Un grupo de presos políticos recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide inició una huelga de hambre en protesta por “las condiciones inhumanas y la grave vulneración de sus derechos” de acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
De acuerdo a la organización, en la protesta no participan todos los detenidos.
“Es un acto extremo de quienes siguen siendo víctimas de un patrón sistemático de maltrato y negligencia”.
Según la ONG que dirige la abogada Matha Tineo los presos políticos enfrentan abusos como traslados arbitrarios, suspensión de visitas familiares, requisas abusivas y retrasos procesales.
“A esto se suman condiciones de hacinamiento extremas, alimentos en mal estado e insuficientes y la humillación constante a los familiares, que intentan ejercer su derecho a brindar apoyo. La falta de atención médica oportuna y la tortura física y psicológica son unas constantes que afectan profundamente la salud y la dignidad de los detenidos”, alertó la ONG.
La organizacion exigió que se garantice la integridad física y psicológica de todos los presos del Helicoide y pidió a las autoridades poner fin a las que considera condiciones de tortura, maltrato y hacinamiento.
Por su parte, Voluntad Popular (VP) hizo un llamado a la comunidad internacional para velar por la integridad de los detenidos que protestan y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la vida de las personas que se encuentran detenidas en El Helicoide.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Ministerio Público (MP) excarceló a Carlos Eduardo Vallecillos Ramírez de 34 años de edad, el preso político que intentó ahorcarse la madrugada del pasado 8 de diciembre mientras permanecía recluido en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón).
“La tarde de este domingo #2Mar, Cristian Albornoz y Carlos Valecillos, dos jóvenes presos políticos en #Venezuela, fueron finalmente excarcelados tras haber estado detenidos desde las protestas poselectorales de 2024. Sus familiares informaron que, luego de constantes denuncias y una larga espera, ambos recibieron boleta de excarcelación”, publicó el la cuenta en X del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve).
El pasado 3 de diciembre, Vallecillos Ramírez entregó a su madre una carta de despedida en la que expresaba que ya no quería seguir viviendo, debido a que no soportaba estar en prisión siendo inocente.
La madrugada del 8 de diciembre, antes del amanecer, intentó quitarse la vida. Sus compañeros de celda no pudieron deterninaron cuánto tiempo llevaba colgado, pero lograron salvarlo.
Por su parte, Albornoz fue arrestado en julio de 2024 y de acuerdo a Clippve antes de su detención había sido diagnosticado con esquizofrenia y requería tratamiento psiquiátrico, pero en prisión no recibió los cuidados necesarios, lo que agravó su estado. Su familia denunció reiteradamente la negligencia médica y exigió su excarcelación por razones humanitarias.
“De acuerdo con familiares, al menos 300 presos políticos esperan su liberación en Tocorón”, reseño la organización en su publicación este 3 de marzo, día en el que el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab anunció la aplicación de 110 nuevas medidas en relación con los detenidos por las protestas poselectorales tras los comicios presidenciales del 28 de julio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, exigió este lunes en la ciudad suiza de Ginebra que el gobierno de Nicolas Maduro y la oposición de Venezuela entablen negociaciones políticas para llevar al país hacia una senda que sea viable en el futuro.
“Se necesitan urgentemente negociaciones políticas entre las distintas partes interesadas para acordar un camino viable hacia delante”, dijo Türk en la presentación del informe de su organismo sobre la situación de los derechos y libertades fundamentales en el mundo, pronunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Volker Türk dijo que es fundamental recuperar la confianza en el voto luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso diera como ganador a Maduro en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio sin hasta ahora mostrar datos desagregados ni actas
“Todos los procesos electorales que se realicen en Venezuela deben ser transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente acordes con las normas internacionales de derechos humanos”.
Türk igualmente insistió en la eventual liberación de todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente, tras indicar que ha tomado nota de las informaciones sobre la excarcelación de un millar de ciudadanos que habían sido arrestados tras los comicios del 28J.
Türk pidió igualmente una efectiva investigación de al menos 28 asesinatos durante las protestas tras las elecciones de julio.
“Ello incluye los casos de defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como trabajadores humanitarios”, indicó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Los “bullies” jamás se esperan ser “bullyados”. Ellos se sienten empoderados de agredir con alevosía, mala intención y molestar a otra persona, pero jamás, léase bien, JAMÁS, esperan ser ellos los “bullyados”. Sus agresiones son intencionadas: siempre buscan intimidar, humillar y dañar a sus víctimas, que, por lo general, son los más débiles, por alguna u otra razón. Sus acciones de hostigamiento nunca son eventos aislados, ocurren de manera repetida a lo largo del tiempo y eso, por desgracia, genera un efecto acumulativo en la o las víctimas. Cuando vemos los índices de suicidios en niños y adolescentes subir casi exponencialmente, se debe principalmente a que ahora, con las redes sociales, el “bullying” dura 24 horas al día.
Se puede “bullyar” de muchas maneras: en la escuela, en los grupos de deportes, o en cualquier otra actividad gregaria. También se puede “bullyar” a través del “humor”. Y pongo “humor” entre comillas, porque, al menos para mí, hacer Humor –mayúscula adrede– no es burla. Burlarse es una manera cruel y barata de hacer humor y quienes se ríen de esas burlas, tienen un problema emocional tanto como el humorista que se burla.
Me ha sorprendido la enorme cantidad de solidaridades automáticas que el humorista George Harris ha recibido de personas a quienes conozco y respeto. “Eres grande”. “Eres un caballero”. “Representas muy bien el gentilicio venezolano” fueron algunos de los epítetos con los que se refirieron a él. Honestamente, a mí ni me pareció ni grande, ni caballero y mucho menos siento que alguien como él me representa como venezolana.
Cuando ese señor accedió ir a Viña del Mar… ¿no averiguó que allá al público lo llaman el “Monstruo” y que el “bullying” va del público hacia el artista? Si el artista aguanta, entra al salón de la fama del festival. Me niego a creer que no sabía eso. Sin embargo, el señor Jorge Enrique González, alias George Harris, en vez de tomárselo con soda y usar su ingenio para replicar, no tardó en perder los estribos y responderles –a unas pocas personas que pertenecen a los grupos de “bullies” del “Monstruo”– de manera soez y personal. No me voy a molestar en repetir lo que dijo, porque está en todas las redes. Y lo del público no fue un acto de xenofobia. Se lo han hecho, a lo largo de los muchos años que lleva el festival, a una gran cantidad de artistas, incluyendo chilenos.
Lo siento, pero González (Harris) recibió como remedio su propia medicina y espero que le sirva de lección. Nunca me olvidaré de su burla hacia los autistas y de lo mal que le cayó el artículo que le escribí en aquella oportunidad. Simplemente, no le pareció que había ofendido a nadie. Ahhh… ¡Pero ahora el ofendido es él!
Solo espero que esta experiencia le sirva para darse cuenta de lo horrible que es ser “bullyado”. Y que, en vez de insultarme otra vez, se revise él y revise sus rutinas de humor, a ver si logra hacer reír sin hacer uso de las desgracias humanas. Que nunca es tarde para empezar a ser empático…
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Tras semanas de denuncias sobre su deteriorado estado de salud, el dirigente político del estado Trujillo y preso político, Reinaldo Araujo, murió después de ser ingresado al Hospital Pedro Emilio Carrillo de la entidad, donde falleció el 24 de febrero, detalló Moreno.
Es el sexto dirigente político fallecido en custodia del Estado Venezolano desde el 28 de julio y es parte de los 23 actores políticos muertos tras las rejas desde 2015 principalmente por ”torturas, tratos crueles e inhumanos y la falta de atención médica adecuada”, se lee en un recuento de casos elaborado por el medio El Nacional.
Araujo era dirigente de Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora María Corina Machado, en el municipio Valera, del estado andino de Trujillo. Fue capturado el 9 de enero, cuando se llevaron a cabo las manifestaciones convocadas por la oposición en rechazo a los resultados electorales transmitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 29 de julio, que anunciaron ganador a Nicolás Maduro, quien se juramentó al día siguiente.
“Hace cuatro días su esposa lo había logrado ver y se dio cuenta que no estaba bien. Él era obeso y sufría de hipertensión. Después de tantas solicitudes de atención médica, hoy se la otorgaron y falleció en el Hospital Pedro Emilio Carrillo (Valera). ¿Cuántos más tienen que morir?“, reclamó Moreno a través de una publicación de publicación de X.
Machado sostuvo que el “régimen lo asesinó”, y agregó: “Reinaldo era un hombre bueno, un esposo, hijo y padre amoroso, un amigo incondicional, un ciudadano ejemplar (…) Tenía serios problemas de salud, pero le negaron la asistencia médica. Hasta el día de hoy, cuando ya era demasiado tarde“.
Ni el primero ni el último
El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Orlando Moreno, manifestó que es el ”sexto” preso político que fallece en custodia del Estado venezolano tras su detención en después de los comicios presidenciales.
El pasado 8 de noviembre, murió el comerciante y opositor,Asdrubal Santana, en San Fernando de Apure, estado Apure. Fue detenido el 18 de septiembre y murió por un presunto infarto cuando fue traslado al ”seguro social del municipio Biruaca, donde posteriormente se notificó su deceso por un presunto infarto”, informó la plataforma Punto de Corte.
Días más tarde, 14 de noviembre, murió el miembro VV y testigo de mesa, Jesús Manuel Martínez – detenido el 29 de julio-, víctima de complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padecía y para la cual no recibió atención médica oportuna, denunció la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Casi un mes después, en la madrugada del 13 de diciembre, falleció Jesús Rafael Álvarez, de 44 años. Estaba preso en el Internado Judicial de Tocuyito del estado Carabobo. Había sido detenido junto a su esposa . Su hijo manifestó que su padre era una persona sana. “Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban”, lamentó.
El día 16, Osgual Alexander González, de 43 años, detenido el 1 de agosto, falleció en el mismo penal por una hepatitis, para la cual recibió atención médica tardía, denunciaron familiares.
Moreno agregó al conteo la muerte del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos, quien fue detenido por funcionarios del Estado – según testigos- el 23 de octubre y encontrado muerto el día 25. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, sostuvo que su fallecimiento se produjo por un accidente de tránsito.
Una miembro de la organización defensora de los derechos de los presos, Una ventana a la libertad (UVL), que solicitó resguardar su identidad, apuntó que para el Estado venezolano, estos sucesos no resultan importantes, a pesar de ser consecuencia directa de la grave situación en los penales, que a su vez representan violaciones a los derechos constitucionales. ”Si le es útil (al Estado), le es útil (…)”, lamentó.
Expresó que aunque estos eventos ocurren de manera ”goteada”, es decir, no se repiten todos los días, no le quita la relevancia.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró en 2023 el fallecimiento de 61 presos, así como tres huelgas de hambre, cuatro motines y 533 fugas. El 51% de muertes fueron por condiciones salud y el restante murió a consecuencias de hechos violentos.
Por otro lado, un informe de UVL contabilizó 17 muertes el mismo año por enfermedades en calabozos: seis por complicaciones respiratorias, cinco por tuberculosis, tres por desnutrición, dos por infarto y en una no se pudo obtener el certificado forense.
Una condena sin sentencia
Actualmente, en las cárceles y calabozos venezolanos se encuentran cientos de personas en delicado estado de salud debido a las condiciones infrahumanas de reclusión que excarcelados, familiares, actores políticos, activistas y ONG como UVL y el OVP denuncian desde hace años.
La gran cantidad de presos políticos recluidos en los centros desde el 28 de julio ha permitido que la problemática haya captado mucha más atención, según UVL.
Las reglas de Nelson Mandela, un conjunto de lineamientos conformados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establecen cómo deben tratarse a las personas privadas de su libertad, escriben en su primera regla que ”(..) Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario”.
Pero la realidad es que de ”52 cárceles en el país, solo 38 están operativas, y la población carcelaria es de 30.332 personas, con un hacinamiento crítico de 154%”, indicó Prado en una declaración para la Organización Mundial Contra la Tortura, publicada en diciembre de 2024.
Dicho hacinamiento y las condiciones insalubres de los penales venezolanos han desencadenado una crisis de salud pública. Enfermedades como tuberculosis, VIH, hepatitis, sarna y diarreas pueden ser comunes entre los reclusos, informó un estudio del OVP sobre los calabozos de Zona 7, ubicada en Miranda.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela documentó en su informe de octubre de 2024 que los mismos hechos se presentan en la prisión Rodeo I, a las afueras de Caracas, también en Miranda, mediante denuncias y entrevistas a familiares.
Y como en esos lugares, se plantean situaciones similares en el resto de centros de reclusión del país, según reportes.
Aunado a esto, la alimentación deficiente de los presos, a quienes se les entrega poca o nada de comida, y la que pueden recibir, en muchos casos está descompuesta o contaminada, como el agua que consumen. También se suman las limitaciones en la entrada de medicamentos a los penales.
La misma miembro de UVL señaló en entrevista con Runrun.es que las principales causas de muerte en penales son, precisamente, las enfermedades y desnutrición, ”acompañada, en muchísimos casos, de tuberculosis”.
Yorman David León, un joven de 28 años detenido el 29 de julio en Naguanagua, estado Carabobo, sufrió las consecuencias de estas condiciones tras ser liberado el 4 de enero bajo régimen de presentación cada 15 días, ya que murió el 4 de febrero por su grave estado de salud. León estuvo en la cárcel de Tocorón, en Aragua, donde salud se deterioró. Fue diagnosticado con dengue, presentaba obstrucción estomacal, hematomas y una fisura, posiblemente resultado de golpes y torturas, relataron familiares.
En cifras generales, de 2011 a 2024, el OVP registró el fallecimiento de 3.423 personas privadas de libertad, víctimas de hacinamiento, hambre, violencia y falta de atención médica.
A nivel internacional
El UVL mencionó otros países con gobiernos señalados por violaciones de DDHH, donde los presos políticos – y presos comunes- viven situaciones extremas en los centros de reclusión.
En Cuba, organizaciones de DDHH reportaron que al menos 95 personas murieron a causa de la violencia policial entre 2018 y 2023. “76 estaban bajo custodia estatal, 33 perdieron la vida debido a problemas de salud, 28 por suicidios o presuntos suicidios y 12 por huelga de hambre, golpizas o accidentes”, subrayó el medio internacional DW.
De 2022 a junio de 2024, una ONG publicó que en El Salvador, el número de muertes bajo custodia estatal llegó a 301.
En China, de 1999 a 2016, hubo más de 5800 casos, con muertes en custodia por suicidio, accidentes, homicidios, enfermedades cardiovasculares y ”causas no determinadas” y en Rusia se contabilizaron al menos 50 fallecimientos en centros de detención durante 2023.
La integrante de UVL sostuvo que es una ”política de Estado” para estos países y los sucesos no pueden clasificarse como ”hechos aislados”.
¿Existe posibilidad de justicia?
UVL indicó que los gobiernos responsables de estos sucesos tienen alta probabilidad de ser enjuiciados cuando ya no están en el poder.
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene potestad para hacerlo, porque los hechos comprenden una ”violación a los derechos fundamentales”, especialmente en el caso de presos políticos, quienes ”no han cometido ninguna falta”, están ”secuestrados” y no tienen acceso a la defensa privada. Pero es destacable que la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo.
Desde su entrada en funcionamiento en 2002 hasta 2022, se sometieron 31 causas a la CPI y emitieron 37 ordenes de detención. 21 personas fueron detenidas en centros de detención del organismo y han comparecido ante la Corte.
Uno de sus casos más relevantes fue el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, detenido de 2011 por crímenes de lesa humanidad y de guerra por la violencia postelectoral que hubo en dicho país entre 2010 y 2011. Fue el primer exjefe de Estado bajo custodia de la Corte, liberado y absuelto en 2019.
En diciembre de 2024, la PUD pidió a la CPI la investigación de las muertes de los presos políticos, como parte de sus tareas por documentar y evaluar la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En enero de este año, 52 organizaciones venezolanas en el exterior solicitaron al organismo un rápido juzgamiento de los crímenes, para los que más de 11.000 víctimas han presentado pruebas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Especial para Raya: Betsabé Molero, María Fernanda Padilla y Génesis Daniela Prada
Cuando Fabiana Pushaina volvió en sí después de desmayarse al parir, sintió que algo estaba mal. El llanto que llenaba la sala no era el de su bebé. Al girar la cabeza, vio a la doctora arrodillada en el suelo, rezando con desesperación a algún dios para que el pequeño diera señales de vida. Su bebé, con el rostro morado, apenas respiraba, luchando por quedarse en este mundo. “¡Despierta y respira, para que el bebé pueda respirar!”, le clamó una voz que retumbó en la sala. En ese instante, el grito de Jesús —como le llamaron al recién nacido convencidas de que su vida era una prueba de fe— se convirtió en un milagro.
A la una de la madrugada del 26 abril de 2020, Fabiana tuvo las primeras contracciones de su segundo parto. Como todas las mujeres wayuu, sabía que debía respirar y aguantar, aguantar hasta estar al borde de dar a luz para correr hacia el hospital. De lo contrario, podría enfrentarse a las trabas burocráticas que vivió con Julio Sebastián, su primer hijo, por ser una mujer migrante, según la considera el Estado colombiano.
Fabiana ingresó al Hospital San Agustín en el municipio Fonseca, en el departamento de La Guajira, a las cinco de la mañana de aquel abril. Tenía nueve centímetros de dilatación. No había tiempo de esperar una ambulancia para trasladarla a otro centro de salud, era una emergencia. Pujó con miedo, pues apenas había transcurrido un año y medio de la cesárea de su primogénito. Pujó hasta que salió su bebé, luego se desmayó.
Llegó a Colombia desde Venezuela en 2016 para trabajar como empleada doméstica. Fabiana y su familia, al igual que los 650 mil wayuu que habitan entre los dos países (380 mil en Colombia y 270 mil en Venezuela), se han movilizado y comunicado entre clanes de ambos lados de la frontera colombo-venezolana. No en vano, los indígenas wayuu se consideran un pueblo binacional, cuyo territorio ancestral trasciende los límites geopolíticos de los dos Estados, determinados de manera definitiva en 1941. Sin embargo, la situación era distinta cuando Fabiana cruzó a suelo colombiano, estaba migrando forzosamente dada la crisis multidimensional (social, económica y política) venezolana.
En la desértica península de La Guajira se encuentra la frontera norte entre Colombia y Venezuela. La línea limítrofe se extiende en medio de grandes dunas de arena y vastas playas, donde cinco siglos atrás la etnia Wayuu estableció su pueblo. Diseño: Camila Sastre
El nacimiento de Jesús en 2020 no fue el único parto hospitalario lleno de complicaciones en este punto fronterizo. En 2018, durante la víspera del alumbramiento de Julio Sebastián,Fabiana comenzó a expulsar líquido de su vientre. Por la falta de experiencia, no sabía qué hacer. Junto a su esposo esperaron para ver cómo avanzaba. Al día siguiente, el fluido se transformó en sangre, pero recordó la regla: debía soportar los dolores hasta que se intensificaran antes de ir al hospital. Cuando llegó al centro médico, estuvo tres horas en la sala de espera porque no tenía documentos para que la pudieran atender. Verificaron su registro de nacimiento, y solicitaron autorización para los procedimientos al gobernador indígena del resguardo wayuu Mayabangloma, donde reside.
“Me regañaron porque no estuve en controles médicos. Me dijeron que era culpa mía que mi bebé estuviera en problemas. Les expliqué que no tenía plata para pagar 50 mil o 60 mil pesos colombianos (11 y 13 dólares americanos) por día para que me atendieran”, recuerda. Después de los cuestionamientos, los médicos trasladaron a Fabiana al quirófano para practicarle una cesárea. Tras su nacimiento, Julio Sebastián fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Fabiana volvió a ver a su bebé hasta una semana más tarde, cuando al pequeño le dieron de alta. No podía amamantarlo porque al nacer la criatura no fue pegada a su pecho y, en consecuencia, la leche materna se había estancado en sus mamas. La angustia se apoderó de ella y con esta, apareció la depresión posparto.
“No quería hablar con nadie. No había quién me ayudara, y yo tenía la herida de esa cesárea. Pensaba que el culpable era el bebé, pero no era su culpa”, lamenta.
El parto del pequeño Fabián José (centro), de seis meses de edad, ocurrió libre de las violencias que atravesaron las llegadas de sus hermanos Jesús (izq) y Julio Sebastián (der), pero Fabiana (centro) parió a su tercer hijo aun indocumentada. Fotografía: Betsabé Molero
A pesar de los cierres suscitados en reiteradas ocasiones en el eje fronterizo colombo-venezolano, como el implementado tras la fractura del vínculo diplomático entre Colombia y Venezuela, las mujeres wayuu caminan su amplia nación ancestral de grandes dunas de arena, vastas playas y bosques secos tropicales. Dos razones motivan su movilidad en dirección a Colombia: trabajo y acceso a servicios. Hacen el viaje en motocicletas, autobuses, camiones o a pie, bajo el extenuante sol y los vientos más fuertes de la península.
El anterior es el método elegido por las indígenas de Venezuela para tener controles prenatales e ingresar a las salas de partos en Maicao, u otros municipios colombianos. Al producirse bloqueos en los pasos autorizados en las zonas limítrofes, se ven obligadas a atravesar cualquiera de las más de 200 trochas (caminos ilegales flanqueados por grupos criminales), detectadas entre el estado venezolano de Zulia y La Guajira.
La sociedad wayuu está distribuida en los municipios que rodean la frontera colombo-venezolana, organizada en clanes que administran las mujeres wayu. Diseño: Camila Sastre
Si bien pertenecen a un pueblo binacional, las wayuu han enfrentado distintos obstáculos para recibir atención en salud en este corredor fronterizo, en especial para tener partos respetados y asesorías de planificación familiar. Cuando las mujeres wayuu en Colombia ven llegar al hospital a una tawala (hermana wayuu en wayuunaiki) embarazada de Venezuela, no dudan en aconsejarle que debe esperar hasta que el bebé esté por nacer para evitar que retrasen su atención o le practiquen una cesárea.
El principal miedo alrededor de las cesáreas radica en que las heridas que quedan en los cuerpos de las indígenas wayuu al ser sometidas a partos quirúrgicos corren el riesgo de infectarse en medio de los trabajos de cuidado que realizan, o las mujeres intervenidas no saben tratar los cortes porque las cesáreas son ajenas a su medicina tradicional. Si la vida de las mujeres wayuu peligra, también peligra el destino de su pueblo: sobre ellas descansa la misión ancestral de asülüjaa (dar), es decir, de prolongar y transmitir la cultura. Por lo tanto, su bienestar es una promesa de supervivencia para su comunidad.
Siguiendo las simbologías de su pueblo, Annie Montero representa mediante líneas y espirales en su vientre la vida, la descendencia y la interconexión entre el pasado, el presente y el futuro. Fotografía: Betsabé Molero
—Jumüi tü wayuku tü ishaakaa jümaa tü e´iruku aa´inwaatasuupula jien tü astouutakaa jümawaii taii jiatü wayujierka ipoorka nojorüle saisha´ajaa jerrulüi jule tü seeseeta jununuwa mojusuu e´iruku tü jierka. (Para los wayuu, la carne y la sangre es muy importante porque es nuestro cuerpo donde está la vida, y dar vida lo hace la mujer. No es natural que deban quedar marcas y hacer daño a la carne) —explica sobre las cesáreas Mirian Jaraliyuu Uriana, partera wayuu.
Mirian es una de las pocas parteras wayuu en el resguardo Mayabangloma, ubicado cerca de Caicemapa, en el sur de La Guajira. La médica tradicional de 74 años atiende en su modesta casa de barro y heno, donde el techo de palma apenas ofrece consuelo ante el implacable calor de inicios de diciembre. Hasta su hogar viajan mujeres desde la Alta Guajira, inquietas por el índice creciente de cesáreas en indígenas wayuu que presentan complicaciones durante el parto o tienen la oportunidad de recibir medicina occidental.
La misma angustia sintió Luz Eliannys Fernández, quien estaba convencida hasta su última evaluación prenatal que tendría a su bebé por parto natural, porque el niño estaba en buena posición dentro del útero y el embarazo había evolucionado según lo esperado. El 15 de noviembre de 2024, cuando comenzaron las contracciones, la wayuu de 18 años cruzó la frontera desde la localidad Laguna del Pájaro en Paraguaipoa, en Venezuela, hasta Maicao, en Colombia. Un trayecto de 50 minutos aproximadamente. En el Hospital público San José de Maicao, le aseguraron que le harían una cesárea.
Las mujeres indígenas en Venezuela arriban a Paraguachón, al final de la Troncal del Caribe, para llegar tras una larga travesía hasta Maicao, allí inician en avanzado estado de gestación, incluso a punto de parir, el viacrucis a través de La Guajira colombiana. Diseño: Camila Sastre
“Nos dijeron que mi bebé se quedó sin líquido (amniótico) y que debía ser cesárea. Mi mamá les preguntó por qué, si en el otro hospital (en Venezuela) afirmaron que tendría parto normal, y entregó los papeles de los controles. Ellos los revisaron y le dijeron que, si me hacían parir, me podía morir. Entonces no comentamos nada más”, cuenta. “Me metieron a un cuarto y no vi a la niña cuando nació. Me la enseñaron dos días después”.
El equipo médico le explicó que no podía sacar a la bebé del centro de salud porque había nacido baja de peso y, posteriormente, una infección en la sangre le provocó fiebre. Por un mes, Luz Eliannys tuvo que caminar dos kilómetros desde su hospedaje en Maicao hasta el hospital para ver y amamantar a su hija, pese a la herida sin cicatrizar y el reposo posparto interrumpido. “Para mí la cesárea ha sido mucho gasto y va ser difícil para los oficios en la casa. Es mejor parir”, reflexiona.
Binacionales, pero sin nación ni salud
La identidad, la migración y el desamparo institucional del pueblo binacional Wayuu se entrelazan en las experiencias de Fabiana y Luz Eliannys para convertir el nacimiento de sus hijos en un calvario. Los wayuu permanecen estancados en un limbo legal, pues el documento de identidad venezolano (cédula) desconoce su pertenencia étnica, y Colombia los etiqueta de migrantes. La intermitencia de las relaciones diplomáticas entre los países vecinos, la crisis en Venezuela, y la transformación de Colombia en el principal país receptor de migrantes venezolanos ha agudizado la violencia en contra de esta comunidad indígena.
El Estado colombiano ha implementado una serie de mecanismos de protección migratoria exclusivos para venezolanos, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPV), creado en 2021, mediante el cual obtienen el Permiso de Protección Temporal (PPT). Con este documento de identificación, los ciudadanos de Venezuela legalizan su estatus migratorio, acceden a programas sociales y derechos, ingresan y salen de Colombia, y tienen un lapso de 10 años para adquirir una visa de residencia.
José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, asegura que, si bien estas medidas contribuyen al amparo de la población migrante y refugiada, al enfrentarse con las dinámicas cotidianas de quienes desenvuelven sus vidas entre fronteras, pierden alcance en términos de protección porque acogen a unos grupos, pero excluyen a otros, generalmente más vulnerables.
No existe una versión del manual del ETPV en idioma wayuunaiki, y este estatuto no posee un apartado que contemple las características específicas de los pueblos originarios establecidos en los ejes fronterizos; asimismo, el instrumento legal ignora las barreras idiomáticas, educativas y socioeconómicas que los indígenas pueden encontrar en sus intentos por tramitar el PPT. Por lo tanto, parte importante de la comunidad indígena wayuu “migrante” en Colombia está destinada a la irregularidad migratoria.
“El pueblo Wayuu en realidad necesita que los gobiernos de Venezuela y Colombia tengan voluntad política para diseñar e implementar una serie de acuerdos de carácter binacional, capaces de aliviar la crisis que viven los hermanos indígenas en la zona fronteriza, y garantizar el acceso a derechos fundamentales, siendo la vida, la salud y la legalidad los más álgidos”, sentencia González.
La falta de inclusión de los pueblos originarios en los proyectos de normalización migratoria ha derivado en su incapacidad de afiliarse a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. Aunque con el PPT las personas wayuu podrían acogerse a programas sociales, desconocen cómo funcionan; además, en caso de pretender vincularse a un plan, se encuentran con inconvenientes mayúsculos.
“Mujeres y hombres del pueblo wayuu acudieron al Comité después que las EPS los abordaron en Colombia para ofrecerles sus servicios; cuando les solicitaron un documento de identificación para inscribirse, tenían cédula colombiana y venezolana, pero en Colombia fueron registrados con un nombre, y en Venezuela con otro distinto”, explica Sailyn Fernández, comunicadora indígena y miembro del Comité de Derechos Humanos de La Guajira.
El fenómeno del doble registro civil es una de las consecuencias del vacío legal en el que flota la comunidad wayuu. Como Colombia es el destino final de los embarazos de las mujeres indígenas, las niñas y niños son presentados primero ante la registraduría colombiana y, al regresar a Venezuela, sus nacimientos son asentados por segunda ocasión, esta vez en registros civiles venezolanos.
Los pueblos binacionales poseen un doble vínculo jurídico y político con más de un país. En otras palabras, estas poblaciones deberían gozar de los derechos fundamentales de cada Estado y del reconocimiento de la ciudadanía. Debido al doble registro, las personas pueden ser consideradas apátridas, perder oportunidades laborales, y encontrar obstáculos en el acceso a salud y educación. El fin del problema parece lejano, dado que los efectos del doble registro sobre el sentido de pertenencia y la ciudadanía del pueblo Wayuu se transmiten por generaciones.
González afirma que “los wayuu no somos colombianos, ni somos venezolanos, ni somos migrantes. Somos una gran nación Wayuu. Nuestras vidas, nuestras familias pertenecen históricamente a toda esa franja fronteriza”.
Las viviendas de la comunidad wayuu se distribuyen en rancherías, conjuntos de casas rectangulares que comparten un mismo espacio, construidas con una mezcla de barro, heno o caña seca, como la casa de Mirian. Fotografía: Betsabé Molero
Embarazos y partos en desesperanza
Los sistemas de salud de Colombia y Venezuela, en particular en la región guajira, lidian con la falta de infraestructura y la escasez de personal capacitado. Las mujeres embarazadas del municipio venezolano de Paraguaipoa, una de las rutas centrales que conducen a la frontera internacional, deben gestionar el embarazo en un contexto singular: un especialista en gineco-obstetricia viaja al Hospital II Binacional Dr. José Leonardo Fernández una vez por mes, y lleva a cabo revisiones superficiales, pues en la entidad hospitalaria no practican ecografías. En muchos casos, las madres vuelven a sus hogares sin certezas sobre su propio bienestar, sin escuchar los latidos de sus bebés. De hecho, “cerca del 50 % de las mujeres en los poblados fronterizos no pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva”, expone la Red de Mujeres Constructoras de Paz.
En un hospital público en Venezuela el precio de una cesárea ronda los 228 dólares, aproximadamente 65 sueldos mínimos, alerta la red venezolana Médicos por la Salud en la Encuesta Nacional de Hospitales de 2024. Debido al desabastecimiento del sistema sanitario público del país, en las salas de maternidad las mujeres reciben una lista de más de 30 insumos para comprar. En Colombia, la Superintendencia de Salud ha encontrado irregularidades en dos centros médicos, que atienden a una amplia población wayuu. El Hospital San José de Maicao está bajo la intervención forzosa de la autoridad sanitaria a fin de corregir la administración financiera y la prestación del servicio. En el Hospital San Agustín de Fonseca, el Estado descubrió 56 inconsistencias, que evidencian la inestabilidad generalizada de la entidad, donde “no está garantizada la seguridad de las usuarias/os”.
En medio de la precarizada atención en salud, las mujeres wayuu en Colombia se enfrentan a una forma de vulneración que atraviesa sus cuerpos, pero aún no tiene traducción en su lengua: la violencia obstétrica. En la Sentencia T-576 de 2023, la Corte Constitucional colombiana señala que implica “todos los maltratos y abusos que padecen las mujeres durante la prestación de servicios de salud relacionados con el embarazo, parto y posparto”.
La negligencia médica, la represión de emociones y las amenazas o intimidaciones son las principales causas de esta expresión de la violencia basada en género contra las mujeres, reveló un estudio del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia (Mnssr). Entre 2022 y 2023, el 39,8 % de los partos fueron por cesárea. De ese porcentaje, el 33,1 % de las madres no recibió información ni dio consentimiento para que el procedimiento fuera practicado, agrega el informe.
Damaris Fernández, de 24 años de edad, quien salió de Venezuela en 2021 y reside en Fonseca, relata que fue a su último control al Hospital San Agustín, donde le aseguraron que su bebé tenía un latido anormal y que debían enviarla a otro centro de atención. Al llegar a la entidad hospitalaria de San Juan del Cesar, tras la revisión médica, le dijeron que estaba bien, pero no le permitieron regresar a su casa. Según el personal de salud, solo faltaban nueve días para el parto.
“Me colocaron una pastilla y ni siquiera me explicaron para qué era”, aclara. Más tarde, Damaris comprendería que el medicamento que le suministraron indujo y aceleró sus contracciones. En la sala de espera, su esposo recibió la noticia de que el parto fue natural porque el bebé estaba en la posición correcta. En realidad, a Damaris le efectuaron una cesárea. Entre el dolor y la confusión, recibió maltratos verbales: “Me dijeron que a las venezolanas les gusta parir mucho”.
Damaris tuvo su primera revisión prenatal hasta el quinto mes de gestación, durante las consultas médicas y el nacimiento de Jaiker Darían nunca le brindaron información en wayuunaiki. Fotografía: Betsabé Molero
Ni Fabiana, ni Luz Eliannys, ni Damaris sabían cómo identificar las conductas denigrantes propias de la violencia obstétrica. La medicalización sin consentimiento informado previo, junto a los señalamientos recibidos por Damaris y Luz Eliannys son violencia obstétrica; la culpabilización y el abandono experimentados por Fabiana en aquella sala de emergencias cuando se encontraba en labor de parto son también expresiones de la violencia obstétrica. Sus miedos, identidad, costumbres y creencias tampoco fueron tomados en cuenta.
La deshumanización de los alumbramientos guarda una relación directa con el desarrollo de la depresión posparto, señala un estudio del Instituto Tecnológico de Antioquía. De hecho, uno de los síntomas principales de este trastorno es la dificultad para vincularse con el bebé. La ausencia de comunicación efectiva del personal médico con Fabiana, al proporcionarle escasa información sobre el estado de salud de su pequeño, anuló la posibilidad de la mujer wayuu de tener el primer contacto piel a piel con el bebé, un momento decisivo para el inicio de la lactancia.
—Mojulawa si jo’ uuchonkai mapa mochoojoo’u nos napaii si jichirraka jaukai. Mapa ainkaa ayuije aapuuwa cáncer junai jichirraka jaukai aneichi mulojouchii aütüma jüchirra niakai jüpala karchiwai. (Eso es malo, porque después el bebé la desconoce y no quiere recibir la teta. Entonces puede causar enfermedad en los senos de la mamá y el bebé no se cría. Debe ser criado con la leche de su mamá para que crezca con fuerza y rápido) —afirma Mirian.
La relevancia de las palabras de la partera wayuu se refleja en la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional de Colombia ordenó medidas para proteger la infancia wayuu, y prevenir las muertes de niños y niñas por malnutrición. Tan solo entre enero y noviembre de 2024, 31 infantes murieron en La Guajira. El máximo tribunal reconoce que la desnutrición materna y la falta de acceso a servicios de salud adecuados afectan directamente el bienestar de las madres y, por ende, el de sus hijos.
Mujeres binacionales, pedagogía y partería
Para la activista del Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayuu, Adriana Pushaina, cualquier cambio en la prestación del cuidado sanitario para madres será insuficiente si la discriminación histórica de las indígenas continua, por su género e identidad, y en el caso de las mujeres wayuu de Venezuela por ser consideradas migrantes. El reconocimiento de la binacionalidad y el acceso efectivo a servicios de salud con enfoque intercultural son requisitos claves para garantizar que mujeres, niñas y adolescentes del pueblo Wayuu ejerzan sus derechos plenamente. La articulación de ambos factores es condición sustancial en la prevención de la violencia obstétrica.
Los partos humanizados, dignos y respetados son un derecho de todas las mujeres, y dependen del acceso a educación en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero “el orden patriarcal, las leyes jurídicas propias y el abandono institucional en el que deben sobrevivir las mujeres wayuu, anula sus posibilidades de tener autonomía sobre sus propios cuerpos”, argumenta Adriana. Debido a la carga cultural, y el descuido gubernamental, el uso de anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia son derechos prohibidos para una parte significativa de las mujeres de esta comunidad indígena: “obligándolas a hacerlo en clandestinidad”.
Los esfuerzos dedicados a la construcción de un futuro justo para el pueblo Wayuu en la frontera entre Colombia y Venezuela exigen también que los procedimientos legales, administrativos y sanitarios, que lo permitan, valoren su idioma mediante la integración de intérpretes en las oficinas de gestión correspondientes, y la disposición de información en lengua wayuunaiki. Del mismo modo, las políticas públicas que acompañen tal propósito, deben considerar su nivel educativo, en muchas ocasiones limitado por el contexto de exclusión y marginación. Así los Estados atenderán sus necesidades y respetarán su autonomía y tradición.
La organización social wayuu es matrilineal, la herencia y el poder se transmiten a través de las mujeres: Annie, con cuatro meses de embarazo, transferirá a su hija la cultura del pueblo Wayuu, tal como lo han hecho sus tawalayuu y antepasadas. Fotografía: Betsabé Molero
Annie Montero, de 25 años, procedente de Maracaibo, capital del estado Zulia, es un ejemplo del impacto diferenciado que el acceso a procesos de regularización migratoria puede tener en la población. Después de la vinculación laboral de su mamá con una entidad de salud en La Guajira, Annie obtuvo información para recibir el servicio. “Al principio no entendía el proceso, pero mi mamá me ayudó a conseguir el PPT, el Sisbén y la EPS. Cuando estaba embarazada (de su primer hijo) en Valledupar, me buscaban en casa, me llevaban al hospital y me regresaban”, detalla.
De acuerdo con Mirian, la partera es una figura trascendental en los alumbramientos hospitalarios, su acompañamiento representa una lección de sabiduría ancestral sobre los embarazos y nacimientos. “Una mujer embarazada también puede cuidarse a ella misma. Cuando está con la barriga, debe sobarse, pero siempre es bueno tener ayuda porque puede pasar que se muera el bebé”, afirma. No obstante, el desinterés de las nuevas generaciones y la no remuneración de la partería amenazan la permanencia de esta práctica médica tradicional. “Estos conocimientos se van a perder y nadie les dará valor hasta que ya no existan más. Eso me causa rabia porque quisiera ser recordada por esta gran labor”.
La suerte del pueblo Wayuu está íntimamente enlazada con la protección de sus mujeres. Ante las violencias y el olvido, cada parto es un riesgo, y cada nueva vida un milagro de resistencia. Sin políticas destinadas a su resguardo, sus cuerpos resultan territorios de lucha y dolor. Mientras tanto, las mujeres wayuu siguen caminando entre fronteras para no dejar morir la cultura de su pueblo.
Carta desde La Guajira para las tawalayuu (hermanas) del mundo
Este trabajo es resultado del programa de formación y becas “Narrar Fronteras”, impulsado por la Red de Periodistas Venezolanas
En Venezuela los docentes requieren 35.9 salarios promedio para poder cubrir la canasta alimentaria familiar, de acuerdo con el reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Este reporte de la organización tiene como objetivo investigar, analizar, documentar y comunicar sobre temas de interés social, económico y laboral del entorno nacional venezolano al servicio del magisterio y de los trabajadores en general.
Según la publicación de Cendas-FVM, al mes de enero de 2025 el costo de la canasta se ubicaba en 476,82 dólares mensuales y, para ese momento, el salario promedio de un docente era de 798 bolívares, unos 13,30 dólares aproximadamente.
De acuerdo con estos datos, el salario promedio de un docente solo permite cubrir el 2,8% de la canasta alimentaria familiar y queda un déficit de su poder adquisitivo del 97,2%.
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó que en enero de 2025 la inflación en Venezuela alcanzó 7,9%. La cifra se tradujo en una inflación interanual de 91,3% a nivel nacional, “lo que refleja la persistente alza de precios que experimenta la economía venezolana”.
De acuerdo con el OVF, la cifra de inflación mensual correspondió con la del aumento del precio del dólar durante enero, el cual alcanzó 7%, “situación que refleja el nivel de dolarización en la formación de los precios de los bienes y servicios”.
Las cifras de enero, que tradicionalmente son bajas, “ponen de manifiesto que la inflación está tomando nuevos impulsos de la mano de la depreciación de la moneda al abandonarse en septiembre de 2024 el régimen de tipo de cambio cuasi fijo y adoptarse uno de mini devaluaciones”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos organizó un recorrido por distintas instituciones del Estado, para presentar distintas exigencias. De lunes a viernes, La Hora de Venezuela acompañó a familiares y amigos de quienes están en prisión por motivos políticos en su búsqueda de justicia. El resultado es este diario.
Día 1
Lunes 24 de febrero
Palacio de Justicia de Caracas
—Mi esposo estaba en la Escuela Campo de Carabobo el domingo 28 de julio, esperando que entraran los testigos de mesa, cuando unos hombres lo obligaron a subirse en una camioneta gris. Era la 1:00 de la tarde. Se lo llevaron. Después, lo acusaron de trancar la autopista Valencia-Campo de Carabobo, pero él ya estaba detenido cuando eso ocurrió. Fui a la policía municipal, me dijeron que no estaba ahí. Después fui a una sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el organismo que lo detuvo, pero no me permitieron verlo. Ya eran las 8:00 de la noche.
Esta mañana, muy cerca del Palacio de Justicia, Marianela cuenta su historia. O más bien la historia de cómo su esposo, Exar Castillo, se convirtió en una de las 1 mil 848 personas detenidas tras las elecciones presidenciales de aquel domingo. Es uno de los 1 mil 61 presos políticos verificados por la organización Foro Penal en el país para el 17 de febrero de 2025.
—Lo presentaron ante un tribunal de Caracas mediante una audiencia telemática. Lo acusaron de instigación al odio, terrorismo, obstrucción de las vías públicas y resistencia a la autoridad. Teníamos abogados que introdujeron un recurso de habeas corpus (usado para constatar las condiciones de una persona detenida), pero fue rechazado.
Marianela salió casi de madrugada de su casa. Viajó dos horas desde Valencia, estado Carabobo, en el centro occidente del país, hasta el centro de Caracas, para participar en esta actividad: es la primera de cinco paradas de la “Ruta por la justicia y la libertad de todos los presos políticos de Venezuela”, que ha organizado el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos.
Son las 10:00 de la mañana.
“¡Justicia, justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Todos son inocentes, ninguno delincuente!”, gritan unos 40 familiares, activistas e integrantes del Comité. Sostienen una pancarta larga que reza en letras mayúsculas: “Liberen a todos los presos políticos”.
Alzan carteles y muestran sus franelas con fotos de sus familiares presos. La mayoría son mujeres: madres, hermanas, esposas, primas. Cuando alguna ofrece una declaración a los periodistas que han llegado a cubrir la actividad, estiran más los brazos: se aseguran de que se puedan ver bien los retratos. Que aparezcan. Que no queden ocultos. De eso se trata esto.
“¿Falta alguien por firmar?”, pregunta una señora mientras suenan consignas. Una de las mujeres se apoya en el hombro de otra y deja su rúbrica en un documento. Se trata de una comunicación, firmada por 77 familiares, en la que solicitan a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas la libertad plena de los presos políticos y excarcelados; que reciban los recursos de habeas corpus en todos los tribunales del país; que respeten el derecho de los acusados a designar un abogado de confianza; que respeten el debido proceso; que garanticen el artículo 44 de la Constitución que establece que ninguna persona puede ser detenida sin una orden judicial a menos que sea sorprendida in fraganti; que cesen las desapariciones forzadas.
Acompañada por otras personas que luchan por la libertad de sus familiares, Marianela se siente motivada a perseverar:
—Estamos aquí por el mismo objetivo, uno siente el acompañamiento y eso motiva a luchar por la libertad de nuestros familiares.
Son mujeres. Casi siempre quienes persiguen la justicia para los suyos son mujeres. Pero también hay hombres: algunos padres, amigos, hermanos. Ahí están, faltando pocos minutos para las 10:00 de la mañana, frente a la Defensa Pública, a un costado de ese bulevar arbolado del centro de Caracas que conduce hacia el Panteón Nacional. Se saludan con un abrazo, se sonríen entre sí. En el suelo, frente al edificio, estiran la pancarta larga que también agitaron ayer y sacan las fotos de sus familiares presos.
En esta oportunidad, consignarán una comunicación dirigida al defensor público para exigir tutela judicial efectiva, respeto a la presunción de inocencia y libre elección de abogados de confianza. También que los excarcelados con régimen de presentación periódica puedan presentarse ante tribunales de estados de residencia, y no tengan que trasladarse hasta Caracas. Muchos de los que salen de los penales no tienen cómo viajar hasta la capital a presentarse y, si incumplen esta medida, pueden volver a ser detenidos.
Algunas personas que bajan por el bulevar voltean, miran sus carteles mientras caminan y siguen. Una señora se detiene y los observa: “Que Dios los ayude”, dice. A unos metros, Editson Quintero también observa. Se acerca con cierta timidez. Es hijo de Mayra Castro, coordinadora de Primero Justicia en Cúa, estado Miranda, quien fue arrestada el 2 de agosto de 2024.
—Tenemos que seguir adelante, trabajar para poder llevar el sustento a casa. Mi mamá estaba a cargo de mis sobrinos, de quienes ahora tiene que hacerse cargo otra persona a la que también le cambió la vida. Mi mamá trabajaba día a día, y ha sido cuesta arriba buscar entre todos para poder apoyarla y atenderla.
Cuando tiene un tiempo libre, Editson trata de sumarse a las actividades del Comité. Está convencido de que tienen que apoyarse entre todos, ser empáticos y solidarios ante la situación que viven. Y dice que sabe que la lucha no es solo por ellos, sino por los que ya no están.
De hecho, ayer se enteraron que Reinaldo Araujo murió bajo custodia del Estado. Reinaldo era dirigente del partido Vente Venezuela en Valera, estado Trujillo y lo detuvieron el 9 de enero. El 21 de febrero, su esposa había solicitado que se le diera asistencia médica para atender complicaciones de salud debido a que padecía de obesidad e hipertensión.
No la escucharon.
Familiares, amigos y activistas hacen un minuto de silencio para recordarlo a él y a los presos políticos fallecidos bajo arresto. El vocero del grupo los nombra: Osgual González, Jesús Rafael Álvarez, Jesús Martínez.
Solo se escucha la brisa rozando las hojas de los árboles.
Algunos bajan la mirada.
Otros ven hacia el frente.
Todos muestran la foto del familiar que quieren ver libre.
Y entonces vuelve el clamor a todo pulmón: “¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar!”.
Después el clamor se condensa en el susurro de una oración.
Un Padrenuestro.
Un Ave María.
Es cerca del mediodía.
En el suelo, con tiza, escriben los nombres de sus familiares.
Por ellos seguirán avanzando en esta ruta que es, más bien, un viacrucis.
La avenida Urdaneta de Caracas es ruidosa. En medio del estruendo que generan los motores y las cornetas de los carros que pasan por la calle, las consignas del Comité de Familiares y Amigos por la Liberación de los Presos Políticos hacen eco entre las columnas de la entrada del Centro Financiero Latino, donde está la sede de la Defensoría del Pueblo.
“¡Ni terroristas ni delincuentes! ¡Nuestros muchachos son inocentes!”.
Primero solo gritan unas cinco o seis personas. Luego, más se van sumando hasta convertirse en un coro robusto que suena homogéneo: una sola voz, un mismo anhelo.
El objetivo de esta parada es exigirle al defensor del pueblo de Venezuela que se garanticen los derechos humanos de las personas detenidas por motivos políticos, que puedan recibir visitas periódicas de sus familiares, que puedan comunicarse con ellos y recibir información sobre su paradero y estado de salud.
Mientras reúnen las firmas para la comunicación que entregarán, conversan, van de un lado, se preguntan cómo están. Se nota que han fraguado una amistad, que se han hecho cercanos.
Hacia la acera, otro grupo de madres, allegados y activistas se mantiene mostrando pancartas y las fotos de sus familiares. Desde las ventanas de los autobuses que pasan por la vía, algunos pasajeros los observan, y siguen.
De pie, Wendy Clemente, extiende un cartel de papel con el nombre de su hijo: “Libertad para Wilmer Villaruel”.
—Mi hijo es un muchacho universitario, trabajador. El 30 de julio se lo llevaron. Él estaba arreglando su moto con un compañero y pasó la guardia y se lo llevaron. Lo golpearon.
Cuenta que Wilmer es de Cagua, una pequeña ciudad del estado Aragua, tiene 21 años y es el mayor de cuatro hermanos. Wendy lo visita cada 15 días en el penal de Tocorón. Solo le permiten llevarle una barra de chocolate, un paquete de galletas y una vianda de comida que el muchacho debe comerse durante el encuentro.
—Cuando lo visito no sé qué decirle, porque nadie nos dice nada, si va a salir, si no va a salir. Solo me dicen que tenga paciencia, que siga esperando. ¿Hasta cuándo tenemos paciencia? ¿Hasta cuándo seguimos esperando?
En esas visitas conoció a otras madres en la misma situación que ella, y le hablaron sobre el Comité. Por eso vino hoy.
Acaban de recibirles el documento: les dijeron que aún no saben cuándo podrán responder a sus exigencias, pues la Defensoría del Pueblo está de aniversario y luego vendrá el asueto de Carnaval.
Bajo la sombra del edificio del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en la urbanización El Rosal del este de Caracas, arman una celda de cartón: una suerte de maqueta en la que van pegando los retratos de sus seres queridos en prisión.
Junto a las fotos se lee: “Queremos verlos y abrazarlos”. “Es fundamental para la salud mental y emocional poder estar cerca de nuestros familiares”. “Libertad a los presos políticos”.
Ese anhelo se repite una y otra vez por cuarto día consecutivo. Lo repite cada uno de ellos desde que se llevaron a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos.
Alrededor, a través del megáfono, se escucha la grabación de la exigencia que harán ante ese organismo: condiciones de reclusión dignas para todos los presos políticos; que les permitan las visitas, que tengan alimentación adecuada y acceso a atención médica oportuna; y que se conforme una mesa de diálogo entre el Comité y esa institución para lograr la liberación de todas las personas presas por motivos políticos.
Una comisión de mujeres entra al edificio para entregar la comunicación. Afuera, las consignas siguen sonando hasta que, transcurridos 20 minutos, ellas regresan. Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, dirigente opositor detenido el 30 de julio de 2024 en Caracas, es la vocera.
—Más que una respuesta, recibimos un discurso político —cuenta—. Que debemos agradecerles que han sido liberados cerca de 2 mil detenidos políticos y que, según ellos, trabajan arduamente en la revisión para lograr la libertad de todos los inocentes. Que el Estado venezolano es garante de todos los derechos fundamentales de nuestros detenidos. Yo no puedo apoyar eso porque yo estoy siendo víctima de la violación de los derechos de mi esposo y de nosotros como familiares.
Desde que Superlano fue detenido, a Aurora no se le ha permitido visitarlo ni hablar con él. Afuera del ministerio penitenciario, quienes la rodean aprietan los labios, mueven la cabeza de un lado a otro. La respuesta del ministerio no es cónsona con lo que llevan padeciendo y denunciando siete meses.
A finales de enero de 2025, el Ministerio Público informó que sumaban 1 mil 896 excarcelaciones vinculadas a las manifestaciones postelectorales. Para Diego Casanova, integrante fundador del Comité (y quien tuvo a su hermano tras las rejas hasta que fue liberado con medidas cautelares hace varias semanas), eso es prueba de que esas personas que habían sido detenidas son inocentes, y está convencido de seguir luchando por quienes siguen tras las rejas.
Diego ve las caras de sus compañeros, sabe que necesitan mantener el ánimo para seguir adelante. Agarra el megáfono:
—¡Vamos a seguir exigiendo y reclamando, porque somos la única voz que nuestros familiares tienen aquí afuera! Seguiremos hasta tener a nuestros familiares en casa, con nosotros.
Desde las cuatro esquinas de la plaza Parque Carabobo, en el centro de Caracas, va llegando la procesión a la última estación de la ruta: el Ministerio Público, justo frente a la plaza.
En realidad, no es la primera vez que vienen. Otras siete veces —desde julio de 2024— se han acercado a este lugar para exigir la libertad plena de su gente.
Un grupo llena globos blancos con helio. Algunos escriben en las planillas que consignarán hoy. En la acera, frente al ministerio, otros ubican carteles con mensajes, las fotos de sus familiares y la gran pancarta que han desplegado en este recorrido que arrancó el lunes.
El sol atraviesa las copas de los árboles e ilumina las caras de quienes han venido hoy y sostienen decenas de globos blancos en los que escribieron los nombres de las personas que quieren ver libres.
Andreína Baduel, integrante del Comité, toma el megáfono.
—Parte de las represalias a quienes nos atrevemos a alzar la voz es aislar e incomunicar a nuestros familiares —dice.
Pide, en nombre del Comité, que se procesen las investigaciones por los tratos crueles e inhumanos, por los fallecidos bajo custodia del Estado. Habla de su padre, el general Raúl Isaías Baduel, quien en 2021 falleció privado de libertad. Habla de su hermano, Josnars Baduel, detenido en mayo de 2020, recluido en el Rodeo I, a quien no le permiten visitar desde hace un mes ni entregarle comida ni medicinas.
De pronto alguien del grupo entona el himno nacional. Se suma una voz, y otra, y otra, y en unos segundos todos están cantando: “Gloria al bravo pueblo”. La primera estrofa, el coro.
Al terminar, vuelve el leitmotiv: “¡Libertad, libertad, libertad!”.
Dan media vuelta, cruzan la avenida hasta el Ministerio Público.
“¡Ni terroristas ni delincuentes! ¡Nuestros muchachos son inocentes”, “¡Todos son inocentes, ninguno delincuente!”, “¡Justicia, justicia! ¡Justicia y libertad!”.
En la entrada del edificio, alzan sus brazos y sueltan los globos blancos al aire.
Se elevan, pasan junto a los cristales ahumados de la torre del ministerio, y luego siguen con el viento en el cielo luminoso hacia el oeste.
“¡Libertad, libertad, libertad!”.
Aunque la ruta ha terminado, ese grito parece seguir resonando.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
