Cinco días después de una consulta electoral particularmente polémica, el Consejo Nacional Electoral, presidido por Elvis Amoroso, aún no publica las actas ni el desglose de votos de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Aún sí, con toda tranquilidad, ha declarado ganador de la contienda al actual presidente, Nicolás Maduro.
Negados, de forma no verbal, a entregar las actas que fundamenten la anunciada victoria oficialista, Maduro -y Amoroso, y Tarek William Saab- afirman que el sistema electoral fue objeto de un ataque cibernético, orquestado por la oposición desde la República de Macedonia del Norte. Maduro corre a la Sala Electoral del TSJ, bajo su control, para galvanizar la legalidad de su apresurada proclamación. El Plan República responde afirmando, “Chávez vive”.
Al haber colgado el 84% de las actas en un anunciado website, digitalizadas y procesadas, el Comando de María Corina Machado ha dado un golpe maestro en materia de percepciones, y, como demostración, ha convencido a la mayoría del país y la comunidad internacional en torno al triunfo electoral de Edmundo González Urrutia.
Las expresiones electorales de la Oposición venezolana, en este caso el Comando con Venezuela como actor legítimo de esta justa, es agredido y perseguido. El número de presos no hace sino aumentar. La publicación de unos resultados electorales que no han podido ser desmentidos ha acentuado el desencanto en parte de la militancia chavista, circunstancia que es perfectamente apreciable en las redes sociales. Hasta ahora, no hay manera de construirle un relato creíble a la victoria oficialista. La calle lo desmiente a diario.
Los mandos revolucionarios interpretan equivocadamente la descarga de argumentos opositores como un intento de sedición, y desatan una ola represiva no vista en Venezuela en décadas. La sede de Vente Venezuela es vandalizada por elementos anónimos. De pronto parece que se acabó la racionalidad.
Una de las conclusiones inevitables de este brusco -pero previsible- giro autoritario de Maduro consiste en calibrar la aceleración del deshielo chavista. Nuevos gajos de malestar se van rebanando del cuerpo social venezolano. El oficialismo quiebra sus propios pisos de popularidad. Para poder seguir en el poder, por primera vez en sus 25 años en el poder, los mandos dirigentes revolucionarios han decidido transitar el espinoso trayecto de ser una circunstancia impuesta. La sociedad quiere una cosa, el Estado otra.
Es imposible, en esta hora, no reparar en la total asimetría de la campaña electoral: el monopolio de los recursos que tuvo el chavismo; los impedimentos impuestos a Edmundo González Urrutia; la judicialización de su comando de campaña; el castigo pecuniario a quienes les ofrecían posada o comida. La promoción de una aplicación para que los vecinos delaten a sus vecinos.
Nada de esto pudo impedir las desconcertantes concentraciones que tuvieron lugar en todo el país entre los partidarios del cambio político, y el dictamen, no desmentido hasta ahora por un solo chavista, que ofrecen las actas colgadas en la página que ofrece el Comando con Venezuela.
Nunca como ahora está amenazada en Venezuela el propio significado de la palabra “política”: con está histórica fase represiva, expresada en olas selectivas de terrorismo de Estado, las fuentes se esconden; las encuestas entran, sin querer, en las zonas del delito; las opiniones dejan de existir; los pareceres están en estado de sospecha.
La imposición de las cosas por la fuerza le puede permitir al gobierno de Maduro obrar en perfecta simetría con otras dictaduras del globo, a las cuales puede acudir a cobijarse, y acaso prolongar su presencia en el poder.
A cambio, la avería de credibilidad, el desgaste, los argumentos reciclados, las inconsistencias de la dirigencia y subestimado el hartazgo que tiene la ciudadanía en torno a su proceder, podría haberse consolidado como un status definitivo entre la población.
