La tarde del pasado lunes 29 de julio, Édgar Alexander Aristeguieta, obrero de 42 años, observaba una de las protestas postelectorales que se desarrollaba en Caracas. Estaba en la entrada de la estación del Metro de Capuchinos. Los manifestantes estaban frente a él, en la avenida San Martín, al oeste de Caracas, y se habían congregado para rechazar los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral que dieron como presunto ganador a Nicolás Maduro. Entre la multitud estaba el estudiante de 19 años, Jeison Gabriel España Guillén.
En medio de la movilización, se escuchó una ráfaga de disparos. A Aristiguieta lo alcanzó un balazo en la nuca y murió en el sitio. Su cadáver fue llevado directamente a la morgue de Bello Monte. A España Guillén lo hirió un proyectil en el pecho y lo trasladaron al Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo, donde murió ese mismo día. En ambos casos se desconoce el victimario.
Con la muerte de Aristiguieta y España Guillén ya son 19 los homicidios registrados en Venezuela en medio de las protestas postelectorales que reclaman la reelección de Maduro en unos comicios calificados como fraudulentos por la oposición venezolana y cuestionados por la opinión internacional. Todas las muertes han sido por heridas con arma de fuego.
Caracas es la ciudad con la mayor cantidad de muertes en las movilizaciones. La represión se cobró la vida de al menos seis personas en la capital venezolana.
Aragua es el segundo estado con más homicidios en las manifestaciones. El 29 de julio mataron a cinco personas en una movilización en la redoma de San Jacinto de Maracay.
En Zulia y Miranda hubo dos muertes en las protestas postelectorales. Mientras que en Táchira, Bolívar, Yaracuy y Carabobo hubo uno en cada estado.
Tal como ocurre en los homicidios de Aristiguieta y España Guillén, en 47% de los casos, se desconoce quién efectuó los disparos.
A los pistoleros identificados como colectivos (paramilitares o civiles armados que apoyan al chavismo) se les atribuye 31% de los asesinatos, mientras que las fuerzas de seguridad del Estado son señaladas en 24% de las muertes. En un caso, los disparon provinieron de colectivos y policías.
En investigación
La mañana del 30 de julio hallaron el cadáver de Dorian Rair Rondón, de 22 años, en Las Adjuntas. El joven había salido a protestar el día anterior en ese sector y, de allí, se fue a su casa, en la carretera hacia Los Teques. Se presume que fue interceptado mientras andaba en su moto y asesinado. Lo despojaron de su vehículo. Su caso no se ha sumado a los homicidios de la violencia postelectoral porque aún se investiga si su muerte estuvo vinculada con las manifestaciones.
A las estadísticas de homicidio que lleva Monitor de Víctimas se suma una pareja de motorizados que murió en una colisión en el contexto de las protestas.
En Barinas se contabilizan 60 detenciones arbitrarias en contexto postelectoral desde el 29 de julio hasta el 1 de agosto, el balance lo presentó Roland García, director ejecutivo de la organización Fundehullan.
García aseguró que de esa cifra, 53 personas continúan detenidas, quienes permanecen recluidas en el destacamento 33 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio Barinas.
Además, afirmó que a los detenidos se les impidió acceso a la justicia y que los abogados no pudieron entrar a la audiencia de presentación. Dicha situación, vulnera el debido proceso del artículo 49 de la Constitución.
El apartado establece: “Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”.
Sin comunicación
Fundehullan también registró la falta de comunicación que existe entre los familiares y los detenidos.
García destacó que cinco de los detenidos son menores de edad, dos dependientes de insulina y un joven con discapacidad.
De este modo, la organización insta a las autoridades a respetar el debido proceso y el derecho a la integridad física de las 53 personas que continúan detenidas en contexto de manifestaciones pacíficas poselectorales.
Añadió que el Estado venezolano está obligado a garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas.
En El Mañanero del 2 de agosto de 2024 de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: El régimen de Maduro no permitió que los seis venezolanos refugiados en la sede diplomática de Argentina en Caracas abandonaran el país junto a los 14 funcionarios del gobierno de Javier Milei tal y como lo establece la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.
“El Estado ha respondido realizando una criminalización generalizada de la protesta, señalándolas a todas como violentas y terroristas, ha judicializado a más de 1.000 personas y ha activado no solo a los cuerpos de seguridad, sino también a civiles armados que han disparado armas de fuego contra manifestantes y realizado detenciones, en algunos casos, de personas que se encuentran desaparecidas”, comunicado del Partido Comunista de Venezuela (PCV)
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aceptó el recurso de amparo que introdujo el gobernante Nicolás Maduro para solicitar que “se aclaren” los resultados de las elecciones del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador al actual gobernante pese a las irregularidades denunciadas por la oposición.
Durante una transmisión hecha en radio y televisión, la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez informó que Nicolás Maduro, Luis Martínez, Edmundo González, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Benjamín Rausseo, Enrique Márquez, José Brito, Javier Bertucci y Claudio Fermín fueron convocados “en su carácter de candidatos en el proceso de elección presidencial celebrado el 28 de julio de 2024 para que comparezcan intuitu personaea esta Sala Electoral del Máximo Tribunal de la República el día viernes 2 de agosto de 2024 a las 2:00 de la tarde”.
“Esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de la República asume el compromiso con la paz, la democracia y en procura del orden constitucional de la República, garantizando que la voluntad de las electoras y los electores reciba una efectiva y oportuna tutela judicial”, agregó Rodríguez.
ÚLTIMA HORA | TSJ admite recurso de amparo de Maduro sobre las presidenciales: emiten citación a todos los candidatos a comparecer ante la Sala Electoral https://t.co/LCvYPiVpySpic.twitter.com/6Ar4hdE93w
El día martes 31 de julio, Nicolás Maduro acudió al TSJ a introducir este recurso de amparo y, a su salida del Máximo Tribunal, afirmó que lo que se busca es que la sala “se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado”.
Maduro también afirmó estar listo para presentar el 100% de las actas que supuestamente certificarían su triunfo, pese a que la oposición asegura contar con más del 80% de las actas que le darían una amplia ventaja a su candidato, Edmundo González Urrutia.
“La sala electoral del TSJ se debe abocar a dirimir este ataque al proceso electoral y este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral . Debe aclarar todo lo que tenga que aclarar sobre estos ataques”, dijo Maduro a los medios tras acudir al TSJ.
Apelando a la #ConstituciónDeVenezuela me he puesto a la orden para ser sometido a cualquier investigación que sea requerida por el #TSJ. De manera soberana, canalizaremos esta situación y la vamos a superar con la ley y las instituciones. Venezuela tiene una #ClaseObrera… pic.twitter.com/IETp8X56yZ
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, publicaron en un portal web más del 80% de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio. Estas actas tienen en detalle información del estado, municipio, parroquia y centro de votación. Además, el sitio permite visualizar el acta de cada mesa escrutada.
Hasta este jueves, 1 de agosto a las 6:50 de la tarde, esta página web, que se actualiza constantemente, señala que Edmundo González obtuvo la victoria en las presidenciales con 7.173.152 votos (67%), frente a 3.250.424 de Maduro (30%).
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE), todavía no emite el segundo boletín de los resultados electorales con la totalización de las actas. Incluso, la página web del ente comicial está caída. Según la ONG VE Sin Filtro, no se puede acceder al sitio web del CNE dentro ni fuera de Venezuela. Añaden que el impedimento es “impuesto por el propio organismo electoral”.
Machado anuncia que está resguardada y convoca concentración para el 3 de agosto
Mientras tanto, la opositora María Corina Machado informó en un artículo que divulgó el Wall Street Journal que está resguardada y que teme por su vida.
“Maduro no ganó las elecciones presidenciales venezolanas del domingo. Perdió de forma aplastante frente a Edmundo González, 67% a 30%. Sé que esto es cierto porque puedo demostrarlo. Tengo actas obtenidas directamente de más del 80% de los centros electorales del país”, señaló Machado en el artículo.
Después de algunas horas de difundirse este artículo, Machado publicó un video en sus redes sociales donde convocó a una concentración el sábado 3 de agosto en la avenida principal de Las Mercedes a las 10:00 de la mañana.
GANÓ VENEZUELA!!! 🇻🇪
Firmes, organizados y movilizados ahora vamos a COBRAR!
En un artículo publicado este 1 de agosto en Wall Street Journalla líder opositora electa en primarias, María Corina Machado, insistió en que el gobernante Nicolás Maduro no ganó la contienda del pasado 28 de julio y pidió apoyo a la comunidad internacional.
En el texto, titulado “Los venezolanos estamos dispuestos a derrocar la dictadura. ¿Nos apoyará la comunidad internacional?, Machado destaca que escribe desde el resguardo debido a las amenazas de una actuación en su contra.
“Escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas de la dictadura liderada por Nicolás Maduro. Maduro no ganó las elecciones presidenciales venezolanas del domingo. Perdió de forma aplastante frente a Edmundo González, 67% a 30%. Sé que esto es cierto porque puedo demostrarlo. Tengo actas obtenidas directamente de más del 80% de los centros electorales del país”, destacó Machado.
En el artículo, la coordinadora nacional de Vente Venezuela comentó que sabían de antemano de los obstáculos que acarrearía el camino electoral: “Sabíamos que el gobierno del Sr. Maduro iba a hacer trampa. Hemos sabido desde hace años las artimañas del régimen y sabemos que el Consejo Nacional Electoral está totalmente bajo su control. Era impensable que Maduro reconociera su derrota”.
Acto seguido, enumeró todos los obstáculos que atravesó la campaña opositora, como la prohibición a su inscripción en las elecciones pese a haber ganado la primaria, luego el impedimento de que la sustituyera Corina Yoris, el encarcelamiento de decenas de miembros de su equipo y de seis de sus principales colaboradores, que pidieron asilo desde marzo en la embajada argentina
Respecto al día de la votación, comentó que desde primeras horas del 28 de julio vieron “aumentar la participación como un cohete” y que minutos después de que empezaran a llegar los resultados, confirmaron que la victoria de la oposición sería “aplastante”: “Y sabíamos que quienes están en el poder, aterrorizados por las consecuencias personales de décadas de desgobierno, harían todo lo posible por aferrarse al poder”.
Machado insistió en que el resultado anunciado casi a la medianoche, que dio como ganador a Maduro con 51% de los votos, fue “fraudulento”.
“La verdad es que el Sr. Maduro no ganó en uno solo de los 24 estados de Venezuela. Esto no sólo fue confirmado por cuatro recuentos rápidos diferentes y dos encuestas independientes a pie de urna, sino también por todos y cada uno de las actas de los votos que vimos llegar, en tiempo real. Apresuradamente, Maduro actuó para neutralizar a nuestros testigos voluntarios en los centros electorales del país. Se dieron órdenes para hacer imposible su trabajo, para expulsarlos de los centros de votación, para negarles la prueba física de los resultados. Estos órdenes fueron desobedecidas por una gran parte del personal del Consejo Nacional Electoral y los militares. Contra viento y marea, nuestros testigos protegieron con sus vidas los recibos de los votantes durante toda la noche”, abundó Machado.
Denunció “represión brutal”
En el texto Machado expuso que para el 29 de julio en la mañana la oposición logró recabar casi la mitad de las actas, y que en horas de la tarde, tuvieron las suficientes “para confirmar la certeza matemática de nuestra victoria”, que fueron posteriormente compartidas a un sitio web para que todo el mundo las viera “y los jefes de Estado de todo el mundo recibieron pruebas de este fraude descarado”.
Destacó en este punto que el CNE, que por ley debe publicar estos resultados en un plazo máximo de 48 horas tras las elecciones, “cerró rápidamente su propio sitio web”, alegando un ciberataque desde Macedonia del Norte.
Machado recordó que luego de estos resultados polémicos estallaron “protestas espontáneas, especialmente en sectores pobres de Caracas y otras ciudades” y alertó que la represión de parte de las autoridades ha sido “brutal”.
“Las fuerzas de seguridad del Estado han matado al menos a 20 venezolanos, encarcelado a más de 1.000 y forzado 11 desapariciones. La mayor parte de nuestro equipo se encuentra en la clandestinidad y, tras la expulsión de siete misiones diplomáticas de Venezuela, mis ayudantes en la embajada argentina están siendo protegidos por el gobierno de Brasil. Podrían capturarme mientras escribo estas palabras”, alertó.
El artículo concluye con un llamado a la comunidad internacional:
“Los venezolanos hemos cumplido con nuestro deber. Hemos expulsado al Sr. Maduro. Ahora le toca a la comunidad internacional decidir si tolera un gobierno manifiestamente ilegítimo. La represión debe cesar de inmediato, para que pueda producirse un acuerdo urgente que facilite la transición a la democracia. Hago un llamamiento a quienes rechazan el autoritarismo y apoyan ala democracia para que se unan al pueblo venezolano en nuestra noble causa. No descansaremos hasta que seamos libres”.
La afirmación hecha pública por la Cancillería de Colombia, avanzada por Bolivia durante la reunión reciente de la OEA y a cuyo tenor no podría su Consejo Permanente debatir ni adoptar medidas con relación a Venezuela al no ser esta un Estado parte, implica una grave y peligrosa desviación para el sostenimiento de la democracia y la libertad en las Américas.
Todavía más, los que eso sostienen y los que impidiesen la adopción de una resolución demandando de la dictadura venezolana presentar y someter a observación internacional experta sus actas electorales, han vulnerado abiertamente cuestiones de orden público internacional. Me refiero a las que tienen su asidero en los principios consagrados desde 1945 tras la Segunda Gran Guerra, asentados con las Declaraciones Americana y Universal de Derechos Humanos y que son sustentos del Derecho internacional contemporáneo, universal e interamericano.
En concreto, la OEA se encuentra ante una cuestión que desborda la hipótesis de una mera violación, por fraude electoral, de estándares legales internos o técnicos internacionales a los que debe someterse todo acto de votación en una democracia. En el caso, tras la declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral venezolano, en cuanto a que Nicolás Maduro es presidente reelecto, sin que mediase un conteo de actas ni la emisión progresiva de boletines y arguyendo en su defensa un atentado ocurrido contra el sistema de transmisiones de votos para ocultar las mismas actas, configura una grave alteración del orden democrático. Así cabe calificar jurídicamente lo ocurrido, a tenor de la Carta Democrática Interamericana. Pero volvamos a la cuestión de fondo.
Si el procaz argumento colombiano-boliviano tuviese algún asidero, cualquier Estado que desee hacer la guerra y violar sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo sin verse perseguido por el Derecho internacional, le bastaría denunciar la Carta de San Francisco y retirarse de la ONU y de los demás organismos internacionales a los que pertenece. Tanto como, en las Américas, los Estados que decidieron atentar contra la dignidad humana –los derechos políticos, no se olvide, hacen parte de los derechos humanos de primera generación– como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, lo primero que han hecho durante el curso de las últimas décadas ha sido conspirar contra la OEA y su sistema interamericano de protección; al punto que, la misma Venezuela, violando la Constitución vigente de 1999, denunció primero la Convención Americana de Derechos Humanos y luego el Pacto de Bogotá, que instituye a la Organización de los Estados Americanos.
Pues bien, a Colombia y a Bolivia, por lo pronto y a los Estados que dentro de la OEA se han sumado a la artificiosa tesis, cabe decirles que siendo ellos parte del Sistema Interamericano, entre ellos mismos, cuando menos y en cuanto a la seguridad democrática y la defensa de derechos humanos en el hemisferio, les es obligante acordarse y determinar sobre sus comportamientos colectivos en tan graves asuntos. Mas omitieron al respecto, sin explicar –de ser cierta la tesis de que no pueden pronunciarse sobre asuntos de Estados que no son parte de la OEA– cómo fue que en el año 2022 se pronunciaron sobre un Estado ajeno, y me refiero a Ucrania, para “declarar el deterioro de la situación humanitaria en Ucrania profundamente preocupante y totalmente inaceptable y, en este sentido, exigir el respeto de los derechos humanos y el cese inmediato de actos que pueden constituir crímenes de guerra”.
El asunto, en suma, es que, por una parte, la Constitución venezolana consagra en su texto el derecho humano de petición internacional de toda persona –sin necesidad de que pase por las alcabalas de su Estado– a efectos de ver protegidos sus derechos, como el que se respeten sus derechos políticos a elegir; siéndole imposible al Estado venezolano desligarse internacionalmente al respecto. Y por la otra, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, los principios de protección de la persona y sus libertades son inderogables, como esos que dimanan de la Carta Democrática Interamericana que consagra a la democracia como “derecho de los pueblos” y los contenidos en la Declaración Americana de Derechos Humanos, como el derecho de sufragio y de participación en el gobierno, y el derecho al orden social que lo asegure, como reza la Declaración Universal.
La falsa tesis colombiana y boliviana, de neta factura ideológica, pudo acaso valer antes del Holocausto y en el viejo derecho internacional. No es más así. Y la Carta Democrática, que ciertamente no es un tratado, es una interpretación auténtica de las obligaciones que en materia de derechos humanos y entre estos los derechos políticos hacen parte del denominado Derecho imperativo (ius cogens), del que no puede desligarse ningún Estado a riesgo de incurrir en una violación palmaria del Derecho internacional. Y eso pasó ayer en la OEA.
A los entendidos sobre estos asuntos cabe recordarles que, más de una vez Israel frente al asunto palestino, en sede de la Corte Internacional de Justicia, alegó que no siendo Palestina Estado parte reconocido a la luz de algunos tratados de derecho humanitario, mal podían invocarse estos en su favor. Y la Corte le recordó, claramente, que las normas que tienen que ver con la protección de las personas –piénsese en los votantes venezolanos cuyos derechos políticos han sido aplastados por la dictadura de Maduro– obligan a todos los Estados, sean o no Estados parte, pues se trata de “principios instrangredibles (sic)”.
Por lo visto y es esta la desdorosa conclusión, a la luz de lo expuesto: una mayoría del Consejo Permanente de la OEA conjugó a favor del gendarme, del Estado y su gobierno, olvidando proteger a sus víctimas, al pueblo venezolano. Enterró los principios fundantes del Derecho internacional que obliga a todos a no hacer la guerra, a resolver pacíficamente los conflictos, y a proteger los derechos fundamentales de la persona humana en todas las instancias.
La ONG VE Sin Filtro analizó todo el proceso de las elecciones presidenciales, concluyendo que estos comicios se desarrollaron “en un contexto de severas restricciones a los derechos humanos en el entorno digital”.
Mediante un informe publicado en su página web, VE Sin Filtro señaló que en la campaña electoral documentó 12 nuevos casos de bloqueos contra medios de comunicación, organizaciones de DDHH y un VPN. Todas estas páginas son “particularmente promotoras del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, sin contar los bloqueos ocurridos luego de las elecciones”.
“Las elecciones se celebraron con un ecosistema de medios restringido, reduciendo las garantías para una participación libre e informada”, señaló la organización.
Hasta la fecha, señaló VE Sin Filtro, hay 61 medios de comunicación con bloqueos activos en los principales y más grandes proveedores de Internet. Bloqueos que afectan a 86 dominios, sumando un total de 431 eventos de bloqueos activos.
Asimismo, las páginas web de 9 organizaciones y proyectos de DDHH también están bloqueadas, con un total de 41 eventos de bloqueos activos.
Casos de bloqueo iniciados durante la campaña que siguen activos / VE Sin Filtro
Un día antes de la elección, también fueron bloqueadas las páginas wikipedia.org y es.wikipedia.org “en un intento por impedir la carga de actualizaciones”. De acuerdo con VE Sin Filtro, las restricciones fueron aplicadas en Digitel y NetUno.
VE Sin Filtro alertó que ante la incertidumbre, protestas ciudadanas y el desconocimiento nacional e internacional de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, los principales proveedores de Internet han bloqueado, con múltiples técnicas, al menos tres páginas web en las que el Comando Con Venezuela anunció que publicaría las actas de sus testigos con los resultados por mesa de votación.
En simultáneo, VE Sin Filtro reportó el bloqueo de elecciones2024venezuela.com, una página que proporciona información sobre las elecciones presidenciales.
“El bloqueo de este sitio web coincidió con el rumor de que esta era la página donde se podrían consultar las actas de las mesas de votación”, señaló la organización en su informe.
La organización VEsinFiltro también confirmó restricciones para el acceso a la página del CNE, la cual contiene datos oficiales sobre la elección presidencial. No abre dentro ni fuera de Venezuela.
Según la ONG, los impedimentos para acceder a esa página han sido impuestos por el mismo CNE y no por los proveedores de Internet, “faltando a su responsabilidad de hacer disponibles los resultados electorales y otras informaciones de interés público”.
Destacó la organización que en Venezuela no es posible ingresar ni siquiera desde CANTV, la empresa de Internet estatal del gobierno.
Esta página comenzó a no abrir desde el exterior ni en proveedores nacionales como: Digitel, NetUno, Airtek, Fibex e IPnet, luego se empezaron a encontrar las mismas restricciones también en CANTV.
“El CNE ha hecho que las tres direcciones IP (190.9.10.130.15, 200.11.144.25, 200.44.45.5) de www.cne.gob.ve estén accesibles solo para ciertas redes”, apuntó la organización.
VE Sin Filtro explicó que los hallazgos fueron verificados mediante mediciones de RIPE Atlas y otras mediciones estandarizadas.
VenApp no solo se sumó a la campaña de Nicolás Maduro. Luego del polémico resultado electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral, en contra del cual se levantaron una serie de protestas en todo el país, en la plataforma se añadió una ventana para denunciar a las personas que desde el oficialismo son calificadas como “fascistas” por participar en esas manifestaciones. En una alocución de este martes, 30 de julio, el gobernante Nicolás Maduro hizo un llamado a utilizar el ‘1×10 del Buen Gobierno’ para este fin.
“Los criminales que tumbaron las estatuas de Chávez en La Guaira, en Coro, en Los Teques, fueron capturados y están presos. Vamos a abrir una ventana especial en la página VenApp, que utilizamos para el 1×10 del Buen Gobierno, para toda la población venezolana, para que ahí, de manera confidencial, me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado y atacado al pueblo”, enfatizó Maduro.
Además de eso, expresó que la intención es “ir por ellos” con la finalidad de que haya justicia.
La aplicación apareció en el 2022 y fue anunciada por el propio Nicolás Maduro. Desde el inicio, intentó desvincularse del oficialismo utilizando una estética gráfica diferente y en sus redes sociales se definen como “un puente” entre la población y los entes gubernamentales. Pero, con esta última declaración, se hace evidente que existe una conexión entre la administración de Nicolás Maduro y el desarrollo de la aplicación móvil.
Ciudadanos en tareas de inteligencia
Defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por la manera como se pretende vincular a ciudadanos corrientes a tareas de inteligencia y consideran que se trata de la puesta en marcha de un modelo de represión.
Rafael Uzcátegui, de Laboratorio de Paz, afirmó que la manifestación pacífica es un derecho: “Involucrar a civiles en labores de orden público es inconstitucional”.
“Se está promoviendo la institucionalización de la delación, lo que incrementará las violaciones a los derechos humanos, en un contexto de respuesta represiva al malestar ciudadano por el desconocimiento de la voluntad popular”, indicó.
Uzcátegui considera que este es un modelo adaptado de Nicaragua “con mayor cierre del espacio cívico y clausura del ejercicio de las libertades políticas”. Acotó que están alertando a los organismos internacionales “para intentar que haya contención al abuso de poder, en esta y el resto de situaciones”, dijo.
Al entrar a la app de VenApp, se podía observar que se incorporó la opción de “denuncia” y aparecía “guarimba fascista”. Después se desplegaban una serie de opciones como “daño al patrimonio público” y “alteración del orden público”, “cierre de vías públicas”, “amenazas”, “guarimbas fascistas”, “robo”, “desinformación” y “ataques a personas”.
La nueva opción incorporada en VenApp.
Esta información se hizo viral en las redes sociales y, por medio de X, los usuarios iniciaron una campaña para denunciar y que fuera eliminada de la App Store, en teléfonos iOS, y en la Play Store, en dispositivos Android. RunRunes confirmó que la aplicación fue eliminada de ambas tiendas.
Canales de “sapeo”
En respuesta a esto, entre la militancia del PSUV y en grupos de Telegram, como uno llamado ‘CazaGuarimbas’, se comenzó a viralizar otra aplicación conocida como ‘CC200’.
De acuerdo a ‘Cazadores de Fake News’, “durante la campaña presidencial de 2024 se promovió el uso de “CC200” para la organización del PSUV”. A través de ella, los usuarios también pueden denunciar y ofrecer datos de geolocalización.
CC200 es la nueva aplicación asociada al PSUV.
Al igual que CC200, en los grupos de Telegram, usuarios adeptos al oficialismo comparten información personal de personas que asisten a las protestas como nombres, apellidos y ubicación.
“La mayoría de las detenciones se han llevado a cabo en Distrito Capital con 111, Anzoátegui con 110, Carabobo con 106, Miranda con 51 personas detenidas, Barinas con 37 y Nueva Esparta con 30. En Barinas no le habían permitido a las personas ver abogados, ni comunicarse con sus familiares”, informó la organización sin fines de lucro.
El Foro Penal denunció una ola represiva protagonizada por organismos del Estado como guardias nacionales, policías y también colectivos.
En este contexto, el Monitor de Víctimas, ha documentado 17 víctimas en las protestas poselectorales desde el 29 de julio hasta el 31. Seis a manos de colectivos, tres guardias nacionales, una víctima a mano de policías y seis no determinados.
¿Qué hace VenApp con los datos?
Según una investigación realizada por Cazadores de Fake News, la aplicación pertenece a una empresa llamada ‘Venquis’, la cual es una compañía de big data que ha sido acusada de promover la desinformación en apoyo a candidatos en Bolivia, funcionarios de Panamá, República Dominicana y Venezuela.
En tiempos electorales, VenApp se caracterizó por ofrecer su plan de ‘VenApp Salud’, una opción de cirugías exprés, al igual que ser un puente para la obtención de medicamentos y otros insumos como sillas de ruedas. Todo esto a cambio de información personal que, advirtieron expertos, podría servir para base de datos del oficialismo.
David Aragort, de la organización Redes Ayudas, le dijo a RunRunes, que las “respuestas rápidas” previo al proceso electoral podrían tener la intención de aumentar la popularidad del candidato y recopilar datos de los usuarios.
“Podría permitirle al gobierno venezolano microsegmentar al electorado, es decir, dividirlo en grupos muy pequeños a los que se le podrían dirigir mensajes personalizados en futuras campañas electorales, basándose en sus intereses, preocupaciones y necesidades”, aseguró Cazadores de Fake News.
