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Pupitres vacíos, cárceles llenas: la sombra del Día del Estudiante Universitario

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Este jueves, 21 de noviembre, se conmemora el Día del Estudiante Universitario, una fecha en la que al menos 15 estudiantes universitarios no podrán ocupar sus pupitres ni participar en las actividades conmemorativas debido a su detención arbitraria en el marco de las protestas postelectorales. 

Desde el 21 de noviembre de 1958 se celebra en Venezuela el Día del Estudiante Universitario en conmemoración de la gesta estudiantil de 1957, que promovió el fin de la dictadura de Marco Pérez Jiménez.

Desde entonces los estudiantes universitarios han alzado la voz para visibilizar las vulneraciones de derechos humanos en el país y liderado las reivindicaciones de sus casas de estudio. 2024 no ha sido la excepción, ya que el panorama actual contempla una serie de problemáticas que ensombrece la vida estudiantil: detenciones arbitrarias, infraestructura debilitada, deserción estudiantil, crisis presupuestaria, falta de recursos materiales y profesores docentes con el salario más bajo de América Latina, de acuerdo con la ONG Laboratorio de Desarrollo Humano. 

Pupitres vacíos 

El director del Observatorio de Universidades (OBU) y profesor universitario, Carlos Meléndez, señaló que los estudiantes detenidos son víctimas del Estado venezolano, considerando que la persecución a la diversidad, la disidencia y la lucha por los derechos representa una erosión de los valores sociales. 

“Estos jóvenes, además de representar las consecuencias de años de autocracia y dictadura en Venezuela, representan también las resistencias y los valores positivos que se enfrentan a lo que es simbólicamente y físicamente el gobierno venezolano”, manifestó Meléndez.

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), un total de 45 jóvenes fueron detenidos durante la crisis postelectoral, pero se estima que 30 fueron liberados, entre ellos, varios enfrentan medidas cautelares o sanciones administrativas.

Al menos 15 estudiantes de las casas de estudios autónomas como la Universidad Central (UCV), de Carabobo (UC), de Oriente (UDO) y de la institución privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) permanecen en prisión, acusados de presuntos delitos como terrorismo, traición a la patria e incitación al odio, mientras la comunidad universitaria y las ONG denuncian la criminalización de la protesta e insisten que los jóvenes son inocentes. 

Esta semana, los universitarios cumplen casi tres meses arrestados en cárceles como Yare III y el INOF Los Teques, ambas en el estado Miranda, además del penal de Tocorón (Aragua), escenarios donde se enfrentan a una alarmante situación de hacinamiento crítico, deficiencias en el acceso a atención médica y alimentación adecuada, torturas, aislamiento y otros tratos crueles, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Hasta el 18 de noviembre, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó que habían verificado la excarcelación de 143 presos políticos, detenidos en el marco de las protestas postelectorales, entre ellos, miembros de la comunidad ucevista: el profesor Salvador Rivera, de la Escuela de Psicología, y los estudiantes Kleiber Rincón y Santiago Ortega, de la Facultad de Odontología y de la Escuela de Estudios Internacionales, respectivamente. 

La situación ha generado un clima de temor e incertidumbre, así como llamados a la liberación inmediata de los detenidos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos estudiantiles.

El olvido, una doble condena para los presos políticos

El  presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguelangel Suárez, reiteró su llamado a la liberación de los otros cuatro (4) ucevistas y de los más de 1.700 presos políticos que continúan detenidos. 

“Exigimos la libertad de todos los ucevistas y aquellos estudiantes que fueron detenidos de forma arbitraria después del 28 de julio. Hoy desconocemos su estatus, les han violado el estado de derecho y no tienen acceso a una defensa privada. Todo esto es una violación grave a los derechos humanos”, dijo Suárez en entrevista para Runrun.es. 

El dirigente estudiantil insistió en que “lo peor que le puede pasar a un preso político es ser olvidado”. 

“Nosotros no olvidamos a ninguno de ellos, no son un número,  para nosotros son personas. Y como son personas que amamos estamos dispuestos a defender y luchar por ellos”, expresó.

Suárez también denunció una presunta elección de representación estudiantil ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) promovida por el ministro de Educación Superior, Ricardo Sánchez, mientras que el estudiante Luis Yaguarate, consejero universitario de la Universidad de Carabobo (UC), permanece detenido. 

“Cómo un proceso (electoral) promovido por el ministro Ricardo Sánchez va a tener validez, cuando una de las personas que vota hoy está detenido arbitrariamente por razones políticas”, enfatizó Suárez.

El presidente del FCU-UCV aseguró que el movimiento estudiantil propone un proyecto de brindar apoyo psicológico a las familias de los presos políticos, reconociendo el sufrimiento que viven y la necesidad de acompañamiento.

“Que sepan que cuentan con el movimiento estudiantil para alzar la voz por cada uno de sus familiares, para que en un algún momento puedan estar con sus familias y con nosotros en los pasillos y en aulas de la universidad porque son nuestros compañeros y amigos”, añadió Miguelangel Súarez. 

“No es un día para celebrar”

Para el director de OBU, Carlos Meléndez, conmemorar en lugar de celebrar el Día del Estudiante Universitario este 21 de noviembre implica un reconocimiento de las adversidades que enfrentan los estudiantes venezolanos y la necesidad de honrar su resistencia. 

“Más allá de sus aulas y pensando en la democracia en Venezuela, es una conmemoración por el esfuerzo que están haciendo los estudiantes para mantenerse en la universidad (…) y también es importante porque hay que hacerle honor a los estudiantes que durante este siglo han sido asesinados, arrestados y torturados”,  declaró Meléndez, enfatizando que los jóvenes son vistos como actores clave en los procesos de transformación de la sociedad. 

El también sociólogo destacó la importancia de valorar el papel histórico de los estudiantes en la lucha social y política de Venezuela, pese a las adversidades que suponen los retos cotidianos ante la falta de recursos económicos. 

 

 
 
 
 
 
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“No tener transporte, no tener comedor, no tener aulas que funcionen o tener internet y cumplir con las actividades académicas que exige la universidad. En ese caso, no es un día para celebrar, es un día para conmemorar, pero la conmemoración es el reconocimiento histórico por un movimiento social que ha estado que persiste, y que hoy más que nunca, tiene un papel trascendental en la historia política y social de Venezuela”, manifestó. 

Un día para honrar la lucha estudiantil 

El presidente del FCU-UCV, Miguelangel Súarez, destacó la importancia del Día del Estudiante Universitario en el marco de la participación activa de más de 10.000 estudiantes en el proceso electoral para elegir a las autoridades estudiantiles en esa casa de estudio. 

“Es una cifra importante que además te habla mucho del compromiso que tiene el ucevista, pese a las vicisitudes, de seguir en esa lucha, esa reivindicación histórica que ha significado la referencia que uno tiene de la Generación del 28”, apuntó Súarez. 

Insistió  en que la conmemoración del Día del Estudiante en la actualidad tiene un significado mucho más profundo y urgente que en años anteriores, debido a la crisis que atraviesa la universidad y la lucha por su autonomía.

Para Patricia Caicaguare, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el 21 de noviembre representa una fecha “para recordar las luchas estudiantiles y llenarse de valor”.

La miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social dijo que la UCV es un espacio de “lucha para mantenerse a flote” afectada por la mala administración de ingresos propios de la institución y la inestabilidad política del país, que genera un ambiente de desmotivación entre los estudiantes. 

Caicaguare aseguró que las instalaciones de la Escuela de Comunicación Social, como estudios de radio y televisión, se encuentran en mal estado, limitando las oportunidades prácticas de los estudiantes en los últimos años. 

“Los profesores siguen tratando de ayudarse con las tecnologías actuales para llevar esas materias a la práctica, pero continúa siendo un reto. Hay estudiantes que no tienen privilegios y dependen del comedor y transporte de la universidad pública. La distribución de cupos del comedor no es realmente justo”, agregó la estudiante. 

La universitaria opinó que “esto es parte del contexto con el que uno tiene que vivir y tratar de salir adelante para realmente sacar los estudios, porque al final el objetivo no es tanto un título sino realmente obtener una formación de calidad que pueda ayudarme a sobresalir en el mundo laboral”.

Derechos vulnerados 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre de Venezuela ha documentado una serie de patrones de violaciones de derechos humanos contra estudiantes, quienes han sido blanco de represión en el país debido a las detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, la violación a los derechos a la libertad de expresión, a la protesta pacífica y a la educación de calidad.

Los expertos consideraron que la detención arbitraria de estudiantes “no solo viola derechos básicos, sino que intenta suprimir el pensamiento crítico, una de las funciones esenciales de la educación y la participación democrática”.

 

Al respecto, el director de OBU, Carlos Meléndez advirtió sobre la situación alarmante con relación a la vulneración de derechos políticos y civiles en el contexto universitario tras los eventos del 28 de julio. 

“Luego de los eventos del 28 de julio, observamos que las denuncias por la violación de derechos políticos y civiles, luego de la detención de profesores universitarios y estudiantes universitarios, ha aumentado un 80 % con relación al segundo trimestre del año y 50 % en relación al primer trimestre del año”, precisó en entrevista para el espacio “Gladys” en el Circuito Éxitos. 

De acuerdo con el vocero del observatorio, esta problemática se traduce en un “empobrecimiento” generalizado de los estudiantes a causa de tres factores principales: la desprotección debido a la ausencia de políticas públicas, la despolitización por falta de condiciones para fomento de la formación ciudadana y política dentro de las instituciones universitarias, y la desinformación que afecta a la población estudiantil.

 
 
 
 
 
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“Todas estas condiciones de empobrecimiento estructural afectan el derecho a la educación de calidad, ya que la universidad tiene tres grandes funciones que son la docencia, la investigación y la extensión. Los profesores empobrecidos no pueden tener acceso a las herramientas necesarias para dar clases, como computadoras ni laboratorios. Tienen que ocupar su tiempo en otros trabajos para poder comer”, indicó el experto a RunRunes. 

Continuar y culminar la carrera, el mayor desafío

El gran desafío de los estudiantes universitarios venezolanos es la dificultad para garantizar la continuidad y culminación de sus estudios, pues, debido a la crisis económica se ven en la necesidad de trabajar a temprana a edad para sostener a sus familias, de acuerdo con Carlos Meléndez, director de OBU.

Añadió que el déficit de becas y ayudas económicas también dificulta aún más la permanencia del estudiante en la universidad. Además, Meléndez enfatizó que existe una pérdida de valor del título universitario, ya que en la actualidad “no es efectivo para una mejora significativa en la calidad de vida” y desmotiva a muchos jóvenes a continuar sus estudios.

El profesor universitario aseguró que en las décadas de 1990 y 2000, el principal obstáculo era el acceso a la universidad debido a la alta demanda y la limitada oferta, mientras que en 2024, el desafío se ha desplazado hacia la permanencia debido a factores socioeconómicos y la necesidad de migrar hacia otras fronteras como una alternativa para garantizar mejores condiciones de vida. 

Meléndez afirmó que mientras persista el actual modelo económico venezolano, se seguirá presenciando la degradación del sistema universitario. “Tendremos este tipo de universidad que cada vez se hace menos sostenible”, dijo, expresando su preocupación al respecto.

Aunado a la situación, comentó que la proliferación de universidades bolivarianas, controladas por el Estado, ha socavado la autonomía universitaria y ha generado una brecha cada vez mayor entre estas instituciones y las pocas universidades públicas y privadas que aún mantienen su independencia.

“El sistema global del conocimiento se sigue transformando y nosotros nos vamos a mantener rezagados en eso porque no vamos a tener en las condiciones económicas ni el crecimiento y las posibilidades de acceder a la globalización del conocimiento, mientras nos encerramos en la persecución de la disidencia y en el marasmo producto de la falta de presupuesto”, específico Meléndez.

Déficit presupuestario e inseguridad alimentaria

El director del Observatorio de Universidades advirtió que tanto estudiantes como profesores se encuentran en inseguridad alimentaria. Según las últimas mediciones de la Encuesta Enobu 2023, 32% de los profesores y 21% de los estudiantes universitarios comen menos de tres veces al día.

“Nuestra población sigue envejeciendo y posee enfermedades crónicas, que se dificultan atenderlas por el acceso limitado a servicios de salud y los bajos salarios que los hacen ser los profesores más pobres de la región latinoamericana”, detalló Meléndez. 

El experto también alertó que las condiciones de las instalaciones universitarias, especialmente en cuanto a sanidad y mantenimiento, son deplorables y afectan directamente la calidad de la educación. 

También precisó que 6 de cada 10 estudiantes universitarios en Venezuela no cuentan con suficientes laboratorios y bibliotecas especializadas, lo que limita las oportunidades de investigación y aprendizaje.

Por su parte, el presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguelangel Suárez aseguró que el déficit presupuestario ha llevado a esta casa de estudios a una crisis financiera sin precedentes, obligando a los profesores universitarios a asumir costos que deberían ser cubiertos por la institución debido a los bajos salarios.

Suárez también señaló que existe una amenaza latente sobre la autonomía de la UCV, con intentos de influir en sus procesos internos y tomar el control de la institución. “Está en riesgo de las intenciones oscuras de apoderarse y poder permear todos los procesos internos de la universidad a través de la estrategia de dejarle un déficit presupuestario donde no tenga la capacidad de autogestionarse”, advirtió.

Para octubre de 2023, el Observatorio de Universidades (OBU) registró que el déficit presupuestario de las instituciones de educación superior autónomas y experimentales en Venezuela supera el 90%. 

A través de su perfil oficial en X (anteriormente Twitter), OBU destacó que esta deficiencia presupuestaria limita en grado sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión.

Infraestructura en críticas condiciones

En cuanto a los problemas estructurales e infraestructurales, el presidente de la FCU-UCV precisó que las escuelas más afectadas son Estudios Políticos y Salud Pública, al tiempo que denunció la falta de una sede digna para la Escuela de Idiomas Modernos, lo que afecta la calidad de la educación que se imparte en estas unidades académicas.

El dirigente estudiantil añadió que al menos 60% del campus de Maracay se encuentra afectado por la humedad y hongos, lo que representa un riesgo para la salud de los estudiantes y la operatividad de las instalaciones. 

La obligación de trabajar para financiar sus estudios ha transformado la experiencia universitaria de muchos jóvenes. En lugar de dedicarse por completo a su formación, deben dividir su tiempo entre las aulas y los empleos, teniendo implicaciones en su rendimiento académico. 

“La situación que viven los estudiantes de tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo no es para lo que está concebida la universidad. Para una formación integral los universitarios deben dedicarle tiempo, y eso no es posible porque a la vez que piensas en las materias de cálculo, ingeniería o derecho, piensas qué llevar a comer a casa”, describió como un día cotidiano de los ucevistas. 

La Encuesta Enobu 2023 sobre las condiciones de vida de la población universitaria de OBU demuestra que 91% de las universidades no garantiza un suministro continuo de agua, y el 86% enfrenta problemas similares con el servicio eléctrico. 

 

 
 
 
 
 
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Otro dato alarmante es que 86% de la población universitaria carece de transporte universitario. Este porcentaje se encuentra dividido de la siguiente manera: 49% depende del transporte público, lo que implica un gasto adicional en pasajes, mientras que el 32% de los profesores se dirige a pie a sus lugares de trabajo. Entre los estudiantes, el 53% se moviliza caminando o usando transporte universitario. 

Sobre esta problemática, Geovanne Guillén, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), afirmó que la deficiencia en los servicios públicos, el transporte y escasez de profesores también afecta a la comunidad estudiantil del estado La Guaira. 

“Batallo como la mayoría lo hace y me he vuelto autodidacta desde la pandemia, que ha entorpecido un poco el nivel de enseñanza”, declaró el estudiante que cursa los últimos semestres de Ingeniería Informática.

Deserción estudiantil 

De acuerdo con el Observatorio de Universidades (OBU) se ha reportado una reducción del 60% en la matrícula estudiantil universitaria en Venezuela desde 2012 hasta 2024, debido a la crisis económica, la falta de inversión en el sector educativo y la migración de estudiantes y profesores.

Según la Encuesta Enobu 2023, el 61 % de los estudiantes universitarios han considerado abandonar sus estudios en los últimos 12 meses, mientras que el 75 % de los docentes ha pensado dejar sus puestos de trabajo debido a los bajos ingresos que perciben.

Específicamente, en la UCV, principal casa de estudio del país, el nuevo período académico 2024-2025 inició con más del 40% de deserción estudiantil. “Hoy tenemos una deserción estudiantil que roza el 45%, una universidad que ocupaba unos 50.000 estudiantes y que hoy tiene 20 mil estudiantes”, dijo en rueda de prensa Jesús Mendoza, expresidente de la FCU. 

La llama de la educación sigue viva

Pese al panorama ensombrecido, los estudiantes continúan luchando por sus derechos y por una educación de calidad.

“Hoy, más que nunca, el espíritu estudiantil se ha levantado para reclamar su derecho a una educación de calidad y una universidad autónoma, y a partir de ahí, el estudiante está convencido que la universidad se tiene que salvar que no, no la va a dejar morir”, comentó el presidente de la FCU-UCV.

La estudiante Patricia Caicaguare, quien vive a las afueras de la ciudad de Caracas y tiene largas jornadas de clases, compartió que hace lo mejor posible por obtener buenas calificaciones, y que al formar parte de la dirigencia estudiantil desde el año 2022, consideró que puede aportar a sus compañeros. 

“Me quedo aquí porque sé que puedo hacer algo al respecto, a pesar de las cosas que no funcionan”, comentó.

Para Geovanne Guillén, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC),  su motivación de seguir su recorrido universitario “es el hecho de todo lo que se ha luchado desde la época de la pandemia con la adaptabilidad y estudiar y trabajar al mismo tiempo”. 

“Además, quiero verme como un ingeniero formado, que representa la gratitud hacia mis padres y los valores que me inculcaron desde pequeños de ser una mejor persona en el ámbito personal y profesional, pese a las adversidades”, concluyó. 

El Mañanero del 21 de noviembre: Heridas del encarcelamiento: menores detenidos necesitarán ayuda psicológica

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En El Mañanero del 20 de noviembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Los menores de edad detenidos van a necesitar ayuda psicológica, coordinador de Provea fue interrogado en el Cicpc, el derecho a la libertad de prensa vulnerado en Venezuela y Tarek William Saab anuncia nuevas excarcelaciones.

Las heridas del encarcelamiento forzado: menores detenidos necesitarán ayuda psicológica

“Defender los derechos humanos no es delito”: Coordinador de Provea fue interrogado en el Cicpc

Saab anuncia nuevas excarcelaciones sin que se hayan concretado todas las primeras anunciadas

Pescadores de Falcón obligados a trabajar en límites con Aruba por derrames petroleros

Homicidios y robos representaron 85% de los delitos en el AMC durante octubre

“Las organizaciones de derechos humanos no estamos disputándole el poder político a nadie, hacemos el trabajo de acompañar a las víctimas y defender derechos humanos”, dijo Oscar Murillo, director de Provea, desde la sede del Cicpc, en donde fue interrogado por más de cinco horas
 

La importancia de la empatía y la inclusión al viajar

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Es esencial que, como sociedad, comprendamos la importancia de la empatía y la inclusión al viajar

@eduardofrontado

En un mundo en constante cambio, donde las interacciones humanas están influenciadas por creencias, miedos y limitaciones individuales, es crucial recordar la relevancia del lenguaje y las acciones que surgen a partir de él. Cada ser humano tiene una perspectiva distinta y válida, lo que refleja no solo sus experiencias personales, sino también sus circunstancias y desafíos. Es esencial que, como sociedad, comprendamos la importancia de la empatía y la inclusión, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que involucran a personas con cualidades o capacidades diferentes.

Viajar con una persona que tiene necesidades particulares puede ser un reto, no solo para esa persona, sino también para su acompañante, a quien me gusta referirme como su “líder vital”. Este rol no es solo de cuidado, sino de amor, comprensión y apoyo incondicional. Sin embargo, lo que a menudo añade una capa adicional de dificultad a esta experiencia son los prejuicios, miedos y opiniones que emiten los demás, es decir, la sociedad en la que vivimos.

Tomemos como ejemplo un viaje en avión, uno de esos que puede durar unas ocho horas. Este tipo de trayecto puede parecer largo y tedioso para cualquiera, pero para alguien con cualidades distintas es particularmente desafiante. En muchos casos, estas personas no pueden levantarse para cumplir con sus necesidades fisiológicas, lo que genera incomodidad, ansiedad e incluso miedo. Peor aun, estas situaciones son frecuentemente juzgadas por aquellos que no comprenden la realidad de las personas con capacidades diferentes. Es desgarrador pensar que cumplir con una necesidad humana básica pueda ser visto como un “acto inapropiado” simplemente porque no se ajusta a la percepción de normalidad de los demás.

Es imprescindible que comprendamos las necesidades de cada persona y abandonemos los juicios que nos impiden ver la humanidad detrás de cada acción. Nadie tiene el derecho de criticar la forma en que los demás enfrentan situaciones que, para algunos, pueden parecer simples, pero que para otros representan verdaderas pruebas de vida.

A pesar de estos desafíos, viajar sigue siendo una oportunidad invalorable para expandir horizontes, aprender de nuevas culturas y recargar energías. Aunque para algunas personas un vuelo de ocho horas pueda generar ansiedad, para todos es vital encontrar momentos de escape, aventuras que nos permitan conectar con nuevas experiencias y alimentar nuestra alma. La vida no debe ser solo trabajo y responsabilidad; debemos encontrar un equilibrio que incluya el disfrute y el crecimiento personal, elementos esenciales para la salud mental.

Es preocupante escuchar comentarios de aquellos que no comprenden la experiencia de ser un cuidador, quienes ven a las personas con capacidades distintas como una “carga”. Esta visión limitada refleja una falta de entendimiento profundo sobre lo que significa vivir en un mundo que, aunque no siempre esté preparado para la inclusión, puede ser transformado por quienes enfrentan estos desafíos con valentía y determinación. Las personas con cualidades diferentes no están aquí para ajustarse a las expectativas del mundo; están aquí para enseñarnos a ver la vida desde una perspectiva enriquecedora, donde lo material queda en segundo plano y lo verdaderamente valioso son los pequeños detalles que alimentan el alma.

www.eduardofrontado.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Libertad de prensa, un derecho cada vez más inalcanzable en Venezuela

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La Misión de Observación Internacional sobre Libertad de Prensa en Venezuela, conformada por La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Free Press Unlimited (FPU), Freedom House, Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Voces del Sur, publicaron un informe titulado “Restricciones a la libertad de prensa y asfixia mediática en el contexto electoral en Venezuela”. 

En el documento se recopila información desde el 1 de julio hasta el 28 de agosto, semanas en las que arreció la persecución a los periodistas y la libertad de prensa en el contexto pre y poseletoral.

Durante la transmisión del informe los expertos destacaron que el país tiene 25 años recibiendo ataques a la libertad de prensa, pero que estos se han intensificado después de los controversiales resultados electorales de las presidenciales del 28 de julio. 

Situación antes de las elecciones 

Natalia Borrero, de la Fundación para la Libertad de Prensa, explicó que la situación previa a las elecciones era alarmante, con más de 400 medios de comunicación cerrados. La precarización del trabajo periodístico se veía intensificada por la asfixia económica y la falta de oportunidades.

El informe reveló que se habían cerrado un total de 285 emisoras en Venezuela, con el año 2022 marcando un récord de 22 cierres. Además, se sumaron 100 periódicos impresos a esta cifra.

Estos cierres fueron producto de dos formas de ataque: el uso de la violencia por parte de los organismos del Estado y la utilización del miedo como herramienta de represión. Estas prácticas han llevado a los periodistas a adoptar la autocensura como mecanismo de defensa, advirtieron. 

Antes de las elecciones, las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en el país documentaron los obstáculos enfrentados por la oposición durante la campaña, la cual estuvo marcada por una creciente represión. 

La represión se intensificó mediante distintas tácticas utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro, denuncian. El informe menciona, como ejemplo de desinformación, la falsa noticia difundida por el oficialismo sobre un supuesto apoyo de Karol G a la campaña de Maduro, información que fue desmentida por el equipo de la artista. Además, se registró un aumento en los bloqueos a sitios web de información digital y en los acosos judiciales a periodistas.

El documento también resalta la difícil situación generada tras la aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (conocida como la Ley del Odio), y la Ley Anti-ONG.

Desde el 28 de julio en adelante 

Durante la presentación del informe, Natalia Borrero destacó la anulación de pasaportes a periodistas, una situación que pudo constatar directamente con los afectados. Según su relato, esta medida intensificó la persecución contra comunicadores, en un contexto marcado por denuncias de posible fraude electoral. En total, se documentaron 62 agresiones relacionadas con su labor.

“A muchos periodistas les anularon el pasaporte simplemente por ejercer su trabajo. Algunos contaron que, tras publicar videos, fueron notificados de esta medida”, señaló Borrero. Estas acciones también derivaron en detenciones; el informe registró un total de ocho periodistas encarcelados.

Sin embargo, las cifras varían según las fuentes: mientras la oficina de Naciones Unidas reportó 16 detenciones, la organización Espacio Público contabilizó 11 casos. En la mayoría de ellos, los periodistas fueron acusados bajo la Ley contra el Odio, enfrentando cargos por incitación a la violencia debido a sus publicaciones.

“Muchos de ellos expresaron que trabajan con las manos amarradas”, comentó Borrero. Según ella, el miedo ha llevado a los periodistas a recurrir a la autocensura como mecanismo de autoprotección. “Prefieren no firmar sus notas, evitan usar celulares en sus reportajes por temor a una requisa que revele videos o mensajes comprometedores, y optan por ocultarse durante transmisiones. Esta realidad está dejando a los venezolanos con menos acceso a la información, ampliando los desiertos informativos”, explicó.

Además, Borrero mencionó que varios periodistas y propietarios de medios confesaron que la presión los obliga a limitar los espacios de opinión, optando incluso por transmitir música en lugar de noticias.

Por último, denunció que la llamada “Operación Tun Tun” se ha convertido en una herramienta de intimidación y encarcelamiento contra periodistas. Esto ha llevado a que las fuentes de información eviten hablar, restringiendo aún más el espacio cívico y la libertad de prensa en el país.

Resiliencia y la adaptación medios venezolanos 

El documento destaca la capacidad de adaptación y resiliencia de los medios de comunicación venezolanos en un contexto adverso. Según diversas organizaciones, entre 2021 y 2023 se han creado más de 25 medios digitales que, a través de redes sociales, buscan llevar información a la población.

Sin embargo, también se aborda la precariedad del servicio de Internet y las herramientas empleadas por el gobierno de Nicolás Maduro para acceder a metadatos, lo que representa un desafío constante para el periodismo independiente. A pesar de ello, surgen iniciativas innovadoras que logran acercar información de calidad incluso en espacios poco convencionales, como los autobuses, fortaleciendo el derecho a la información.

Entre estas innovaciones destaca el proyecto ‘El pana y la chama’, una iniciativa diseñada para proteger la identidad de los periodistas mientras informan a la ciudadanía sobre los hechos del país. Este esfuerzo refleja el compromiso del periodismo venezolano con la lucha por la libertad de prensa y su capacidad para adaptarse frente a las restricciones y riesgos actuales.

Recomendaciones para mejorar la situación

El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Estado venezolano como a los organismos internacionales.  

Entre las recomendaciones al Estado venezolano, se destacan:  

Liberar a los periodistas detenidos, dado que los procesos judiciales “carecen de validez; garantizar la transparencia sobre el estado de las personas encarceladas”.

Instan también a promover políticas públicas que aseguren el acceso a la información y un servicio de Internet adecuado y derogar leyes como la Ley contra el Odio, la Ley de Fascismo y la Ley Anti-ONG, por su “uso inconstitucional y su impacto en la libertad de expresión”. 

Para los organismos internacionales, las recomendaciones incluyen:  

Mantener la atención sobre Venezuela y su situación de libertad de prensa; propiciar el diálogo para proteger los derechos de los periodistas; fortalecer las capacidades de financiamiento para iniciativas periodísticas y flexibilizar los métodos de acceso a fondos destinados a los medios de comunicación del país.  

Durante la presentación del informe, Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), enfatizó que la criminalización del ejercicio periodístico ha alcanzado niveles alarmantes, asegurando que “nunca antes se había evidenciado una violencia tan letal. 

Por su parte, Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que la libertad de prensa en Venezuela es un derecho que se encuentra cada vez más distante.

Homicidios y robos representaron 85% de los delitos en el AMC durante octubre

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La violencia no da tregua en Venezuela. Lo que comenzó como un reporte de desaparición terminó en una tragedia para la periodista de 40 años Mercedes Herrera.

La periodista fue reportada desaparecida el pasado 30 de septiembre cuando se disponía a subir el cerro Ávila por la vía de Sabas Nieves.

Herrera fue asesinada en su casa ubicada en Altamira por el novio de su empleada doméstica, Neiquel Gutiérrez.

La doméstica Franyelin Carolina Ortiz dejó la puerta abierta de la residencia de Herrera para que Gutiérrez entrara y la sometiera. Una vez que ubicó los dólares, celulares y objetos de valor la mató asfixiándola.

El cuerpo de Herrera fue encontrado el 3 de octubre en avanzado estado de descomposición y cinco días después el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclareció el hecho. 

El suceso representó uno de los 13 eventos delictivos ocurridos en octubre en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) según el registro del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

De acuerdo a la investigación, 46% de los delitos corresponden a homicidios y 38% a robos.

La violencia concentrada en hombres 

Según el reporte del OVV, se contabilizaron 30 víctimas de ambos delitos, 70% de estas eran de sexo masculino y las tres cuartas partes tenían entre 20 y 34 años.

Nueve de cada 10 delitos tuvieron lugar en el hogar de la víctima, como fue el caso de Herrera. 

Por tercer mes consecutivo, los familiares y conocidos de las víctimas volvieron a estar entre los principales victimarios de los delitos, con un porcentaje de 40% de frecuencia, igual que el correspondiente a la delincuencia común. 

La fuerza física se ubicó como el arma preponderante para cometer los crímenes, estando presente en 33% de los casos registrados y vinculándose sobre todo a los casos de violencia interpersonal.

Hubo cinco casos de muerte por intervención policial (MIP) y el Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron los dos cuerpos con mayor intervención, en 60% y 40% de los casos, respectivamente.   

 

Saab anuncia nuevas excarcelaciones sin que se hayan concretado todas las primeras anunciadas

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El fiscal designado por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, Tarek William Saab, anunció este miércoles, 20 de noviembre, que el sistema de justicia evalúa la posibilidad de excarcelar a más personas arrestadas tras las presidenciales del 28 de julio. 

En el acto de conformación de un “comité de víctimas del fascismo”, integrado por familiares de personas fallecidas y heridas luego de los comicios, reiteró que si no hay “elementos de convicción” para demostrar la responsabilidad penal de alguno de los detenidos, ese ciudadano “será liberado”.

Saab indicó que ya fueron liberadas, con medidas cautelares, 225 de los cerca de 2.400 detenidos en el contexto de la crisis poselectoral.

“Ya hemos visto varias acciones de este tipo. La cifra oficial la dimos el fin de semana: 225 venezolanos y venezolanas recibieron medidas cautelares menos gravosas de privativa de libertad”, señaló, sin dar detalles sobre el tipo de condiciones que se les han impuesto.

Sin embargo, la cifra de 225 excarcelados contrasta ampliamente con la divulgada por distintas ONG venezolanas, como el Foro Penal Venezolano, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, quien ha documentado 143 excarcelaciones desde que Saab anunció el otorgamiento de las medidas cautelares.

En este sentido, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha exigido a las autoridades divulgar el “listado de los presos políticos beneficiados por las medidas anunciadas” y ha exigido su libertad plena, sin ningún tipo de medida que mantenga abiertos los procesos.

Saab reiteró hoy que, pese a estas revisiones de casos, a “quienes se les responsabilice” por hechos criminales -registrados luego de que la PUD denunciara fraude por la controvertida reelección de Nicolás Maduro-, serán “sancionados y castigados”. 

Familiares de algunos de los detenidos se mantienen a las afueras de las cárceles, especialmente madres de adolescentes aprehendidos, quienes están desde el pasado 15 de noviembre a la espera de la liberación de sus hijos. 

Un llamado a la liberación de adolescentes

La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que concedan la excarcelación a los detenidos en las protestas poselectorales.

“La situación de los adolescentes que no han sido beneficiados por estas medidas nos inquieta enormemente, exhortamos a entregar medidas que les permitan su retorno a casa y poner fin a la zozobra que los afecta a ellos y a sus familias“, expresó la ONG a través de su cuenta en X.

“Defender los derechos humanos no es delito”: Coordinador de Provea fue interrogado por el Cicpc

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El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), Oscar Murillo, acudió este 20 de noviembre en horas de la mañana a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas, luego de que ese organismo lo citara en el marco de una supuesta investigación basada en la Ley del Odio,  luego de que organizaciones civiles exigieron una investigación imparcial en torno al fallecimiento del integrante del partido Voluntad Popular en el estado Apure, Edwin Santos.

“Vinimos a cumplir como una organización de derechos humanos que respeta las leyes y el Estado de Derecho. Quien tiene deudas con el Estado de Derecho y las garantías judiciales del país son precisamente las instituciones del Estado”, declaró antes de su ingreso a la sede del Cicpc.

También precisó que aspiraba conocer las causas por las que estaba siendo citado. Provea precisó el día previo que la citación carecía de elementos formales que “comprometen su validez” conforme a lo establecido en la Constitución Nacional. Entre otros muchos aspectos ausentes la citación -según Provea- no especificó en calidad de qué asistiría Murillo (víctima, experto, intérprete o testigo), lo que constituía  “una lesión al principio de certeza jurídica de los actos administrativos”.

“Defender los derechos humanos no conlleva ningún delito”, remarcó Murillo. 

“Hay un efecto intimidatorio (…) hay un ataque progresivo a lo que es la sociedad civil y aprovechamos este momento para exigir el cese de esta persecución. Las organizaciones de derechos humanos no estamos disputándole el poder político a nadie, hacemos el trabajo de acompañar a las víctimas y defender derechos humanos”, declaró Murillo. 

Agregó que incluso las ONG han emitido una serie de recomendaciones en materia de políticas públicas que las autoridades pueden adoptar.

Periodistas que cubrieron el hecho reportaron que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana tomaron fotos y pidieron nombres a los ciudadanos que se apostaron en la sede del Cicpc para acompañar a Murillo. 

El coordinador de Provea salió de rendir declaraciones luego de las 3:00 p.m. de la tarde del 20 de noviembre, tras más de cinco horas de interrogatorio, según precisó la ONG.

“Lo recibe uno de nuestros fundadores, Raúl Cubas, defensor y víctima de la dictadura militar de Argentina que pudo escapar a Venezuela y crear junto a Ligia Bolívar y Dinorah Contramaestre esta ONG en 1988″, escribió en la red social X Provea. 

 

“Provea resiste”

Murillo agradeció el respaldo de otras organizaciones, amigos, Iglesia Católica y medios. “Provea es una organización nítida, hay una historia que no puede ser borrada (…) Hay que restablecer un diálogo real, si quieres hablar con una ONG de un caso específico no hace falta una citación, puedes enviar una invitación”. 

Miembros de varias ONG y ciudadanos lo acompañaron tanto a su llegada como a su salida del Cicpc mientras coreaban “son años de lucha por los derechos de la gente, Provea no está sola, Provea se defiende”.

En la red social X se posicionó la tendencia #ProveaResiste, a través de la cual varias organizaciones denunciaron que la citación irregular contra Óscar Murillo “es una violación al debido proceso”.

De igual forma, 33 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron “enérgicamente” la citación policial cursada al defensor Oscar Murillo y recordaron que entre 2020 y 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los integrantes de Provea estaban en situación de riesgo considerando los constantes señalamientos en su contra, así como por  “la vigilancia y seguimiento por parte de agentes estatales”.

“La citación a Murillo no es solo un ataque individual una ONG, sino que representa un esfuerzo por socavar a la sociedad en su conjunto, censurando el cuestionamiento al poder y cualquier reclamo por justicia y transparencia en medio de la represión poselectoral”, alertaron. 

 

Las heridas del encarcelamiento forzado: menores detenidos necesitarán ayuda psicológica

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Este martes, 19 de noviembre, en un análisis sobre excarcelaciones y derechos humanos en Venezuela, especialistas de la red de Mujeres especializadas en seguridad y defensa Amassuru, abordaron el impacto psicológico de las detenciones de menores de edad en el contexto postelectoral.

En un Space transmitido por la red social X, la coordinadora de Investigación de Una Ventana a la Libertad, Magaly Huggins; la fundadora de la ONG “No permitas malos tratos”, Mayela Carrillo y la psicóloga clínico Mary Sánchez, coincidieron en que todos los detenidos por motivos políticos, específicamente luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio, “van a necesitar ayuda psicológica”.

Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), hasta la mañana del domingo 17 de noviembre, fueron excarcelados 10 de los 69 adolescentes detenidos por participar en las protestas postelectorales. Cabe recordar que el pasado viernes 15 de noviembre el fiscal designado por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, Tarek William Saab, informó que solicitó ante los tribunales la revisión de 225 casos . En declaraciones a la cadena de noticias CNN en Español aseguró que fueron “otorgadas y ejecutadas” todas las medidas, cifra que contrasta ampliamente con el balance que lleva la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), cuyo director y presidente, Alfredo Romero,  reveló el pasado 18 de noviembre que, hasta ese momento, contabilizaban 143 excarcelaciones. 

Magaly Huggins, quien además es magíster en Criminología y doctora en Estudios del Desarrollo, explicó que con la detención de adolescentes y adultos se marcó un hecho inédito en la historia del país que no solo dio paso a la criminalización de la protesta sin importar edad ni género, sino que también corroboró que  “los derechos humanos pasaron a ser una retórica y no una realidad”. 

Impactos del encarcelamiento forzado

A juicio de la psicóloga clínico Mary Sánchez, uno de los impactos del encarcelamiento forzado de estos menores de edad es la exaltación de la indefensión o desesperanza aprendida, donde en contextos adversos, la voluntad y el modo de actuar “queda prelado y queda determinado por otras personas”. 

La especialista destacó la diferencia entre la indefensión aprendida que puede experimentar un adolescente y un adulto. Puntualizó que, en el caso de los menores, “hay una vulnerabilidad psicológica propia que está en pleno desarrollo de su personalidad, y hay un elemento asociado al control de sus impulsos”. 

“Cuando yo voy creciendo puedo poder tomar decisiones utilizando la racionalidad, pero cuando soy un adolescente,  me suprimen el derecho a actuar y me limitan el modo de relacionarme y estar en un contexto específico, como en una cárcel, la indefensión aprendida va a aparecer y se va a convertir en un trauma psicológico en algunas ocasiones”, explicó Sánchez. 

La psicóloga agregó que no solo el adolescente encarcelado es víctima de indefensión aprendida, también sus familiares la sufren, por lo que recomendó atención psicológica para todos los miembros familiares. 

Mary Sánchez indicó que se deben tomar en cuenta las diferencias individuales que tiene cada persona, pues afirma que no todos son impactados de la misma manera. 

“Hay personas que pueden presentar síntomas agudos una vez que hayan salido, hay otras personas que van a necesitar cierto tiempo para procesar lo vivido y hay personas que, en ocasiones, van a tener que ser observadas en cuanto a conductas de habitación y aislamiento en el caso de adolescentes. Algunos requerirán atención a mediano y largo plazo para poder ayudarlos a procesar lo que está pasando”, dijo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al estrés postraumático como una condición de salud mental que puede desarrollarse después de la exposición a un evento traumático, como  guerras, desastres naturales, violencia sexual, accidentes graves, entre otros. Entre los síntomas que pueden experimentar los afectados están los recuerdos intrusivos, evitación de situaciones que recuerden el hecho y cambios anímicos y de comportamiento. 

Sobre el estrés postraumático, Mary Sánchez afirma que las personas detenidas han sido sometidas a un “estrés agudo”, lo que puede llevar a un “daño psicológico” que va desde tener pesadillas recurrentes, miedo y ansiedad, pero en otros casos, donde las personas no pueden superar el hecho, pueden presentarse colapsos nerviosos e ilusiones suicidas. 

Desafío familiar 

Para la fundadora de la ONG No Permitas Malos Tratos, Mayela Carrillo, es necesario comprender y apoyar al adolescente en todo momento. 

Indicó que cuando una víctima ha salido de un hecho traumático, es probable que aún no esté consciente de lo que está ocurriendo, por lo que considera necesario que “todos los familiares respeten el dolor”.

“Es importante estar pendiente de lo que sienten, buscar la ayuda en cualquier medio. Es necesario, para recuperarse del evento traumático  darle una resignificación a toda esta experiencia que fue cruel, que fue dañina, no solo para la persona de manera individual, sino para todo su entorno”, recomendó. 

Para evitar la revictimización, Mary Sánchez coincidió con Carrillo en que el acompañamiento es fundamental en estos casos, pero se debe saber escuchar, evitar juzgar, respetar el silencio y el dolor, no colocar calificativos y evitar preguntas detalladas sobre el hecho. Estas son algunas de las prácticas que deben estar presentes. 

En estas situaciones de detenciones arbitrarias también se ha producido el estrés vicario, que según explicó la psicóloga Mary Sánchez, lo sufren principalmente los familiares que observan el sufrimiento del ser amado. Estas personas manifiestan síntomas y malestares emocionales. 

Sánchez advirtió que tanto psicólogos como profesionales de la comunicación se verán afectados por el “rol del testigo silente”. 

“Los hechos de dolor e injusticia que vemos en redes sociales o leemos en reportajes, y no podemos hacer nada al respecto, nos pueden llevar a desarrollar un trauma vicario”, finalizó.

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