El consultor José Ignacio Hernández no descubrió el agua tibia en La Conversa de este martes 11 de marzo, pero ratificó una teoría que aterra a todos los venezolanos: con la revocación de la licencia de Chevron el país será más pobre.
El programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y TalCual llevó como título en esta ocasión ¿Qué pasará después de la salida de Chevron? y contó con la participación del también profesor universitario, además de los directores de EP, César Batiz y de TC, Víctor Amaya.
Hernández indicó en La Conversa que con la salida de la empresa estadounidense, además de un menor ingreso fiscal y un impacto negativo en la economía, se espera una caída de la producción petrolera de entre 60 y 120 000 barriles diarios.
“Esto era una crónica de una revocatoria anunciada y a mi juicio responde a tres factores: deshacer todo lo que hizo el gobierno de Joe Biden, presiones en la política interna estadounidense tanto de republicanos como de demócratas y percepción de que Nicolás Maduro no iba a cumplir con los acuerdos de repatriación de vuelos de venezolanos”.
El experto sostuvo en La Conversa que el impacto en el bolsillo de los venezolanos dependerá de la capacidad de maniobra del régimen madurista para sortear la crisis.
“Venezuela debería estar lejos de un escenario como el de 2017. Maduro aprendió a darle vuelta a las sanciones, algo parecido a lo que hizo Irán, el impacto pudiera ser menor, lo cierto es que esto sí va a tener un efecto en el petróleo venezolano”.
Hernández sostuvo que se construyó una narrativa de que si Chevron se quedaba, Venezuela iba a andar de maravilla.
“Eso no es creíble. Las sanciones no son culpables de la debacle en Venezuela, esto obedece a un compendio de cosas como la ausencia de Estado de Derecho, de un marco jurídico y de confianza por parte de los inversionistas. Aquí pueden reformar la Constitución y cambiar la Ley de Hidrocarburos. El problema es que con Maduro no hay garantía de estabilidad política. El gobierno venezolano no sabe crear ni cuidar riquezas”.
Amaya recordó que desde la aparición de las sanciones generales ha habido un debate de si son efectivas o no y ahora condena legal para aquellos que las pidan. Hernández negó haber solicitado sanciones o estar a favor de estas.
“No he pedido ni que las pongan ni que las quiten. Pueden revisar todas mis declaraciones y escritos. No estoy en la posición de pedirle nada al presidente Donald Trump. Por el contrario, lo que he visto es que son más los llamados para que se quede la licencia 41. Es sabido que desde 2019 cuando empezó esta política, las sanciones no han llevado a un cambio en Venezuela por diversas circunstancias”.
El consultor expuso que incluso con una hipotética reanudación de la licencia 41 a Chevron no existe garantía de que ese dinero beneficie a los venezolanos.
“El asunto es que con Chevron no ha existido transparencia alguna, ha trabajado en un marco de confidencialidad, a tal punto que había un debate de cuánto recibe el gobierno de Maduro. Lo que sabemos es que cerca de un cuarto de la producción petrolera ha estado en manos de China y Rusia”.
Batiz informó que en el seno de Chevron existe una tesis de que el mercado energético de Venezuela le pertenece a China, evidente y notoria competencia comercial de Estados Unidos.
¿Una licencia individual?
Hernández no descartó que Chevron pueda solicitar una licencia individual.
“Hasta ahora no ha habido licencias individuales para otras empresas mixtas. Existe la licencia 8 que autoriza a contratistas. Hay cartas de conformidad emitidas por el Departamento de Estado que por ejemplo permite operar al sector gasífero”, dijo en La Conversa.
El consultor aseveró que esta revocación es mucho más restrictiva que la de 2019.
“Porque en ese entonces se emitió la licencia 8 que permitía operar de alguna forma. Todo parece indicar que esto es el principio de la revocación de todas las licencias que quedan con el gobierno estadounidense”.
El experto teme que con esta medida de la administración de Trump, la producción y exploración en la nación quede en manos del mercado negro.
Hernández asomó en La Conversa que podrían incluso venir sanciones al sistema financiero privado, tal y como amenazó Trump al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a raíz del impasse con los ciudadanos deportados desde Estados Unidos.
“Con la designación del Tren de Aragua como organización criminal trasnacional, los bancos están sometidos a una revisión de financiamiento al terrorismo y cada cuenta relacionada con Venezuela podría entrar en un proceso de profundo escrutinio”, acotó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
