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Cómo se vive esperando una remesa para completar la pensión

Bryan Granado
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Cómo se vive esperando una remesa para completar la pensión

En La Guaira, Caracas y Maracaibo, tres mujeres esperan cada mes la misma señal: una notificación en el teléfono que les indica que su familiar envió dinero desde el exterior. No se conocen, pero sus vidas funcionan bajo la misma lógica: comer, comprar medicinas o llegar a fin de mes dependiendo de un ingreso que no rinde como quisieran.

Esta dependencia no es una excepción. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Efecto de las remesas sobre la seguridad alimentaria en los hogares venezolanos”, ya había señalado en 2021 que los hogares que reciben remesas presentan mejores condiciones alimentarias —más consumo de calorías, mayor diversidad en la dieta y menos restricciones para acceder a alimentos— que aquellos que no las reciben.

Ese hallazgo anticipaba la expansión del fenómeno, que se confirma cinco años después: la economista María Díaz, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), advierte que la remesa es dinero que nace de la migración y reemplaza ingresos que no se generan dentro de economías con inflación alta. Así, la capacidad de compra se traslada al exterior y regresa a los hogares en forma de transferencias, algo que el Banco Mundial ha documentado al señalar que estos flujos son una de las principales fuentes de financiamiento externo en países como El Salvador, Honduras, Filipinas y Venezuela.

Sin embargo, esa fuente de ingresos no es permanente en todos los casos. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2022 registró una reducción en el envío de ayudas a los hogares venezolanos: la proporción de migrantes que enviaban remesas cayó a 49 %, diez puntos menos que en 2021, y también disminuyó la frecuencia de los envíos hasta la actualidad.

La emergencia que se paga desde lejos

“Ten paciencia, quédate ahí por seguridad”, le pidió Natalia Paredes a su hermana Graciela después del doblete sísmico del 24 de junio. La llamada llegaba desde La Coruña, España, mientras Graciela intentaba procesar que el lugar donde había construido su vida podía dejar de ser habitable.

—Yo no sé si voy a poder volver, Natalia. Ese edificio quedó muy mal —le dijo Graciela después de salir de Los Corales, en La Guaira.

Graciela vivía en los edificios Breña Mar. Su apartamento no se derrumbó, pero quedó afectado: las paredes resultaron agrietadas y algunos electrodomésticos, como la cocina y la lavadora, dejaron de funcionar. Para ella, el temor no era solo perder objetos, sino quedarse sin el único lugar que reconocía como propio. Mientras los vecinos esperaban las inspecciones para conocer las condiciones de la estructura, tuvo que evacuar.

No tenía un destino preparado. Consiguió una cola hacia Caracas y salió de La Guaira con lo necesario. Una conocida le ofreció alojamiento temporal en su casa mientras esperaba respuestas sobre el edificio. La persona no le pidió que pagara alquiler. Solo le dijo que cubriera algunos gastos básicos, como el internet y otros “fallitos” de la vivienda, para que guardara la mayor cantidad de dinero posible y lo destinara a la recuperación de su apartamento cuando pudiera regresar.

Antes del sismo, Graciela ya sostenía su vida con una economía limitada. Tiene 58 años, recibe una pensión del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) de 130 bolívares, equivalente a 0,17 dólares, un monto que no ha sido aumentado desde 2022.

Para compensar esa pérdida de poder adquisitivo, recibe la bonificación denominada Ingreso Integral Pensionados, de 70 dólares mensuales, una asignación discrecional del Ejecutivo que no forma parte de la pensión ni modifica su monto. También complementa sus ingresos trabajando como repostera. No tiene hijos. Su apoyo más cercano era Sergio Andrade, su pareja, un albañil de la misma edad que, aunque no vivían juntos, colaboraba con algunos gastos.

La ayuda más constante llegaba desde España. Natalia le enviaba 300 dólares mensuales que, sumados a la pensión, alcanzaban unos 370 dólares para cubrir alimentación, servicios, medicamentos y los gastos cotidianos.

Natalia vive con una amiga en La Coruña. Tiene conocimientos de enfermería, trabaja cuidando personas de la tercera edad y también cubre algunas horas como mesera en un restaurante; aun así asumió parte de la carga económica de su hermana.

Después del doblete sísmico, esa ayuda cambió de propósito. Ya no se trata únicamente de completar el mes. Natalia le comunicó que aumentaría el envío a 400 dólares para ayudarla a enfrentar los gastos de recuperación; sin embargo, todavía busca una alternativa para transferir el dinero a Venezuela sin perder una parte importante en comisiones y tasas de cambio.

—Aguanta ahí, quédate tranquila mientras sabemos qué va a pasar con el edificio —le ha insistido Natalia desde España.

Graciela calcula que necesitará alrededor de 2000 dólares para reparar su apartamento, recuperar los electrodomésticos perdidos y volver a acondicionar el espacio. No tiene todavía un diagnóstico definitivo de la estructura ni sabe cuándo podrá regresar, pero, mientras espera, cada decisión económica está orientada a una sola meta: volver a su casa.

—Yo lo que quiero es volver a mi casa. Uno nunca piensa que va a perder la tranquilidad así, de un momento para otro. Estoy desesperada —lamenta Graciela.

Para la gerontóloga Lorena Zamorano, trabajadora del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), en México, esta experiencia refleja una deuda en la atención hacia una población que también requiere respuestas específicas durante las crisis:

“Las personas mayores deben ser consideradas una población prioritaria en situaciones de emergencia, no solo por su vulnerabilidad, sino porque tienen necesidades particulares que requieren atención y apoyo específicos. Muchas veces quedan desplazadas de los diagnósticos porque las respuestas de emergencia no contemplan sus necesidades: enfermedades crónicas, dificultades para desplazarse, problemas de visión o audición, dependencia de medicamentos o la falta de redes de apoyo cuando viven solas. En una emergencia no solo se debe identificar cuántas personas fueron afectadas, sino quiénes pueden quedar invisibilizados y qué apoyos necesitan para recibir una atención adecuada”.

El mes que depende de una llamada 

—¿Ya te llegó lo de este mes, mamá?

Carlos Núñez, el hijo de Nidia González, llama desde Estados Unidos casi siempre a principios de mes. Tiene 39 años, es contador y desde 2019 trabaja limpiando oficinas. Emigró después de que su familia materna lo ayudara con los gastos de ida. No había ahorro posible: era salir o quedarse sin opciones. No quería que su mamá tuviera carencias porque considera que hizo mucho como madre soltera, pues su padre no se hizo cargo.

Nidia tiene 66 años y vive en una zona donde los servicios funcionan de manera intermitente. El agua llega por tuberías de forma irregular, el gas doméstico no siempre está disponible y la electricidad falla por horas. En ese contexto, cualquier gasto básico requiere planificación diaria.

Nunca cotizó en el IVSS. No tiene pensión —que el Gobierno convirtió en un bono de setenta dólares— porque durante treinta años se sostuvo con una escuelita que funcionaba en su casa, donde enseñaba a niños del barrio. Ese ingreso informal le permitió vivir, criar a su hijo, pero no dejó derechos laborales ni protección para la vejez.

Esa trayectoria no es excepcional en el país. Está atravesada por un sistema de seguridad social que, en la práctica, deja vacíos importantes para quienes trabajaron en la informalidad. El abogado independiente Carlos Méndez lo resume así:

“En Venezuela la Constitución es muy clara: el artículo 86 establece el derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no lucrativo que debe garantizar protección ante la vejez, la enfermedad y la incapacidad, independientemente de la capacidad contributiva de la persona. No debería depender exclusivamente de si cotizaste o no, pero la realidad es otra. Lo que existe es un sistema altamente contributivo que deja por fuera a quienes trabajaron en la informalidad, que en Venezuela no es un grupo pequeño, sino mayoritario en muchos sectores. Esa gente trabajó toda su vida sin facturación formal, sin empresa, sin registro, y cuando llega la vejez no tiene acceso real a protección”.

Méndez reitera que el Estado no ha desarrollado mecanismos suficientes para subsanar esa brecha, debido a que las pensiones de la seguridad social no alcanzan para costear ni siquiera la canasta alimentaria. Esta realidad genera una vulneración acumulada de derechos básicos, como la seguridad social, la alimentación, la salud y un nivel de vida digno.

No obstante, la devaluación de la pensión del IVSS no comenzó con la crisis actual, porque en 2010 ya se empezaba a notar la precariedad: en mayo de ese año, una pensión de 1223,89 bolívares equivalía a unos 284 dólares, mientras que la canasta alimentaria familiar alcanzaba los 2484,73, bolívares, es decir, alrededor de 577 dólares.

Y ese mismo año, se creó el Decreto 7401, un programa excepcional para incorporar a personas en edad de jubilación que no habían completado las cotizaciones exigidas. La medida se presentó como una forma de cerrar la brecha de exclusión del sistema, pero contenía una ironía: el Estado buscaba garantizar el ingreso de más adultos mayores al IVSS mientras la propia pensión ya comenzaba a perder capacidad de compra. Además, de acuerdo con señalamientos críticos, la iniciativa terminó facilitando la incorporación a la nómina de presuntos beneficiarios que no cumplían con todos los requisitos exigidos.

Ante ese vacío institucional, Nidia depende exclusivamente del dinero que envía su hijo: 300 dólares mensuales. Después de la comisión del cambio por Zelle, le quedan unos 290. 

La administración tiene una estructura fija que no cambia: 30 dólares van para el pago del internet, el único servicio estable para comunicarse con su hijo. Entre 40 y 50 dólares se destinan a medicamentos para ella y su esposo, quien vive con alzheimer —diagnosticado hace algunos años y cuya atención se limita a cuidados en casa y medicación básica por la imposibilidad de costear consultas y tratamiento especializado—.

El resto del dinero se divide entre servicios básicos. Cuando el agua falla —algo frecuente en su zona— deben pagar camiones cisterna que cuestan alrededor de 15 dólares por llenado de los 2 tanques de la casa. La electricidad y otros gastos domésticos absorben lo restante.

No tiene nevera. La que tenía dejó de funcionar hace años y nunca fue reemplazada. Aunque cuenta con una bombona de gas, el suministro es inestable, por lo que en ocasiones debe preparar comida con una cocina eléctrica.

Con lo que queda, Nidia lo gasta en supermercados. Compra arroz, pasta, harina, aceite, pollo, carne y productos básicos de limpieza. Prefiere ese tipo de compra porque siente que le rinde más que adquirir alimentos por partes. Aun así, la comida no alcanza todo el mes. En la práctica, comen una vez al día. Tampoco invierte en ropa, arreglos personales ni en mejoras del hogar. Cada dólar está destinado a lo esencial.

Luego del sismo, se sumó una preocupación a esa relación de dependencia: Carlos comenzó a insistir en la necesidad de preparar a su madre para una eventual emergencia. Le anunció que le enviará una caja con insumos de primeros auxilios y empezó a mover contactos para gestionar el pasaporte de Nidia, quien debe renovarlo.

La idea no es inmediata, pero sí persistente: en algún momento quiere llevarla a vivir con él. “Caracas me parece un lugar más inseguro y no quiero que siga sola allá”, comenta. A diferencia de cuando emigró buscando una oportunidad económica, ahora su preocupación pasa también por garantizar la seguridad física de su madre.

El vacío de la protección en la vejez 

Mientras, a más de 700 kilómetros, vive Catalina Soler. Esta mujer de 74 años habita en una zona del oeste de Maracaibo, donde los precios son inestables y los servicios también funcionan de forma irregular.

Su hijo, José Pernia, tiene 36 años, también emigró a Estados Unidos y trabaja como delivery. Envía 220 dólares mensuales. Un amigo suyo le cambia el dinero sin cobrar comisión.

Catalina sí cotizó al Seguro Social durante una parte de su vida laboral: trabajó algunos años como obrera en un colegio y el resto del tiempo fue ama de casa. Por eso recibe la pensión del IVSS.

Catalina divide el dinero en cuatro bloques con montos relativamente estables. El primero es para alimentación: 110 dólares al mes. Con eso compra arroz, pasta, harina, huevos, algo de queso o pollo cuando aparece en oferta, y productos básicos. La carne es ocasional. Si el mes es difícil, reduce proteínas y prioriza carbohidratos.

El segundo bloque es el de los nietos —un niño de 8 años y una niña de 9, en segundo y tercer grado de educación primaria, respectivamente— que viven con ella porque sus padres están ausentes de forma prolongada. 30 dólares mensuales se van en útiles escolares, uniformes, fotocopias, transporte y alimentación en la escuela pública.

El tercer bloque es salud: 20 dólares. Incluye medicamentos básicos para ella y cualquier gasto menor de los niños. Si hay una enfermedad más seria, ese presupuesto se desborda y obliga a recortar comida.

El cuarto bloque es servicios y comunicación: 30 dólares. Aquí entran recargas de teléfono y gastos menores de conectividad, porque no tiene internet fijo.

El resto del dinero lo absorben imprevistos: fallas eléctricas, transporte, algún gasto escolar adicional o comida que no alcanzó. El ahorro no existe.

Catalina no paga alquiler porque vive como cuidadora de una vivienda, lo que le permite sostenerse sin ese gasto fijo. Aun así, cada mes el dinero se reorganiza. Si aumentan los gastos de los nietos, recorta su alimentación. Si hay un gasto médico, ajusta todo lo demás.

En las llamadas, su hijo insiste en que esa carga no debería recaer sobre ella.

—Mamá, eso no es tu responsabilidad —le dice.

Ella no discute.

—Pero ellos no tienen a nadie más —responde.

José también decidió hacer ajustes después de los sismos, aunque Maracaibo no haya sido afectada. Le comunicó a su madre que le aumentará su remesa a 300 dólares. 

Sin embargo, no puede llevársela consigo. Aún no cuenta con una vivienda propia y permanece alojado en la casa de un amigo, por lo que prefiere enviarle dinero mientras no pueda independizarse Con ese tipo de acciones, la responsabilidad deja de ser solo económica y se convierte en una forma de sostener la vida cotidiana aunque sea “cuesta arriba”.

“No es solo una dependencia económica. Es también una carga emocional profunda. Muchos adultos mayores sienten que no deberían estar recibiendo dinero de sus hijos, aunque sin eso no podrían sobrevivir. Eso les genera culpa, autoexigencia y silencios: dejan de pedir lo que necesitan y aprenden a aceptar cualquier cosa. Y cuando asumen otras responsabilidades como atender a familiares, sienten que cualquier gasto personal es injustificable”, subraya Gabriela Durán, psicóloga y profesora de la Universidad Rafael Urdaneta (URU).

Lo que sostienen los ingresos de afuera 

De acuerdo con el politólogo Wilson Sánchez, trabajador de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo (AMCBO), la sustitución de la protección estatal por el apoyo económico de los familiares migrantes constituye una de las paradojas más complejas de la crisis venezolana:

“La migración se produjo por el colapso económico e institucional de Venezuela. Así, cientos de miles de venezolanos que cruzaron las fronteras y encontraron estabilidad en sus países de destino han ayudado activamente a sus familiares que permanecen en el país, siendo especialmente favorecida la población de tercera edad, en muchos casos abuelos que asumieron el cuidado de sus niños”

Sánchez explica que esta situación significa un alivio económico para esta población vulnerable, pero también advierte que se ha reducido la presión sobre el Gobierno para avanzar en reformas de seguridad social. Al mismo tiempo, señala que el alto costo de la vida en el país hace que, en muchos casos, las remesas recibidas sean utilizadas para gastos básicos de alimentación, medicinas y subsistencia, por lo que la necesidad del adulto mayor no está del todo cubierta.

Aunque Graciela disponga de 470 dólares, Nidia reciba 290 dólares y Catalina obtenga 370 dólares, el dinero no alcanza. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reportó que en mayo de 2026 una canasta alimentaria para una familia de 5 personas costó 772 dólares. 

Para sobrevivir, se necesitan once pensiones al mes para cubrir la alimentación, sin contar otros gastos. Aunque este sector sea el que menos “hale plata”, el Estado se justifica con el argumento de que la nomina —activos, jubilados y pensionados—, es “insostenible”.

Envejecer en Venezuela dejó de ser una etapa protegida. Para miles de adultos mayores, las remesas terminaron por resolver lo que el Gobierno les negó a través de la pensión del IVSS.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

«No manejamos una cifra oficial de desaparecidos»: familias desesperadas siguen buscando a sus familiares

Tal Cual Digital
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«No manejamos una cifra oficial de desaparecidos»: familias desesperadas siguen buscando a sus familiares

Ha pasado un mes desde el doble terremoto del 24 de junio y Yina Cano todavía despierta con la esperanza de recibir una llamada. No espera un milagro. Espera una respuesta: «El no encontrarlos no nos daría paz, porque las preguntas siempre van a estar. La certeza da paz y da tranquilidad», dice desde Antioquia, Colombia, mientras intenta contener la voz.

Nunca ha vivido en Venezuela, nunca ha pisado La Guaira. Sin embargo, desde los terremotos dedica buena parte de sus días a buscar a una familia atrapada bajo los escombros de un edificio que apenas llegó a ver en fotografías.

Todo comenzó hace más de seis años, cuando una venezolana llamada Oriana Sivira llegó a Colombia buscando rehacer su vida. Había emigrado junto a su esposo, José Alejandro Ruiz Roa, y su hijo José Andrés, quien actualmente tenía 10 años, para instalarse en una población llamada Sabaneta. Oriana trabajaba como manicurista, así conoció a Cano.

La relación fue creciendo con los años: «Uno se vuelve muy familiar y muy cercano con esas personas que uno ve, que son trabajadoras, que son luchadoras». La amistad continuó hasta aquel miércoles 24 de junio.

Aprovechando el feriado, Oriana Sivira decidió regresar temporalmente a Venezuela para reencontrarse con parte de su familia. El plan era sencillo: pasar un día de playa en La Guaira. Después volverían a Caracas.

Desaparecidos Ruiz Sivira

Los hermanos de Sivira, Roger y Ariana, sí emprendieron el regreso esa misma tarde. Ella, en cambio, decidió quedarse una noche más junto a su esposo, su hijo, su madre, Iris Salazar, su tía Rosmar Sivira, que andaba con su hija, Victoria Sivira, de 11 años de edad. Alquilaron el apartamento 1-7 del edificio Vistamar, en Caraballeda, La Guaira.

«Se pudo tener contacto con una señora que era la vigilante, que logró salir con vida de Vistamar. Fue la última que los vio porque ella les entregó las llaves del apartamento. Iban a subir momentos antes de que pasara el terremoto», cuenta Cano, quien enfatiza que hasta la fecha, nadie sabe con certeza si lograron entrar al apartamento o si el edificio colapsó cuando aún permanecían en el lobby.

Cuando comenzaron a circular las primeras imágenes de edificios derrumbados en La Guaira, Yina escribió a Oriana. Los mensajes nunca llegaron. Esperó unos minutos. Después unas horas, luego entendió que debía empezar a buscar.

Desde Colombia comenzó a mover contactos, llamar a periodistas, contactar rescatistas y publicar fotografías en redes sociales. No conocía los organismos venezolanos. No sabía quién llevaba el registro de desaparecidos. Solo sabía que su amiga podía estar atrapada bajo los escombros y «no podía quedarme de brazos cruzados».

Gracias a entrevistas en medios colombianos y a una intensa campaña en redes sociales lograron que equipos de rescate de Envigado, Medellín, y la unidad USAR Colombia (Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) conocieran la historia de la familia. También consiguieron contactar a Roger, hermano de Oriana, juntos lograron impulsar algunos trabajos de búsqueda en el edificio. Explica que «se lograron hacer algunos túneles, pero desafortunadamente no los hemos encontrado».

No se sabe cuántos desaparecieron

La historia de Oriana y su familia refleja la incertidumbre que todavía viven cientos de personas que, un mes después del doble terremoto del 24 de junio, siguen buscando respuestas sobre sus seres queridos.

Mientras familiares y voluntarios intentan reconstruir listas de personas cuyo paradero se desconoce, las propias autoridades reconocen que no existe una cifra consolidada de desaparecidos. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, admitió el 23 de julio que no manejan un número oficial de personas desaparecidas tras el doblete sísmico. Señaló que existen líneas habilitadas para recibir reportes, entre ellas el 800Rescate, pero reconoció que no existe una cifra definitiva.

La declaración contrasta con el primer balance ofrecido por las autoridades un día después del terremoto. El 25 de junio, el gobierno informó que 157 personas permanecían desaparecidas. Desde entonces, esa cifra no volvió a ser actualizada públicamente.

Edificio Vistamar

Para ese momento, distintos organismos internacionales comenzaron a manejar estimaciones mucho mayores. El 27 de junio, el subsecretario general para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, habló de más de 50.000 personas desaparecidas, una cifra que posteriormente fue ajustada por organismos del sistema de Naciones Unidas hasta alrededor de 68.000, aunque aclararon que se trataba de estimaciones sujetas a verificación.

Las diferencias entre las cifras oficiales, las estimaciones internacionales y los registros ciudadanos evidenciaron uno de los mayores problemas de la emergencia: la ausencia de un mecanismo único que permita saber cuántas personas faltan realmente.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó las críticas sobre la falta de información oficial y aseguró que las autoridades no podían manejarse sobre especulaciones: «Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando (…) No podemos manejarnos en base a especulaciones, sino en base a la realidad», afirmó semanas después del terremoto.

Sin embargo, transcurrido un mes del doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5, las autoridades no han explicado públicamente qué organismo centraliza los reportes de personas desaparecidas, cómo pueden los familiares consultar esa información o con qué frecuencia se actualiza.

TalCual estableció comunicación con la Cruz Roja Venezolana para indagar si habían activado un protocolo, si estaban trabajando el tema de los desaparecidos, pero al cierre de este texto no se había recibido respuestas.

¿Dónde se busca a un desaparecido?

Mientras Yina Cano intenta coordinar labores de búsqueda desde Colombia, cientos de familias venezolanas se siguen preguntando dónde está algún familiar, amigo, conocido… Responder esa interrogante debería formar parte de la respuesta oficial ante una catástrofe.

Los principales organismos internacionales dedicados a la gestión de desastres —entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) e Interpol— coinciden en que una de las primeras tareas tras una tragedia de gran magnitud consiste en activar un sistema para registrar y buscar a las personas desaparecidas.

No se trata únicamente de elaborar una lista de nombres, las guías internacionales recomiendan designar una autoridad responsable, recibir los reportes de las familias, centralizar la información, actualizarla constantemente y vincularla con los procesos de identificación de víctimas para facilitar el reencuentro con sus seres queridos. El objetivo es evitar que las familias busquen a ciegas.

Ya ha transcurrido un mes del doble terremoto y aún las autoridades no han explicado públicamente, más allá de lo dicho por Terán, qué organismos realizan estas labores.

Lea la nota completa en TalCual

30 días bajo los escombros

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Sociedad civil se moviliza para atender a personas con amputaciones tras los terremotos

¿Comenzó realmente la transición en Venezuela?

Redacción Runrun.es
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¿Comenzó realmente la transición en Venezuela?

Los terremotos del 24 de junio encontraron a Nelson Eduardo Bocaranda, Oswaldo Ramírez y Edgard Gutiérrez a segundos de comenzar a grabar Bestiario Político. Desde sus pantallas vieron cómo la casa de Ramírez se sacudía, cómo desaparecía la señal y cómo la tragedia cambiaba, en apenas 93 segundos, la realidad del país.

Un mes después, los tres analistas regresan en el episodio 80, “Venezuela: Colapso, Tragedia y Poder”, para examinar una Venezuela marcada por miles de víctimas, un Estado incapaz de responder y una ciudadanía que ocupó el espacio abandonado por las instituciones.

El episodio parte de una pregunta inevitable: ¿se puede separar la tragedia de la política?

Los conductores sostienen que los terremotos dejaron al descubierto un Estado preparado para reprimir, pero sin capacidad para rescatar, atender emergencias o coordinar la ayuda internacional. Frente a ese vacío, vecinos, voluntarios y miembros de la diáspora organizaron rescates, recaudaron fondos y asistieron a las comunidades afectadas.

Pero mientras los venezolanos removían escombros, Washington movía las piezas del tablero político.

Marco Rubio anunció que a comienzos de agosto se iniciará la tercera fase del plan estadounidense para Venezuela: la transición democrática. La propuesta contempla una negociación entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y el Parlamento controlado por Jorge Rodríguez.

El esquema deja abiertas varias interrogantes: ¿quién escogió a los negociadores?, ¿qué legitimidad conservan?, ¿por qué María Corina Machado parece quedar fuera de la mesa?, ¿busca el chavismo una transición o simplemente ganar tiempo?

Bocaranda plantea que la transición comenzó después del 3 de enero. Gutiérrez advierte que todavía no existe ninguna señal concreta de apertura democrática. Ramírez llama la atención sobre una ciudadanía que perdió parte del miedo y que podría transformar el dolor y la frustración en presión política.

La reconstrucción también atraviesa la discusión. Venezuela necesitará miles de millones de dólares y años de trabajo, pero todavía no está claro quién administrará los recursos ni qué instituciones podrán garantizar transparencia.

¿Estamos ante el comienzo de una transición democrática o frente a una nueva reconfiguración del poder dirigida desde Washington?

Escucha el análisis completo en el episodio 80 de Bestiario Político: “Venezuela: Colapso, Tragedia y Poder”.

Sociedad civil se moviliza para atender a personas con amputaciones tras los terremotos

María Victoria Fermín
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Sociedad civil se moviliza para atender a personas con amputaciones tras los terremotos

A un mes del doblete sísmico en Venezuela, la emergencia deja múltiples secuelas que requieren atención integral y a largo plazo. Esto incluye a las personas con amputaciones de alguna de sus extremidades, y otras que presentaron lesiones medulares. Aunque no hay una cifra oficial, decenas de sus historias resuenan en medios de comunicación y redes sociales. 

Ante la urgencia de una respuesta sistémica, varias organizaciones se activaron para acompañar los procesos de atención psicológica, rehabilitación y de acceso a prótesis o ayudas técnicas, para que las personas afectadas recuperen su movilidad y lleven una vida autónoma. 

Una de estas iniciativas es el Fondo Humanitario 77: Fe sin Fronteras, una alianza entre la Fundación CIREC, la Fundación Juan Pablo Dos Santos y la Fundación Hospital Ortopédico Infantil con el fin de construir un modelo de atención permanente que permita entregar prótesis, sillas de ruedas y rehabilitación especializada para las personas afectadas. A esta red de apoyo en el territorio nacional se suma también Fundaprocura. 

La fundación colombiana CIREC, con 50 años de trayectoria en rehabilitación integral, destinó el equivalente a 277 000 dólares como aporte semilla para el proyecto, pero el objetivo es que cada vez más personas y organizaciones donen a la causa para alcanzar 2 millones de dólares, cifra con la que esperan cubrir la alta demanda de tratamientos y crear un centro de rehabilitación. Al momento de esta publicación habían recaudado 75 000 dólares. 

“La respuesta a esta emergencia necesita un apoyo sostenido en el tiempo, porque las secuelas no son solo físicas: también impactan la autonomía, la salud emocional, la vida familiar y el futuro de cada persona afectada. Por eso hacemos un llamado a empresas, cooperantes, organizaciones y personas solidarias a sumarse”, dijo Daniel Gómez, líder de la organización desde 2013. 

En la página web también habilitaron una sección para que quienes resultaron afectados por los terremotos, o sus familiares, se registren. También está abierto para que otras personas con discapacidad en el país puedan solicitar apoyo para adquirir una prótesis, muleta, andadera o bastón. 

Acompañar desde la experiencia

El atleta, modelo y activista Juan Pablo Dos Santos perdió las piernas en 2019 tras un accidente de tránsito. Desde hace seis años, bajo la fundación que lleva su nombre, ayuda a personas para que vuelvan a caminar. Tras los terremotos ha visitado y compartido su historia con más de 40 niños, niñas, adolescentes y adultos que enfrentaron amputaciones.

“Yo estuve en esa misma cama, con la misma necesidad de que alguien me dijera algo positivo, con la misma necesidad de recaudar dinero para poder estar bien, para soñar con unas prótesis… A veces lo que más puede motivar es el ejemplo de otra persona, ver en otra persona el reflejo de lo que va a poder ser tu historia”, dijo a Runrun.es el joven, quien en noviembre de 2025 completó el Maratón de Nueva York. 

Dos Santos explicó que conoce de primera mano lo difícil que puede ser para una familia venezolana adquirir una prótesis y que con su trabajo ha querido devolver parte de la ayuda con la que él contó en su momento. También habló sobre lo que viven las personas cuidadoras, familiares y amigos de los afectados. 

“La persona que acompaña a alguien que ha adquirido una discapacidad tiene una tarea muy difícil. Me gusta mucho que mi mamá tenga la oportunidad de hablar con ellos, de decirles cómo lo vivió ella. Al final la persona que está sufriendo la tragedia, muchas veces tiene muy mal humor, tiene muy mal carácter y suele pagarla o reflejar eso con las personas que más lo aman, que más los están apoyando”, relató. 

En este sentido recalcó que la atención psicológica es fundamental en este proceso. También detalló que parte del proceso incluye evaluar cómo están los muñones de estas personas para ver si hay que hacer alguna remodelación, entendiendo que muchos fueron amputados en situaciones críticas. Después deben hacer rehabilitación para preparar y fortalecer su cuerpo para recibir las prótesis. 

Luego deben emprender la fisioterapia con las prótesis: “Para aprender a caminar, descubrir cuál es la manera, descubrir qué músculos tienes que fortalecer, cómo tienes que adaptar a tu cuerpo para que puedas caminar de la manera más efectiva posible y no dañes el resto de tu cuerpo”. 

Articulación con la academia

Hace tres años el servicio de Orientación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central (UCV) creó el Proyecto Ingenio al Servicio de las Personas con Discapacidad Musculoesquelética, con el que lograron hacer el primer exoesqueleto totalmente fabricado en el país.  

Su motivación incluye que en el país hay una lista de espera en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de al menos 17 000 pacientes con discapacidad musculoesquelética, personas con amputaciones y con discapacidad de lesión medular a la espera de dispositivos que los ayuden a recuperar movilidad e independencia. El costo de una prótesis en Venezuela está alrededor de los 5000 dólares. 

Hasta entonces, para ensamblar un dispositivo de ese tipo o una prótesis en Venezuela se debían importar piezas desde Alemania, Estados Unidos o Brasil. Los costos suelen ser inaccesibles para la gran mayoría de los pacientes y sus familias. 

Tras los dobles terremotos, y al hablar con el personal médico que atendía a personas que perdieron extremidades y que han estado vinculados al proyecto de la UCV, los implicados también se activaron para ayudar.

La profesora Milvia Acosta, directora del servicio de Orientación de la Facultad de Ingeniería y quien también fue amputada hace años, detalló que actualmente realizan muñoneras para un grupo de personas que ya tienen identificadas. Las fundas se usan para proteger, comprimir y cuidar la parte residual de una extremidad amputada. 

Además trabajan en conjunto con la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales —que está enfocada en levantar una data para poder canalizar la ayuda— y con la Asociación Nacional de Fisiatría. También han sostenido conversaciones con representantes de agencias internacionales con el fin de buscar recursos para importar las piezas. 

Acosta explicó que algunas ortopedias públicas en Caracas, así como el Centro Nacional de Rehabilitación en el Hospital Pérez Carreño se encuentran sin recursos. “No tienen equipos, herramientas ni personal. En el Centro del Hospital Vargas tienen personal, pero no los equipos, en Lídice lo mismo. Nosotros tenemos equipos, herramientas y personal, ortopedistas voluntarios con ganas de trabajar. Nos faltarían los kits que se traen de afuera”, dijo la profesora. Con esta iniciativa se puede contactar a través del correo ingenioenaccionucv@gmail.com.

Tanto Juan Pablo Dos Santos como ingenioenaccionucv@gmail.com coincidieron en la necesidad de hacer las ciudades del país accesibles para garantizar que los espacios e infraestructuras sean adaptadas para las personas con discapacidad. 

La Guaira resiste al desamparo

La Guaira resiste al desamparo

Jonathan Gutiérrez
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La Guaira resiste al desamparo

De los escombros apilados cercanos a su edificio derrumbado, Katherine Díaz, de 39 años, residente de la torre F23 del urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande, recupera una silla de madera. La acomoda en medio de una calle vacía como si el mueble indemne fuese un trofeo en una escena donde está rodeada de edificios caídos y catástrofe. A un mes de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron el Litoral Central de la costa caribeña de Venezuela, en su comunidad aún no han recibido la visita del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, ni del alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez Maldonado, según asegura Katherine. “No los hemos visto. Las primeras dos noches no llegó la policía ni siquiera los bomberos a pesar de los incendios en varios bloques, no llegó nadie”. 

La iglesia del urbanismo, un diseño en obra limpia y concreto quedó intacta. Sus puertas de madera con una cruz tallada en su centro permanecen cerradas frente a la mirada de quienes perdieron sus hogares o el deambular de los que recuperan algunos enseres entre los restos de decenas de edificios hechos añicos. 

“Esta iglesia podría ser un albergue. Los damnificados dormimos en carpas a cielo abierto”, dice Katherine, sobreviviente junto a su familia de los dos terremotos que acabaron con su urbanismo. Ella, su esposo y sus cuatro hijos lograron salir a tiempo durante los sismos. Apenas unos segundos después su edificio colapsó. Las placas de los pisos superiores uno, dos y tres cayeron sobre la planta baja y aplastaron a la familia que vivía en el nivel inferior. Todos murieron. 

En su calle los edificios aledaños cayeron uno sobre otro como en un efecto dominó, según relata, Noris Vargas, de 42 años, madre de tres hijos y vecina de Katherine de la torre F23, quien también perdió su casa. “Ahora que más lo necesitamos, no aparece ninguna autoridad. Ni siquiera para darnos unas palabras de consuelo. Pasaron ya demasiados días, pero aún no vienen. Somos la prueba de que estas viviendas las construyeron mal”, dice Noris. 

Los fallecidos en este complejo de casas de interés social ubicado en la parroquia Urimare, en Playa Grande, residían en gran parte en las plantas bajas de estas edificaciones. “Los heridos y sobrevivientes los rescatamos nosotros, la misma gente de acá. Los cuerpos de los muertos también los sacamos solos”, describe Noris con lágrimas en sus ojos. 

Recorrer las avenidas del lugar es transitar por una zona devastada. Es una sucesión infinita de edificios de baja altura que se hundieron un nivel o mirar las repeticiones en serie de estructuras destrozadas de las que solo quedan cúmulos de escombros o se encuentran inclinadas como una Torre de Pisa. La estampa es la de una ciudad fantasma que parece ajena. Su arquitectura dista de ser caribeña: son bloques grises de ventanas minúsculas a pesar de estar cerca del mar, con poca iluminación natural y sin ventilación cruzada. 

La zona de 36 hectáreas con 3.180 apartamentos en 192 torres que también llaman Summa, en alusión al nombre de la empresa con sede en Turquía que diseñó y construyó las viviendas prefabricadas para el gobierno venezolano, no hay edificios sin daños. Al echar un vistazo por las ventanas de las estructuras que permanecen en pie, se puede cerciorar que las placas internas de cada uno de los niveles cayeron. Son fachadas de cascarones huecos. 

“No estoy saqueando, no estoy saqueando”, grita un hombre que sale por las hendijas de metal doblado y recubiertas de goma espuma con forros de aluminio de los cimientos de su casa aplastada por los pisos superiores de su edificio. En sus manos lleva una bolsa rosa que dice Biomercy Group. En el saco resguarda a su gato. A pesar de los riesgos, regresó a buscar y rescatar a su gato blanquinegro de ojos verdes.

El complejo está desolado. La actividad se concentra en un par de avenidas en un ir y venir de camiones volteo Iveco y algunos tractores amarillos de la marca Cat con palas mecánicas que comienzan a recoger escombros. Lo hacen a lo largo de las vías que confluyen en la redoma principal del urbanismo donde sobresale una escultura roja con la forma de una gran letra “v”. 

“Para mí es la ‘v’ de vacío como lo que siento en el pecho”, dice Anthony Tovar, de 32 años.

En un edificio colapsado frente a la torre D21 donde residía, Anthony busca unos tubos para armar un tarantín que lo cobije. Su esposa y cuatro hijos están en un refugio, pero él prefiere permanecer allí, a las afueras de lo que fue su hogar. “Espero respuestas y una solución, que las autoridades den la cara. Cuando el deslave de Vargas era un niño de seis años, vivía en Caraballeda, en San Julián, entonces perdí la casa. Me siento abandonado a la buena de Dios”.

Con el pasar de los días, aunque la devastación impera en La Guaria, las escenas cambian. Del caos inicial en centros de acopio desbordados por insumos médicos sin clasificar o el colapso del tráfico por el exceso de motos que circulaban en las principales vías, cuatro semanas después el tránsito es fluido. Una buena parte del estado continúa sin servicio de energía eléctrica, lo que ha hecho que se multipliquen los puntos de recarga de teléfonos celulares o de conexión libre a Internet con antenas Starlink. 

La presencia y labor del personal médico es notable en los campamentos o albergues a lo largo de la franja costera. Seis hospitales de campaña, incluido uno de la Cruz Roja, y puntos móviles de salud están activos. Los médicos en su mayoría son voluntarios, como la doctora Francis Zárate, quien atiende a los pacientes que llegan a la carpa del centro de salud instalado en la avenida principal de Playa Grande. 

“Las afecciones más recurrentes en esta fase son cuadros respiratorios en vía aérea superior (nariz) o vía aérea inferior (pulmones y bronquios), infecciones en piel, aún llegan heridos con contusiones, cortes o laceraciones. No han llegado más rescatados vivos”, explica la doctora Francis, mientras nebuliza a una bebé de seis meses con asma. “El polvo de los residuos afecta, en especial a los niños y adultos mayores”. 

En un campo de béisbol de Catia La Mar, Luis Alejandro Pérez, de 13 años, juega fútbol en solitario en un refugio ubicado a un kilómetro del edificio donde residía, una de las torres del complejo OPPPE 36 (Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales), construcción de la Misión Vivienda en Playa Grande y una de las zonas más afectadas al oeste de La Guaira. 

“Nuestro edificio no se cayó, pero está destruido”, dice Mariela Pérez, la madre del muchacho. El apartamento sin paredes de lo que fue su casa se visualiza a simple vista en la estructura de un bloque de 12 pisos inclinado hacia adelante y, a la vez, torcido hacia uno de sus laterales. “El de al lado sí se cayó”, reitera.

El hijo de Mariela es fanático del futbolista Leo Messi –según la madre– y para distraerse en el refugio escucharon en una radio prestada que funciona con pilas el partido en el que la selección de Argentina enfrentó y derrotó al equipo de Suiza por 3 goles a 1, lo que significó el pase de la albiceleste a las semifinales del Mundial de Fútbol de la FIFA. La familia subsiste con la ayuda que reciben. Luis Alejandro no pudo rescatar ni siquiera sus útiles escolares. Sus padres, Mariela y Luis, tampoco lograron recuperar nada de su hogar. No es seguro entrar al edificio que podría colapsar en cualquier instante.

Estudiante del sexto grado de primaria, Luis Alejandro dice que desea ser futbolista o médico “para salvar vidas” y espera comenzar la secundaria el próximo año escolar en el Liceo Nacional Antón Makarenko, un centro educativo de la parroquia Urimare cuyo nombre original era Jacinto Covict, en honor al médico y científico venezolano descubridor de la vacuna contra la lepra. Pero la institución fue renombrada hace unos años con la identidad de un héroe ruso que el chico desconoce y le cuesta pronunciar. 

De los cuatro edificios de la OPPPE 36 ubicados en la avenida principal de Playa Grande, aledaños al conjunto Los Dos Delfines, tres no cayeron, pero son esqueletos endebles que dejan al descubierto la destrucción de sus estructuras con riesgo de desplome. El cuadro evoca a un mundo apocalíptico que aún pasma que no sea de ficción. 

En las cercanías de este complejo, una marea de gente llega en horas del mediodía a la llamada Cancha de la Paz. Estas personas vienen desde Chichiriviche de la Costa, Tarmas y Carayaca, poblaciones ubicadas al extremo oeste de La Guaira que fueron menos afectadas por los sismos pero que quedaron desabastecidas al perder mercados, abastos y otros comercios de Catia La Mar, su principal centro urbano a donde acudían para sus compras de alimentos y víveres. 

María Fernanda Pérez, de 48 años, residente de Tarmas, junto a sus tres hijos y Jeferson Corro, de 37 años, habitante de Carayaca, hacen una fila para recibir dos perros calientes por persona más una Coca-Cola de bebida, ese será su almuerzo. Esto ocurre en una jornada que los voluntarios organizan en la Cancha de La Paz, que también sirve de refugio y un centro de acopio donde siguen acumulando montañas de ropa donada sin catalogar. 

Unos banderines azules en los que se lee “Nabep” se enarbolan en el campamento que coordina la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep). La compañía petrolera registrada en Barbados y con operaciones en Venezuela instaló una gran carpa en la que se brinda atención médica, veterinaria y distribución de insumos a los damnificados en la avenida principal de Playa Grande. Es la base de los rescatistas de México, Argentina y Brasil de UniRed (Red de Intervención y Respuesta a Emergencias y Desastres), una de las brigadas internacionales que aún continúan sus labores en Venezuela.

La estudiante de veterinaria Oriana Urriza, una voluntaria que viajó desde Acarigua-Araure, en Portuguesa, para prestar sus servicios en este campamento, atiende a una perra de nombre Bella Sofía. “Presenta un cuadro de deshidratación y vómitos”, explica. La cachorra no bebe agua desde el día que ocurrieron los terremotos y fue diagnosticada con estrés postraumático. Su dueña, Desiran Marín, cuenta que ella y su perrita son sobrevivientes de los sismos en el sector Alto Mar cercano al terminal de Catia La Mar. 

El estacionamiento del Farmatodo, en Urimare, aún funciona como refugio. Allí hay un punto de acceso de agua potable al que acuden día a día muchas familias vecinas de la llamada zona de los hoteles y dónde está el Hotel Marriott de Playa Grande que sufrió severos daños estructurales. “Mi casa de una planta no se cayó, a Dios gracias. En el temblor vimos cómo cayeron las paredes de varios pisos del Marriott. Las tres torres de enfrente y otros edificios de alrededor se volvieron cenizas pero el hotel aguantó”, relata Rosa María García, de 58 años, cuyo hogar se localiza en la avenida del Norte, a unos metros de la redoma, pero sin suministro de agua desde el 24 de junio. 

En la entrada al Hotel Marriott, ubicado a tres kilómetros del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, aún permanece un bus de color blanco y asientos azules aplastado por el techo del edificio de ladrillos que se le vino encima y deja ver sus habitaciones al desnudo tras los sismos.

A las afueras del Edificio El Jurel en Playa Grande, algunos familiares de personas atrapadas, entre la resignación y el cansancio, todavía esperan encontrar y recuperar sus cuerpos. La estructura anclada sobre una colina con inigualable vista al mar es un coloso en ruinas cuya piscina doblada al ras de un acantilado parece que cuelga de un hilo. 

En el cartel pegado con tirro en una columna de las residencias se lee una lista escrita a mano con nombres de desaparecidos: Odette Natalia Agreda (piso 6), Andy Maldonado (piso 8), Adriana Valladares (piso 9), Niurka Moreno (piso 10), Lía Valentina Meza, Arelis Mariño, Eduardo Martínez (Piso 11), Jhonny Druid (piso 12). Otros nombres no se distinguen debido a la tinta desteñida por la lluvia. La adolescente Camila Sofía Medina, de 15 años, fue rescatada con vida en El Jurel después de permanecer por 60 horas bajo los escombros. Desde entonces no han hallado más personas con vida. 

“Nos han dejado desamparados. Desde el día uno busco a mi hija Lía, de tres años, y a sus abuelos. Acá la ayuda llegó demasiado tarde. Necesitamos una grúa telescópica para quitar las placas más pesadas”, dice José Meza, quien sostiene en una mano una foto de su pequeña.

Encaramado en una montaña de los restos de placas de hormigón resquebrajadas y vigas retorcidas de lo que fue el edificio Belo horizonte, en Playa Grande, un hombre insiste en la faena de remover las toneladas caídas de la estructura. Lo hace en solitario. Pese a que la tarea es una utopía, Willie Rojas, de 65 años, no detiene su labor.

“Mis dos hijos quedaron atrapados bajo los escombros. Con la ayuda de voluntarios y topos recuperé el cuerpo sin vida de Willy (44 años), pero no hemos podido encontrar a Anthony, mi hijo menor (30 años)”, dice este padre, quien residía en el conjunto pero no se encontraba en el edificio al momento de los sismos. Como era feriado había viajado junto a su esposa a la ciudad de Valencia, a unos 200 kilómetros de Caracas. 

La presencia de voluntarios ha mermado en sus labores de búsqueda al oeste del litoral. “Aquí me quedé solo, se fueron los voluntarios y rescatistas. No han podido venir otros a relevarlos. Ayuda de los entes gubernamentales no he tenido. Esto es muy doloroso. Me iré cuando recupere el cuerpo de mi hijo”, dice Willie. 

El edificio Belo Horizonte era un complejo residencial de 17 pisos ubicado en una loma de la avenida principal de Playa Grande. La estructura colapsó por completo hacia atrás y cayó sobre la avenida La Playa, en el sector Puerto Viejo. 

Entre Puerto Viejo y Catia La Mar, luego de bordear la costa en la intersección entre la avenida El Balneario y La Atlántida, un olor nauseabundo se esparce con el viento. “Es el olor a muerto”, dice Margarita Reyes, una maestra de 38 años, quien baja el tapabocas para explicar el origen del hedor. Margarita hace una fila para recibir dos botellones de agua potable que despachan unos voluntarios con el distintivo de Global Empowerment Mission (GEM) a los damnificados que pernoctan en carpas cerca de Playa Escondida. 

“Agradezco la ayuda, pero estoy agotada. Perdí mi casa, a dos sobrinos, a mis abuelos, a cinco de mis alumnos. Una carpa sirve para unos días, no para un mes”, reclama Margarita.

En el campamento del Campo de Golf de Caraballeda, decenas de carpas se multiplican. Algunos son refugios temporales armados con cobijas o lonas que protegen del sol, pero no de la lluvia. Yorgelis, sus hijos y su perro, quien la resguarda como un cancerbero, son sobrevivientes de la OPPP26. “Luego de que el edificio colapsó me fui a rezar el templo, fue mi hija la que sacó a su hermano de los escombros. Estamos vivos gracias a Dios”, cuenta Yorgelis. 

En esa zona al este de La Guaira, al otro lado del litoral, en la urbanización Caribe el movimiento de las palas mecánicas que limpian los terrenos contiguos al centro comercial Costa del Sol contrasta con la imagen de las personas que permanecen en soledad frente al derrumbe de edificios de la avenida Costanera donde aún están atrapados sus seres queridos y quienes esperan que los ayuden con maquinarias. 

“Nos cobran dos mil dólares por día por el alquiler de la máquina, es absurdo, pero es así”, asegura Lola Molina, de 29 años, quien hace vigilia y se turna con otros vecinos para cuidar los restos de su edificio en Caraballeda donde aún está tapiada Jacinta, su abuela. “No la vamos abandonar aquí. Vigilamos porque nos da miedo que alguien de una orden, arrasen esto y no queden ni las cenizas para sepultar”.

La franja entre Caribe, Caraballeda y Tanaguarena, el epicentro de la denominada zona cero por ser la más devastada, es el área donde la búsqueda no cesa desde hace un mes que ocurrieron los terremotos. El temblor acá es la fuerza de la red de familias y voluntarios que mueven los escombros por sus propios medios para recuperar los cuerpos de las víctimas.

A pico, pala y mandarriazos golpean el hormigón. Son muchas las manos solidarias que abren orificios que se convierten en túneles o pasadizos al interior de los derrumbes. Otros usan taladros que necesitan de plantas eléctricas para funcionar. El objetivo, en ambos casos, es atravesar las placas, cortar vigas y columnas por sección y acceder a los cuerpos atrapados entre pisos apilados unos sobre otros.

Luis Carlos Pérez, de 25 años, viajó desde Ciudad Bolívar para colaborar. Lo mismo hizo Daniel Méndez, de 48 años, pero en su caso recorrió 800 kilómetros desde San Cristóbal. “No soy rescatista profesional pero vine a ayudar. No podía quedarme de brazos cruzados. Hemos aprendido sobre la marcha viendo a los topos y a rescatistas entrenados. Aquí lo que se necesita es voluntad y la fuerza que nos da Dios”, cuenta Daniel, quien ayuda a una familia de la OPPP22 de Caraballeda a recuperar a tres personas tapiadas.  

Ataviados de unas bragas blancas de bioseguridad impermeables y desechables, cascos, guantes y tapabocas, Luis Carlos, Daniel y unos cinco voluntarios más penetran los huecos rectangulares que son pasajes a las entrañas del desastre. Cuando sacan un cadáver, los familiares deben identificarlo. Luego funcionarios del CICPC vestidos de negro, con guantes y mascarillas, se encargan de retirar los cuerpos que guardan en bolsas.

En los túneles el olor es tan penetrante que algunos se untan mentol en su nariz para intentar no percibir la pestilencia. Otros impregnan algodones con alcohol y los interponen debajo de los tapabocas. Incluso unos, cada tanto, salen con premura de los huecos exclusivamente a tomar aire y fumar un cigarro para aguantar. “El cigarro tapa el olor, pero hay que escupir para que el sabor no se quede en la lengua y te lo tragues”, explica Daniel. 

Los voluntarios chocan sus puños como señal de victoria cuando hallan un cuerpo y extraen un cadáver. Aunque es una paradoja celebrar la muerte, para quienes recuperan los cuerpos de los suyos es un logro que acaba con su desasosiego.

En la torre A de la OPP22, el grupo de topos mexicanos conforman la cuadrilla de extranjeros que continúan su labor en Venezuela, brindan apoyo a familias desesperadas. Están en una fase en la que, básicamente, su esfuerzo se centra en recuperar cuerpos. Se mueven entre los túneles cavados que son pasadizos muy estrechos, oscuros e inestables. Entre ellos, hay un joven topo venezolano de nombre Carlos, quien reside en Estados Unidos y se alistó con los mexicanos como voluntario.

Los conductos son laberintos de rendijas de cimientos colapsados y tan angostos que los rescatistas deben avanzar arrastrados. La sensación de desespero y agobio en el interior puede causar pánico a cualquiera. Mientras los topos hacen su trabajo de riesgo e incluso con la técnica del oxicorte cortan cabillas que impiden el paso, los familiares esperan alguna noticia de nuevos hallazgos enfrente de la montaña de escombros.

“Soy creyente y hago una oración para que los caminos se abran. Que Dios me dé la fuerza para seguir adelante”, dice Mercedes Carrillo, quien busca el cuerpo de su hijo Enrique Rojas Colmenares en la OPPP27. 

En las Residencias Caribe, un conjunto de 223 apartamentos, los voluntarios también persisten en las labores de rescate y extracción de cuerpos. La estructura cilíndrica que no cayó es como el mástil de un barco en medio de una tempestad de tragedia que es la zona cero.

“Aquí seguimos. Se necesitan picos, palas, martillos, cinceles, barras, mandarrias, esmeril, incluso tobos, y un rotomartillo”, dice Joseph Brito, uno de los voluntarios que a un mes de los terremotos colabora en el rescate de cuerpos en estas residencias, y quien se suma al esfuerzo de los bomberos del distrito capital.

“No he podido sacar a mi familia. Es una herida profunda. Estoy rota pero insistiremos hasta sacarlos. Los despediremos como se debe, con amor y dignidad para que descansen en paz. Aquí resistimos con la fuerza de Dios”, dice María Gregoria Machado. 

Ali Daniels: “Denuncia del Estatuto de Roma no detiene la investigación de la CPI sobre Venezuela”

Yeannaly Fermin
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Ali Daniels: “Denuncia del Estatuto de Roma no detiene la investigación de la CPI sobre Venezuela”

El Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, informó que por órdenes de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, se le comunicó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al Artículo 127.

A través de su cuenta en X, Plasencia expresó que “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”.

Según el Ministro, dicho patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía.

Supuesta salida no afecta la investigación

El abogado Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, aclaró que el anuncio del canciller Félix Plasencia sobre la denuncia del Estatuto de Roma no implica la salida inmediata de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) ni afecta la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en el caso Venezuela I.

Sobre el anuncio del ministro, Daniels precisó que la denuncia del Estatuto de Roma solo surte efecto un año después de ser consignada formalmente ante el secretario general de Naciones Unidas, quien debe recibir la comunicación oficial.

El abogado recalcó que “Venezuela sigue obligada a cumplir todas las disposiciones del Estatuto, incluida la cooperación con las investigaciones en curso“.

El director de Acceso a la Justicia subrayó que, incluso si la denuncia se formaliza y se cumple el plazo de un año, la investigación Venezuela I no se detiene.

“Cualquier orden de aprehensión o comparecencia que derive del proceso tiene plena validez legal”, dijo.

Daniels citó como ejemplo el caso del expresidente Rodrigo Duterte quien denunció el Estatuto, pero aun así está siendo juzgado por la CPI. “Es un caso claro en el que la denuncia no tuvo mayor consecuencia”, afirmó.

El abogado lamentó la decisión anunciada por el Gobierno venezolano, y recordó que el país participó en la redacción del Estatuto de Roma y estuvo presente desde su fundación. A su juicio, la salida “no ayuda a fortalecer la justicia internacional”.

Una coincidencia “curiosa”

Para Ali Daniels resulta curioso que la denuncia del Estatuto de Roma por parte del Gobierno venezolano se haga días después de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declarase que se el Gobierno norteamericano iniciaría una campaña para “desmantelar” la CPI.

“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio.

EL secretario acusó a la entidad de librar “una guerra contra su país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional”.

La campaña del Departamento de Estado plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas.

También incluye intensificar la presión sobre los aliados de Washington, especialmente aquellos que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos”.

La Corte Penal Internacional, que funciona desde 2002, es una institución que juzga crímenes de lesa humanidad y de guerra. La misma está facultada para perseguir a ciudadanos de países ajenos al tribunal cuando delinquen en el territorio de un Estado miembro. 

“No es motivo de preocupación”

El periodista Luis Carlos Díaz comentó que la decisión anunciada por el Gobierno venezolano demuestra que “no están dispuestos a colaborar con las investigaciones que el máximo tribunal mantiene sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad”.

Para Díaz, el Gobierno de Delcy Rodríguez se está aprovechando de que Estados Unidos está en contra de la CPI porque no reconoce su autoridad en territorio norteamericano.

“No se van a poder escapar de la autoridad y del alcance de la CPI. Lo único que podría salvar al chavismo es que Estados Unidos sancione y destruya a toda la corte, pero de resto no”, explicó Díaz.

Karim Khan fue destituido

También este viernes, las Naciones Unidas informó que los Estados miembros de la CPI destituyeron a su fiscal, Karim Khan, tras un proceso disciplinario relacionado con acusaciones de conducta sexual inapropiada ampliamente difundidas.

La decisión se tomó por mayoría simple en una votación a puerta cerrada entre los 125 miembros de la Asamblea de los Estados partes.

“La Asamblea ha decidido, por mayoría de 82 Estados Partes, que… el fiscal Karim Kahn cometió una falta grave y un grave incumplimiento de su deber… y que debe ser destituido de su cargo“, anunció el presidente de la Asamblea, haciendo un llamamiento a la dignidad y la privacidad de todos los implicados.

La Asamblea de la CPI se encargará próximamente de elegir a un nuevo fiscal.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Entre carpas y edificios rotos: un mes después, algunos esperan en refugios improvisados

Tal Cual Digital
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Entre carpas y edificios rotos: un mes después, algunos esperan en refugios improvisados

Un mes después del doble terremoto, centenas de familias continúan durmiendo en carpas, muchas improvisadas, cerca de sus edificios o en espacios públicos, mientras esperan reparaciones, conviven con la incertidumbre y cargan con un miedo que se niega a desaparecer del todo.

En la plaza de toros del Nuevo Circo, de una alcantarilla emana el olor del agua sucia y las moscas sobrevuelan cerca del espacio de los baños. Con el calor del mediodía del miércoles 22 de julio, justo cuando se cumplieron cuatro semanas de los terremotos que fracturaron a Venezuela, el olor a orine se hace más intenso. El ruido tampoco da tregua: vehículos, cornetas, obreros rompiendo paredes y carretillas que descargan escombros de las estructuras que esperan recuperar su estabilidad.

Mientras los damnificados esperan bajo carpas, la reconstrucción avanza unos metros más allá.

Refugios carpas terremotos

Ya pasó un mes del doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 y el Estado contabiliza las ayudas por campamentos, camas, rescatados y familias atendidas. De acuerdo con las autoridades, hasta el 22 de julio se habían establecido 107 refugios, donde permanecían 23.335 personas. Además, se reportaban 17.907 damnificados.

Esas cifras, que cambian a diario en los balances difundidos a través del canal de Telegram del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hablan de un aparato logístico que, según el gobierno, garantiza alimentación, atención médica y alojamiento en estadios, escuelas y polideportivos. Sin embargo, los números no alcanzan a explicar lo que ocurre en varios sectores de Caracas, donde centenas de familias continúan viviendo a un costado de los edificios que abandonaron la tarde del 24 de junio por miedo a las réplicas y a la posibilidad de que las estructuras terminen de ceder.

La transición de las viviendas a las aceras fue inmedita y desordenada. La primera noche nadie esperó instrucciones, solo bastó el instinto de sobrevivir para correr escaleras abajo, alejarse de las paredes y buscar un espacio abierto en donde estar más seguro; entonces, las plazas, los estacionamientos y las aceras se convirtieron en dormitorios improvisados. Después llegaron bolsas negras, toldos, carpas y una rutina que se mantiene un mes más tarde.

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«Todos corrimos»

Los terremotos sorprendieron a unos dentro de sus apartamentos, a otros camino a casa y algunos lejos del hogar, pero el desenlace fue el mismo: no querer estar dentro de la casa.

Álvaro Alejo, de 60 años de edad, había llegado de trabajar, estaba en la planta baja del urbanismo Ojos de Chávez, ubicado en Nuevo Circo. No le dio tiempo ni de intentar subir a su apartamento porque comenzó a temblar: «Me consiguió esta sorpresa llegando del trabajo. Soy uno de los afectados y aquí me encuentro ahorita; no es un refugio, sino en la plaza de toros del Nuevo Circo», dice y señala la hilera de carpas, instaladas frente a su edificio.

«Aquí estamos esperando que nos resuelvan lo del apartamento para que cada quien agarre para su casa», explica.

Una cuadra más abajo, pero también dentro del espacio de la plaza de toros, Ender Colina recuerda lo que pasó el 24 de junio: «Todos corrimos. El que diga que no corrió con ese terremoto está mintiendo. El más bravo, el más fuerte, el más débil… Todos corrimos».

Refugios terremotos

En la Misión Vivienda Los Cinco Héroes Cubanos ocurrió lo mismo. María Fuentes estaba sola en su apartamento, en el piso dos, cuando empezó el movimiento: «Escuché la alarma, pero ignorante no supe qué era. Cuando me levanté, el terremoto me tumbó. Sentía que me iba a morir. Agarré fue a correr».

Desde esa noche, nadie ha vuelto a dormir dentro del edificio: «Los niños se acostaron sobre cobijas que nos prestaron. Los adultos pasamos la noche dando vueltas, tomando café, fumando cigarros. Así amanecimos». Después comenzaron a llegar carpas donadas, lonas prestadas para improvisar una nueva vida en las aceras.

Refugios terremoto

Esperar volver a la normalidad

Las hileras de carpas forman pequeños pasillos en las inmediaciones de edificaciones que aún dejan ver las fracturas de los terremotos, de fondo el sonido de la reconstrucción no cesa y acompaña a los damnificados, quienes esperan volver a la normalidad en medio del tiempo que para ellos parece correr más lento.

Álvaro Alejo asegura que las autoridades llegaron tarde: «Nos prestaron ayuda tarde, tarde, tarde. Han venido constantemente, pero nada», cuenta mientras señala el edificio donde tiene su hogar resquebrajado.

Específica que las carpas donadas por las autoridades empezaron a llegar justo a la cuarta semana del doblete sísmico y dice que durante ese tiempo han vivido bajo toldos improvisados.

«La comida nos la trae World Central Kitchen. El desayuno y la cena lo trae otra gente, creo que de Pdvsa, y no es la misma calidad. Las carpas empezaron a llegar el lunes (20 de julio). Estábamos en toldos improvisados», detalla en conversación con TalCual.

La vida y rutina de Alejo están suspendidas: tampoco ha podido volver a su empleo porque el edificio en el que labora también sufrió daños: «No exigimos nada. Lo que queremos es que terminen el apartamento para que cada quien agarre para su casa», dice entristecido.

Ender Colina, habitante y vocero del urbanismo Bicentenario III, y quien también está viviendo en carpas en la plaza de toros de Nuevo Circo, tiene una visión distinta de su nueva realidad. Contrario a Alejo, sostiene que desde los primeros días han contando con el apoyo de las autoridades: destaca la presencia de organismos de seguridad en los alrededores, jornadas médicas y de alimentación.

«Tenemos ambulancias las 24 horas, seguridad del Sebin, del Cicpc y de la Policía de Caracas. El gobierno garantiza desayuno, almuerzo y cena», asegura. Explica que a su edificación le han realizado ocho inspecciones por parte de ingenieros, arquitectos y otros especialistas y sostiene que las afectaciones solo son de mampostería «y ya lo están reparando».

Reconoce que en los primeros días tras los sismos «fue precario» en carpas improvisadas y destaca que las autoridades enviaron carpas de cuatro por cinco metros, con colchonetas, almohadas y sábanas.

Colina estima que las reparaciones en las edificaciones pueden tardar entre tres y cuatro meses, por lo que cree que es el mismo tiempo que les queda para vivir en la plaza de toros.

«Volver a empezar no es fácil»

Muchas de estas personas ya habían perdido una casa y ya habían vivido años en refugios. Zuleima Ruiz pasó tres años y dos meses en el refugio Fabricio Ojeda, en Catia, antes de recibir el apartamento donde vivía hasta el 24 de junio: «Jamás pensamos volver a vivir esto», comenta.

Esta mujer de 59 años de edad ahora duerme junto a sus vecinos de la OP-15 (mismo urbanismo Ojos de Chávez) en la plaza de toros. Denuncia que el mayor problema es la escasez de agua: «No tenemos agua y la necesitamos. A veces no hay ni para tomar».

Para asearse tienen la opción de subir por lapsos determinados de tiempo a sus apartamentos: «En la mañana, a mediodía y en la noche, para subir y bajar rápido».

Ruiz afirma que la mayoría de ayuda que han recibido es de particulares «que vienen con donaciones».

Luis Laya, quien residía en una Misión Vivienda en Mare, en La Guaira, pide a la gobernación de la entidad que les mande agua para poder cumplir con la higiene personal: «Agua, agua, agua, por favor, le hago un llamado al gobernador (José Alejandro Terán) para que se aboque a mandarnos camiones cisternas ya».

El damificado, que está en una carpa improvisada, considera que en el espacio están a punto de que se desarrolle una epidemia: «Queremos agua potable para asearnos». Afirma que han recibido ayuda de particulares y de organizaciones nacionales e internacionales.

María Fuentes también vivió cinco años en un refugio después de ser desalojada de la Cota 905 durante una vaguada que afectó su vivienda. El terremoto la llevó de nuevo a la calle: «Con tanto sacrificio que uno arregla su apartamento, volver a empezar no es fácil», admite.

Ella duerme en una acera de la avenida Bolívar dentro de una pequeña carpa que le regalaron. Su esposo pasa las noches sobre una colchoneta en la acera porque los dos no caben en el reducido espacio.

Fuentes vive nerviosa, angustiada: «A mí me da miedo. Prácticamente todo el día estoy sola y me da un miedo horrible. Siento que está temblando, me mareo, es horrible. Cuando llega mi esposo subo al apartamento rápido, cocino y vuelvo a bajar», cuenta.

Entre el calor y las lluvias, las enfermedades se hacen presentes: «Hemos llevado sol, se me moja la carpa cuando llueve: Aquí nos ha dado diarrea, tos, gripe, dolor de cabeza», enumera la vecina de la avenida Bolívar de Caracas.

Fuentes afirma que tras la inspección al urbanismo Los Cinco Héroes Cubanos, les prometieron diez cuadrillas para recuperar la edificación, pero en el espacio apenas se observan unos contados trabajadores que reparan la estructura de arriba hacia abajo, comenzando por el piso nueve, el último.

También lamenta que la atención sea desigual por parte de las autoridades: «Nosotros no hemos recibido ningún tipo de ayuda del gobierno. Gracias a Dios ha llegado bastante gente, hasta el más humilde viene con un termo de café».

No obstante, afirma que con el paso de las semanas las donaciones comenzaron a disminuir: «Hemos recibido comida, pero ya bajó bastante el volumen de las personas que vienen a traer ayuda».

En el campo de golf de Caribe, en La Guaira, Keyli Endrick, habitante de la torre G de la OPP 26, relata que la organización es un caos constante. Aunque han llegado alimentos y medicinas, la distribución falla. «Hay mucho bachaquero ahorita», denuncian ella y otras sobrevivientes. «Personas que vienen de afuera y se llevan lo que nos van a dar a nosotros. A veces nos quedamos sin nada porque se lo dan a los que se van para afuera».

La situación sanitaria es igual de precaria. Los baños son estructuras levantadas por la propia comunidad y voluntarios civiles que han llegado de otros estados, movidos únicamente por la calidad humana. «Si no fuera por ellos, no tendríamos nada», admite Arlemis, mientras lista las carencias: pañales, mosquiteros y artículos de uso personal que, según denuncian, nadie les provee.

A pocos kilómetros de la tragedia que se vive en el campo de golf de Caribe, el panorama en Mare Abajo refleja otra arista del abandono. Aquí, el desalojo de los edificios Mare I y Mare II —declarados inhabitables tras el sismo— no significó el fin de la vinculación con las estructuras, sino el inicio de una peligrosa convivencia con los escombros.

Lilia Mena, a sus 79 años, es la imagen de una resistencia física y mental agotada. Instalada en una carpa grande donde logró acomodar algunos muebles y utensilios rescatados, Mena alterna sus días entre la atención médica de voluntarios internacionales y la incertidumbre de no tener qué llevarse a la boca. «Por lo menos ahorita estoy mejor que cuando dormía frente a la playa, al aire libre», recuerda.

«Pero yo tengo que sobrevivir. A veces la comida que llega aquí me cae mal, mi estómago ya no aguanta. Estoy aquí sentada frente a mi bloque esperando mi respuesta. Sé que de aquí no me van a sacar. Estoy esperando a que me den mi casita, lo que sea, pero me la tienen que dar».

A escasos metros, pero lejos de la «organización» del campamento principal, Osnerbis Pérez, madre de cuatro hijos, sobrevive en un refugio improvisado junto a otros vecinos que optaron por separarse de la masa. La razón es la asfixia del sistema: «No nos damos abasto», comenta. Según Pérez, la ayuda humanitaria ha mermado visiblemente y el agua es un bien de lujo.

El pánico que no se va

Alejandra Pacheco, de diez años de edad, empezó a ver cómo se movía la lámpara. Bajó corriendo las escaleras con las llaves en la mano: «Las escaleras se movían de lado a lado y me caí. Todo el mundo estaba gritando. Yo lloraba porque mi mamá fue a ayudar a una señora y tenía miedo de que le cayera el edificio encima», rememora.

Un mes después del doble terremoto, el movimiento sigue apareciendo en su vida cotidiana: «Cuando no estoy asomada en la ventana me paniqueo. Escucho gritos, pienso que está temblando y me asusto mucho, más cuando me voy a bañar», cuenta la niña, que corre por las aceras mientras juega con otros niños del edificio.

Explica que se baña en el Museo Carlos Cruz-Diez: «Me cepilló allá y cuando voy a hacer pipí, hago allá».

Pacheco sostiene que si pudiera pedir una sola cosa, quisiera «que nos ayuden porque mientras ellos se dan la vida cómoda, nosotros estamos aquí sufriendo. Que arreglen rápido los apartamentos, traigan más trabajadores porque no es fácil».

El Banco Mundial estima en $19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos y advirte que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

La evaluación, elaborada mediante la metodología Global Rapid Damage Estimation (Grade), concluye que 47% de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas valoradas en $9.300 millones, mientras que la infraestructura sufrió daños por $5.200 millones (27%) y los edificios no residenciales por $5.000 millones (26%).

El informe resalta que las zonas más afectadas fueron La Guaira y el Distrito Capital, que concentraron cerca del 47 % del impacto económico total.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

30 días bajo los escombros

Edmundo González: La solidaridad no puede seguir encubriendo la orfandad institucional

Yeannaly Fermin
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Edmundo González: La solidaridad no puede seguir encubriendo la orfandad institucional

El dirigente de oposición Edmundo González Urrutia publicó un comunicado a propósito de cumplirse hoy un mes de los devastadores terremotos que sacudieron a la región norte-central el pasado 24 de junio.

A través de su cuenta en X, González Urrutia señaló que durante un mes los venezolanos volvieron a sostenerse unos a otros. Siempre solidaridarios. Vecinos, comunidades, organizaciones, periodistas, iglesias y voluntarios asumieron tareas que correspondían al Estado.

“Esa solidaridad honra al país, pero ya no puede seguir utilizándose para encubrir la orfandad institucional”, recalcó.

El excandidato presidencial —hoy en el exilio— recordó que la deficiente respuesta estatal no tiene nada que ver con el evento sísmico.

“El progresivo desmantelamiento de las instituciones, la pérdida de capacidades públicas, la opacidad, la corrupción y la indiferencia frente al sufrimiento ciudadano no son consecuencias del terremoto. Ya estaban allí. La tragedia solo las hizo imposibles de ocultar. El mundo ha visto el resultado de casi tres décadas de decisiones políticas”, aseguró.

González Urrutia destacó que quienes ejercen el poder tienen la responsabilidad de responder cuando la población requiere protección o enfrenta una catástrofe.

El líder político resaltó que la reconstrucción del país no solo implica levantar viviendas, hospitales, escuelas y carreteras. A su juicio, también se debe “recuperar un Estado que proteja, responda y nunca vuelva a darle la espalda a su gente”.

Finalmente, expresó que “la reconstrucción de Venezuela comienza por recuperar un Estado al servicio de su gente”.

A un mes del doblete sísmico, caraqueños denuncian lentitud en la atención institucional

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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