La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgen al Estado venezolano a derogar toda normativa que restrinja de forma indebida el derecho a la libertad en referencia a la Ley contra el Odio.
Un mes después del 3 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, planteó la posibilidad de reformar la ley, al señalar que se habían producido situaciones de “mala utilización” de sus disposiciones.
El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional creó la “Comisión Especial para la Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, a solicitud del Ejecutivo, con el fin de avanzar en la “despenalización de los tipos penales previstos en esta norma”.
La organización internacional afirmó que una reforma parcial de la ley no bastaría para subsanar las deficiencias estructurales advertidas en múltiples ocasiones; la CIDH y su RELE reiteran el llamado formulado el 26 de junio de 2026 a derogar toda normativa que restrinja indebidamente la libertad de expresión, incluida la “Ley contra el Odio”, y cualquier disposición que permita censurar, sancionar o perseguir la difusión de información o expresiones críticas.
La ley contra el odio
Según reportes públicos, entre 2017 y octubre de 2025, se registraron 85 casos de personas y medios de comunicación señalados por presuntos delitos de odio, incluidos 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, y 7 medios de comunicación. En 65 de estos casos se habría invocado la “Ley contra el Odio”.
Desde la promulgación de la “Ley contra el Odio” en 2017, tanto la CIDH como su RELE han advertido que sus restricciones impiden severamente el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela y generan un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática.
Asimismo, la CIDH y su RELE documentaron, a través de sus diversos mecanismos de monitoreo, el uso selectivo y desproporcionado de la norma para sancionar expresiones críticas y de interés público. Estas preocupaciones se agravaron en el contexto poselectoral de 2024, cuando se alertó sobre la instrumentalización de la ley para criminalizar, bajo cargos de incitación al odio, a personas percibidas como opositoras.
Finalmente, la CIDH y su RELE llaman a que cualquier proceso legislativo de reforma que pueda incidir en el ejercicio de la libertad de expresión se desarrolle de manera transparente y con la participación amplia de la sociedad venezolana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ONG Transparencia Venezuela advirtió que cuatro meses después de los terremotos del 24 de junio, Venezuela sigue sin un plan de reconstrucción, un presupuesto público ni mecanismos de control independiente para garantizar el uso transparente de los recursos destinados a las comunidades afectadas.
Un informe realizado por la organización, titulado “Reconstrucción Postdesastre y Gestión Transparente de Fondos Públicos” analizó las experiencias internacionales que ofrecen lecciones sobre cómo gestionar los fondos públicos después de un desastre para supervisar los recursos y prevenir la corrupción.
Los hallazgos arrojaron tres lecciones clave: establecer reglas claras mediante un plan y un presupuesto transparentes; garantizar auditorías independientes y fiscalización técnica de los fondos ejecutados; y sancionar los actos de corrupción
Transparencia Venezuela insistió en que la reconstrucción necesita más que recursos: requiere transparencia, controles efectivos y rendición de cuentas. Estos mecanismos son fundamentales para proteger a las comunidades sobrevivientes y evitar que la ayuda se pierda en la corrupción.
A continuación las cuatro claves de las conclusiones más destacadas del informe:
El desastre y la brecha de recursos
De acuerdo con cifras oficiales, el doble terremoto del 24 de junio de 2026 dejó más de 3800 fallecidos, pero la cantidad de damnificados y daños estructurales no han sido divulgadas y se mantienen en total anonimato.
Frente a las evaluaciones de daño directo estimadas entre 6700 millones y 37 000 millones de dólares, el Gobierno solo ha anunciado un fondo inicial de reconstrucción de USD 200 millones.
Según cifras de la ONG, al 17 de agosto de 2026 se contabilizan USD 1.333.663.837 anunciados por 151 donantes. Sin embargo, corresponden a compromisos de cooperación y no a desembolsos verificados.
Vacío institucional y la alerta del Fonden
Transparencia Venezuela señaló que hasta el momento no existe ningún instrumento jurídico que cree o regule el mecanismo administrador de los fondos. “No hay mandato, plazo, presupuesto ni órgano rector designado”, aseguró la ONG.
Sobre el vacío institucional, la ONG advirtió que instalar controles de integridad toma semanas, mientras que reconstruir la trazabilidad de dinero ya ejecutado es imposible.
El canal financiero propuesto por el Ejecutivo para centralizar la ayuda es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), una institución sin acceso legal a la información sobre endeudamiento o acuerdos de cooperación.
Entre 2005 y 2015 Fonden manejó 781 proyectos (USD 174 898 millones) sin control ni auditoría externa efectiva, aseguró Transparencia Venezuela.
Opacidad estructural y fallas del Estado
El informe de Transparencia Venezuela precisó que Venezuela obtuvo 0/100 -por tercera vez consecutiva- en la Encuesta de Presupuesto Abierto. A la fecha son 20 años sin publicar sin publicar la Cuenta General de Hacienda y más de 15 años sin estadísticas fiscales oficiales.
A pesar de contar con la norma sismorresistente Covenin 1756, menos del 25% de las edificaciones en Venezuela la cumplen, mientras que un 77% de las viviendas del país están en asentamientos informales.
Desde 2017 se denunció la falta de planos y memorias de cálculo en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Luego de los terremotos el gobierno admitió no tener registro de cuántos edificios estatales colapsaron.
Anomalías y riesgos materializados
Luego del doblete sísmico se documentaron ayudas por parte de las autoridades a las personas según su filiación política.
También quedó en evidencia la alteración de registros con el balance oficial de fallecidos y restricciones a la prensa sobre todo para acceder a la zona cero.
Transparencia Venezuela aclaró que el mayor riesgo de desvío de fondos no ocurre en el primer año, sino en los años 2 y 3, cuando la atención pública, mediática y de la cooperación internacional disminuye.
Recomendaciones
Entre los nueve desastres internacionales analizados por Transparencia Venezuela —que van desde Chile y Japón hasta Haití y Siria—, la reconstrucción de la provincia de Aceh en Indonesia (tras el tsunami de 2004) destaca como el caso de mayor éxito institucional. Su efectividad no radicó en la cantidad de dinero recibido, sino en el diseño del mecanismo que lo administró.
La propuesta para la Venezuela post-sismo adapta esta experiencia y propone un fondo fiduciario multidonante administrado por un fideicomisario externo e independiente que custodia la totalidad de los recursos internacionales y libera el dinero tramo por tramo, únicamente contra verificación técnica de avance de obra y costos.
También un ente público con fecha de expiración y competencias estrictas para planificar y coordinar las prioridades de reconstrucción, pero con una prohibición expresa: no puede contratar ni ejecutar obras.
Esto se complementaría con un Comité Directivo Mixto donde la sociedad civil tiene asiento con derecho a voto (sin ser designada por el Ejecutivo), una instancia de integridad operativa antes del primer desembolso y auditorías externas contratadas directamente por el comité, cuyos dictámenes deben ser públicos e íntegros.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este 29 de octubre, durante la audiencia número 23 del periodo de sesiones número 197 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de al menos siete representantes de la sociedad civil venezolana denunciaron que el aparato represivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los entornos digitales sigue vigente.
Las ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), Espacio Público (EP), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – UCAB), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Amnistía Internacional Venezuela (AIV) reiteraron la necesidad de derogar leyes restrictivas como la Ley Contra el Odio y sobreseer los procesos judiciales de las personas detenidas arbitrariamente en el país.
Marcos Gómez, director de AIV, recordó que más de 400 personas están presas arbitrariamente en Venezuela, «muchas de ellas por la injerencia indebida a la privacidad» tras revisar sus redes sociales y sus teléfonos sin órdenes judiciales o el seguimiento al debido proceso.
Los representantes de la sociedad civil venezolana reiteraron que la represión digital tuvo un pico en el primer trimestre de 2026, tras la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y la vigilancia digital continua pese al proceso de diálogo entre el PSUV y representantes de la oposición, ambos bajo el aval de Estados Unidos.
Mientras tanto, los miembros del PSUV no se presentaron ante la CIDH por decimocuarto año consecutivo.
«Siempre lo decimos: lamentamos mucho que esas sillas estén vacías y que el Estado [venezolano] se resista a comparecerse, a presentarse en este ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y de diálogo democrático», lamentó José Luis Caballero, segundo vicepresidente de la CIDH y Relator para las personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia.
Gloria de Mees, comisionada de la CIDH y relatora oficial de la institución para Venezuela, denunció que, hasta la fecha, el gobierno interino del PSUV —avalado por Estados Unidos— no ha establecido ninguna hoja de ruta ni cronograma para restituir los derechos fundamentales ante la Comisión y ante el sistema internacional de Derechos Humanos.
«No hemos recibido respuesta alguna del Estado ante nuestras peticiones. No podremos decir, entonces, que nuestras solicitudes se están tomando en cuenta. Su silencio no es cooperación. Si existiera un cambio genuino en el Gobierno venezolano, debería existir una respuesta del Estado a la CIDH como prueba de ello», aseveró de Mees. «El silencio del Estado no debe convertirse en nuestro silencio».
Persecución híbrida
Mariana Romero, directora del CDJ, denunció que entre enero y agosto de 2026 han ocurrido al menos 165 hechos de vulneración en el espacio digital. Entre ellas se cuentan los casos de intimidación, amenazas y estigmatización contra defensores de derechos humanos por parte de funcionaros del PSUV, ya sea por las redes sociales institucionales o canales de televisión estatal. En los últimos seis años el CDJ ha acumulado 2172 denuncias de violencia digital.
«La represión es calculada. Existe correlación entre la estigmatización, la vigilancia digital y la materialización de patrones de persecución y la detención arbitraria», destacó Romero.
Entre los patrones de persecución híbrida mencionaron la «Operación Tuntún», promovida por Diosdado Cabello —actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP)— y distintas instituciones de seguridad del Estado desde el 2017. Si bien no existe una relación causal para todos los casos, tanto Cabello como las instituciones de seguridad del Estado —bajo el mandato del PSUV— promovían la «Operación Tuntún» en los picos de represión entre abril y julio de 2017 —cuando la ONG Foro Penal contabilizó 5.051 personas arrestadas— y entre el 28 de julio y el 6 de agosto de 2024 —cuando Foro Penal contabilizó 1010 arrestos arbitrarios solo en esa semana—.
«Cuentas de redes sociales de las instituciones del Estado y de funcionarios públicos difunden discursos de odio y campañas de desprestigios que catalogan a defensores y a otros liderazgos sociales como “enemigos”, “desestabilizadores” y “terroristas”, exponiéndolos a riesgos e incrementando su vulnerabilidad a ser víctimas de otros patrones represivos», reiteró la directora del CDJ.
Romero alertó que los proyectos de Ley que el interinato del PSUV —bajo el aval de Estado Unidos— anunció este 2026 sobre la ciberseguridad deben ser evaluados por la CIDH y el sistema internacional de derechos humanos para no repetir patrones como la Ley del Odio.
Manipulación de contenido personal
Marysabel Rodríguez, coordinadora del observatorio de libertad de expresión de la EP, denunció que aún quedan más de 40 dominios web bloqueados desde que el Gobierno Interino del PSUV —avalado por USA— anunció la liberación de los bloqueos el pasado 17 de septiembre de 2026. La mayoría son plataformas de servicios digitales (como un VPN) y al menos una decena son medios de comunicación independientes.
La coordinadora de EP también alertó que los casos de revisión arbitraria de teléfonos han aumentado desde 2024, destacando un pico en el primer trimestre de 2026 que derivaron en al menos 27 detenciones arbitrarias.
Destacó su preocupación frente a un nuevo modus operandi del PSUV: detener a una persona por delitos enmarcados en la Ley Contra el Odio y después cambiar la imputación a otro delito mencionado en el Código Penal. Tal es el caso de Yorman Acevedo, un civil de Maracay que lo detuvieron por «incitación al odio», el 13 de enero de 2026, luego de comentar un video de TikTok sobre la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estuvo preso 8 meses. Ahora tiene una boleta de excarcelación bajo otros delitos, tráfico ilícito de drogas, y debe presentarse ante tribunales.
También alertó sobre el uso de cámaras de seguridad en las calles y drones para vigilar a la ciudadanía sin marcos legales de protección a la ciudadanía. Esta manipulación procede principalmente del MRIJP, las alcaldías y las gobernaciones, denunció Espacio Público. La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela denunció en la sesión que el PSUV pasó de tener 3.920 cámaras de vigilancia en las calles en junio de 2025 a 7000 cámaras en diciembre del mismo año.
«Hasta la fecha no existe evidencia del cese de dichas prácticas o el desmontaje de este aparataje institucional. Por el contrario, hace unos días se observaron drones en protestas políticas en la calle», reiteró Rodríguez.
Sin protección de datos digitales
Gómez reiteró que el país, hasta la fecha, no tiene una legislación que garantice la protección de los datos personales en entornos digitales. Este panorama, agregó la Misión de Determinación de Hechos, pone en mayor vulnerabilidad por la existencia de la «Plataforma Patria», controlada por el PSUV.
«Si bien se puede percibir una aparente calma coyuntural en Venezuela, una pausa en la campaña represiva e incluso una pequeña apertura de ciertos espacios informativos, se ha alertado en esta audiencia que el aparato represivo y las estructuras de vigilancia digital siguen intactos», denunció Gómez.
Ante este escenario, los representantes de la sociedad civil reiteraron que la CIDH debe construir un informe sobre la violación a los derechos humanos en entornos digitales en Venezuela con dos objetivos: crear memoria histórica y exigir una hoja de ruta institucional para la redemocratización en Venezuela. La Comisión espera enviar la información a la nueva relatora sobre la libertad de expresión, Viviana Giacaman Sarah, quién asumirá el cargo el próximo primero de diciembre.
La presidenta interina con el aval de Washington, Delcy Rodríguez, se dirigió al país este jueves 29 de octubre para ofrecer un balance de lo que ha realizado en su gestión y anunciar otras serie de acciones de cara a continuar lo que denominó “un verdadero renacer” de Venezuela.
Vestida de un traje blanco impoluto, su discurso se centró quitar peso a la fecha de las elecciones aunque dijo que sí realizarán, en pedir a la ciudadanía un voto de confianza y en que la juzguen por los resultados de su trabajo. También destacó que se está actuando con soberanía.
En su mensaje, que se transmitió minutos antes de que la líder opositora María Corina Machado diera su primera rueda de prensa tras su vuelta a Venezuela, Rodríguez se dirigió especialmente al sector de los trabajadores, a la juventud y a los migrantes. También lanzó un mensaje para el chavismo.
A continuación algunas de las perlas de su discursos.
Anuncios, instrucciones y promesas
-Aseguró que está en curso una mesa de diálogo para consensos laborales con las principales centrales sindicales del país, las cámaras empresariales y el Gobierno. Anunció que en el 2027 “están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”.
-Un día después a una serie de manifestaciones en Caracas, dijo que “la protesta pacífica es un derecho constitucional” y que “debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de nuestros funcionarios de seguridad”. Indicó lo que ya establece la ley: “He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito”.
-Delcy Rodríguez señaló que los actores económicos también tienen un espacio de diálogo para seguir por la senda del crecimiento económico sostenido. En ese sentido, anunció: “He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios… La propiedad privada es un derecho protegido y garantizado”.
-Sobre la reforma de la Ley contra el Odio insistió en que se aplicó de forma abusiva y por eso ordenó reformala. Pidió a la Asamblea Nacional (AN) que ejecute un proceso de consultas con todos los sectores para dar un amplio debate sobre la propuesta. Dijo que luego de promulgada la ley, el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas penalmente con base en el instrumento.
Última hora: Presidenta Delcy Rodríguez se dirige a la nación con mensaje sobre transformaciones democráticas en Venezuela https://t.co/V15KT0tlC4
— Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) October 29, 2026
Los mensajes directos e indirectos
-Sobre las elecciones la Presidenta interina insistió: “El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar. Un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos. irreconciliables”.
-Señaló que Venezuela se relaciona con todos los pueblos del mundo sobre la base del respeto, la diplomacia y la igualdad, pensando siempre en el interés nacional para crear empleo y mejorar los servicios básicos, incluyendo el sistema eléctrico que nos golpea en nuestra cotidianidad. “Pero las decisiones de esta transformación se toman aquí, se firman aquí y se anuncian aquí”.
-Respecto al diálogo entre el Gobierno interino y la AN 2015 dijo: “la agenda está centrada en las garantías políticas para todos los participantes en los venideros procesos electorales, en la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y en la recuperación de cursos para la atención socioeconómica post terremoto. No es un diálogo para la foto, son temas duros y no se resuelven en un día”.
-También insinuó que es la mejor para conducir los cambios: “firmar una reforma, mover una institución, sentar en la misma mesa a quienes durante años no se sentaron ni hablaron, eso solo lo puede hacer quien conoce el Estado a profundidad. Lo conozco desde dentro.. Sé de qué les hablo: una transformación de esta magnitud si no la conduce alguien con experiencia y capacidad real de ejecutarla, se queda en un papel”.
-Añadió: “Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando, no lo escondo. Esa procedencia la convierto en una fortaleza para impulsar los cambios… Les confieso que las decisiones que hemos tomado y las que debemos tomar no son fáciles. Para algunos esto es ceder demasiado y para otros es avanzar demasiado poco. Entre esas dos tensiones se gobierna y hemos escogido un camino que con paso firme llegue a buen puerto”.
“Sé que muchos de ustedes escuchan todo esto y piensan en otras preocupaciones. El tema eléctrico en el sueldo, en la salud. Tienen razón. De poco sirve un país con mejores leyes e instituciones si los resultados no se traducen en una mejora concreta en la calidad de vida de los venezolanos”. Aseguró que escucha los reclamos y que rendirá cuentas sobre la reconstrucción post terremotos.
A sus detractores dijo: “Hay quienes piensan distinto a mí y de mi gobierno, esta transformación también es de ustedes. No les pido que cambien de opinión, les pido que juzguen por los hechos”. Mientras que a los chavistas explicó: “A quienes nos acompañan. Nada de lo construido se pierde. Lo que funciona se protege y lo que está mal se corrige. La soberanía no se negocia. Cooperamos con todos, pero decidimos en Venezuela”.
-Aseguró a los jóvenes venezolanos que “vale la pena creer de nuevo”. A los migrantes dijo que “quien decida volver encontrará un país que lo recibe de brazos abiertos, con respeto, con sus documentos en reglas y con oportunidades de trabajo. Estamos construyendo al país al que vale la pena volver”.
El balance
-Delcy Rodríguez indicó que a la fecha casi 9,000 personas se han beneficiado por la Ley de Amnistía, “poniendo fin a procesos penales derivados de la confrontación”. Indicó que más de 1000 personas están en libertad producto de la aplicación de esta ley y de la revisión de otros casos no previstos en ella.
-Recordó que está en marcha “una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal” y que recientemente se acordó con la Unión Europea asistencia técnica para avanzar en esta dirección. También dijo que pidieron la colaboración de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
-Señaló que la Ley para la Optimización de Trámites ha tenido frutos como el proceso de simplificación, modernización y digitalización del SENIAT. Agregó que el diálogo económico ha arrojado la suscripción de 61 contratos en carburos con inversionistas nacionales e internacionales bajo los parámetros de la nueva Ley de Hidrocarburos y están en negociación 44 acuerdos más.
-También indicó que “un verdadero diálogo de la sociedad requiere que todas las voces puedan ser escuchadas, que la libertad de expresión sea ejercida de manera responsable y que la información fluya con veracidad y objetividad”. Por eso dijo que siguen reestableciendo el acceso a portales informativos “que estaban sujetos a medidas administrativas como resultado de la confrontación vivida”.
-Pidió a los comunicadores del país responsabilidad y respeto a los derechos de los ciudadanos. A los medios nacionales e internacionales, les llamó a “que no se estigmatice la imagen de Venezuela, ni de su gentilicio ni de su identidad nacional”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
De acuerdo al abogado Perkins Rocha, el regreso de María Corina Machado a Venezuela representa un punto de inflexión para la oposición y debe conducir a una reorganización de las fuerzas políticas que adversan al chavismo.
Durante el espacio La Conversa de ARI (Alianza Rebelde Investiga) con la Luz, Rocha indicó que la dirigencia opositora debe concentrarse en recuperar la conducción política del país, avanzar hacia nuevas elecciones y reconstruir las instituciones.
En el programa donde estuvieron César Batiz, director de El Pitazo; Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Rocha sostuvo que la llegada de Machado debe modificar el papel de los sectores que participan en los espacios de diálogo y representación política.
“Lo que ocurrió con la llegada de María Corina, para mí significa el reacomodo de las cosas”, afirmó.
El profesional del derecho cuestionó la tendencia a cogobernar y señaló que las tareas de quienes integran la mesa de diálogo deberían centrarse en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A juicio de Rocha, tras el vacío político que significó el 3 de enero de este año, es necesario devolver el protagonismo a quienes encabezaron el proceso electoral en julio de 2024.
“Y esa es la tarea de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los representantes del Comando con Venezuela, junto con otras organizaciones políticas”, argumentó.
Alianzas, no unidades
Rocha defendió la construcción de alianzas entre sectores que no necesariamente comparten todos sus principios, pero que pueden coincidir en objetivos comunes.
“Yo no confío en las unidades. Las unidades siempre plantean divorcios, en cambio las alianzas plantean esquemas de trabajo”, expresó.
Rocha evocó el espíritu de los acuerdos políticos de 1958, cuando dirigentes de distintas corrientes ideológicas coincidieron en una alianza.
“¿Qué hacemos con una unidad que no camina?”, preguntó.
El abogado dijo que pese a las adversidades, Vente Venezuela ha logrado mantenerse y crecer.
Aseguró que espera que la organización pueda formalizar su inscripción cuando se recuperen plenamente las libertades políticas.
Un TSJ para la transición
Según Rocha la renovación del TSJ no debe entenderse como un simple cambio de magistrados para administrar justicia durante un nuevo período de 12 años.
A su juicio, el país atraviesa una situación excepcional que exige que el nuevo Poder Judicial contribuya a reconstruir la institucionalidad.
“No es necesario un TSJ que dure doce años para administrar justicia en el país”, dijo Rocha.
El abogado sostuvo que el TSJ debería tener un carácter transitorio y estar orientado a crear las condiciones para el establecimiento de una nueva república y la recuperación del orden constitucional
Advirtió que si el tribunal no asume ese propósito, podrían producirse nuevos enfrentamientos políticos e institucionales. También señaló que la renovación del TSJ y el CNE pueden avanzar de manera simultánea.
Elecciones presidenciales para 2027
Rocha expresó su respaldo a la fecha del 24 de julio de 2027, propuesta por el senador estadounidense Bernie Moreno para la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela.
“Esa fecha propuesta por el senador Moreno para unas elecciones presidenciales nos encanta”, afirmó.
El abogado argumentó que ese plazo permitiría preparar la estructura necesaria para organizar nuevos comicios.
Según explicó, Machado y su equipo han señalado que se requieren entre ocho y nueve meses, como mínimo, para establecer un nuevo andamiaje institucional electoral.
La Fuerza Armada y el poder civil
El abogado también planteó la necesidad de recuperar el carácter civil de las instituciones y revisar el papel de la Fuerza Armada Nacional en la administración pública.
Rocha defendió la reconstrucción de una institución militar democrática que acompañe al poder civil, en lugar de asumir funciones que correspondan a las autoridades civiles.
“La administración civil se maneja por principios absolutamente distintos que no guardan relación necesariamente con la jerarquía”, sostuvo.
Rocha aclaró que no plantea eliminar las Fuerzas Armadas, sino recuperar su institucionalidad y delimitar sus competencias.
Asimismo se refirió a su experiencia como preso político y a las consecuencias personales de su detención.
“Mi problema no es la reconciliación porque yo no tengo odio. Para reconciliarse hay que tener odio y poner el odio a un lado. Mi problema es la justicia, es recuperar la memoria, que no se pierda”, expresó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
A tres días del regreso de María Corina Machado a Venezuela, la socióloga Mirla Pérez, investigadora y profesora del Centro de Investigaciones Populares, ofreció una lectura de lo que ocurrió el domingo 25 de octubre y de lo que viene. Lo hizo en una conversación con Luis Ernesto Blanco en Espacio Runrun.es, a partir del trabajo de campo y del monitoreo nacional que realiza su equipo.
Pérez rechazó que lo visto en las calles sea una emocionalidad efímera. “Aquí no se ha cesado de la espera”, afirmó. Según explicó, la sociedad venezolana y las comunidades populares tenían claro que el regreso iba a ocurrir, aunque no cuándo. Esa certeza se apoya, dijo, en un liderazgo que ha sido constante: desde las movilizaciones de 2014 a 2017, pasando por las primarias de 2023 y las elecciones del 28 de julio de 2024, hasta la clandestinidad de 2025, sin pausas en la comunicación con la gente. A su juicio, los diez meses de ausencia no erosionaron el vínculo. La gente interpretó que el trabajo continuaba desde fuera.
Libertad y reunificación familiar
Sobre las dos demandas más repetidas durante el recorrido de Machado, libertad y reunificación familiar, la socióloga explicó que forman una sola “ecuación” en el imaginario popular. Venezuela, dijo, tenía una gran tradición de migración interna, pero nunca había vivido una migración externa de esta magnitud, con separaciones largas y sin posibilidad de reencuentro.
En una cultura que describió como “matricentrada”, muchas madres cargan con la culpa de no haber podido mantener unida a la familia. Para ellas, restituir la libertad, la democracia y las oportunidades de trabajo es la base para que los hijos puedan volver. El rosario, añadió, fue una expresión espontánea de la gente, un símbolo católico y afectivo que desde 2023 le donan a Machado y que, a su juicio, muestra una relación genuina y no demagógica.
Pérez planteó que el 28 de julio de 2024 dejó un “aprendizaje social”: la gente sabe que puede organizarse y que ganó esa elección con las actas en la mano. Contrastó esa capacidad con la del aparato comunal, que según su observatorio está cada vez más lejos de los sectores populares. Como ejemplo citó la elección comunal del 18 de octubre, en la que, pese a la logística de megáfonos, dinero y transporte, la participación fue mínima.
“Decidir no participar es también una acción”, señaló.
Qué espera la gente
Según los hallazgos de campo, de Machado “no se esperan actos de gobierno”. La gente sabe que no resolverá la crisis eléctrica ni subirá los sueldos, y entiende que la reconstrucción será lenta. Lo que se espera es una conducción política hacia una transición que incluya la voz popular, hoy ausente de la mesa de diálogo. Sobre la demanda concreta, Pérez fue precisa: la primera elección que la gente quiere es la presidencial, y las demás vendrían después. No considera necesario que Machado se incorpore a la mesa. Cree que la presión ciudadana desde fuera puede encaminar el proceso.
Respecto a Estados Unidos, explicó que la ciudadanía ha separado a los actores. Por un lado están Estados Unidos, el gobierno y la oposición que participa en la negociación. Por otro, Machado, en vínculo con la gente. Esa distinción, afirmó, ha evitado que la confianza se quiebre.
Riesgos y expectativa
Consultada sobre el riesgo de personalismo, Pérez sostuvo lo contrario: habló de un “liderazgo inculturado”, basado en el vínculo, y puso como ejemplo los comanditos de 2024, estructuras de confianza, delegación y organización dentro del entramado comunitario. Comparó esa lógica con la arquitectura del barrio, donde “una casa sostiene la otra”.
Entre los riesgos, la socióloga señaló la incertidumbre sobre los próximos movimientos de Machado, los desafíos con Estados Unidos y con la mesa de diálogo, y, sobre todo, el paso del tiempo. La interpretación más extendida en las comunidades, dijo, es que la mesa “está jugando a demorar”. Aun así, destacó que las protestas por servicios han ido incorporando demandas políticas, entre ellas el regreso de Machado, y que cada logro suma.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 29 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein falleció este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años por causas naturales. El magistrado, a pocos días de cumplir los 93 años, era el encargado de presidir el proceso penal por narcoterrorismo, narcotráfico y torturas en los tribunales de Nueva York contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Hellerstein era magistrado federa desde 1998, tras ser nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton para el Distrito Sur de Nueva York. En su amplia trayectoria, presidió una amplia gama de casos importantes, incluidos litigios relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001, los juicios civiles contra el productor Harvey Weinstein vinculados al movimiento #MeToo, el caso por narcotráfico de Hugo “El Pollo” Carvajal, entere otros.
Según el Comité de Asignaciones (Assignment Committee) del Circuito Judicial de Nueva York, la nueva juez encargada del caso Maduro-Flores será Analisa Nadine Torres, de 66 años.
«Yo no voy a desistir de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas», dijo Delcy Rodríguez sobre las reservas de oro resguardadas en Reino Unido tras fallo judicial contra Juan Guaidó y su equipo político.
Lo que rompe en redes
El militar Giuseppe Alessandrello, militante del Psuv y presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, corrige la imposición de los candidatos a magistrados se postularon en mayo. Tiene tanto aprecio por la democracia como capacidad argumentativa, eh. pic.twitter.com/JgJchxdwIK
En la plaza Bolívar de Caraballeda, las preguntas iban de un lado a otro. ¿Ya viene María Corina Machado? ¿Por dónde va a pasar? ¿Es verdad que va a llegar hasta aquí?
Marisela González intentaba responder a quienes se acercaban para conocer los detalles de la visita sorpresa de la líder opositora y premio Nobel de la Paz. «Me dijeron que ya vienen. Están recorriendo los campos de golf. Están ahora por la calle donde se cayó el edificio El Molino», explicaba, mientras los teléfonos comenzaban a sonar y los mensajes de voz corrían de vecino en vecino.
La expectativa crecía. Algunos querían avisar a sus familiares; otros se mantenían atentos a cualquier noticia que pudiese confirmar la llegada de Machado. La dirigente había viajado a La Guaira sin anunciar públicamente su recorrido, pero la noticia ya se extendía por las calles de Caraballeda.
Finalmente, llegó a la plaza. Frente a la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, el padre Freddy Lara la bendijo durante unos segundos de oración. A su alrededor, varias personas levantaban sus teléfonos para fotografiarla y tratar de guardar un recuerdo del encuentro.
«María Corina gracias por venir».
«María no estás sola».
«María Corina, menos mal que ya estás aquí».
Cada abrazo parecía abrir la oportunidad para decirle algo, contarle una experiencia o pedirle que escuchara lo que había ocurrido en el estado después del doble terremoto del 24 de junio.
Quienes la esperaban se fueron en procesión hasta la sede de Residencias Planchart, donde Machado tenía planeado un encuentro privado con la estructura parroquial de su partido Vente Venezuela en Vargas.
El sacerdote Freddy Lara le dio una bendición a María Corina Machado a su llegada a la plaza del pueblo de Caraballeda. Foto Roison Figuera
Afuera, Yelitza García esperaba con la esperanza de saludarla. Su hija le había avisado que había visto a la dirigente en la zona y ella decidió acercarse, aunque sabía que estaba reunida con el equipo político.
García estaba dispuesta a esperar hasta que terminara el encuentro. Como ella, otras personas fueron llegando a las inmediaciones del edificio, con la intención de verla de cerca y escuchar lo que tuviera que decirles.
«Yo de aquí no me muevo. Voy a ver a María Corina. Quiero abrazarla desde las elecciones de 2024. Quiero que sepa que aquí en Caraballeda defendimos esos votos y vamos a volver a hacerlo», insistía.
De El Trébol hasta Tanaguarena
La jornada había comenzado en el distribuidor El Trébol, la entrada principal al litoral central. Allí, Machado se detuvo para conversar con habitantes del sector y conocer cómo habían enfrentado la emergencia y la atención recibida durante los meses posteriores a los sismos.
«Ella vino a ver la magnitud de lo que había pasado», contó Abelardo López, vecino de El Trébol, quien tuvo la oportunidad de hablar con la dirigente.
Según relató, Machado les preguntó cómo habían vivido el doble terremoto, qué atención habían recibido y qué había ocurrido durante el tiempo en que ella no estuvo físicamente en la entidad. También les dijo que los había acompañado con sus oraciones.
«De nosotros se despidió con la promesa de volver. Siguió hacía Caraballeda, porque sabe que allá eso está más feo».
El recorrido de Machado se extendió por la urbanización Caribe y Tanaguarena. En las zonas afectadas, sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas encontraron la oportunidad de contarle sus historias. Hubo abrazos, reclamos, llanto y peticiones de actuación ante una emergencia cuyas consecuencias siguen presentes en la vida de cientos de familias.
En Tanaguarena un sobreviviente del doble terremoto le habló de la crisis y la pobreza que se enfrenta en el litoral central. Cortesía
Un hombre moreno, vestido con una camiseta y con la rabia y la tristeza a flor de piel, se abrió paso para dirigirse a Machado.
«¿Hasta cuándo? ¿Qué vas a hacer tú por este poco de pobres que estamos aquí? Este gobierno no sirve para una paja. ¿Qué vas a hacer tú? Dime que yo te ayudo», le planteó, en un reclamo que puso sobre la mesa la urgencia de quienes esperan soluciones.
«Sabía que tenía que estar aquí»
Pasadas las 3:30 de la tarde, las personas seguían agrupadas frente a Residencias Planchart. La amenaza de lluvia no las hizo desistir. Esperaban la salida de Machado, que finalmente se dirigió a quienes permanecían en el lugar.
«Sabía que tenía que estar aquí. Desde el primer día no estuve físicamente, pero sí estuvieron mis oraciones», les dijo.
Aunque la visita de María Corina Machado no era para actos públicos, simpatizantes se acercaron a saludarla en el sitio de la reunión en Caraballeda. Foto N. Noriega
Machado reconoció el afecto recibido durante la jornada y formuló una promesa que encontró eco entre los presentes: «Hoy he recibido tanto amor. Yo les prometo que vamos a recuperar y a reconstruir Vargas. Y va a ser mejor de lo que fue. A Vargas la vamos a poner de primera en Venezuela».
También explicó por qué había considerado importante regresar a la entidad: «Este era el encuentro más importante que yo tenía pendiente porque tenía que ver lo que había pasado».
Simpatizantes de Machado aguardaban a que terminara la reunión de Vente Venezuela Vargas para saludarla. Foto Roison Figuera
Después de escucharla, los vecinos comenzaron a retirarse. Algunos se marcharon con mejor ánimo; otros se quedaron unos minutos más, comentando lo que acababan de vivir. La visita había terminado, al menos por ese día, pero la expectativa de volver a verla seguía presente.
Maricela González, la mujer que durante buena parte de la jornada había intentado orientar a quienes preguntaban por Machado también se llevó una promesa.
«Ella dijo que esta no iba a ser la última vez, que ella iba a volver. Yo espero que vuelva y que todo lo que nos dijo sea completamente verdad. Nosotros aquí en Caraballeda sabemos lo que es vivir con esperanza. Ojalá todo lo que haya dicho María Corina sea verdad», expresó.
En una comunidad que todavía intenta reconstruir su cotidianidad después de los terremotos, la visita de María Corina Machado dejó una mezcla de expectativas y esperanza.
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