las muertes dentro del recinto pudieron evitarse, pero faltó entendimiento de las autoridades.
Ante la falta de información oficial, Córdoba cuestionó las verdaderas razones del presunto motín.
“No se trata de un motín en toda la policía sino en el calabozo P3. Nosotros no tenemos información oficial para saber que esas personas fueron asesinadas o se suicidaron y ahora se lo quieren achacar a nuestros familiares “, aseveró.
Defensoría presente
Los familiares también advirtieron retrasos en la actuación de la representación de la Defensoría Delegada del Pueblo en el estado Sucre.
Juan Carlos Ramos, representante de la institución, sostuvo que una comisión se presentó en el Iapes en el momento en el que se produjeron los hechos.
“La Defensoría Delegada del Pueblo levantará un informe del caso en el marco de sus competencias” precisó.
Ramos confirmó que los cuatro asesinatos se produjeron en el calabozo en el que se encuentran los presos por cometer abusos sexuales contra niñas y adolescentes.
El funcionario aseguró que al día siguiente que se produjeron las muertes, la situación había sido controlada por las autoridades policiales y que el sistema de justicia se mantenía atento a las exigencias de los presos.
Huelga nacional
El pasado 9 de junio de 2024, los reclusos de más de 50 centros de reclusión en Venezuela iniciaron una huelga de hambre pacífica.
Entre los recintos sumados a la protesta pacífica, se encontraba el Internado Judicial de Cumaná, el Centro de Formación del Hombre Nuevo, en el municipio Bermúdez; dos centros de Detención Preventiva de la Policía de Carúpano y el Comando del Destacamento de la 532 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Mientras, en los calabozos del Iapes, se reportaba normalidad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones en su Informe de 2023, destacó la falta de garantías judiciales, el hacinamiento y la falta de atención médica en las cárceles del país.
Desde la organización Una Ventana a la Libertad se ha advertido que 70% de los presos venezolanos no tiene sentencia condenatoria.
Este año 2024, Monitor de Víctimas Sucre ha registrado 19 casos de homicidios en la entidad, de los cuales 6 fueron ejecutados en el municipio Sucre, Cumaná; otros 3 en Carúpano, 2 en Río Caribe, 2 en Cariaco, 2 en Marigüitar, 2 en Cumanacoa, 1 en El Pilar y 1 en Paraguaipoa.
Monitor de Víctimas Sucre
