Tras la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que certificó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía citó a declarar al candidato opositor Edmundo González Urrutia.
De acuerdo con el Ministerio Público, la citación está pautada para el día lunes 26 de agosto a las 10:00 de la mañana. Según la boleta de citación, se convoca a González Urrutia a declarar por la investigación sobre la página web de la oposición en la que se publicaron las actas electorales.
Según la Fiscalía, que dirige Tarek William Saab, el candidato opositor deberá declarar por la presunta comisión de los delitos “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
Desde el pasado 7 de agosto, según Saab, el Ministerio Público recibió un recurso contencioso electoral por parte del TSJ para incorporarlo en las investigaciones.
Precisamente, el jueves 22 de agosto la Sala Electoral del TSJ validó de manera “inobjetable” el resultado electoral del CNE, que dio como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio.
La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, dijo que el máximo tribunal “certificaba de forma inobjetable el material electoral peritado” y convalidaba los resultados de los comicios.
En la sentencia de la Sala Electoral, también se menciona posibles consecuencias jurídicas para el candidato opositor Edmundo González Urrutia por no haber asistido “a ninguna de las fases de este proceso al cual fue citado”.
El máximo tribunal tomó esa decisión pese a los cuestionamientos de la integridad y transparencia de las elecciones de observadores independientes como el Centro Carter y el panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas.
En su sentencia, el TSJ también instó al Ministerio Público a investigar a quienes publicaron resultados electorales en la página web resultadospresidencialesvenezuela2024.com, a quienes señala de “causar zozobra en el país” tras el proceso comicial.
El número de presos políticos en Venezuela aumentó de manera exponencial, en apenas un mes, de acuerdo con los datos de la ONG Foro Penal Venezolano. Entre el 22 de julio y el 23 de agosto la cifra pasó de 305 a 1.674, lo que representa un aumento de 449%.
El último reporte de Foro Penal, hasta este viernes 23 de agosto, señala que en Venezuela hay 1.674 personas detenidas por razones políticas, de ellas 149 han sido condenadas.
“Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el Siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos”, advirtió la organización.
Entre los detenidos 1.458 son hombres, 216 son mujeres, 107 son adolescentes y 1.567 son personas adultas.
El Foro Penal apunta que esta cifra de presos políticos incluye a personas que se mantienen privadas de libertad. No incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o que se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 hrs).
Desde 2014 se han registrado 17.355 detenciones políticas en Venezuela. Además de los presos políticos mencionados, la organización asegura que 9.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.
Amnistía Internacional ha señalado que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, las autoridades venezolanas han realizado detenciones arbitrarias masivas de manifestantes. La organización ha exigido a las autoridades y fuerzas de seguridad: proteger la protesta, garantizar integridad de niñas, niños, adolescentes, liberar a toda persona detenida arbitrariamente, proteger contra la tortura.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este 23 de agosto al Estado venezolano a liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica.
La institución también pidió garantizar que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos tengan acceso inmediato y sin restricciones para visitar a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.311 protestas durante el mes de julio de 2024, de las cuales el 90% estuvieron relacionadas con la exigencia de derechos civiles y políticos.
En su informe mensual, publicado este viernes 23 de agosto, el OVCS detalló que el número de protestas del mes pasado equivale a 44 diarias, y representa un aumento de 219% en comparación con julio del año 2023.
Según la organización, el 70% de las manifestaciones de julio ocurrieron los días 29 y 30 de julio, posteriores a las elecciones presidenciales cuyos resultados fueron desconocidos por la oposición y la ciudadanía.
En ese renglón de derechos políticos y civiles, los más exigidos de forma individual o combinada, fueron el derecho a la participación política (1.137) y el derecho a la justicia (303).
En julio, los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en 1.177 protestas, 90% de la cifra total. La exigencia de derechos políticos, en el marco de las elecciones presidenciales, abarcó la mayoría de las movilizaciones.
Por primera vez desde el año 2019, las protestas exigencias de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) ocuparon el segundo lugar del índice de manifestaciones con 134 (10%).
Los estados que encabezan el índice de protestas son: Anzoátegui (202), Miranda (154), Distrito Capital (102), Bolívar (101) y Sucre (88), respectivamente.
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
Caracterización de las manifestaciones pacíficas en Julio 2024
De acuerdo con el OVCS, los resultados de las elecciones presidenciales provocaron una ola de protestas en todo el país, principalmente en zonas pobres, exigiendo transparencia y entrega de las actas electorales.
Solo entre los días 29 y 30 de julio, el OVCS documentó 915 protestas en todo el país. Con un saldo de 138 protestas reprimidas, y en las que se observó la presencia de civiles armados, conocidos como Colectivos, en al menos 119.
Asimismo, contabilizaron al menos 24 personas asesinadas y más de 2.000 detenidos en las protestas poselectorales.
La organización también documentó 74 protestas en 17 estados del país, en las que denunciaron el abuso de poder cometidos por parte de representantes de cuerpos de seguridad del Estado.
Además, se registró un aumento de la violencia y represión, como resultado de los llamados de las autoridades a la activación de la denominada “Furia Bolivariana”.
El OVCS señaló también los bloqueos digitales y que previo a las elecciones aumentó el hostigamiento, detenciones arbitrarias, amenazas y retaliación política contra líderes y simpatizantes de partidos de oposición.
Destacaron además la “Operación Tun Tun”, caracterizada por allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Este jueves 22 de agosto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidida por la magistrada Caryslia Rodríguez, sentenció la validez de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según estos, el gobernante Nicolás Maduro habría resultado ganador de los comicios con 51% de los votos.
Pero, ¿quién es Caryslia Beatriz Rodríguez, la funcionaria encargada de convalidar los resultados de una elección que fue calificada como poco transparente por el Panel de Expertos de la Organización de Naciones Unidas?
Rodríguez, quien asumió la presidencia del TSJ el pasado enero con el respaldo de toda la Sala Plena, es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Obtuvo un doctorado en control contencioso administrativo de las conductas del poder público y una maestría en derecho penal militar de la Universidad de Nueva Esparta.
Desde la juramentación del Poder Judicial por parte de la Asamblea Nacional, en 2022, funge como presidenta de la Sala Electoral del máximo tribunal, cargo en el que se mantiene hasta la actualidad.
Una trayectoria con respaldo del Gran Polo Patriótico
Rodríguez ha desarrollado su carrera política entre las filas del chavismo. En diciembre de 2018, obtuvo la elección como concejal de las parroquias El Recreo, San Pedro, Santa Rosalía y San Agustín en el municipio Libertador (Distrito Capital) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras organizaciones políticas del Gran Polo Patriótico.
Más recientemente, en agosto de 2021, fue precandidata a las elecciones primarias del PSUV para escoger a su representante del municipio Libertador de cara a los comicios regionales de ese año. También sirvió como alcaldesa encargada de la ciudad capital luego de la renuncia de Erika Farías.
Poderopedia reseña que, antes de este nombramiento, Rodríguez se desempeñaba como presidenta del Concejo Municipal de la Alcaldía de Caracas, cargo que ocupaba desde el 1 de febrero de 2021.
La figura clave en un opaco peritaje electoral
Tras los resultados de los comicios presidenciales dados por el CNE, el nombre de Caryslia Rodríguez cobró más relevancia cuando el mandatario Nicolás Maduro introdujo un recurso contencioso para que la instancia jurídica suprema realizará la verificación de los resultados.
Posteriormente, el TSJ convocó el 2 de agosto a los 10 excandidatos presidenciales a firmar un acta mediante la cual se aceptaría la sentencia emanada por la autoridad judicial. El aspirante presidencial Edmundo González Urrutia no asistió a la convocatoria, mientras que Enrique Márquez, excandidato del partido Centrados, se negó a firmar el acta alegando que no conocía qué contenía el recurso introducido.
Durante esta sesión, Rodríguez instó a los ciudadanos, candidatos, partidos políticos y otros sujetos intervinientes «a acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso». Además, solicitó a los partícipes del proceso electoral consignar los documentos legales de relevancia jurídica que se solicitaran.
El 5 de agosto, el CNE consignó ante el TSJ las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales cuya publicación aún se pide y, 10 días después, Rodríguez anunció que el peritaje de este material había iniciado.
«Se procedió a realizar presencialmente la supervisión y control del proceso de peritaje del material que se encuentra a disposición de esta instancia judicial y en custodia del CNE», dijo la magistrada. Sin embargo, la autoridad judicial no informó quiénes eran los peritos y expertos encargados del proceso, así como tampoco especificó cuáles procedimientos se incluyen en dicho peritaje.
15 días más tarde, el ex aspirante presidencial Enrique Márquez acudió al TSJ para presentar una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral, porque considera que sus vínculos políticos afectan su imparcialidad en el caso.
Este 22 de agosto, tras certificar el triunfo de Maduro anunciado por el CNE, Rodríguez también señaló que se enviaría la información concerniente al Ministerio Público para su investigación sobre las actas publicadas por el sector opositor liderado por María Corina Machado en la página web resultadosconvzla.com. Según estas actas, González Urrutia sería el ganador de los comicios con 67% de los votos.
Asimismo, la Sala Electoral ratificó el «franco desacato» de González Urrutia al no asistir a las convocatorias o la «consignación de actas de escrutinio, listado de testigos y cualquier otro material», asegurando que estaría sometido a las «sanciones previstas en el ordenamiento jurídico».
Cuando Maduro frisa 2 años como gobernante inconstitucional, el mismo TSJ que ahora busca “legalizar la ilegalidad”, había dictado 45.474 sentencias entre 1999 y 2015. Ninguna adversa al Estado
¿Qué es lo que usted no entiende, señor? interroga con énfasis y elocuencia el embajador uruguayo ante la OEA. Se dirige desde su poltrona al tirano Nicolás Maduro, que oculta las actas de escrutinio de las elecciones del 28J pasado en Venezuela y da un golpe de Estado a fin de desconocer a la voluntad popular que le derrota con más de 30 puntos.
¿Qué no han entendido?, es la pregunta pertinente con la que Washington Abdala también interpela a sus colegas en el Consejo Permanente, pues parecen sorprendidos de lo que les dice, a voz en cuello, el mencionado representante permanente: “Estamos ante un terrorismo de Estado” – lo ha constatado la CIDH – que “habla de políticas y prácticas autoritarias” y de “un patrón sistemático de violación de la libertad personal” en Venezuela. “¿O es que creen que 8.000.000 de venezolanos salieron por el mundo a hacer turismo?” “¿Qué no se entiende?”, insiste.
Esto se sabía desde tiempo atrás, pero la academia y dentro de esta la izquierda latinoamericana, a partir de 1999, cuando asume el poder Hugo Chávez Frías en Venezuela, se ocupa de tamizar a su dictadura, hija del Foro de São Paulo. La titulan “autoritarismo electivo” como para separarla, morigerándola y hasta ennobleciéndola, de las típicas dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX. “Algunos leen los derechos humanos de distinta manera cuando se violan en un lado o en el otro”, dice bien el diplomático en su memorable intervención.
En efecto, para perseguir a las dictaduras del pasado se acaba con las leyes de punto final que aseguraban la impunidad de los represores y favorecían el tránsito hacia la democracia; mientras que, para los criminales de lesa humanidad y de nueva onda, como en Venezuela, los gobiernos de Brasil, Colombia y México piden protecciones especiales y modelos de justicia transicional a la colombiana. Y la cuestión, sin embargo, no debería de sorprender.
A propósito del acto de agresión de Rusia contra Ucrania, declarado como tal por la Asamblea General de la ONU en una votación determinante (141 votos contra 5 y 35 abstenciones), las primeras disposiciones de la Corte Internacional de Justicia, dictadas al conocer, casi que homologan moralmente a los gobernantes de ambos Estados, obviando que uno es el victimario y otro la víctima. Y lo más grave fue que, tras la agresión referida, solicitada la expulsión del gobierno de Putin del Consejo de Derechos Humanos, apenas la aprobaron 93 Estados, omitiendo o votando en contra de ello 82 Estados.
La normalización del mal absoluto parece ser, entonces, el signo de los tiempos marcado por esos mismos gobiernos, y de allí el legítimo reclamo de las víctimas en Venezuela a través de la generosa voz uruguaya: ¿Qué no se entiende? “Estamos ante una dictadura oprobiosa, estamos ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo”, precisa Abdala. Y le recuerda a la OEA que no se sale de las dictaduras felicitándolas, con independencia de que cada cual tenga su propio manual al respecto.
El tema, aún hoy, es que ya en 2010 Álvaro Uribe, presidente de Colombia, le hizo saber a la OEA que el teniente coronel Hugo Chávez Frías, presidente venezolano, causante del causahabiente y represor Maduro Moros, alojaba en territorio venezolano –presenta pruebas cabales– al narcoterrorismo, a las FARC y el ELN. Con ellas había pactado, desde agosto de 1999, un régimen de protección y auxilios que incluían insumos químicos de la industria petrolera y el establecimiento de bancos en la frontera, para favorecer el negocio transnacional de las drogas. Venezuela se transformó, hace 25 años, en el holding del crimen organizado global.
A la sazón la OEA pidió diálogo y evitó inmiscuirse. Mediaban procesos electorales en ambos países, Colombia y Venezuela, que consideraban los diplomáticos allí sentados más importantes de proteger: ¿Creían que bastaban los votos para expulsar a los cárteles y al narcoterrorismo, o miraban de lado? De eso hace “mucho tiempo”, que es el mismo que dura la instalación de la tiranía de Caracas y el hemisferio no lo entendió así.
En el año citado de 1999, violando la Constitución de 1961, el recién electo Chávez impuso una constituyente electa por solo el 46 % del padrón electoral, secuestrando la casi totalidad de sus escaños y usando los poderes “supraconstitucionales” de esta para tener bajo su puño a todos los órganos del Estado. Instaló una típica tiranía, “hace mucho tiempo”. La OEA no se dio por aludida. Y “hace mucho tiempo” que en las Américas se justifica la horadación de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la experiencia de la democracia, mediante dos argumentos falaces y mendaces, el del voto mayoritario y el del principio de la No-intervención.
Las mayorías no pueden, en democracia, acabar con la misma democracia y favorecer la destrucción de sus garantías institucionales mediante votos. Y la seguridad y defensa de la democracia, “hace mucho tiempo” que dejó de ser un asunto propio y reservado de cada Estado. El principio de la No-Intervención nació para proteger a la república, de donde mal se le puede alegar para destruirla. Así de simple. “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga… Sin embargo, las regulaciones que implementen los Estados deben ser compatibles con los principios de la democracia representativa que subyacen en el sistema interamericano, incluyendo los que se desprenden de la Carta Democrática Interamericana”, ha dicho claramente la Corte Interamericana en sus decisiones.
“Hace mucho tiempo”, cuando Maduro Moros frisa 2 años como gobernante inconstitucional –no podía ser candidato en 2012 y lo aceptó la OEA– el mismo Tribunal Supremo que ahora busca “legalizar la ilegalidad” de su tiranía, había dictado 45.474 sentencias entre 1999 y 2015. Ninguna fue adversa al Estado. Antes bien, desacató todas las sentencias dictadas en contra de este por la Corte Interamericana. ¿Qué no se entiende?
El excandidato presidencial por Centrados Enrique Márquez informó este viernes 23 que solicitará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una revisión de la sentencia 032, dictada ayer por la Sala Electoral y que «convalida» los resultados de las presidenciales que dan como ganador al gobernante Nicolás Maduro.
En una rueda de prensa con el Frente Democrático Popular y luego con su partido Centrados, Márquez dijo que es necesaria esta revisión constitucional en base a los derechos ciudadanos. También señaló que va a continuar en la exigencia para que se entreguen los resultados del 28 de julio de forma desagregada.
«¿A qué costo se quieren quedar? Porque no solo hay un rechazo de la comunidad nacional e internacional. Nuestra lucha es muy sencilla, para que se respete la Constitución, y que adicionalmente para salir de dudas, puedan publicarse los resultados mesa a mesa», aseveró.
Por otra parte, rechazó las amenazas que han ejercido varios voceros oficialistas, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez. «El señor Rodríguez y el señor Cabello amenazan a todos los partidos (…) y los rectores siguen hackeados, están calladitos. Y a mí me preocupan las amenazas porque ese tipo de amenazas destruyen las instituciones».
Dijo además que luego de las presidenciales, la proclamación de Maduro y la sentencia del TSJ, lo que existe es «un gobierno más débil» y un incremento de la crisis política. «Tenemos un gobierno que ha decidido hacer del terror la fórmula para tratar de controlar la situación que se le ha presentado, pero no solo está persiguiendo a manifestantes en las calles, está persiguiendo a periodistas, llevándose a testigos electorales de sus casas».
Sobre la propuesta de reformar las leyes de partidos políticos, Márquez dijo que avala ese cambio de la normativa pero con una discusión pública abierta y sin chantajes. «Sí creo que los partidos hay que fortalecerlos, no intimidarlos o chantajearlos».
También pidió que cese la represión contra la ciudadanía, así como la liberación de las personas detenidas en las protestas y que se respeten los derechos humanos, el derecho a la defensa y al debido proceso. «(Hay) dos mil y pico de personas sometidos a un régimen de terror».
Frente avala propuesta de Márquez
El Frente Democrático Popular anunció su respaldo a la propuesta de revisión constitucional hecha por el excandidato Enrique Márquez. La exconstituyente María Alejandra Díaz recordó que desde el primer momento el frente señaló que había una crisis electoral «producto de una crisis sobrevenida cuando se leyó el primer boletín del CNE donde denuncia un hackeo masivo».
Señaló que es necesario «abrir las cajas, contar los votos para la tranquilidad de los venezolanos y la pulcritud del proceso» electoral del 28 de julio. Explicó que la votación tecnológica «deja un rastro» y «esa prueba física está en las cajas que están resguardadas por el Plan República y el CNE. Son documentos probatorios que pueden destrabar la crisis»
El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Electoral, puso el último clavo, siempre del lado oficialista, para cerrar la controversia por los resultados anunciados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al gobernante Nicolás Maduro.
En la sentencia 032, cuyo contenido completo no ha sido publicado por el máximo juzgado del país, se convalida a Maduro para un tercer mandato, a través de los resultados de un «informe definitivo» elaborado por peritos nacionales y extranjeros –de los cuales no se ha informado sus identidades– que hablan de que «las actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización».
También se ratificó un «ataque cibernético» contra el CNE, del cual no se ofrecieron detalles, y la declaratoria del «franco desacato» de Edmundo González Urrutia al no asistir a las convocatorias o realizar la «consignación de actas de escrutinio, listado de testigos y cualquier otro material», por lo que estaría sometido a las «sanciones previstas en el ordenamiento jurídico».
Pero expertos coinciden en que esta sentencia tiene varios fallos, entre ellos su propio origen y admisión por parte de la Sala Electoral.
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, afirma que esta sentencia es nula en base a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución. «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos».
«Si la Sala Electoral le arrebató las competencias al CNE, ella está usurpando competencias y por lo cual esa sentencia, según el artículo señalado, es nula (…) El efecto de una sentencia nula es que nadie está obligado a acatarla», asegura.
Explica que hay dos competencias: «la competencia administrativa para llevar adelante una elección la tiene el CNE. Para organizar elecciones, hacer el cronograma, cumplir con cada una de las etapas. Eso le corresponde al CNE. La Sala Electoral, como lo dice el artículo 27 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, su competencia es conocer recursos de nulidad contra actos del CNE. ¿Cuál acto del CNE conocieron aquí? ¿La proclamación?».
Recuerda que un recurso contencioso electoral está dirigido a declarar la nulidad o no de una decisión del CNE, en este caso, el acto de proclamación hecho el pasado 29 de julio.
«Si al presidente Maduro lo proclamaron ganador, él no podía ir a la Sala Electoral para que declarara la nulidad de ese acto. Esto es parte del absurdo al que nos quieren someter desde el CNE y la Sala Electoral. Esto es un absurdo desde el día cero, porque quién no ha debido ir a la Sala Electoral era el presidente Nicolás Maduro», afirma el decano Apitz.
Así también lo señala el politólogo y experto en temas electorales Jesús Castellanos: «La sentencia no tiene asidero desde el punto de vista jurídico. La Sala Electoral no tiene competencia para certificar una elección de cargos de elección popular. Ésto constituye una violación a la Constitución, en cuanto al respeto de la división de poderes y la autonomía del Poder Electoral».
El politólogo insiste en que esta sentencia «es extremadamente grave, no solo porque viola el marco constitucional y legal en cuanto a competencias de órganos públicos, autonomía del poder electoral, división de poderes, debido proceso, etc, sino porque, principalmente, avala el desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto el 28 de julio, efectuado por el CNE».
Peritaje del TSJ, sin respuestas
Otro de los principales vacíos es sobre el proceso de peritaje adelantado por la Sala Electoral del TSJ, pues no hubo mayores explicaciones más allá de que se transcribió una «muestra representativa» de actas y se cotejaron con la información en los centros de totalización.
«La sentencia demuestra la fragilidad técnica del supuesto peritaje. No se muestra dominio ni la existencia de una revisión exhaustiva sobre la transmisión de resultados así como tampoco sobre la validez de las presuntas actas consignadas», dice Jesús Castellanos.
El decano de la UCV se hace varias preguntas al respecto. «¿Quién hizo ese peritaje?, ¿cuáles expertos hicieron ese peritaje?, ¿A los candidatos que fueron citados se les permitió proponer un experto que representara sus intereses en ese peritaje? No, así que también ese peritaje es nulo porque la ley dice que cuando se hace un peritaje cada una de las partes citadas debe proponer un experto para que él vele sus intereses».
Sobre el material entregado por el CNE, los candidatos y partidos, destaca Castellanos, se supone que «una vez fue evaluado, debería regresarse, más cuando el material electoral original debe quedar a la orden del CNE, resguardado por la Fuerza Armada por mandato de Ley (Art. 167 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales)».
Resultados sin detalle
El Consejo Nacional Electoral ratificó el 2 de agosto, con 97% de las actas escrutadas, que el gobernante Nicolás Maduro ganó las elecciones para un tercer mandato con 51,95% de los votos frente a 43,18% del opositor Edmundo González. Pero hasta la fecha la publicación de los resultados disgregados de las presidenciales, una cuestión que ha solicitado la comunidad internacional, no se ha hecho.
En su sentencia, la Sala Electoral ordenó al CNE publicar los resultados definitivos en la Gaceta Electoral, antes de los 30 días como lo dicta la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).
El experto Jesús Castellanos señala que la legislación no establece detalles al respecto (Artículos 155 de la Lopre y 395 del reglamento de la Lopre), por lo que el CNE «podría publicarlos solo a nivel nacional o estadal».
Citación a Edmundo González
Otra de las cuestiones que establece la sentencia es el «franco desacato» de González Urrutia. En otras dos ocasiones, la Sala Electoral había señalado este punto sin entrar en mayores detalles.
El decano Juan Carlos Apitz comenta que, de acuerdo a la actuación del Ministerio Público en el pasado, «pueden sacar cualquier decisión que signifique privar de libertad a Edmundo González Urrutia. Cualquier cosa, porque en Venezuela pareciera que el derecho, la ley no se respeta nunca. ¿Cuál desacato si ni siquiera fue citado? Que muestren una boleta de citación que haya firmado como recibida».
Recuerda que una citación no supone llamarlo por los medios de comunicación. «Citación es, por ejemplo, cuando le mandas una boleta con un alguacil y se manda copia del escrito que introdujo Maduro. Nadie conoce al día de hoy el contenido de ese escrito».
En un space de X que tuvo lugar en la cuenta en dicha red social de Runrun.es en horas de la noche del 22 de agosto, el abogado, profesor y cofundador de la ONG Acceso a la justicia, Alí Daniels, conversó sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que certifico los polémicos resultados del 28 de julioque emitió el Consejo Nacional Electoral y también se refirió a las nuevas amenazas al espacio cívico venezolano.
Daniels dijo que con esta polémica sentencia el TSJ refuerza “el patrón de mandar con la inexistencia”. Puso como ejemplo de esta tesis que desde el año 2017 no se publica la Ley de Presupuesto, “pero ellos –el gobierno- dicen que existe y la aplica”. Lo mismo ocurrió, según mencionó, con el instructivo Onapre, que redujo los beneficios laborales de los empleados públicos y con las inhabilitaciones a dirigentes políticos.
“Nadie ha visto las inhabilitaciones, ni los documentos que las contienen y las sentencias que las avalaron tampoco nadie las ha visto. Ahora se pretende dar un resultado de elecciones sin las actas que se dice que se tienen. Se pretende validar elecciones sin mostrar actas. ¿Por qué no mencionan los peritos internacionales, dígannos cuál fue la metodología para validar esas actas? Al final, en Venezuela, desde la Ley de Presupuesto para acá, se pretende gobernar bajo actos de fe, ‘créeme porque yo te digo lo que te digo’, y así no se puede gobernar una República”, opinó.
Daniels también cuestionó que una sentencia de esa importancia no se hubiese publicado completa.
“Lo que ha publicado el TSJ no es una sentencia. Una sentencia de esta trascendencia debería estar siendo leída por todos los abogados de Venezuela, pero no es posible porque el Tribunal, como ocurre en todos los casos que tienen interés político, no publica la sentencia sino extractos. Un país donde las sentencias no son públicas no es un país con estado de Derecho, solo se publican las conclusiones de la decisión”, precisó.
Suman peras con manzanas
El jurista aclaró además que en el extracto de la sentencia el TSJ se refirió a precedentes en Estados Unidos como México para aparentar que “normal” que en un estado de derecho el Tribunal Supremo resuelva los conflictos.
“Pero en EEUU no fue el tribunal supremo, fue una corte de instancia de Florida la que decidió cuáles eran los votos que se validaban y cuáles no, había un problema en la forma en que se validaban, los dos partidos pudieron evaluar y examinar las pruebas del otro, impugnar las pruebas y tuvieron acceso al expediente. Además, el procedimiento que se llevó a cabo estaba regulado por la ley. En el caso nuestro país el recurso que introdujo Maduro nadie lo ha leído, quienes fueron citados no saben por qué fueron citados, si fueron citados como parte, terceros, peritos o testigos. No se sabe qué pasó con la recusación que introdujo Márquez, y a él no se le dio acceso a expediente ni a pruebas. El procedimiento contencioso electoral está regulado por la Ley Orgánica del TSJ, y al comparar ese proceso que está en la ley con este que se hizo recientemente, vemos que es un proceso inventado”, argumentó.
Sobre el caso mexicano que usó el TSJ como ejemplo, especificó que ni siquiera es una sentencia: “En la página web del tribunal electoral mexicano hay es un dictamen que es un informe de las presidenciales, con 180 páginas. Comparemos las cuatro páginas de lo que mostró el TSJ con eso, ese informe da cuenta de todo el proceso electoral, con todas las explicaciones necesarias de por qué se hicieron las impugnaciones. Si se buscan los resultados por mesa, distrito y estado están disponibles. No se puede comparar un proceso con el otro. Ahí se ve que son casos en los que el TSJ compara peras con manzanas, en los dos supuestos anteriores ha habido transparencia, información disponible, muestras de resultados parciales y las partes pudieron actuar libremente, no puede decirse que este TSJ está actuando como el tribunal de elecciones de México o tribunal de elecciones de Florida”, remarcó Daniels.
A juicio del abogado, la validación de los polémicos resultados electorales por parte del TSJ no resuelve la crisis política en el país: “Ante una decisión sin motivación del CNE se agrega otra sin motivación del TSJ, hay que creerle al TSJ una decisión que ni se atreve a publicar concretamente”.
Daniels también llamó la atención sobre el hecho de que la sentencia del TSJ tiene su “lado represivo”, cuando se remite al Ministerio Público para que el fiscal general adelante casos contra quienes han publicado actas electorales ante el vacío de información que dejó el CNE. De hecho este 23 de agosto, el fiscal impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, anunció que el candidato opositor Edmundo González Urrutia sería citado por esta causa.
Este tipo decisiones como las del TSJ, a juicio de Daniels, dejan clara la indefensión en la que se encuentra el ciudadano venezolano, porque “¿a quién puede recurrir, si la injusticia la comete el poder?”.
Se amplía el repertorio represivo
En la conversación, Daniels también reiteró que el repertorio represivo en el país que han denunciado instancias como la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas se ha venido ampliando en el marco de la crisis poselectoral.
“A las clásicas violaciones de DDHH, como las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, malos tratos, se suman otro conjunto de medidas represivas, como las anulaciones de pasaportes de periodistas y defensores de DDHH, prácticamente ir al aeropuerto es una guillotina; además se suma la criminalización del uso de redes sociales, hay miedo de usar el WhatsApp porque se ha transmitido que es un delito, periodistas y defensores de DDHH que salen a la calle sin teléfono”, refirió.
Añadió que ante la sofisticación e introducción de nuevos mecanismos para infundir temor en la sociedad “cada vez hay menos gente que quiere declarar, menos defensores que quieren denunciar, porque no es mentira que la represión pueda llegar a todos en cualquier momento”.
Insistió en que es necesario mantener en el tapete lo que sigue ocurriendo en Venezuela: “Es necesario que estas denuncias se hagan públicas y a nivel internacional se vea que efectivamente la situación de la represión en Venezuela, contrario a lo que unos quieren hacer ver, no se ha estancado, sino que se amplia”.
Recordó que en septiembre de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe decidir si se renueva el mandato de la Misión de Hechos en Venezuela. Cree que esto debe ser así, pues en la semana posterior a las elecciones del 28 de julio ocurrieron detenciones equivalentes al 41% de las que se registraron en cuatro meses de protestas en 2017: “ Y el fiscal –de la CPI- Khan en cualquier momento puede presentar un caso, entendemos que la gravedad de la situación exigiría esto”.
Ley antisociedad, otro acto de represión
Dentro de este contexto de arbitrariedades hizo mención también a la ley contra las ONG recientemente aprobada, una ley “negativa, represiva, en la que una tercera parte de los artículos son represivos” y que establece sanciones como multas, disolución, anulación de registro y hasta expulsión del país para personas naturales de nacionalidad extranjera que hagan vida dentro de organizaciones que incumplan con algunos de los requisitos exigidos.
“La ley antisociedad es una prueba de que al gobierno no le basta con lo que ha hecho, sino que busca más herramientas, y ahora va por la ley antifascismo. El gobierno no se queda con lo que tiene, sino que está buscando más mecanismos de represión. No hay acto del Estado venezolano donde no exista algún medio de represión contra la población”, sentenció.
Dijo que la persecución contra las ONG venezolanas tiene que ver con el hecho de que estas se han convertido en voceros de la realidad social y difunden los números y el estado de la crisis en el país.
“Las ONG son las que dicen cuántas protestas ocurren, llevan información sobre desnutrición que el gobierno no publica, o por ejemplo sobre las detenciones arbitrarias. Ese es el peligro de las ONG para el gobierno, que dan información sobre la realidad y de manera crítica y de denuncia. Pero, incluso, aquellas que solo dan información bajo parámetros científicos y técnicos son consideradas incómodas”, enfatizó.
Daniels considera que actualmente hay un conflicto de discursos entre la realidad que se quiere vender desde el poder y la que asumen los ciudadanos, por eso, si bien está consciente de que en el país “no hay estado de derecho” sí se aferra a la esperanza.
“En las comunidades el tema de las actas es importante, la falta de auditoría, hubo miles de testigos, incluyendo del PSUV, esto ha generado una opinión en todas las clases sociales (…) hay un convencimiento social de lo que ocurrió el 28 de julio. Ahorita hay un conflicto de discursos, el del gobierno planteando su realidad, y miles y cientos de miles personas que atestiguaron y vieron algo, y que están convencidos de que algo pasó, además de los que votamos, que sabemos por qué votamos y que los resultados fueron los que fueron”.
Para el abogado, en la medida en la que “haya cohesión social” construir un gobierno “a partir de falsedades” tiene retos “enormes”.
“Creemos que es necesario que se entienda que no puedes convencer a alguien de que votó por quien no votó y que hay que construir puentes de diálogo por una transición (…) Esperemos que la mediación sirva para tender puentes, que se pueda llegar a acuerdos para que se entienda que la soberanía nacional, que no se puede llenar con un juicio o decisiones sin fundamento, sea finalmente respetada”, concluyó.
