El 12 de diciembre de 2024, un grupo de presos políticos recluidos en el centro penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, iniciaron una protesta dentro de las instalaciones. El primer día, desde el encierro de sus celdas, en condición de hacinamiento, los reclusos alzaron sus voces coreando consignas como “libertad” y “justicia”.
Sin embargo, al segundo día, el tono de la protesta cambió. Las palabras “libertad” y “justicia” fueron reemplazadas por “asesinos”, un grito desesperado que les costó una represalia aún más severa: un castigo colectivo que, al momento de redactar este texto, se acerca a los 85 días de duración. Familiares de los detenidos han denunciado que muchos de ellos fueron sometidos no solo a maltratos físicos, sino también a agresiones verbales y psicológicas.
Una fuente le comentó a RunRun.es que la huelga inició después de que los presos observaron que estaban maltratando a los detenidos extranjeros que estaban recluidos allí. Además de eso, estaban pidiendo el contacto con sus familiares, ya que les prohibieron enviar cartas o llamar. La indignación se propagó y comenzaron a gritar para que los dejaran “en paz”.
“Solo estaban pidiendo comunicarse con sus familiares, en virtud de esa situación, se generó la protesta. Estaban cansados de que sus peticiones no estaban siendo escuchadas”, añadió la fuente.
Tras estos hechos, familiares de más de 20 reclusos del Rodeo I se congregaron frente al centro de detención para exigir información sobre el estado de sus seres queridos.
Irene Olazo Mariné, esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, uno de los presos políticos recluidos en El Rodeo I, denunció en X a mediados del mes de diciembre que afuera del centro penitenciario se escuchaban “gritos desgarradores” de auxilio.
Estas palabras resonaron frente a las puertas del Rodeo I, un centro inaugurado en la década de los 80, que hoy es símbolo de un sistema carcelario cuestionado por sus condiciones y trato hacia los reclusos.
Las condiciones de reclusión del Rodeo I no solo son cuestionadas por los defensores de los derechos humanos. En un documento de la Organización de las Naciones Unidas, avalado por ocho instancias más, afirman que los reclusos deben hacer sus necesidades en el mismo lugar donde duermen:
“Las comidas serían suministradas dentro de las celdas de detención, donde las personas privadas de libertad también deben hacer sus necesidades fisiológicas en una letrina. Debido a dichas condiciones de detención, en Rodeo I se habrían reportado infecciones a la piel, deshidratación y diarrea aguda”, se lee en el documento.
En otro apartado, mencionan el hacinamiento y las restricciones alimentarias: “Además del aumento del hacinamiento en los centros de detención después de las elecciones, la situación de las personas privadas de libertad se habría agravado también debido a restricciones para las visitas de familiares, disminución de número de comidas proporcionadas al día”.
“¿Sin la denuncia, qué nos queda?”
Los familiares han recorrido diferentes instancias del Estado con la finalidad de encontrar ayuda o una respuesta.
“Nos dirigimos al Ministerio Público y entregamos una carta que aún no ha sido respondida. Fuimos a la Defensoría del Pueblo y rogamos por ayuda. Uno de los defensores nos afirmó que fue hasta el Rodeo I y le negaron la visita, nos dijo que no denunciáramos más, porque iba a ser peor. Quieren silenciarnos, pero, ¿sin la denuncia, qué nos queda?”, dijo a RunRunes otra fuente que prefirió resguardar su identidad.
Sumado a esto, las autoridades del centro de detención no proporcionan ningún tipo de información. La misma fuente indicó que un día tuvieron que entorpecer la entrada de otras personas hasta que el director “les diera la cara”.
“En medio de nuestra desesperación, un grupo de familiares nos paramos en la entrada del Rodeo. Dijimos que si nosotros no podíamos pasar, nadie más lo haría, así el director accedió a hablar con nosotros y nos contestó que ellos seguían castigados”, mencionó.
Ese breve encuentro sirvió para que pudieran entregarle la paquetería: medicinas y productos de aseo personal. A diferencia de otros centros penitenciarios, como Tocorón en Aragua y Tocuyito, en Carabobo, en el Rodeo I no permiten galletas, ni chocolate, ni agua. Solo medicinas.
Los familiares que tienen a alguien detenido dentro del Rodeo I no poseen ningún tipo de certeza de si comen y qué están comiendo. “Las veces que entramos, nos dimos cuenta de que están muy flacos”, resaltó la fuente.
El entrar a la cárcel puede parecer un auténtico cuento de terror. A los familiares les ponen una capucha de color negra, la cual no les permite ver el recorrido hasta llegar al lugar donde finalmente pueden encontrarse con sus familiares por un breve tiempo de tan solo 10 minutos.
Cuando están al frente, les quitan la capucha también a los detenidos. “La última vez que los vimos fue el 8 de diciembre. Yo vi animado a mi hermano, tenía mucha esperanza con respecto al 10 de enero, tenía la corazonada de que algo iba a pasar en el país y que los presos políticos podrían salir en libertad”, indicó la persona entrevistada.
Pero la fecha pasó sin grandes cambios y los detenidos en el Rodeo I no solo siguen tras las rejas, sino también aislados del mundo. No pueden hacer llamadas, ni escribir cartas, tampoco pueden ver a sus hijos, ya que no permiten el ingreso de menores de edad.
Dichas condiciones van en contra de lo establecido en las reglas mínimas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, conocidas también como las Reglas Nelson Mandela, a las cuales el Estado venezolano está adscrito.
Las reglas, que van desde la 36 a 39 y de la 42 a 53, hacen referencia especial a las sanciones de los reclusos, las cuales no deben equivaler a torturas y otros maltratos.
En específico, la 43 advierte: “Las sanciones disciplinarias a los reclusos no pueden ser iguales a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Están prohibidas las siguientes sanciones: aislamiento indefinido; aislamiento prolongado; encierro en una celda oscura o iluminada permanentemente; las penas corporales; la reducción de los alimentos o del agua potable”.
En el mismo apartado, apuntan: “En ningún caso se pueden usar métodos de fuerza física como sanción disciplinaria. La prohibición del contacto con la familia no puede ser una sanción disciplinaria. Se puede limitar el contacto con la familia por un tiempo limitado y solo para mantener la seguridad y el orden”.
El Estado no ofrece protección
Aunque las reglas están claras, el Estado no ofrece ningún tipo de protección a las personas privadas de libertad y el otro lado de la moneda no es menos duro: los detenidos no tienen derecho a un defensor de su confianza y algunos tienen sentencias que superan los 30 años.
Andreína Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel, afirmó –en una entrevista a RunRun.es, que su hermano está condenado a 30 años. Lo vincularon con la Operación Gedeón ocurrida en mayo de 2020.
Expresó que fue “víctima de un juicio amañado y con una sentencia de 30 años de cárcel” y están apelando dicha sentencia.
“Estamos apelando, porque es una infame condena. Estamos agotando todas las instancias, aunque sabemos que en Venezuela no hay Estado de derecho”.
Recientemente, su familia denunció que tampoco le aceptaron las medicinas que necesita. En X, antiguo Twitter, Baduel publicó un video afuera del Rodeo I: “Después de cuatro semanas, persiste la suspensión arbitraria e indefinida de visitas a mi hermano. A lo que hoy se le añade e incrementa la violación de derechos humanos porque, ni siquiera, la medicina me quieren recibir”.
Explicó que su hermano, debido a las torturas de las que fue víctima, quedó con una afección pulmonar crónica que lo convirtió en asmático. “Me enteré, a través de terceros, que mi hermano, siendo asmático, está esperando ese medicamento y hoy se niegan a recibirlo”, destacó.
Los familiares afirman que continuarán exigiendo justicia y el cese de las torturas. “Nunca eres feliz, de pronto te acuerdas de tu familiar y nunca olvidas que un día lo golpearon tan fuerte que cuando lograste verlo, después de 48 días, no podía ni siquiera girar la cabeza. A mi hermano lo colgaron y le pusieron una bolsa con Baygon (un insecticida en aerosol), ¿cómo puedes ser feliz sabiendo esto?”, sostuvo una persona que no quiso revelar su nombre.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
