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Videos | Con actas en mano venezolanos en el mundo protestaron por la verdad

Redacción Runrun.es
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Videos | Con actas en mano venezolanos en el mundo protestaron por la verdad

Los venezolanos en más de 341 ciudades del mundo se movilizaron este 17 de agosto en la “gran protesta mundial por la verdad” convocada por la oposición venezolana.

En la jornada previa a esta protesta convocada por María Corina Machado y Edmundo González, la Unión Europea, 22 países y la Organización de Estados Americanos instaron a que se presenten las actas de la votación del 28 de julio, así como a una verificación independiente de los resultados en los que se declaró ganador a Nicolás Maduro. También, instaron a que cesen las detenciones arbitrarias y se respeten los derechos humanos en Venezuela. 

En Londres fueron hasta la embajada

Los venezolanos residentes en la capital británica se congregaron a las puertas de la Embajada de Venezuela en la capital británica, situada en el barrio de Chelsea, con gritos de “queremos libertad para Venezuela y la queremos ahora y “Edmundo presidente”.

Los asistentes se manifestaron alzando copias de las actas electorales presentadas por la oposición venezolana, que dan la victoria al candidato Edmundo González con un 67 % de los votos, más de 7,3 millones.

Además de Londres, otras ciudades británicas como Manchester, Liverpool, Oxford, Bournemouth o Bristol, entre otras, también convocaron sendas manifestaciones a favor de la libertad de Venezuela.

Lleno total en la Plaza del Sol de Madrid

La amplia comunidad de venezolanos en Madrid acudió a la emblemática Plaza del Sol, en donde se congregaron miles de ciudadanos. 

La concentración contó con la presencia de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien expresó que a su país le avergüenza que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, apoye al gobierno de Maduro: “Tiene mucho que callar, muchos negocios, muchos intereses, viajes de lujo, rescate de aerolíneas, maletas de madrugada en Baraja, asesoramientos millonarios”. 

Al evento también asistió la hija del candidato opositor, Edmundo  González Urrutia, quien leyó un mensaje en representación de su padre: “Les hablo de parte del presidente electo”, comenzó expresando Carolina González. “Este es un momento complejo que debemos expresar todos unidos. El régimen quiere ignorar el deseo mayoritario de los venezolanos y ha decidido reprimir, apresar y asesinar a compatriotas (…) Pero me comprometo a seguir luchando porque la decisión de la gran mayoría de los venezolanos se respete“, decía la misiva. 

 

En la ciudad española de Barcelona la protesta también fue masiva y se exigió el respeto a la voluntad popular expresada en el voto. 

Alcalde de Bogotá acompañó la manifestación

Medios colombianos difundieron imágenes de las protestas en distintas ciudades de ese país, el que más alberga a migrantes venezolanos. 

En el Parque Lourdes de Bogotá, el alcalde Carlos Galán hizo hizo acto de presencia, y posteriormente escribió en la red social X que su ciudad “no será cómplice de un fraude electoral”.

” Hoy acompañamos a los miles de venezolanos que se manifiestan en nuestra ciudad. Bogotá es hogar de más de un millón de venezolanos. Esta ciudad se ha forjado con la migración y la presencia de tantos venezolanos refleja lo que somos”, escribió.

En declaraciones a los medios, Galán fijó posición en rechazo a la repetición de elecciones: “Ya se expresó la voluntad popular, no hay lugar para nuevas elecciones, ya hubo elecciones y ganó la voluntad de cambio, lo que nos corresponde a todos es defender esa voluntad”. 

Galán también rechazó la violación de derechos humanos en Venezuela. 

 

 

En Barranquilla, también hubo un plantón para exigir la salida del poder del actual gobierno. 

 

Venezolanos en Brasil le mandan un mensaje a Lula 

 Alrededor de un centenar y medio de personas se concentraron este sábado en la ciudad brasileña de São Paulo para “defender el triunfo electoral de la oposición venezolana” y reclamar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un postura más crítica con el Gobierno venezolano, reseña un despacho de la agencia EFE.

EFE recogió testimonios de los asistentes, quienes rechazaron la propuesta del mandatario brasileño de conformar un gobierno de coalición y convocar nuevas elecciones.

Lorena Lara, venezolana de 44 años que vive desde hace 17 en Brasil,  expresó a la agencia que la propuesta “no tiene sentido” porque las elecciones ya se celebraron “con las reglas del Gobierno” y este aún “no probó” los resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral y que dieron la victoria a Maduro

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Protestas en varias ciudades de Estados Unidos

En las redes sociales se difundieron imágenes de manifestaciones de venezolanos en San Diego, Sarasota, Filadelfia, Fort Myers, Washington, 

Franco de Vita presente en la concentración en Oporto

Venezolanos en Portugal también manifestaron este 17 de agosto. En la ciudad de Oporto, el cantautor venezolano Franco de Vita estuvo presente y difundió videos de la concentración.

 

En Buenos aires ondea el tricolor criollo

La manifestación en la ciudad argentina de Buenos Aires también fue masiva y se desarrolló cerca de la icónica escultura Floralis Genérica,  situada en la Plaza de las Naciones Unidas.

 

Frente a la sede de la ONU en Suiza se levantó el mensaje

La protesta en Suiza tuvo lugar en al frente de la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Allí, se entonó el himno nacional. 

 

Al pie La Bastilla se pidió libertad

En Francia fueron varias las ciudades en las que los venezolanos manifestaron. Al pie de la emblemática Bastilla en París se escuchó al unísono el grito de “libertad”.

En Montepellier, Lyon y Estrasburgo también hubo concentraciones. 

 

En Bruselas denuncian la falta de libertad de expresión

250 personas protestaron contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela. “Este Gobierno nos tiene en pobreza, poca libertad de expresión (…) Si nosotros hubiésemos estado allá, probablemente también fuéramos presos, no podemos decir que no estamos de acuerdo”, indicó a EFE Wilmer Veliz, originario de la ciudad venezolana Valencia y que vive en Bruselas desde hace ocho meses.

“Queremos libertad”, el clamor en Australia

Con banderas y carteles alusivos a las ansias de libertad los venezolanos manifestaron en el centro de Sidney (Australia). Más de un centenar de venezolanos se unieron a la gran marcha mundial para protestar por el “fraude”. 

“¿Quienes somos?: Venezuela, ¿qué queremos?: libertad”?, era el cántico que se escucha en la protesta.

Venezolanos en Alemania manifestaron en varias ciudades

Al ritmo del tambor  y cánticos en varias ciudades alemanas como Dresder, Frankfurt y Belín los venezolanos clamaron por la libertad del país.

El himno nacional sonó en Irlanda

En Dublín, un nutrido grupo coreó el himno nacional de Venezuela, enfatizando en el “abajo, cadenas”.

Nutrida convocatoria en Italia

En diferentes ciudades, los venezolanos en Italia también expresaron su descontento con la represión en Venezuela. La protesta incluso llegó al Metro de Milán.

 

En Letonia junto al monumento a la libertad

En Riga, Letonia, un grupo de personas portando banderas de Venezuela y del país báltico posaron junto al Monumento a la Libertad de Riga. “Riga, Letonia, de pie por la libertad de Venezuela”, manifestó en su cuenta de la red social X el Comando Nacional de Campaña de los líderes opositores María Corina y Edmundo González.

En Malasia afirman que la lucha será “hasta el final”

Desde Malasia, ratificaron que la lucha será “hasta el final” y enviaron un mensaje de solidaridad a los venezolanos que enfrentan la represión en el país.

“Sabemos que es difícil, pero está vez será distinto (…) La única forma que tenemos para seguir adelante es apoyándonos mutuamente, dentro y afuera. La comunidad internacional están con los ojos puestos en Venezuela”.

En Corea los locales se sumaron a la protesta

En las imágenes difundidas de la protesta de venezolanos en Corea del Sur se pueden apreciar a ciudadanos locales con carteles en las que hacen un llamado de emergencia al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

En Estocolmo pidieron ayuda para restaurar la democracia

Con actas en mano, los venezolanos en Estocolmo pidieron ayuda para que se restaure la democracia en el país. “Aquí están las actas”, coreaban una y otra vez.

 

Banderas de Venezuela e Israel juntas

En “defensa de la verdad” y para exigir respeto a lo expresado en las urnas, venezolanos en Israel manifestaron con las banderas de ambos países, reseñó Un Mundo sin Mordaza. 

Los tres venezolanos en Uganda dijeron presente

“Somos solo tres personas -de Venezuela- que estamos en Uganda, y vivimos a muchas horas, pero estamos contigo, Venezuela, y queremos una Venezuela libre y esto es hasta el final”, expresó una ciudadana del país residente en esa nación africana con un pequeño cartel. Los otros dos venezolanos también mostraron sus banderas.

 

Hasta en Catar mostraron actas

Una residente venezolana en Catar compartió una imagen de un par de niñas mostrando un acta de votación. En las convocatorias de las protestas se pedía a los ciudadanos que descargaran su acta de la página que habilitó la oposición y la llevaran impresa. 

La voz amplificada de extremo a extremo

En las redes sociales se compartieron imágenes de manifestaciones de venezolanos desde distintos rincones del mundo como Tokio, Aberdeen (Escocia), Oman, Madagascar, Malta, El Cairo, entre otros. 

 

 

El reporte incluyó información de la agencia EFE

UE, 22 países y la OEA exigen actas y respeto a DDHH en Venezuela

A Piero Maroun lo detuvieron mientras cenaba con su familia

Redacción Runrun.es
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A Piero Maroun lo detuvieron mientras cenaba con su familia

La ola de represión y persecución a los dirigentes opositores continúa. En horas de la noche del 16 de agosto fue detenido Piero Maroun, secretario de organización de Acción Democrática, mientras comía con su familia en un restaurant en Caracas.

El momento en el que es abordado por los presuntos agentes fue grabado. El partido Acción Democrática dijo que tres personas no identificadas lo obligaron a abordar camioneta Toyota placas AB873CD.

 

Maroun acompañó activamente la campaña electoral de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Ambos dirigentes exigieron su inmediata liberación.

” No podrán tapar la realidad del 28 de julio: ganamos contundentemente. Llamamos al respeto de nuestra constitución, a la sensatez y al cese de la persecución a nuestra dirigencia y a los venezolanos. Venezuela decidió un cambio en paz”, escribió González Urrutia. 

Entretanto, Machado precisó que con Piero Maroun, son más de 1300 detenciones las que se totalizan desde el 28 de julio: “No podrán ocultar con su represión lo que todo el mundo sabe. ¡Libertad para Piero! ¡Libertad para todos secuestrados y presos políticos!”.

La Plataforma Unitaria también condenó los hechos, pidió conocer el paradero de Maroun y exigió su libertad inmediata : “La persecución y amedrentamiento contra los dirigentes de las fuerzas democráticas no cambiarán la voluntad del pueblo venezolano que decidió cambiar su futuro y votó por Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio”.

Se acentúa persecución contra dirigentes

El medio aliado El Pitazo reseña que con Maroun, son seis los dirigentes de AD detenidos tras el 28 de julio: José Camero, secretario general del partido en Guárico, el 3 de agosto; Endrick Medina, secretario de Organización y director de la Alcaldía de Torres, en Lara; y Beatriz Andrade, concejal del municipio Freites, en Anzoátegui y miembro de la dirección municipal del partido, el 7 de agosto.

En esta misma lista se incluyen Fernando Feo, secretario general del partido y alcalde del municipio Tinaquillo, en Cojedes, el 4 de agosto; y Williams Dávila, miembro de la dirección nacional de AD, el pasado 8 de agosto. Dávila actualmente está recluido en un centro de salud de Caracas por una fuerte infección. 

A los detenidos de AD se suman otros miembros de partidos políticos como Freddy Superlano, a quien se llevaron dos días después de las elecciones; Américo de Grazia, exdiputado por el estado Bolívar, arrestado el 7 de agosto; y Carlos Chancellor, dirigente opositor y exalcalde del municipio Sifontes, en el estado Bolívar.

Otra detención que resalta es la María Oropeza, jefa del comando de campaña Con Vzla en Guanare, estado Portuguesa. Oropeza grabó el momento en el que funcionarios de la Dgcim tumbaron la cerradura de su vivienda y se la llevaron sin una orden judicial. 

María Oropeza transmitió su propia detención arbitraria

¿La ausencia de metadatos es una prueba de que las actas están manipuladas?

La Hora de Venezuela
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¿La ausencia de metadatos es una prueba de que las actas están manipuladas?

En un trabajo especial de CocuyoChequea verificaron las denuncias desde el gobierno de que las actas recopiladas por la oposición y subidas al sitio web resultadosconvzla.com tienen elementos manipulados.  En concreto, en los últimos días, distintos voceros del oficialismo han dicho que las imágenes de las actas tienen los “metadatos borrados”, lo que supuestamente significa que “ha sido pasado por un software de edición”.

Los metadatos de una imagen, escaneada o fotografiada, revelan información sobre el dispositivo, fecha, hora, calidad de la imagen y a veces, ubicación geográfica y nombre del dispositivo, pero se pueden muy fácilmente editar, modificar, añadir y hasta perder.

¿Quiénes difundieron esta narrativa?

En el reportaje se señala que “reconocidos desinformantes, líderes políticos acusados de corrupción y propagandistas difundieron la narrativa de las actas fraudulentas, sin ninguna base técnica y omitiendo que no son aceptables como ‘pruebas de cargo’ en juicios, por su vulnerabilidad, al contrario del QR y el código debajo de éste, impresos en las actas”.

En el texto se hace mención a que el 11 de agosto de 2024, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo y presidente del canal televisivo estatal VTV, subió a su cuenta de TikTok un extracto de su programa Cable A Tierra, en el que explica que al someter “a experticia” las 9.472 imágenes de las actas escaneadas por la oposición, las cuales “representan el 30% de las actas” (el total para ese momento de la supuesta revisión por parte de Ñáñez), “arrojaron que el 83% de esas imágenes no tienen metadatos, es decir, (…) que pasaron por un software de edición”, enfatizando que “el 83% de esas imágenes no son copia fiel del original”. Medios como El Universal, la página del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y la del propio Ministerio para la Comunicación y la Información (MIPPCI) reprodujeron las declaraciones de Ñáñez.

“Estas páginas webs han sido identificadas como parte de las investigaciones Portales de la mentira y Fábrica de la desinformación, de la Coalición Informativa C-Informa para identificar medios replicadores de desinformación, además de haber difundido las seis encuestadoras sospechosas que promocionaron sin respaldo estadístico la preferencia por el candidato Nicolás Maduro”, indican en el reportaje. 

Dirigentes izquierdistas y periodistas españoles de izquierda también se hicieron eco de esta narrativa sobre los metadatos. El político Pablo Iglesias, líder del partido español de izquierda Podemos, partido acusado de recibir 3,7 millones de euros del gobierno venezolano para asesorías, compartió un hilo en X en el que respalda la investigación del periodista español Román Cuesta para Diario Red, titulada ¿Cómo manipuló las actas la oposición en Venezuela?.

En dicho artículo, Cuesta denuncia “la disparidad de “formatos” que presentaban estos supuestos documentos, en relación a las casillas que recogen las firmas de los miembros de las mesas electorales”, respaldando la creencia de que las actas archivadas en la página web de la oposición fueron manipuladas.

Además, el político y politólogo español Juan Carlos Monedero, militante del partido Podemos, acusado también de corrupción por recibir fondos sin declarar de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela y quien acompañó al gobernante Nicolás Maduro en varios actos de campaña, posteó un video en X de 2 minutos 22 segundos, que cuestiona dónde están los metadatos de las actas, exponiendo exactamente lo que afirmó Ñáñez de las 9.472 imágenes: “del 100% de las actas subidas y sometidas a la prueba, el 83% de las actas ha sido modificada”, según el análisis hecho “con ayuda de un pana programador”.

Actas tienen otros datos que sí las hacen únicas e inviolables

A diferencia del IMEI de un teléfono celular o el número MAC de una computadora, que identifican de forma inequívoca ese dispositivo usado para conectarse a la red, aunque cambie el número de teléfono, el software, el contenido o el usuario, los metadatos son fácilmente alterables, incluso de forma involuntaria.

El propio activista chavista Luigino Bracci Roa escribió en la red social X que los metadatos que pueda tener una imagen “no indican de una forma inequívoca si la imagen ha sido modificada o no. De hecho, los metadatos se pueden editar muy fácilmente, y hay programas de edición y de escaneo que te permiten decidir si le pones metadatos a la imagen o no. Y también se los puedes modificar o quitar a posteriori”.

Bracci reiteró, como han dicho otros antes, que para comprobar si un acta o no es real o fraudulenta, se puede comparar con las actas digitales e impresas producidas por cada máquina de votación al cierre de las mesas, que están en ambos casos en posesión del Consejo Nacional Electoral, las cuales aún no han sido publicadas. “Se puede comparar el hash de cada acta, así como todos los otros datos (incluyendo los votos) y así se pueda comprobar si son reales o no”.

El trabajo precisa que las actas electorales sí tienen datos que las hacen únicas e inviolables, como el hash, un código único que puede descifrar el CNE, como los correos encriptados, que usan el mismo algoritmo con el que se creó la cadena de bloques del Bitcoin.

El hash es justamente un dato, que a diferencia de los metadatos, pero más parecido al IMEI o al MAC; no se puede cambiar e identifica de forma única e inviolable a cada acta de escrutinio o electoral, como explica este artículo de Jesús Herrera para CriptoNoticias, titulado “Las actas electorales de Venezuela son tan inviolables como Bitcoin”.

En el trabajo además se explica que cada acta electoral tiene un QR y una firma digital, que no sólo tiene los datos de candidatos y votos recibidos, sino un código de encriptación que le permite al CNE corroborar con la llave de desencriptación saber si es real. Asimismo, las actas originales están depositadas tanto en la memoria de la máquina de votación como en los pendrive de respaldo, por tanto, están en mano del Plan República y del CNE.

El análisis concluye que la ausencia de metadatos no prueba que las actas sean falsas y no debe ser el único criterio para evaluar su autenticidad. La veracidad de las actas debe ser determinada a través de una auditoría exhaustiva de los documentos originales y sus registros digitales, así como los procesos que llevaron a su producción, como bases de datos, máquinas y bitácoras digitales e impresas, aún no disponibles públicamente por el Consejo Nacional Electoral.

Para leer el reportaje complejo, usted puede hacer clic acá

UE, 22 países y la OEA exigen actas y respeto a DDHH en Venezuela

Redacción Runrun.es
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UE, 22 países y la OEA exigen actas y respeto a DDHH en Venezuela

Contundentes pronunciamientos internacionales se produjeron este 16 de agosto, fecha en la que la Unión Europea, 22 países y la Organización de Estados Americanos (OEA) hicieron llamados a que en Venezuela se respeten los derechos humanos, se publiquen las actas del 28 de julio y se permita una verificación internacional e independiente de los resultados de los comicios del 28 de julio. 

En una declaración conjunta suscrita en Santo Domingo, República Dominicana, se pide expresamente “la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente” de los resultados de las presidenciales, “preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas”.

El texto de la resolución fue leído por el ministro dominicano de Exteriores, Roberto Álvarez, en el Palacio Presidencial en Santo Domingo junto a los firmantes de la declaración. En el documento se enfatizó en que  “toda demora” en la verificación que piden, “preferiblemente por una entidad internacional para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas”, pone en entredicho los resultados publicados oficialmente el 2 de agosto.

En este pronunciamiento conjunto también se urgió a que “se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos”, con especial énfasis en el derecho “a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión”.

Los países firmantes dejaron claro que esto no es la realidad actual en Venezuela, y tildaron de “alarmantes” las denuncias de detenciones arbitrarias. En ese sentido, exigieron la inmediata liberación de todas las personas que enfrenten esta situación. 

Otra solicitud en materia de derechos humanos que dejaron plasmada fue permitir el “urgente regreso a Venezuela” de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, instaron a que se otorguen los salvoconductos a los miembros de Vente Venezuela que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina en Caracas. 

Las naciones que firmaron el documento se comprometieron en apoyar todos los esfuerzos de un “diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela” y destacan que abogarán por una solución “genuinamente venezolana” en la que prevalezcan la democracia, la justicia, la paz y la seguridad.

Además de la Unión Europea, firmaron el documento Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, Reino de España, Estados Unidos de América,   Guatemala, República Cooperativa de Guyana, Italia, Reino de Marruecos, Reino de los Países Bajos, Reino Unido​, Panamá, Paraguay, Perú, República Portuguesa, República Dominicana, Surinam, República Oriental del Uruguay y la Unión Europea.

Consenso en la OEA en resolución sobre Venezuela

También este viernes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso un proyecto de resolución sobre la situación de Venezuela en la que exigen  trasparencia, publicación de resultados y respeto a los derechos humanos. 

El texto  fue presentado en nombre de Estados Unidos y de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay en calidad de copatrocinadores. A la reunión no asistieron  México, Honduras, San Vicente y las Granadinas y Bolivia.

La resolución enfatiza el respeto al principio fundamental de soberanía popular, y considera que se requiere una “verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”.

En la resolución aprobada se subrayó la importancia de proteger y conservar todos los equipos utilizados en el proceso del 28 de julio, incluidas las actas y los resultados impresos, para asegurar la cadena de custodia del proceso de votación.

La OEA instó al Consejo Nacional Electoral también a publicar de manera oportuna las actas con los resultados de las elecciones presidenciales, desglosados por mesa electoral.

Por otra parte, se exhortó a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, “incluyendo el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, así como el derecho a reuniones pacíficas y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin temor a represalias, detenciones arbitrarias o encarcelamientos injustos”. 

La OEA también hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales, incluidas las autoridades venezolanas, “a evitar acciones que puedan obstaculizar la resolución pacífica de la crisis, respetando la voluntad del electorado venezolano”.

Por último, el organismo expresó su “solidaridad con el pueblo venezolano” y se comprometió a continuar monitoreando la situación. 

Las mujeres tampoco escapan de la represión

13 puntos de preocupación de la ley contra las ONG aprobada en la AN

Redacción Runrun.es
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13 puntos de preocupación de la ley contra las ONG aprobada en la AN

En sesión del 15 de agosto de 2024 la Asamblea Nacional, de corte oficialista, aprobó la polémica ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de ONG y asociaciones civiles sin fines de lucro, también conocida dentro del seno de la sociedad civil como “ley anti-ONG” o “ley antisociedad”  por el carácter “altamente punitivo” de sus artículos. 

Varias ONG han venido alertando desde principios de 2023 -cuando Diosdado Cabello la propuso- que el objetivo de esta ley es restringir aún más el espacio cívico, así como las libertades de asociación y defensa de los derechos humanos. Cuando Cabello planteó la elaboración de la ley, señaló que al menos 62 ONG que hacen vida en el país son “apéndices del imperialismo”.

Defiende Venezuela alertó en un comunicado que la veloz aprobación de la ley en agosto “se da en un contexto de creciente represión, en el cual el Gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado el control político tras las denuncias de fraude en las elecciones que le otorgaron la reelección”.

A continuación, se revisarán los puntos que más preocupan sobre el texto legal recientemente aprobado, basados en las consideraciones de Defiende Venezuela,  Acceso a la Justicia y Espacio Público.

Cualquier ONG sin fines de lucro sujeta a estas pautas

En su artículo número uno, se plantea que el objetivo de la ley es “regular la constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las ONG y las organizaciones sociales sin fines de lucro de carácter privado”.

El artículo 5 de la ley indica que cualquier organización sin fines de lucro está sujeta a sus pautas, independientemente de su carácter. Deben cumplir entonces un nuevo registro y definición de estatutos las asociaciones civiles, fundaciones y medios organizativos, “así sean deportivos, benéficos, de temas de DD. HH., cualquiera sea su fin será regulada por esta ley”, mencionó en una conversación virtual con periodistas Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia. 

ONG quedan ilegalizadas: todas deben volver a registrarse y presentar nuevos estatutos

Espacio Público advirtió que las organizaciones no gubernamentales que existen en Venezuela quedarán ilegalizadas al entrar en vigencia la ley, con la imposición de un nuevo registro cuya creación estará a cargo del ministerio con competencia en justicia, es decir, “a un nivel sublegal”.

Las organizaciones, independientemente de su denominación, tendrán un plazo de tres meses para registrarse y presentar ante el registro público información sobre sus servicios, según lo establece el artículo 26.

Además, según la disposición transitoria segunda, las ONG tienen un plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, para adecuar sus estatutos sociales.

Acceso a la Justicia advierte que el incumplimiento de este deber “producirá la nulidad del registro”. A su vez, Defiende Venezuela denuncia que el hecho de obligar a las ONG a incluir nuevos fines y actividades, “viola su autonomía, al imponer decisiones que deberían ser competencia exclusiva de sus asociados”. 

Impago de multas será causal de disolución

El artículo 28, numeral 4, establece que la falta de pago de las multas impuestas en la ley se consideraría una causal de disolución de las organizaciones. Las multas son elevadas, con montos que equivalen a entre 100 y 1000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela.

Defiende Venezuela indica que estos pagos representarán “una carga financiera desproporcionada para las organizaciones”. Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, consideró que las multas son impagables para más del 90 % de las ONG que funcionan en el país.

“Las multas decretarían el cierre de una ONG. Estas multas se impondrán por incumplimiento de deberes formales, hasta por una fotocopia que no entregue la organización se la pueden imponer, y si no la paga, pueden disolverla. En Venezuela no hay cárcel por deudas, entonces acá se incorpora esto, si una ONG no paga una multa, que es una deuda patrimonial, deja de tener personalidad jurídica, es como ir a la cárcel por una deuda”, denunció Daniels. 

ONG obligadas a notificar al Ejecutivo sobre financiamiento o donaciones

Al artículo 22, numeral 3, se le agregó un nuevo elemento que establece que todas las ONG deben notificar al Ejecutivo Nacional sobre el financiamiento o donaciones que reciban, precisó el abogado Alí Daniels. 

Las organizaciones deben, entonces, proporcionar una relación completa de las donaciones recibidas, “identificando a los donantes y especificando si son nacionales o extranjeros, y si las donaciones son esporádicas o recurrentes”, precisa Defiende Venezuela.

Nuevamente, queda a merced de las autoridades decidir si estos aportes se consideran o no lícitos. En este punto, Espacio Público advierte que este tipo de información “en manos de un Estado que no garantiza las libertades básicas, aumenta el riesgo a mayores detenciones arbitrarias, cierres masivos de organizaciones y el cese de sus actividades, en represalia por acciones legítimas”.

Agregan que, además de esta potestad, en la ley el Ejecutivo tendrá otras facultades “discrecionales y arbitrarias”, pues la ley establece que podrá dictar las “normativas necesarias”, así como diseñar, implementar y evaluar los “mecanismos de aplicación, control, supervisión y seguimiento de las políticas”. 

Advierten que no existirán “mecanismos efectivos de contraloría o garantías de independencia de poderes al momento de su aplicación, lo que reitera el carácter sesgado de la ley al facilitar sus fines represivos”.

Perjudicará distribución de ayuda humanitaria

El hecho de que se deje a discreción de un funcionario si los fondos de las ONG son lícitos o no limitaría que bajen a tiempo los recursos para las actividades de ayuda humanitaria que realizan las ONG en Venezuela.

“En la administración pública venezolana tú haces una solicitud y pueden pasar meses para que te respondan. Si ya el proceso es dificultoso para los donantes, esta nueva situación puede tener repercusiones terribles para la ayuda humanitaria, porque en este proceso pueden perderse vidas. La ayuda humanitaria implica asistencia para la vida y salud de personas víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja, si se va a agregar la necesidad de que alguien diga que los fondos son lícitos y que pueden aplicar, se imaginarán las consecuencias que tendrá”, advirtió Daniels.

Mencionó que a esto se suma el riesgo de que algunas organizaciones no gubernamentales pierdan su personalidad jurídica –lo que les impediría manejar fondos-.  Y en el caso de se les permita seguir funcionando, son tantos los requisitos que se les piden que, incluso cumpliéndolos, encarecerán el costo del trabajo que hacen y, en consecuencia, la ayuda humanitaria que va a llegar será menor: “Ahora tendrán que destinar recursos, tantos personales como económicos, para cumplir con estos requisitos de la ley, en contra de los más necesitados”.

El vago concepto de “fascismo”

El artículo 23, numeral 3, establece que las ONG tienen prohibido “promover el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género o por orientación sexual”.

Daniels destacó que esta ley contra las ONG está emparentada de alguna forma con la ley contra el fascismo: “Son dos caras de una misma moneda, porque la ley prohíbe que existan ONG con tales fines. El problema está en que el proyecto de ley contra el fascismo considera como fascistas a las ONG que promueven ideas liberales. Entonces, ese tipo de organizaciones pueden ser declaradas ilegales por ser consideradas fascistas”.

Medidas de suspensión contra las ONG

El artículo 30 de esta ley establece que, al existir “motivos suficientes para considerar que se ha producido un incumplimiento de las prohibiciones establecidas”, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia podrá acordar “preventivamente, la suspensión del funcionamiento de la organización no gubernamental y organización social sin fines de lucro”.

Inicialmente, se planteó que el lapso fuera de 30 días, pero ahora, según denunció Daniels, “no hay lapso para la suspensión y es indefinida hasta que un tribunal lo determine”.

Añadió que la ley indica que esa medida preventiva se notificará a un tribunal a dentro de los 15 días siguientes, tiempo en el cual la ONG “queda en indefensión absoluta”.

“La medida continuará hasta que dure el juicio, es una medida de cierre encubierto. Todos los añadidos son para agravar la situación de las ONG”, alertó.

Restricciones se extienden a ONG extranjeras

Las ONG extranjeras que operen en el país también estarán sujetas a la ley y los trabajadores extranjeros podrían ser expulsados si esas organizaciones no cumplen algún requisito de la normativa.

Impone autorización administrativa y membresía forzada

Defiende Venezuela enfatizó que la normativa requiere una autorización administrativa para cualquier cambio en el objeto de las organizaciones “y obliga a incluir funcionarios públicos como miembros, interfiriendo en la estructura interna de las entidades”.

Limita geográficamente a las ONG

La ley declara inexistentes a las organizaciones que no cumplan con el registro y limita geográficamente sus actividades, lo que, advierte Defiende Venezuela, también restringe su alcance y operatividad.

Niega existencia de las asociaciones de hecho

Para la ley solo son organizaciones válidas aquellas con acta constitutiva, lo que deja por fuera a las asociaciones de hecho. Esto, según Defiende Venezuela, “reduce la diversidad y flexibilidad de las entidades sociales”.

Alí Daniels agrega que la mayoría de las ONG en Venezuela son asociaciones de hecho: “Los vecinos que están organizados, por ejemplo, como no tienen personalidad jurídica, no podrán participar en asuntos públicos”.

El Estado se verá sobrepasado

Los expertos advierten que el Estado no tiene capacidad para resolver de forma expedita los nuevos registros y la presentación de los estatutos, y que irá “resolviendo en la medida en que pueda”. Esto deja a las ONG en un limbo pues si bien no deberían suspender sus actividades mientras están en la espera de la aprobación, cualquier funcionario puede discrecionalmente practicar una visita y exigir algún documento que aún no se tenga.

En este punto, destaca el codirector de Acceso a la Justicia, es importante recalcar que la ley establece lapsos perentorios para las organizaciones y si no son cumplidos, corren el riesgo de disolución: “Pero el Estado no tiene lapsos para responder”, denuncia.

Siguiendo los pasos de Nicaragua

Daniels comentó que con esta ley Venezuela entra en el camino de represión contra las ONG que marcó Nicaragua, país en el que se aprobó un texto similar que, solo en el primer año de su aplicación, produjo la eliminación de la responsabilidad jurídica a más de 3000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas, la de la Madre Teresa de Calcuta: “Se expulsó a unas monjitas, se les montó a un camión de animales y las sacaron”, comentó en entrevista a VPITV.

En conclusión…

Alí Daniels concluyó que cuando entre en vigencia la ley todas las ONG quedarán a merced de un funcionario que decidirá si siguen existiendo o no.

“Es una ley punitiva, con un carácter estrictamente sancionador que busca que existan las organizaciones de la sociedad civil que ellos quieren que existan; así como intervinieron partidos para tener una oposición a su medida, también quieren organizaciones a su medida y que las ONG no hagan denuncias sobre violaciones a derechos humanos. La ley viola los estándares internacionales de libertad de asociación”, insistió.

Al bate, la ley de fiscalización de las ONG

Sala Electoral del TSJ rechazó en 2013 un recurso en el que le pedían totalizar votos

Redacción Runrun.es
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Sala Electoral del TSJ rechazó en 2013 un recurso en el que le pedían totalizar votos

El portal web Suprema Injusticia, una iniciativa de la ONG Transparencia Venezuela, recordó que más de una década atrás, en 2013, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió una solicitud similar a la presentada por Nicolás Maduro el 1 de agosto, con el objetivo de resolver las controversias surgidas a raíz de los comicios del 28 de julio. 

En su declaración, Maduro solicitó a la Sala Electoral del TSJ que asumiera la resolución del contencioso electoral y estableciera con claridad y sentencia legal los resultados definitivos que lo proclaman ganador. A pesar de que esta medida contraviene la jurisprudencia establecida por el mismo TSJ, el tribunal accedió a la solicitud de Maduro.

En la búsqueda de la totalización de los escrutinios 

Hace más de una década, la Sala Electoral del TSJ recibió una solicitud similar por parte de un grupo de trabajadores de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal). 

Estos trabajadores pidieron que la Sala asumiera las funciones de la Comisión Electoral de la Caja de Ahorros de Fundacomunal y realizara la totalización de escrutinios definitiva, así como la proclamación y toma de posesión de los ganadores, debido a irregularidades en el proceso electoral. 

A pesar de confirmar algunos de los señalamientos, el TSJ rechazó la solicitud, argumentando que la totalización y proclamación de resultados deben ser impugnadas a través de los canales adecuados para garantizar el acceso a la justicia y evitar que la sala se viera en la necesidad de revisar sus propios actos.

En contraste, resalta Suprema Injusticia, la Sala Electoral mostró en el pasado “flexibilidad en sus principios cuando se trata de favorecer al gobierno”.

Un caso notable fue en diciembre de 2015, cuando la Sala suspendió la posesión de los diputados electos por el estado Amazonas debido a alegaciones de fraude. 

“Esta decisión rompió con la jurisprudencia establecida desde 2005, que había afirmado que el sufragio no solo abarca el acto de votar o ser electo, sino también el reconocimiento y entrega del poder al funcionario elegido”, recuerdan. 

Posición de Enrique Márquez sobre el proceso 

Enrique Márquez, excandidato presidencial y exvicepresidente del CNE, criticó la decisión del TSJ de seguir adelante con la solicitud de Nicolás Maduro, 

Márquez denunció la falta de acceso al expediente del recurso interpuesto por Maduro y la imposibilidad de obtener una copia del mismo.

Acusó al TSJ de no aceptar sus escritos y de mantener un proceso “tan opaco como el del CNE”, que ha sido criticado por no publicar resultados desagregados mesa por mesa, un hecho que ratificó en La Conversa con la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

“La Sala Electoral está cometiendo una usurpación de funciones, ese proceso que está andando en el TSJ debe ser anulado, no tiene ni pies ni cabeza, el único que lo puede hacer es el CNE”, aseguró en la entrevista con ARI. 

¿Qué hay detrás del recurso contencioso?

Nicolás Maduro asistió al Tribunal Supremo de Justicia e introdujo un recurso electoral contencioso, pero existen muchas dudas alrededor de qué es y qué significa. 

El Consejo Nacional Electoral, en su página web, define “recurso contencioso” de la siguiente forma: 

“Un medio breve, sumario y eficaz para impugnar los actos, las actuaciones y las omisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y para restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por este, en relación con la constitución, funcionamiento y cancelación de organizaciones con fines políticos”. 

Como explica la organización Acceso a la Justicia, el recurso contencioso electoral tiene el objetivo de ejercer el control judicial de los procesos electorales, actuaciones u omisiones del CNE derivados de ellos. 

Además, tiene el poder de restablecer o corregir situaciones que afecten derechos o causen daños producto de acciones u omisiones por parte del árbitro electoral. 

El documento que introdujo Nicolás Maduro no es público, pero se intuye, de acuerdo a lo citado por Acceso a la Justicia, que es una solicitud que busca un “proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024”. 

Sin embargo, de conformidad con la Lopre y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), entes legisladores que regulan esta materia, dicho recurso contencioso electoral no tiene esta finalidad y aún no queda claro el porqué la Sala Electoral lo admitió. 

TSJ inicia peritaje sobre los resultados del 28J 

Pese a las diferentes dudas acerca del proceso, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia inició el peritaje de los resultados del 28 de julio.

Caryslia Rodriguez Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral del TSJ, comunicó que el proceso inició este jueves, 15 de agosto, usando toda la información que tiene el CNE sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a que esa información desagregada no es de acceso público. 

En la declaración, ordenaron que “se realice peritaje a todo el material electoral de valor probatorio consignado en físico y/o digital relacionado con el proceso de elecciones presidenciales celebrado el 28 de julio”. 

“Dicho peritaje se encuentra en proceso de ejecución por un grupo de expertos en materia electoral con los más altos estándares técnicos y científicos nacionales e internacionales, garantizando el máximo nivel de excelencia técnico jurídico el cual se hará de manera directa, personal y diariamente durante todo el proceso”, afirmó Rodríguez Rodríguez. 

El paso siguiente al peritaje es la sentencia, como lo indicó la presidenta de la Sala Electoral. 

“Culminado este proceso de peritaje en el tiempo perentorio establecido previamente por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con estos hechos objetivos, comprobados y certificados se emitirá sentencia definitiva sobre este recurso contencioso electoral”, dijo. 

La Conversa de ARI |  Enrique Márquez: “La Sala Electoral está cometiendo una usurpación de funciones”

 

Las mujeres tampoco escapan de la represión

Redacción Runrun.es
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Las mujeres tampoco escapan de la represión

Los resultados electorales del 28 de julio desencadenaron una serie de protestas en todo el país. El clamor de la gente derivó en una fuerte represión, hostigamiento y detenciones y las mujeres que participan en la política en el país no escaparon de esta oleada represiva.  

Hay casos más visibles que otros y uno de ellos fue la detención de María Oropeza, una activista política parte de Vente Venezuela en Guanare, estado Portuguesa. La situación se produjo mientras grababa un ‘en vivo’ en Instagram y hablaba de la situación política del país. 

Sus palabras: “Por favor, estoy dispuesta a colaborar, pero me gustaría que usted me diga si tiene una orden de allanamiento… Soy abogado de la República, me gustaría que me diga cuál es la orden de allanamiento. Este es mi hogar, es una propiedad privada”, quedaron grabadas. 

En otro contexto fue detenida Edni López, una profesora universitaria, trabajadora humanitaria y poeta, mientras se disponía a ir de vacaciones a Argentina. La detuvieron sin una orden de arresto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía sin conocer las razones de su detención y sin la posibilidad de ver a sus familiares. 

A 24 horas de su detención, sus familiares recorrieron los principales centros de detención de Caracas, sin respuesta alguna. Dos días después, se dio a conocer que estaba recluida en La Guaira.  Finalmente, Edni López fue excarcelada el 9 de agosto de 2024 con medidas cautelares. Tiene prohibición de salir del país y debe presentarse ante los tribunales cada 30 días. 

Cargos de terrorismo e incitación al odio 

A esta lista, también se suma la reportera gráfica Deysi Peña, quien fue detenida en la estación de servicios Los Nuevos Teques, en el municipio Guaicaipuro, estado Miranda, el 2 de agosto. 

Dos días después, el 4 de agosto, Peña se conoció que fue trasladada hasta el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques. Sobre la razón de su detención, le atribuyeron unas fotografías que tomó en una protesta que suscitó después de las elecciones.  

A Peña le imputaron los cargos de delito de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, vandalismo, daños a la propiedad privada y pública, al igual que a otros trabajadores de prensa. 

El Foro Penal, una organización de derechos humanos dedicada a la asistencia jurídica, contabilizó, hasta el 13 de agosto, 1 393 arrestos comprobables y verificables. De este número, hay 185 mujeres. 

Organizaciones como Provea, Espacio Público, Amnistía Internacional, Justicia Encuentro y Perdón, Aula Abierta, APUCV y Civil Rights Defenders Latin America han abogado por su liberación, además han alertado de una nueva forma de violación de derechos humanos. 

 

¿El delito de resguardar las actas? 

En los últimos días, se ha observado cómo la administración oficialista se ha encargado de aprehender a mujeres ligadas a la política de alguna u otra forma. 

El 9 de agosto, Fundehullan Venezuela, una organización de derechos humanos ubicada en los llanos del país, reportó la detención de Yulennis Aranguren, coordinadora de mujeres del Comando de Campaña con Venezuela en Biruaca, estado Apure. 

Aranguren fue detenida en una alcabala al frente del Parque Menca de Leoni. Sobre lo ocurrido, el vocero oficial del comando, Perkins Rocha, escribió que los únicos dos instrumentos incautados al momento de detenerla fueron su cédula y su teléfono celular. 

Además de dedicarse al activismo político, Aranguren tiene 30 años de servicio en el área de enfermería. 

La historia de esta activista del estado Apure se suma a la lista de las mujeres que decidieron acatar el llamado de María Corina Machado y Edmundo González de permanecer “en vigilia”, para resguardar el voto, como es el caso de Marbelis Lanz, en el estado Bolívar. 

Según la organización Foro Penal, Lanz fue arrestada en la Funeraria ‘La Esperanza’, situada en el sector de Castillito en Puerto Ordaz, el 8 de agosto. 

Ella estaba en el funeral de un familiar cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM) la detuvieron. En el momento de su arresto, no contaban con una orden judicial. 

La razón de su detención parece estar relacionada con un video en el que se la ve fuera de su centro de votación en Puerto Ordaz, exigiendo que se le permitiera revisar las actas electorales tras los comicios 28 de julio, tal como lo pidió la dirigente de la oposición, María Corina Machado. 

Un abogado de la misma organización indicó que a la víctima se le ha negado servicio legal privado y tampoco se le ha permitido ver a sus familiares. 

Dos fiscales detenidas 

Además de activistas políticas, dos fiscales fueron detenidas en el contexto poselectoral, El 7 de agosto Tarek William Saab informó sobre la detención de Rosa María Mota, exfiscal provisoria de la Circunscripción Judicial del estado Apure.  Según lo que reseñó en su cuenta de X, antes Twitter, la detuvieron por su presunta participación en el delito de retraso u omisión intencional de funciones. 

Saab manifestó que sería imputada por la Fiscalía 55 Nacional Plena “por actuar contrario a su deber al divulgar información de carácter reservado, permitiendo la evasión de sujetos investigados por hechos de violencia, actos vandálicos ocurridos y desestabilización”.

Además, afirmó que Mota apoyó las protestas que se desataron después de los resultados electorales. 

Mota se convirtió en la segunda en ser imputada por el mismo cargo. El 3 de agosto se había anunciado la imputación de Maglen Marín Rodríguez también por el delito de retraso u omisión intencional de funciones. 

Saab dijo que la fiscal “omitió procesar a cuatro sujetos identificados como Alfenis Jose La Rosa González, José Eduardo Malaver Rondon, Luis Antonio Bericote Malave y Edén de Jesús Naranjo Monasterios, señalados en una investigación llevada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas por su participación en manifestaciones. 

Provea, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, puntualiza que “el número de arrestos contra personas opositoras, manifestantes, periodistas y otras personas percibidas como opositoras, equivale a un 41,59% del total de detenciones arbitrarias registradas entre los meses de abril y agosto de 2017, el ciclo de protestas más importante del país desde 1989”. 

A las personas detenidas en el contexto electoral se les está negando el derecho a la defensa privada. 

Hacinadas y sufriendo violencia de género y maltratos

Un  informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) revela una situación alarmante en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, en el estado Miranda, que expone múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas en el contexto postelectoral. 

Las detenidas se enfrentan al hacinamiento y a la falta de servicios básicos. Sufren de violencia de género y maltrato por parte de la directora del recinto, quien presuntamente las humilla y les echa agua fría, además de estigmatizarlas con etiquetas como “terroristas”. 

Este trato cruel se acompaña de torturas psicológicas, al asegurarles que enfrentarán largas condenas.

Las mujeres son sometidas a requisas invasivas, que incluyen desnudarse y agacharse para que las custodias puedan inspeccionar sus partes íntimas. Esta práctica es una violación a su privacidad y dignidad, así como lo afirma el OVP. 

Otra situación que documenta el organismo es la falta de registro y documentación: las mujeres detenidas no tienen un registro formal de su situación legal.  No existe documentación que refleje su estado procesal, y ni los abogados ni los familiares tienen acceso a información sobre el estado legal de las detenidas.

Además de eso, no hay existencia de orden judicial. Las detenciones de estas mujeres parecen no estar respaldadas por una orden judicial válida.

La falta de un expediente judicial y la ausencia de información adecuada sobre las actuaciones legales realizadas agravan la situación.

El OVP enfatiza que estas condiciones son “inaceptables” y que las mujeres detenidas tienen derecho a un trato digno, a un debido proceso y a la protección contra el maltrato y la tortura.

Este reporte subraya la necesidad urgente de reformas en el sistema penitenciario y en los mecanismos de justicia para garantizar los derechos humanos de todas las personas detenidas.

“En el centro de la política está una mujer”

Magaly Huggins, psicóloga social especialista en criminalística, afirma que la detención de mujeres que son dirigentes o activistas políticas puede corresponder a un patrón que expresa -de forma clara- que las mujeres “no deben entrometerse” en esa área. 

La psicóloga correlaciona dicha afirmación con el contexto político actual, en el cual una mujer, en este caso María Corina Machado, es tildada como la líder de la oposición. 

“En el centro de la política está una mujer. Una mujer que logró conectar con la gente por medio de un discurso sensible que va dirigido al sufrimiento de las familias venezolanas y ese discurso ha encajado con gran parte de la población, pero en especial en las mujeres”, afirma. 

Huggins señala que “la historia ha cambiado y ahora una mujer (refiriéndose a María Corina Machado) los ha hecho perder la capacidad de lucha, y en este contexto, están consternados porque están recibiendo un coletazo que no esperaban”. 

Machado salió victoriosa en las primarias opositoras, en abril de 2023, pero le impidieron inscribirse en la contienda presidencial por una inhabilitación.

Tenía un plan B y abanderó a Corina Yoris, a quien nombró su sustituta, sin embargo, también bloquearon su inscripción.

Hasta que un hombre, Edmundo González, fue designado para representar a la oposición unitaria y se inscribió por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 

Pese a esto, Machado lideró la campaña de la oposición antes del 28 de julio, y fue capaz de movilizar a cientos de venezolanos en diferentes partes del país, incluyendo las zonas populares. 

Sobre este punto, Huggins analiza que la molestia radica en que sea una mujer la que encamine el descontento popular. 

“La represión está en el centro del ataque y continuará aumentando, especialmente, hacia las mujeres”, indica. 

Reiteró que “la violencia es su forma de respuesta, porque es una forma aprendida. Es una decisión consciente y es un mensaje contundente”. 

María Oropeza, Deysi Peña, Rosa María Mota y Maglen Marín Rodríguez, hoy detenidas y a quienes se les ha vulnerado sus derechos, tienen un patrón en común: cada una ejercía política en su forma y a su manera. 

La Asociación Cauce emitió el pasado 14 de agosto un comunicado en el hacía un “llamado urgente” para que se respeten los derechos humanos de todas las mujeres venezolanas, independientemente de su posición política.

En el texto, denunciaban que en un contexto de creciente persecución política, “más de 150 mujeres han sido víctimas de desapariciones y detenciones arbitrarias simplemente por ejercer sus derechos civiles y políticos”. Recordaban además que Venezuela debe cumplir con tratados internacionales  como la CEDAW y la Convención Belem do Pará, así como con  la Constitución, pues todos  garantizan la protección de los derechos de las mujeres.

“Exigimos la aplicación efectiva de estos instrumentos, la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, y la movilización de recursos para detener las violaciones de derechos en curso”, pidieron. 

Edward Ocariz: un defensor de DDHH víctima de la represión poselectoral

 

La Conversa de ARI |  Enrique Márquez: “La Sala Electoral está cometiendo una usurpación de funciones”

Alianza Rebelde Investiga (ARI)
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La Conversa de ARI |  Enrique Márquez: “La Sala Electoral está cometiendo una usurpación de funciones”

El pasado miércoles 14 de agosto, el excandidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, denunció ante la Fiscalía General de la República a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el supuesto delito de conspirar contra la nación, previsto en el artículo 132 del Código Penal Venezolano.

De acuerdo a Márquez, los rectores Elvis Amoroso, Carlos Quintero, Rosalba Gil, Juan Carlos Delpino y Aime Nogal faltaron a sus funciones e incumplieron con su misión de garantizar la imparcialidad y transparencia de las elecciones presidenciales efectuadas el pasado 28 de julio.

A propósito de la crisis que ha generado la proclamación como presidente de Nicolás Maduro sin mostrar los escrutinios en detalle, La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual de este jueves 15 de agosto llevó por nombre ¿Qué le está debiendo el CNE a los venezolanos?. 

En el programa participaron César Batiz, director de El Pitazo;  Luis E. Blanco, director de Runrun.es; Víctor Amaya, director de Tal Cual, además del propio Márquez como invitado especial.

Márquez señaló que el CNE no está cumpliendo con su labor y transfirió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una responsabilidad que no le compete.

“La Sala Electoral está cometiendo una usurpación de funciones, ese proceso que está andando en el TSJ debe ser anulado, no tiene ni pies ni cabeza, el único que lo puede hacer es el CNE”, dijo Márquez.

Este mismo jueves, el TSJ informó que inició una etapa de peritaje técnico electoral en torno a los comicios del 28J.

“El TSJ aceptó un supuesto recurso de Maduro, pero no está dentro de sus competencias legitimar resultados de una elección”.

El ingeniero y también exrector del CNE sostuvo que solicitó acceso al expediente del aparente amparo de Maduro y no ha tenido acceso.

“Los resultados que consignó el CNE al pueblo son opacos. Es como cantar bingo y no mostrar el cartón, los rectores están cometiendo un delito penal”, insistió. 

A juicio de Márquez, los rectores del CNE se están ocultando bajo las togas de los magistrados.

“Delpino no estuvo presente en la emisión del primer boletín ni en la proclamación, algo debe estar ocurriendo. Me sorprendió la carencia de posición de la rectora Nogal frente a esto, hago votos para que los rectores se pongan a derecho”, acotó. 

Márquez denunció que el CNE suspendió las cinco auditorías posteriores a las elecciones del 28J.

“Si hubo un hackeo, el lunes 29 de julio debió haberse realizado una auditoría al sistema de comunicaciones. Nos deben la auditoría ciudadana de todas las cajas y la comparación con las actas ¿Quién puede creer en la palabra del CNE si no presenta las actas de escrutinio? Esto genera una situación de indefensión y conmoción interna”, preguntó. 

Todavía hay tiempo

El exmiembro del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) sentenció que todavía después de casi 20 días de efectuados los comicios es posible hacer una experticia detallada de los resultados y disipar las dudas de fraude denunciadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“Yo descarto que el CNE vaya a fabricar actas nuevas, pero en la medida que pasa el tiempo todo es posible”, consideró. 

Según Márquez, la comunidad internacional está entendiendo lo que sucede en Venezuela y muestra de ello es la petición casi unánime de mostrar las actas y los resultados mesa por mesa con auditoría interna y externa.

“Los informes del Centro Carter y del Panel de Observadores de la ONU demuestran que estas elecciones carecen de credibilidad”, sostuvo. 

El excandidato se mostró en desacuerdo con la posibilidad de una repetición de elecciones, tal y como planteó el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

“Primero tenemos que saber qué fue lo que ocurrió el 28J”, recalcó. 

Lula también planteó el establecimiento de un gobierno de coalición, algo similar a lo puesto sobre la mesa por el presidente colombiano, Gustavo Petro. 

“Desde hace tiempo he impulsado la tesis de un gobierno de unidad nacional, esto que estamos viviendo ahora es una consecuencia de una serie de eventos desafortunados producto de un gobierno que se salió de la Constitución. El principal problema de Venezuela hoy en día es político”,opinó Márquez. 

El excandidato presidencial advirtió que si la Sala Electoral certifica la elección pasando por encima del CNE vendrá un escenario más complejo para Venezuela.

“Posiblemente más sanciones, esto no es sostenible, de no tomarse los correctivos vamos a perder todos. Yo estoy defendiendo la democracia, porque si esto sigue ¿Quién va a votar en un futuro? Yo me siento tranquilo con mi conciencia, mi familia está preocupada por mi, el diputado Diosdado Cabello ha hablado en mi contra. Por supuesto, todos tenemos miedo a la persecución, pero en mi caso no es valentía, es sentido de la responsabilidad porque lo que debía ser una fiesta democrática se convirtió en una pesadilla para los venezolanos”, concluyó.  

 

 

La historia en el chavismo de Elvis Amoroso, el hombre a la cabeza del CNE

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