Con la meta de facilitarle a la población el acceso a servicios médicos para prevenir y de detección temprana, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) llevará a cabo una Gran Jornada Integral de Salud los días 25 y 26 de septiembre. Esto se desarrollará en las instalaciones de la Clínica de Prevención del Cáncer (CPC), en la ciudad de Caracas.
El cirujano oncólogo y primer vicepresidente de la SAV, Dr. Javier Soteldo Clavier, enfatizó la importancia de esta convocatoria al explicar que reunirá tanto al equipo médico habitual del centro como a profesionales egresados de la institución, entre ellos especialistas que viajarán desde el interior del país para sumarse a la atención. La meta que proyectan es poder atender a más de 300 pacientes durante las dos jornadas, realizando consultas primerizas y evaluaciones de control.
Beneficios
El cirujano puntualizó que la jornada ofrecerá atención especializada a costos solidarios bajo el respaldo institucional de la organización, con el propósito de garantizar asistencia médica oportuna y contemplan evaluaciones con un costo de 10 dólares en especialidades como Gastroenterología, Medicina Interna, Ginecología, Mastología, Urología y Traumatología.
Entre algunos de los beneficios para los asistentes de esta jornada, se aplicará un 10% de descuento en los análisis y exámenes realizados durante esos días. Por otro lado, los pacientes que reciban órdenes médicas para procedimientos adicionales o estudios como mamografías y ecografías mamarias contarán con descuento del 10%, el cual se mantendrá vigente durante los 15 días posteriores a la actividad con la presentación de la indicación entregada en el operativo.
Para acudir a las consultas es requisito indispensable realizar un registro previo y prepagar el servicio con al menos 48 horas de anticipación mediante la línea de atención de la organización.
Personal especializado
Con respecto a los recursos que tienen disponible para la atención de los pacientes, la SAV cuenta con un equipamiento médico e instrumental necesario en sus instalaciones y Soteldo subrayó además que la atención está respaldada por un equipo médico especializado. La jornada se llevará a cabo en su sede de la Clínica de Prevención del Cáncer.
Con información de Nota de Prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cuando consigues a un español o un chileno que no sabe nada de béisbol, ya sabes que serán dos horas de evangelización a ver si ganas un nuevo adepto. Eso sí, no le explicas el balk o el infield fly o lo pierdes.
Cuando discutes con alguien en la calle, lo haces cara a cara como con un umpire.
No dices que te dieron un ultimátum, sino que te pusieron en 3 y 2.
A todos tus candados les pones la clave 6-4-3.
Esperando que se caliente un plato en el microondas, juntas las manos y haces swings imaginarios.
No dices que aceptas un compromiso, sino que te llegas de cabeza.
Agarras los tubos verticales del metro como si fuesen bates.
No echas la ropa a la lavadora, sino que la pichas. Y si entra, es strike.
No dices que te interrogaron, sino que te lanzaron recta pegadita.
Cuando estás con tu familia en un sitio con mucho ruido, no alzas la voz. Haces señas de coach de tercera.
Frente a tu clóset tienes una silla cual vestidor de grandes ligas.
No dices que tuviste una noche de pasión, sino que anoche llegaste a home.
Cuando tienes un reto no dices que te esforzarás. Dices que Reuben Morales dará el 110 % por la camiseta y la fanaticada.
No te gusta que te abran la puerta de un edificio con el botón. Prefieres que te tiren las llaves cual fly.
No dices que una persona tiene amante. Dices que tiene a alguien en el bull pen para jugar doble play.
A tu hijo lo bautizas con nombres como Babe, Wade, Ronald, Barry, Shohei o Ichiro.
Entre ir al estadio o ir a una cita con tu pareja, obviamente prefieres la cita… pero en el estadio.
No dices que en la vida te está yendo bien, sino que estás bateando .300.
Eres de los pocos seres humanos que ve un partido de béisbol completo… y lo sientes corto.
Ese partido lo viste por televisión… pero en mute porque prefieres escuchar la narración del circuito radial de tu equipo.
No dices que te movieron un compromiso, sino que te cambiaron la seña.
No comes chía, quinua o ajonjolí. Solo semillas de girasol.
Para animar a tus amigos no les das un espaldarazo, sino una palmada por las nalgas.
De tus finanzas personales no haces contabilidad. Haces cibermétricas.
En el gimnasio no cuentas las series en uno, dos o tres… Mentalmente piensas: “Llevo 13 repeticiones, como el número de Guillén”.
No motivas a alguien diciéndole que le eche pierna. Le dices que la saque del estadio.
Tus juegos de béisbol favoritos son los que no le gustan a nadie: los cerraditos de pocas carreras.
Cuando toca guardar ropa en la casa, se la pasan como si fuese un doble play.
Sabes que el pecado más grande de la moda es usar gorras con visera plana. Porque la visera va arqueada.
Con tus primos no juegas papelito o Pictionary. Juegas “Adivina quién batea así”.
Combates la desmotivación de los lunes viendo la repetición del último pitcheo de Palencia para coronar a Venezuela como campeón del mundo.
Y cuando llega ese momento de culminar un artículo, no dices que aquí concluye todo. Dices que finalmente llegó el out 27.
Una de las partes más maravillosas de llegar a los 40 años es la capacidad de reflexionar acerca del lugar que ocupan nuestros afectos en nuestra propia vida, de reconocer cuánto de positivo pueden aportar y también qué podemos aportar nosotros a ellos.
A veces cuesta mucho poner límites y decir basta. Sin embargo, ese acto también representa un entendimiento de cómo cambia nuestra percepción de la vida al llegar al llamado cuarto piso: qué esperamos de ella y cómo queremos recorrer esta nueva etapa.
Poner límites no significa convertirse en una persona despiadada. Por el contrario, es una forma de autocuidado que todos merecemos. Cuidarnos es también hacer una pausa para reflexionar sobre qué papel juega cada persona a la que consideramos un afecto, cuál es su aporte positivo en este momento y de qué manera puede acompañarnos en nuestro camino.
Suena difícil lograr, con diplomacia y sin peleas, ubicar a cada uno de nuestros afectos en el lugar que ocupa en esta nueva etapa. Muchas veces, esta reestructuración nos lleva a comprender que con gritos, amenazas e insultos no ejercemos el verdadero poder; más bien, perdemos el tiempo. Como seres humanos no estamos en esta vida para cambiar a los demás, pero las acciones de los demás sí pueden hacer que cambie nuestra actitud hacia ellos.
En la actualidad, vivimos rodeados de conflictos, guerras y muertes. Poco hablamos y, sobre todo, poco tiempo nos tomamos para reflexionar acerca de a quién llamamos afecto y qué recibimos de manera positiva de esa amistad.
Con el tiempo he comprendido que existen distintos tipos de personas. Están aquellas que son motivadoras, constantes y que siempre están allí; no necesariamente para decirte una palabra bonita, sino para ejercer ese liderazgo inteligente que necesitamos en determinados momentos. A esas personas no solo podemos llamarlas afectos con mayúscula: también representan un lugar seguro, una especie de hogar.
Pero también es necesario diferenciar de aquellas personas que representan un ruido desagradable en nuestra vida. Incluso esas relaciones pueden ser necesarias, porque nos permiten reconocer por nosotros mismos qué nos conviene y qué no.
Ciertamente, poner límites es difícil, especialmente cuando durante mucho tiempo has intentado ayudar a una persona que no lo merece, que no lo reconoce y, sobre todo, que no sabe dar amor.
Llegar a los 40 me ha permitido entender que hay dos cosas que no se negocian: el amor propio y la autoestima. Son valores intrínsecos de cada ser humano y, cuando una relación los vulnera constantemente, es necesario replantearse si esa persona debe continuar formando parte de nuestros afectos.
De nada sirve explicar, hablar, indicar o negociar cuando hay personas que no quieren escuchar razones y que creen tener el monopolio de la verdad. Cuando reflexionas sobre lo que tienes, lo que quieres para tu vida y descubres que, al alejarte de ciertas personas, recuperas tu paz interior y tu autoestima, entiendes que no hacen falta gritos ni peleas.
Alejarse y ubicar a cada persona en el lugar que corresponde puede ser, sencillamente, un acto de amor propio. Y no importa si eso hace que algunos te vean como el malo de la película. Al final de la historia, lo verdaderamente importante son aquellos afectos que son hogar, esos con los que no necesitamos establecer límites porque su presencia siempre aporta algo bonito a nuestra vida y trae consigo paz y armonía.
Durante unas protestas bajo la custodia de un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una representación de abogados provenientes de distintas regiones de Venezuela anunciaron este jueves, 17 de septiembre, la conformación formal del Frente Nacional de Abogados de Venezuela.
Los manifestantes se encontraron en las afueras del Hotel Meliá Caracas, en Sabana Grande para denunciar un vicio estructural y un “golpe a la Constitución” en el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los protestantes del gremio advirtieron que la Asamblea Nacional actual y la AN de 2015 acordaron a “puerta cerrada” reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ con el fin de otorgar a 11 parlamentarios el control del Comité de Postulaciones Judiciales. Esta medida no detalló el mandato estricto del artículo 270 de la Constitución de Venezuela, la cual exige que la instancia esté integrada exclusivamente por los diferentes sectores de la sociedad civil organizada.
Denuncias
El presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Dr. Noé Mújica, presentó ante los demás el soporte jurídico que invalida la actuación de la comisión parlamentaria, basando su reclamo en la usurpación de funciones y las garantías constitucionales.
“Al incorporar a 11 diputados en el Comité de Postulaciones Judiciales, los parlamentarios usurparon la función de los miembros de los diferentes sectores de la sociedad civil. Y hay que recordar que el Comité de Postulaciones Judiciales es la instancia que, por mandato constitucional, elige en primera instancia a los candidatos a magistrados. Por eso invocamos el artículo 138 de la Carta Magna: toda autoridad usurpada es nula y sus actos son nulos. Lo que salga de un comité viciado y usurpador no tiene ningún valor jurídico”, enfatizó Mújica.
Mújica también exhibió ediciones de la Gaceta Oficial para argumentar que los magistrados designados en 2022 sufren del mismo problema, denunciando además que la presidenta del tribunal, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, comete una “doble usurpación” al ser nombrada originalmente para la Sala Electoral y asumir la presidencia de la Sala Constitucional sin sustento.
“A las 10:30 de la mañana del día de hoy, 17 de septiembre de 2026, en Venezuela no hay justicia ni hay jueces de la República legítimos, porque los jueces han sido designados a dedo violando el artículo 253 y el artículo 155 de la Constitución, sin concursos de credenciales para los fiscales. Advertimos a los inversionistas y a las empresas transnacionales que en Venezuela no hay seguridad jurídica para ningún negocio mientras el Poder Judicial responda a las órdenes de un partido político”, aseveró el presidente del gremio.
Falta de seguridad
Por otro lado, Lyli López, vocera del gremio y exjueza del circuito judicial, analizó la crisis de legitimidad y la unión de los poderes públicos al principio de legalidad consagrado en el artículo 7.
“No como lo hicieron a puerta cerrada dos delegaciones de la Asamblea Nacional del 2015 y la actual; le secuestraron el poder a la sociedad. En Venezuela exigimos el cumplimiento del artículo 2 y el artículo 270 de la Constitución para restablecer el Estado de derecho. Hoy en día tenemos jueces que atienden llamados partidistas y sentencian contrario a la ley, manteniendo bajo terrorismo judicial y fraude procesal a campesinos, empresarios, mujeres, adolescentes y abogados privados de libertad únicamente por juramentarse en una causa. Cerca del 50% de las cárceles están llenas de personas inocentes a quienes se les ha criminalizado la pobreza”, sentenció López
La exjueza pidió a las organizaciones internacionales reconocer a los gremios profesionales, universidades y sindicatos como los únicos interlocutores legítimos de la sociedad civil. El dirigente, Moisés Mújica, enfatizó su mensaje hacia la directiva de la Asamblea Nacional de 2020, encabezada por Jorge Rodríguez, y a la presidencia de la AN de 2015, liderada por Dinorah Figuera.
“Aquí se encuentra el Frente Nacional de Abogados para advertirles que actuaremos como un muro de contención y no les vamos a permitir que sigan violando la Constitución”, reclamó Mújica.
Exigencias y entregas de documentos
En representación de la delegación de abogados del estado Anzoátegui, el experto, Hernán García, rechazó la presencia de militares en el control de las instancias judiciales ordinarias y la continuidad de Giuseppe Alessandrello al frente del Comité de Postulaciones Judiciales.
“Nos quieren vender un movimiento en el sistema de justicia que no es más que un juego de sillas entre usurpadores del poder. Rechazamos que el señor Giuseppe Alessandrello siga al frente del Comité de Postulaciones Judiciales. En el estado Anzoátegui los militares dirigen los circuitos penales, civiles, laborales, las fiscalías y la rectoría. Exigimos la aplicación rigurosa de la ley: los militares deben volver a sus cuarteles; ¡fuera los militares de la jurisdicción civil!”, denunció García.
Al terminar la manifestación, el Frente Nacional de Abogados acudió a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para entregar formalmente un documento a los funcionarios del ente internacional.
Con información de Nota de Prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A partir del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el “plan de tres fases” con el que presiona la administración de Donald Trump, el poder del chavismo quedó en manos de Delcy Rodríguez. Con María Corina Machado al frente de la oposición y Dinorah Figuera ungida como figura dialogante por Estados Unidos, una posible transición en Venezuela pasa por el concierto de tres mujeres que deben conciliar intereses nacionales y extranjeros.
Bajo la presión de EE. UU., Delcy Rodríguez ha aceptado y ordenado decisiones que hasta diciembre de 2025 estaban fuera del tablero: una Ley de Amnistía y excarcelaciones recurrentes de presos políticos; cambios en leyes para favorecer inversión extranjera; el restablecimiento de relaciones con Washington y otros gobiernos; además de un diálogo con la Asamblea Nacional (AN) de 2015, que era tachada por el oficialismo como una estructura criminal que bloqueaba el acceso a activos en el exterior.
Los terremotos del 24 de junio también impusieron una presión extra sobre el diálogo, que el 12 de agosto produjo unos primeros acuerdos sobre la atención de los afectados, justamente con los activos que custodiaba la AN 2015, y una primera vía para la recuperación e independencia de las instituciones por medio de un cambio en la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Las politólogas Mireya Rodríguez y María Isabel Puerta coinciden en que bajo este escenario EE. UU. no es un observador discreto o un mediador neutral.
Washington, afirma Rodríguez, actúa como “el árbitro determinante que ejerce un abierto tutelaje sobre la crisis venezolana, administrando los tiempos, las licencias y la legitimidad de cada actor”.
Bajo esa perspectiva, puntualiza, la administración Trump ha manejado tres aspectos: una “ingeniería de interlocutores”, al modelar quiénes se sientan en la mesa de diálogo; el “control de incentivos y supervivencia económica”, al administrar las licencias petroleras, sanciones, protecciones judiciales; y el control de activos en el exterior. El otro punto es la “dosificación del ritmo de transición”.
“Mientras María Corina Machado abandera la urgencia del cambio democrático inmediato respaldado por el apoyo popular, el tutelaje estadounidense busca gestionar un pragmático ‘cambio administrado’ que contenga riesgos geopolíticos, flujos migratorios e inestabilidad energética regional”, apunta la politóloga.
En todo caso, reitera Mireya Rodríguez, la dinámica impuesta evidencia “que el destino del proceso no depende solo de la correlación de fuerzas en las calles de Caracas, sino de los límites y concesiones que fija el tutor externo a cada una de las tres figuras políticas”.
Ellas en el frente
María Isabel Puerta, politóloga y profesora adjunta en el Valencia College, señala que hay una coincidencia en que sean mujeres las que estén al frente de la coyuntura actual en Venezuela. Pareciera haber un elemento común de confianza “en el poder de la mujer”.
“En el caso del régimen político venezolano, el gobierno de los EE. UU. parece tener confianza en Delcy Rodríguez. En el caso de Dinorah Figuera, de igual manera, pareciera que los elementos que están tomando decisiones en la resolución del conflicto tienen confianza en ella”.
Sobre María Corina Machado, refiere la profesora, sigue representando esa voluntad y aspiración de los venezolanos que apostaron por una salida política pacífica. “Lamentablemente esta ha sido una circunstancia donde los venezolanos han quedado por fuera de cualquier tipo de decisión… Sobre todo para quienes están en Venezuela esperando un cambio tangible”.
Afirma que Machado entiende este punto y, además, sabe que hay un costo político “desde el punto de vista de su proyecto y sus aspiraciones de involucrarse en esta fase del proceso que apenas da sus primeros pasos para una reinstitucionalización, ni hablar de una transición democrática en el país”.
Mireya Rodríguez enfatiza en que para entender el papel de Machado, Rodríguez y Figuera es necesario entender que “no estamos ante un diálogo convencional”.
Para la experta en negociación, se está ante “una triangulación de fuerzas en tensión gestionada bajo el tutelaje de EE. UU. Washington actúa como el árbitro que administra los tiempos, las sanciones y la legitimidad, mientras cada lideresa encarna un arquetipo político muy preciso frente a ese poder exterior”.
A juicio de Rodríguez, María Corina Machado encarna un “liderazgo visionario” con autoridad moral, el apoyo de una parte gruesa de la población y, además, ejerce presión “por una transición real sin concesiones de impunidad”.
“Para el tutor estadounidense, el liderazgo visionario es un dilema estructural: es indispensable porque ostenta la fuerza social que convalida cualquier proceso, pero resulta incómodo para la realpolitik diplomática porque se niega a subordinar sus principios éticos a un ‘cambio administrado’”, resalta.
La profesora Rodríguez advierte la mandataria interina ejerce un “liderazgo perverso” al representar la “continuidad del aparato estatal de facto y la contención del cambio estructural”.
Esta líder no busca democratizar el país, “sino asegurar la supervivencia de la cúpula de poder. Su interacción con Washington es puramente transaccional: cede margen operativo o acceso a mercados, a cambio de licencias petroleras y oxigenación económica”.
Mientras que a Dinorah Figuera, la experta la ubica en su plano como “liderazgo negociador” que ostenta no sólo representación legal de la Asamblea Nacional 2015, sino la custodia de activos en el exterior. “Para la administración estadounidense, la lideresa negociadora funciona como la contraparte institucional ideal: un perfil predecible, volcado al trámite legal y dependiente del reconocimiento externo, perfecto para dar encuadre burocrático a los acuerdos sin alterar el balance geopolítico”.
De cara a los actores internacionales y el propio escenario venezolano, dice Mireya Rodríguez, hay tres formas de poder fragmentadas: “la legitimidad popular sin control del Estado (Machado), el control del Estado sin legitimidad popular (Rodríguez) y la legalidad reconocida sin control territorial (Figuera)”.
Mujeres, ¿sinónimo de éxito en las transiciones?
El politólogo John Magdaleno señala varios episodios de democratización donde las mujeres han tomado un rol importante, no sólo en puestos ejecutivos sino en las luchas sociales.
Tal es el caso argentino donde las Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron en dos agrupaciones:: las de familiares de desaparecidos y la asociación Mujeres por la Vida, fundado en 1983. En Chile, el movimiento de Mujeres por la Democracia “contribuyó a la unificación de la oposición, que estaba tremendamente fragmentada”.
En Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro fue fundamental dentro de la resistencia a la dictadura Somoza tras el asesinato de su esposo y director del diario La Prensa, Joaquín Chamorro, en 1978. Durante un año integró la junta de reconstrucción nacional, pero luego se distanció del sandinismo y mantuvo fuertes críticas. Alcanzó la presidencia de ese país en 1990.
En Bolivia, a finales de de 1977, cuatro mujeres mineras, junto a sus hijos, iniciaron una huelga de hambre para exigir a la dictadura de Hugo Banzer la libertad de prisioneros políticos, amnistía general, fin del exilio y la reincorporación de mineros despedidos. Al movimiento se sumaron miles de personas, y recibieron apoyo de la Iglesia católica y otros sectores.
La presión obligó a Banzer a decretar la amnistía y propició el adelanto de las elecciones presidenciales. “También influyó en ello la presión del gobierno de Jimmy Carter como consta en documentos desclasificados”, acota Magdaleno.
En Sudáfrica, indica el profesor, la National Women’s Coalition “tuvo un papel muy importante en ciclos de movilización colectiva, incluso exigiendo una representación directa en las negociaciones del fin del apartheid. En Filipinas es inevitable la referencia a Corazón Aquino, quien terminó liderando las protestas de la famosa ‘People Power Revolution’. Las mujeres jugaron un papel importante y la misma Aquino es electa presidenta. En la propia Primavera Árabe, en la cual el único caso exitoso fue Túnez, y lo digo porque ya no es democracia, la Asociación de Mujeres Demócratas insistió y presionó por algunos principios paritarios en la Constitución del año 2012”.
Sin embargo, menciona Magdaleno, también hay casos fallidos de democratización donde se involucró la figura de mujeres tal como en Bielorrusia o Myanmar, este último liderado por Aung San Suu Kyi, quien había sido vista como un referente democrático pero luego fue ampliamente criticada al defender el genocidio de la minoría rohinyá y la persecución de la junta militar, la misma que la acusó de corrupción —entre otros cargos— y mantiene en prisión desde 2021.
¿Qué esperar del proceso venezolano?
Con un avance visible mediato, luego de que el Parlamento introdujera los cambios para modificar la constitución del Comité de Postulaciones que elige a los magistrados principales y suplentes del TSJ, queda observar si la coalición gobernante seguirá implementando esas medidas “democratizadoras” o se impondrán nuevas tramas que EE. UU. se verá obligado a encauzar.
Justamente, María Isabel Puerta cuestiona que el Gobierno de Trump tenga una verdadera disposición o capacidad “no solamente de impulsar una transición democrática en Venezuela, sino de comprometerse con los valores y principios democráticos que, en la experiencia sabemos, no son rasgos característicos de esta administración”.
Otro punto es la propia estabilidad de Trump, indica la profesora del Valencia College. “No sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU. por mucho que se diga que los demócratas tienen posibilidades de triunfo. Creo que para el régimen político en Venezuela y para la Casa Blanca, el año 2027 va a ser un año clave porque es el último año efectivamente para poder avanzar, en el caso venezolano con una convocatoria a elecciones”.
Puerta asegura que 2027 va a ser un año “de mucho pulso para la coalición que sobrevive en el chavismo”, debido a lo que puede influir la administración Trump durante su último tramo. “Sabemos que ambos partidos (en EE. UU.) se van a preparar para ese evento que es la elección general del 2028 y eso va a tener incidencia en la capacidad que tenga el Presidente no solamente de influir sobre Delcy Rodríguez, sino de garantizar su permanencia en el poder”.
Sin embargo, la politóloga Puerta comenta que en esta coyuntura —que no identifica si camina hacia una transición democrática o la profundización autoritaria— es vital que la oposición aproveche para forzar una salida política a la crisis en Venezuela.
“Creo que es importante entender que este es un proceso político que, de desaprovecharse, no sé si tendremos otro. Lo peor que puede pasar en Venezuela no es que haya un recrudecimiento dictatorial, eso ya existe. El problema es que no haya una forma de evitar que Venezuela termine siendo un Estado fallido”.
A juicio de Mireya Rodríguez, al evaluar el proceso que ha avanzado durante 2026, se puede esperar “un escenario de transición administrada y de alta tensión estructural” con cuatro dinámicas centrales.
La primera de ellas, dice, es un“modelo de estabilización pragmática impulsado desde el exterior” al tener un tutelaje norteamericano que prioriza “la gobernabilidad energética, la seguridad regional y el control de flujos migratorios sobre la pureza del diseño democrático. Veremos un avance acelerado en acuerdos de exploración, reformas al marco de hidrocarburos y apertura financiera, condicionado al mantenimiento de una paz operativa mínima en el país”.
Como segunda característica, explica la experta, se verá la “coexistencia forzada entre la legalidad procedimental y el poder de facto” al utilizar la figura negociadora de la AN 2015 como “el vehículo jurídico para la convalidación internacional de acuerdos, licencias y protección de activos. Sin embargo, su capacidad de incidir en la política territorial cotidiana continuará siendo limitada frente al aparato ejecutivo que opera en Caracas”.
También se observarán los intentos de “atrincheramiento” por parte del sector gobernante, al camuflarse con excepciones “en el terreno económico, energético y en la liberación dosificada de presos políticos para aliviar la presión internacional, mientras intentará frenar a toda costa una apertura política total que ponga en riesgo su impunidad o su continuidad estructural en el poder”.
Por último, indica Rodríguez, va a persistir un conflicto de legitimidad. “El mayor riesgo de este proceso administrado es pretender sustituir la transición política democrática por una mera normalización económica. Mientras no se atienda el mandato popular de masas que representa el liderazgo visionario (María Corina Machado), cualquier acuerdo de convivencia formal carecerá de anclaje social y sufrirá un déficit permanente de estabilidad a mediano plazo”.
La especialista coincide con Puerta en que aún Venezuela no está en un escenario de restitución plena del orden democrático, aunque sí en “una reconfiguración geopolítica del statu quo. El desenlace definitivo dependerá de si la presión ética y la movilización popular logran transformar este tutelaje pragmático en un verdadero itinerario de democratización e institucionalidad real”.
Reportaje publicado originalmente en el medio de comunicación feminista Redsonadoras.
*Ramiro llegó a principios de 2023 a Estados Unidos huyendo de la represión y la hecatombe económica en Venezuela, siendo perseguido en su país natal. Junto a su esposa y sus dos hijas aplicaron por el beneficio del parole humanitario que facilitó el gobierno del entonces presidente Joe Biden y en cuestión de meses llegaron a Miami para comenzar una nueva vida.
Todo andaba sobre ruedas hasta que en enero de 2025 arribó a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Cumpliendo una de sus principales promesas en la campaña electoral, el republicano acabó en un santiamén con el parole humanitario, el CBP One (aplicación móvil para pedir citas de asilo o un permiso humanitario) y el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), además de bloquear la petición de visas de turista.
Al quedarse sin el recurso del parole, *Ramiro y su familia apelaron por la figura de asilo político para permanecer en territorio estadounidense y tres años después de haber llegado a Florida temen que el sueño americano llegue a su fin.
Desde hace semanas la ciudad de Doral en el sur de Florida ha sido epicentro de noticias por las redadas que ha estado llevando a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Conocida por albergar a una enorme cantidad de venezolanos, Doral es una de las ciudades más pujantes en el llamado estado del sol, pero hoy en día se ha venido a menos por el temor de sus residentes a ser detenidos y deportados, después de cosechar frutos en la tierra del Tio Sam.
De acuerdo a cifras de la propia alcaldía de Doral, en la ciudad viven más de 80000 personas y según la revista Forbes está entre las 25 mejores ciudades de Estados Unidos. Ha crecido 77% en los últimos ocho años y su ubicación cerca del Aeropuerto Internacional de Miami la convierte en un centro estratégico con alrededor de 9000 establecimientos comerciales.
“Viví en Doral hasta marzo del año pasado y me mudé a la Orlando a principios de este año 2026, donde también hay redadas, pero no a nivel del Doral, parece que ahora están concentrados allí”, dijo *Ramiro.
De acuerdo a Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, alrededor de 40% de la población que vive en Doral proviene de Venezuela.
“Lo que pasa es que se ha hecho más viral en las redes sociales por la densidad poblacional venezolana que hay en Doral, pero están haciendo redadas también en otras ciudades como Chicago, Houston, Orlando, Denver, El Paso y San Antonio, por mencionar algunas”, dijo la activista venezolana.
Apenas en marzo de este año, Trump visitó el restaurante El Arepazo en Doral, donde bandera de siete estrellas en mano, una comunidad de venezolanos lo recibió con loas y aplausos, la misma que luego de un semestre se encuentra huyendo de ir a parar a un centro de detención para migrantes.
“¿Quién es de Venezuela?”, preguntó Trump al llegar al mítico restaurante. “Venimos a comprar arepas para llevarnos en el Air Force One ¿Qué me pueden recomendar?”, dijo el mandatario después de sostener una rueda de prensa en Doral, donde justificó su acción militar contra Irán.
De acuerdo a la encuestadora Meganálisis, la popularidad de Trump en Venezuela cayó de 92,2% en enero de este año, fecha en la que fuerzas militares estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, a 9,7% en agosto de 2026.
Recientemente, la congresista republicana, María Elvira Salazar, le dijo a Trump que “los hispanos se sienten traicionados” y que las políticas migratorias de la actual administración estadounidense “han ido demasiado lejos”.
Según Salazar, quien aspira a ser reelecta en las elecciones de medio término en noviembre de este año, en el pasado mes de julio, 50% de las 50000 personas que fueron detenidas por ICE no tenían antecedentes penales.
“Tenga cuidado con lo que le están diciendo sus asesores en cuanto a política migratoria. Quienes votaron por usted para llevarlo a la Casa Blanca hoy se sienten defraudados”, expuso la congresista.
De acuerdo a Ferro, los agente de ICE están deteniendo a personas con un estatus migratorio pendiente alegando que violaron la ley al quedarse en territorio estadounidense más allá del tiempo que te permite una visa de turista u otra condición como parole o TPS.
“Aunque no es una norma escrita, pero sí era una tácitamente entendida, quienes solicitan asilo pueden permanecer dentro de Estados Unidos, incluso el documento que les dan a las personas una vez introducido el recurso, dice que tienen el derecho de quedarse hasta que haya un veredicto en torno a su situación”, dijo Ferro.
*Ramiro indicó que cuando recibió la aceptación de su petición de asilo, el papel que le dieron decía que podía quedarse, no que debía estar preso en un centro de detención.
“Con esa solicitud de asilo le dan a la persona un permiso de trabajo para que pueda mantener su estadía aquí, además de una licencia de conducir y hasta puedes tener seguridad social (social security). Entonces ¿Cómo es que una persona ilegal puede tener todos estos documentos?, es absurdo”, dijo el emigrante venezolano
Raúl David Chávez Millán es otro venezolano que vive en Doral desde hace más de una década. Ha sido testigo de cómo los agentes de ICE detienen a los conductores de vehículos que portan una licencia de conducir temporal.
“¿Qué pasa? Que los funcionarios de ICE tienen unos lectores de placas de carros que dicen si la licencia del conductor es permanente o temporal, porque toda persona cuyo estatus migratorio no está definido tiene una licencia temporal”, dijo Chávez.
“Cabe acotar que si la persona es indocumentada, no puede recibir una licencia de conducir temporal, por eso estar en medio de un proceso migratorio, es estar legal”, añadió *Ramiro.
Afectaciones humanitarias y económicas
“Hablan de 140000 niños que han sido separados de sus padres, más de 70000 presos. Pareciera que el presupuesto que se le otorgó a ICE es enorme, hay zozobra, miedo y persecución”, dijo Tomás Páez Bravo, director del Observatorio Venezolano de la Diáspora.
De acuerdo a Ferro, el impacto de los operativos de ICE tiene varias caras, la primera es la humanitaria y la segunda la económica.
“La gente está viviendo un absoluto terror, las familias están siendo separadas, algunos niños no están yendo a la escuela y cuando llegan a casa se encuentran que su papá y su mamá no están. Hay menores de edad que se están quedando solos”, señaló la activista.
Chávez expresó que Doral no es la misma ciudad que conoció al llegar, ni siquiera se parece a la del año pasado.
“Una de las cosas que más destaca de esa ciudad es el tráfico y se ha notado un descenso de vehículos sobre todo en las vías principales. Centros comerciales cercanos como el Dolphin Mall, que suele estar repleto de personas, cuenta con poca afluencia de gente, fui un día después de quincena y se podía caminar libremente por los pasillos. Acudí recientemente a un supermercado y era exactamente lo mismo”, dijo el venezolano.
“Las calles están vacías, la gente no está saliendo de sus casas, los negocios carecen de afluencia de personas, hay establecimientos que probablemente deban cerrar o incluso ya cerraron”, agregó Ferro.
La directora del Venezuelan American Caucus dijo que la “cacería” está teniendo consecuencias en el seno familiar.
“Quizás la más dolorosa es la separación, pero también está el aspecto económico, muchos han tenido que dejar de trabajar por temor a salir a la calle y por eso hay gente que no puede pagar la renta, comprar comida o cancelar los servicios”, dijo Ferro.
*Ramiro, quien maneja un Uber y hace DoorDash (entregas a domicilio) ha pasado por periodos en los que ni siquiera ha salido de su casa por lo que su producción se ha venido a menos. Conoce a gente que ha sido aprehendida e incluso familias que se han regresado a Venezuela porque se niegan a vivir con miedo.
A juicio de Páez Bravo, la nueva dinámica migratoria está teniendo efectos en el sector agrícola y construcción, rubros en los que tradicionalmente la mano de obra es asumida por migrantes.
Chávez expresó que en Doral el sentimiento generalizado es de tensión y miedo.
“Hay personas que han tenido que delegar en otras, cuyo estatus migratorio está definido, el hacer mercado o llevar a los niños a las escuelas”.
Un sistema roto
*Ramiro apuntó que el destino de un solicitante de asilo no lo puede decidir un funcionario policial, sino un juez en un tribunal migratorio.
Para Chávez se trata de un tema de interpretación de las leyes.
A juicio de Ferro, quienes aguardan por una petición de asilo no son ilegales.
“Están en lo que conocemos como un limbo legal permitido y aprobado por los Estados Unidos desde hace años”.
De acuerdo a informes de organizaciones como TRAC Reports, las restricciones y cambios bajo la administración actual han elevado los rechazos de asilos desde un 60 % a un 94 %.
En junio de 2026, los tribunales de inmigración solo concedieron asilo a 771 personas, lo que representa apenas un 5 % de los casos resueltos en ese periodo.
De acuerdo a la firma Rivas & Asociados, el promedio para obtener una decisión final en un caso de asilo suele tardar de 4 a 7 años debido a la alta acumulación de casos pendientes en los tribunales.
“El gobierno creó un limbo por su ineficacia y está castigando a las personas por algo que ellos mismos formaron. Las personas que están en un proceso migratorio no tienen forma de defenderse”, expresó *Ramiro.
El migrante recordó que un requisito fundamental para aplicar por asilo es estar dentro de territorio estadounidense.
“Entonces uno debe haber entrado legalmente. Muchos acusan a los solicitantes de asilo de fraude y eso es algo que debe decidir un juez”, añadió.
Ferro indicó que el haber sido detenido no significa que necesariamente la persona vaya a ser deportada, pero efectivamente existe un riesgo porque la manera de zafarse parcialmente de la situación es costosa.
“Contratar a un abogado cuesta miles de dólares y salir bajo fianza otros miles más, y el tema es que cuando se trata de migración no funcionan cuotas, hay que pagarlo de una vez”, dijo la activista.
Según el bufete de Rivas & Asociados, el monto mínimo para una fianza de ICE es de 1500 dólares, aunque no existe un límite máximo y las cifras promedio suelen estar entre $5000 y $25000, según cada caso.
“Las personas que no tienen esos fondos pasan meses detenidos hasta que finalmente se ven obligados a firmar su deportación, ya sea hacia Venezuela u otro país”, dijo Ferro.
En abril de 2025, Donald Trump dijo que su meta anual de deportaciones era de 1 millón de personas.
De acuerdo a cifras del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), la administración republicana ha deportado a 985000 personas desde el inicio de su gestión hasta mediados de julio de 2026, mientras que datos oficiales de ICE registran más de 356000 deportaciones únicamente para el año fiscal en curso, que comenzó en octubre de 2025.
“Se está perjudicando a personas que estaban esperando la respuesta por parte del gobierno mientras trabajaban legalmente, con un número de seguridad social, pagando sus impuestos y haciendo las cosas de manera correcta”, dijo Ferro.
Páez Bravo sentenció que por fortuna, organizaciones de la diáspora y la sociedad civil venezolana se han organizado para buscar una salida a este drama.
“Hubo un encuentro de más de tres decenas de organizaciones de la diáspora en Estados Unidos y andan promoviendo un encuentro entre republicanos y demócratas en procura de ofrecer posibles soluciones a los venezolanos que hoy viven en zozobra”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La salida o debilitamiento de algunas estructuras criminales no significó el fin del control de las mafias sobre los territorios donde se explota el oro en el Arco Minero venezolano, la investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca titulada Dorada Opacidad II demuestra como grupos delictivos, militares y autoridades locales mantienen distintos niveles de vigilancia sobre las comunidades mineras.
En La Conversa de este martes 15 de septiembre, Lorena Meléndez, coordinadora de Investigación de Runrunes, y Milagros Salazar, directora de Convoca en Perú, expusieron el trabajo que reunió a periodistas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, y que contó con el apoyo del Pulitzer Center.
Durante el programa de la alianza conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, Meléndez explicó que el trabajo comenzó a tomar forma después del 3 de enero de 2026, debido al interés del gobierno de los Estados Unidos por el oro venezolano.
Meléndez contó a César Batiz, director de El Pitazo; Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, que el anuncio de reformas legales por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez y la aprobación de una nueva Ley de Minas motivaron al equipo periodístico a trasladarse a la zona.
Meléndez relató además que el Arco Minero adquirió otra dimensión después del operativo del 9 de junio de este año, donde fuerzas estadounidenses y venezolanas supuestamente mataron a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, otrora líder del Tren de Aragua
Para Meléndez existen interrogantes sobre esa versión oficial, debido a que no encontraron pruebas fehacientes que permitieran confirmar la muerte del líder criminal.
Del control de las bandas al control militar
A juicio de Meléndez, el panorama en el sector del estado Bolívar llamado Las Claritas ha cambiado desde mediados de la década pasada al presente.
“Lo primero que se percibe es una anarquía aparente”, expuso Meléndez.
La periodista explicó que la multiplicidad de grupos se redujo y el poder quedó concentrado en menos organizaciones.
Meléndez sentenció que el escenario cambió con la llegada de los militares a zonas donde anteriormente predominaban estructuras criminales.
“El Sistema, una alianza criminal entre Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Negro Juancho, y Yohan Romero, alias Johan Petrica, estuvo ejerciendo un amplio control territorial. Petrica llegó a Las Claritas después de la persecución a la que fue sometido a propósito de la Operación de Liberación para el Pueblo (OLP) en Maracay y posteriormente pactó con el Negro Juancho”, dijo Meléndez.
La periodista manifestó que el control militar no se limitó a las actividades dentro de las minas, sino que se extendió a prácticas de extorsión en las calles, detenciones para interrogatorios y cobros de “vacunas”.
De acuerdo con el relato de la periodista, las extorsiones pueden alcanzar los 20 gramos de oro, equivalentes a 2000 dólares.
Meléndez señaló que en otros territorios permanecen organizaciones que llevan años ejerciendo control.
En El Dorado mencionó a Fabio Enrique González Isaz, alias El Negro Fabio; en Tumeremo identificó a la organización R y su relación con el ELN (Ejercito de Liberación Nacional); mientras que en El Callao y Guasipati ubicó al Tren de Guayana.
La gobernanza criminal que sustituye al Estado
Para Milagros Salazar, fundadora y directora de Convoca, el caso venezolano forma parte de un fenómeno que también se observa en otros territorios de Sudamérica.
Salazar comparó lo encontrado en Venezuela con zonas de la Amazonía peruana, donde confluyen narcotráfico, extorsión, minería ilegal, deforestación y conexiones con el poder político.
A su juicio, la investigación permite observar cómo se instala una gobernanza criminal en territorios donde las autoridades dejan de cumplir las funciones de protección y atención de las comunidades.
Según Salazar, el oro es uno de los grandes negocios que impulsan la economía criminal en la región.
Salazar expuso que en la primera entrega de Dorada Opacidad, periodistas de distintos países sudamericanos identificaron más de 3000 toneladas de oro de origen desconocido entre 2013 y 2023 y en la segunda parte la investigación se decantó por establecer cuáles son las conexiones que tiene el mineral nativo con el poder político.
¿Qué ocurrió con el “Niño Guerrero”?
Una de las interrogantes centrales de la investigación está relacionada con el operativo del pasado 9 de junio.
Meléndez contó que un día antes de la incursión armada en Las Claritas, un grupo de personas en Santa Elena de Uairén aseguró haber visto al Negro Juancho en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) antes de cruzar hacia Brasil.
El equipo periodístico consultó a funcionarios de la policía del estado brasileño de Roraima, quienes plantearon la posibilidad de que integrantes de estas estructuras hubieran ingresado a Brasil después de los operativos.
La periodista mencionó supuestas alianzas entre el Tren de Aragua y facciones armadas de Brasil como el Comando Vermelho.
“¿Por qué ven a estas personas cruzando el 8 de junio, cuando el operativo fue el 9. Si esas personas conocían de antemano el operativo, ¿Por qué no ocurrió lo mismo con el Niño Guerrero?”, planteó.
Salazar sentenció que la investigación optó por hablar de una presunta captura, debido a la falta de claridad sobre lo ocurrido.
Una ruta que trasciende Venezuela
La investigación Dorada Opacidad no se limita al Arco Minero venezolano.
Salazar explicó que la investigación regional encontró conexiones entre los circuitos del oro y las estructuras criminales de distintos países.
La investigación busca comprender quiénes participan en esas redes, cómo ingresa el oro al circuito formal, cómo se transporta de manera clandestina y quiénes se benefician de ese negocio.
Según la directora de Convoca, Perú concentra una parte sustancial del origen de las más de 3000 toneladas de oro de procedencia desconocida detectadas entre 2013 y 2023.
“Perú es un centro de lavado de oro. Los Estados pierden mucho con estas economías ilegales”, dijo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Gabriela Rojas no sabe cómo empezará el año escolar de su hijo Michelle, de 8 años. Él estaba inscrito en el Colegio Martin Luther King, en la parroquia de Naiguatá, en La Guaira, el estado venezolano más devastado por el doblete sísmico del 24 de junio. El colegio se convirtió en un campamento transitorio para los damnificados de los terremotos y, hasta la fecha, aún alberga refugiados.
Ella se enteró de la rezonificación de las escuelas a través de chats de WhatsApp con sus vecinos y con las mamás de los amigos de Michelle. De los siete planteles educativos donde los alumnos debieron ser reubicados en Naiguatá, el Colegio Martin Luther King es el único que lo hizo por ser un refugio y no por haberse derrumbado.
«A mi hijo lo movieron a una escuela de Anare, a varios kilómetros de Naiguatá. No sé cómo llevaré a Michelle: no tengo un carro ni cómo pagar un transporte para llevarlo todos los días», comentó Rojas.
Para el 14 de septiembre, el día que la gobernación señaló como el inicio del año escolar 2026-2027, al menos 22 planteles escolares en La Guaira todavía albergan damnificados en refugios formales e informales. Michelle no pudo viajar los 11 kilómetros para ir al colegio que le asignaron y asistir a su primer día de clases.
Mientras algunos colegios presenciaron poca afluencia de estudiantes, un tercio de la población (34,35 %) que está refugiada en las 24 instituciones educativas que el Gobierno interino destinó como campamentos transitorios son niños, niñas y/o adolescentes, de acuerdo con datos propios obtenidos por Runrun.es. Sin embargo, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha publicado un balance demográfico sobre las personas refugiadas en los campamentos transitorios para conocer las necesidades particulares de cada grupo etario.
Ante la opacidad que rodea a la situación en los albergues, Runrun.es elaboró una base de datos sobre los refugios en La Guara y comprobó la existencia de los 28 campamentos temporales dirigidos por el Gobierno interino y de cuatro campamentos temporales coordinados entre las Naciones Unidas y el interinato venezolano. Estos refugios albergaban a más de 10 000 personas a inicios del mes de septiembre de 2026.
De las 32 instituciones registradas en la base de datos, solo ocho son instituciones fuera del sistema educativo: cinco canchas deportivas, dos edificios gubernamentales y un espacio público. De ese mismo grupo, la mitad es coordinado por las Naciones Unidas.
El equipo reporteril de Runrun.estambién tuvo acceso a los reportes situacionales del Gobierno Interino sobre los refugios de La Guaira –informes que tampoco son públicos– para precisar los datos demográficos y contrastó su contenido con la base de datos propia, viajes de campo y con entrevistas a personas refugiadas y sus vecinos.
Habitar vs. educar
De acuerdo con el artículo número ocho del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Refugios Dignos para Proteger a la Población en Casos de Emergencias o Desastres, publicado en 2011, el Gobierno tiene la responsabilidad de trasladar a las personas refugiadas que se han resguardado en instituciones educativas a otros espacios urbanos luego de la emergencia inicial, «dando tratamiento prioritario a la evacuación de escuelas, públicas o privadas, a fin de proteger y garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes».
Para el 2 de septiembre de 2026 había 6713 personas que aún se refugiaban en instituciones educativas (refugios «tipo e», según la Ley Especial de Refugios Dignos): el 67,48 % de esa población estaba distribuída en los 21 planteles escolares que el Gobierno interino habilitó como campamentos transitorios, el resto se refugia en instituciones universitarias. Cada uno de los planteles educativos sigue funcionando como campamento transitorio para esta fecha.
De acuerdo con la Gobernación de La Guaira, otros 122 planteles están en proceso de reparación y 32 quedaron con afectaciones graves a su infraestructura.
Al mantener la tipología de los campamentos bajo el artículo número nueve de la Ley Especial de Refugios Dignos, ocho campamentos transitorios albergan menos de 150 personas (son de «nivel 1», según la normativa). De ese grupo, seis son planteles educativos. Al menos ocho planteles educativos que funcionan como campamentos transitorios albergan entre 151 y 205 personas (son de «nivel 2»). Otros dos colegios albergan entre 251 y 350 personas damnificadas por los terremotos a inicios de septiembre (son de «nivel 3»). Un total de 11 campamentos transitorio albergaban más de 350 personas, excediendo el límite de tipificación de la Ley Especial de Refugios Digno (serían «nivel 4»).
El Estadio de Béisbol Miguel Ángel Montes se encontraba sin carpas en una visita de campo de Runrun.es el 14 de septiembre, pero los vecinos de la zona informaron que los damnificados fueron reubicados a otros refugios o a campamentos informales, ya que por la zona están derrumbando los edificios y vivienda.
Sin embargo, existe un plantel educativo que aún funciona como refugio itinerante: la Escuela Nacional Bolivariana Carlos Escarrá, en la urbanización Hugo Chávez Frías, en Playa Grande, en la parroquia Urimare. Allí se refugian 206 personas (incluidos 68 niños, niñas y adolescentes), según una encuesta que Runrun.es levantó en la comunidad la primera semana de septiembre de 2026.
Norelis Morales y María Yépez, líderes comunitarias dentro del refugio de la Escuela Carlos Escarrá, notificaron que el Gobierno interino ha reubicado a varias personas, pero no a toda la población dentro del plantel.
«La realidad entre los que vivimos en carpas ahora y los que no es fuerte. Muchos no se han querido ir porque esperan un refugio más digno: no quieren ir a otra carpa o a otro colegio. Lo que buscan son respuestas habitacionales: ¿qué pasará con nuestros hogares?, ¿a dónde nos ofrecen una vivienda para estar permanentemente allí y no habitar temporalmente? Buscamos una solución duradera», concluyó Morales.
En el Complejo Educativo República de Panamá los refugiados cuelgan su ropa en los salones y las barandas mientras los niños juegan en la cancha multiusos de la escuela. Es una de las pocas actividades que pueden hacer: los militares que custodian la entrada del recinto no permiten que nadie entre o salga.
Si hay visitas, llaman a la familia que desean ver y se encuentran en la entrada de la escuela.
Dentro de los reportes gubernamentales consultados por Runrun.es, la población infantil es la más numerosa (representando el 34,92 % del total). Sin embargo, solo 2306 (60,72 %) niños, niñas y adolescentes se encuentran refugiados en los planteles escolares destinados como campamentos transitorios. El resto está en otros espacios urbanos como centros deportivos e instituciones gubernamentales.
Aunque el edificio del Pdval de Guaracarumbo, en la parroquia Urimare, está designado como refugio para las infancias y adolescencias sin padres o representantes desde el 27 de junio, hasta la fecha no se ha reportado ningún niño solo allí. Un personal que custodia la instalación informó a Runrun.es que no puede dar declaraciones públicas, pero aclaró que el refugio no alberga a nadie.
Los reportes gubernamentales evidenciaron que existe una relación de 1,6 personas mayores de 18 años por cada niño, niña o adolescente en los campamentos. Mientras tanto, existe una relación de 6,16 personas mayores de 18 años por cada persona en edad de jubilación (mayores de 60 años).
Para el 17 de septiembre de 2026, había 38 adultos mayores (17 mujeres y 21 hombres) albergados en la Escuela Nacional Bolivariana Santa Eduvigis, en la parroquia Urimare, espacio designado para el refugio de adultos mayores sin otros familiares presentes. El listado se puede conseguir en un código QR en la entrada del lugar. Es la única institución que maneja la información demográfica de forma pública.
Por su parte, en el grupo etario entre 18 y 59 años, la población femenina supera un poco a la masculina con una relación de 1,08 mujeres por cada hombre. De la población total de adultos en los reportes gubernamentales con fecha del 2 de septiembre, 63,35 % (3858 personas) estaba acogidas en instituciones educativas.
La opacidad sobre la población albergada en los campamentos sigue presente: el último balance público sobre los campamentos transitorios ocurrió el 26 de julio a las 11:00 a.m. desde el canal de Telegram del Ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Para ese momento el reporte revelaba que había 12.752 personas en campamentos transitorios de La Guaira.
Es decir, en 38 días, el Gobierno interino reubicó a 1878 personas (o 14,73 % de la población que estaba en los campamentos para el 26 de julio).
Mientras tanto, el boletín con información sobre los sismos enviado por el presidente de la Asamblea Nacional (2025), Jorge Rodríguez, tuvo su última actualización el 24 de agosto de 2026 por su canal de Telegram. En ese último informe no hubo datos sobre las personas refugiadas.
Aunque el Gobierno interino no ha publicado cifras en más de 24 días, la emergencia humanitaria post desastre aún continúa.
