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“El régimen lo mantiene aislado, eso es tortura”: Perkins Rocha, cinco meses detenido e incomunicado

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El abogado y exmiembro de campaña del Comando con Vzla, Perkins Rocha, cumplió este 27 de enero cinco meses de “detención incomunicada prolongada y arbitraria”, denunció su esposa, María Constanza Cipriani, a través de un video difundo en redes sociales. 

“Son 154 días de su total aislamiento, de su total incomunicación, no hemos podido verlo ni hablar con él. Perkins no ha podido nombrar a su defensa privada, es una verdad inocultable que el régimen lo tiene aislado, y eso es también tortura”, condenó  Cipriani en el material audiovisual.

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones, que difundió el video de la esposa de Rocha, se sumó al clamor por la liberación de quien representó a arios presos político, al tiempo que denunciaron que ha sido  víctima “de un sistema represivo que utiliza el poder judicial como herramienta de persecución política”.

“Su caso no solo refleja el deterioro de las garantías procesales en Venezuela, sino también el menosprecio del gobierno por los derechos humanos y la dignidad humana. Perkins Rocha ha enfrentado un proceso plagado de irregularidades, violaciones al debido proceso y condiciones de reclusión que atentan contra su integridad física y psicológica”, enfatizaron.

Recordaron que desde su arresto, ocurrido el 27 de agosto en Caracas, “se le ha negado un juicio justo, ha estado sometido a tratos crueles e inhumanos y se le mantiene incomunicado y aislado, lo que que busca quebrantar su espíritu y silenciar cualquier intento de defensa o denuncia”.

El OVP también recalcó que el caso de Perkins Rocha no es un hecho aislado, “sino parte de una estrategia sistemática del régimen para reprimir voces disidentes y consolidar el control político”.

Precisaron que al menos 633 presos políticos permanecen bajo condiciones similares, “sometidos a procesos arbitrarios y vejaciones constantes, mientras sus familias viven en la incertidumbre y el dolor”.

Vente Venezuela: “Buscan quebrar su espíritu”

A propósito de la fecha el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, organización política a la que pertenece Rocha, recordó que el abogado está detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocido como El Helicoide, “sometido a condiciones inhumanas que buscan quebrar su espíritu”.

“Alzamos nuestra voz para exigir su liberación inmediata y recordamos que cada día que pase es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la verdad no será detenida”, añadió.

El pasado septiembre, el fiscal designado por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN oficialista, Tarek William Saab, vinculó a Rocha, junto a los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri , con la divulgación del “85,18 %” de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio, que el oficialismo tilda de falsas.

Saab dijo entonces que estos opositores están siendo investigados porque “avalaron”, “verificaron”, “difundieron” y “divulgaron como real” la página web donde están las “actas” que recolectó la oposición a través de testigos y miembros de mesa en los comicios, y que alegan como prueba del triunfo de Edmundo González Urrutia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en beneficio de Perkins Rocha Contreras en septiembre de 2024,  tras considerar que se encuentra en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, pero estas no han sido acatadas por el Estado. 

Rocha fue detenido el 27 de agosto de 2024 por funcionarios encapuchados y armados, quienes, luego de un fuerte forcejeo, se lo llevaron sin orden de aprehensión. A los dos días, lo imputaron por delitos como terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio en una audiencia en la que le violaron su derecho a un defensor privado.

Tomás Straka: en enero de 1958 se quebró una dictadura “aparentemente sólida”

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El 23 de Enero se cumplieron 67 años de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y aunque lo sucedido en 1958 puede parecer un evento inesperado, en realidad, fue el resultado de una serie de acontecimientos que ocurrieron fuera del radar de los hechos visibles.

Esa es la percepción que compartió el historiador Tomás Straka durante su participación en la nueva entrega de Perspectiva País 2025, organizada por Medianálisis y el Centro Gumilla.

El evento titulado “¿Qué le dice el 23 de enero de 1958 a la Venezuela actual?” estuvo a cargo de Andrés Cañizález, director de Medianálisis y Piero Trepiccione, subdirector del Centro Gumilla. Ambos, junto a Straka, disertaron sobre las dimensiones que generaron el colapso de un régimen que parecía consolidado e inquebrantable.

El día de la caída del régimen autoritario se convirtió en un símbolo nacional del poder popular y la lucha democrática en Venezuela, y representó el quiebre de una dictadura de apariencia sólida.

“Las grietas estaban en otra parte”

El historiador Tomás Straka explicó que para la época todo sucedió como una serie de “microinfartos” que llevaron finalmente a la ruptura del régimen de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Sin embargo, destacó que “las grietas comenzaron a verse en otras partes”, cuando el consenso de quienes apoyaban al gobierno comenzó a romperse.

Asimismo, indicó que el quiebre de una estructura que parecía fuerte no fue evidente para nadie, porque se creía que estaba bien consolidado en el ámbito de las fuerzas armadas. Aseguró que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez cayó de forma muy parecida a la de Bashar al-Assad, es decir, de un día para otro.

Explicó que hubo grupos de militares que veían a Pérez Jiménez como un hombre que no le daba paso a otro, además de que la sociedad venezolana en su inmensa mayoría no había comprado el proyecto perezjimenista, pese a las buenas cifras económicas y el populismo.

“No sé cuántas esperanzas se tenían en las elecciones del año 57, pero cuando se le informa la sociedad que no habría elecciones ese año con otros candidatos, sino que simplemente se daría un plebiscito para continuar en el poder, esto bastó para que la grieta que estaba en las bases colapsara”, expresó.

Straka también señaló que la ruptura de factores dentro del régimen fue una señal de debilidad, como la destitución de Pedro Estrada y Laureano Vallenilla, y a su vez la incorporación de Wolfgang Larrazábal al frente de la Fuerza Armada. Todo esto aunado a las acciones de la Junta Patriótica y el paro del 21 de enero de 1958; la paralización del país generó un punto de no retorno.

De una fecha olvidada a un símbolo revitalizado

El historiador señaló que la recuperación simbólica del 23 de enero se dio con fuerza a partir de 1999, cuando los sectores populares y democráticos comenzaron a apropiarse de esta fecha como una fiesta cívica, impulsando su relevancia desde las bases sociales hasta las instituciones del Estado.

“Era una fecha poco atendida, limitada a actos públicos oficiales, pero con el tiempo se ha convertido en una conmemoración con significado profundo para el pueblo. Este impulso popular llevó al Estado a asumirla como propia, lo que demuestra su importancia simbólica”, explica.

Además, destacó que la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999 marcó interés por comprender el pasado, haciéndose evidente ya sea a través de los medios, la lectura de libros o la asistencia a congresos. “La gente busca respuestas para entender cómo llegamos al presente, reconociendo que aunque la historia no predice el futuro, ofrece piezas clave para tomar decisiones y comprender nuestro contexto actual”, añadió.

“El 23 de enero es un recordatorio del poder de la sociedad”

Straka aseguró que era imposible esquivar del colectivo el 23 de enero de 1958, una fecha que sirve para reflexionar en temas como la dictadura, la democracia, las relaciones civiles-militares y los procesos electorales que generan insatisfacción en buena parte de la población.

“Es una fecha que nos recuerda que, en una sociedad democrática, los problemas pueden resolverse. Por eso, el 23 de enero es más que una conmemoración histórica: es un recordatorio del poder del pueblo para transformar su realidad”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

*Con información de Medianálisis

Denuncian empeoramiento de tiempos de espera en hospitales para recibir atención por infartos

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La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), iniciativa de la ONG Médicos por la Salud, denunció que durante noviembre de 2024 los pacientes que sufrieron infartos tenían que esperar al menos dos horas para recibir atención médica en hospitales públicos.

En su reporte más reciente, la ENH precisó que los indicadores más comunes que se monitorean para evaluar la capacidad y la calidad de la atención de los hospitales, son los tiempos de atención o los tiempos aguja.

“Estos miden el tiempo que transcurre entre que el paciente llega a la emergencia del centro de salud y le es administrado el primer medicamento”, añadió la ONG en su reporte.

Para este monitoreo se midieron los tiempos de atención en infartos y neumonía. En el caso de los infartos, la ENH reportó un “empeoramiento del tiempo de atención por 40 minutos”, resultando que para noviembre de 2024 los pacientes infartados esperaran hasta dos horas para recibir el primer medicamento. Señala la encuesta que en la región, un tiempo de espera aceptable es entre 30 y 45 minutos.

En cuanto a la neumonía, según la Encuesta Nacional de Hospitales, el tiempo de atención promedio registrado fue de dos horas durante noviembre de 2024. “Este tiempo se mantuvo constante en el periodo comprendido entre enero y julio del mismo año, sin embargo, su estabilidad a lo largo del año no debe interpretarse como un indicador de cumplimiento óptimo, al contrario”.

Para la organización que hace la encuesta, que el tiempo de atención no haya disminuido significa que “no se ha tomado ninguna medida para reducir el tiempo que transcurre hasta que se administra el primer medicamento”.

“Es importante destacar que los tiempos de atención no son solo una medida de eficiencia; tienen un impacto directo en la salud y la supervivencia de los pacientes”, alertó la ENH.

En el caso de los infartos, añade el reporte, cada minuto de retraso aumenta el riesgo de daño permanente al corazón y reduce las probabilidades de una recuperación óptima. Para los pacientes con neumonía, cualquier demora en el inicio del tratamiento puede resultar en complicaciones severas que afectan su pronóstico y calidad de vida.

“Cumplir con los estándares internacionales no solo es una meta deseable, sino también una obligación ética y profesional. Reducir los tiempos de atención significa salvar vidas y garantizar una atención médica de calidad para todos los pacientes”, finalizó la encuesta en su reporte.

El Mañanero del 27 de enero: Donald Trump impuso acciones contra Colombia

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En El Mañanero del 27 de enero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: El presidente estadouniense, Donald Trump, ordenó este domingo imponer aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, después de que su homólogo en el país latinoamericano, Gustavo Petro, se negara a aceptar dos vuelos con connacionales deportados procedentes de EE.UU.

Trump ordenó aranceles del 25 % a todos los productos colombianos luego que Petro se negara a recibir vuelos de deportados

Fundelec y la esperanza apagada de las energías renovables en Venezuela

Foro Penal ofreció balance de presos políticos: 1.601

Comité por la libertad confirmó excarcelación de 170 presos políticos  

Fiscalía venezolano informa sobre 381 nuevas excarcelaciones de presos poselectorales

Venezuela no puede celebrar el Día Internacional de la Educación

“Presidente Gustavo Petro, cuente usted con la experiencia y la fuerza del pueblo venezolano. Por siempre estaremos juntos, Colombia y Venezuela en paz y diálogo profundo”, Nicolás Maduro

 

Denuncian que el correísmo se ausentará de encuentro con Edmundo González

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La ausencia de autoridades vinculadas a la Revolución Ciudadana, partido del expresidente Rafael Correa, en el almuerzo de trabajo convocado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con Edmundo González Urrutia -quien arribará este 27 de enero a ese país-  representa” una oportunidad desperdiciada para discutir la situación migratoria de los 474 000 venezolanos que residen en Ecuador según la plataforma R4V”, denunció la organización no gubernamental “Yo te apoyo”.

Entre los ausentes destacan Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil; Pabel Muñoz, alcalde de Quito; Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas; y Paola Pabón, prefecta de Pichincha.

En una nota de prensa remitida a este despacho, la ONG consideró que la inasistencia “refleja una falta de compromiso hacia la comunidad migrante y evidencia el respaldo y solidaridad con el dictador venezolano, Nicolás Maduro”.

Indican que los migrantes venezolanos en Ecuador, especialmente en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca y otras, pagan alquileres, servicios básicos “y contribuyen significativamente a la economía del país a través de su trabajo y emprendimientos”. 

“A pesar del aporte al desarrollo económico y social del Ecuador, es lamentable que las autoridades, que según la Constitución ecuatoriana deben gobernar sin discriminación ni distinción, decidan ignorar estos espacios de diálogo. La negativa a participar en estas instancias demuestra una falta de voluntad para dar voz a quienes han migrado en busca seguridad y respeto a los derechos humanos”, remarcan en su denuncia. 

Recordaron además que en Venezuela también viven más de 400 000 ecuatorianos, “quienes enfrentan la crisis social, económica y política que afecta desde hace 25 años”.

La reciprocidad: responsabilidad clave para Ecuador

El principio de reciprocidad internacional establece que el trato que Ecuador ofrece a los migrantes en su territorio es el mismo que puede exigir para sus ciudadanos en el extranjero, señaló la politóloga Betzabeth Jaramillo, presidenta de la ONG “Yo te apoyo”.  

A pesar de los esfuerzos de organizaciones como Yo Te Apoyo, que trabajan incansablemente en la regularización y defensa de los derechos de los migrantes, el Estado, pese a sus intentos, continúa sin abordar el tema con la seriedad que merece, no solo desde la presidencia del país, sino también en los gobiernos provinciales y locales.

“La migración es un fenómeno global y los ecuatorianos en otros países merecen el mismo respeto y oportunidades que los migrantes venezolanos buscan aquí,” afirmó Jaramillo, quien es activista de derechos humanos y presidenta de la referida ONG.

Cierre de consulados y obstáculos para la diáspora venezolana

Desde 2021, Venezuela no cuenta con embajador en Ecuador y en abril de 2024, el régimen de Nicolás Maduro cerró sus consulados en el país y dejó a casi medio millón de venezolanos sin representación ni acceso a servicios esenciales.

Esta situación “provocó una crisis de identidad para muchos migrantes que no pueden renovar sus documentos o acceder a trámites básicos, lo cual complicó su integración en la sociedad ecuatoriana”. 

Edmundo González Urrutia llegará a Ecuador el lunes 27 de enero y el martes 28 de enero sostendrá una reunión en el Palacio de Carondelet con el presidente Daniel Noboa, seguida de encuentros con delegaciones e invitados especiales. Finalmente, saldrá al balcón del palacio para saludar a la comunidad venezolana que se concentrará en la Plaza Grande.

Las organizaciones sociales, excluidas del diálogo

Jaramillo lamentó que las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan de primera mano con la población migrante, no hayan sido invitadas a participar.

Yo Te Apoyo ha liderado esfuerzos en el acompañamiento y la regularización de los venezolanos en el país, y su exclusión “representa una oportunidad perdida para abordar la crisis migratoria desde una perspectiva integral”.

Al menos 474 000 venezolanos residen actualmente en Ecuador, según datos de la plataforma R4V. Quito y Guayaquil concentran la mayor cantidad de migrantes, seguidas por Cuenca, Manta, El Oro e Ibarra. Casi medio millón de venezolanos no pudieron registrarse ni votar en las elecciones del 28 de julio de 2024.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Trump ordenó aranceles del 25 % a todos los productos colombianos luego que Petro se negara a recibir vuelos de deportados

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El presidente estadouniense, Donald Trump, ordenó este domingo imponer aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, después de que su homólogo en el país latinoamericano, Gustavo Petro, se negara en las últimas horas a aceptar dos vuelos con connacionales deportados procedentes de EE.UU.

Trump anunció además restricciones de visado para el Gobierno de Petro y su partido, posibles sanciones económicas al país e “inspecciones” a los ciudadanos y mercancías colombianas que lleguen a EE.UU., y adelantó que, “en una semana”, los aranceles del 25 % recién impuestos “se elevarán al 50%”.

“La negación de estos vuelos por parte de Petro ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos (…) En una semana, los aranceles del 25 % se elevarán al 50 %”, dijo Trump en una publicación en su red Truth Social, en la que también anunció otras “medidas de represalia urgentes y decisivas” contra Colombia.

La nueva Administración Trump indicó el viernes que habían “comenzado” las deportaciones de migrantes indocumentados a sus países de origen, pero Petro rechazó la transferencia de estas personas a Colombia al considerar que no estaban recibiendo un trato “digno”.

Y es que, según las palabras del propio mandatario estadounidense en su última publicación, entre los individuos que se pretendía deportar a Colombia había “un gran número de delincuentes”.

En este sentido, aludiendo a cuestiones de “seguridad nacional”, afirmó que reforzará la inspección de aduanas y la protección fronteriza frente a los “cargamentos (de productos) colombianos” y los ciudadanos que lleguen de ese país.

Asimismo, Trump se refirió a Petro como “el presidente socialista de Colombia” quien “ya es muy impopular entre su pueblo”.

Sanciones al Gobierno de Petro y represalias a su entorno

El resto de órdenes impuestas por el presidente estadounidense este domingo contra el Ejecutivo colombiano son la “prohibición de viajar y la revocación inmediata de visas para los funcionarios del Gobierno colombiano y todos los aliados y partidarios”.

Además de sanciones de visas para todos los miembros del partido (Colombia Humana), así como para sus familiares y simpatizantes.

Sin embargo, Trump no informó de un hipotético cierre de la sección de visas de la Embajada estadounidense en Colombia, del que habían reportado algunos medios locales colombianos este domingo.

“Estas medidas son sólo el comienzo. ¡No permitiremos que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en relación con la aceptación y el retorno de los criminales que forzaron su acceso a los Estados Unidos!”, concluye la publicación del mandatario estadounidense.

Por su parte, Petro había aseverado este domingo que no permitirá la entrada al país de aviones con ciudadanos deportados por los Estados Unidos si estos no reciben un trato digno.

“Los EE.UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Los EE.UU. deben establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros”, manifestó Petro en su cuenta de X.

Petro ya había cuestionado recientemente algunas de las decisiones o políticas de Trump, y el pasado martes tachó de “peligroso” el comentario que hizo el inquilino de la Casa Blanca sobre América Latina, región sobre la que el gobernante norteamericano dijo: “No los necesitamos”.

Las diferencias entre Estados Unidos y Colombia, con quien se había pactado el envío de estos dos vuelos con deportados colombianos, también se extienden a otro países de la región latinoamericana, que han desaprobado los procedimientos de la que, según Trump, será  “la mayor operación de expulsión masiva de extranjeros en la historia de los Estados Unidos”. 

 

Comité por la libertad confirmó excarcelación de 170 presos políticos  

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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) confirmó la excarcelación de 150 detenidos arbitrariamente en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, y de 20 personas que permanecían en el penal de Tocuyito,  en el estado Carabobo.

Además, informaron que una ciudadana venezolana recluida en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San Fernando de Apure, y tres más detenidas en el comando en Yare, estado Miranda, recibieron medidas cautelares.

“Nos unimos al júbilo que llena a estas humildes familias, quienes nunca dejaron de luchar por la verdad, de defender la inocencia de sus seres queridos, y hoy celebran su regreso a casa tras largos meses de una prisión injusta por crímenes que nunca cometieron”, resaltó el comité en su cuenta de X.

Este sábado 25 de enero, el Ministerio Público (MP) informó, a través de un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, que ordenó la revision de unas 381 millones judiciales  que fueron atribuidas a personas que participaron en las protestas poselectorales.

Por su parte, registró hasta el pasado 20 de enero, un total de 1.601 personas arrestadas por motivos políticos en Venezuela. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, la Fiscalía informó que más de 2.400 personas fueron detenidas en contexto de protesta, a quienes acusó de generar violencia.

 El fiscal general, Tarek William Saab, reportó que un total de 1.515 personas han sido excarceladas, con medidas cautelares, una cifra que Foro Penal asegura no haber confirmado.

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

Fundelec y la esperanza apagada de las energías renovables en Venezuela

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La cuenta en Instagram de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec) apenas habla de las energías renovables. Aquella institución que durante años fue el pilar para las políticas enfocadas en llevar paneles solares a comunidades remotas, o en usar sistemas híbridos de energía en zonas que no podían tener acceso a la red eléctrica convencional, solo menciona a veces a los poblados que se beneficiaron de esos programas en donde, desde hace más de una década, se dejó de “sembrar luz”.

Jaspe, una pequeña comunidad indígena que está dentro del Parque Nacional Canaima, en el sureño estado Bolívar, es uno de esos territorios olvidados por la fundación. Desde 2015 dejó de funcionar el sistema fotovoltaico que se instaló allí para iluminar la zona. Al año siguiente, sus habitantes enviaron una carta al entonces ministro de Energía Eléctrica, el mayor general de la Guardia Nacional, Luis Motta Domínguez, para pedir que se instalara un sistema fotovoltaico de 6.500 watts para alumbrar las cabañas turísticas que sirven de sustento económico a los pobladores.

“En aquel momento era el inversor y la batería que se habían dañado y, actualmente, ese material está resguardado en San Ignacio de Yuruaní (otra comunidad indígena), en la sede de los guardaparques. Hace poco se inauguró al oeste de Jaspe un Centro de interpretación Abuela Kueka (en honor al misticismo que rodea a la roca que fue repatriada desde Alemania en 2020), donde recientemente funciona un fotovoltaico que surte ese sitio. Pero Jaspe está oscuro”, contó Leonard Loyola, indígena pemón y capitán del sector de Mapaurí, donde está la comunidad.

Loyola aseguró que nunca hubo respuesta de las autoridades porque “no hay presupuesto” para reponer los equipos que se necesitan. Pero académicos y extrabajadores de Fundelec, quienes lamentan que el Estado haya dejado de invertir en energías alternativas para iluminar los sectores del país en donde los bombillos no se encienden, acusan otras razones. La nación, sumida en graves fallas eléctricas, está lejos de solventar la crisis energética que durante 15 años ha aquejado a los venezolanos. De acuerdo con el Monitor de Servicios Básicos del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), el 86% de los encuestados dice sentirse “desesperado” por la situación de la electricidad y 7 de cada 10 personas opina que el sistema eléctrico es vulnerable, inestable y está deteriorado.

Alejandro López González, ingeniero electricista y doctor en Sostenibilidad, autor del libro “Energías renovables en Venezuela: experiencias y lecciones para un futuro sostenible”, relató que la llamada “Misión Revolución Energética”, creada por el expresidente Hugo Chávez en 2006, reanimó el aprovechamiento de fuentes alternativas con el programa “Sembrando luz”, cuyo objetivo era lograr la electrificación completa del país a través de este tipo de energías. Para 2014, se habían instalado 3.363 sistemas fotovoltaicos a nivel nacional en 918 comunidades aisladas.

“Sembrando Luz”, aseguró López González, fue el único plan exitoso y de energías renovables de los tres que había proyectado la Misión. Uno de estos fue la inversión en grandes complejos termoeléctricos –se estima que menos de 20% de sus megavatios está disponible– , que se pensó como una “solución para diversificar la matriz de la macro red venezolana”, pero terminó en un fracaso y una estafa para el Estado venezolano cuando grupos de empresarios vinculados al gobierno vendieron como nuevas una serie de plantas termoeléctricas usadas. La mermada industria venezolana tampoco puede producir el diésel que necesitan estos equipos para generar electricidad.

El otro programa de la Misión Revolución Energética fue “Generación distribuida”, que instaló pequeños generadores a gasoil en zonas rurales pero de una densidad poblacional media, con más de un centenar de viviendas excluidas de la red eléctrica. El plan estaba inspirado en un programa cubano pero, según el experto, representaba un atraso para los sistemas eléctricos venezolanos. Venezuela se tuvo que adaptar a esta tecnología, en lugar de que la tecnología se adaptara al país, explicó. “Se instalaron 1.140 megavatios de baterías de generación a gasoil” y ahora menos del 5% está en funcionamiento, añadió el ingeniero. 

“Para 2013, con la muerte del presidente Chávez y un conjunto de cambios que se dieron en Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) e incluso la muerte de Jesús Marrero, quien fue el impulsor y el ideólogo de este plan, pues todo se vino abajo. Desde el 2013-2014, básicamente, ya no se avanzó más. Lo que se hacía era dar un mantenimiento”, explicó López González a Climate Tracker, quien en su libro afirmó que todavía hay medio millón de personas en Venezuela sin acceso a la energía eléctrica.

Mala gerencia y personal subpagado

Un exempleado de Fundelec que trabajó como instalador de estos sistemas, señaló que la empresa comenzó a fallar por tener a la cabeza a gerentes ineficientes y sin experiencia para llevar las riendas de tales planes. Recordó que el último director ejecutivo que cumplió con su trabajo fue el ingeniero José Argenis Rodríguez Araque, designado en el puesto en 2010 por su hermano, el abogado, excanciller y exministro de Energía y Petróleo, Alí Rodríguez Araque, quien para entonces encabezaba el Ministerio de Energía Eléctrica. “Pero después, las direcciones que vinieron después de él, pues eran… O sea, tú no puedes asumir algo para lo que tú no estás preparado”, apuntó.

Una revisión de la experiencia de los directores deja ver que la mayoría, aún habiendo ocupado cargos dentro del Ministerio de Energía Eléctrica, no se había especializado en el área de energías renovables. Luego de Rodríguez Araque, la dirección de Fundelec fue asumida por José Alberto Chitty Figueroa, quien previamente había ocupado cargos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, enfocados en vialidad y transporte urbano. Le siguió, en 2014, Alberto Joanes Urdaneta Urdaneta, exdirector general de Energía Alternativa del Viceministerio para Nuevas Fuentes y Uso Racional de la Energía Eléctrica, del Ministerio de Energía Eléctrica, así como miembro del Consejo Directivo de la Fundación Escuela Venezolana De Planificación (FEVP). 

En 2017, llegó al cargo Fabricio José Campos Ramírez, quien venía de la Dirección General de Participación del Ministerio de Energía Eléctrica y de gerencias de oficinas de Atención al Público en el Instituto Nacional de Tierras y la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Dos años después, Carlos Eduardo Borges Polar tomó el mando, luego de haber ocupado la Coordinación Eléctrico Estadal del Distrito Capital y ser viceministro del Servicio Eléctrico, vicepresidente de Corpoelec Industrial, y director de la Oficina de Gestión Interna en la estructura funcional y organizativa de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios.

La dirección de Fundelec la ocupa actualmente Ricardo Steeven Tovar González, antiguo director de la Oficina Estratégica de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, dependiente del Despacho de la Presidencia. Tovar González también es ​​viceministro para la Articulación y Participación Social en el Servicio Eléctrico, del Ministerio del Poder Popular Para la Energía Eléctrica.

Para López González, desde hace varios años, los directores de Fundelec han impulsado un cambio en la concepción de la electrificación rural, en el que “se empezó a ver a las energías renovables como un infiltrado dentro de un país petrolero” y por eso se trata de borrar el alcance que tuvieron. 

La crisis económica que imperó en el país a partir de 2014 también fue un duro golpe para Fundelec. El desabastecimiento de alimentos se agudizó y alcanzó diversos rubros comerciales. La caída de los precios del petróleo nutrió la debacle. Mientras que en julio de 2014 el barril de hidrocarburos se cotizaba en 98,98 dólares, a finales de año había caído más de la mitad: 47,05 dólares. En un país que depende del llamado “oro negro”, porque aporta 96% de las divisas, la inflación se disparó a 68,5% ese año. En los períodos siguientes, pasó a ser considerada la más alta del mundo: 180,9% en 2015 y más de 700% en 2016.

Todo ello contribuyó a que los proyectos de Fundelec se engavetaran. El exempleado consultado señaló que, entre 2014 y 2016, apenas pudo salir a hacer mantenimiento de los equipos instalados a algunas de las comunidades beneficiadas por Sembrando luz. “Después ya no había material, ya no había viáticos, no había vehículos. Todo desapareció”, recordó.

Esa crisis también repercutió en los salarios, que se volvieron precarios para el sector público y privado venezolano. “Llegué a tener un sueldo pésimo, después de haber tenido uno de los mejores de este país. Tenía seguro de vida, uno se podía comprar un carro nuevo, bueno, todo lo que uno quisiera. Yo me acuerdo que a mí me pagaban hasta el colegio de los niños”, apuntó el extrabajador. La situación de la fundación y del país obligó a muchos empleados a dejar la organización y hasta el país.

Política “anti-renovable”

Para López González, el motivo de la falta de inversión que ha habido en los programas de energías renovables va más allá de la crisis que atraviesa Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, según el experto, tiene un “concepto equivocado” porque ve este tipo de energías como una “amenaza a un modelo petrolero”. 

“Las promesas en cuanto a energías renovables en el país son un ‘saludo a la bandera’ –una formalidad y no una adhesión a ideas o principios–, porque se tiene que proyectar la imagen de que Venezuela tiene un gobierno que pretende cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la política de Estado venezolana es claramente anti-renovable, contraria a un modelo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el Ministerio de Ecosocialismo no pone foco en toda la depredación del medio ambiente que se produce y en las actividades de las carboníferas y las petroleras. Entonces, cuando vemos los hechos, no es que no se cumple porque no se haya podido o porque no hubo recursos. No me parece que haya intención de cumplirlo de alguna manera, no hay una vocación económica”, subrayó el académico.

López añadió que, independientemente de las inclinaciones políticas de cualquier país, el empleo de energías renovables es la única vía para lograr la total electrificación rural y así llegar al 100% de la población. “Esas energías son las únicas que nos permiten ir a cualquier lugar. Entonces, esto no tiene nada que ver con amenazas al modelo petrolero, ni amenazas al mercado petrolero internacional. Nada de eso, es absurdo pensar de esa manera”, subrayó. 

El Plan de la Patria 2019-2025, documento que sirve como guía al gobierno de Nicolás Maduro, incluye entre las tareas para alcanzar sus objetivos centrales la promoción “de la investigación y desarrollo de proyectos de energías limpias”, el desarrollo de una “cadena de valor asociada a las energías alternativas” para atender a las poblaciones aisladas y la diversificación “de la matriz energética nacional” para incorporar progresivamente “fuentes alternas de energía”. Pero el plan ya venció y nada de lo planteado se llevó a cabo.

Tanto para el exempleado de Fundelec como para López González, la burocracia también jugó un papel preponderante en la paralización de los proyectos de energías alternativas. De acuerdo con el académico e ingeniero eléctrico, el Ministerio de Energía Eléctrica se apropió de los planes de electrificación rural de Fundelec y dejó de ejecutarlos. El extrabajador agregó que cuando la fundación pasó del Ministerio de Energía y Petróleo a la cartera de Energía Eléctrica comenzaron a retrasarse los avances e inversiones en energía renovables.

¿Una siembra recuperable?

En agosto pasado, Fundelec promocionó en sus redes sociales la puesta en marcha de un sistema de bombeo de agua, a partir de paneles solares, en la comunidad de Bubuquí II de El Vigía, en el estado andino de Mérida, a casi 750 kilómetros de Caracas. La “granja solar” tiene como objetivo surtir de agua al conjunto de edificios, donde viven más de 800 familias, incluso cuando no hay electricidad. Mérida es uno de los estados más afectados por los apagones diarios que azotan desde hace años al país.

Sin embargo, el resto de las obras de la fundación enfocadas en energías renovables están orientadas al mantenimiento y evaluación de los sistemas solares e híbridos (renovables y generadores de diésel como respaldo). En ocasiones, la misma institución ha destacado que las comunidades han acordado la compra de plantas eléctricas para no quedarse a oscuras y ha puesto sobre estas la responsabilidad del mantenimiento de los equipos.

Así se lee en una publicación de Instagram del perfil de Fundelec durante la primera quincena de diciembre, en la cual se informa acerca de la inspección de estos sistemas en el estado Sucre, al norte de la nación, en una comunidad en donde se conformaron “Mesas Técnicas de Energía (MTE)” en los Consejos Comunales (organizaciones comunales comúnmente controladas por asiduos al gobierno chavista).

“Durante la presentación de su proyecto eléctrico, la comunidad se comprometió a adquirir un grupo electrógeno o planta eléctrica que complementará el servicio que proporcionan los tres sistemas híbridos, fortaleciendo así el suministro eléctrico en la zona. Durante la visita, el Bloque Social del Sistema Eléctrico Nacional realizó talleres de concientización, subrayando la importancia de la responsabilidad de los habitantes en el mantenimiento de estos sistemas, que se reactivarán próximamente”. 

 
 
 
 
 
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Según López González, el Estado debe hacer una inversión mayor de reemplazos en los sistemas ya instalados. “Nosotros consideramos que todos (los sistemas) son recuperables porque son acciones de mantenimiento menor. En la infraestructura civil de las unidades, es decir, en los paneles solares, también hay que hacer reparaciones o, simplemente, una revisión a ver qué ha fallado con los sistemas electrónicos de conversión y las baterías, pues seguramente hay que reemplazar muchas de estas, considerando que algunas ya tienen casi 20 años funcionando”.

Pese al olvido, el experto recordó que, para 2019, cuando él culminó la revisión de la situación de los sistemas instalados por “Sembrando luz” en comunidades rurales e indígenas, al menos 60% de estos estaban operativos. “Las energías renovables en Venezuela, ante un gobierno que se desentendió de ellas, resultaron ser resilientes, resultaron ser sobrevivientes a esta etapa de crisis económica, social y política de Venezuela”.

En enero de 2023, el Ministerio de Energía Eléctrica informó que para los próximos tres años tenía prevista la instalación de 2.000 vatios de energía solar en el país, a través del Plan de Energías Alternativas que comenzaría con “el desarrollo de 500 vatios solares” construidos en los estados Zulia, Falcón y Lara”. Casi dos años después de aquella promesa, los resultados no están a la vista. Comunidades indígenas como Jaspe continúan a oscuras y con unos paneles solares en desuso.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina