Este miércoles, 26 de agosto, fue localizado el cuerpo de Keiber Quintero en Higuerote, estado Miranda, cuatro días después de ser arrastrado junto a su madre por una corriente de agua durante las fuertes lluvias registradas en Caracas el pasado fin de semana.
De acuerdo con información aportada por el periodista de sucesos Román Camacho, Quintero se desplazaba en motocicleta junto a su madre, Keylin Quintero González, por las inmediaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, cuando ambos cayeron al sistema de drenajes.
Desde entonces, equipos de prevención, rescate y gestión de riesgos desplegaron operativos de búsqueda en alcantarillas, quebradas y cauces relacionados con el sistema de drenaje de la zona. El cuerpo de Keylin Quintero González fue hallado el domingo 26 de agosto.
Faltan por rescatar
A cuatro días de las torrenciales lluvias, varias personas siguen desaparecidas. Entre ellas: Zuleika Morillo, quien fue arrastrada por la corriente en el estado Aragua, en el sector La Gavilana (municipio José Félix Ribas, cerca de La Victoria).
Richard Borges y María Alejandra Mijares, pareja arrastrada por la crecida de la quebrada El Alambique en Valle Alto (Los Teques, municipio Guaicaipuro, Miranda).
Las lluvias también afectaron más de 150 viviendas, dejaron decenas de vehículos arrastrados y generaron heridos, sobre todo en la autopista Valle-Coche.
Con información de EC
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La libertad de expresión en Venezuela continúa condicionada por un ecosistema informativo sometido a presiones políticas y económicas. A esto se suma una transformación de las audiencias que obliga a los medios independientes a replantear cómo producen, distribuyen y sostienen su trabajo.
El tema fue abordado este miércoles 26 de agosto durante un Espacio Runrunes, moderado por Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es, y con la participación de Andrés Cañizález, director de Medianálisis y periodista e investigador académico. Ambos analizaron los obstáculos que enfrenta la prensa venezolana y las condiciones necesarias para que pueda recuperar espacios en el debate público.
Medios atrapados entre restricciones y nuevas plataformas
Blanco comentó que los medios independientes enfrentan una presión que va más allá de la relación con el poder político. A las restricciones y dificultades presupuestarias se suman el avance de la inteligencia artificial y el crecimiento de los creadores de contenido, que compiten por la atención de las mismas audiencias.
Cañizález coincidió en que el ecosistema informativo se ha fragmentado. Existen múltiples voces y audiencias fidelizadas que siguen la actualidad desde distintos espacios, mientras los medios tradicionales han perdido parte del terreno que anteriormente concentraban.
Esta transformación plantea además un problema de sostenibilidad. El periodista señaló que los proyectos independientes necesitan encontrar modelos que les permitan mantenerse en el tiempo, en un contexto donde el mercado laboral para los periodistas también es precario.
Formar periodistas para un ecosistema distinto
Ante ese panorama, Cañizález destacó la necesidad de fortalecer la formación de los nuevos periodistas y de establecer mecanismos de tutoría que permitan transmitir experiencia entre generaciones.
El intercambio entre periodistas veteranos y jóvenes, dijo, es fundamental para afrontar los cambios del oficio y marcar nuevas pautas dentro de la profesión. La relación con las audiencias también requiere una revisión. Cañizález planteó que los medios deben preguntarse qué quieren sus públicos y cómo llegar tanto a quienes mantienen hábitos tradicionales como a quienes consumen información mediante formatos digitales.
El desafío es mayor porque una parte de las audiencias no tiene el hábito de leer. Por ello, el periodismo independiente debe buscar nuevas maneras de conectar con ellas sin perder su función informativa.
La unión como estrategia de supervivencia
Cañizález consideró que la experiencia de la Alianza Rebelde Investiga demuestra la importancia de establecer alianzas entre medios. A su juicio, ese modelo puede ser replicado como una forma de enfrentar las restricciones y evitar que los proyectos periodísticos trabajen de manera aislada.
También llamó a construir un frente común para exigir la eliminación de obstáculos al financiamiento internacional. La sostenibilidad, explicó, no depende únicamente de la fidelidad de las audiencias, sino también de las condiciones legales y económicas en las que operan los medios.
Blanco había señalado que incluso los medios tradicionales han sufrido las consecuencias de este deterioro, lo que evidencia que la crisis atraviesa a buena parte del ecosistema periodístico venezolano.
La discusión sobre las condiciones para ejercer el periodismo también está vinculada con el escenario político. Cañizález afirmó que, según lo planteado, en septiembre podría instalarse una mesa para discutir garantías relacionadas con la libertad de expresión. Sin embargo, sostuvo que no será posible reconstruir un espacio de diálogo genuino mientras no exista un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas en esta materia.
El periodista recordó además el caso de una colega detenida después de acudir acreditada como periodista a un evento de interés público. Para Cañizález, situaciones como esta muestran que las condiciones para ejercer la profesión todavía distan de estar normalizadas. En ese contexto, consideró que cualquier proceso electoral volverá indispensable la presencia de medios capaces de cubrirlo y fiscalizar a los actores políticos.
“Solo en las elecciones próximas se sabrá si realmente habrá libertad de expresión”, afirmó Cañizález.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de bajo custodia del Estado de Carlos Eduardo Padilla por motivos de salud.
De acuerdo con el OVP, Padilla estaba recluido en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico y falleció en el Hospital Dr. Israel Ranuárez Balza.
La muerte de Padilla ocurre en un penal que actualmente alberga a más de 1.800 personas privadas de libertad, quienes permanecen expuestas a graves deficiencias en materia de salud, higiene y alimentación.
“Estas condiciones no pueden normalizarse ni considerarse consecuencias inevitables de la privación de libertad, sino que evidencian la desidia con la que el Gobierno continúa administrando los centros penitenciarios”, expresó el OVP en un pos publicado en X.
El OVP insistió en que la muerte de Padilla no puede quedar reducida a un nombre en un registro penitenciario. Recalcó que el Gobierno tiene la obligación de explicar qué ocurrió mientras permanecía bajo su custodia, qué actuaciones se realizaron antes de su fallecimiento y si existieron circunstancias que pudieron evitar este desenlace.
El observatorio exigió una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades si las hubiere.
La organización destacó que cuando una persona entra viva a un centro de reclusión y muere bajo custodia, el silencio institucional no puede ser la única respuesta que reciba su familia.
Ante la falta de actuación efectiva de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, el OVP indicó que seguirá denunciando la situación de los presos políticos ante mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos para que estos hechos sean conocidos, documentados y se impulsen las actuaciones correspondientes.
🚨 #OVPDenuncia Carlos Eduardo Padilla murió bajo custodia del régimen: su familia merece respuestas
Carlos Eduardo Padilla estaba recluido en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico. Hoy su nombre se suma a las personas que han… pic.twitter.com/hXteRyz7KS
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 26, 2026
Las muertes bajo custodia no cesan
El pasado 11 de agosto el OVP denunció la muerte bajo custodia de Anthony Portillo (Tocuyito), Víctor Salgado (Rodeo IV) y Adrián Felipe (Fénix Lara), todos en contextos de desatención médica.
Este lunes 24 de agosto, el OVP informó que Robinson Johan Esquivel Fajardo, de 45 años, falleció en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, cuando presentó complicaciones de salud.
Esquivel Fajardo, es el segundo recluso proveniente de este penal que recibía tratamiento de diálisis y que muere en menos de una semana. El primero fue César Enrique Ostos, quien falleció el pasado 19 agosto mientras se dializaba.
En lo que va de 2026, y hasta el pasado mes de julio, el OVP contabilizó 28 fallecidos en custodia del Estado.
El OVP exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo investigar estas vulneraciones a los derechos de las personas bajo custodia del Estado venezolano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El pasado 24 de julio, Venezuela notificó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas su decisión de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado internacional que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, esta medida no produce no genera inconvenientes inmediatamente ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 127.1 del mencionado Estatuto, la denuncia entra en vigencia un año después de ser recibida, por lo que el Estado venezolano dejará de ser parte del tratado de manera definitiva el 24 de julio de 2027.
La precisión sobre estos lapsos de tiempo resulta ser importante porque la decisión no interrumpe la investigación sobre la situación Venezuela, abierta por la Fiscalía de la CPI en noviembre de 2021. Tampoco se eliminan las obligaciones internacionales que asumió el país durante el tiempo en que el tratado ha sido aplicable.
El artículo 127.2 del Estatuto dispone expresamente que el retiro no libera al Estado de las responsabilidades derivadas mientras fue parte, ni afecta la cooperación con el tribunal respecto a las investigaciones y procedimientos iniciados antes de que la denuncia sea efectiva. Por lo tanto, la Corte conserva la información sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano o por ciudadanos venezolanos hasta el 24 de julio de 2027, abarcando hechos ocurridos al menos desde febrero de 2014.
Rendición de cuentas
Venezuela fue uno de los primeros países del continente suramericano en ratificar el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000, participando activamente en la creación del sistema de la CPI, pero tras la notificación de retiro resulta indispensable recordar lo establecido en el artículo 29 de la Constitución, el cual obliga al Estado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Esta norma constitucional consagra la perpetuidad de las acciones para sancionar crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra, excluyendo cualquier beneficio que pueda generar impunidad.
Es así que, desde esta perspectiva la decisión de separarse del tratado representa un retroceso en los mecanismos internacionales de protección y rendición de cuentas disponibles para las víctimas y por lo cual, la presidencia de la Asamblea de los Estados Partes exhortó a las autoridades a reconsiderar la medida porque puede reducir a futuro la tutela penal internacional para los venezolanos en caso de que ocurran nuevos sucesos una vez que el país esté retirado.
Presión contra la CPI
La decisión venezolana coincide con la presión de Estados Unidos hacia la CPI ya que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha promovido una política de cuestionamiento a la jurisdicción del tribunal, acompañada de la ampliación de sanciones contra sus funcionarios. Por esto mismo, el 18 de agosto Washington anunció nuevas medidas financieras y personales contra la presidenta de la Corte, la jueza Tomoko Akane, y el abogado principal de juicio, Abdoulaye Seye, sumando 9 de 18 jueces bajo sanciones de Estados Unidos.
A pesar de estas fuertes medidas jurídicas, generan un gran impacto institucional porque dificultan desplazamientos y operaciones financieras de la organización, no modifican las competencias de la CPI ni anulan jurídicamente sus decisiones, pero las consecuencias jurídicas para Venezuela se rigen por las reglas del Estatuto de Roma y no por políticas externas.
Reorganización e impacto
La denuncia venezolana también viene en paralelo con cambios en la dirección de la Fiscalía de la CPI porque el 24 de julio, la Asamblea de los Estados Partes aprobó con 82 votos la remoción del fiscal Karim Khan por falta e incumplimiento grave de sus deberes, de conformidad con el artículo 46 del Estatuto.
Este procedimiento no afectó la investigación de Venezuela , de la cual Khan se había retraído en septiembre de 2025. Desde esa fecha, el vicefiscal Mame Mandiaye Niang lidera la causa para garantizar la continuidad del expediente a la espera de que la Asamblea elija a un nuevo fiscal titular.
Para el ciudadano venezolano, la salida de Venezuela de la CPI no significa el fin de los procesos en curso ni que se dejen atrás responsabilidades pasadas, sino que la Corte mantendrá sus investigaciones sobre los hechos comprendidos en el período de vigencia del Estatuto y el Estado deberá conservar su cooperación.
Es así, que el impacto que esperan se empiece a mostrar a partir del 24 de julio de 2027, momento en que la protección de la justicia penal internacional quedará restringida por completo frente a nuevos acontecimientos en el país.
Con información de Nota de Prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En su cuenta de X, Nelson Afiuni, escribió que la libertad que le fue concedida a su hermana, la jueza María Lourdes Afiuni es una farsa.
Según Afiuni, la abogada intentó ingresar al sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para tramitar su pasaporte, y se encontró con que mantiene una alerta de restricción activa que le impide la expedición del documento de viaje.
De acuerdo a Afiuni, la traba administrativa vulnera el derecho al libre tránsito de la magistrada, quien requiere el documento para trasladarse a Estados Unidos con el fin de culminar sus tratamiento médico y reunirse con su única hija, a quien tiene una década sin ver.
En comunicado rubricado por Afiuni y por la representante legal de la jueza, Thelma Fernández, exponen que el artículo 50 de la Constitución nacional reza que “todo venezolamo tiene derecho a transitar, cambiar de domicilio, salir y entrar del país”.
“Resulta, por tanto, jurídicamente contradictorio declarar la libertad plena de una ciudadana y mantener simultáneamente efectos materiales de una restricción que le impide obtener su documento de viaje y salir del país”, se desprende del comunicado.
Afiuni y Fernández remitieron la carta a la embajada de los Estados Unidos en Caracas, así como al senador norteamericano, Rick Scott.
“Exigimos de manera contundente el levantamiento inmediato de cualquier restricción administrativa o judicial que le impida obtener su pasaporte y ejercer plenamente su derecho a salir de Venezuela”.
A inicios del mes de agosto, la jueza Afiuni recibió la libertad plena después de 16 años de un proceso judicial que inició cuando el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó encarcelarla por otorgarle libertad plena al banquero, Eligio Cedeño.
En diciembre de 2009, Afiuni fue acusada de supuestos delitos de corrupción, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir.
Fue recluida en la cárcel del INOF en Los Teques y desde 2019 se encontraba en arresto domiciliario.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
De cara al regreso a clases previsto para el 14 de septiembre, el gobierno de Delcy Rodríguez informó el inicio de la “desconcentración de los centros educativos” que funcionaban como refugios para los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.
“Estamos aquí en el poliedro de Caracas, donde estamos con una carpa nueva para desconcentrar las escuelas, empezar el proceso de las personas que están en campamentos transitorios en escuelas, llevarlos a situaciones, espacios donde están apartados, con privacidad, son espacios unifamiliares y que ya las escuelas puedan estar, empezar a estar disponibles para el regreso a clases, dijo Rodríguez.
A través de su cuenta en X, el Ministerio de Comunicación e Información sumó que están trabajando de manera articulada con distintas instancias para “garantizar soluciones habitacionales rápidas y seguras a las familias damnificadas, las cuales pasarán de estar en refugios escolares a ser resguardados en espacios unifamiliares con servicios óptimos”.
Pendientes: La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció este martes 25 de agosto que inició un proceso de desconcentración de los centros educativos que funcionaban como campamentos transitorios para la atención de las familias afectadas por los terremotos del pasado… pic.twitter.com/Dt86wH3kve
— Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) August 26, 2026
Rodríguez añadió que se habilitaron los espacios del Poliedro de Caracas y el Monumental de Caracas para reubicar a las personas que permanecen en centros educativos.
Reubicarán alumnos de 91 escuelas
A menos de tres semanas para el regreso a clases, Delcy reubicará los alumnos de 91 escuelas afectadas, luego de que 11 planteles colapsaran y otros 80 quedaran con daños estructurales.
La promesa oficial es que todos esos alumnos tengan un cupo en otro plantel cercano a su residencia para el 14 de septiembre, fecha fijada para el inicio del período académico 2026-2027.
Por su parte, Héctor Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Educación, aseguró que los terremotos afectaron a cerca de 900 de las 27.000 escuelas existentes en Venezuela, aunque sostuvo que la mayoría presenta daños menores.
En julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) calculó que serían necesarias 25.000 viviendas para atender a quienes perdieron sus hogares, mientras que Delcy prometió llegar a 4.000 viviendas entregadas antes de finalizar el año. Hasta el momento, la cifra oficial es de 335 viviendas “nuevas” entregadas y 1.001 recuperadas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El gobierno tutelado de Delcy Rodríguez inició un proceso de negociación de la monstruosa deuda que el chavismo contrajo por distintas vías en estos últimos 26 años. Como todo lo que hace este gobierno ilegítimo, hay una falta de transparencia total sobre qué se está negociando. No están claros los montos de las deudas contraídas por la república y por PDVSA, ni cuáles son los montos por los diversos litigios que tiene Venezuela como resultado de las expropiaciones en las áreas minera, petrolera, entre otras. En resumen, los venezolanos, aplastados por la crisis económica provocada por las malas políticas del chavismo, no saben cómo estas negociaciones sobre la deuda externa impactarán su presente y su futuro.
Algunos inversionistas llevan años apostando a que un día los bonos de la república (llamados soberanos) y de PDVSA, que suman entre ambos 170 000 y 240 000 millones de dólares por capital e intereses no pagados, subirán de precio en el mercado secundario. Por eso, en lo que se conocen como “contratos privados” (las sanciones impuestas por EE. UU. no permitían hasta hace poco la compra/venta abierta de bonos de Venezuela), adquirieron con grandes descuentos esos bonos a (entre 30 y 40 centavos por cada dólar).
Después del 3 de enero de 2026, esos bonos negociados bajo la mesa subieron un 20 %. Quienes salieron de ellos, ganaron dinero. El optimismo que siguió al arresto de Maduro y su esposa por tropas de Estados Unidos hizo que ese mercado secundario proyectara mejores precios aun. Ya las expectativas no son tan buenas. El futuro de Venezuela sigue siendo muy incierto.
Ahora los tenedores de esos bonos están colgados de la brocha y no saben si esa deuda caerá o si algún día subirá de precio. Analistas financieros tienen varias preguntas que todavía no tienen respuestas. Una de ellas es cuánto y cómo se administra actualmente el ingreso petrolero. Por ahora, ese ingreso lo controla el gobierno de Trump. La novedad es que la administración estadounidense está buscando a administradores privados para manejar esos fondos.
La otra pregunta es qué impacto financiero tendrán las consecuencias de los terremotos del 24 de junio pasado. El monto será muy alto, pues la reconstrucción del destruido estado Vargas (renombrado La Guaira por Maduro) se estima en miles de millones de dólares. Nadie, sin embargo, sabe de dónde saldrá ese dinero en un país literalmente quebrado.
Otra interrogante tiene que ver con la capacidad de la economía venezolana de recuperarse. Fuera de los sectores petroleros y mineros, no se vislumbran inversiones mayores, y menos después de los terremotos. Incluso la capacidad de producción y procesamiento del petróleo está muy disminuida después de un cuarto de siglo de desinversión en hidrocarburos.
El resto de la economía se ha reducido muchísimo por el cierre de industrias, las expropiaciones y la decadencia y destrucción de los activos, incluyendo los servicios públicos como la generación y distribución de electricidad, la infraestructura de transporte, telecomunicaciones, agua potable, etc. La recuperación de todos esos activos, privados y públicos, requiere la inversión de miles de millones de dólares. ¿Quién le va a prestar ese dinero a Venezuela? ¿Quién va a invertir en esas empresas? ¿Bajo qué condiciones?
Aquí entramos en la desconocida dimensión política del problema. El gobierno tutelado de Delcy Rodríguez sigue siendo ilegítimo, aunque tenga el reconocimiento de facto del gobierno de Estados Unidos. Nadie puede predecir en qué terminarán las negociaciones entre el régimen chavista y una parte de la oposición. Lo que sí parece proyectarse es un lento camino hacia algún tipo de transición política con elecciones en un horizonte no muy cercano.
Sin contar con un gobierno legítimo, ni con una Asamblea Nacional electa de forma transparente, ni un poder judicial totalmente reformado ni con instituciones capaces de garantizar el Estado de derecho y el respeto a las leyes, ningún inversionista internacional asumirá riesgos en Venezuela. Es posible que las petroleras que ya están en el país o los chinos, quienes apuestan al largo plazo, vengan a invertir. En cambio, la mayoría de los inversionistas, gobiernos e instituciones multilaterales (FMI, BM, BID) tienen visiones de corto y mediano plazo. Sin los cambios políticos no prestarán dinero o invertirán en Venezuela. Las garantías jurídicas y la certidumbre son necesarias, y, por ahora, no están a la vista.
A esto se agregan los litigios pendientes y futuros sobre la legitimidad de las deudas externas contraídas por el chavismo en estos últimos 26 años. Un nuevo gobierno elegido democráticamente podrá cuestionar la validez de esas deudas, muchas de ellas manchadas por la sospecha de la corrupción.
El dólar: la mercancía más codiciada
La economía venezolana está muy distorsionada. La inflación se ha ido comiendo el poder adquisitivo de la gran mayoría de los venezolanos. El chavismo ha fracasado en ponerle coto a la hiperinflación y a la devaluación de la moneda. No tiene política monetaria ni política económica. Ahora ha optado por un “capitalismo salvaje” que solo beneficia a un grupo pequeño de conectados con el régimen, y a quienes trabajan o se benefician de los “negocios” de estos enchufados. La gran mayoría vive de forma muy precaria. Depende de las dádivas del régimen (cajas CLAP, bonos, etc.), o se ha convertido en “emprendedores” para redondearse los ingresos comercializando lo que puedan vender. Apenas sobreviven con magros ingresos.
Lo único que tiene valor en la economía venezolana es el dólar (y en alguna medida el euro y el peso colombiano en la frontera con ese país). Esto explica que los precios en dólares en Venezuela sean más caros que en otros mercados internacionales. Hay productos y servicios que cuestan incluso hasta el doble lo que cuestan en Estados Unidos o Canadá. En un país donde se importa casi todo, se produce muy poco, y el dólar es escaso (EE. UU. lo administra a cuenta gotas a través de ciertos bancos locales), los precios en divisas no dejan de subir.
La otra cara de la economía en Venezuela es la subterránea. Se nutre del lavado de dinero (fuentes afirman que los narcos usan el mercado venezolano para lavar sus dólares en efectivo), del dinero de la corrupción que busca “legitimarse” en el país (los corruptos ya no pueden poner su dinero afuera sin el riesgo de que se los confisquen) y de otras fuentes de divisas producto del crimen. Esta economía subterránea crea burbujas de consumo con precios absurdos en dólares (por ejemplo, una entrada de cine a 25 dólares o unas cotufas a 30 dólares).
Sin transparencia financiera y sin cambios políticos que lleven a la recuperación de la democracia y de la seguridad jurídica nada cambiará para mejor en Venezuela. Por ahora, los tenedores de bonos de la república y de PDVSA aguantan la respiración. Apuestan, como buenos especuladores, que los bonos soberanos y de la petrolera venezolana subirán de precio. El futuro sigue siendo una gran pregunta sin respuesta.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
De acuerdo a Gustavo Izaguirre, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Ariana Tarhan, urbanista especializada en planificación estratégica, para comenzar el proceso de reconstrucción de los sectores afectados luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio solo hacen falta un par de cosas elementales: planificación y respetar las leyes.
Izaguirre y Tarhan fueron los invitados de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, Tal Cual y El Pitazo de este martes 25 de agosto.
En el programa semanal, que en esta oportunidad fue conducido por Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, ambos especialistas coincidieron en que debe desarrollarse un plan urbanístico donde participen profesionales y académicos de la sociedad civil.
Estas fueron algunos de las cosas que los profesionales dijeron que deben hacerse:
–Atender la emergencia y a los afectados: Para Tarhan lo fundamental en este momento es encargarse de remover todos los escombros, especialmente los que quedaron en La Guaira, zona más afectada después de los movimientos telúricos. “La recolección de escombros es una fase que lleva mucho tiempo. Hay que darle vivienda aceptable a las personas que están en los refugios, no una carpa, aunque sea una vivienda temporal, pero que tenga condiciones óptimas”, dijo la urbanista. Izaguirre dijo que en Vargas se calcula que hay alrededor de 10 millones de metros cúbicos de escombros. Para el arquitecto es fundamental ubicar a las personas en un lugar seguro y que no permanezcan a la intemperie en carpas, donde una lluvia los puede afectar. “Aunque sea en estadios, pero que tengan un comedor y un centro hospitalario cerca, eso debe hacerse de inmediato”, dijo el arquitecto, quien agregó que en La Guaira se toparon con problemas de mantenimiento en las edificaciones. “Algunas tenían corrosión no resuelta, fallas en la estructura”.
–Plan de zonificación sísmica: Tarhan aseveró que a partir de la elaboración de una especie de mapa para ubicar cuales son las zonas con más riesgos en el momento de un terremoto, se puede empezar a trazar una estrategia urbanística. “Para que se cumpla hay que capacitar a ingenieros municipales y responsables de las alcaldías, tomar en cuenta los riesgos y las condiciones de cada parcela o espacio porque son vidas de personas y bienes materiales que se ponen en juego si esto se toma a la ligera y tienen que haber sanciones en caso de que no se cumplan las normas”, sentenció Tarhan. Izaguirre expuso que gran parte del territorio nacional se encuentra sobre un área sísmica. “Entonces la amenaza siempre la tenemos. Lo que debemos hacer es proyectar y construir edificaciones que sean resistentes”. El ex decano de Arquitectura de la UCV comentó que al tener un piso blando en la planta baja de un edificio se incrementa la posibilidad de un colapso ante cualquier evento sísmico.
–Plan de Desarrollo Urbano Local: Izaguirre manifestó que paralelamente a la atención primaria a la emergencia se debe trazar un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), un instrumento legal y técnico de planificación a nivel municipal que detalle las directrices de ordenación urbanística. “Hay que hacer un plan de cómo va a ser la vivienda provisional para todas las personas que quedaron damnificadas, además de una estrategia urbanística que esté en la ley, que cada organismo sepa lo que debe hacer y cuál es la inversión que tiene que hacerse. Eso permite que la Asamblea Nacional pueda aprobar programas de uno hasta cinco años de acuerdo a la Ley de Presupuestos”. Tarhan dijo que en La Guaira van a quedar grandes extensiones de terreno desocupadas que deben reglamentarse. “Y la manera de llevarlo a una reglamentación es producir una ordenanza de zonificación que viene de la elaboración del PDUL, donde también se incorporen a los distintos actores que hacen vida en los estados y municipios”, acotó la experta en urbanismo.
–Asignación de responsabilidades: “Que cada uno de los organismos sepa qué tiene que hacer en vialidad, aguas blancas, cloacas y electricidad con su respectivo presupuesto”, manifestó Izaguirre. El experto recordó que entre 1976 y 1977, los otrora Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Desarrollo Urbano elaboraron 103 estudios preliminares de ordenación urbanística en ciudades con al menos 15000 habitantes. “En los años 90, se hicieron más de 214 sistemas de planificación urbana para saber qué teníamos y qué no teníamos”. Para Izaguirre es inconcebible que La Guaira carezca de un PDUL después del deslave de 1999, al igual que municipios más urbanizados como Baruta y Chacao. “Es decir, la capitalno tiene un plan claro de planificación urbana, pero en La Guaira es urgente que nosotros estudiemos geología, geomorfología, todos los riesgos naturales e industriales, las 26 represas que hay en ese estado”. El arquitecto indicó que las universidades e institutos están prestos para colaborar en la reconstrucción. “Todos los expertos en planificación urbana están a disposición. El Instituto de Urbanismo y el de Planificación Urbana, pero no los han llamado. Necesitamos que el gobierno se active, que asuma la responsabilidad de que todos participemos para recuperar a La Guaira”.
–Prioridad para hospitales y escuelas: Para Tarhan los centros de salud y educativos tienen la prioridad en una eventual reconstrucción. “Hay muchas escuelas que están dañadas y ya comienza el año escolar, ¿Dónde van a estar esos niños?. Yo me imagino que el Ministerio de Educación está haciendo un levantamiento de las escuelas y debe saber cómo van a distribuir a los niños en las escuelas que quedaron inservibles.En los hospitales fueron muchos los daños, pero no sabemos cuál es el plan para recuperarlos”. La urbanista dijo que en ese orden después vienen los comercios. “Entiendo que 80% de los establecimientos comerciales desaparecieron”, manifestó Tarhan. “Esta es la oportunidad para poder hacer mejores y más seguras edificaciones para el futuro”, agregó Izaguirre.
–Empleo responsable de la tecnología: Para la urbanista Tarhan el uso responsable y dinámico de elementos tecnológicos van a permitir tener una mejor visualización del futuro. “Los estudios nos van a permitir saber de qué altura pueden ser las edificaciones que se vayan a construir. Hay que tomar en cuenta la tecnología que emplean países de naturaleza sísmica como Japón y Chile, ellos construyen edificios altos, pero tienen unas normas sismorresistentes impresionantes”. Según Tarhan hay terrenos, especialmente en La Guaira, donde no se van a poder levantar construcciones. “A menos que sean estructuras costosas y en ese sentido hay que evaluar la relación costo-beneficio para hacer ese tipo de inversiones”. A juicio de Tarhan, La Guaira puede seguir conservando su vocación turística. “Es el primer puerto del país y una de las principales zonas de ocio del área metropolitana. Asimismo hay que consultarle a la población que se va a quedar en La Guaira cuál es la ciudad que quieren tener, porque si siguen habiendo 300000 personas, esa es una cifra considerable”, indicó la experta.
–Voluntad política: Izaguirre manifestó que muchos han sido los planes de desarrollo urbanístico que se han quedado engavetados por la pasividad y desidia con la que suele actuar el Estado. “¿Cuáles son las competencias a nivel nacional y municipal? El municipio tiene dos años para elaborar su PDUL. Si no lo hace el Ejecutivo Nacional tiene que implementarlo. No podemos seguir con la sinvergüenzura. Tenemos muchas ciudades en el país que carecen de planificación, porque entran alcaldes y ediles a hacer maniobras por interés político o económico, eso no puede ser”. Tarhan dijo que la Autoridad Única de Área para el Estado Vargas (AUAEV), creada por el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez en 2000, elaboró un plan de recuperación urbana que tardó tres años en ser aprobado por el Consejo Municipal. “Pero se aprobó y no se cumple. Prácticamente fue un plan que salió y desapareció. Las alturas máximas permitidas eran hasta seis pisos”. Izaguirre dijo que contrario a la norma en La Guaira había edificios de hasta 25 pisos. “¿Quién autorizó que eso se hiciera? Si era contrario a lo que establecía el plan de ordenación urbanística”, dijo el arquitecto. Izaguirre informó que el artículo 94 de la Ley orgánica de la Construcción Urbanística reza que para iniciar el levantamiento de un edificio basta con que el propietario, arquitecto o un representante entregue el proyecto firmado por todos los profesionales involucrados en las construcción. Izaguirre expuso que si un individuo construye un edificio por cuenta propia y se cae después de una década legalmente puede quedar en libertad porque el homicidio en Venezuela prescribe a los 10 años. “Pero si lo hace el Estado, a través de cualquiera de sus organismos, se considera delito de lesa humanidad. Porque el Estado tiene como primera función proteger a los ciudadanos. Nosotros tenemos leyes buenas, lo que hay es respetarlas. Aquí el problema no es político. El problema es técnico y social”, apuntó el arquitecto.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
