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El venezuelasplaining desestima las violaciones a los DDHH

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Parece que quienes creen conocer más a profundidad la crisis política de Venezuela son todos, menos los venezolanos, o eso es lo que dejan ver algunos extranjeros que aplican el “venezuelasplaining”.

Este término surge al combinar las palabras “Venezuela” y “explaining”. Fue acuñado en redes sociales para describir el fenómeno de aquellas personas que, sin vivir en Venezuela, pretenden explicar con burla o condescendencia lo que ocurre en el país, ignorando lo que dicen y viven quienes residen en esta ribera del Arauca vibrador. 

Y como otros “explaining”, molesta mucho. Si no, pregúntele a una mujer, que no tiene que ser feminista, lo que ocurre cuando un hombre trata de explicarle cosas como la menstruación o la menopausia.

En el caso de Venezuela, los que suelen aplicar esta práctica son por lo general movimientos izquierdistas de Estados Unidos y, en segundo lugar, miembros de partidos españoles, como Podemos. Hay mucho de propaganda y también un toque de supremacismo de alguien que cree que, por venir del primer mundo, tiene una capacidad de comprensión mucho mayor que el resto.

Cuando se trata de contenidos publicados en redes sociales, estos pueden generar aversión por parte de aquellos que consideran que sí hay una crisis y se genera una bola de nieve que lleva a la viralización en redes sociales. Esto causa que esos contenidos se conviertan en tendencia y se aumente el impacto en Internet de las cuentas y personas que los publican, a pesar de que sea por reacciones en contra. Así aprovechan el rechazo para hacerse más virales.

Cero crisis

Una forma de entender esta práctica es trasladarse al 2019, cuando desde los eventos del 30 de abril hasta el 16 de mayo, la embajada venezolana en Washington se convirtió en el centro de enfrentamiento entre estadounidenses izquierdistas y la diáspora venezolana. En aquellos días, unos 50 activistas del  grupo radical de izquierda Code Pink entraron a la sede diplomática por invitación de Nicolás Maduro.

Durante ese evento, manifestantes venezolanos señalaron la contradicción de que estadounidenses, que no hablaban español y jamás han pisado suelo venezolano, les impidiesen la entrada a la embajada. Los integrantes de Code Pink respondieron deslegitimando a los protestantes al acusarlos de ser “privilegiados y blancos”.

“Aquí estamos, protegiendo la embajada para el líder legítimo y democráticamente electo de Venezuela: Nicolás Maduro”, gritaba en inglés la activista Margaret Flowers. Al final los activistas estadounidenses fueron desalojados.

 

Hasta los músicos más famosos

En febrero del año 2019 se celebró el concierto Venezuela Aid Live en el Puente Internacional Tienditas en Cúcuta, Colombia. Esta era una iniciativa que buscaba recaudar 100 millones de dólares en 60 días como ayuda humanitaria, después de que Juan Guaidó se juramentó como presidente interino. Ese evento fue organizado y promocionado por el empresario británico Richard Branson. 

Días antes de celebrarse el concierto, el cantante  y fundador de la banda de rock británica Pink Floyd, Roger Waters, desestimó las intenciones de este evento y arremetió contra Branson, afirmando que la convocatoria era un “truco” y que no tenía “nada que ver con ayuda humanitaria”.

Mediante un video publicado en redes sociales, Waters afirmó tener amigos en Caracas y aseguró que le informaban que, en ese momento, no había “guerra civil, ni caos, ni asesinatos, ni una dictadura aparente, ni detenciones masivas de opositores, ni eliminación de la prensa”.

 

Pero esa no fue la única vez que Roger Waters se mostró a favor del oficialismo, pues antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el artista llamó a votar por Nicolás Maduro en la contienda electoral. 

“La razón por la que les envío este mensaje es para que voten por Maduro en las elecciones del 28 de julio. ¿Por qué? Porque Venezuela les pertenece a ustedes, no a la corporación Chevron, que es con quien (María Corina) Machado quiere hacer el trato para regalar su país”, dijo Waters en su publicación.

El músico también afirmó que la “revolución bolivariana es difícil, pero está siendo exitosa”, al expresar su apoyo a Maduro.

 
 
 
 
 
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Aunque Waters afirma que la revolución es “exitosa”, eso se puede contrastar con ciertos datos que certifican las dificultades que hay en el país. Por ejemplo, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en agosto la canasta alimentaria para una familia de cinco miembros tuvo un costo de 539,16 dólares. 

Hay que recordar que el salario mínimo en Venezuela sigue siendo de 130 bolívares desde hace más de dos años y a pesar de que se otorga el llamado “bono de guerra económica”, que varía su monto según los beneficiarios, y el de los pensionados es el más bajo, no alcanza para cubrir la canasta básica. 

Por otra parte está la gran cantidad de venezolanos que han tenido que huir del país por la crisis económica. Según cifras que recoge la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), más de siete millones de personas han emigrado de Venezuela, de los cuales por lo menos 4,2 millones necesitan apoyo.

¿No hay acciones contra la prensa?

En algunos casos, aquellos que pretenden explicar lo que ocurre dentro del país son figuras públicas y no solo políticos, sino artistas e incluso periodistas. Un ejemplo es Carlos Montero, corresponsal de C5N en Estados Unidos, quien constantemente publica mensajes en redes sociales, algunos en tono satírico, para negar que en Venezuela hay una crisis política o se violen los derechos humanos. 

Por ejemplo, el pasado 4 de octubre Montero hizo un comentario irónico luego de que una periodista increpó a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, sobre la falta de publicación de resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral.

“La dictadura venezolana no deja de sorprenderme. Con total libertad la corresponsal de la pandilla de Miami cuestiona al líder de la AN. Se imaginan si un periodista hubiera cuestionado a un funcionario de la dictadura de Videla”, señaló Montero vía Twitter.

 

Carlos Montero es periodista y, con ese “chiste”,  pretende mostrar a sus seguidores que en Venezuela no existe la censura ni los ataques contra la prensa. Solo en septiembre de 2024, de acuerdo con datos de la ONG Espacio Público, se documentaron 26 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, destacando los actos de censura y de hostigamiento verbal a periodistas, principalmente perpetrados por instituciones y funcionarios del Estado.

Además en el contexto de la represión poselectoral, al menos 18 periodistas fueron detenidos de forma arbitraria, negándoseles el acceso a la defensa privada e irrespetando el debido proceso. 

No hay que dejar de lado a las casi 2.000 personas que fueron detenidas arbitrariamente después de las elecciones, incluyendo adolescentes y personas con discapacidad. Algunos de ellos incluso denunciaron ser víctimas de torturas y tratos crueles.

 

El Helicoide no es un lugar “rebonito”

Como un lugar “VIP” describió a El Helicoide el creador de contenido Diego Omar Suárez, conocido en redes sociales como “Michelo”. En su caso no se le puede señalar de soberbia del primer mundo, porque es argentino. El tiktoker, que se hizo famoso actuando como robot en las calles de su país, difundió varios videos de esta cárcel. Lejos de ser un centro de reclusión que cumpla con los estándares internacionales, las víctimas que han sido recluidas allí lo han descrito como el principal “centro de torturas” en Venezuela.

Durante una visita guiada que tuvo Michelo en El Helicoide, describió el edificio como “rebonito”. “Todo es re-nuevo. No veo un centro de tortura, veo un centro para sanar.  No hay gente que está siendo, ya saben, ‘tortugada’”, decía el tiktoker cuando le mostraban  una comandancia, un restaurante, una cancha de baloncesto, espacios de salud, una barbería y una tienda de uniformes dentro de El Helicoide.

 
 
 
 
 
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Pero hay hechos que pueden refutar los intentos de Michelo por hacer ver a El Helicoide como un lugar “rebonito”. Y es que, además de las incontables denuncias de presos políticos y sus familiares, existe un documental titulado “Ecos de Libertad”, en el que se recogen testimonios de personas que estuvieron detenidas en ese lugar por motivos políticos.

Este documental fue realizado por el Centro de Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas (Cesco, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann Argentina y Atlas Network, y presenta el relato de “durísimas experiencias de vida en la cárcel más brutal de la dictadura chavista”.

Entre los testimonios que recoge este material se encuentra el de Diannet Blanco, educadora de profesión y esposa de Gabriel Blanco, quien también fue preso político. Diannet relató parte de las torturas que sufrió cuando estuvo en El Helicoide. “Entre mujeres y hombres me golpeaban. Más que todos los hombres eran los que me aplicaban la electricidad. Las mujeres me daban cachetadas y me halaban el cabello hacia atrás”.

Del derecho a opinar a la hipocresía política

Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista venezolano, explicó que cualquier persona tiene derecho a emitir opiniones sobre un país aún sin tener suficiente información sobre ello, porque la libertad es así.

“El chiste que tenemos con los tankies y los venezuelansplainers es que se trata de un grupo muy asociado a apoyar dictaduras de izquierda en el mundo y que hace vida en redes tratando de manipular y hacer ruido sobre situaciones como las nuestras, incluso tratando de silenciar, aplastar u ocupar el espacio de las víctimas venezolanas”, señaló en entrevista con Runrun.es.

Aunque acepta que son personas que tienen derecho a opinar, también hay una oportunidad en redes sociales de desmontar esas manipulaciones, identificar los patrones narrativos y ver cuáles son propaganda.

Díaz alertó que al Venezuela ser una “munición en manos de propagandistas que tratan de normalizar las violaciones a los DDHH y apoyar dictaduras con tal de defender su ideología política”, la percepción internacional sobre el país puede cambiar desde la perspectiva internacional con estas opiniones sesgadas.

El ciberactivista explicó que no solo son ciudadanos comunes que entran en discusiones en redes sociales, sino movimientos organizados, coordinados y que obedecen “a maquinarias de propaganda que intentan llenar de ruido las redes”. Algunos de esos hacen propaganda a favor de los perpetradores e incurren en el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad, el blanqueamiento de los abusos de poder, la normalización de la dictadura y la revictimización de quienes han sufrido la represión”.

“Esto escala a otro nivel cuando hay países, ya no personas, sino países, que deciden tener posiciones neutrales, equidistantes, con falsas equivalencias o que directamente apoyan al chavismo por sus vinculaciones económicas o solidaridades ideológicas”, acotó Díaz, quien el pasado 26 de septiembre fue galardonado a en los premios The Albies, de la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), del actor George y su esposa Amal Clooney. Este galardón se le otorgó por su labor de denunciar la situación de derechos humanos en Venezuela.

Aprovechar los aliados para manipular la información

A juicio de Luis Carlos Díaz, el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha aprovechado aliados internacionales con esta práctica para desviar la atención sobre denuncias de violaciones a los DDHH en Venezuela.

Díaz recordó que Maduro tiene aliados en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas que no son mayoría, pero también tiene “medios de comunicación, financian grupos de apoyo e influencia en distintos países, sostienen lobbies hasta en Estados Unidos, o consiguen aliados dentro del empresariado venezolano, algunos partidos opositores y hasta en organizaciones de la sociedad civil, que se sumen a sus narrativas”.

“Los propagandistas del tema venezolano intentan imponer agendas, tratan de concentrar el foco de atención y si algo no está bajo su control, tratarán de manipular su significado o sus interpretaciones. Por eso, convierten cualquier falla propia en un falso sabotaje, o esconden la corrupción tras la excusa de las sanciones, o pintan el conflicto venezolano como un conflicto entre norte y sur, ricos y pobre, etc. Son simplistas con eso, y así ganan la solidaridad de ciertas izquierdas internacionales”, añadió

Para Díaz, el trabajo de estas personas es “tener interpretaciones paralelas sobre lo que ocurre y tratan de imponerla”, acotando que, en el fondo, “es un desprecio por la gente y su dignidad”.

“Son personas que te dicen cosas aberrantes, como que los venezolanos no están preparados aún para la democracia, o que tienen una tan perfecta y popular que está bajo ataque de las élites mundiales. Ambas mentira. Son personas que niegan que haya presos políticos, y si llegan a reconocerlos, dicen que es porque ‘algo hicieron’”, lamentó. 

Aunque estas personas pueden resistirse a la idea de que se reprima a la población, luego dirán que es culpa de la oposición porque es “radical”, “violenta”, de “ultraderecha” o lo que se les ocurra. “Son un manual de falacias discursivas ambulantes, y muchas tienen que ver con sesgos ideológicos, nostalgia por tiempos no vividos o la esperanza vaga de que sí pueda haber un verdadero buen comunismo en un lugar remoto”, concluyó Díaz.

Dos de cada cinco venezolanas han sufrido algún tipo de violencia de género

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La violencia de género en Venezuela es un problema que persiste a pesar de la existencia de marco legales como la Ley sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el Informe Final de Mujeres 2024 realizado por la Red de Mujeres Constructoras de Paz, dos de cada cinco mujeres (40% de las venezolanas) han sufrido algún tipo de violencia de género en el país.

El estudio titulado “Mujeres que resisten: El alto precio de la desigualdad” es el resultado de una encuesta aplicada a 1.281 mujeres de 17 estados del país, en la que lograron determinar que la violencia se expresa en múltiples formas: obstétrica, física, psicológica, institucional y simbólica a causa de la discriminación que enfrentan en su cotidianidad en medio de la crisis que atraviesa el país.

Las cifras del monitoreo, realizado entre junio y julio de 2024, detallan que las mujeres en situación de precariedad y bajos recursos enfrentan mayores desafíos en esta forma de agresión a su integridad, debido a sus situaciones de dependencia, relaciones abusivas y carencia de redes de apoyo.

El informe fue presentado durante una transmisión por streaming este 16 de octubre en la cuenta en X de Runrun.es

A continuación, enumeramos algunos aspectos clave de la investigación sobre cómo afecta la violencia de género a las venezolanas. 

Violencia en cifras

La investigación arrojó que 71% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia psicológica, y el 41% física. 

Sin embargo, la desigualdad socioeconómica agrava esta situación y especificó que 46% de mujeres de sectores vulnerables señaló haber experimentado violencia de género, en comparación con el 36% de aquellas en niveles socioeconómicos más altos. 

Para obtener los resultados, los investigadores se basaron en la metodología de la interseccionalidad a través de los factores socioeconómicos, la etnia, edad y el acceso a recursos. 

La falta de protección policial, revictimización en procesos judiciales y discriminación en la provisión de servicios públicos constituyen las principales causas de la violencia sexual e institucional, de acuerdo con la encuesta. 

El gráfico representa una comparación de víctimas de violencia de género, según su tipo, entre los años 2023 y 2024. Fuente: IPYS y Red de Mujeres Constructoras de Paz.

La pobreza agrava la violencia 

La crisis humanitaria y las estructuras patriarcales limitan las oportunidades y ponen en riesgo el bienestar de las mujeres. 

Los resultados del estudio muestran que la violencia de género persiste en todos los estratos sociales, pero con diferentes manifestaciones. Sin embargo, aquellas que viven en zonas rurales pueden experimentar formas de violencia aún más complejas debido a la carencia de sistema de protección, menos acceso a redes de apoyo y servicios de justicia. 

 

 
 
 
 
 
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Por su parte, las víctimas con mayores recursos económicos aseguran tener más acceso a la información y ser conscientes de sus derechos, pero se enfrentan a la discriminación laboral, el acoso sexual en el ámbito profesional o la negligencia médica. 

Gráfico que representa la violencia de género según el índice económico de las mujeres. Fuente: IPYS y  Red de Mujeres Constructoras de Paz 

Cada 33 horas una mujer muere por feminicidio

Entre enero y abril de 2024, las organizaciones que monitorean los feminicidios, afirman que se produjo un promedio de un caso cada 33 horas. En el mismo lapso, se documentó que el 15,5% de las víctimas eran niñas menores de 11 años, mientras que el 13,8% tenía menos de cinco años. 

Alertan que la falta de voluntad política e impunidad continúa obstaculizando los esfuerzos realizados por diversas organizaciones que exigen medidas para proteger a las mujeres.

El reporte también incluye que a una de cada tres mujeres le cuesta reconocer situaciones de violencia de género, como por ejemplo: humillaciones, vigilancia constante, amenazas y control económico. 

Seguido, advierten que “la creencia internalizada de que las parejas tienen “derecho” a relaciones sexuales forzadas (…) y el miedo de control social, revela la profunda desigualdad que enfrentan las mujeres”. 

Otro dato importante es que el 28% de las encuestadas no reconoció que la obligación de tener relaciones sexuales con sus parejas forma parte de la violencia de género. 

Desigualdad de género

Los estereotipos y desigualdad de género también figuran como una forma de violencia. En el país, las mujeres suelen identificarse con una doble carga: el rol de “Madre” (48%) y el de “Trabajadora” (45%). En este sentido, combinan sus responsabilidades laborales con las tareas domésticas y de cuidado. 

Las encuestadas aseguran que dedican más del doble del tiempo que los hombres a las tareas del hogar. 

En América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres dedican un promedio entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres a labores de cuidado no remunerado. 

Esta realidad se ve reflejada en Venezuela, donde las mujeres asumen la mayor parte de las tareas domésticas. Destacan que 51% de las mujeres dedican más de seis horas diarias, comparado con solo el 19% de los hombres. 

Además, un estudio de ONU Mujeres precisa que la próxima generación de mujeres todavía deberán dedicar en promedio 2,3 horas más por día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. 

“Ningún país está cerca de lograr la erradicación de la violencia en la pareja, y la proporción de mujeres en cargos directivos en la esfera laboral persistirá por debajo de la paridad incluso después de 2050”, afirma. 

Una mirada positiva entre múltiples problemas 

En comparación con el año 2023, el estudio observa un aumento de más de cinco (5) puntos en el reconocimiento de la violencia de género en sus diferentes situaciones, excepto en la violencia física donde el incremento fue de dos (2) puntos. 

Para la Red de Mujeres Constructoras de Paz, este dato “se convierte en un indicio positivo” del impacto de las iniciativas y campañas de concientización en las comunidades. 

Se destaca que más del 70% de las mujeres encuestadas expresaron su desacuerdo con el control económico, celos excesivos y la restricción a la libertad de movimiento. 

De acuerdo con el análisis exhaustivo, la respuesta de las mujeres podría implicar “una evolución” en la comprensión de esta problemática, “donde reconocer la complejidad del tema y evitan respuestas simplistas”. 

 

 

 
 
 
 
 
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Ante esta problemática, la Red de Mujeres Constructoras de Paz recomienda mejorar la calidad educativa y la participación política de las mujeres a través de programas de educación cívica. Además, aliviar la carga de trabajo no remunerado por medio de políticas de corresponsabilidad como: licencias parentales equitativas y servicios de cuidado infantil accesible. 

Para conocer más acciones que promueven la estabilidad y el bienestar de las mujeres, ingresa al video de Youtube 12 Acciones por la Paz: Mujeres constructoras de paz. Aquí. 

El papel crucial del periodismo venezolano para sustentar el informe de la Misión de la ONU

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Los medios de comunicación y las organizaciones dedicadas a los derechos humanos, una vez más, desempeñaron un papel crucial en la elaboración del más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones (ONU). En el documento, los expertos documentaron torturas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias a personas identificadas como opositoras y a menores de edad. 

La Misión de la ONU destacó en el reporte que “25 personas fueron asesinadas por arma de fuego en los recientes hechos de violencia. Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”. 

Cabe recordar que recientemente la Misión de la ONU fue renovada por dos años más y reiteraron: “La Misión continuará con las investigaciones ya iniciadas sobre la situación de los derechos humanos antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024, y sobre la violencia por parte de individuos armados conocidos como “colectivos”, tal como lo solicitó el Consejo de Derechos Humanos”. 

Una vez más, el periodismo venezolano desempeñó un papel crucial en la documentación de los hechos que denunció la Misión de la ONU antes, durante y después del 28 de julio y que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, según advirtieron en el informe ampliado publicado este 15 de octubre.

El nuevo informe incluye citas de reconocidos medios de comunicación del país, como RunRun.es, El Pitazo, TalCual, Correo del Caroní, Efecto Cocuyo, Crónica Uno, además de organizaciones como el Observatorio Digital ProBox, Cazadores de Fake News y Foro Penal. 

Cabe destacar que la mayoría de los medios mencionados se encuentran bloqueados en CANTV y otros proveedores de Internet, lo que dificulta su acceso a la información. Y a pesar de ese obstáculo, continúan realizando una labor vital para informar a la población en un contexto donde la libertad de expresión parece estar cada vez más amenazada. 

Muertes en contexto postelectoral 

Monitor de Víctimas, plataforma que combina periodismo de datos, periodismo de investigación y participación ciudadana,  fue clave en el registro del número de muertes ocurridas en la represión poselectoral. Las cifras fueron incluidas por la Misión de la ONU en su nuevo informe. 

“Van 23 muertes por protestas electorales en nueve estados de Venezuela”, publicado el 10 de agosto, formó parte de las fuentes consultadas por el panel de expertos. 

En este trabajo, describen la muerte de Walter Páez Lucena, quien falleció en el Hospital Central “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, estado Lara. Fue baleado en medio de una protesta el 30 de julio. 

Dicha manifestación, terminó en la “quema de la sede del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Radio Venceremos”, un medio adepto a la administración de Nicolás Maduro. 

Pérez Lucena fue impactado por una escopeta y se desconoce la identidad de su victimario. Monitor de Víctimas determinó que la edad promedio de las personas asesinadas durante las protestas era de 27 años y que la mayoría de género masculino. 

“En seis de las 23 muertes registradas no se sabe quién es el homicida. Los militares son los responsables en ocho casos y los colectivos en seis. Hay dos víctimas a manos de policías y una que murió por un tiroteo propiciado por uniformados y colectivos”, indican en el reporte. 

El silencio de los indígenas detenidos

Tras los controvertidos resultados electorales, RunRun.es publicó un trabajo sobre la situación de indígenas detenidos sin haber participado en ninguna protesta.

En la nota, se indicaba que entre las víctimas indígenas de estas acciones represivas se encontraban miembros de las comunidades baré, puinave, pemón, jivi, wayúu, baniva, piapoco y yekwana, quienes fueron sometidos a audiencias telemáticas y no se les permitió defenderse en su lengua nativa. 

El artículo, titulado “El silencio de los indígenas detenidos en Venezuela: a golpes y sin identidad” y publicado el 23 de agosto, se convirtió en una fuente esencial para que la Misión comprendiera la situación de esta comunidad, en medio de la ola de detenciones arbitrarias que azotaba al país.

“Un adolescente indígena del pueblo jivi –cuyas comunidades se extienden por los estados Amazonas, Bolívar y Apure– regresaba de pescar en el río Orinoco, a donde había ido a revisar su red, cuando fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas”, afirman en el reportaje. 

De acuerdo a las declaraciones de Ornal Ortiz, abogado y coordinador de Pueblos Indígenas de la ONG Foro Penal, durante la audiencia de presentación el niño se vio muy golpeado, relató su madre. 

“A unos se los llevaron porque cargaban ollas a cuestas. Otros fueron arrestados al regresar a sus hogares luego de trabajar. A un grupo lo apresaron después de hacer unas compras. Ninguno protestaba”, subrayan en la investigación. 

Mujeres que no escapan de la represión 

En el informe de la ONU, también se cita un trabajo de RunRun.es sobre la situación de las mujeres detenidas en la represión poselectoral. En el Derechos Humanos Olvidados: “Las mujeres tampoco escapan de la represión”, se expuso la situación de hacinamiento de las detenidas en el penal “La Crisálida” y se detallaba sobre el trato al que eran sometidas, con datos de un balance publicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 

En ese texto, se abordó la situación de detención de mujeres ligadas al ámbito político, de los derechos humanos y medios de comunicación, como la líder de Vente Venezuela en Portuguesa, María Oropeza, la reportera gráfica, Deysi Peña, y la defensora Edni López. 

Al igual que otros detenidos, las mujeres no tienen una pena menor: se les acusa de terrorismo e incitación al odio. 

Medios de ARI presentes

Los otros medios de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), El Pitazo y TalCual, fueron mencionados cuatro y seis veces respectivamente. 

Los artículos de TalCual sobre la situación de la defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, fueron cruciales para describir este caso en el informe de la ONU. 

Para documentar lo ocurrido durante el proceso electoral, el artículo de El Pitazo “Perfil ¿Quién es Ricardo Estévez, el técnico electoral detenido arbitrariamente?”, publicado el 2 de agosto de 2024, fue uno de los citados. También, se hizo mención de una nota informativa que precisaba los detalles de la detención del coordinador de Voluntad Popular, Freddy Superlano. 

Otra trabajo del mismo medio sobre la operación “Brazalete Blanco” sirvió para que los expertos de la misión explicaran su origen y la forma en la que se lleva a cabo. En el reportaje: “Perfil | ¿Quiénes son los siete militares detenidos por la operación Brazalete Blanco?”, se habla de los militares que fueron acusados por Tarek William Saab. 

 

El Mañanero del 17 de octubre: Libertad de Internet en Venezuela sigue “muy restringida” y otras noticias

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En El Mañanero del 16 de octubre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: La organización estadounidense sin fines de lucro Freedom House concluyó que la libertad de Internet en Venezuela “siguió estando muy restringida” y que los venezolanos siguen presentando dificultades para acceder a Internet y obtener información confiable.

“A los reclusos en Tocorón los quieren volver locos”

La Conversa de ARI | Rafael Uzcátegui: “Si el informe de la Misión no existiera, la situación de DDHH fuese peor”

Maduro dice que ya recibió la invitación de la AN para juramentarse el #10Ene

Libertad de internet en Venezuela continúa “muy restringida” según informe Freedom On The Net 2024

Susana Reina: “El máximo atrevimiento es cuestionar”

https://twitter.com/AlbertoRodNews/status/1846655813005275623

“El Tribunal Supremo y las instituciones deben tomarse en serio su trabajo y hacerlo con fundamento. Los venezolanos, nacionalistas y hasta los que no lo son, lo merecemos”, Antonio Ecarri, excandidato a las elecciones presidenciales por la Alianza del Lápiz.

¿Qué logró Maduro con el adelanto de las navidades?

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Con el adelanto navideño Maduro pretende crear un ‘ambiente ficticio’ de felicidad, no correspondido por una población que votó masivamente por Edmundo

@froilanbarriosf

Manipular las tradiciones y costumbres populares para justificar políticas de Estado pueden revertirse contra las intenciones de mandatarios. En este caso, se trata de la época navideña de variopinta performance en nuestro folklore y en nuestras celebraciones de Fin de Año.

En el caso del estado Zulia, los bardos de la gaita bajan los furros en agosto, como pretemporada para la Navidad a iniciarse con la feria de la Chinita en la 3.ª semana de noviembre; en los estados del centro comienzan las fiestas en los albores del mes de diciembre, al ritmo de las parrandas navideñas; en la capital se anuncia con el encendido de la Cruz del Ávila el 1.° de diciembre. Entre tanto, en mi natal Guanare, comienza con las misas de aguinaldo, el 16 de diciembre.

En fin, de cuentas, entre “ratones y alegrías” la conclusión de la época más bella del año concluye para la mayoría el Día de Reyes. Otras regiones la extienden hasta la fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero, cuando se recogen los pesebres y la satisfacción de haber disfrutado en el seno familiar los logros y peticiones concretados en el año viejo.

¿A qué viene todo este relato? Originado del realismo mágico garciamarquiano por la decisión de un presidente, quien, mediante decreto emitido en septiembre pasado, decidió el inicio de la Navidad en Venezuela desde el 1.° de octubre hasta el 15 de enero 2025, llevándose por delante nuestro bagaje cultural acumulado desde la Colonia, a su vez heredado de 2000 años de historia de la Iglesia católica al celebrar el nacimiento del niño Dios un 25 de diciembre.

Con la ejecución del decreto presidencial se le han visto las costuras a la bola, como relata la periodista Florantonia Singer en el diario madrileño El País (7/10/2024): “Empieza octubre y hay un árbol enorme de Navidad frente a la Comandancia de la Armada, en el centro Caracas. El Paseo de Los Próceres, a un costado de las instalaciones militares de Fuerte Tiuna, está repleto de luces. Los edificios de ministerios e instituciones públicas tienen decoradas sus fachadas. En el Ávila, la montaña que señala el norte de la capital venezolana, la cruz que por tradición anunciaba la llegada de las fiestas el 1 de diciembre fue encendida esta semana, con bombillos azules, por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Luego, como se acostumbra, hubo un estruendoso despliegue de fuegos artificiales”.

Navidades para solapar la crisis

A partir del escenario descrito se devela la burda trama del régimen al dar la orden de adelantar los festejos el pasado 2 de septiembre, el mismo día que se emitió la orden de captura contra el presidente electo González Urrutia, y extender la Navidad hasta el 15 de enero, solapando el 10 de enero día de la juramentación del presidente. Es obvio que su intención es pretender “enterrar” la rebelión popular del 28 de julio, que le propinó una espantosa derrota al candidato oficialista, conocida a escala global.

En resumen, el adelanto navideño de Nicolás Maduro tiene como objetivo solapar la crisis política en Venezuela. La impone con represión acentuada luego del fracaso electoral, como manifestara al diario El Tiempo un pequeño comerciante: “Yo lo tuve que poner a propósito. Un árbol con luces y unos adornos, porque los del SENIAT hicieron una inspección y amenazaron con multas si no nos sumamos a la Navidad”.

Debemos rememorar que esta época del año sembró en nuestras tradiciones el signo de la prosperidad familiar y el reconocimiento al arduo trabajo colectivo, representado como recompensa en el salario y su extensión en las utilidades en el sector privado y los aguinaldos en el sector público. Tanto fue así que era esperado con ansias para solventar deudas, adquirir vivienda, artefactos del hogar, vehículos, en fin, todo lo referente al bienestar familiar.

Entre tanto, ¿hoy cuál es la cruel realidad? ¿Qué puede adquirir un trabajador del sector público con 4 meses de aguinaldo que acaso le representen 30 o 40 dólares, cancelados en forma fraccionada? De igual manera otra oda a la miseria le significa al jubilado o al pensionado con bonificaciones de 4 dólares mensuales.

Con el adelanto navideño Maduro pretende crear un “ambiente ficticio” de felicidad. Un ambiente no correspondido por una población que no vislumbra signos de progreso mientras el mandatario se mantenga en el poder, contra la voluntad de millones de ciudadanos que eligieron a Edmundo González como el presidente a juramentarse el próximo 10 de enero.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Libertad de internet en Venezuela continúa “muy restringida” según informe Freedom On The Net 2024

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La organización estadounidense sin fines de lucro Freedom House concluyó que la libertad de Internet en Venezuela “siguió estando muy restringida” y que los venezolanos siguen presentando dificultades para acceder a Internet y obtener información confiable, tanto por la “desinformación progubernamental” como por los bloqueos a los medios de comunicación independientes.

Así lo deja saber en su informe “Freedom on the Net” , que evaluó la situación de Internet en Venezuela entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. 

De acuerdo con la investigación, para este período Venezuela se ubicó en el puesto 30 de 100 en cuanto a la puntuación de la libertad en Internet, bajando un renglón con respecto al informe anterior.

Obstáculos para el acceso a la información

Según fuentes de medición, la puntuación en este renglón mejoró de 2 a 3 porque las velocidades de Internet fija mejoraron durante el período de cobertura. Pero esto no quiere decir que todo es positivo.

El informe indicó que la crisis política y económica de Venezuela sigue afectando la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones del país y la calidad del acceso a Internet.

Resalta el deterioro de la infraestructura que sufre constantes fallos y se producen apagones frecuentes y velocidades de conexión deficientes. Incluso, el pasado 30 de agosto, hubo un mega-apagón que limitó más del 80% de la conectividad en todo el país.

Según las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la penetración de la banda ancha móvil se situó en el 52,3% 2022, mientras que la penetración de la línea fija se mantuvo mucho más baja, en el 9,58%.

También, el Índice Global Speedtest de Ookla señaló en mayo de 2024 que las velocidades medias de banda ancha móvil de Venezuela se ubicaban entre las más lentas del mundo, en el puesto 138 entre 147 países analizados.

Por otra parte, el informe “Freedom on the Net” acotó que la actual crisis económica ha afectado a la capacidad de los venezolanos para costear servicios y dispositivos de Internet, ya que muchos deben destinar sus salarios a cubrir necesidades como alimentación y atención médica.

Sobre el costo del Internet, este ha aumentado y cada vez es más inasequible. Tanto Cantv como proveedores privados aumentaron las tarifas del servicio de Internet, y los planes más económicos de CANTV tienden a no estar disponibles para los nuevos contratos.

Aunque los usuarios no experimentan restricciones intencionales y prolongadas en la conectividad a Internet fija y móvil, el gobierno bloquea regularmente sitios web y plataformas de comunicación clave para minimizar la cobertura de noticias políticamente sensibles.

Límites del contenido

Durante el período de estudio del informe se evidenció que el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó medios de comunicación digitales y algunas plataformas en línea durante el período de cobertura.

CANTV y varios proveedores privados “siguieron bloqueando varios sitios web de noticias independientes, lo que dificultó a los venezolanos acceder a información confiable en línea”.

El informe “Freedom on the Net” añadió que varios medios de comunicación independientes fueron bloqueados y que las autoridades también ordenaron a los proveedores de Internet que bloqueen sitios web que no sean de medios de comunicación independientes.

Por ejemplo, en vísperas de la primaria opositora de 2023, las autoridades ordenaron a los proveedores que bloquearan varios sitios web que proporcionaban información sobre las elecciones.

Ya en 2024, el gobierno intensificó aún más el bloqueo de medios digitales independientes y otras plataformas en línea en las semanas previas y posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio, después del período de cobertura. 

Según el informe, expertos señalan que “la creciente censura del régimen de Maduro se está volviendo más sofisticada y más difícil de eludir”, ya que se necesitan redes privadas virtuales (VPN) y servicios de anonimización para eludir el filtrado HTTP, HTTPS y de identificación de nombre de servidor (SNI).

En otro orden de ideas, las detenciones, encarcelamientos y las restricciones legales y extralegales a ciertas formas de expresión en línea han fomentado una mayor “autocensura y censura preventiva en los medios de comunicación”.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el “régimen de censura constante y sistemática” en Venezuela ha reforzado un clima de autocensura entre la prensa independiente.

Violaciones de los derechos de los usuarios

Aunque la Constitución de Venezuela garantiza la libertad de expresión, el gobierno ha aprobado leyes y reglamentos que restringen este derecho. Una de esas es la Ley Contra el Odio, la cual, según Espacio Público, “ha justificado detenciones, allanamientos, procesos judiciales arbitrarios, ataques físicos, acoso” y otros abusos desde su promulgación.

Por otro lado está la ley Resorte-ME, que fue modificada por la Asamblea Nacional en 2010, la cual incluye “prohibiciones vagas y sanciones severas que otorgan a las autoridades una amplia discreción para restringir la libertad de expresión”.

Durante el período de cobertura del informe “Freedom on the Net”, la Asamblea Nacional -de mayoría oficialista- consideró una propuesta de ley contra el fascismo, que restringiría ciertos “mensajes prohibidos, la cual establece sanciones penales para ciertos delitos, incluidas penas de prisión de 6 a 10 años para quienes propugnen el “fascismo”.

En este tiempo continuaron los arrestos y detenciones por actividades en línea, especialmente de periodistas, opositores políticos y activistas, a menudo bajo pretextos espurios como instigación al odio y otros cargos arbitrarios.

Asimismo, resaltó el informe que para acceder a líneas telefónicas o un módem USB es obligatorio registrar información personal. También, aunque la Constitución reconoce principios aplicables a la protección de datos personales, “no existen leyes ni reglamentos de telecomunicaciones dedicados a la protección de datos”.

Añade el documento que el gobierno de Maduro dispone de mecanismos para recopilar datos personales de los ciudadanos mediante la implementación de programas públicos, como el Sistema Patria, que recopila la dirección y fecha de nacimiento de los usuarios, así como la afiliación a un partido político.

Se recordó además que la aplicación VenApp fue eliminada de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google el 31 de julio de 2024 después de que el gobierno de Maduro la utilizara para facilitar la represión contra los partidarios de la oposición tras las elecciones.

También, el gobierno ha tomado otras medidas para reforzar su capacidad de vigilancia. Detenciones de sindicalistas, trabajadores de la salud, periodistas y otras personas por mensajes en plataformas como WhatsApp y X indican que el gobierno ejerce vigilancia en esos espacios.

Por otra parte, periodistas digitales, activistas y otros disidentes en línea “enfrentan violencia, intimidación, amenazas y, a veces, ataques físicos por parte del Estado, las fuerzas de seguridad y los civiles, en un entorno de impunidad”.

“A los reclusos en Tocorón los quieren volver locos”

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Familiares de detenidos en el Internado Judicial de Aragua, en Tocorón, denunciaron este martes, 15 de octubre, nuevas acciones de amedrentamiento y maltrato contra los recluidos por razones políticas.

Tony Santaella, padre de uno de los detenidos en el contexto postelectoral, denunció que el día de ayer pudo constatar que aunque su hijo ya no está enfermo “física y mentalmente lo quieren volver loco”. 

Comentó que lo quieren hacer firmar una hoja en blanco y “le dicen que su mamá va a estar en la audiencia, cuando es mentira“.

“Le dan comida dos veces al día, puede ser a las 4 de la mañana y de ahí hasta las 7 de la noche, pasan todo el día sin comer, o puede ser a las 11 del día o a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Les dieron una pasta con carne molida y tenía dos moscas, él no se comió eso, y de hecho, todos los que estaban en la celda dejaron la comida”, dijo Santaella.

Audiencias de madrugada a presos políticos

El pasado 12 de octubre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ya había denunciado la situación de los presos por motivos políticos en Tocorón.

Según relatos que pudo recoger la organización, a los detenidos los están coaccionando para que admitan los hechos. Según el OVP, los funcionarios del centro penitenciario les dicen “deben asumir los hechos para rebajar sus penas, de lo contrario la condena puede pasar de 20 años”.

El OVP señaló que otra de las irregularidades reportadas por los familiares de los presos es la fecha de la audiencia. 

“A los privados de libertad ya les habían fijado fecha para la audiencia preliminar, algunas eran después del 15 de octubre, pero las comenzaron adelantar sin notificación y estas las hacen vía telemática desde el mismo penal. Los horarios, según informan los familiares, son inusuales, unas audiencias las inician a medianoche y otras en plena madrugada”, indicó el observatorio.

Además, el OVP agregó que a los reclusos los quieren hacer firmar y poner sus huellas en hojas en blanco, supuestamente para indicar que sí tuvieron acompañamiento de un abogado; sin embargo, estas audiencias se llevaron a cabo sin permitir el ingreso de los abogados de confianza y los defensores públicos impuestos no presentaron los documentos enviados por los familiares, tales como las cartas de buena conducta, constancias de estudio, de trabajo, deportivas o informes médicos.

El vidrio como barrera

Además de tener que trasladarse de un estado a otro para poder visitar a sus familiares detenidos en Tocorón, hay varias barreras que separan a los detenidos de sus seres queridos. 

La primera de ellas es la revisión que hacen los custodios a los familiares: no desnudan a las mujeres, pero sí inspeccionan su cabello y las requisan por encima de la ropa. Finalmente pasan por un detector de metales.

Las mujeres que van a la visita deben cumplir con el código de vestimenta, igual al de otros penales: ropa interior blanca, franela blanca, blue jeans y sandalias. No les permiten el ingreso de alimentos ni agua, lo único que deben llevar es su cédula de identidad.

Al llegar hasta donde están sus hijos no les pueden dar un abrazo para calmar sus miedos ni tampoco sobar sus manos para demostrarles amor, porque los separa un vidrio. Se comunican a través de un teléfono y solo tienen 10 minutos para hablar.

Durante la visita los vigilan de lado y lado, los funcionarios están pendientes de lo que dicen y recuerdan insistentemente que tienen un minuto menos, situación que genera mucho estrés a los familiares y detenidos.

La Conversa de ARI | Rafael Uzcátegui: “Si el informe de la Misión no existiera, la situación de DDHH fuese peor”

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A juicio de Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, pareciese haber una tendencia a pensar que informes como el recientemente elaborado por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela en la ONU, no sirven para paliar el sufrimiento de las víctimas.

Si bien es cierto que los afectados por la represión del régimen de Nicolás Maduro no pueden acceder a mecanismos de justicia de forma inmediata, según Uzcátegui, si este tipo de informes no existieran, la situación de derechos humanos en Venezuela estuviese peor.

“Esto no es un informe más y debemos estar conscientes de lo detallado que es. A nivel internacional no es lo mismo que lo diga la ONU que una ONG de Venezuela por el impacto que tiene, lo mismo que ocurrió con el Centro Carter en torno a las elecciones presidenciales, está sucediendo con la Misión. Aunado a esto la publicación de estos documentos suele tener un efecto disuasivo y de inhibición para los victimarios”, explicó. 

Uzcátegui fue el invitado este martes 15 de octubre en la edición número 30 de La Conversa, espacio semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.

En esta ocasión el programa estuvo moderado por la directora de ARI, Ronna Rísquez y contó con las intervenciones de César Batiz, director de El Pitazo y Luis Ernesto Blanco, director de Runrun.es.

 

Uzcátegui expresó que, a diferencia de los anteriores, este informe de 185 páginas contiene nuevos elementos como testimonios de víctimas de la ola represiva posterior a los comicios del 28 de julio tanto dentro como fuera de Venezuela y el mandato de estudiar la actuación de civiles cómplices del régimen, como miembros de colectivos. 

“Se hicieron 366 entrevistas a afectados de manera remota porque sabemos que los miembros de la Misión no pueden entrar en Venezuela. Se incluyeron entrevistas a migrantes venezolanos  en tres países, quienes en su mayoría huyeron a raíz de la persecución poselectoral”, precisó. 

Uzcátegui recordó que debido al asedio y hostigamiento hacia la sociedad civil, la Misión actuó con cautela a la hora de entrevistar a las víctimas: “La Misión es muy cuidadosa de no poner en riesgo a nadie, estamos viviendo uno de los capítulos más oscuros en torno a persecución, censura y autocensura y en ese sentido los integrantes de este tipo de iniciativas están entrenados para resguardar la identidad de los afectados”.

El director de Laboratorio de Paz calificó la extensión de la labor de la Misión por dos años más como una victoria parcial de las víctimas.  

“Sabemos los esfuerzos del gobierno de Maduro por bloquear la votación u obtener votos a su favor en la ONU, no ha sido sencillo convencer al resto de los países para que respalden el trabajo de los trabajadores por los DDHH en Venezuela”, opinó. 

Hacia la CPI

A juicio de Uzcátegui, el informe de la Misión allana el camino hacia un eventual juicio en la Corte Penal Internacional (CPI).

“Este informe lo que hace es ratificar que dentro de Venezuela no existe la capacidad política para investigar supuestos crímenes de lesa humanidad, pero tampoco la infraestructura que se requiere en materia judicial”, dijo. 

El activista sostuvo que el fiscal de la CPI, Karim Khan, ha intentado promover la complementariedad positiva con el Estado venezolano, una tarea que hasta ahora ha sido infructuosa.

“Lo que ha hecho el fiscal es buscar que el gobierno investigue y para ello se han firmado acuerdos, incluyendo una modificación de la administración del sistema de justicia venezolano, sin embargo el Estado reincide en su conducta de impedir el inicio de un juicio justo, porque además todos sabemos que en Venezuela  no hay independencia de poderes”, abundó. 

Uzcátegui sostuvo que uno de los argumentos del régimen madurista para no hacer reformas profundas en el sistema de justicia son las sanciones y el supuesto bloqueo económico: “El gobierno es hábil comprando tiempo diplomático, además cada vez que pueden niegan la existencia de un patrón represivo, dicen que son actuaciones aisladas”.

¿Movida de mata por pase de facturas?

Para Uzcátegui, los recientes cambios en la cúpula militar responden a un pase de factura a figuras claves luego de las elecciones presidenciales.

“Yo lo interpreto algo producto de fricciones internas, uno pensaba que existía todavía un sector democrático que iba a reconocer una eventual derrota el 28J, pero no fue así, pese a todo lo débil que pueda estar el régimen, ellos siguen estando cohesionados a la hora de defender sus parcelas de poder, por supuesto que hay tensiones, dudas y sospechas”, indicó. 

Según Uzcátegui, la única fuente de legitimidad que posee Maduro actualmente es el uso desproporcionado de la fuerza.

“En el caso de una juramentación de Maduro como presidente el venidero 10 de enero, el escenario es muy gris para los venezolanos, estaríamos en el marco de más restricciones a los derechos fundamentales, sin embargo, está comprobado que no hay represión que haga desaparecer el malestar popular”, alertó.

Uzcátegui expresó que el hecho de que Maduro se haya planteado una cuota de detenciones después del proceso electoral del 28J lo coloca como el principal responsable de los atropellos cometidos desde entonces.

“Con el fin de mantenerse en el poder a toda costa, quiere simular fortaleza y esto lo ha llevado hasta burlarse de las personas detenidas. Todos esos aspectos me hacen pensar que en un futuro Maduro va ser señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad. La revolución bolivariana decidió inmolarse con Maduro y eso les pasará factura”, advirtió.

Para Uzcátegui este tipo de conductas, aunadas a informes como el de la Misión, hacen que izquierdas latinoamericanas como las de Gabriel Boric en Chile y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil se alejen de Venezuela.

“La ruptura interna del chavismo va a ser posible en la medida en que sus aliados comiencen a distanciarse. El chavismo necesita por diseño ser reconocido, para ellos el elemento reputacional sigue teniendo importancia, a propósito del reciente respaldo al gobierno de Lula y la condena que sufrió Tarek William Saab luego de sus declaraciones contra el mandatario amazónico, el gobierno de Brasil debe vigorizar sus esfuerzos por trabajar en pro de la recuperación de la democracia en Venezuela”, consideró. 

Uzcátegui indicó que la detención y denuncias de torturas al menos a 70 adolescentes ha causado estupor en la comunidad internacional.

“Esto debe producir algún tipo de efecto entre los chavistas subalternos que están entre la verdad ideológica y la verdad verdadera. No es posible que las víctimas sean revictimizadas por el propio Estado, es por ellos que frente a la mentira institucional, el que la Misión de Determinación de Hechos pueda trabajar dos años más tiene mucha importancia para las personas afectadas que como mínimo piden ser escuchadas”, destacó. 

Uzcátegui aspira que en 2025 haya noticias provenientes de la CPI.

“Ojalá los mecanismos de DDHH fuesen más rápidos, los defensores de DDHH quisiéramos contar con herramientas más expeditas. El camino de la CPI necesita tiempo, pero lo importante es que ese tiempo ya está en marcha. No podemos caer en la desesperanza, es una realidad que el Gobierno ha perdido espacio y ya no cuenta con apoyo popular. Nosotros como organizaciones seguiremos informando y haciendo acompañamiento a las víctimas. Independientemente de que los victimarios se metan a monjas de la caridad, la justicia en algún momento los va a alcanzar, porque este tipo de crímenes no prescriben”, sostuvo el defnsor de derechos humanos. 

También, agregó que es momento de fortalecer los lazos comunitarios, de encontrarnos como venezolanos, “del estupor y del shock vamos a salir, porque tenemos deseos de prosperidad e inclusión”.