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13 periodistas detenidos por cubrir eventos electorales y poselectorales: siete han sido liberados

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Desde el lunes 29 de julio hasta el sábado 4 de agosto a las 10 de la mañana, el Foro Penal ha identificado y verificado 988 arrestos asociados a las protestas opositoras que reclaman la publicación de las actas oficiales de las elecciones presidenciales que anunciaron a Nicolás Maduro como ganador con 6.408.844 votos, equivalentes al 51,95% del total escrutado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Dichas detenciones han incluido a periodistas que han sido arrestados por ejercer sus funciones.

En este mismo periodo, la organización IPYS Venezuela registró 72 vulneraciones a la libertad de prensa constituidas en 57 casos relacionadas a la cobertura electoral o de manifestaciones ciudadanas en el país. Asimismo, la organización Free Press Unlimited reportó que al menos 51 periodistas han sido agredidos por documentar hechos sobre la situación político electoral en Venezuela.

Detenidos por cubrir protestas opositoras

Luego de las asambleas ciudadanas convocadas en todo el país por la líder opositora María Corina Machado, el sábado 3 de agosto se reportó la detención del periodista José Gregorio Camero en Valle de la Pascua, estado Guárico. Justo después de la manifestación opositora en el municipio Infante, encapuchados, presuntamente de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), se lo llevaron detenido, según el reporte del SNTP.

Asimismo, la periodista Dayana Krays, corresponsal internacional del medio La Data de Ecuador, fue detenida en el Distrito Capital después de cubrir la concentración de María Corina Machado. Sin embargo, el propio medio anunció que Krays fue liberada el mismo 3 de agosto, luego de que el gobierno la retuviera por “fomentar el odio” al ejercer su trabajo periodístico.

El viernes 2 de agosto detuvieron a la fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal, estado Miranda, Deysi Peña, quien estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques, cuando funcionarios de Polimiranda la abordaron y la subieron a la patrulla policial, atribuyendo su detención a las fotos de las protestas del 30 de julio, subidas a sus redes sociales.

El mismo 2 de agosto también apresaron al periodista y dirigente político Roland Carreño, imputado por delito de terrorismo y conspiración, parte de los mismos cargos por los que estuvo estuvo preso desde octubre de 2020 hasta octubre de 2023. Su liberación el año pasado fue parte del Acuerdo de Barbados, firmado entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Sin embargo, esta vez acusan a su partido de promover (Voluntad Popular) de promover sanciones en esta coyuntura política. Por ello, se encuentra en El Helicoide.

Detenciones desde las elecciones

A pocas horas de iniciar la jornada electoral del domingo 28 de julio, a las 9 de la mañana, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a la periodista Erika Rincón y al camarógrafo Miguel Pachano, del Diario Órbita en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui. Según la denuncia hecha por la oenegé Espacio Público, ambos hacían tomas audiovisuales de la jornada electoral en la plaza Bolívar con un dron, que aparentemente fue la causa de la aprehensión. A las 2:20 de la tarde fueron puestos en libertad pero les decomisaron el dron.

El domingo electoral también fue detenido arbitrariamente el periodista e historiador Jesús Piñero. Según el reporte de la oenegé Provea, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mientras hacía acto de presencia en un centro de votación en La Pastora, Caracas.

El 29 de julio, primer día que se registraron protestas en rechazo a los resultados emitidos por el CNE, efectivos de la GNB detuvieron al reportero gráfico de Noticia Digital, Yousner Alvarado, cuando grababa una protesta en las inmediaciones de los edificios Los Marqueses, en la avenida 23 de Enero del estado Barinas. A Alvarado le imputaron delitos de terrorismo.

Ese día también se reportó la detención de Paul Léon, reportero de VPI Tv del estado Trujillo. León estaba cubriendo una protesta en la avenida Bolívar de Valera cuando la GNB y la PNB de Trujillo realizaban un operativo en conjunto, en el que lo detuvieron cerca de las 11 de la mañana. En ese mismo hecho, el SNTP denunció que los funcionarios de seguridad agredieron a la periodista Yuliana Palmar del medio Qué Pasa Venezuela y Trujillo Zona Roja, a quien le robaron su celular. 

De la misma manera, en un operativo en conjunto de la GNB y la PNB, detuvieron el 30 de julio al periodista independiente Joaquín Ponte, en San Juan de los Morros, estado Guárico, sin especificar los motivos de su detención.

Periodistas extranjeros deportados

Mientras  periodistas venezolanos han podido comprobar la anulación de sus pasaportes en el portal del Saime, algunos de los que vinieron de afuera a cubrir el proceso electoral se les ha expulsado del país. El periodista Ivan Núñez y el fotógrafo José Luis Tapia, corresponsales internacionales del medio chileno 24 horas, fueron detenidos a las 10 de la mañana del 1 de agosto en Chururú, estado Táchira, a pesar de ingresar legalmente a territorio venezolano a través de la frontera con Cúcuta. Luego fueron deportados.

El jueves 1 de agosto el SNTP también denunció la expulsión de los corresponsales del canal italiano Rai News 24, el periodista Marco Bariletti y su camarógrafo Ivo Bonito, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

A su vez, en la madrugada del lunes 29 de julio fue detenido por la DGCIM el periodista español Cake Minuesa, reportero de Ok Diario, quien fue deportado ese mismo día en un vuelo por Bogotá.

Según los registros de IPYS Venezuela, entre el 25 de julio y el 3 de agosto 11 trabajadores de la prensa extranjeros han sido expulsados del país.

Ante las agresiones y detenciones a trabajadores de la prensa en Venezuela, la embajada de los Estados Unidos condenó “enérgicamente el uso continuo de leyes ambiguas para acosar, detener y arrestar a periodistas por cumplir con su labor. Exigimos la liberación inmediata de todos los periodistas detenidos y que se respete, en lugar de temer, la libertad de prensa”, a través de un post en X el 4 de agosto de 2024.

ARI – IPYS 

Lula pidió paz y entendimiento y Boric dijo que hablará sobre Venezuela este 6 de agosto

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El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo este lunes 5 de agosto en el Palacio de La Moneda en Chile que tiene un compromiso para restablecer la paz en Venezuela y promover la paz y el entendimiento.

Tras reunirse con su homólogo Gabriel Boric en la sede del gobierno chileno, el mandatario amazónico pidió transparencia en los resultados electorales que dieron como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro el pasado domingo 28 de julio.

“El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia. El compromiso con la paz es el que nos lleva a promover el diálogo y el entendimiento entre el gobierno y la oposición”, dijo Lula.

Fue la primera declaración pública del mandatario luego que las administraciones de Brasil, México y Colombia suscribieron un comunicado el pasado jueves 1 de agosto donde pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por el excontralor general de la República y ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Elvis Amoroso, poner fin al conflicto y publicar de forma expedita las actas con los datos desglosados por cada mesa de votación.

Boric dijo que no hablará de Venezuela sino hasta este martes 6 de agosto, cuando culmine la visita de Lula, sin embargo el pasado sábado dijo: “Mantenemos nuestra posición: no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

Verificación “imparcial” y soberanía

“Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado, mediante la verificación imparcial de los resultados”, se desprende del comunicado suscrito por Brasil, México y Colombia.

El viernes pasado, antes de que Maduro acudiera al Tribunal Supremo de Justicia junto a ocho de los candidatos a la presidencia (faltó el representante de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia), Amoroso leyó un segundo boletín que ratificaba el supuesto triunfo del líder chavista por 51,9%, sin mostrar las actas de escrutinio correspondientes.

González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado aseguran que poseen las actas certificadas, donde este primero ganó por una abrumadora diferencia.

Países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Perú reconocieron a González Urrutia como ganador, mientras que este domingo el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell sostuvo que sin pruebas que los respalden, los resultados no pueden ser reconocidos por la Unión Europea.

 

 

No reprimir y hacer respetar los votos: El llamado de Machado y González a las FANB y cuerpos policiales

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En un comunicado conjunto, la dirigente opositora María Corina Machado y el candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia, instaron a los funcionarios militares y policiales a impedir la represión contra los ciudadanos y a “hacer respetar” los resultados del 28 de julio, fecha en la que, según las actas que tiene la oposición emanadas del sistema de cómputos del Consejo Nacional Electoral, González se habría impuesto por una amplia mayoría. 

“Venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de Julio nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde ciudadano, testigo, miembro de mesa, oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta los organismos internacionales y gobiernos, lo saben. Con las actas en la mano el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas. Hemos hecho nuestra parte. Hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuese incuestionable. Es un triunfo obtenido con enorme energía y firmeza, y lo hemos hecho en paz. Obtuvimos el 67% de los votos, mientras Nicolás Maduro logró el 30%. Esa es la expresión de la voluntad popular. Ganamos en todos los estados del país y en la casi totalidad de los municipios. De esta realidad son testigos todos los ciudadanos, incluidos los miembros del Plan República”, comienza explicando la carta.

González Machado FANB

Machado y González Urrutia rechazan que Maduro “se niegue a reconocer que fue derrotado por el país entero” y que, ante la “legítima protesta” de los ciudadanos, haya optado por  lanzar una “brutal ofensiva” contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, ” con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y, al mismo tiempo, pretender arrinconar a los vencedores.

“Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses. Mientras ustedes están representados por ese pueblo que salió a votar, por sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional, por sus familiares y amigos, cuya voluntad quedó expresada el 28 de julio y ustedes conocen. Estamos conscientes de que en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos que en forma pacífica reclaman sus derechos y su victoria. Los venezolanos no somos enemigos de la FAN. Con esa disposición, los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan, al amparo del poder maligno que representan. Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones del 28 de julio. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden. constitucional y los quiere hacer sus cómplices”, se lee textualmente en el comunicado.

Ambos dirigentes opositores recalcan que cuentan con “pruebas irrefutables de la victoria: “El informe del Centro Carter es demoledor sobre las condiciones y el resultado electoral, mientras Maduro intenta fabricar unos resultados cuando, además, el lapso legal para la publicación de los mismos ha vencido”, acotaron. 

Instaron a los Miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales atender a sus deberes institucionales: “No repriman al pueblo, acompáñenlo”.

Casi al final de la carta, destacaron que ofrecen garantías a quienes cumplan con su deber constitucional y que no habrá impunidad: “este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos”. 

“Nosotros ganamos esta elección sin discusión alguna. Fue una avalancha electoral, llena de energía y con una organización ciudadana admirable, pacifica, democrática y con resultados irreversibles. Ahora nos corresponde a todos hacer respetar la voz del pueblo. Procede, de inmediato, la proclamación de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República”, concluye la misiva. 

Colectivos armados ganan protagonismo en Venezuela

Equipo In.visibles 

Luis Eduardo Roberto Hernández, un mototaxista de Upata, estado Bolívar, en la zona minera de Venezuela, murió el martes 30 de julio a causa de un impacto de bala en la cara, cuando participaba en manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales, que proclaman como supuesto ganador a Nicolás Maduro.

“A mi hijo me lo mataron los colectivos”, dijo su padre, Luis Roberto, a periodistas de El Pitazo. Asegura que los médicos que trataron al joven de 19 años, le habían dicho que la muerte había sido causada por una bala. Sin embargo, funcionarios del Gobierno intentaron desviar la historia diciendo que Luis Eduardo había muerto por una pedrada en la cabeza. 
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Texto original publicado en Invisibles

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En solo tres días –entre 28 y el 30 de julio de 2024– las organizaciones Monitor de Víctimas y Provea registraron que al menos 22 personas murieron durante cientos de protestas alrededor de Venezuela, luego de que el Consejo Nacional Electoral dijera que Maduro había conseguido el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del candidato opositor Edmundo González Urrutia. 

El fiscal general impuesto por la constituyente,  Tarek Williams Saab, dijo que en el mismo lapso se habían detenido a otras 1.062 personas (organizaciones de la sociedad civil han verificado 939 casos). Además, se han reportado decenas de casos de amenazas y persecución a líderes sociales, activistas políticos y periodistas, en un contexto de alta criminalización de las manifestaciones.

Denuncias de testigos y familiares de víctimas de la represión señalan a los llamados colectivos (grupos paramilitares que defienden la revolución de Maduro) de participar en algunas de las detenciones arbitrarias y en al menos siete asesinatos de manifestantes. 

La oposición dice que según su propio conteo, consiguieron el triunfo con 70% de los votos, contra el 30% de Maduro. 

En medio del debate está el proceso de verificación de las actas, que el gobierno todavía no publica, aun tras reiteradas solicitudes de gobiernos considerados aliados en la región y observadores independientes. En cambio, ha acusado a la oposición de fomentar un golpe de estado y ha expulsado a diplomáticos de países que cuestionaron los resultados de las elecciones. El partido de María Corina Machado, líder de la oposición que fue impedida de participar en la contienda electoral, dice que sus oficinas fueron atacadas por asaltantes enmascarados. Machado pasó a vivir en una casa segura, tiene miedo.

La nueva (vieja) Venezuela

Aun antes de la ola de protestas, la tensión había marcado una contienda electoral que muchos definían como histórica, por la posibilidad real de la coalición de oposición de llegar al poder por la vía de los votos, tras 25 años de gobiernos chavistas. 

En este período, Venezuela se convirtió en un paraíso para la corrupción y el crimen organizado. Proliferaron una variedad de grupos armados que van desde megabandas y pranes –nacidos en las cárceles del país– hasta  colectivos armados, una suerte de grupos paramilitares que dicen buscar defender la revolución de Hugo Chávez. Estas estructuras rápidamente se desarrollaron, se dedicaron a mercados criminales, como microtráfico de drogas, extorsiones, secuestros, trata y tráfico de personas, minería ilegal y sicariato, entre otros, y encontraron formas de sacar provecho a su privilegiada relación con el Estado. 

Los colectivos, que no operan como una unidad nacional pero tienen llegada al Estado, lograron construir un mercado criminal basado en el control territorial y las gobernanzas que comenzaron a ejercer en las comunidades donde operaban. 

Desarrollaron negocios relacionados con la comercialización de alimentos, el control de las estaciones de servicio para la ventana del combustible subsidiado -que con frecuencia escasea en Venezuela–, la administración del suministro de gas, las operaciones de cambio de divisas y la minería y comercialización de oro. Muchos se enfocaron en el cobro de extorsiones a cambio de “seguridad”, el microtráfico de drogas y los asesinatos selectivos. 

Aunque no es posible precisar el número de personas que integran los colectivos, expertos afirman que utilizan más violencia que otras organizaciones, en parte gracias a las armas a las que tienen acceso. 

Investigadores han documentado la presencia de un centenar de colectivos en al menos 14 de los 23 estados de Venezuela. Los más fuertes y conocidos son: Tres Raíces, La Piedrita, Alexis Vive (23 de Enero), Catedral, Cupaz (Lara, Portuguesa y Yaracuy), Red Elco (Lara), Frente 5 de Marzo (Apure), Cara Al Río (Miranda), Hijos de Bolívar y Coco Secos (Sucre).

El año de los colectivos

El enorme giro para los colectivos se da desde el 2021, cuando lograron ocupar los territorios y mercados criminales que algunas megabandas habían dejado, luego de que sus miembros comenzaran a ser perseguidos y muertos en presuntos enfrentamientos con la policía y sus grupos se reorganizaron, en Venezuela o en otros países. 

En esas zonas, además de controlar las actividades ilícitas, los colectivos también ejercen un importante y muy sofisticado control territorial, e imponen gobernanzas criminales. Además, cumplen un importante rol en la represión política a la oposición y por mucho tiempo se les consideró el brazo armado de la revolución bolivariana. 

Los colectivos, por ejemplo, acompañaron a las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en el combate a las bandas criminales, y actuaron junto a los cuerpos de seguridad en la represión de las protestas de 2014 y 2017, cuando fueron acusados de al menos 28 homicidios. En los momentos más críticos que enfrentó su gobierno, Maduro llamó a los colectivos a apoyarlo y dijo ser su mayor defensor. En las protestas de esta semana, se cree que los colectivos participaron en al menos siete de las muertes de manifestantes.

Residentes de zonas donde operan dijeron que los colectivos han tomado el rol del Estado, incluyendo en la administración de servicios públicos, distribución de alimentos y acceso a servicios de salud.

Un incidente ocurrido el pasado 4 de febrero en Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, dejó en evidencia la relación entre los colectivos y el gobierno de Nicolás Maduro. 

Un grupo de 14 presuntos integrantes de un colectivo denominado “Cara Al Río” fueron detenidos por la Policía cuando desvalijaban un vehículo robado. Habitantes de la comunidad denunciaron el presunto robo y aseguraron que los delincuentes se encontraban en un galpón de la zona. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron, presuntamente encontraron a los miembros del colectivo con el vehículo, y con una cantidad de armas de fuego.

Horas más tarde, integrantes del colectivo, la mayoría encapuchados y con armas, hicieron una protesta en una gran avenida para exigir la liberación de sus compañeros y obligaron a los transportistas a bloquear el paso. 

El viceministro del Sistema Integrado Policial Seguridad Ciudadana, mayor general Elio Estrada, eventualmente ordenó la liberación de los detenidos y dejó sin efecto el procedimiento que se les seguía. Además, se reunió con el colectivo y les prometió que este tipo de situaciones no volverían a ocurrir, según muestra un video del momento.

Estrada Paredes, quien también funge como viceministro del Sistema Integrado Policial, también ordenó que se les devolvieran las ocho armas que portaban al momento de ser detenidos, cuatro motocicletas, un vehículo y una grúa, según informaron medios digitales.

La semana pasada, luego de las elecciones presidenciales, los venezolanos volvieron a ser testigos del poder de los colectivos. Encapuchados, vestidos de negro, en motos y con armas de fuego salieron disparar contra los manifestantes, a perseguir y detener a quienes protestaban en rechazo a los resultados de los comicios, como se vio en videos que circularon en redes sociales. 

Residentes de Petare y El Valle reportaron que en los días posteriores a los comicios, los colectivos ingresaban a las barriadas en horas de la noche junto a los cuerpos de seguridad para impedir las protestas. “Andan con la policía. Lo que hacemos es apagar las luces de las casas porque ellos no conocen bien las calles del barrio”, dijo una vecina de la localidad, ubicada en el municipio Sucre, en la Gran Caracas.

“No Hay Futuro”

Cuando se lo enfrenta con las cifras que ilustran la gravedad de la situación en Venezuela, Maduro dice que lo peor ya pasó. Pronostica un crecimiento económico. Dice que la nueva Venezuela está llegando.

En los barrios marginalizados de la afuera de Caracas, y más en el resto del país, los testimonios cuentan otra historia. 

Hablan de falta de alimentos, de sueldos que no alcanzan, de extorsiones, armas y miedo.

En el contexto de las protestas, los habitantes de las comunidades de las periferias dicen que en las noches se escuchan las balaceras y que los colectivos salen a patrullar junto a la Policía Nacional, cuyos números están en la baja, en parte porque muchos de sus miembros han migrado a otros países.

Mientras tanto la gran pregunta es cuál será el futuro de estas organizaciones que tanto poder amasaron durante las últimas décadas si algún día dejan de tener el monopolio de la fuerza, o la connivencia estatal. La respuesta implica algunas consideraciones. 

Este reposicionamiento de los colectivos estaría amparado en la premisa de la unión cívico-militar-policial promovida por el propio Maduro, que no es otra cosa que la actuación conjunta como un solo ente de funcionarios y colectivos. Esta “fusión” e intercambio de roles abre la posibilidad a que miembros de estás organizaciones paramilitares permanezcan dentro de los cuerpos de seguridad, con los riesgos que esto implica para la reconstrucción de la institucionalidad.

Esto tiene muchas implicancias en cuanto a la búsqueda de justicia sobre los crímenes cometidos durante la represión porque la participación de estos civiles dificulta la posibilidad de establecer responsabilidades y de atribuir sanciones.

Finalmente, el poder que estos grupos han amasado es tal que se han convertido en un actor clave en el complejo tablero de Venezuela, uno con el que cualquier gobierno futuro necesitará negociar y buscar acuerdos. Esto puede generar, además, un potencial nuevo reacomodamiento del panorama criminal, con todos los desafíos que ello implica.

Acosado por violador de los derechos humanos

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Maduro es rechazado por sinvergüenza y torpe. A pesar del terror que aplica, no podrá seguir usurpando el poder porque el entorno cambió. Está acosado por violador de los derechos humanos

Maduro lleva años acosando a los venezolanos que se oponen a las violaciones de los derechos humanos, al empobrecimiento, destrucción del país, a la corrupción y al narcotráfico. Ahora está acosado por los ciudadanos que no aceptan sus fechorías, por los principales gobiernos democráticos del mundo y por numerosas ONG. Es rechazado por sinvergüenza y torpe. A pesar del terror que aplica, no podrá seguir usurpando el poder porque el entorno cambió.

Inicialmente, el llamado Socialismo del siglo XXI tuvo respaldo de la mayoría que percibió que mejorarían las condiciones de los menos favorecidos. Sin embargo, solo se ha beneficiado una camarilla integrada por políticos de baja ralea, por algunos abogados, militares y empresarios sin principios, ni valores. No han podido ocultar su riqueza mal habida, ni la ineptitud para gobernar. El pueblo les pasó factura el 28 del mes pasado.

¿Por qué esta vez sí lograremos salir de quienes han abusado del poder? ¿Acaso no hemos fracasado en otras oportunidades? Sin ser exhaustivo, podemos mencionar lo siguiente:

  • Por primera vez, la oposición a Maduro es una mayoría abrumadora, porque aumentó exponencialmente la población en nivel de pobreza crítica y todos los servicios públicos están en el suelo. Además, gran parte de quienes están en Venezuela tienen hijos, padres, hermanos o familiares entre los más de ocho millones que tuvieron que emigrar. Paralelamente, la población se percató de la corrupción de los relacionados con el régimen y quiere libertad.
  • Maduro se equivocó al pensar que vetando a María Corina Machado y encarcelando a parte de su comando podía trampear la elección. Tampoco calibró su valentía, conexión con el pueblo y capacidad de organización. Ella tiene el respaldo de la gente, fue capaz de promover la excelente candidatura de Edmundo González y lograr que 7.156.462 ciudadanos votaran por él, en comparación con los 3.241.461 de Maduro. Contra todos los obstáculos, sus comanditos lograron las actas de la votación y su equipo las montó en internet. Una proeza.
  • Ante los números chapuceros del presidente del CNE, la divulgación de las actas electorales por María Corina ha permitido que varios países reconozcan a Edmundo como presidente electo y otros le exigen al CNE que presente las que fueron consignadas. Maduro intentó una farsa burda. Tuvo una derrota aplastante.
  • La represión ha sido brutal, 22 ciudadanos asesinados, más de 1200 detenidos y varios desaparecidos, hogares violados, la sede de Vente asaltada y obligan a ciudadanos a mostrar contenido de sus celulares. Además, según Delsa Solórzano, el régimen ha detenido a testigos para obligarlos a firmar un documento negando que cumplieron esa labor el día de la elección. Sin duda esto es parte del plan para intentar falsificar actas.
  • Es difícil calcular cuánto de los votos que obtuvo Maduro son de seguidores y cuántos fueron obligados por ser empleados públicos o militares. En todo caso es un número importante. Si en el PSUV hay militantes honestos que quieren permanecer en la política, lo sensato sería que presionen a Maduro para que reconozca su derrota. Una democracia requiere la presencia de diferentes ideologías. Por otra parte, la oficialidad de la Fuerza Armada tiene que considerar que es su obligación respetar la voluntad del pueblo.
  • Maduro y su camarilla están acosados por la presión interna y externa. Tendrán que irse. María Corina les dijo el sábado pasado “nosotros no queremos venganza, ni retaliación, queremos el reencuentro de la sociedad venezolana en la verdad, la justicia y en el amor”. Les conviene aceptar esta oferta, por el bien de Venezuela y de ustedes. Ojalá la crisis no se prolongue. Para ello es importante la presión internacional. Petro y Lula deben estar conscientes de que es relevante para sus países una solución a corto plazo y podrían ser factores para una transición pacífica.

Como (había) en botica

  • Edmundo no asistió a la citación del TSJ porque este organismo pretende usurpar responsabilidades del CNE con la complicidad de Amoroso.
  • Muy buena la posición de Enrique Márquez.
  • Solidaridad con Emill Brand, y con Roland Carreño, Ricardo Estévez, Enzo y Vicente Scarano, recientemente detenidos, con el resto de presos políticos, varios de ellos desaparecidos forzosamente, así como con Humberto Villalobos, Fernando Martínez Mottola y los otros cuatro luchadores refugiados en la embajada Argentina.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Por qué la democracia?

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Hoy más que nunca, para fortalecer las instituciones democráticas, hay que promover la transparencia y la rendición de cuentas

@cjaimesb

La democracia, con todos sus defectos –y a pesar de sus imperfecciones y desafíos– sigue siendo el mejor sistema de gobierno por varias razones fundamentales. Y es que la democracia ofrece una serie de ventajas que la hacen única y preferible en comparación con todas las demás formas de gobierno. Examinemos algunas de ellas:

En primer lugar, la democracia se basa en el principio de la soberanía popular, lo que significa que el poder emana del pueblo y es ejercido por él. Esta idea fundamental asegura que los ciudadanos tengan la capacidad de elegir –libremente y sin coacciones– a sus representantes. También les permite participar en la toma de decisiones políticas que afectan sus vidas. La democracia garantiza la participación activa de los ciudadanos en la vida política y fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes.

Además, la democracia promueve la protección de los derechos individuales y civiles, como la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación y la igualdad ante la ley. Estos derechos son fundamentales para garantizar la dignidad y la autonomía de los ciudadanos, así como para prevenir el abuso de poder por parte de las autoridades, sobre todo de los cuerpos de seguridad del Estado.

La democracia también establece un sistema de pesos y contrapesos que limita el poder de los gobernantes y protege a los ciudadanos de posibles abusos. Recordemos a Lord Acton: “Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Otro aspecto importante de la democracia es su capacidad para fomentar el diálogo y el consenso entre diferentes sectores de la sociedad. A través de la deliberación y el debate público, los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y buscar soluciones a los problemas comunes de manera pacífica y constructiva. La democracia permite la diversidad de opiniones y la pluralidad de intereses, lo que enriquece el proceso político y promueve la inclusión de todas las voces en la toma de decisiones.

Y quizás su ventaja más importante es su perfectibilidad, que ha sido el factor fundamental para lograr la universalización que hoy se manifiesta en la aplicación global del derecho humanitario.

Por supuesto, y a pesar de sus ventajas, la democracia también tiene sus limitaciones y desafíos, que no son inherentes a sí misma, sino a quienes pretenden ejercerla de maneras diferentes a su esencia: la corrupción, la desigualdad, la polarización política y la falta de participación ciudadana son problemas comunes en muchos sistemas democráticos. Derivan esencialmente de la falta de vigilancia y de mecanismos de control adecuados, de la abstención en los procesos electorales y de las rutas no democráticas tomadas por quienes llegaron al poder democráticamente.

Hoy más que nunca, para fortalecer las instituciones democráticas, hay que promover la transparencia y la rendición de cuentas y fomentar la participación activa de los ciudadanos para garantizar el buen funcionamiento de la democracia debido a sus valores fundamentales de libertad e igualdad ante la ley. La democracia es el único sistema conocido en el mundo que garantiza la protección de los derechos individuales, fomenta el diálogo y el consenso, y promueve la inclusión de todas las voces en la toma de decisiones.

Y si bien es necesario abordar sus debilidades y desafíos, sigue siendo la mejor opción para garantizar un gobierno justo, transparente y responsable. Que no se nos olvide…

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El día que cayó el indio Coromoto en Guanare

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 Eran las 4:00 p.m. del 29 de julio cuando cayó el indio Coromoto. Una multitud protestaba desde la mañana en Guanare en oposición a los resultados de la elección presidencial emitidos por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.

En cada intersección vial de la ciudad había quema de neumáticos y gente diversa en las calles. Cientos de motorizados avivaban banderas tricolor y tocaban cornetas en el momento en que se desplazaban en caravana.

En la redoma Indio Coromoto, donde coinciden las avenidas José María Vargas, José Vicente de Unda y Simón Bolívar, se congregaron cientos de personas para manifestar su descontento y exigir transparencia electoral. «¿Si ganamos ampliamente con Edmundo, cómo es que el Gobierno dice que ganó Maduro?», se preguntaban los manifestantes.

La protesta de la redoma se calentó a partir de las 3:00 p.m. A ninguna hora se observó a los cuerpos de seguridad del estado vigilar preventivamente ni ejercer un patrullaje por la zona. «La policía y la Guardia llegaron después de que el indio había caído», señalaron vecinos del Maturín, un barrio popular asentado en el perímetro del monumento.

El indio fue derribado y arrastrado en una caravana motorizada por las principales calles del centro de Guanare sin que los manifestantes consiguieran oposición a este evento. Finalmente, luego de tres horas de paseo, el amasijo de hierro forjado fue dejado frente a la sede del Ejecutivo estadal, ante la mirada e inacción de un contingente antimotín de la policía. Todo parecía indicar que los uniformados estaban conformes.

 

En su pedestal fue colocada un asta improvisada e izada la bandera nacional. El monumento fue rebautizado por los manifestantes como redoma de la Libertad. Así lo dejaron expreso en grafitis estampados en el redondel amarillo.

A las 10:00 a.m. del martes 30, cuando las protestas contra los resultados electorales aún continuaban en todo el país, ocurrió un pronunciamiento del fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

En rueda de prensa, Saab mencionó las detenciones en Portuguesa de Yhoanderson Zambrano González (24 años), Alvi José Niño Torin (45 años), Pedro Antonio Mendoza Castillo (23 años) y Johnny Manuel Peñaloza Inojosa (21 años). Los señaló de actos vandálicos contra el monumento del Indio Coromoto y prometió todo el peso de la ley. Los calificó de terroristas e indicó que los jóvenes serán juzgados conforme a la legislación que prevé este delito.

Un montaje

Johana González (madre), Albimar Niño (hija), Emma Mendoza (hermana) y Andreína Hinojosa (madre), familiares de los jóvenes apresados, coinciden en asegurar que «la detención fue un procedimiento montado». Argumentan que son jóvenes trabajadores que se desplazaban por las calles para llegar a sus hogares.

«Ninguno de los muchachos actuó en un clan, como quiere hacer creer el fiscal. No son terroristas. No fueron apresados durante la quema del indio. Fueron apresados la noche del 29 en barrios diferentes. Ellos no se conocen. Tampoco figuran en los videos que circularon por redes sociales con las incidencias de la protesta, sostienen las mujeres a El Pitazo al exigir una investigación sería y sin sesgos.

Audiencia colectiva

Zambrano González, Niño Torin, Mendoza Castillo y Peñaloza Inojosa están recluidos en la Comandancia General de la Policía Estadal. Para la celebración de los actos judiciales iniciales fueron trasladados al destacamento 311 de la Guardia Nacional.

A ese cuartel militar de Guanare fueron trasladados los jóvenes para la audiencia oral de presentación durante la medianoche del martes 30 de julio. «El acto no fue más que una formalidad de ley para cumplir con el lapso legal de presentación de los detenidos, el cual se establece hasta las 48 horas luego de la aprehensión», informó la abogada Yelin Soto, a quien no le permitieron juramentarse como defensora privada.

La jueza natural de Zambrano González, Niño Torin, Mendoza Castillo y Peñaloza Inojosa, Lisbeth Karina Díaz —titular del tribunal de control 1—, junto al fiscal 1 del Ministerio Público, Javier Uzcátegui, declinó la competencia para conocer de sus casos.

«Las causas judiciales no fueron individualizadas. Fueron sumadas en un solo procedimiento. Había órdenes previas del fiscal Saab de que esta fuese llevada por un tribunal del Área Metropolitana de Caracas especializado en delitos de terrorismo», denunció José Torres, coordinador regional de la organización no gubernamental Foro Penal.

Así, a las 3:51 p.m. del 1 de agosto se constituyó el tribunal caraqueño para, mediante una videollamada, celebrar la audiencia oral de presentación declinada. El juez Ángel Betancourt y la fiscal 48 nacional María Ojeda, con el acompañamiento del defensor público 41 Samuel Serrano, concluyeron que los jóvenes serán investigados bajo privación de libertad.

A los jóvenes se les imputaron los delitos obstrucción de vías públicas (artículo 357 del Código Penal), incendio de estructura de uso público (artículo 343 del Código Penal), incitación al odio (artículo 20 de la Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica) y terrorismo (artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ) .

A los imputados se les otorgó asistencia técnica legal de la Defensoria Pública con competencia en responsabilidad penal, contrario a las exigencias de los familiares, que solicitaban defensores privados. El tribunal ratificó a la Comandancia General de Policía Estadal, con sede en Guanare, como sitio de reclusión.

¿Dónde estaba la policía?

“Mamá, soy inocente. ¡Ayúdame a salir de aquí!”, fue lo primero que le dijo Yhoanderson Zambrano a su mamá, Johana González, cuando ella pudo verlo por 5 minutos en la Comandancia de la Policía Estadal antes de que lo trasladaran al destacamento 311 de la Guardia Nacional.

«Ese lamento no sale de mi cabeza, me aumenta el llanto, la desesperación. El indio no cayó por mi hijo. Él salía de su barbería en el barrio El Cambio. Al indio Coromoto lo tumbaron otros, que actuaron sin que la policía los detuviera», cuenta entre lágrimas Johana González.

“¿Dónde estaba la policía en ese momento, señor fiscal?”, le pregunta la madre a Tarek William Saab.

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