La ONG Espacio Público registró 30 violaciones al derecho a la libertad de expresión durante el mes de mayo, lo que dijeron representó un incremento en comparación con el mes de abril, cuando contabilizaron 34.
La organización documentó desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, restricciones al trabajo periodístico y criminalización del trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Detallaron en el informe publicado en su web, que hubo 17 víctimas en 13 hechos contra la libertad de expresión y afirmaron que los principales responsables fueron los cuerpos de seguridad (9) e instituciones del Estado (4).
“En mayo aumentó 160% el número de casos y se mantuvo el patrón de persecución, con especial énfasis en la censura impuesta por diferentes vías”, destacó la ONG Espacio Público.
El informe publicado por la organización en su web agrupa entre las detenciones las del abogado Eduardo Torres, integrante de Provea, el médico Omar Vergel, la abogada Merlina Carrero, el periodista Carlos Marcano y decenas de encarcelamientos que se dieron -según señalaron- “sin presentar pruebas”, pese a que las autoridades los involucraron con un supuesto plan para sabotear las elecciones regionales que se realizaron el pasado 25 de mayo.
Espacio Público destacó que muchos de estos detenidos están bajo desaparición forzada y no han podido tener acceso a sus abogados de confianza.
Menos cobertura periodística
Espacio Público afirmó que el día de las elecciones regionales hubo impedimentos al trabajo periodístico y agresiones contra trabajadores de la prensa; sin embargo, dijo que disminuyeron las agresiones contra estos trabajadores, en comparación con otros procesos electorales, dado también por el descenso en la cobertura por parte de los medios de comunicación, motivada por el miedo y la persecución durante los meses previos a los comicios.
En Caracas, el periodista Daniel Garrido y su equipo de Telemundo fueron abordados por civiles sin identificación en la avenida México, quienes los obligaron a mostrar sus credenciales. A TalCualse le impidió el ingreso a un centro electoral, efectivos del Plan República le manifestaron que solo podían entrar y tomar declaraciones los equipos de VTV, bajo el argumento de que solo los medios del Estado podían hacer cobertura.
La periodista Beatriz Adrián fue blanco de hostigamiento verbal por parte de la activista política Indira Urbaneja, tras reportar baja participación electoral en el Colegio Santo Tomás de Villanueva.
En los estados Mérida, Apure, Aragua y Táchira también hubo impedimentos para hacer la cobertura a periodistas.
Espacio Público también registró ataque contra organizaciones defensoras de DDHH. El pasado 26 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó a Provea, Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Posible de formar parte de una supuesta «estructura terrorista».
“Estas declaraciones agravan el patrón de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil y pretenden desalentar la denuncia pública de arbitrariedades cometidas por el Estado”, señaló la ONG, que resaltó: “La criminalización, las restricciones a la prensa y la falta de acceso a la justicia reflejan la gravedad del retroceso democrático que atraviesa Venezuela”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, informó que junto al gobierno de los Estados Unidos, el país del cono sur lleva a cabo acciones de cooperación para lograr la liberación del ciudadano de nacionalidad uruguaya Fabián Buglione, que fue detenido en Venezuela cuando ingresó en octubre de 2024.
Lubetkin se reunió recientemente con la esposa de Buglione y le transmitió el compromiso del Gobierno para lograr su liberación.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay detalla que ese país y Estados Unidos llevan a cabo acciones de cooperación en seguimiento de las condiciones de detención de Buglione y en busca de su liberación.
Buglione, de origen uruguayo pero con al menos dos décadas de permanencia en Estados Unidos, fue detenido el pasado año y es la única persona de esa nacionalidad que permanece preso en territorio venezolano.
Luego de acudir al Parlamento en abril de este año, Lubetkin dialogó con diputados sobre el tema e informó que ambos países habían llegado a un acuerdo con las autoridades para sumar un esfuerzo conjunto en este caso.
Allí también aclaró que Buglione era el único uruguayo que se encontraba en estos momentos detenido en Venezuela.
Buglione planeaba viajar a Barinas para encontrarse con su novia, quien le había extendido una carta de invitación formal.
Después de cruzar la frontera en Táchira, Fabián dejó de responder al teléfono y actualmente se desconoce su paradero.
Su familia conoció de manera extraoficial que se encontraba recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, pero no habían podido confirmar la información.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Primero Justicia (PJ) pidió al gobierno de los Estados Unidos que reconsidere la restricción de visas que impuso a 19 países, entre ellos Venezuela.
El partido Primero Justicia considera injusta la medida que impone mayores obstáculos a personas que van en busca de refugio y oportunidades en otras naciones.
“La reciente inclusión de Venezuela en listas de restricciones migratorias por parte del Gobierno de los Estados Unidos es una medida que termina afectando a quienes más han sufrido: los venezolanos inocentes que escapan del régimen de Nicolás Maduro”, manifestó Primero Justicia en un comunicado publicado en su cuenta de X.
“Los venezolanos no deben ser castigados dos veces, ya que han sido forzados a abandonar su país por la administración de Maduro que «os persigue, los empobrece y les arrebata sus derechos”.
“Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades norteamericanas para que reconsideren esta decisión. Las políticas migratorias deben distinguir con claridad entre quienes sostienen al régimen criminal y quienes han sido víctimas de él”, manifestó PJ.
A juicio de la tolda política hoy más que nunca se necesita una política coherente con los valores de libertad y derechos humanos compatible con el mundo democrático.
El pasado miércoles, el Gobierno de Donald Trump anunció un decreto presidencial que prohíbe la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo (Brazaville), Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A su vez, restringe la entrada de los ciudadanos de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
La proclamación contempla varias excepciones, entre ellas las personas que ya tienen una visa vigente y están dentro del territorio estadounidense, a la vez que a los ciudadanos de estos países que tengan una residencia permanente en Estados Unidos o doble nacionalidad.
Igualmente están excluidas las personas con visas diplomáticas, los atletas, entrenadores y miembros de equipos deportivos que viajen a importantes eventos como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundialde Fútbol.
La prohibición entra en efecto el próximo 9 de junio y establece 90 días, cada 180 días, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio presentará un informe a Trump con su evaluación y recomendando si la medida debe continua o terminar ser modificada.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) exigió la liberación de María Oropeza, activista del estado Portuguesa, quien fue detenida hace 10 meses.
“Oropeza siempre ha demostrado su amor por Venezuela y decidió desde muy joven luchar por la libertad, por un país lleno de oportunidades para darles un mejor futuro a las nuevas generaciones”, expuso el Comité a través de cuenta de X.
El 6 de agosto del año pasado, Oropeza hizo una transmisión por Instagram en vivo en la que denunció que agentes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro estaban tratando de entrar en su hogar de manera arbitraria y sin orden de allanamiento.
Previo a su detención, Oropeza había denunciado sobre la operación tun tun contra la oposición, desplegada por la administración madurista luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuyó la victoria a Maduro si hasta ahora mostrar resultados desagregados en su página web.
“Hoy, aunque permanece tras las rejas, ese propósito sigue presente. Por ella y por todos los jóvenes que decidieron seguir aquí, luchando en Venezuela, seguimos alzando la voz”, resaltó Vente Venezuela.
La organización también exigió la liberación de todos los presos políticos, que según la ONG Foro Penal son 927.
De acuerdo al gobierno de Maduro en Venezuela no existen presos políticos, sino personas que cometieron delitos contra la nación, tesis contraria a la sostenida por organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Si va a viajar, no diga que lo hará! Corre el riesgo número uno de todo viajero: que le pidan un encargo (porque el riesgo número dos es ser mula). Créame que, si comete ese error, verá cómo la gente a su alrededor cambia y comienza a decirle cosas como: “Me dijeron que ibas a viajar y quería saber si te podía pedir un favor”. Si eso pasa, agarre su celular y finja que le entró una llamada en donde le dan una noticia espantosa, como que le metieron a lavar su ropa blanca con una camisa roja nuevecita.
Porque si no, comenzarán a pedirle encargos con unos trucos que ya detecté tras años de cometer el mismo error: decir cuándo me iba de viaje. Y dichos trucos son los siguientes:
Si el encargo se lo piden con una sonrisita, ¡desconfíe! Están por endosarle unos botines de básquet talla 43 que le ocuparán media maleta.
Si el encargo se lo piden hablando en un tono agudito, usted se fregó. Ahora serán unos patines en línea talla 45 (y además se quedó sin espacio en la maleta).
Si además le dicen que el encargo es “una tontería” o “una bobadita”, ahora sí me compadezco por usted. Desde aquí lo veo trayendo un amortiguador de camión.
Aunque la verdadera arma letal de todo encargo es cuando se lo piden usando diminutivos, como “tráeme unas cremitas”. Porque en efecto serán unas cremitas, pero para la mamá, la tía, la abuela, la señora de servicio, la vecina, la maestra del niño y la más importante de la familia: la perrita.
Y todo esto se lo digo con total conocimiento de causa, pues además soy hijo de piloto, lo cual me hace PhD en Encargología. Título que me autoriza para clasificar a los distintos tipos de encargadores.
Está el que pide cosas con denominación de origen, como el que una vez me dijo: “Como vienes de Colombia, por fa tráeme un café de Juan Valdez”. Entonces viajé, llegué a su ciudad y cuando le pregunto que en dónde nos vemos para dárselo, me dice: “Ahí cerca de tu hotel, en el Juan Valdez”.
También tenemos al que se considera asesor de imagen, quien una vez me preguntó: “¿Qué quieres que te traiga?”. Y le dije: “Si no es molestia, una camisa XL”. Entonces, cuando volvió, fui a buscar la camisa y resultó ser una L.
–Pero era XL.
–Sí, pero es que yo la vi y dije: “¡No, eso es muy grande! Mejor le llevo la L”.
Aunque pase lo que pase, jamás caiga en la trampa maestra de los encargos: aceptar un alojo gratis. Miren que una vez me quedé en casa de unos amigos por una semana y, cuando me estaba despidiendo, uno de ellos me dijo: “¿Podrías llevar unas cositas para mi familia en Venezuela?”. Léase bien: “cositas” (además lo dijo agudito y sonriendo). ¿Qué le iba a decir?
Entonces sacó una bolsa negra de basura llena de muchisisísimas “cositas”, me la dio y así me tuve que ir al aeropuerto. Con una bolsa que parecía tener un cadáver picado en “pedacitos”.
Y no falta el que una vez me dio treinta y dos blísteres de pastillas para un familiar que las necesitaba con urgencia, haciéndome sentir como si yo fuese la madre Teresa llevando un órgano para trasplante. Un sentimiento heroico que se me quitó cuando llegué al puesto de inmigración y el oficial me dijo: “¿Y ese poco de medicinas qué?”.
Momento en el que llegaron a mi mente más teorías de conspiración que en un congreso de OVNIS. “¿Será que le hice algo malo a mi amigo?”. “¿Será que se está vengando de mí y eso no es medicina nada?”.
Al final, mis teorías como que se confirmaron, pues el guardia me metió a un cuartico y me ordenó bajarme los pantalones para ver si llevaba algo escondido. Y hoy, luego de varios años del incidente, confieso lo que me descubrió. Porque en el bluyín lo que escondía, era que casi no tengo nalgas.
Por todo esto, es que finalmente tomé la decisión de ya no decirle a nadie cuando me vaya de viaje para que no me pidan encargos. Y menos ahorita, que voy a visitar a mi familia del 7 al 23 de junio en los Estados Unidos y no quiero estar con preocupaciones.
En el complejo panorama criminal de Norte de Santander, donde confluyen el lavado de activos, una completa estructura de producción, comercialización y salida de droga y la actividad ilícita de grupos delincuenciales y criminales nacionales y transnacionales, un alias viene resonando con fuerza en los círculos de inteligencia: el Faraón, también conocido como el Fantasma. Este capo, que hasta ahora ha logrado mantenerse en la sombra, ha emergido como una figura clave en las operaciones de narcotráfico transnacional y sus tentáculos también llegarían al ámbito político en este departamento fronterizo con Venezuela.
Fuentes oficiales que solicitaron el anonimato revelaron a #LaHoraDeVenezuela que el Faraón se esconde bajo una fachada de empresario y mantiene un perfil extremadamente bajo, a diferencia de capos más mediáticos. “El Faraón opera como un verdadero fantasma en el mundo criminal. Rara vez se expone y utiliza una compleja red de intermediarios para gestionar sus negocios ilícitos”.
Esta forma de actuar le ha permitido evadir a las autoridades, mientras expande su imperio criminal a ambos lados de la frontera colombovenezolana, donde cuenta con importantes influencias que van desde políticos reconocidos hasta altos mandos militares.
Quienes mencionan a este personaje lo hacen en voz baja y con temor, porque es tal el poder que se le atribuye que, según algunos investigadores, sus tentáculos estarían expandidos en instituciones gubernamentales y entre las mismas autoridades judiciales. Esa es la razón para que todas las pesquisas se adelanten bajo la mayor reserva.
Por eso, tratar de seguirle el rastro a este personaje que solo unos pocos conocen en persona, pero muchos mencionan y del que da susto hablar, es complicado. Sin embargo, desde hace varios meses venimos rastreándolo y hemos encontrado varias pistas que también estarían en manos de las autoridades en Estados Unidos.
Sus conexiones con Cúcuta
La ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela y epicentro de la diáspora venezolana en Colombia, enfrenta, según su alcalde, Jorge Acevedo, el accionar de al menos 27 bandas criminales que se disputan el control territorial, cuatro de ellas transnacionales: Los AK-47, el Tren de Aragua, el Eln y la disidencia de las Farc. En este escenario ya complejo, en el que la competencia por el dominio de las rentas ilícitas es cada vez más crudo, el Faraón ha conseguido establecer un dominio significativo en lo que se refiere a la salida de droga por Venezuela.
Según las autoridades, uno de los aspectos más preocupantes es la capacidad de este capo y sus socios para moverse libremente por la ciudad, utilizando documentación legítima. “Sus operadores se mueven por Cúcuta con cédulas colombianas” afirmó una fuente oficial, lo que complica enormemente la labor de seguimiento de sus acciones delictivas porque estos documentos de identidad no están relacionados con investigaciones por algún delito.
Informaciones de inteligencia indican que la organización del Faraón habría establecido vínculos con figuras políticas locales e incluso se habla de su participación como financiador de algunas de las campañas de 2023. Esto ha abierto un nuevo foco en las investigaciones.
Cúcuta es el epicentro de las actividades criminales de un personaje temido cuya identidad no se ha revelado y que se conoce como El Faraón o El Fantasma. Foto: Archivo personal
Sus vínculos con el narcotráfico y lavado de activos
La organización criminal dirigida por el Faraón ha desarrollado una sofisticada operación de narcotráfico internacional. “Está relacionado con carteles venezolanos y mexicanos que sacan cocaína por República Dominicana”, indicó una fuente cercana a la investigación, señalando que la droga tendría como destino final los Estados Unidos.
Pero quizás lo más notable de su operación es el elaborado sistema de lavado de activos que ha construido. Según las investigaciones, el Faraón aparece vinculado a los juegos de azar a través de unas empresas constituidas en 2017, 2021 y 2024, en negocios que le permitirían blanquear el dinero proveniente del narcotráfico.
“Esta banda estaría conectada con un oficial de alto rango del Ejército de Venezuela que está inyectando capital en Colombia”, explicó una fuente oficial, sugiriendo que parte del dinero lavado proviene directamente de altos círculos militares del país vecino. Adicionalmente, “uno de sus socios es un exmilitante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que estuvo preso en el Táchira”, lo que demuestra las conexiones políticas de esta organización criminal.
También se sabe que las autoridades ya han empezado a seguirles la pista a sus negocios relacionados con la comercialización de carbón de contrabando que harían pasar como lícito, aprovechando la estratégica posición fronteriza del área metropolitana de Cúcuta.
De hecho, uno de sus hombres de confianza, conocido como La G, sería el encargado de manejar los negocios relacionados con carbón en Norte de Santander, así como sus conexiones con políticos locales y departamentales, aseguró la fuente judicial.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) mantiene un expediente activo sobre el Faraón y sus operaciones. Según fuentes de inteligencia, los agentes estadounidenses tienen plenamente identificada su verdadera identidad y conocen los nombres de sus principales socios en Colombia, aunque hasta el momento ninguno ha sido formalmente judicializado.
El interés de la agencia norteamericana se centra especialmente en las rutas de tráfico que esta organización utiliza para introducir cargamentos de cocaína a Estados Unidos a través de República Dominicana.
Por otra parte, investigadores mexicanos en la ciudad de Querétaro han manifestado interés en el caso tras una masacre ocurrida en Cúcuta en septiembre de 2024. Una de las víctimas fue Luis Miguel Osorio Chacín, quien venía siendo rastreado por sus presuntos vínculos con una red de tráfico de relojes Rolex hurtados y de cocaína, con la que el Faraón también tendría relación.
Luis Osorio, un menor de 14 años y uno de sus escoltas, son las víctimas de la masacre ocurrida esta noche en Cúcuta, en la entrada del colegio Santo Ángel. Versiones extraoficiales indican que Osorio es venezolano, tiene casinos en Cúcuta y se movilizaba en un vehículo blindado.… pic.twitter.com/Y1TpFPKJRQ
Las autoridades judiciales mantienen en su radar a este “empresario” cuyas actividades comerciales en el sector del carbón han despertado el interés de la Fiscalía, no solo por sus operaciones económicas, sino por su presunta conexión con tres casos de homicidio. Dos de ellos involucran a figuras claves del negocio de este mineral en la región.
El primer expediente corresponde al asesinato de César Ramón Flórez Anaya, empresario del carbón, de 57 años, cuyo homicidio ocurrió en junio de 2024 en un establecimiento comercial del barrio Caobos. Fuentes cercanas a la investigación indican que una de las hipótesis sería una disputa económica derivada de una millonaria deuda pendiente que habría mantenido la víctima con el Faraón y unos políticos de la región que son muy cercanos a este fantasma.
El segundo caso relacionado con el carbón es el homicidio del abogado Fabio Álex Ortega, reconocido veedor ciudadano y defensor de derechos humanos en la región, quien ejerció como personero en los municipios de El Zulia y San Cayetano, ambos pertenecientes al área metropolitana de Cúcuta.
Ortega había centrado sus investigaciones en actividades de minería ilegal en la zona fronteriza. Según testimonios recabados por #LaHoraDeVenezuela, el abogado había reportado amenazas contra su vida, al parecer provenientes de dos organizaciones criminales que operan en el corredor fronterizo y que tendrían conexiones directas con el Faraón.
Las autoridades continúan indagando los móviles de ambos crímenes, mientras evalúan los posibles nexos entre los casos y las actividades del empresario señalado. Según ellas, esta investigación podría revelar las conexiones entre la minería ilegal, el lavado de activos y la violencia en esta región estratégica del país.
El tercer hecho de sangre con el que lo relacionan los investigadores y que sigue la DEA es la brutal masacre ocurrida el pasado 14 de septiembre a las afueras del colegio Santo Ángel de la Guarda en Cúcuta. Las fuentes consultadas indican que esta se habría planeado un mes antes en una reunión en el municipio de El Zulia entre integrantes de una banda criminal y emisarios de narcotraficantes mexicanos y venezolanos (el cartel de Los Soles), entre los que estarían representantes del Faraón.
El objetivo principal del ataque era Luis Miguel Osorio Chacín, venezolano radicado en Cúcuta desde 2014, que se presentaba como un empresario y ganadero y que según medios de comunicación venezolanos fue investigado en su país por el decomiso de 766 kilos de cocaína. Una fuente cercana a la investigación del asesinato señaló que en las indagaciones se halló evidencia de que en el ataque los sicarios dispararon, por lo menos, 46 veces contra el vehículo y que 29 de los disparos fueron con arma de largo alcance, tipo fusil. En el ataque también murieron su hijo menor de edad y uno de sus escoltas; varias personas quedaron heridas.
Un documento de inteligencia menciona que el asesinato de Luis Miguel Osorio Chacín, quien estaba presuntamente vinculado a la organización del Faraón, se debió a una deuda millonaria que él no pudo pagar.
La fuente también reveló que Osorio Chacín “habría aportado dinero que el Faraón le dio para algunas campañas políticas en las pasadas elecciones”, lo que revela posibles nexos entre el mundo criminal y la política local y departamental.
Fuentes de inteligencia señalaron que la organización del Faraón habría pagado aproximadamente 200 millones de pesos a sicarios para ejecutar el crimen.
Mientras que las autoridades siguen adelante con estas investigaciones, el Faraón continúa dirigiendo sus operaciones desde las sombras, consolidando su poder en una región azotada por la violencia y el crimen organizado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Con el objetivo de desempeñar una labor de responsabilidad social para mejorar su entorno, Proensamble Parquex ha propiciado distintos proyectos que benefician a toda la comunidad.
Para contribuir a la educación y beneficiar a la escuela Negra Hipólita y a un centro del Sistema Nacional de Orquestas, ProEnsamble ha dispuesto una de las unidades de su proyecto Sala Móvil. Esta unidad es un trailer modificado, dotado de sillas para que los padres puedan esperar a sus hijos bajo techo.
Foto | Adriana Materano | Sala Móvil de ProEnsamble Parquex
Hablamos con su creador
Asimismo, Arturo Márquez, líder de la iniciativa confiesa al ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga, que ha colaborado en la comunidad para cambiar los bombillos de los postes de luz que alumbran la calle interna que conecta el mercado con la sede de su iniciativa.
Cuando el camión de información llegó a la sede de la iniciativa, donde se desarrollaba una competencia de OCR (Carrera de Obstáculos), Márquez mostró un centro de recolección de plástico del proyecto Parquex por Reciclaje.
Con este plan, ProEnsable involucra a jóvenes en el mundo del reciclaje, ofreciéndole una bicicleta reconstruida a cambió de mil envases de plástico. “El plástico aquí llega a nosotros a través de esta gestión”, explica. Además asegura que “es un estímulo para los chamos para que se motiven y se esfuercen”.
Este proyecto ha restaurado e intercambiado plástico por 14 bicicletas donadas a jóvenes de La Unión.
Foto | Adriana Materano | Centro de recolección de plástico de ProEnsamble Parquex
Para aprovechar este plástico acumulado, Márquez comprará una máquina moledora de plástico y con ella llevará a cabo el proyecto de hacer madera plástica que será usada para construir desde parques y puentes para parques de niños hasta rampas.
Aunque el proyecto parece novedoso, para Márquez implica sólo cambiar de material, ya que Parquex ha sido uno de los promotores de los parques y rampas en zonas urbanas para la práctica de deportes como BMX Freestyle (bicicleta en rampa) y skateboarding (patineta en rampa).
Foto | Yaya Andueza | Arturo Marquez, líder de la iniciativa ProEnsamble Parquex
El camión de información de El Pitazo, Runrun.es y TalCual conoció esta iniciativa en su ruta informativa en El Hatillo, la cual no solo incursiona libremente en diferentes formas de conseguir recursos, sino que además tiene como objetivo principal involucrar a los jóvenes, beneficiar a su comunidad e impactar positivamente al medioambiente.
“Lo que no se ve” es una exposición fotográfica itinerante que narra, a través de siete imágenes simbólicas, la historia de una mujer que vive distintos tipos de violencia a lo largo de su vida.
Esta muestra fue conceptualizada por Patricia Moreno, directora de Empre Mujeres, activista y productora de impacto social; y capturada magistralmente por la fotógrafa anzoatiguense Leoniberth Castillo.
“La propuesta no muestra la violencia de forma explícita, sino que invita a reflexionar desde la empatía, la dignidad y el poder del arte como herramienta de transformación social”, explicó Moreno.
La líder social destacó que “Lo que no se ve” está disponible como exposición itinerante para universidades, empresas, organizaciones sociales e instituciones aceptadas en promover la prevención de la violencia de género y la sensibilización desde un enfoque humano.
Con este formato, la organización Empre Mujeres ha logrado concienciar a más de 2.500 personas que acudieron a exhibiciones y ciclos de conferencias realizados en las ciudades Caracas y Lechería, ubicadas en el estado Anzoátegui, Venezuela.
“Esta exposición fotográfica ha provocado conversaciones necesarias, en lugares donde aún cuesta hablar de esas experiencias que, lamentablemente por desconocimiento, han sido normalizadas en la sociedad”, señaló la directora de Empre Mujeres.
Además, anunció que la muestra puede ser parte de actividades de formación interna, programas de responsabilidad social, foros, campañas o iniciativas comunitarias.
Para más información sobre cómo llevar esta experiencia a diferentes espacios o sumarse como aliado, la productora de programas de impacto social, invita a contactarlos a través del correo electrónico infosoycrear@gmail.com
