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“Su muerte no puede quedar impune”: Más de 100 académicos y políticos exigen justicia para Edwin Santos

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La muerte de Edwin Santos, líder del partido Voluntad Popular en Apure, ha generado muchas preguntas por las extrañas condiciones en las que ocurrió. Autoridades del Estado afirman que murió producto de un accidente en moto, pero el partido en el que militaba duda de la veracidad de esta versión.

Ahora, más de 100 académicos y políticos exigen justicia por el hecho. En una carta titulada “La muerte de Edwin Santos no puede quedar impune | Demócratas exigen cese al terrorismo de Estado en Venezuela”, recordaron que Santos fue detenido el miércoles 23 de octubre por “un organismo de seguridad de Estado”. Testigos señalaron que se trataba de una camioneta negra que ocupaban hombres encapuchados.

“Así lo narran varios ciudadanos y lo informa el propio párroco de la comunidad en un video público. Igualmente se recibió información de otros presos que vieron a Edwin en el lugar en el que estaban detenidos, en el estado Apure”, añade el texto.

También, señalan como un hecho “conocido y público” que se lo llevaron vivo y estaba incomunicado. Así lo informa su familia. “Y este viernes aparece el cadáver de Edwin en el puente sobre el que había denunciado públicamente en varias oportunidades su mala condición y cómo esto afectaba a la comunidad”, señala el texto.

“Vistos los hechos, todo indica que no solo se trata de una desaparición forzada, sino que, además, el desaparecido ha aparecido muerto”, añadieron en el texto. 

En el documento se refirieron a la versión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la cual refirió que Edwin Santos tuvo un accidente de tránsito mientras conducía su moto. Sin embargo, los firmantes consideraron que el Estado debe explicar ccómo puede tener un accidente de tránsito alguien “que se encontraba detenido e incomunicado en la sede de un organismo de seguridad”.

Por otra parte, recordaron que el gobierno amenazó con “investigar” a quienes denuncien la muerte de Santos. A su juicio, pretenden convertir en única, su versión de la “realidad” en Venezuela. “Anuncian que no tolerarán otras versiones disidentes y pretenden prohibir la realidad, si esta no les conviene. Una muestra clara de su enorme desespero por acallar la crítica ciudadana”, acotaron.

“Como sociedad no podemos guardar silencio frente a este horrendo hecho que evidencia un crimen de Estado. Los venezolanos y la comunidad internacional debemos condenar con la mayor firmeza esta ola represiva”, señalaron académicos y políticos en el comunicado.

Manifestaron, además, su solidaridad con la familia, compañeros y amigos de Edwin Santos, indicando que acompañarán sus denuncias y la exigencia de justicia y reparación. Al mismo tiempo, condenaron “enérgicamente estas prácticas que solo pueden denunciarse como terrorismo de Estado”.

“Exigimos la inmediata liberación de todos los presos políticos y la separación inmediata de sus cargos a los oficiales involucrados en este hecho, así como una investigación imparcial de toda la cadena de mando involucrada”, sumó el texto.

EEUU también exige investigación transparente del caso

Estados Unidos se sumó este martes 29 de octubre a las voces que exigen una investigación “transparente” y una autopsia “independiente” que permitan esclarecer las circunstancias de muerte Edwin Santos.

“Estamos conmocionados y entristecidos por la muerte del destacado activista democrático venezolano Edwin Santos”, dijo el secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.

La situación humanitaria en Venezuela es la menos financiada del mundo

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Venezuela es el país menos financiado de todas las respuestas humanitarias mundiales.  Los donantes han aportado 104 millones de dólares al Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) de Venezuela para 2024, lo que cubre solo el 17% de la financiación necesaria, detalló en el reporte “Panorama financiero de la respuesta humanitaria (enero-octubre 2024)”  la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

Hasta el momento, Venezuela “ha recibido su nivel de financiación más bajo desde el lanzamiento de su primer plan de respuesta humanitaria en 2019″, advirtieron. 

El plan requiere de 617 millones de dólares para implementar 128 proyectos de respuesta multisectorial para ayudar a 5,1 millones de personas (56% mujeres, 24% niñas). Los donantes suelen reportar fondos en la segunda mitad del año, lo que conlleva eventualmente  a incrementos alrededor de octubre/noviembre.

En la actualidad, destaca la OCHA,  la respuesta de Venezuela para 2024 “depende del flujo de caja de 2023”. Por este motivo califican de  “urgente” la necesidad de financiación para continuar implementándola. La falta de recursos puede dejar a las personas necesitadas en condición vulnerabilidad, sin asistencia crítica en áreas como seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene, salud y nutrición. 

Otro dato relevante de este reporte es que casi tres cuartas partes de las contribuciones financieras notificadas proceden de dos donantes, Estados Unidos y la Unión Europea. En este punto, la oficina de la ONU enfatiza que una base de donantes más diversificada “contribuiría a una respuesta más sólida y fortalecería la capacidad de las organizaciones locales”.

En la lista de donantes figuran también naciones como Suecia, Canadá, Suiza, Alemania, Francia, Noruega, España, así como el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas (CERF) 

2,1 millones beneficiados en lo que va de 2024

En otro documento sobe la presencia operativa humanitaria 2024, divulgado también este 29 de octubre, se precisó que hasta el 30 de septiembre de 2024, 2,1 millones de personas en Venezuela han sido alcanzadas con la respuesta humanitaria que coordina la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Este plan de respuesta llega a 299 municipios de Venezuela, un 89% del total.  La población meta a alcanzar en 2024 es de 5,1 millones de personas. 

La cifra representa un aumento de unas 300 000 personas respecto a las atendidas en el mes de agosto de 2024.  Del total, las mujeres y niñas representan el 59%.

Los clústeres que más personas han alcanzado hasta septiembre son: Salud (1,2 millones de personas), Seguridad Alimentaria y Medios de Vida (599 mil personas) y Nutrición (504 mil personas).

Los estados con más personas beneficiadas son Distrito Capital (472 000 personas), Miranda (234 000 personas), Bolívar (221 000 personas) y Zulia (219 000 personas).

El reporte también precisa que las actividades enfocadas en atención en salud mental y asistencia y apoyo psicosocial han mantenido una tendencia al alza en 2024.  En septiembre de 2024 alcanzaron a 200 000 personas. 

La mayoría de las personas en necesidad se encuentran en zonas urbanas, pero “la severidad de las necesidades es mayor en zonas rurales
y de difícil acceso”, especifica la OCHA. 

Matan a maestra en medio de un operativo de la PNB

Keila Elena Villalobos Fernández, una maestra de 34 años, murió al recibir un disparo en la cabeza mientras funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana mantenían un operativo en el municipio Jesús Enrique Lossada, al occidente del estado Zulia.

Familiares de la víctima explicaron que Keila transitaba junto a otras mujeres por la calle de su casa cuando los policías comenzaron a dispararles la noche del viernes 18 de octubre de 2024, en el sector San José del referido municipio.

“No disparen que somos mujeres; por favor, no disparen que somos mujeres”, le gritó Keila a los policías, según contó un familiar de la docente, quien por temor pidió no ser identificada.

“La policía había detenido a un primo y a un amigo cuando venían de jugar béisbol, y en la noche fueron a la casa de mi tío, quien es cuñado de Keila y en esa casa vive mi primo”, contó el pariente.

Explicó que Keila iba con dos vecinas, su hijo de 7 años agarrado de la mano y su hija de 10 años caminaba detrás, cuando comenzaron los disparos y la mataron. Todos gritaban que no dispararan.

“Ella cayó desplomada, su hija corrió a abrazarla. Cuando los policías la vieron, se la quitaron a la hija y le dijeron que se quedara tranquila, que se la iban a entregar con vida. Ellos decían: ‘Nosotros no fuimos’”, recordó el familiar.

Keila era docente de la Escuela Bolivariana Calendario Reyes Medina y la noche que la mataron venía de una vigilia de un templo evangélico. El asesinato ocurrió pasadas las 11.00 de la noche del viernes 18.

Vecinos exigen investigar

Los vecinos del sector San José y comunidades aledañas piden justicia por la muerte de la joven maestra. Acudieron el 21 de octubre hasta la sede del Ministerio Público para exigir una investigación que logre la captura de los responsables. También organizaron una marcha hasta la sede de la Alcaldía de Jesús Enrique Lossada, para exigirle al alcalde Danilo Vílchez que interceda para lograr justicia en este caso.

Los manifestantes denunciaron que los funcionarios policiales no respetan los derechos de las personas en el sector. “Ellos llegan, entran a las casa y se llevan todo. No les importa. Son peores que las mafias”, dijo una vecina que pidió no ser identificada.

La familia y vecinos de Keila aseguran que las mujeres que estaban ese día no representaban ninguna amenaza para los funcionarios policiales. “Ellas estaban con niños y pedían que dejaran de disparar”, dijo un vecino.

Hasta septiembre de este año 2024, Monitor de Víctimas registró 64 homicidios en el estado Zulia, de los cuales 4 corresponden al municipio Jesús Enrique Lossada, sin contar este: 1 en mayo, 2 en julio y 1 en agosto. De estos casos, 2 se atribuyen a la policía, uno a la PNB y otro al Cicpc.

Monitor de Víctimas

Las anomalías que detectó Acceso a la Justicia en la jubilación de Gladys Gutiérrez del TSJ

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La ONG Acceso a la Justicia detectó varias anomalías en la jubilación de Gladys Gutiérrez del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y afirmó que el máximo órgano de justicia del país “ignora su propia ley”.

Desde principios del mes de abril de 2024, Gutiérrez se encuentra en Madrid a cargo de la embajada de Venezuela en España, un nombramiento que generó gran polémica por la ilegalidad de su doble cargo y la falta de independencia de los poderes públicos. 

Seis meses después, específicamente el pasado 14 de octubre, fue que el organismo rector del Poder Judicial informó que la ahora diplomática dejó definitivamente de ser una de las 20 integrantes del TSJ.

Según señala Acceso a la Justicia, el nombramiento de Gutiérrez como embajadora no significó su desincorporación automática del máximo juzgado, pues el organismo consideró que su ausencia era temporal, según se lee en su sentencia n.º 208, el cual establece lo siguiente:

“Las magistradas y los magistrados podrán obtener licencia para que se separen temporalmente del cargo, por motivo de enfermedad, desempeño de misión oficial compatible con el cargo, u otra causa que la Sala Plena considere justificada. Si vencida la licencia la magistrada o magistrado no se reincorporare, ni hubiere obtenido prórroga, se considerará que ha renunciado al cargo, a menos que una causa justificada se lo haya impedido”.

Sin embargo, el cargo de embajador, por su naturaleza, es claramente incompatible con el puesto de magistrado. En primer lugar, porque se ejerce fuera del territorio nacional y en segundo, porque forma parte del Poder Ejecutivo y está directamente subordinado a este, mientras que el máximo juzgado debe controlar los actos del Gobierno.

Otra anomalía que detectó la ONG es que la sustituta de Gladys Gutiérrez, la abogada Janette Trinidad Córdova Castro, según lo que reveló la la Gaceta Oficial n.º6.696 extraordinario, del 22 de abril de 2022, Córdova no es suplente de la Sala Constitucional, sino de la Sala de Casación Civil.

La Sala Constitucional todavía contaba con tres suplentes: los abogados Olga Álvarez, Jacqueline Sosa y René Degraves, por lo que se desconocen las razones jurídicas que llevaron a la convocatoria de Córdova Castro.

¿Quién es Gladys Gutiérrez?

Abogada y jueza, egresada de la Universidad Central de Venezuela y nativa de la ciudad de Punto Fijo, Falcón, se ha paseado por distintos cargos durante las gestiones de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre los que figuran: procuradora general de la República, embajadora ante el Reino de España, cónsul de Venezuela en Madrid y ministra consejera de la  Embajada de Venezuela en España.

Según reseña el portal Poderopedia, Gutiérrez fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), nombrada el 27 de abril de 2022. Es magistrada y presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, designada el 26 de abril de 2022 por la Asamblea Nacional del 6D.

Ocupó el cargo de rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el 12 de junio de 2020 y el 4 de mayo de 2021. Ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estuvo en este cargo hasta el 24 de febrero de 2017, cuando fue sustituida por Maikel Moreno.

Su carrera en la judicatura pasó inadvertida hasta que fue postulada en dos oportunidades por el MVR para disputarle la gobernación de Nueva Esparta al dirigente de AD, Morel Rodríguez, pero no pasó la prueba.

Finalmente fue inscrita en la lista de aspirantes a integrar el Tribunal Supremo de Justicia, objetivo que consiguió con el apoyo de la bancada oficial. Se dio a conocer el 23 febrero de 2017, según fuentes extraoficiales, que Gutiérrez pidió su salida de la presidencia por motivos personales.

El 30 de marzo de 2018 fue sancionada por el gobierno de Panamá por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

*Con información de Acceso a la Justicia y Poderopedia

Mañanero del #30Oct: “En Venezuela no hay ni un preso político”

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En El Mañanero del 29 de octubre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Denunciarán la muerte de Edwin Santos ante organismos de justicia internacionales, conoce el nuevo cargo de Alexis Rodríguez Cabello, Yván Gil dice que en Venezuela no hay ni un solo preso político y la ONG Un Mundo Sin Mordaza recogió múltiples violaciones de derechos humanos en su último informe.

Canciller Yván Gil: “En Venezuela no hay ni un preso político”

Voluntad Popular denunciará muerte de Santos ante la ONU, CPI y CIDH

Denuncian que no recibieron recurso a favor de periodista Nelín Escalante

EnchufadIN | Alexis Rodríguez Cabello

Oposición continuará exigiendo el respeto a los resultados del #28Jul

Reiteran llamado a respetar derechos de personas con discapacidad detenidas

Informe de Un Mundo Sin Mordaza recoge múltiples violaciones a DDHH en Venezuela

¿Quién miente más y sobre cuáles temas? El Mentirómetro ofrece respuestas

Las perlas que lanzó Diosdado sobre las elecciones de 2025 y el reconocimiento de Maduro

Yván Gil: “En Venezuela no hay ni un preso político. Venezuela está libre de presos políticos”

 

La inclusión nos humaniza y nos une

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Vivir en una sociedad inclusiva significa valorar a cada individuo por lo que aporta y por cómo enriquece al conjunto

@eduardofrontado

Desde siempre he visto las cualidades distintas como un verdadero privilegio. Sin embargo, a lo largo de mi vida y en mi misión de ayudar a otros a través de mi propia experiencia, he llegado a la conclusión de que mi enfoque sobre la inclusión es el más adecuado.

Vivimos en un mundo dominado por los avances tecnológicos, cada vez más impresionantes, pero también más abrumadores. En medio de este progreso, es sorprendente cómo nuestra sociedad aún no ha desarrollado la empatía necesaria para comprender que cada avance y cada oportunidad deberían ser reflejo de una transformación profunda como sociedad. Sé que la transformación social no ocurre de la noche a la mañana, pero también estoy convencido de que, con esfuerzo, podemos construir un mundo más inclusivo y libre de etiquetas.

Para muchos, las cualidades distintas pueden parecer una carga o motivo de estigma. En mi opinión, representan exactamente lo contrario: son el signo de la transformación que necesita una sociedad como la nuestra, saturada de tecnología y progreso científico, pero a la que le falta la educación y empatía que son esenciales para un verdadero avance humano.

Recientemente, tuve una experiencia que ilustra este desafío. En un país donde la accesibilidad y las oportunidades médicas están al alcance de muchos, me encontré cara a cara con los prejuicios que aún persisten, tanto en las personas con cualidades distintas como en quienes nos rodean.

Estaba comprando unos lentes correctivos, y mientras mi madre realizaba una diligencia, la vendedora me preguntó, sin mostrar ningún tipo de sensibilidad, si tenía los recursos necesarios para pagar la compra. Me sorprendió que en pleno siglo XXI, con tanto discurso sobre inclusión y transformación, aún haya personas que, al encontrarse con alguien diferente, reaccionen con desconfianza.

Le respondí con firmeza: “No se preocupe, aunque me vea en esta silla de ruedas, soy perfectamente capaz de pagar mis cuentas”. Este tipo de situaciones, lejos de enojarme, me reafirma que la clave para un cambio real está en la educación. La humanización y la eliminación del miedo hacia lo distinto son componentes cruciales si queremos lograr una transformación cultural que nos lleve hacia una sociedad verdaderamente inclusiva.

Es importante entender que, aunque el marco legal es necesario para avanzar en temas de inclusión, no será suficiente si las personas no se comprometen emocional y socialmente con este proceso. Podremos tener las mejores leyes del mundo, pero sin un verdadero apoyo de la sociedad, seguiremos enfrentando barreras.

La inclusión no es solo una cuestión de teorías escritas en libros. Debemos vivirla, no desde la compasión o el victimismo, sino desde la empatía. Ponernos en los zapatos de quienes viven con cualidades distintas nos permitirá ver que lo que nos une como seres humanos es mucho más poderoso que nuestras diferencias.

Vivir en una sociedad inclusiva significa valorar a cada individuo por lo que aporta y por cómo enriquece al conjunto. Nos queda mucho camino por recorrer, pero si comenzamos a trabajar en el fortalecimiento de la empatía y la educación, estaremos un paso más cerca de lograr una sociedad en la que lo humano nos identifica y lo distinto, lejos de separarnos, nos une.

www.eduardofrontado.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe de Un Mundo Sin Mordaza recoge múltiples violaciones a DDHH en Venezuela

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Un Mundo Sin Mordaza documentó en 2023 múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esta organización sin fines de lucro señaló que la violación del derecho a la libertad de opinión es una de las más alarmantes.

Los datos corresponden al informe anual “Venezuela en cifras 2023″, un informe anual en el que se recoge información sobre las violaciones a los derechos humanos en el país y su impacto. 

Este año, el instrumento ha tenido una innovación en el enfoque de la división de situaciones temáticas, a diferencia de los informes pasados que trataban de derechos humanos de forma aislada. Se abordaron 14 derechos que corresponden a 10 áreas temáticas, los cuales describen la situación general de Venezuela en el 2023.

“Durante el 2023, se documentaron 33 detenciones arbitrarias de periodistas y ciudadanos, incluyendo el asesinato de un periodista, y 118 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones contra civiles y trabajadores de prensa, manifestados como amenazas en redes sociales, persecuciones, confiscación de equipos, intimidaciones y agresiones, estableciendo un ambiente de miedo y autocensura que limita la libertad de expresión”, destacan en el documento. 

Apuntan que 45,5% de los casos corresponden a sanciones administrativas, el 22,7% a presiones para el cierre de programas, y el 13,6% implican la confiscación de equipos. 

En el análisis afirman que “los medios afectados incluyen el 13,6% de los canales de televisión, el 9,1% de los medios impresos, el 72,7% de las estaciones de radio y el 4,5% de los podcasts”. 

Otra situación que resalta en el informe son los bloqueos a páginas web, medios de comunicación y redes sociales. Durante el 2023, se registraron 12 casos de bloqueos a páginas web, situación que aumentó a lo largo de este año. 

Sin condiciones justas ni salario equitativo 

Un Mundo Sin Mordaza añade que se demuestra una gran desigualdad entre los ingresos de los venezolanos, sumado a que muchos trabajan en condiciones que no son justas. 

“En el caso de Venezuela se evidencia una gran disparidad entre las remuneraciones del sector privado y el sector público, acentuada por una política gubernamental de congelación salarial en el sector público”, afirman. 

Dicha situación influye -de forma directa- en el nivel de vida de los ciudadanos, vulnerando otro derecho: el derecho a una vida digna y muchos factores son consecuencia de la inflación que se registra en el país. 

“En Venezuela, la inflación ha alcanzado el 193% en el último año, una cifra alarmante, aunque menor al 305% registrado en 2022 afecta el poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores del sector público, debido a la política gubernamental de congelación de salarios reales”, agregaron. 

Venezolanos inconformes con los servicios básicos

Según los datos recabados por Un Mundo Sin Mordaza, la mayoría de los venezolanos afirman estar inconforme con los servicios básicos, en especial, con el suministro de agua potable. 

“El 64,9% de los encuestados evaluaron negativamente el servicio de agua potable, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Porlamar, Punto Fijo y Barcelona reportaron los niveles más altos de insatisfacción. Las principales razones de descontento fueron la irregularidad en los intervalos de distribución y la falta de suministro”, se lee en el informe. 

Sin embargo, el agua no es la única queja: a esto se le suma la electricidad y el aseo urbano. “Según las personas consultadas, el 54,7%  ha experimentado una o más interrupciones diarias. Barinas, San Cristóbal y Mérida reportaron los mayores índices de cortes diarios. La percepción negativa del servicio eléctrico fue predominante, con Barinas, Maracaibo y Mérida encabezando las peores valoraciones”. 

Restricciones en el año preelectoral

El informe recogió que hubo una distribución geográfica limitada de las oficinas regionales para el registro electoral, con solo 24 sedes en 335 municipios, lo cual dificultaba el proceso de inscripción para más de tres millones de personas.

La escasez de oficinas representaba una barrera significativa, especialmente para aquellos en áreas remotas, “afectando negativamente la participación ciudadana y creando desigualdades en el ejercicio del derecho al voto”.

Severos desafíos en la atención médica 

El acceso a una salud de calidad es uno de los mayores problemas de los venezolanos, según el estudio de Un Mundo Sin Mordaza. 

“Entre enero y septiembre de 2022, el índice de desabastecimiento de medicamentos y suministros médicos fue del 42%, reduciéndose al 39% en 2023, aunque sigue siendo una cifra significativa que pone en peligro la vida de pacientes con condiciones críticas como la hipertensión”, revelan. 

Otro dato alarmante es la cantidad de centros hospitalarios que presentan escasez de medicamentos. “El 75% de los hospitales enfrentan regularmente escasez de medicamentos antihipertensivos, obligando a familiares a buscar estos medicamentos fuera de los hospitales”, destacan. 

En cuanto a los insumos de quirófano, la disponibilidad de elementos como lencería, material desechable y analgésicos mayores registran una ausencia del 74 %. 

El costo de la salud mental 

Un Mundo Sin Mordaza destaca que el costo de la salud mental en Venezuela es alto y no es accesible a toda la población. Además de que se evidencia un gran porcentaje de personas con tristeza, preocupación y rabia.

“Los datos recopilados muestran que una parte significativa de la población venezolana enfrenta malestar psicológico, especialmente aquellos con menor nivel educativo. Muchos expresan dificultades para expresar sus sentimientos, lo cual afecta negativamente las relaciones interpersonales y la salud mental. Además, hay un alto nivel de afecto negativo, con preocupación (90%), tristeza (73%) y rabia (79%) predominantes debido a la situación del país, lo que puede generar ansiedad y desesperanza”, advierten. 

Sin acceso a educación de calidad 

El informe revela grandes fallas en el nivel educativo venezolano, en especial, en las matemáticas. 

“Por ejemplo, en matemáticas, el 78,37% de los estudiantes de educación media reprobaron, evidenciando una falta de competencias básicas en una materia fundamental. La brecha de aprendizaje entre colegios privados y públicos es notable, con estudiantes de planteles privados obteniendo consistentemente mejores resultados, lo que subraya las inequidades en el sistema educativo venezolano. El desempeño en habilidad verbal también presenta desafíos, con el 55,04% de los estudiantes reprobando”, indican. 

Mientras que la educación universitaria se enfrenta a los daños a las infraestructuras y poca inversión en el sector. 

“En la educación superior, las condiciones de infraestructura son precarias, con problemas frecuentes de suministro de agua, electricidad e internet en la mayoría de las instituciones evaluadas. La falta de recursos especializados como laboratorios y bibliotecas adecuadas, y la insuficiencia de apoyo tecnológico para los docentes, limitan severamente las oportunidades de aprendizaje práctico y teórico”, afirman. 

La violencia de género alcanza otro pico 

Durante el 2023, se registraron tasas alarmantes de violencia, según Un Mundo Sin Mordaza. 

“Un total de 6,973 homicidios en el país, con tasas particularmente alarmantes en el Distrito Capital (50.8 por cada 100,000 habitantes) y en el estado Miranda (41 por cada 100,000 habitantes). Estas cifras reflejan una situación de violencia generalizada y preocupante que afecta a toda la sociedad venezolana”, apuntan en el informe. 

La violencia de género continúa siendo un gran problema: “En cuanto a la violencia de género, las mujeres siguen siendo víctimas frecuentes. El 96% de las víctimas de muertes violentas fueron mujeres, principalmente por violaciones. Además, un alto porcentaje de mujeres resultan lesionadas en actos violentos, destacando la persistencia de esta forma de violencia en el país”. 

Reiteran llamado a respetar derechos de personas con discapacidad detenidas

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En un comunicado difundido el 29 de octubre,  la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) instó a las autoridades a respetar los derechos de las personas con discapacidad que fueron detenidas en el contexto poselectoral.

En el texto, indicaron que si bien han sido positivas algunas acciones del Estado en favor de la comunidad  -como la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley para Personas Sordas y Personas con Discapacidad Auditiva (CDPD)- resulta oportuno destacar la importancia de dar cumplimiento a la protección de los derechos de las personas sordas

Mencionaron el caso de un joven sordo quien fue detenido en la ciudad de Caracas bajo el contexto post electoral el 29 de julio y expresaron que les preocupa su situación,  “ya que no tiene conocimientos de la lengua de señas venezolana y tampoco sabe leer ni escribir, en tanto no se están garantizando sus derechos como persona sorda a tener acceso a la información y comunicación de manera ajustada en todo lo relacionado al proceso penal que se está llevando en su contra”.

Otro caso que les preocupa es el de un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que también fue detenido después del 28 de julio. La información suministrada por sus familiares indica que el joven de 17 años se mostró confundido y nervioso al no saber las razones de su detención, “propio de la falta de acompañamiento de profesionales para el acceso a la información”.

A estos casos se suman los de otras nueve personas con discapacidad privadas de su libertad bajo el mismo contexto “a quienes no se le están garantizando la accesibilidad ni los ajustes razonables, a los fines de comprender por qué están privados de libertad y recibir las orientaciones legales relacionadas al proceso”. 

El comunicado cierra con un exhorto a las autoridades a que se respeten los derechos establecidos en la Constitución y en otras leyes en favor de estas personas. 

“Al cumplirse tres meses de estas detenciones, queremos solicitar a las autoridades competentes garantizar el derecho al acceso a la justicia y la libertad y seguridad de la persona, contemplado en los artículos 13 y 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los cuales disponen que el Estado asegurará el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, el ajuste de los procedimientos tomando en cuenta la discapacidad, la edad y a tener acceso en igualdad de condiciones a las garantías fundamentales, así como a ser tratadas bajo los principios y objetivos establecidos en dicha Convención, incluyendo la aplicación de los ajustes razonables”.

El pasado mes de agosto, Consorven había hecho un primer exhorto en este sentido a las autoridades. A mediados de ese mes, el Foro Penal informaba que al menos 16 personas con discapacidad habían sido detenidas en el contexto poselectoral.