Excarcelación inmediata pidió la ONG Súmate para su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez.
A más de 200 días de su detención, la organización no gubernamental exigió al Ejecutivo la libertad plena de Sánchez, quien fue acusada de cometer cinco delitos, entre ellos terrorismo y traición a la patria.
“Nélida Sánchez sigue sin tener acceso a su expediente y no le han permitido ejercer la defensa por sus abogados de confianza”, expuso la ONG en una publicación en la red social X.
La hija de la activista expuso que Sánchez ha sido sometida a un proceso completamente ilegal y sin respeto al debido proceso.
Agregó que la detención de Sánchez se hizo sin orden judicial y pese a la inexistencia de una investigación en su contra.
“El proceso judicial contra Sánchez está viciado de nulidad absoluta, debido a que un tribunal admitió cinco cargos promovidos por la Fiscalía y ordenó su enjuiciamiento con base en pruebas forjadas en el acta policial del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)”, expuso Súmate en un comunicado.
Sánchez fue capturada luego de la crisis política que se desató a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro sin que hasta ahora mostrase resultados desagregados del proceso.
Luego de los comicios, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha alertado ante la comunidad internacional un incremento sustancial de persecución y represión a la disidencia política por parte del chavismo.
Por considerar que se encuentra en “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, apenas en septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
No han pasado tres meses desde que se juramentó como presidente de los Estados Unidos y Donald Trump no ha parado de usar el bolígrafo para firmar órdenes ejecutivas, decretos y todo lo que se le ocurra.
Su incontinencia mediática este miércoles 2 de abril lo condujo a decretar la imposición de aranceles en teoría recíprocos contra una decena de países.
Emulando a regímenes autoritarios que suelen ponerle nombre a fechas y enunciados importantes. Trumpdescribió a este 2 de abril como el “Dia de la Liberación”.
El republicano, quien estuvo acompañado por miembros de su gabinete durante el anuncio, sostuvo que los aranceles son una respuesta a los impuestos directos e indirectos que otras naciones aplican a productos de los Estados Unidos.
“Nos cobran, les cobramos. ¿Cómo puede alguien molestarse?. Es nuestra declaración de independencia económica”, indicó.
Trump no incluyó a México ni a Canadá en la lista arancelaria, principales socios comerciales de Estados Unidos, pero tampoco a Cuba, Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte, países sobre los que pesan sanciones comerciales.
China fue una de las naciones más castigadas con 34%, al igual que otras economías asiáticas como Vietnam (46%), Taiwán (32%), Sri Lanka (44%),, Japón (24%), India (26%), Corea del Sur (25%), Tailandia (36%), Camboya (49%) y Bangladesh (37%). A la Unión Europea le impuso un 20%.
En Latinoamérica todos recibieron el arancel mínimo estipulado por Trump: 10%, a excepción de Venezuela y Nicaragua que quedaron con 15%y 18%, respectivamente.
Según informó la Casa Blanca, Estados Unidos registró un déficit comercial de 918 mil millones de dólares en 2024, un 17% más que el año previo.
“Es una emergencia nacional que amenaza nuestra seguridad y forma de vida”, dijo Trump.
Para Trump el petróleo es lo medular en Venezuela
A juicio del asesor financiero, José Gonzáles, las tarifas per se no producen gran efecto para Venezuela. “Salvo por el hecho de provocar temores recesivos e inflacionarios a raíz del efecto tarifario global. Además el anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de liberar 2,5 millones de barriles por día está afectado las cotizaciones del crudo, reduciendo el ingreso para Venezuela”.
Gonzáles expuso que la fijación de aranceles para Venezuela “se da por el petróleo en la medida que la relación comercial con los Estados Unidos es marginal en otros rubros. Lo clave para Venezuela es la licencia de Chevron y las tarifas secundarias a quien compre petróleo venezolano”.
Por su parte, el enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone, indicó a las agencias internacionales que Latinoamérica fue el ganador luego de la imposición de aranceles.
“Los países asiáticos tienen un triple, cuádruple, quíntuple de lo que tiene las Américas, así que al fin y al cabo quienes salieron ganadores fueron los países de Latinoamérica”, consideró.
Mientras que Nicolás Maduro dijo este jueves que evaluará los aranceles de Trump y que el país enfrentará “las perturbaciones que hay en el mundopara superarlas con producción, productividad y articulación perfecta”.
Otras reacciones
“Acaba de lanzar una bomba nuclear sobre el sistema comercial global”, dijo el execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, Ken Roggoff.
“Esto es un punto de inflexión, no solo para la economía estadounidense, sino para la economía mundial. Muchos países probablemente terminarán en recesión”, sostuvo Olu Sonola, director de Investigación Económica de Estados Unidos.
“China insta a EE.UU. a cancelar de inmediato las medidas arancelarias unilaterales y a resolver adecuadamente las diferencias con sus socios comerciales mediante un diálogo equitativo”, publicó el Ministerio de Comercio de China en un comunicado.
“Seamos claros sobre las enormes consecuencias: la economía mundial sufrirá enormemente, la incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo”, indicó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
“Haremos todo lo posible para trabajar en un acuerdo con Estados Unidos, con el objetivo de evitar una guerra comercial que inevitablemente debilitaría a occidente en favor de otros actores globales”, aseveró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
“El presidente Trump se refirió a aranceles recíprocos; un arancel recíproco sería cero, no del 10%, son totalmente injustificados”, dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese.
“Los pedidos caerán, los precios subirán y, como resultado, la demanda económica mundial se debilitará”, puntualizó la Confederación de la Industria Británica.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, núcleo Portuguesa, lo arrestaron el 20 de marzo en el poblado de Apartaderos, entre los estados Cojedes y Portugues, indicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). El motivo fue la publicación de denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro en sus redes sociales, por lo que el Estado venezolano lo acusó de instigación al odio.
La organización precisó que el 26 de marzo Alvarado fue presentado ante tribunales de control del Circuito Judicial Penal de Acarigua, Portuguesa, y fue imputado por el mencionado delito. El joven permanece recluido en el calabozo del Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de la Guardia Nacional “La Cascada”.
ElInstituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela, rechazó las acusaciones contra Alvarado, e instó a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad e integridad y el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, del joven. Así mismo, exhortó a los cuerpos de seguridad a cesar las acciones intimidatorias con los trabajadores de la prensa.
Alvarado es la vigésimo séptima detención dentro del gremio periodístico, y su caso forma parte de los 281 arrestos de actores políticos, periodistas y activistas de derechos humanos (DDHH) contabilizados desde los comicios presidenciales del 28 de julio de 2025, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció como ganador de la contienda a Nicolás Maduro sobre Edmundo González Urrutia, lo que desató una serie de protestas que fueron castigadas con represión gubernamental.
De los 281, 248 pertenecen al grupo de dirigentes y activistas políticos, 26 son periodistas y siete son defensores de DDHH. Gran parte de las detenciones se efectuaron sin órdenes de captura ni causas explícitas. Algunas víctimas fueron abordadas en las calles o sacadas de sus hogares por funcionarios del Estado sin orden de allanamiento.
Este total, a su vez, pertenece a un universo de más de 2.000 personas que han sido arrestadas por razones políticas desde el 28J.
En la mira gubernamental
La coordinadora en el municipio Caroní, estado Bolívar, del partido opositor Vente Venezuela, Leomary Espina, fue detenida arbitrariamente por funcionarios del régimen en una alcabala (punto de control policial) en la localidad de Cúpira, Miranda, cuando regresaba de la capital del país, Caracas, el 21 de febrero, reportó la Comité de DDHH de Vente.
🚨#Atención Leomary Espina coordinadora de Organización de Vente Venezuela en el Municipio Caroni, estado Bolívar fue detenida arbitrariamente por funcionarios del régimen en una Alcabala en Cupira, cuando regresaba de la ciudad de Caracas.
Días más tarde, el dirigente político del partido opositor Voluntad Popular, Manuel Mora, fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la población fronteriza El Amparo del estado Apure, el 27 de febrero, cuando salía de una misa en conmemoración de los dos años del asesinato de su hijo a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según informó en sus redes sociales el politólogo y fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, Nicmer Evans. Sus familiares aún no han podido verlo.
Vente Venezuela, partido de la líder opositora María Corina Machado, ha sido el más afectado de todos, con 78 arrestos, seguido de Primero Justicia con 35, Voluntad Popular con 24 y Un Nuevo Tiempo con ocho detenciones.
De este grupo, solo 67 han sido liberados, lo que representa 27% del total de los privados de libertad.
El gobierno ha tachado a varios de estos detenidos como terroristas. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz , Diosdado Cabello, señaló con ese término a uno de los detenidos en febrero, el ex concejal y dirigente de Voluntad Popular, Luis Somaza, quien fue secuestrado el 12 de febrero ”del lugar donde se encontraba resguardado por la persecución del régimen” en el municipio Baruta del estado Miranda, según el relato de su hermana, Valeria Somaza.
El caso italiano
De los 26 periodistas, 18 fueron excarcelados en el transcurso de los meses. Aún mantienen tras las rejas a Rory Branker, Julio Balza, Leandro Palmar, Salvador Cubillán, Victor Ugar, José Camero y Roland Carreño, detenidos después de las elecciones.
En el caso de los activistas, cuatro se mantienen detenidos: el abogado del Foro Penal, Kennedy Tejera; el defensor de los DDHH de los pueblos indígenas, Henry Gómez; la Coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de Súmate, Nélida Sánchez, y el italiano cooperante en la organización Humanity and Inclusion, Alberto Trentini.
El italiano fue presuntamente arrestado el 15 de noviembre en el país y su situación estuvo desconocida por dos meses. Los parientes del cooperante urgieron al gobierno italiano a ”llevar a cabo todos los esfuerzos diplomáticos posibles y necesarios” para dialogar con las autoridades venezolanas y permitir la liberación y regreso a Italia de Trentini.
Presuntamente, se encuentra aislado en una celda de 2×2 metros en la cárcel Cárcel de El Rodeo, en Miranda, acusado de conspiración contra el gobierno de Maduro.
#AlbertoTrentini è rinchiuso in isolamento in una cella 2×2 m nel carcere El Rodeo I, a 30 km da Caracas, con l’accusa di aver cospirato contro Maduro. La mamma sottolinea che la PdC Meloni non le ha ancora risposto e che non ha mai pronunciato il nome di Alberto pubblicamente. pic.twitter.com/Lw4TckLrw2
— SabrinaPillot🇮🇹🇪🇺🌈 #facciamorete #Resistenza (@sabripillot) April 2, 2025
El 7 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del italiano.
Muertes en custodia y salud al límite
Hasta la fecha, seis presos políticos han muerto en custodia del Estado por razones de salud y falta de atención médica, ya que de acuerdo con las denuncias excarcelados, familiares, dirigentes, activistas y ONG defensoras de derechos humanos, los reclusos viven en condiciones infrahumanas de hacinamiento, insalubridad y alimentación deficiente en los penales venezolanos.
La organización venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió se atienda la salud de presos que tienen enfermedades crónicas y otras patologías como los opositores Américo de Grazia y Carlos Chancellor, ambos dirigentes guayaneses, Perkins Rocha, abogado y vocero de campaña de Machado, y Juan Iriarte, activista de Vente.
”El derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido por instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso a servicios médicos a todas las personas, especialmente a aquellos que se encuentran privados de libertad”, apuntó JEP.
Denuncia internacional
Un balance publicado por la organización Foro Penal reportó un balance de 901 presos políticos para el 27 de marzo, de los cuales 88 son mujeres, 167 militares y cinco son menores de edad. Desconocen el paradero de 59 personas, agregó la ONG.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 24/03/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 901* Desde la semana pasada
En su actualización del 18 de marzo, la Misión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela denunció que el gobierno ”sigue llevando a cabo acciones constitutivas del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, cometidas en relación con el delito de encarcelamiento o privación grave de libertad física y otros delitos”.
La Misión solicitó al Consejo de DDHH de la ONU que instara al Estado venezolano a liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, y les proporcionara atención médica adecuada y oportuna mientras estén detenidas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En El Mañanero del miércoles 4 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de Venezuela: el director de Ecoanalítica dijo que la materialización de las amenazas de Donald Trump con el cese definitivo de las operaciones de Chevron y el cobro de aranceles a países que comercialicen con petróleo venezolano podrían traducirse en restricciones de reservas de la moneda estadounidense empobrecimiento dramático de la población y contracción del PIB.
🇺🇸🇻🇪 | Enviado especial de EE.UU. para América Latina sobre sanciones a Venezuela: “A lo grande o nada… El objetivo es lograrlo.”pic.twitter.com/3hzS4tonbi
“El BCV puede emitir dinero por órdenes del Ejecutivo, porque este no tiene autonomía, sucede lo que en economía llamanos enseñorear. El gobierno puede crear un gasto público deficitario financiado por el BCV. Eso por supuesto se traduce en una presión alcista de los precios en el mercado”, advirtió pedro palma, economista.
En nuestro informe semanal, “Efectos colaterales del arancel impuesto a compradores del petróleo venezolano”, analizamos las consecuencias de esta medida, no solo para Venezuela sino también para las compañías petroleras, los países castigados. Examinamos cómo estas medidas pueden favorecer las importaciones de crudo venezolano por parte de Estados Unidos y el potencial monopolio que a la larga de Chevron puede ejercer en la exportación y venta del petróleo venezolano.
El análisis lo hacemos en tres secciones principales. La primera sección se centra en los efectos no deseados del arancel impuesto a los compradores de petróleo venezolano. Se destaca cómo esta medida, impulsada por figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, complica la exportación de petróleo venezolano hacia otros países y fortalece el control de Estados Unidos sobre estas exportaciones. Se plantea la paradoja de que, mientras se busca presionar al régimen de Maduro, se termina favoreciendo los intereses de Chevron y asegurando el suministro de crudos venezolanos a Estados Unidos.
En el informe también abordamos las implicaciones geopolíticas de esta medida. Se cuestiona si el arancel es un instrumento de política comercial o de política exterior, y cómo afecta las relaciones de Estados Unidos con otros países. Se analiza el caso de China e India, economías que podrían reducir sus compras de petróleo venezolano para evitar ser penalizadas con aranceles a sus exportaciones hacia Estados Unidos. Se subraya el riesgo de que estas medidas alejen a Venezuela de Occidente y la acerquen a adversarios geopolíticos como China, Rusia e Irán.
La segunda sección del informe se centra en los perjudicados por las sanciones económicas contra Venezuela. Se describen las consecuencias negativas de estas sanciones, tales como: como la caída del ingreso en divisas, el alza del dólar, el aumento de la inflación y la reducción del flujo de remesas. Se argumenta que esta estrategia de máxima presión no ha logrado el objetivo de forzar un cambio político en Venezuela, sino que han profundizado la crisis económica y social y han fortalecido la influencia de China e Irán en el país.
Debido al agravamiento de la crisis económica y social, se cuestiona la efectividad de las sanciones como herramienta de presión política. La opinión pública venezolana rechaza mayoritariamente estas medidas, debido a su impacto negativo en la actividad económica, el empleo, los precios y la calidad de vida. Se cuestiona la narrativa de que la población apoya las sanciones y se denuncia la manipulación de la opinión pública en este tema.
La tercera sección del informe analiza la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y el papel de figuras clave como Trump y Rubio. Se observa un cambio en la estrategia, con una línea más dura impulsada por Rubio que amenaza con perjudicar los propios intereses de Estados Unidos. Se advierte sobre los riesgos para la seguridad energética y fronteriza de Estados Unidos, así como para las relaciones diplomáticas con Venezuela.
Finalmente, en el informe exploramos el margen de maniobra que todavía existe para impulsar un acuerdo viable y conveniente para ambas naciones. Se proponen medidas como mantener las licencias petroleras, acelerar la repatriación de migrantes venezolanos, reformar el marco legal para permitir una mayor participación privada en la industria petrolera y mejorar las condiciones electorales en Venezuela. Ante la amenaza de un conflicto bélico entre Israel e Irán que interrumpa los corredores de petróleo en el Medio Oriente, se destaca la importancia de estos acuerdos para asegurar una fuente estable y segura de petróleo para Estados Unidos.
En resumen, en este nuevo informe semanal ofrecemos un análisis crítico y profundo de los efectos colaterales de los aranceles impuestos a los compradores de petróleo venezolano. Demostramos la efectividad de la fracasada estrategia de máxima presión y advertimos sobre las consecuencias negativas para Venezuela y Estados Unidos, y proponemos alternativas para una política exterior más constructiva y beneficiosa para ambas naciones.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) anunció el miércoles, 2 de abril, que cumplirá con la orden emitida el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, lo cual aplaza la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela bajo la designación de 2023.
De acuerdo con un comunicado de Uscis, el Sistema de Verificación de Elegibilidad de Salvaguardas (SAVE, por sus siglas en inglés) seguirá las disposiciones del Aviso del Registro Federal del 17 de enero de 2025, que extiende la designación de TPS para Venezuela desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
El pasado lunes 31 de marzo, el juez federal estadounidense Edward Chen, de San Francisco, suspendió la decisión de eliminar la extensión del TPS, la cual había sido tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“Esta extensión incluye la validez automática de los documentos de autorización de empleo (EAD) con las categorías A12 o C19 y fechas de vencimiento del 10 de septiembre de 2025, 2 de abril de 2025, 10 de marzo de 2024 o 9 de septiembre de 2022, ahora válidos hasta el 2 de abril de 2026, mientras continúan los litigios”, expresó el comunicado de Uscis.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos explicó que las agencias que aceptan los EAD deben considerar válidos aquellos que han sido extendidos automáticamente. Esta extensión permanecerá vigente hasta el 2 de abril de 2026 o hasta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) obtenga una resolución judicial que permita finalizar el TPS para Venezuela, lo que ocurra primero. “Se recomienda a los beneficiarios consultar regularmente la página web de TPS de Uscis para actualizaciones”, agregó.
Con respecto a las personas con solicitudes de TPS aprobadas o pendientes, Uscis detalló que “pueden calificar para ciertos beneficios públicos, así como licencias de conducir y tarjetas de identificación REAL ID, hasta que el DHS reciba una resolución judicial que le permita proceder con la terminación del TPS para Venezuela”.
“Al solicitar beneficios gubernamentales a nivel federal, estatal o local, los solicitantes deberán presentar un documento que pruebe que han solicitado o son beneficiarios del TPS para Venezuela. Entre los documentos aceptables se incluyen un EAD con categoría A12 o C19 o una copia del Formulario I-797, Notificación de Acción, para un Formulario I-821 vigente, correspondiente a la solicitud de TPS”, añadió el comunicado.
Finalmente, Uscis señaló que el sistema SAVE podrá verificar el estatus de TPS de un individuo o su solicitud pendiente, así como su autorización de empleo, utilizando la información contenida en los documentos mencionados. En algunos casos, las agencias encargadas de otorgar beneficios pueden requerir verificaciones adicionales.
A escasos días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador, el mandatario de ese país, Daniel Noboa, volvió a vincular a la candidata correista, Luisa González, con el gobierno venezolano.
“Ecuador no puede volver al pasado y traer de vuelta las malas mañas de la política antigua, ni tampoco las malas costumbres de dictaduras como la de Maduro, o de regímenes autocráticos como Irán o Siria, que son apoyados por la otra candidata”, dijo Noboa durante un meeting en el interior del país.
Noboano reconoció la supuesta victoria de Maduro en los comicios del pasado 28 de julio y en su lugar avaló a EdmundoGonzálezUrrutia, a quien recibió con honores en Quito en enero de este año.
El régimen madurista rompió relaciones con Ecuador en abril de 2024, luego de que la policía de esa nación irrumpiera en la embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente, Jorge Glas.
“Hay que parar el financiamiento a los regímenes dictatoriales. Nosotros siempre respetaremos la democracia y siempre lucharemos por la justicia. Las acciones que nosotros tomemos en estos días y en estos meses son las que van a determinar. No solo dar declaraciones o condenar o firmar cartas, sino que uno tiene que actuar de una manera decisiva y fuerte”, precisó Noboa en ese momento.
En un debate pasado, González dijo que de ganar reconocerá la administración de Maduro y buscará métodos para expulsar de Ecuador a los migrantes “irregulares” que supuestamente dejó entrar Noboa durante su gestión, empleando mecanismos similares a los de Estados Unidos.
El pasado 16 de marzo un avión con 238 venezolanos deportados por Estados Unidos, supuestamente pertenecientes al Tren de Aragua, aterrizó en El Salvador, horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno del presidente Donald Trump no hacerlo.
Organizaciones protectoras de derechos humanos condenaron la medida del mandatario republicano y dijeron que el proceso se hizo sin respetar el debido proceso.
Pese al vacío legal, trascendió el pasado lunes 31 de marzo que Trump volvió a enviar desde Estados Unidos a 17 personas a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Según el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, entre los deportados hay miembros del Tren de Aragua y el MS-13, aunque no aportó pruebas.
“Nosotros vamos por la libertad, el apoyo a la juventud y a las mujeres como un factor determinante de la sociedad ecuatoriana, y el apoyo a todas las personas que quieren hacer las cosas bien, que quieren un país de paz y con futuro”, dijo Noboa, candidato y líder del partido Acción Democrática Nacional (ADN).
Cerca de 14 millones de ecuatorianos se preparan para acudir a las urnas el venidero domingo 13 de abril para decidir si reeligen a Noboa para un mandato de cuatro años más o si convierten a González en la primera mujer en la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Nada se puede predecir en economía y de acuerdo con Pedro Palma, director de Ecoanalítica, el ritmo de esta Venezuela durante los próximos días dependerá de las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia arancelaria y de sanciones y las reacciones del gobierno de Nicolás Maduro.
Lo que sí tiene claro el economista es que la tendencia del dólar, que en su versión oficial se ubicó este miércoles 2 de abril en 70 bolívares, es a seguir subiendo.
“Eso puede traducirse en un repunte inflacionario importante, cuyo porcentaje puede alcanzar los 200 puntos para finales de este año, reducción en la capacidad de compra de la población, contracción del Producto Interno Bruto (PIB) y por supuesto recesión económica”, dijo el profesor emérito del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en La Conversa, el programa semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo.
La edición de este martes 1 de abril llevó por título “Sin licencias petroleras y el dólar sube y baja ¿Qué viene para Venezuela?” yestuvo conducida por Luis Blanco, director de Runrunes; Víctor Amaya, director de TalCual y César Batiz, director de El Pitazo.
Palma expuso que el eventual cumplimiento de todas las amenazas del mandatario estadounidense pudiese causar en Venezuela una restricción de reservas de la moneda estadounidense.
“Las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela están en lo mínimo, por el orden de los 1.000 millones de dólares”.
El experto sentenció que de octubre de 2024 al presente, el dólar oficial ha experimentado un salto considerable.
“De 36 a 70 bolívares, un diferencial de 45%. ¿Y qué sucede cuando aumenta la brecha entre la moneda oficial y la paralela? Eso trae impactos inflacionarios severos y los que más van a sufrir son los venezolanos de menos ingresos”.
El economista expresó que con el alza del dólar las posibilidades de que el gobierno aumente el salario mínimo, jubilaciones y pensiones se reducen en una forma sustancial. Informó que entre 2014 y 2021 el PIB se contrajo en un 75%.
“Eso significó un empobrecimiento dramático del venezolano, sin embargo en 2022 hubo un crecimiento de 4 o 5%, pero en 2023 se paralizó y en 2024, si hubo crecimiento fue marginal”, acotó.
El economista expuso que desde 2023, la administración madurista ha aplicado políticas antiinflacionarias basadas en el anclaje del tipo de cambio a tasa del BCV y control del gasto público.
“Cuando se toman esas medidas sin reservas internacionales y sin acceso a un mercado financiero foráneo es algo que prácticamente está condenado al fracaso, tarde o temprano esto iba a reventar y eso es lo que ha estado pasando desde octubre del año pasado”.
El experto indicó que pese a que el BCV coincidencialmente no publica tasas de inflación desde octubre de 2024, el aumento de estas ha oscilado entre 9 y 10% desde noviembre del año pasado.
“Esto se hizo más crítico después que Trump comenzó con las amenazas con Chevron”.
Amaya recordó que la vicepresidenta de la República y también ministra de Petróleo, Delcy Rodriguez dijo que el gobierno estaba preparado para superar el temporal económico y Blanco agregó que Maduro pretende atacar la inflación con las mismas políticas fracasadas del pasado como control fiscal y de precios.
“Estamos muy lejos de estar fortalecidos para aguantar el chaparrón. El gobierno tiene instrumentos muy escasos para enfrentar la crisis”.
A la par, Palma advirtió que si el gobierno se queda sin recursos, siempre tiene a su alcance una fuente de financiamiento que es ilimitada: el BCV.
“El BCV puede emitir dinero por órdenes del Ejecutivo, porque este no tiene autonomía, sucede lo que en economía llamanos enseñorear. El gobierno puede crear un gasto público deficitario financiado por el BCV. Eso por supuesto se traduce en una presión alcista de los precios en el mercado”, advirtió-
Peor que en años pasados
Palma aseguró que estas nuevas sanciones provenientes de Estados Unidos con amenazas de castigar con aranceles a quienes comercialicen con el petróleo venezolano son peores que las del pasado: “Porque ahora no se puede negociar con el crudo venezolano”.
Advirtió que la crisis de 2016 tuvo que ver con el control de cambio desproporcionado.
“Eso trajo como consecuencia una caída de la producción y un desmantelamiento a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la producción ya venía declinando sus volúmenes desde 2014. Las sanciones de 2017 y 2019 agravaron la situación, pero no produjeron la crisis. Hay que recordar que las sanciones no tumban gobiernos y muchas administraciones se agarran de estas para eximirse de culpas”.
El economista manifestó que pese a que Chevron anunció que extendía sus operaciones en Venezuela hasta el 27 de mayo, se presume que la empresa petrolera está de salida.
“Y no solamente puede ser esa sino las restantes, como Repsol, se anunció que cualquier país que compre petróleo venezolano iba a ser penalizado con 25% de aranceles a todas las exportaciones”, precisó.
Batiz indicó que el jamón serrano corre el riesgo de no llegar a Estados Unidos si España compra petróleo a Venezuela.
Palma aseguró que Pdvsa no tiene la capacidad hoy en día de explotar los yacimientos de petróleo porque está desmantelada.
“Si Venezuela explota y comercializa su propio petróleo sin ayuda de nadie tendría que dar descuentos elevados e igual los países que lo compren, corren el riesgo de ser penalizados. La situación es crítica y la perspectiva no pinta nada bien”.
Puede florecer un mini mercado
Pese a los pronósticos catastróficos, Palma mencionó que estudios indican que en tiempos de hecatombe económica puede florecer un mercado minoritario masivo.
“La gente consume poco, pero con frecuencia. Por ejemplo, no compra un litro de shampoo sino que un sobre, tres cigarros en vez de una caja, es un mercado que posee una dinámica cotidiana tremenda, entonces las empresas que fabrican ese tipo de mercancía deben modificar sus productos, reducir los costos, bajar el precio del producto al mínimo nivel y tener mecanismos de distribución eficientes”.
El economista igualmente aseveró que la noticia del bloqueo judicial parcial a la medida de Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a los venezolanos en Estados Unidos es una especie de brisa en medio del calor intenso.
“Porque las remesas juegan un papel importante en la economía venezolana, se calcula que por ese concepto entran al país 2.400 millones de dólares al año”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
