Luego de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las torturas y tratos crueles e inhumanos se intensificaron en contra de quienes se lanzaron a las calles como medida de protesta por los resultados electorales.
En redes sociales ha quedado registrado que a seis meses de los comicios electorales, los más de 2000 detenidos han sido víctimas de alguna de estas formas de tortura: aislamientos prolongados, restricción de alimentación, hidratación y medicación, maltratos físicos y psicológicos, así como de audiencias clandestinas y la negación de la defensa privada. En muchos casos, de todas ellas.
Y no es exagerado hablar de torturas. La Organización de Naciones Unidas las define como “cualquier acto por el cual se inflija intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o confesiones, castigar, intimidar, coaccionar o discriminar a una persona. Estos actos deben ser cometidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o con su consentimiento o aquiescencia”.
La tortura como política pública
A juicio del abogado Zair Mundaray la tortura en Venezuela se ha convertido en un “ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil”.
Explicó que cuando se refiere a sistemático, quiere decir que el Estado dispone de los recursos, planes, funcionarios y cadenas de mando para que la situación sea generalizada, situación que se observó con todos los detenidos del contexto electoral.
Para Mundaray los hechos ocurridos después de las elecciones presidenciales no constituyen un hecho aislado, por el contrario, considera que el Estado “está alineado con los distintos poderes públicos y demás entes gubernamentales para castigar a la disidencia”.
El abogado enfatizó que toda la situación es “una política pública de maltrato y de supresión de derechos, lo que constituye un crimen de la humanidad”.
“Te persigue cualquier organismo, luego te llevan al Ministerio Público que imputa masivamente con los mismos delitos, te llevan a los mismos jueces que te privan de libertad y te asignan defensores públicos que no te defienden, finalmente te envían a un sistema penitenciario que te maltrata”, indicó Mundaray.
Nuevos actores para torturar
Para el abogado Zair Mundaray las elecciones del 28 de julio marcaron un hecho sin precedentes en todo sentido, principalmente porque se incorporaron nuevos actores a las torturas que ya se aplicaban en el país.
Mundaray recordó que anteriormente el tema era dirigido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM); sin embargo, ahora, se incorporan la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, colectivos y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
“A los custodios de las cárceles comunes antes se les atribuía tratos crueles e inhumanos, pero ahora hay una diferencia, pasaron a ser torturadores, y este es un hecho inédito, porque además buscan quebrar la resistencia y la animosidad frente al ideal. El sistema penitenciario empezó a estigmatizar a la gente como terroristas y contrarrevolucionarios, aplicando torturas de manera abierta”, explicó.
La denuncia de torturas como evidencia
Desde que comenzó la ola represiva poselectoral, las redes sociales han sido el único espacio con el que han contado los familiares de los detenidos para denunciar tratos crueles e inhumanos, torturas, vejaciones y hasta muertes en custodia.
La tortura alimentaria ha sido una de las formas de castigo más común para todos los detenidos en el contexto postelectoral. Aunque esto no es nuevo. Magally Huggins, investigadora de la ONG Una Ventana a la Libertad, señaló que con los presos políticos “existe un mayor ensañamiento, al no permitir el pase de alimentos por parte de sus familiares”.
El pasado mes de octubre, familiares de los detenidos en la cárcel de Tocuyito, en el estado Lara, denunciaron que en el centro penitenciario les daban comida descompuesta y con gusanos, además de proveerles agua contaminada.
Recientemente, el Centro de Derechos Humanos de la organización política Vente Venezuela denunció que la alimentación que le suministran a los presos políticos en Tocorón es preparada “con excesivo picante”.
La organización informó que los detenidos están presentando síntomas como dolores abdominales, diarreas, vómitos con sangre y crisis hipertensivas.
Las reglas Mandela, un modelo universalmente reconocido para la gestión penitenciaria, establecen en su artículo 43 la prohibición del aislamiento indefinido y prolongado por más de 15 días consecutivos. Asimismo prohíben que las sanciones disciplinarias equivalgan a torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes.
Sin embargo, Venezuela ignora el tratado. Familiares de presos políticos han denunciado aislamientos prolongados e indefinidos en los centros de reclusión.
Familiares de los detenidos también han denunciado enfermedades gastrointestinales, virales y cutáneas, producto del hacinamiento y las deplorables condiciones higiénicas de los recintos penitenciarios.
La falta de contacto físico también es otra forma de tortura que han empleado en los centros de detención para someter a los presos políticos. El pasado 28 de enero, integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron que llevan meses sin poder abrazar a sus seres queridos.
A toda la situación se suman casos de desapariciones forzadas, como ha ocurrido con todos los políticos de oposición y miembros de partidos políticos como Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Dignora Hernández, Perkins Rocha, Américo De Grazia y, recientemente, con Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutuia, y con el activista político y comunicador en Punto de Corte, Ángel Godoy.
En septiembre de 2024, la Misión de la ONU sobre Venezuela informó que luego del 28 de julio ha registrado y documentado casos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual y otros abusos como descargas eléctricas, asfixias, desnudez forzada en contra personas detenidas arbitrariamente en la represión sistemática postelectoral.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en enero un informe sobre las “graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral en Venezuela”.
“Antes y después de las elecciones del 28 de julio el régimen implementó una estrategia represiva coordinada”, expresó la CIDH.
El quiebre moral
Para el abogado Zair Mundaray, en Venezuela se pasó de la tortura física a una “tortura moral abierta”. Explicó que el tema de la estigmatización por parte de todo el sistema al catalogar a niños, jóvenes, adultos y ancianos como terrorista es una forma de tortura.
Mundaray afirmó que condenar por terrorismo e incitación al odio en la mayoría de casos sin pruebas, “es un signo de terrorismo de Estado que ha venido practicando el gobierno”.
Enfatizó que la utilización del sistema de justicia para la persecución, para la restricción del derecho civil, en este caso el derecho a la protesta, el derecho a asociación, a las libertades políticas, “es un crimen de lesa humanidad”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
