Lindomar Jesús Amaro Bustamante, el joven que falleció en la cárcel de Tocorón, era uno de los venezolanos a los que se “les condenó sin una investigación exhaustiva previa”. Así lo dijo el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Yul Jabour.
Según la versión del Comité por la Libertad de los Presos Políticos(Clippve), Amaro se suicidó en su celda de la cárcel aragüeña.
El PCV denunció que Amaro murió “bajo custodia del Estado”.
“Es uno de esos venezolanos que fueron detenidos y que, a priori, se condenaron por parte de voceros del alto Gobierno y de la Fiscalía General de la República”, dijo Jabour.
El dirigente añadió que Amaro fue una de las miles de personas que fueron detenidas por el mero hecho de protestar y a las que “se les señaló y se les condenó sin una investigación exhaustiva previa”.
El vocero del PCV denunció que el régimen chavista viola la Carta Magna y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
“Muchos de ellos siguen presos, siguen privados de libertad y los que han sido liberados, han sido liberados de manera condicional, bajo régimen de presentación, sin derecho a la protesta, sin derecho a declaraciones. Estas acciones son violatorias de los derechos políticos establecidos en la Constitución”, manifestó.
Jabour sostuvo que manifestar pacíficamente y expresarse son derechos consagrados en la Constitución y contemplados en cualquier sistema democratico.
“Decir lo que se piensa son derechos que han conquistado los venezolanos a lo largo de décadas de luchas, los cuales hoy se ven mermados por las acciones del Estado”, agregó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Votar o no votar, he ahí el dilema”, parece ser la encrucijada de los venezolanos frente a las elecciones regionales y legislativas del venidero 25 de mayo luego de la experiencia de los comicios presidenciales de finales de julio del año pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) decretó como ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora ofrecer resultados desagregados.
A propósito de esta incertidumbre, el título de La Conversade la Alianza Rebelde Investiga (ARI) fue Votar en mayo ¿Peor es nada? y contó con la participación de la profesora universitaria y analista, Colette Capriles, además de Luis Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.
A juicio de Capriles, cada elección es diferente y por lo tanto el voto posee una eficacia distinta.
“El voto puede ser una voz, aunque no se escuche, puede servir para expresar la voluntad, tiene varios niveles de eficacia, la eficacia de esta del 25M no es la misma que la del 28J”.
Para Capriles, las condiciones del proceso de este 25M son las peores que hayan existido en los últimos años.
“No conocemos el cronograma ni qué pasó con el Registro Electoral, hay un atrincheramiento por parte del gobierno que no había existido antes, están dejando unas rendijas muy estrechas. Mi opinión es que hay que rebobinar la estrategia y avanzar en lo que se pueda, llenar los espacios, no se pueden dejar vacíos”.
A juicio de Capriles, el pasado 28J se hizo un daño crucial a la población.
“Y ese daño hace que a la gente le cueste mucho reflexionar y es perfectamente entendible, votar es un derecho y también una obligación, creo que debemos votar, la gente tiene que hacerlo de manera racional y lamentablemente algunas personas actúan emocionalmente”.
La profesora universitaria expresó que quienes voten el 25M lo harán en unas condiciones precarias que no van a cambiar.
“El 28J veíamos el cambio como algo muy cercano y luego nos percatamos que ese cambio no depende de la voluntad del votante, para que Venezuela vaya hacia un cambio político tienen que darse una serie de acuerdos y negociaciones muy complejas”.
Batiz informó que según un estudio efectuado por la firma Datincorp de mediados de abril, la participación electoral el 25M podría ser de 38%, 27% de la población está decidida a no votar y 19% tal vez lo haga.
“Esas serían cifras buenas, pero no estoy segura de que ocurra, lo cierto es que al gobierno no le conviene un número de alta participación. El 28J no solo se le hizo daño al votante opositor, sino que también al chavista que se dio cuenta de que su voto no fue respetado, porque hasta ahora no conocemos los resultados de ese proceso. El gobierno se podría estar planteando la pregunta de por qué no proponer un sistema donde el voto sea irrelevante, donde la participación política podría desaparecer”.
Capriles expresó que es evidente la frustración del votante del 28J, quien percibe que la expresión de su voluntad para construir una especie de legitimidad fue inútil.
“Estamos jugando un juego que no tiene reglas. Puede ser que vayamos a un lugar donde no pongamos las reglas más nunca. El gobierno ha hecho un gran trabajo en aras de devaluar el voto, tenemos un abstencionismo crónico”.
Blanco recordó que durante las más de dos décadas del chavismo en el poder, los venezolanos han votado y dejado de votar.
“Este debate estéril entre votar y no votar, puede convertirse en un arma para provocar una baja participación en un supuesto referéndum constitucional, deja el campo libre para una nueva Constitución y por eso creo que nosotros debemos de tener un papel más activo. En Venezuela la democracia está en riesgo”.
Según Capriles, el sistema electoral funcionó el 28J.
“Lo que se hizo después fue desconocerlo y me parece mal que se use esto para pisotear a quienes quieren participar en la contienda de este 25M. No hay que convertir esto en un juego del odio y del insulto”.
Para Capriles en la actualidad existen dos imposibilidades: una elección en condiciones óptimas y que un gobierno o ente extranjero resuelva los problemas del venezolano.
“No pueden haber elecciones de calidad en las condiciones en las que estamos, hay que edificar esas condiciones. Tenemos que construir espacios de legitimidad mutua que puedan llevarnos a una alternancia política”.
Salieron los refugiados
Capriles también celebró la salida de cinco miembros del equipo político de la líder opositora María Corina Machado de la sede de la embajada Argentina en Caracas.
Este martes 6 de mayo en la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el quinteto que permanecía asilado en la sede diplomática desde marzo de 2024 fue rescatado en una operación y llegó a salvo a territorio norteamericano.
“Es reconfortante porque hay vidas de por medio, pero esto qué significa. ¿Se trata de una señal?, ¿Hay una conversación, entre quienes y con qué objeto? Deja demasiadas preguntas y ojalá haya un resquicio de diálogo. Sabemos que las conversaciones por mantener a flote a Chevron en Venezuela no han cesado, la operación se termina en teoría el 27 de mayo”.
Amaya apuntó que según fuentes de TalCual, Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos no salieron al mismo tiempo y se especula que algunos estén en un destino diferente a Estados Unidos.
“Para evadirse tuvo que haber un engaño y en eso debió haber participado mucha gente, incluso personas que se dicen están del lado del oficialismo”, dijo Batiz.
Amaya recordó que en algún momento se denunció que al lado de la residencia argentina había una residencia tomada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Esto evidentemente incluye la participación de personas en actividades clave”, puntualizó el director de TalCual.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este martes 6 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) celebró la segunda parada de la Ruta Global por la Justicia y la Libertad Plena de todos los Presos Políticos y Excarcelados con Medidas Restrictivas, con una visita a la Embajada de México en Caracas para pedir solidaridad a la presidenta de ese país.
Durante la actividad, con consignas y pancartas, madres, familiares, amigos y defensores solicitaron al gobierno de Claudia Sheinbaum “su solidaridad activa con las víctimas de la represión en Venezuela y una diplomacia firme en defensa de los derechos humanos”.
“Solicitamos protección consular para los ciudadanos mexicanos Bruno Juárez y Wilbert Castañeda, actualmente presos políticos en Venezuela, así como respaldo a la causa de la libertad plena e inmediata de todos los detenidos por razones políticas”, señaló el Clippve en una publicación hecha en redes sociales.
Asimismo, denunciaron la también la “muerte institucional que enfrentan quienes permanecen tras las rejas sin atención médica, sin visitas familiares ni defensa legal adecuada, sometidos a condiciones inhumanas y crueles. Este abandono ha costado ya la vida, bajo custodia del Estado venezolano, de al menos seis presos políticos, cuyas muertes siguen impunes”.
El comité señaló que elevó su voz para denunciar la violencia sistemática del Estado contra las mujeres: “Las que están encarceladas por razones políticas, bajo condiciones inhumanas de reclusión. Y las que, como madres, esposas, hermanas e hijas, sostienen el dolor y la resistencia fuera de las cárceles, siendo las principales afectadas por la represión y el abandono institucional”.
La jefa de misión adjunta, Eleita González Hernández, y la cónsul de la Embajada recibieron a los familiares de presos políticos, según informó el Clippve, “con respeto, sensibilidad y disposición solidaria”.
Desde las afueras de la embajada, una de las familiares recordó que en 10 oportunidades han acudido al Ministerio Público a denunciar la situación de sus seres queridos sin obtener ninguna respuesta.
“Estamos acudiendo a una ruta internacional en solidaridad de los presos políticos extranjeros. Tenemos conocimientos de que hay mexicanos y por eso estamos aquí. Le solicitamos a la Embajada de México que por favor utilice sus políticas internacionales para intermediar con el gobierno de Venezuela, para lograr una solución pacífica”, señaló.
Bruno Juárez y Wilbert Castañeda son dos presos políticos de nacionalidad mexicana, detenidos en cárceles venezolanas.
Este martes #6May, se realizó la segunda parada de la Ruta Global por la Justicia y la Libertad Plena de todos los Presos Políticos y Excarcelados con Medidas Restrictivas, con una visita a la Embajada de México en Caracas.… pic.twitter.com/2cTualumIV
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) May 7, 2025
"Estamos acudiendo a esta ruta internacional en solidaridad con los presos políticos extranjeros. Tenemos conocimiento de que hay mexicanos y por esa razón nos encontramos aquí"
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Los habitantes del barrio José Félix Ribas, en la parroquia Petare (municipio Sucre, estado Miranda), se aferran a una aparente normalidad que oculta un profundo temor. La muerte de Wilexis Acevedo, alias “el Wilexis”, el 22 de enero de 2025, marcó el fin de una gobernanza criminal que controló la zona durante casi una década. Pero en lugar del alivio esperado, ahora viven bajo una atmósfera de miedo, zozobra y desconfianza generada por la presencia constante de fuerzas de seguridad del Estado, que vigilan cada rincón y escuchan cada comentario; por colectivos y otras bandas delincuenciales.
Tras asumir el control de José Félix Ribas, autoridades del gobierno de Venezuela aseguran que la delincuencia en la parroquia ha disminuido drásticamente tras la muerte de Wilexis. Reportan que los asesinatos en Petare descendieron de 61, entre enero y noviembre de 2024 (según el registro del Monitor de Víctimas), a solo dos desde la caída del presunto delincuente (ambos fallecidos eran supuestos miembros de la banda), y que solo se registran detenciones por violencia vecinal, riñas, hurtos y microtráfico de drogas.
Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que la criminalidad persiste y ahora es ejercida por otros grupos delictivos que operan en el lugar. A esto se suma una gran presencia policial y de colectivos (grupos de civiles armados simpatizantes del oficialismo), que parece más enfocada en el control social que la reducción de la delincuencia.
Wilexis Acevedo, de 38 años y mejor conocido por el alias de “Wilexis”, lideró durante más de una década una megabanda de unos 200 miembros en el barrio José Félix Ribas,Petare en Caracas. Allí ejerció un férreo control territorial y dominaba algunos delitos como el narcotráfico, extorsión y sicariato. Además impuso una gobernanza criminal mediante la cual regulaba la distribución de alimentos del programa estatal Clap, imponía toques de queda y ejercía autoridad con violencia armada, desafiando a bandas rivales y cuerpos de seguridad.
Entre abril y mayo de 2020, Petare vivió una ola de violencia por enfrentamientos entre Wilexis y Christian Tovar, alias “el Gusano”. Las balaceras eran constantes y también hubo una incursión policial violenta. Estos episodios dejaron ocho muertos, hubo civiles heridos, las escuelas suspendieron sus actividades y el transporte público se paralizó. Wilexis escapó, mientras “el Gusano” murió en un operativo policial.
Violencia silenciada
Una residente del barrio El Carpintero, lejano a José Félix Ribas, pero también bajo el control de grupos criminales, relató que recientemente hubo un tiroteo donde balas perdidas entraron a algunas viviendas.
Para la elaboración de este trabajo se consultó a varios residentes de los barrios de la parroquia Petare y a funcionarios de cuerpos de seguridad. Todos expresaron temor a declarar, convencidos de que cualquier comentario que dijeran, podría ser malinterpretado. En medio de un contexto de tensión, se sienten obligados a guardar silencio por prudencia.
Narraron asimismo que cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en José Félix Ribas tras la muerte de Wilexis, los habitantes del lugar enfrentaron amenazas de policías que apuntaban a vincularlos con la banda del fallecido líder sin mayores argumentos.
Contaron que las autoridades comisionaron a vecinos para identificar a presuntos colaboradores de la banda, y así desataron disputas en la comunidad y rumores de que cualquiera podría ser añadido a una lista de sospechosos. De esa manera, intensificaron el miedo y la desconfianza en la zona.
Uno de los entrevistados atribuyó el temor que sienten a las decisiones que ha tomado el Estado cuando la gente se queja o denuncia. “A los vecinos que han intentado denunciar algo después de la muerte de Wilexis, los persiguen y vigilan, entonces muchos preferimos no hablar con la policía”, señaló.
La tensión alcanzó su punto álgido con el asesinato de Elizabeth Aricua Aguirre, líder comunitaria de 57 años, baleada el pasado 3 de marzo, mientras se dirigía a una iglesia en José Félix Ribas. Las autoridades detuvieron a un periodista que cubrió el hecho, acusándolo de “difusión de noticias falsas”, aunque días después confirmaron la muerte de dos sospechosos del crimen: Jhonaiker Alexander Cáceres Zarate, adolescente de 17 años conocido como “El Guajiro”, a quien mataron en Petare, y Leoangel Alfredo Pereira Guaimara, alias “Caricatura”, quien murió en Caricuao, al suroeste de Caracas. Ambos murieron en supuestos enfrentamientos con la policía.
El temor a ser señalados como colaboradores de bandas criminales ha llevado a algunos residentes de los barrios 5 de Julio y 19 de Abril a abandonar sus hogares y ponerlos en venta a través de plataformas como Marketplace. Vecinos reportan casos de familias que, tras vivir sometidas por grupos delictivos, ahora son señaladas por la policía como cómplices. Otros han expresado su intención de emigrar.
Siempre vigilados
Habitantes describieron que, constantemente, grupos de entre 7 y 10 funcionarios encapuchados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recorren Petare. Llegan en moto o patrullas y se bajan con armas largas para caminar por callejones y veredas a plena luz del día. “Los vemos llegar mientras hablamos con los vecinos en la puerta de nuestras casas y decimos: ‘ay Dios mío, qué va a pasar’”, dijo una habitante de José Félix Ribas.
También indicaron que efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) incrementaron los operativos. Describieron que quienes disparan son en su mayoría los encapuchados de la PNB.
Lugareños explicaron que, si bien José Félix Ribas está custodiado por las fuerzas de seguridad, sectores más profundos de Petare como San Blas y La Pajarilla “son zona roja”. Precisaron que hace tres meses “hubo una masacre en medio de estos sectores”.
De igual modo, señalaron que en el sector Fechas Patrias opera una banda integrada por adolescentes entre 13 y 15 años, que hace tres meses ingresaron a una casa a acabar con una fiesta a tiros. Una de las balas perdidas hirió a un niño que iba a una bodega a comprar un refresco. “Aquí la gente vive aterrorizada porque de esta banda ni se habla, no la han reseñado los medios de comunicación, pero existe, y nosotros tampoco la vamos a denunciar porque luego la policía nos toma como sospechosos”, declaró una vecina consultada.
Aparente calma
Entre los fallecidos confirmados por el Estado están figuras clave de la banda de Wilexis, como Carlos Alberto Aguilar Flores, alias “Cara de Muerto”, asesinado en Guaicoco (Petare) el 25 de enero de 2025, y Daniel José Blanco Rodríguez, alias “El Danielito”, muerto el 3 de abril en Carapita, también en presunto enfrentamiento con el CICPC.
Vecinos y voceros del Cicpc señalaron a “El Danielito” como el principal colaborador de Wilexis y posible sucesor en el entramado delictivo.
Pese a la desarticulación de la banda de Wilexis, los habitantes de José Félix Ribas reportaron la presencia de otras agrupaciones criminales activas, como “Los Chicorrios”, “El Cotorro”, “Pitufo”, “Enrique” y “La China”, que durante los últimos seis años encabezaron tiroteos contra Wilexis por el control del narcotráfico en Petare.
Vecinos también mencionan a “El Menor”, otro colaborador de Wilexis, aún sin reportes de captura. A diferencia de los operativos contra la banda de Wilexis, no se han anunciado detenciones vinculadas a estas otras organizaciones, lo que alimenta la percepción de la comunidad de que la violencia criminal en Petare está “en pausa”.
Policías ahora tienen presencia constante en Petare. Foto: Archivo
El Gobierno promueve la “recuperación” de Petare mediante el Plan Antonio José de Sucre, que incluye 90 cuadrantes de paz activados el 21 de febrero y la pronta instalación de cámaras de seguridad para “pacificar” al municipio Sucre.
Sin embargo, esta iniciativa, descrita como una transformación social, es percibida por muchos habitantes de la zona como una fachada que oculta la represión ejercida por diversos cuerpos de seguridad, manteniendo el clima de miedo en la comunidad.
No podían faltar los colectivos
Además de los cuerpos de seguridad, residentes de José Félix Ribas denunciaron que luego de la muerte de Wilexis los colectivos ingresaron al barrio, amparados bajo la figura de jueces de paz. Según los testimonios, estos grupos se encargaron, junto con varios vecinos, de organizar las listas que señalaban, sin pruebas, a residentes supuestamente vinculados a la banda del delincuente que murió en febrero.
Los habitantes relataron que, bajo el control de Wilexis, quienes reclamaban por la distribución de gas, bolsas CLAP, suministro de agua o recolección de desechos sólidos debían denunciarlo ante él, quien mediaba con las autoridades del municipio Sucre para exigir soluciones. Los residentes enfatizaron que no apoyaban la delincuencia, sino que vivían sometidos. Pero la intervención de los colectivos y su rol de “justicieros” y delatores no es algo nuevo.
En los operativos policiales de los últimos meses, los vecinos destacan la participación de encapuchados vestidos de civil que acompañan a la PNB. Aunque se presentan como funcionarios de inteligencia, los residentes los identifican como colectivos que también persiguen y hostigan a líderes vecinales, opositores y chavistas críticos del Gobierno. Una práctica similar fue reportada entre 2015 y 2017 con las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), donde colectivos encapuchados también acompañaban a las autoridades en la búsqueda de presuntos delincuentes.
La presencia de colectivos en Petare tampoco es algo reciente. Un confuso episodio protagonizado por el colectivo Cara Al Río en febrero de 2024 evidenció el poder que ya tenían estos grupos en esa parroquia del este de Caracas.
La pugna de los colectivos y las megabandas por controlar el territorio tampoco es nueva. Una residente de José Felix Ribas explicó que durante las elecciones del 28 de julio de 2024, los colectivos también intentaron ingresar a los barrios de Petare junto a la autoridades para detener a las personas que rechazaban el desconocimiento del verdadero resultado electoral, pero en algunos casos los miembros de la banda de Wilexis se lo impidieron.
En 2020, un colectivo denominado Sombra, que operaba en las cercanías a la Redoma de Petare también tenía diferencias con Wilexis por el control de ese territorio.
Las personas consultadas revelaron que en diciembre pasado, durante las elecciones de jueces de paz, Wilexis suspendió los comicios en las zonas 6 y 10 al identificar que la mayoría de los candidatos eran afines a los colectivos. “Esas mismas personas a las que el presunto delincuente no les dio cabida, ahora dicen que son líderes sociales de la comunidad”, dijo un entrevistado.
Los dirigentes de Vente Venezuela que estuvieron más de un año asilados en la embajada argentina en Caracas difundieron un comunicado en el que reiteraron que se encuentran “sanos y salvos en suelo estadounidense”, tal y como lo había revelado horas antes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
En el texto, difundido en las redes sociales de Comando con Vzla, se destaca que este hito “marca un nuevo capítulo en su lucha y en la de todos los venezolanos que anhelamos libertad“.
“En nombre de Omar González Moreno, Magallí Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos, y desde el Comando Con Vzla, expresamos nuestra más profunda gratitud a todos los que hicieron posible esta acción histórica. Tras más de un año de injusto encierro en el recinto diplomático, esta operación es un testimonio del compromiso de muchos actores que, para sorpresa del régimen de Nicolás Maduro, lograron romper las cadenas de la opresión”, se lee en el comunicado.
Aseguran también que el gobierno, hasta último instante, se negó a otorgar los salvoconductos solicitados desde marzo de 2024, al tiempo que indican que aún así no pudieron detener “la fuerza de este movimiento ciudadano incansable, ni la solidaridad global expresada en múltiples formas”.
Los dirigentes políticos extendieron un reconocimiento especial a la administración del presidente Donald Trump y a Marco Rubio, así como al presidente de Argentina, Javier Milei, “por su apoyo inquebrantable en estas horas cruciales”. Expresaron que su liderazgo “ha sido un faro de esperanza para estos dirigentes y para toda la nación venezolana, que clama por justicia y dignidad”.
“No podemos dejar de agradecer al gobierno de Argentina por otorgar a nuestros compañeros el estatus de asilo político y al gobierno de Brasil por asumir la custodia y protección de la embajada de Argentina durante nueve meses. De igual forma, a quienes, a pesar de las restricciones impuestas por un régimen que transformó una embajada en una cárcel, brindaron su apoyo esencial para garantizar la supervivencia de nuestros compañeros durante este largo y doloroso año. También, y muy especialmente, a los diplomáticos y personal de Argentina y de Brasil desplegados en Caracas que, a pesar de las restricciones impuestas por el régimen, brindaron apoyo y protección a los asilados durante sus meses de encierro”, abundaron.
Por otra parte, enviaron un mensaje a los ciudadanos venezolanos, en donde les reafirmaron el “compromiso inquebrantable” de no descansar “hasta que los más de 900 presos políticos aún en manos del conglomerado criminal chavista recuperen su libertad, y hasta que logremos el fin definitivo de esta tragedia que aflige a millones dentro y fuera de nuestras fronteras. Venezuela merece, y logrará, ser libre”.
En Brasil se enteraron la noche del 6 de mayo
En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno de Lula reveló que conoció apenas la noche del 6 de mayo sobre la salida de los dirigentes de Vente Venezuela.
Recordaron que desde agosto de 2024, Brasil era el responsable de representar los intereses de Argentina en Venezuela y proteger la integridad física de estos solicitantes de asilo.
Insistieron en que actuaron través de la vía diplomática para “resolver la situación en la residencia” y que insistieron “en numerosas ocasiones, al más alto nivel”, para conseguir los salvoconductos necesarios y que habían ofrecido transportar por vía aérea a los solicitantes de asilo, a fin de resolver diplomáticamente la crisis.
Aclararon que estos reiterados intentos no fueron atendidos, “lo que prolongó la difícil situación humanitaria en la residencia de la embajada argentina en Caracas, que fue rodeada por fuerzas de seguridad“.
“El anuncio de la salida pone punto y final a este episodio y al drama vivido por los solicitantes de asilo durante más de 400 días”, concluyeron.
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Durante abril de 2025 la ONG Espacio Público documentó una disminución en la frecuencia de casos registrados sobre violaciones del derecho a la libertad de expresión. En total, contabilizaron 5 casos, lo que representan diez violaciones del derecho, categorizadas en hostigamiento judicial (4), Intimidación (4) y censura (2). La detención arbitraria fue una constante en el mes.
Mediante su reporte mensual, Espacio Público detalló que las instituciones del Estado fueron los principales victimarios, con 5 casos, seguidos de los cuerpos de seguridad a quienes identificaron en 3 ocasiones como violadores del derecho fundamental a la libertad de expresión. En cuanto a las víctimas, la organización señaló que se vio afectada la ciudadanía en dos ocasiones, 2 particulares, un camarógrafo/a o técnico/a y un reportero/a.
Espacio Público recordó que el Tribunal 1º de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó el 10 de abril medida privativa de libertad en contra de la periodista de Impacto Venezuela, Nakary Mena, y de su esposo Gianni González bajo los cargos de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”, tras más de 70 horas desaparecidos.
“Ambos desaparecieron en la tarde del 8 de abril luego de terminar de producir un reportaje en los alrededores de la Plaza Venezuela, en Caracas días después de la publicación en Impacto Venezuela de un reportaje sobre el incremento de robos en la ciudad”, recordó la ONG.
Por otra parte, recordaron el caso del señor Luis López,de 82 años de edad, tiene tres meses detenido. Lo detuvieron el 21 de enero de 2025 por llevar un panfleto con resultados electorales en su centro de votación y una Constitución. Fue imputado por “terrorismo” e “incitación al odio”.
Periodismo detenido
El periodista Carlos Julio Rojas cumplió un año detenido el 15 de abril. Eduardo Torres, abogado de Rojas, alertó que todavía no tienen acceso al expediente del caso y que Rojas es víctima del “triángulo de la injusticia: jueces del terrorismo, la Fiscalía que no actúa de buena fe sino que es el brazo operativo para perseguir y encarcelar, y finalmente las defensas públicas”.
Édgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas recordó en una rueda de prensa que 13 periodistas o trabajadores de la prensa detenidos que no tienen acceso a un abogado de confianza y a quienes se le ha violado el derecho al debido proceso. “Al periodista o al trabajador de la prensa imputado falsamente se le priva de libertad y los juicios se desarrollan estando en cautiverio”, alertó.
El Juez Tercero de Juicio del estado Carabobo ratificó la condena de 15 años de prisión para el activista político Nelson Piñero, el 28 de abril. Cuando ocurrió la detención de Nelson Piñero, el 22 de noviembre de 2023, su hijo declaró que en su caso no se cumplió el debido proceso, así como tampoco hubo una orden judicial. Meses después, sus familiares informaron que Piñero no recibía tratamiento médico para su hipertensión, diabetes y enfermedad renal.
Por su parte, Conatel impuso medidas económicas a las empresas que brindan el servicio de Internet, un mecanismo indirecto que afecta el derecho a la libertad de expresión y se suma a los efectos de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Andry Hernández es oriundo de Capacho Nuevo, estado Táchira. Allá comenzó a soñar con ser maquillador, el oficio al que se dedicó ya de adulto. En mayo de 2024 migró a Estados Unidos. Y en marzo de 2025, como otros 237 venezolanos con tatuajes, fue deportado por el gobierno de ese país a El Salvador, por considerar que presuntamente formaba parte de la banda El Tren de Aragua.
Fotografías: Álbum familiar
Reina Cárdenas siempre esperaba a que Andry Hernández, su mejor amigo, la llamara. Cuando sonaba el teléfono, procuraba contestarle rápido. Si era necesario interrumpía su trabajo como psicopedagoga para correr a escucharle la voz. Sabía que, si perdía la oportunidad de hablar con él, tendría que esperar: Andry solo podía marcarle una o dos veces por semana.
–Aló.
Una grabación predeterminada se escuchaba del otro lado de la línea: “Te está llamando Andry Hernández, en el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego, California. Pulsa 1 para acceder”.
Luego podía escucharlo a él:
—Hola, Reina… Estoy muy deprimido. No soporto más el encierro y el trato que me están dando —le dijo en una de esas llamadas, en marzo de 2025.
Ella nunca, en los 20 años que llevaban conociéndose, lo había percibido tan triste. Eran confidentes. Más que amigos, eran hermanos. Ambos crecieron en Capacho Nuevo, estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia. Allá hicieron una vida. En ese pueblo alegre era mucho lo que hacían. En Semana Santa, por ejemplo, él confeccionaba los vestidos para las dramatizaciones de la Pasión de Cristo que presentaban en la iglesia de San Pedro de Independencia. Y antes, a los 7 años, había sido parte de la agrupación de los Reyes Magos en Capacho Nuevo, un festival centenario donde niños y adultos representan un pesebre viviente, rememoran pasajes de la Biblia y tres hombres vestidos de reyes cabalgan en un desfile por las principales calles del municipio.
Aquella experiencia lo marcó tanto que, mucho después, en 2020, a sus 27 años, como muchos jóvenes de Capacho que habían participado en esa tradición, se tatuó dos coronas en sus antebrazos. En la derecha tenía una corona ancha, redonda y con rubíes, similar a la del rey mago Gaspar. Debajo se leía “Mon”, con la “o” en forma de corazón. En la izquierda tenía una corona más pequeña, alargada, delgada y de cinco puntas. Esa adornaba la inscripción “Dad”. Era una forma de llevar siempre consigo a su gente. Así es el hijo mayor de Alexis Romero, de 64 años, y de Felipe Hernández, de 63 años, una familia humilde que vive de hacer marcos de madera y vidrio en un pequeño taller.
También fue en Capacho Nuevo que Andry comenzó a soñar con ser maquillador: jugaba con Reina, le pintaba la cara, la peinaba. El juego se convertiría en oficio porque, aunque al crecer estudió algunos semestres de ingeniería en informática, terminó dedicándose al estilismo: aprendió viendo programas de televisión. Soñaba con ser reconocido en ese mundo de colores y con tener su propio salón de belleza.
Con ese anhelo, y con la esperanza de poder ayudar a sus papás, Andry salió de su pueblo en 2022, a los 29 años. Migró a Bogotá. Trabajó como recepcionista en un hotel y luego maquillando a las actrices de una productora de series. Le iba bien. Pero al año le ofrecieron una oportunidad de empleo con un mejor salario en Caracas. Sin vacilar, decidió regresar a Venezuela.
A pesar de que siempre decía que no se volvería a ir, el país se le había vuelto peligroso: un par de veces lo habían amenazado básicamente por ser homosexual. Además, el dinero ya no le alcanzaba. Vivía al día. No podía ahorrar. Le preocupaba su futuro.
El 21 de mayo de 2024, Andry cumplió 31 años. Dos días después se fue a Estados Unidos. Atravesó la selva del Darién. Llamaba a sus padres y a Reina de tanto en tanto. A sus padres primero les dijo que se había ido en avión para no preocuparlos, luego les reveló de su travesía por Centroamérica a pie sin darles muchos detalles.
Cuando Andry llegó a México, solicitó una cita para ingresar legalmente a Estados Unidos a través de CPB One, la aplicación que permitía tener un ingreso regular a migrantes sin visa que aspiraban solicitar asilo. Se la dieron para el 29 de agosto de 2024. Mientras esperaba, iría a la casa de un amigo cercano que ya vivía en México.
El día que Andry acudió a la cita, lo hicieron esperar largo rato. Después, sin darle mayores detalles, se lo llevaron al Centro de Detención de Otay Mesa. Lo dejaron detenido “por una investigación”. Solo le dijeron que era “por sus coronas tatuadas”.
Andry consiguió un teléfono que le brindó el Centro de Detención y llamó a Reina. Pensaba que saldría rápido de allí.
Pasó un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, seis… Y Andry aún no salía. Ya se habían ido todos los que habían entrado con él aquel 29 de agosto. A él le decían que debía esperar, que seguía en “una investigación”.
Solo le permitían llamar a sus padres y a Reina si pagaba un dólar por cada minuto de conversación. Como él no tenía dinero, sus familiares y amigos en Venezuela reunían dólares y buscaban conocidos en común para enviar el dinero por la aplicación bancaria Zelle o por cuentas bancarias en Colombia y después transferían a Estados Unidos.
Su amigo en Estados Unidos, ese donde iba a quedarse en un inicio, le buscó una abogada para defender su caso voluntariamente. Reina, desde su puesto como psicopedagoga en un tribunal para la protección de niños, niñas y adolescentes en Táchira, se ofreció a buscar los documentos que la abogada solicitaba para defenderlo.
Ella buscó los antecedentes penales, la copia de cédula, las referencias personales y familiares, la constancia de participación de la agrupación Reyes Magos de Capacho y del teatro… Le mandaba todos esos insumos a la abogada.
Pero todo parecía inútil.
—Aquí nos dicen una cosa y salen con otra. Solo nos dicen puras mentiras —le comentó Andry en una llamada a su madre—. Yo estoy cansado. La moral la tengo por el piso. Yo me quiero ir.
—Bueno, hijo, pida la deportación.
—Ahorita no puedo porque no he tenido una audiencia. Cuando la tenga, se lo pido a la abogada. Así ella me diga que no, yo solicito que me manden a Venezuela.
Poco después lo llevaron a un centro de detención en Texas. Le prometieron que lo deportarían a Venezuela. El 14 de marzo llamó a su mamá y a Reina.
—Téngame comida, que estoy muy flaco. Quiero engordar —bromeó a las 6:00 de la tarde de Capacho Nuevo—. Ya casi nos vemos para que me busquen. Dígale a papá que saludos y a Luis también.
Llegó el día de la audiencia y no hubo llamadas.
Pasaron otros tres días y seguía el silencio.
Reina estaba nerviosa. El 15 de marzo, el mismo día que Andry tenía su audiencia, circulaba la noticia de que la administración de Trump había mandado a 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, por presuntamente ser miembros de El Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que se ha extendido por Sudamérica y que Estados Unidos había declarado como “una organización terrorista”. Para el gobierno de Estados Unidos, que alguien tuviera tatuajes de coronas, trenes, estrellas, rosas o una silueta de Michael Jordan eran indicios —o pruebas— de que formaba parte de El Tren de Aragua.
Reina tenía miedo de que el silencio de Andry fuera porque se lo habían llevado al CECOT. No había una lista oficial de las personas deportadas a El Salvador. Muchos venezolanos reconocían a sus familiares en las imágenes y videos que circulaban en TikTok. Ella no veía a Andry en esas imágenes.
La tarde del 20 de marzo Reina escuchó su teléfono.
Vio el código “+1”, de Estados Unidos, y pensó que era él.
Ella ya estaba entrando a la casa de su familia cuando contestó.
Pero la voz que escuchó era de la abogada de Andry.
—Reina, a Andry lo deportaron a El Salvador. No sé más nada de él. Me pasaron una lista con los nombres de los deportados y allí está él. Lo trasladaron por los tatuajes de las coronas. Te llamo a ti primero porque no sé cómo lo tomará la señora Alexis.
Reina comenzó a llorar. Anonadada, no tuvo fuerzas para contar la noticia. La señora Alexis y su esposo se miraban entre sí. Sabían que algo malo había sucedido.
—¿Qué pasó con el niño, Reina…? Reina, ¿qué le pasó al niño? ¡Dígame! —rogaba Alexis.
Reina le pasó el teléfono a la madre y la abogada repitió la noticia.
Lágrimas, gritos de indignación y preguntas sin respuestas iban y venían.
“¿Por qué él, si es un buen muchacho y no ha cometido ningún crimen?”, escuchaba Reina.
“Debo hacer algo para ayudarlo”, se repetía una y otra vez después de que colgó.
Desde que Andry entró al CECOT quedó incomunicado. Reina empezó a crear videos para exigir “Justicia para Andry Hernández”. Los vecinos compartían sus mensajes por WhatsApp y TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar: “Los que conocemos a Andry sabemos que es un muchacho noble, gran persona, no un criminal”. “Justicia para él”. “Dios los proteja”…
Reina revisó otros casos, habló con otros familiares y averiguó que otros seis hombres tachirenses también están en el CECOT. Todos son jóvenes, no pasan de los 40 años. Ninguno tiene antecedentes penales: solo los detuvieron por los tatuajes que llevaban.
Reina no descansaba. Buscaba la manera de solicitar el habeas corpus, un amparo judicial para que a Andry lo lleven ante un juez. Un fotógrafo de la revista Timesretrató cómo a Andry lo habían encadenado, cómo los policías lo patearon, le obligaron a raparse y lo golpearon.
A través de la prensa, en Capacho Nuevo se enteraron de que Andry había llegado al CECOT el 15 de marzo.
Reina y la familia de Andry decidieron organizar una vigilia en la iglesia de San Pedro de Independencia. Familiares, amigos y conocidos llegaron a la catedral el 25 de marzo. La mayoría sostenía banderas de Venezuela. En sus cabezas tenían coronas hechas de cartulina, aquellas que se entregaron en la última celebración de los Reyes Magos en Capacho Viejo.
Los tres hombres que siempre representan a los Reyes Magos en la festividad también llegaron. Pero en vez de llevar incienso, mirra y oro, tenían un cartel que decía “conciencia, justicia y libertad”. “Él es un artista, no un criminal”, decían los vecinos. “Es un muchacho noble. Pronto saldrá libre, en nombre de Dios”. Es poco lo que han sabido de él. Pero Reina mantiene la esperanza de que algún día su amigo la llame para decirle: “Estoy bien. Voy de regreso a Venezuela”.
Esta historia fue producida en el Programa Formativo Contar Fronteras, una alianza entre El Bus TV, Runrun.es y La Vida de Nos para mostrar la realidad en estados fronterizos de Venezuela.
En El Mañanero del 6 de mayo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados durante el fin de semana en Venezuela: Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos y Claudia Macero, los dirigentes de Vente Venezuela que tenían más de un año asilados en la sede de la embajada argentina en Caracas, se encuentran en territorio de Estados Unidos. Sepa qué es y qué no es la incitación al odio y Relatoría de la CIDH alerta sobre grave deterioro de ecosistema mediático, son las noticias más importantes del momento.
Mientras tanto, Maduro llega a Rusia a besarle la mano a Putin y a enterarse que su inteligencia le ha fallado y han extraído a sus rehenes:pic.twitter.com/MRV4IoxkG2
Relatoría de la CIDH: En la mayoría de los casos documentados, los periodistas detenidos enfrentan cargos de incitación al odio y terrorismo, en procesos que carecen de garantías judiciales
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
