El Urológico San Román -institución médica con 66 años en Venezuela presidida en la actualidad por su fundador, el doctor Julio Otaola Paván – se sumó a una de las más recientes opciones de compra que reúne a gran cantidad de comercios, incluyendo a clínicas: Cashea.
La clínica se unió a su red de comercios afiliados el pasado mes de diciembre, en lo que a tiendas físicas se refiere, es decir, por ahora solo mantendrán la opción de pagar con Cashea directamente en el Urológico.
Los servicios que están disponibles para pagar con esta opción son: radiología, laboratorio auto analítico, laboratorio de cardiología y resonancia magnética.
“Nos complace enormemente realizar este tipo de alianzas y colaboraciones con marcas innovadoras que apuestan al país y que han demostrado resultados positivos desde su creación y puesta en marcha. Estamos seguros que esto solo será el comienzo de más proyectos que iremos sumando a corto, mediano y largo plazo, para ofrecer cada vez más opciones a nuestros pacientes”, expresó el Dr. Baltasar Saturno.
¿Cómo usar la plataforma?
Los pacientes que acudan a la clínica y deseen pagar con Cashea solo deben tener descargada la aplicación en su teléfono celular y estar registrados. Luego, los pasos son muy sencillos: facturar el estudio o examen que requiera el paciente, e indicar que su método de pago será la herramienta tecnológica, escanear el código QR, revisar el acuerdo de pago con la inicial, montos y fechas para cada cuota. Para finalizar, aceptar la compra para acceder y ser atendido en el servicio seleccionado.
El Urológico San Román seguirá incorporando servicios que se adapten a las necesidades de sus pacientes, a través de un servicio médico de primera, de calidad y a la vanguardia tecnológica en Venezuela; liderado por un equipo de profesionales altamente calificados y comprometidos.
Para conocer toda la oferta de servicios, pueden visitar su página web: urológico.com, su cuenta de Instagram: @urologicosanroman o escribir a través de WhatsApp: +584122265600.
Más sobre el Urológico San Román
El Urológico San Román inició sus labores médico asistenciales privadas en octubre de 1958, con el proyecto de ofrecer una medicina actualizada, la cual han fortalecido a lo largo de los años. E
l Urológico San Román fue pionero en la cirugía cardíaca y oftalmológica en forma organizada y, en especial, en la cirugía neurológica, para el tratamiento de las malformaciones craneofaciales severas.
Fue el primero en iniciar los cursos de endo-urología, cirugía percutánea del riñón y ablación prostática por laserterapia y braquiterapia, sin costo alguno para los médicos asistentes y pacientes tratados, con la única motivación de llevar a sus especialistas, unos procedimientos de alta tecnología y que, para la fecha en que fueron dictados, era una cirugía conocida en el mundo sólo por un selecto grupo de urólogos.
Durante enero de 2025 se registró un aumento en los casos de vulneraciones a la libertad de expresión, de acuerdo con el balance mensual de la ONG Espacio Público.
Al cierre del mes, la organización documentó 38 casos que se tradujeron en 67 violaciones a la libertad de expresión, principalmente 27 actos de censura y 18 restricciones administrativas.
En cuanto a las víctimas de los casos, siete son páginas o plataformas web, seis periodistas o reporteros, cinco ciudadanos, cinco particulares, dos medios de comunicación, un camarógrafo o técnico y un trabajador público.
Espacio Público también registró nueve detenciones arbitrarias, principalmente a periodistas y particulares durante enero de 2025.
Entre los casos de detenidos estuvo el director de Espacio Público, Carlos Correa, quien estuvo detenido desde el 7 al 16 de enero, que se confirmó su excarcelación.
Durante los días que Correa estuvo bajo “desaparición forzada”, organismos de seguridad del Estado no brindaron información precisa sobre su paradero a su esposa y abogados; tampoco se informó el sitio de reclusión, su estado de salud ni se le respetó el derecho al debido proceso.
Por otra parte, la mayoría de las violaciones documentadas las perpetró el Estado, pues 30 de ellas las ejecutaron instituciones públicas, ocho de cuerpos de seguridad, tres de funcionarios y una por el Poder Ejecutivo. Asimismo, 20 violaciones a la libertad de expresión fueron perpetradas por operadoras privadas de internet.
Agresiones a periodistas
Trabajadores de la prensa y medios de comunicación fueron víctimas de agresiones durante enero de 2025. Entre los casos que documentó Espacio Público se encuentra el del periodista y activista Ángel Godoy, a quien detuvieron el 8 de enero en Los Teques, estado Miranda.
Asimismo, en medio de las concentraciones convocadas por María Corina Machado para el 9 de enero, en Maracay, estado Aragua, personas afectas al oficialismo le arrancaron el teléfono al periodista Reinaldo Campins, quien cubría la protesta.
También, en Maracay, funcionarios de seguridad del Estado amenazaron y hostigaron a la periodista del diario El Siglo, Chiquinquirá Rivero, en el momento que cubría una protesta opositora en el sector La Redoma de La Fuente.
Por su parte, los periodistas Felipe López y Joanna Barboza fueron agredidos físicamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) mientras cubrían una manifestación en la plaza La República ubicada en Maracaibo, estado Zulia.
Expresión criminalizada
Espacio Público recordó que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, criticó y atacó al arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, por la homilía que ofreció el 14 de enero en el marco de la visita anual de la Virgen de la Divina Pastora, en el estado Lara.
A su vez, Óscar Duque Díaz fue detenido el 19 de enero en el velódromo de San Cristóbal, estado Táchira, presuntamente acusado por incitación al odio. El gobernador Freddy Bernal afirmó que Duque “llamó a derrocar al Gobierno” y “lanzó improperios” contra Nicolás Maduro”.
Otro caso reportado ocurrió el 23 de enero cuando organismos de seguridad del Estado detuvieron a los ciudadanos y hermanos Franyert y Sogel, presuntamente por grabar a un funcionario del oficialismo en los alrededores de la Alcaldía del municipio Jesús María Semprún, Zulia.
Censura digital
La ONG Espacio Público reportó diferentes bloqueos a sitios web en enero de 2025 por parte de operadoras de Internet, entre ellos, las restricciones para acceder a la red social TikTok, situación que denunció el Observatorio de Internet VE sin Filtro.
También, la página web y la aplicación móvil de Telegram fueron bloqueadas el 10 de enero, día previsto para la toma de posesión del Poder Ejecutivo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Venezuela ha resonado en los últimos años por la crisis humanitaria que azota al país en la última década, que ha empujado a millones de ciudadanos a salir del país en calidad de refugiados, buscando escapar de la represión política, falta de servicios públicos, delincuencia, inseguridad alimentaria e inflación.
Pero desde el 16 de enero de este 2025, el país cambió su papel en la historia. Miles de refugiados se movilizaron y entraron al municipio Jesús María Semprún del estado Zulia desde El Catatumbo, Tibú y La Gabarra del departamento Norte de Santander, en Colombia, para resguardar sus vidas en medio de una guerra entre guerrillas que dejó al menos 52 muertos y 50 mil desplazados dentro de Colombia, según un balance de la gobernación del Norte de Santander publicado el 3 de febrero.
Boletín de información de la crisis del Catatumbo, realizado por la gobernación del Norte de Santander
Un informe de la organización religiosa Cáritas de Venezuela indicó que varios venezolanos – que habitaban allí- y colombianos cruzaron en lanchas por el río Catatumbo, mientras que otros ingresaron por trochas en vehículos y motos, colgando banderas blancas, hasta llegar a los poblados de El Cruce y Encontrados en Zulia.
El Ministerio de Interior de Venezuela informó que las autoridades atendieron un total de 812 colombianos refugiados por las acciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que alrededor de 1.000 personas se movilizaron a Venezuela.
”Entre las principales afectaciones, se destacan los ataques contra civiles, entre ellos, firmantes de paz y líderes comunitarios, y hechos como desapariciones, secuestros, homicidios selectivos, atentados, ocupación de viviendas de civiles, restricciones al paso de la misión médica”, precisó la OCHA sobre el conflicto.
En entrevista para Runrun.es, la investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y responsable del área de Derechos de Migrantes y Refugiados, Ligia Bolívar, expuso cuáles son las responsabilidades del Estado venezolano en esta crisis, más allá de recibir a los movilizados en el territorio.
A nivel internacional
La base del derecho internacional de los refugiados es la Convención de 1951 y su Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, donde se establece que estas personas tienen derecho de permanecer en el país de acogida y no ser devueltos a su país de origen (no devolución), a recibir educación, asistencia en salud, vivienda, empleo y familia, entre otros temas que el Estado receptor es responsable de garantizar.
Bolívar explica que no existe un protocolo exacto a seguir, pues ”cada Estado es libre de hacerlo de acuerdo con su propio mecanismo (…)”. El país receptor puede tomar las medidas que considere necesarias, con tal de que se asegure que estas personas tengan la protección internacional que requieren”.
Runrun.es ahondó con la investigadora si el país cuenta con los mecanismos y preparación para conflictos de este nivel.
”Venezuela no tiene ni siquiera los mecanismos para atender a su propia población, porque los ha desmantelado de manera deliberada (…) Lamentablemente esto es una emergencia dentro de la emergencia, pero eso no le niega responsabilidad al país”, respondió Bolívar.
También explicó que si una nación no cuenta con los medios para atender directamente este tipo de crisis, tiene la cooperación internacional de su lado para lograrlo, pero ‘‘Venezuela se ha cerrado a todo, incluyendo la cooperación internacional”.
El apoyo brindado
Reportes indicaron que cuerpos militares venezolanos, Protección Civil, miembros de la Iglesia católica – a través de Cáritas Machiques- y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y vecinos de las comunidades se abocaron a la ayuda de los refugiados.
”En las comunidades de llegada venezolanas se está generando una emergencia humanitaria por la falta de capacidad para atender el volumen de desplazados que llegan” que, según datos de Cáritas, eran alrededor de 1.000 personas.
El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, visitó el municipio Jesús María Semprún en medio de un operativo desplegado por el Estado venezolano para recibir a las ”familias desplazadas”. Allí indicó que proveyeron asistencia médica, traslados a hospitales o casas de familiares por su ”seguridad y bienestar”.
Seguidamente, el ministro calificó el operativo como una respuesta real y tangible a la crisis y ”aseguró que la comunidad local puede dar fe de los esfuerzos realizados”.
Bolívar explicó que lo hecho por el Ministerio en los primeros días, sí puede considerarse como una primera respuesta, mas ”son medidas básicas (…) el carácter de eso, si eso es suficiente o no, lo va a ir determinando la evolución del conflicto en Colombia”.
Indicó que el Estado debe pensar en las medidas a largo plazo, ya que es lo que permitirá garantizar un mínimo de protección a los refugiados, pues es un conflicto en desarrollo con grandes posibilidades de escalada.
Críticas a los gobiernos
El acto de Cabello resultó polémico en sectores colombianos por la cercanía entre el ELN y el gobierno venezolano, como señaló a través de un video la Revista Semana.
De acuerdo con la organización SOS Orinoco, el ELN tiene una presencia significativa en estados fronterizos de Venezuela. En el caso de Bolívar y Amazonas, el grupo participa en actividades económicas ilícitas como la minería ilegal, contrabando y narcotráfico, con permiso del gobierno venezolano, ya que ”opera como una fuerza paramilitar que protege al régimen”, declaró la ONG para Mongabay Latam, tras el anuncio de una operación militar conjunta entre ambos gobiernos.
”Se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo-venezolana. Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, publicó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de X.
Esfuerzos de la comunidad
En su informe, publicado el 22 de enero, Cáritas Venezuela reportó que los refugiados fueron trasladados al poblado de Casigua El Cubo, en el municipio Jesús María Semprún, para ser atendidos en el estadio deportivo Alexis Durán, donde el Estado habilitó un refugio.
Por otro lado, agregó: ”Algunas familias llegan a la iglesia de las parroquias indicadas para solicitar ayuda; reciben diversos kits y luego la orden es que deben ser traslados al refugio en Casigua (el estadio), sin embargo, hay familias que se quedan en casas de la comunidad prefiriendo recibir la ayuda de Cáritas y de la comunidad”.
¿Desplazados o refugiados?
Para la investigadora, es importante remarcar que las personas que huyeron de la región del Catatumbo deben ser identificadas como refugiadas y no como desplazadas, ya que son estatus con tratamientos y protecciones diferenciadas.
”El desplazamiento es una figura que se aplica solamente en el ámbito interno de un Estado. No existe el desplazamiento internacional”, aclaró.
Bolívar explica que el derecho de no devolución a la zona de conflicto es la protección más importante sobre un refugiado. ”Por supuesto, si la situación se prolonga, se deben brindar los medios necesarios para que tenga la posibilidad de permanecer en el país, como documentos, acceso a derechos”.
También agrega que el Estado debe tener ”protocolos muy claros y muy estrictos en lo que tiene que ver con los supuestos retornos voluntarios, que a veces no son tan voluntarios. Y todo esto en coordinación con la cooperación internacional”, pues el Estado receptor no puede tomar la decisión de retorno unilateralmente.
”Existen organismos como Acnur, que son los que tienen mayor claridad en cuáles son los estándares que deberían utilizarse y los criterios que deberían salvaguardarse para evitar una acción con daño, en el caso de una devolución de personas (…) Para poner un caso más específico: personas a las que no se les da la opción del refugio y se encuentran entonces en una situación de vulnerabilidad en el Estado al que acudieron y se les dice que se tienen que ir de ahí…Eso no es un retorno voluntario. Eso es un cierre de opciones”.
Fotografía principal: EFE/ Mario Caicedo
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El informe “El derecho a la justicia de las mujeres en Venezuela”, elaborado por Acceso a la Justicia con el aporte de otras 22 organizaciones de la sociedad civil, expone las múltiples dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia al buscar protección y respaldo por parte del Estado.
Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la falta de personal capacitado para atender estos casos, la insuficiencia e inadecuación de las sedes de los organismos de atención, y la carga adicional que recae sobre las víctimas, quienes deben asumir costos asociados al funcionamiento del sistema de justicia.
A continuación, en claves, los hallazgos de esta investigación.
Sin tribunales especializados en temas de género
De acuerdo al análisis de Acceso a la Justicia, en conjunto con otras 22 organizaciones, Venezuela necesita habilitar más tribunales especializados en violencia basada en género.
En el estudio, recuerdan que hace 17 años entró en vigor de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y tras dos reformas (2014-2015 y 2021), los tribunales de violencia contra la mujer (TVCM) han sido formalmente creados en 22 estados de Venezuela.
“Solo Yaracuy carece teóricamente de estos tribunales, mientras que Miranda se cubre parcialmente con los tribunales del área metropolitana de Caracas. Sin embargo, fuera de las capitales estatales, solo Bolívar, Táchira y Zulia cuentan con tribunales en otras localidades”, dicen en el estudio.
Aunque las resoluciones de creación de estos tribunales existen, su publicación en la página del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido tardía, y en la práctica, en estados como Sucre o Amazonas, los casos de violencia contra la mujer siguen siendo atendidos por tribunales penales municipales, ya que la implementación real de los TVCM no siempre coincide con su creación formal.
Además de esto, rememoran que en un informe presentado ante el Comité de la CEDAW en el 2021, el Gobierno venezolano afirmó que, para diciembre de 2020, la jurisdicción especial en violencia contra la mujer incluía 22 Circuitos Judiciales en 19 estados, con 106 tribunales especializados.
En ese documento, se destacó la competencia excepcional de los Tribunales de Primera Instancia Penal Municipal, establecida por la Sentencia n.º 815 de 2018 del TSJ. No obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de estos mecanismos en todo el país.
Una justicia deficiente
“La justicia de género comprende un subsistema del sistema de administración de justicia que debe brindar protección diferenciada a las mujeres contra las formas de violencia que las afectan”, se dice en el estudio.
Resaltan las notables deficiencias en la justicia de género en Venezuela y denuncian que constituyen una “violencia institucional”, de acuerdo a la definición de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) acciones u omisiones del Estado aquellas acciones “que retardan, obstaculizan o impiden que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan plenamente todos sus derechos”.
Sin espacios neutrales
La organización destaca que El Derecho y la administración de la justicia no son espacios neutrales. Para esto, “se requiere la sensibilización y capacitación permanentes del personal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres”.
Falta de transparencia
En informe afirman que no hay transparencia en las instituciones y esto dificulta la labor de la contraloría, sumado a la exigencia de derechos por parte de la sociedad civil. “No existen datos oficiales disponibles y desagregados sobre femicidios, trata de personas y violencia sexual, entre otras formas de violencia establecidas en la ley, como tampoco sobre la gestión de tribunales de violencia contra la mujer y del Ministerio Público (MP)”.
Diversas organizaciones han denunciado esta situación, al igual que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El organismo ha resaltado, de formas reiterada en sus informes, la necesidad de tener datos estadísticos oficiales sobre la violencia de género en el país.
“Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Utopix handesarrollado un esfuerzo sostenido por contabilizar femicidios y dan cuenta de más de 200 asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres durante 2023”, comunican en el informe.
El abordaje no es interseccional
El Estado está al tanto de estas recomendaciones, las cuales fueron dadas también por la CEDAW en el 2014 y 2023, esto con la finalidad de “eliminar las barreras que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia y a la reparación de los daños sufridos por las violencias en su contra”.
El organismo también manifiesta la importancia de un presupuesto adecuado y un plan de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de justicia de género, con énfasis en el fomento de las capacidades de sus operadores y operadoras.
La insistencia en el abordaje interseccional es indispensable para asegurar el acceso a la justicia a las mujeres más vulnerables, como los indígenas, afro, con diversidad, funcional y, en especial, mujeres migrantes y solicitantes de asilo.
No es prioridad para el Estado
A pesar de las recomendaciones formuladas por organizaciones de derechos humanos del país e internacionales, se ha evidenciado que “los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia no constituyen una prioridad para el Estado venezolano”, denuncia el reporte.
Diagnóstico de Acceso a la Justicia
“El diagnóstico realizado por Acceso a la Justicia permite identificar procedimientos críticos que afrontan las mujeres sobrevivientes de violencia de género: recepción de denuncias, calidad de atención a las víctimas, mecanismos de revictimización, opciones de defensa, acceso al expediente; eficiencia y seguridad en las notificaciones”, se lee en el documento.
Sumado a esto, las víctimas también enfrentan problemas al momento de obtener “gestión de medidas de protección, recolección de testimonios mediante pruebas anticipadas, gestión de experticias de medicina forense, mecanismos de retardo procesal, medidas de detención del presunto agresor, evacuación de pruebas, calidad de las sentencias, procesos de apelaciones, costos del proceso y mecanismos de corrupción”.
Espacios inadecuados en las instancias
Acceso a la Justicia comprobó que las instancias que deben atender a las víctimas basadas en géneros no tienen instalaciones adecuadas. Dicha situación debilita que se pueda proveer un trato digno a las mujeres.
La organización documentó “una deficiencia generalizada que incluye fallas en ascensores, climatización y ventilación, sanitarios, servicios básicos como electricidad, agua e internet, dotación de equipos y materiales como computadoras, impresoras, papel y bolígrafos. Tampoco hay espacios adecuados para proveer respeto, protección, seguridad y confidencialidad a las víctimas, al extremo de que algunas de ellas deban afrontar la proximidad física con sus agresores”.
Esto es una clara consecuencia de la falta de mantenimiento e inversión, “lo cual se agrava en las regiones respecto a la capital del país”.
Dentro de las fallas que existen en las instituciones también se recomienda que debe haber atención diferenciada para las mujeres indígenas, aquellas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres trans. En el país, no hay leyes que permita a las personas trans acceder a su identidad y esto dificulta que puedan formular denuncias o se acerquen a organismos debido al miedo que sienten a ser discriminadas.
Y por último, sentencian: “Deben erradicarse las prácticas de corrupción que han sido normalizadas, así como crear y mecanismos eficientes y seguras de denunciar cualquier tipo de irregularidad”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Es un escenario complejo: quienes desconocen el 28J se robaron la elección. Y ahora, con la misma audacia de un ladrón reincidente, asaltan la transición. Nada nuevo en este régimen, salvo que esta vez las pruebas del fraude fueron entregadas, firmadas y selladas por el propio árbitro electoral.
Y le dieron una patada a la mesa: Venezuela atraviesa un momento crítico, atrapada en una crisis socioeconómica sin precedentes, un cóctel explosivo de tensiones, divisiones e institucionalidad en ruinas. En este ambiente, dos fuerzas juegan su partida –y despedida–: los que se niegan a soltar el botín electoral y quienes sueñan con embestir la transición democrática para racionar migajas. La democracia pende de un hilo, y el pueblo paga la factura. El destino está en peligro.
El socialismo castrista bolivariano del siglo XXI y la oposición decorativa son criticados por prácticas electorales irregulares, falta de transparencia, denuncias de fraude y corrupción compartida, erosionando la confianza ciudadana hasta la extenuación. Convirtieron las elecciones en un circo de malabares y trampas. Pero esta vez, lo insospechado, lo que nadie imaginó: la evidencia es tan grotesca que ni los arquitectos del fraude pueden esconderla sin sonrojarse.
Con la sutileza de un paquidermo en una cristalería, hacen alarde en su disposición de usar cualquier medio –lícito o no– para perpetuarse en el poder. Desde el atropello a la integridad electoral hasta la arbitraria persecución, desplegando tácticas prohibidas que obstaculizan el cambio anhelado. Quebrantando principios y valores democráticos que prolongan sufrimiento. ¿El resultado?: un país sumido en la miseria y la perpetuación de la congoja como política de Estado.
Los cleptómanos de la elección desempolvan el manual de fraudes: inhabilitación, registro electoral abultado, compra de votos, censura mediática y narrativa que se cae a pedazos ante la realidad. En este juego, no hay árbitro ni garantías, solo una farsa para legitimar lo ilegítimo.
Mientras tanto, forajidos del establishment opositor, con las mismas torpezas oficialistas, se aferran a la idea de controlar la transición sin aportar más que su historial de fracasos. Quieren asegurarse un lugar, sin más mérito que su capacidad para dilapidar oportunidades. Buscan imponerse, ignorando a quienes han ganado el reconocimiento ciudadano. Y más grave, promueven la división y desgaste, facilitando el trabajo de los que buscan eternizar el statu quo. No importa el pueblo, solo privilegios.
Afortunadamente, hay una resistencia mayoritaria imposible de ignorar. La convicción, el deseo de cambio y la necesidad de alternabilidad siguen firmes. Venezuela no es solo beligerancia entre mafias políticas. Es también el hogar de una sociedad que, pese a todo, lucha por una transición histórica y pacífica hacia la democracia. No es cuestión de ilusiones, sino de sobrevivencia.
Porque el papel de la diplomacia internacional sigue siendo ambiguo y burocrático. Rituales protocolares, condenas románticas, gestos simbólicos y discursos reciclados no bastan. Se requieren acciones más allá de la fotografía en cumbres y reuniones estériles. La presión debe ser efectiva para que ayude a allanar el camino hacia la reconciliación sosegada y a una reconstrucción programada.
Por otra parte, el destino de Venezuela depende de su capacidad para superar la polarización y construir un proyecto inclusivo de país libre y democrático. No basta con escoger entre fraude y usurpación de la transición. Hace falta justicia, no pactos de impunidad. Sin esto, el ciclo de terror, violencia y represión seguirá intacto.
La historia aún no está escrita, se traza día a día. Pero es indiscutible que la democracia no puede seguir siendo un espejismo. Venezuela merece sufragios dignos de acatamiento y reconocimiento, no simulacros. Depende de todos –sociedad, líderes y comunidad internacional– decidir si este será otro capítulo de desesperanza o el comienzo de una verdadera renovación en libertad y democracia.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
En El Mañanero del 6 de febrero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: El Foro Penal contabilizó 54 extranjeros permanecen como presos políticos en el país, el director de Provea, Óscar Murillo, afirmó que “La migración no ha parado porque la crisis estructural sigue” y Henrique Capriles indicó que “Con la abstención no se logra nada”, acerca de las elecciones convocadas por la administración de Nicolás Maduro.
“En general, ciertas condiciones para la designación de Venezuela al TPS en 2023 pueden continuar; sin embargo, hay mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos ciudadanos regresen de manera segura a su país de origen”, documento publicado en el Registro Federal este 5 de febrero sobre el TPS.
Este grupúsculo, ínfimo y marginal que conforma el famoso tren, raya, para decirlo en criollo, a todo un gentilicio que tiene que arrastrar con las consecuencias de su infamia
Cuando uno como aragüeño, aunque sea «reencauchao», escucha al presidente de la potencia más poderosa del planeta tierra nombrar con inocultable dejo gringo en la pronunciación al Trren de Arragua, le entra a uno un no sé qué, una mezcla rarísima de orgullo nacional con vergüenza patriótica. Que el nombre del terruño de uno ande en boca de los amos del planeta no deja de hacerle sentir a uno importante, pero que eso acontezca porque una banda de criminales etiquetados con ese nombre, que a lo mejor ni aragüeños son, tenga en vilo al imperio, es una afrenta sumamente desagradable.
Los compatriotas que han emigrado a otras latitudes –tanto como los que no– son, en su inmensísima mayoría, gente de bien y de trabajo. Este grupúsculo, ínfimo y marginal que conforma el famoso tren, raya, para decirlo en criollo, a todo un gentilicio que tiene que arrastrar con las consecuencias de su infamia. Cuando se emigra, una cuestión que hay que tener en cuenta es que cada ciudadano, fuera de su país, es como si fuese la representación de la nación entera ante los nacionales del país receptor: si algún error comete no le será atribuido solo a él, sino al gentilicio entero. Mas en estos tiempos en los que la xenofobia y el desprecio a la inmigración están tan de moda.
El Tren de Aragua tiene su sede inicial en la cárcel de Tocorón, un centro penitenciario ubicado en el sur del mencionado estado. Allí los delincuentes del «tren» transformaron la cárcel en una suerte de resort con discoteca, piscina, estadio de beisbol y hasta zoológico, con túneles para poder entrar y salir sin perturbar las actividades recreativas. Se dice que solo por el cobro de la «causa» a otros reos el «pran» podía «recaudar» hasta tres millones de dólares anuales.
Al parecer el nombre de la megabanda delictiva proviene, según se presume, de vínculos con obreros ferroviarios que laboraban en la construcción de las vías férreas que comunican el estado Aragua con su vecino de Carabobo. El tren de Aragua se volvió tan poderoso que no solo se convirtió en la banda criminal más prominente del país, sino que –luego de la intervención de su sede aragüeña– estableció operaciones en el resto del continente, convirtiéndose en la transnacional del delito de mayor figuración en varios países de Latinoamérica y también de los Estadios Unidos.
Estas «legiones del crimen», para usar la frase del himno del estado, constituyen un oprobio para un país de gente honesta y buena y sin duda una amenaza para la seguridad de un continente entero. Lo curioso, irónico, contradictorio, absurdo e incluso risible de toda esta trama en relación con la citada banda criminal es que en el estado Aragua, surcado de un extremo al otro por una extensa vía férrea, con túneles impresionantes y elevaciones de concreto armado para los raíles a lo largo de decenas de kilómetros, no se ha visto pasar un solo tren desde 1966, con la única excepción, obviamente, del susodicho.
Este miércoles, 5 de febrero, la ONG Foro Penal informó que en el país hay 54 extranjeros detenidos por motivos políticos, 35 de ellos con doble nacionalidad.
A través de su cuenta de X, la organización indicó que de los 54 extranjeros, cinco son colombianos, dos ecuatorianos, dos españoles y el resto de Italia, Alemania, Argentina, Guyana, República Checa, Países Bajos, Perú, Ucrania y Uruguay.
Del total de detenidos con doble nacionalidad, nueve son españoles, ocho italianos, ocho colombianos, tres portugueses, un argentino, un húngaro y un chileno.
El Foro Penal señaló que aún hay cinco estadounidenses detenidos, cuatro de ellos con doble nacionalidad, luego de la liberación de seis ciudadanos la semana pasada, quienes regresaron a Estados Unidos junto con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell.
Hasta el lunes, Foro Penal registraba 1.196 presos políticos, de ellos, cuatro son adolescentes entre 14 y 17 años, la mayoría arrestados tras las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
