En un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno venezolano condenó la “agresión militar” de los Estados Unidos contra Irán y exigió el cese inmediato de las hostilidades.
En el texto, se expresa una condena “firme y categórica” al bombardeo ejecutado por el Ejército de los Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán, incluyendo los complejos de Fordow, Natanz e Isfahan.Aseguran que esta acción se ejecutó “a solicitud del Estado de Israel”.
“Este ataque constituye un acto de agresión ilegal, injustificable y extremadamente peligroso, que viola flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los principios elementales de respeto a la soberanía de los Estados. Bombardear instalaciones nucleares, con todos los riesgos que ello implica para la vida humana y el equilibrio ambiental de la región, es una escalada irresponsable que puede desatar consecuencias de proporciones incalculables para la estabilidad global. Es una amenaza directa a la paz internacional”, consideró el gobierno venezolano.
El texto cierra con un mensaje en el que se reafirma la solidaridad con el pueblo iraní y el compromiso “con la paz, la soberanía y la defensa del derecho internacional como único camino para la convivencia entre las naciones”.
El ataque y sus consecuencias
En horas de la noche del 21 de junio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que habían completado “con gran éxito” el ataque contra tres instalaciones nucleares en Irán. En un discurso transmitido en televisión precisó que el objetico de EEUU era “la destrucción de la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán y un alto a la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terror número uno del mundo”.
Los gobiernos de Israel y EEUU confirmaron que los ataques en suelo iraní fueron coordinados. “Trabajamos como equipo, como quizás ningún otro equipo ha trabajado antes”, expresó Trump, al tiempo que Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, felicitaba a su homólogo y expresaba: “El presidente Trump y yo solemos decir: ‘La paz a través de la fuerza’. Primero viene la fuerza, luego la paz”.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en una conferencia que la operación, denominada “Martillo de medianoche”, requirió el uso de 75 “armas guiadas de precisión”, incluyendo 14 “rompebúnkeres” además de siete bombarderos furtivos B-2 que volaron 18 horas. Aclaró asimismo que la operación no tuvo como objetivo ni las tropas iraníes ni los ciudadanos de ese país.
La reacción de Irán no se hizo esperar. A primeras horas del domingo lanzó dos tandas de 30 misiles contra zonas pobladas de Israel, en hechos en los que resultaron heridas al menos 16 personas.
Además, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en la red social X este domingo que su país se reserva “todas las opciones” para responder.
“Los eventos de esta mañana son indignantes y tendrán consecuencias duraderas. Cada uno de los miembros de la ONU debe estar alarmado por este comportamiento extremadamente peligroso, fuera de la ley y criminal (…) De acuerdo con la Carta de la ONU y sus disposiciones que permiten una respuesta legítima en legítima defensa, Irán reserva todas las opciones para defender su soberanía, intereses y pueblo”, advirtió.
Además de Venezuela, gobiernos como el de China y Rusia condenaron las acciones contra Irán y también expresaron preocupación desde la Organización de las Naciones Unidas. “La única solución es la paz”, afirmó su secretario general, António Guterres.
“Hago un llamado a los Estados miembros para que reduzcan las tensiones y cumplan con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas del derecho internacional”, amplió Guterres.
El Ministerio de Exteriores de Rusia tildó de “irresponsable” la decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán y opinaron como el gobierno de Venezuela, que las acciones “violan flagrantemente el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, declaró el ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. En el mismo sentido fue la declaración de la Cancillería china, quienes además de rechazar el ataque, considera que la acción exacerba las tensiones en Oriente Medio.
Países árabes como Arabia Saudita, Egipto, Catar, Omán y El Líbano expresaron su preocupación porque la región se encamine a un mayor caos después de la intervención de EEUU en el conflicto e instaron a que se trabaje en soluciones políticas y diplomáticas.
“No se puede permitir a Irán que desarrolle un arma nuclear, ya que sería una amenaza para la seguridad internacional”, declaró a propósito de los hechos la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. Por su parte, y a juicio del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, las acciones del gobierno de Trump se hicieron para “aliviar” la amenaza de que Irán se convierta en una potencia nuclear.
“Atacar centrales nucleares está prohibido por derecho internacional”, advirtió el presidente chileno Gabriel Boric, quien además señaló que “tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado”.
Entretanto, la Cancillería de Colombia rechazó “el uso unilateral de la fuerza”, mientras que la de México instó a que haya un “diálogo urgente” entre las partes en conflicto.
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Desde hace más de tres meses, Wilmary Arévalo no sabe nada de su esposo Keivis Vásquez, un joven barbero de 22 años oriundo de Falcón. La última vez que hablaron fue el 2 de marzo de este año, justo antes de que él se entregara voluntariamente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos para solicitar deportación voluntaria a Venezuela.
Pero nunca llegó a tal destino. Keivis fue enviado por las autoridades estadounidenses al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, acusado sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua, con el argumento de tener tatuajes.
Wilmary, una migrante venezolana de 19 años de edad, quedó sola con la hija de ambos en Canadá, una bebé que tiene un año y nueve meses llamada Kylie Wuillianny, quien padece diabetes insípida, enfermedad renal crónica que impide a su cuerpo retener líquidos.
Al tiempo que la niña depende de un tratamiento médico para sobrevivir, su padre está encarcelado en un centro de máxima seguridad creado para pandilleros de alta peligrosidad en un país que desconocen.
—Lo único que hizo Keivis fue luchar por nosotras —dice Wilmary.
Para un niño o niña en su primera infancia, perder el contacto con su padre tiene un efecto definitivo en su desarrollo y bienestar emocional. ¿Qué significa que de la noche a la mañana un padre desaparezca de la vida de una hija?
Esto le sucede a Kylie (de 1 año) y a Darbelys (de 6 años).
La no separación de las familias es un mandato en el derecho internacional. Los expertos, psicólogos y especialistas en derechos de la infancia, reiteran en que el interés superior del niño debe prevalecer en todas las decisiones que tome un Estado y afecten a los niños en su dinámica familiar. Migrar es un derecho, destacan al ser consultados sobre este tema, y bajo ningún principio se debería criminalizar a un migrante.
Por ello el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, bajo la nueva administración de Donald Trump, es un tema que preocupa y alerta en una región convulsionada y donde cientos de miles de personas se desplazan a diario por el continente americano en el intento de mejorar sus condiciones de vida.
Las niñas Kylie y Darbelys no han vuelto a ver a sus papás desde que hace meses ambos fueron deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador. En estos dos casos, se vulnera su derecho a la familia y a mantener contacto con sus progenitores.
Migrar en busca de salud
La diabetes insípida impide que el organismo controle adecuadamente los líquidos y hace que los riñones produzcan más orina de lo normal, lo que provoca una constante sensación de sed y puede llevar rápidamente a una deshidratación severa.
Para tratar esta condición, la pequeña Kylie necesita un tratamiento que consta de dos medicamentos diarios y visitas frecuentes a los especialistas, cuyo costo alcanza los 4.000 dólares al mes. Fuera de Canadá, el tratamiento es aún más costoso.
—Aquí en Canadá me ayudan con todo lo relacionado a la salud de la niña. Sin eso, no podríamos sobrevivir —cuenta Wilmary Arévalo, quien vive en Niágara Falls (Ontario), junto a su madre, padrastro y hermana de nueve años de edad, adonde llegaron buscando trabajo y mejores condiciones de vida como migrantes luego de una estancia breve en Estados Unidos.
La niña de un año ha sido hospitalizada varias veces desde que nació. Sus riñones no funcionan por sí solos, solo funcionan con el tratamiento, explica su madre. Aunque ha mostrado mejoría en los últimos meses, sigue dependiendo de los medicamentos y los controles médicos frecuentes.
—Cada dos meses tenemos citas. No puedo pensar en salir de Canadá mientras ella no esté completamente bien —afirma.
La diabetes insípida no tiene cura, pero puede ser controlada con tratamiento de por vida.
Keivis Vásquez había trabajado en Canadá, sin embargo, no hablar inglés ni francés le dificultaba conseguir empleo.
Tras el empeoramiento de la situación económica, el joven decidió viajar de retorno a Estados Unidos en noviembre de 2024, con el objetivo de buscar mejores oportunidades laborales para mantener a su hija y a su pareja.
—Yo no me moví de Canadá porque aquí me ayudan con todo lo de la niña, el tratamiento me lo dan gratis, o no podríamos mantenernos —explica Wilmary.
Desde la detención con posterior deportación y encarcelamiento de Keivys en El Salvador, la familia quedó aún más vulnerable. La joven madre no puede trabajar porque debe cuidar a la niña y depende, completamente, del subsidio estatal para costear el alquiler y los gastos básicos mensuales.
—Me dan 1.000 dólares para mí y 600 dólares para el arriendo. Con eso compro las cosas de la bebé —dice Wilmary.
La detención y deportación de Keivis Vásquez ocurrió en medio de la endurecida política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha deportado a miles de ciudadanos migrantes en Estados Unidos a sus países de origen y enviado a un grupo de migrantes venezolanos a la cárcel de Cecot en El Salvador, sin tener registros delictivos o antecedentes penales.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización que defiende los derechos y libertades individuales en Estados Unidos, considera ilegales estas detenciones, así como la invocación por parte de la administración de Trump de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros para deportar y encarcelar inmigrantes. Por esta razón demandó al gobierno norteamericano y ganó el fallo ante un tribunal federal.
—Nadie puede ser privado de libertad sin el debido proceso legal, sin darles la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal, mucho menos de ser deportado, encarcelado o aislado en una prisión que es un gulag en un tercer país —afirmó Lee Gelernt, abogado de ACLU.
Según su familia, Keivis no tiene cargos en Venezuela, ni en Ecuador —a donde migró por primera vez— ni en Canadá.
—La acusación del gobierno de Estados Unidos se basa solo en sus tatuajes. Tiene el nombre de la niña, la fecha de nacimiento, una cruz, una corona y una cita bíblica. Eso no lo hace un delincuente —insiste Wilmary.
La periodista venezolana Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina y una experta en el tema, asegura que según sus fuentes policiales y su propia investigación los tatuajes no son un símbolo o marca distintiva que indique pertenencia a una banda venezolana y mucho menos evidencia en estos casos de una membresía en el Tren de Aragua.
La familia se enteró de que Keivys estaba en el Cecot el 31 de marzo, cuando las autoridades anunciaron un segundo traslado de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador.
—Me metí en TikTok y veo que habían deportado a nuevos venezolanos. Me puse a ver el video y lo vi a él. Lo reconocí de una vez, me puse a llorar, me desesperé. Fue una noticia muy fuerte —recuerda entre lágrimas.
Desde entonces, ni ella ni su hija han vuelto a saber de Keivys Vásquez.
No apareció en el último video difundido por Estados Unidos tras una visita de funcionarios del gobierno norteamericano a la mega cárcel.
—Este caso es desestructurante. Ya la migración pone sobre el grupo familiar una exigencia de recursos emocionales bastante elevada, pero la detención arbitraria de un padre proveedor en un lugar donde pensabas que se respetaba el Estado de derecho no hace sino agravar todo el panorama y tiene un efecto traumático. Es un proceso muy doloroso, complejo y confuso que quiebra a una familia —explica Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, una organización que trabaja por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Wilmary Arévalo está incluida en dos grupos de WhatsApp con familiares de los otros venezolanos deportados a El Salvador. Recientemente, les pidieron enviar una carta para los detenidos, aunque desconoce cómo la harán llegar, debido a que aún están incomunicados en esa prisión sin acceso a visitas ni abogados.
—Él está con los mismos abogados que contrató el gobierno venezolano, en ese mismo proceso —dice Wilmary, quien explica que además han tenido problemas para tramitar los antecedentes penales debido a un error en la cédula de identidad de Keivis.
—Gracias a Dios, la niña está muy bien, se está recuperando, pero todo ha sido muy difícil. Todas las noches lloro. Estoy en depresión, he bajado de peso, he dejado de comer. Estoy muy delgada —relata Wilmary— Aun así, no he buscado ayuda psicológica. Por ahora, no estoy lista.
Dice que no teme ser deportada desde Canadá, pues su situación es distinta a la de Estados Unidos. Su hija es canadiense por nacimiento además de venezolana por tener padres venezolanos, y aunque ella no reside en situación regular, posee un documento de identidad que le permite moverse dentro de ese país.
—Sigo confiando en mi Dios y pidiéndole que lo mantenga fuerte y que llegue el momento de que lo liberen. No dejo de pensar en él —dice Wilmary.
Recuerda con dolor el caso de Maikelys Espinoza, la niña separada de sus padres en Estados Unidos, y aunque le generó pesar, asegura que no teme que le ocurra algo similar.
—Aquí eso no se ha visto.
El mayor anhelo de Wilmary es tener de nuevo a su familia unida.
—Si mi hija se cura y le quitan el tratamiento, me regresaría a Venezuela. Si eso no pasa, seguiré aquí en Canadá. Solo quiero justicia. Keivis no es un delincuente, lo único que hizo fue luchar por nosotras —reitera.
Dejada atrás y sin noticias de su padre
La mañana del 31 de mayo de 2023 Darwin Hernández Carache se despidió de su esposa Aida Díaz y de su pequeña hija Darbelys de 4 años de edad, en su residencia en Valencia, Carabobo, en la región central de Venezuela. Las abrazó fuerte y las besó a ambas, cuenta Aida.
Darwin salió rumbo a Estados Unidos con el claro propósito de buscar trabajo para ayudar a su familia.
—Se fue por la situación país y para darle una casa a la niña —dice Aida de 31 años, una enfermera de profesión, egresada de la Universidad de Carabobo.
Darwin dejó atrás a su familia e hizo su viaje por vía terrestre. A pesar de los riesgos atravesó a pie la Selva del Darién entre Colombia y Panamá, luego recorrió cada uno de los países de Centroamérica y México hasta llegar finalmente a la frontera con Texas. Un mes y medio le llevó hacer la travesía, pero el 15 de julio de 2023, en su primer intento de entrar a Estados Unidos al cruzar el Río Grande fue detenido por una patrulla fronteriza, rechazado por las autoridades migratorias norteamericanas y devuelto a México.
A Darwin lo trasladaron en un operativo coordinado por funcionarios mexicanos del Instituto Nacional de Migración hasta Villahermosa, Tabasco, ciudad fronteriza con Guatemala. Allí permaneció cerca de tres meses, pero no desistió.
—Él averiguó mejor cómo entrar legalmente a Estados Unidos. Como tenía sus papeles en regla y su idea era ir a trabajar temporalmente para enviarnos dinero y ahorrar, entonces aplicó al CBP One para hacer las cosas bien —cuenta Aida.
La CBP One es una aplicación móvil que permitía a las personas que buscaban ingresar a Estados Unidos programar una cita con autoridades migratorias para hacer la solicitud en un puesto de entrada terrestre de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP por sus siglas en inglés).
Entre 2023 y 2024, cerca de un millón de extranjeros en su mayoría inmigrantes sin visa, entraron a Estados Unidos utilizando esta alternativa según datos del Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Darwin fue uno de ellos.
Al esposo de Aida le fue asignada su cita el 3 de octubre de 2023 en un puesto fronterizo de control migratorio en Texas. Después de su entrevista estuvo detenido durante 24 días en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Hidalgo, Texas. Luego fue liberado y obtuvo un permiso de estadía temporal en Estados Unidos por dos años.
—Apenas logró su objetivo desde Hidalgo se fue a Chicago, Illinois, donde empezó a trabajar —dice Aida.
El primer empleo que consiguió Darwin en Chicago fue recogiendo nieve durante el invierno. En la primavera, por recomendación de conocidos, se mudó a Raleigh, capital de Carolina del Norte. Allí, le dijeron, había menos migrantes, por lo tanto, menos competencia para conseguir un buen trabajo.
En Raleigh comenzó a laborar en una compañía de entregas de comida a domiciliocomo empleo fijo y ofreciendo sus servicios de barbero de manera independiente. Alquiló una casa. Comenzó a enviar dinero a su esposa mes a mes. El plan comenzaba a dar resultados.
—Desde que llegó a Estados Unidos no hubo ni un día en el que Darwin no me llamara por WhatsApp o le hiciera una videollamada a Darbelys. Él es un papá presente y muy cariñoso. Ese contacto es vital para mi hija —asegura Aida.
El permiso de estadía temporal de Darwin vence a finales de agosto de 2025. Le había comentado a su esposa que su intención era aprovechar al máximo su permanencia en Estados Unidos para ahorrar y regresar a Venezuela en septiembre de este año con algo de recursos para emprender.
Pero la noche del 8 de febrero de 2025, los planes de Darwin quedaron truncados.
—Fue detenido en una redada de ICE. Ahí empezó la pesadilla —dice Aida.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) allanaron esa noche una casa en Raleigh, Carolina del Norte, locación donde se grababa un video musical. Darwin Hernández estaba allí porque había sido contratado como barbero, según Aida.
Durante dos días no tuvo noticias de su esposo. El 10 de febrero se comunicó con Aida, le dijo que desconocía lo que sucedía, pero que los agentes de ICE le afirmaron que revisarían su documentación y en unos días quedaría libre. Eso no ocurrió.
Fue trasladado a un centro de detención de ICE en Georgia, luego enviado a otro centro de detención de ICE en Texas, donde permaneció casi un mes. El 15 de marzo llamó a Aida y le dijo que sería deportado a Venezuela, pero esto tampoco sucedió.
El nombre de Darwin estaba entre los deportados por el gobierno de Donald Trump a El Salvador la madrugada del 16 de marzo, junto a otros migrantes venezolanos, 238 en total según la lista publicada por CBS, quienes fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en el país centroamericano.
Darwin y los demás deportados fueron acusados de ser terroristas y delincuentes, miembros de la banda criminal Tren de Aragua. También de ser migrantes indocumentados en situación irregular en Estados Unidos y que representaban un peligro para la seguridad de esa nación.
—Los agentes de ICE intentaron que Darwin firmara un documento en inglés en el que reconociera que pertenecía al Tren de Aragua. Él me dijo que escribió en español “No, no pertenezco al Tren de Aragua” —cuenta Aida.
Para este reportaje se verificó que Darwin Hernández no tiene antecedentes penales en Venezuela, y que ingresó legalmente a Estados Unidos a través de CBP One por autorización de ICE con un permiso que le permitía residir y trabajar en ese país.
Una investigación de ProPublica, The Texas Tribune, Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News comprobó que el gobierno de Donald Trump conocía que la mayoría de los venezolanos enviados a El Salvador no tenían condena por crimen alguno en Estados Unidos según registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y que sus vinculaciones al Tren de Aragua se hicieron sin rigor.
Un informe delInstituto Cato reveló que al menos 50 de los detenidos y deportados venezolanos a El Salvador ingresaron legalmente a Estados Unidos con permiso previo del gobierno estadounidense, no violaron ninguna ley migratoria y fueron separados forzosamente de sus esposas e hijos.
Darwin es uno de esos casos.
—Que Dios te bendiga y te cuide, fue lo último que le dije el sábado 15 de marzo. Desde entonces ni la niña ni yo hemos podido hablar más con él —relata Aida.
Darbelys, quien ya cumplió seis años, le pregunta diariamente a su mamá dónde está su padre. Ambos generaron un vínculo muy estrecho. Darwin cuidaba de su hija los días de la semana en los que a Aida le correspondía hacer guardia como enfermera en la Maternidad del Sur de Valencia.
—Él es su todo. A pesar de que estaba lejos, siempre hablaban a diario, pero ahora no, él desapareció. La ausencia del papá enfermó a mi hija de depresión —cuenta Aida.
Llanto diario, dificultad para conciliar el sueño, desánimo, pérdida de apetito, mirada de tristeza y ansiedad son los síntomas que detectó Aida en Darbelys.
—El no poder oír o ver a su papá le afectó tanto que la niña desarrolló una bronconeumonía, así fue diagnosticada por una médica pediatra. Estuvo a punto de ser hospitalizada, tuve que dejar de trabajar por un tiempo y olvidarme de las guardias de noche para cuidarla.
La niña no sabe que su padre está detenido en una prisión en El Salvador sin ninguna comunicación con su familia. Aida decidió aplicar una estrategia similar a la película italiana “La vida es bella” de Roberto Beningni. Para protegerla le dice a Darbelys que su papá trabaja en una finca lejana donde no hay señal del celular, pero que él está muy bien.
—No quiero que sepa la realidad. Por la noche le leo sus cuentos favoritos para que se duerma, “El rey león” o “El gato con botas”. A veces le pongo mensajes de voz viejos que tengo guardados en el WhatsApp, escuchar la voz del papá le da calma.
Darbelys, quien aprendió a leer y escribir precozmente, redacta con frecuencia cartas dirigidas a su padre, según su mamá. La niña también hace dibujos para su papá casi a diario, por ejemplo, en uno pinta flores y lo que se asemeja a la bandera de Estados Unidos, en otro un corazón violeta. En todos escribe la frase “papá, te amo”.
—El impacto psicológico que tiene una detención arbitraria de un papá en una familia dejada atrás por la migración tiene un efecto devastador para un niño o niña. Perder uno de tus pilares emocionales reafirma el temor de no volver a verle y los deja en una condición aún más vulnerable —explica el psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, Abel Saraiba.
—Contar con la protección y apoyo de la mamá en una experiencia de este tipo es invaluable, es un refugio afectivo. Mi recomendación es que el niño o niña también tenga un acompañamiento psicoemocional de un profesional que le ayude a superar las alteraciones del estado de ánimo y recuperarse —agrega Saraiba.
La familia Hernández Díaz no tiene los recursos para contratar un abogado y estuvieron muy desorientados respecto a qué hacer, por lo que acudieron al gobierno venezolano para pedir ayuda.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó oficialmente la detención de los venezolanos, exigió la excarcelación y repatriación de los presos en El Salvador y en un comunicado precisó “que se criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana” porque “fueron condenados sin el debido proceso”.
El gobierno asumió el caso de manera colectiva a través de la Fiscalía General de Venezuela y la contratación de una firma de abogados en El Salvador que representa al Estado venezolano y a los familiares de los detenidos.
La responsable de la familia de Darwin en las gestiones ante el Ministerio Público es la suegra de Aida, Carmen Carache, quien se traslada desde Valencia hasta Caracas cada vez que debe acudir a una reunión o trámite.
—Yo no puedo, debo trabajar y cuidar a mi hija —comenta Aida, quien desde la detención de Darwin quedó en condición aún más vulnerable al dejar de recibir las remesas que cada mes enviaba su esposo para la manutención de ella y de la pequeña Darbelys porque su sueldo de enfermera apenas alcanza.
Según un informe de Human Rights Watch (HRW), los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador han sometido a los venezolanos deportados y encarcelados a desaparición forzada y detención arbitraria.
—Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rigth Watch.
En la investigación de Human Right Watch también se precisa que esta acción ha dejado a estos inmigrantes por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso que se traduce en separación de padres e hijos.
Una investigación previa de Human Rigth Watch en conjunto con Texas Civil Rights Project (TCRP) y el Centro Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale concluyó que en la política de Estados Unidos hay un patrón que vulnera los derechos de los migrantes y somete a las familias a separaciones forzadas que se deben evitar.
—La mayor angustia es no saber nada de él, que esté incomunicado, que mi hija no pueda hablar con su papá. Es una angustia muy dolorosa que se siente en el pecho —insiste Aida.
Carlos Trapani, abogado especialista en derechos del niño y coordinador general de Cecodap, considera que en este caso se debe analizar los derechos de los migrantes bajo la mirada de protección integral del niño o niña.
—La no separación de las familias es un mandato y debe prevalecer el interés superior del niño —afirma Trapani.
La Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional que define las pautas de protección general y el marco regulatorio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo, establece que todo niño o niña requiere una doble protección en el tema de migración, tanto por su condición de niño como por su condición de migrante o hijo de migrante.
El derecho a la familia no solo significa formar parte de un núcleo familiar, también es mantener contacto permanente o regular con los padres aun cuando estén en residencias separadas o en países distintos.
Por su parte, en la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, se precisa que no solo es migrante quien se va sino también los hijos de migrantes que permanecen en el país de origen y son dejados atrás. La niña Darbelys tiene este perfil y también derechos que la protegen.
—Las detenciones arbitrarias que implican separación de padres de sus hijos son contrarias a los principios generales de protección integral a los niños y vulneran los derechos humanos de los hijos de estos migrantes —subraya Trapani.
—A pesar de todo, tengo mucha fe de que pronto quedará libre. Él se reencontrará con nosotras. Si hay justicia, Darwin regresará a casa —dice convencida Aida.
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La Fundación El Amparo Internacional y el Comité de Defensa de los Tachirenses Inmigrantes denunciaron “graves violaciones a los derechos humanos de migrantes venezolanos”, especialmente del estado Táchira, que fueron deportados desde Estados Unidos y actualmente permanecen detenidos en El Salvador.
El medio La Nación recoge la denuncia que hizo tras una visita al país centroamericano Walter Márquez, presidente de la fundación, quien calificó la situación como un “limbo jurídico” y un posible crimen de lesa humanidad.
Durante su visita, Márquez y familiares de los detenidos sostuvieron reuniones con autoridades salvadoreñas como la Dirección General de Peticiones y la Procuraduría de Derechos Humanos, así como con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, a quienes solicitaron información sobre la salud, condiciones carcelarias y situación legal de los migrantes.
«Pudimos comprobar que están incomunicados, que no hay debido proceso, que algunos de ellos han sido torturados y golpeados», denunció Márquez.
También se alertó que varios de los migrantes fueron enviados a El Salvador pese a tener órdenes judiciales en EEUU para ser deportados a Venezuela.
Denunciarán ante instancias internacionales
Ante la falta de respuestas a los recursos presentados en la Corte Suprema salvadoreña, la fundación y familiares planean elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. También se solicitarán medidas cautelares y una investigación internacional por posibles crímenes de persecución, tratos inhumanos, tortura y encarcelación arbitraria.
“Hemos decidido pedirle a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Consejería de Hacienda de Washington, que abra una investigación sobre este caso y que también acuerde medidas cautelares, medidas de protección, medidas de urgencia para que sean puestos en libertad estos migrantes tachirenses que están encarcelados de manera grave en El Salvador”, insistió Márquez.
Añadió que pedirán también la intervención diplomática del Vaticano como parte de una campaña por la liberación de los venezolanos detenidos en condiciones inhumanas.
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En un comunicado, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (Faces-UCV) expresó su rechazo a la desaparición del economista Daniel Cadenas y del licenciado Gerardo Cacique, y alertó sobre el clima de hostigamiento contra profesionales por el ejercicio libre de su pensamiento.
“El espíritu crítico que caracteriza la formación del ucevista es una condición inalienable de nuestros egresados”, afirmó la institución en el texto, en el que también rechazó las aprehensiones arbitrarias de economistas venezolanos por razones vinculadas a su labor académica o técnica, sin debido proceso ni justificación legal.
El comunicado fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Faces y está firmado por su decano, el doctor Luis Angarita. En el texto, la Facultad ratifica su compromiso con la libertad de pensamiento, el análisis crítico y la ética profesional, pilares de la formación académica de sus egresados.
“En un mundo cada vez más complejo, el espíritu crítico que caracteriza la formación del ucevista es una condición inalienable”, señala el texto. La declaración no solo defiende a los economistas objetos de persecución en el país, sino que rechaza cualquier intento de coacción y restricción contra profesores, estudiantes, empleados y egresados que ejercen su profesión con independencia.
No se puede criminalizar el pensamiento técnico
Faces-UCV recuerda que en sus aulas se han formado generaciones de profesionales con la capacidad de “discernir, cuestionar y proponer soluciones basadas en la evidencia y en el análisis profundo”. Por eso, exhorta a todos los sectores de la sociedad venezolana a “garantizar y promover el libreejercicio ético y responsable de cada profesión”, sin restricciones ni persecuciones.
En el comunicado también se advierte sobre los mecanismos para silenciar voces técnicas: “Rechazamos cualquier intento de coacción o restricción a los miembros de nuestra comunidad académica”.
Un contexto de criminalización creciente
La desaparición del economista Daniel Cadenas, conocida públicamente desde el 14 de junio, ha generado numerosas alertas dentro y fuera del país. Su caso se suma a una serie de detenciones y amenazas contra académicos, activistas, sindicalistas y profesionales independientes que han sido señalados o perseguidos por opinar públicamente o ejercer su profesión con autonomía.
En este contexto, el pronunciamiento de FACES-UCV representa una defensa explícita de la libertad académica y del derecho a la participación técnica en los asuntos públicos sin temor a represalias.
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A Stefany Díaz el destino le jugó una mala pasada. Salir a surtir gasolina junto a su hermano, su novio y otras dos personas el 29 de julio de 2024 le costó su libertad.
La noche del 28 de julio, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, decenas de manifestantes tomaron las calles de La Guaira para expresar su rechazo e inconformidad.
La mañana siguiente, la entidad costera -así como otros estados del país- estaba convulsionada. Civiles y policías se enfrentaron en una lucha que dejó, al menos, 56 personas detenidas y 30 heridos, según información aportada por el gobernador de la entidad para ese momento.
Luego de poner gasolina, Stefany junto a sus acompañantes, transitaban por el distribuidor El Trébol cuando se encontraron con la marcha opositora. Aunque intentaron tomar otra salida, no pudieron, quedaron atrapados en el tumulto.
“Ellos salieron temprano a echar gasolina porque el hijo de una de las amigas de Stefany estaba muy enfermo y tenían que llevarlo al hospital, eso fue en horas de la mañana y a mi hija la detuvieron a las tres de la tarde”, explicó Daysi Díaz, madre de Stefany.
“Ellos van a pagar los platos rotos de la noche”
Daysi Díaz narró que el 29 de julio se llevaron detenidos a sus dos hijos, su yerno y dos amigos de la familia, pero que en total eran 19 personas las que estaban arrestadas por la misma causa.
La madre de Stefany detalló que en el momento en el que se enteró que sus hijos estaban detenidos fue de gran confusión, porque no entendía lo que estaba pasando.
“Yo me entero que mis dos hijos y mi yerno están detenidos por el esposo de una de las amigas de Stefany. Cuando salí a buscarlos por varios comandos, en ninguno me daban información de ellos”, contó.
Fue a las dos de la mañana del 30 de julio que Daysi Díaz recibió una llamada anónima en la que le indicaron que su hija estaba detenida en el comando de la Guardia Nacional del estado de La Guaira y que sería trasladada a Macuto.
Cuando llegó a la comisaría, un policía le dijo que sus hijos, su yerno y las otras dos personas iban “a pagar los platos rotos de la noche”.
La única detenida es Stefany
Daisy Díaz pudo averiguar que ese 29 de julio la policía iba montando en la patrulla a quien podía: “A personas que venían de la farmacia, de comprar comida, ancianos, menores de edad, a quien fuera”.
Díaz denunció que en la comandancia de Macuto los presentaron a “toditos” y varios días después los acusaron de terrorismo y asociación para delinquir, “aunque no los agarraron protestando, ni con palos o piedras en las manos”.
Daisy Díaz comentó que a su hijo y a su yerno los liberaron en enero de 2025, pero que su hija aún sigue tras las rejas.
“De 19 detenidos la única que aún queda tras las rejas es mi hija, sin motivo, sin razón, sin nada. A Stefany no la han liberado porque ellos no han querido”, aseguró la preocupada madre.
De acuerdo con el último balance de la ONG Foro Penal, publicado el pasado 16 de junio, 95 mujeres están detenidas en Venezuela por motivos políticos.
Sueños rotos
Daysi Díaz define a su hija como una muchacha alegre y optimista que solo quería estudiar y progresar.
Stefany empezó a estudiar para ser policía, duró un año, pero por falta de recursos económicos tuvo que abandonar los estudios. También intentó estudiar para tripulante de cabina, pero la misma carencia de recursos económicos le impidió avanzar.
La joven decidió dedicarse a hacer uñas y cejas en una peluquería mientras su situación económica mejoraba. Ahora, su madre debe hacer “malabares” para visitarla en la cárcel.
Daysi viaja una vez al mes desde La Guaira al Centro para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda, para llevarle a Stefany alimentos, medicinas y productos de aseo personal.
“Tengo que sacar plata de donde no tengo, hacer rifas, vender cualquier cosa para llevarle sus cositas a ella. En eso me puedo gastar fácilmente 100 dólares”, precisó Díaz.
La madre reconoció que el trato en el penal femenino es “menos humillante” que en cualquier otra cárcel y agradece que al menos puede pasarle todo tipo de comida para que pueda alimentarse.
El pasado 11 de junio la ONG Provea denunció en su cuenta de X que las presas en Venezuela sobreviven en condiciones inhumanas “hacinadas, sin acceso regular a agua potable, sin atención médica especializada o productos para una menstruación con dignidad”.
La ONG señaló que el Estado venezolano se desentiende por completo de lo más básico, puesto que son los familiares quienes deben encargarse de todo el sustento de las detenidas.
“Venezuela incumple las Reglas de Bangkok de la ONU, que exigen proveer condiciones dignas, productos de higiene gratuitos y atención médica adecuada en los centros de reclusión”, resaltó Provea
Díaz siente rabia porque sabe de personas que sí causaron destrozos y que “hicieron desastre” la noche del 28 de julio y gozan de plena libertad, mientras que su hija lleva casi 11 meses “injustamente detenida, porque ni es terrorista ni es delincuente”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La primera semana de junio se llevó a cabo el segundo Congreso de Gastronomía de la Universidad Metropolitana. El congreso fue organizado por la Facultad de Humanidades en el marco de la Cátedra Armando Scanonne y llevó por eslogan Conexión, Sabores, Cultura e identidad. El objetivo fue conectar a exponentes de la gastronomía, la cultura y la historia con la academia.
Panelistas de diversas áreas expusieron líneas de investigación, iniciativas educativas, culturales, turísticas y de emprendimiento en el ámbito gastronómico, con el propósito de realzar la gastronomía venezolana e intercambiar conocimiento sobre el avance de la misma.
Foto| Adriana Materano | María Isabel Guinand rectora de la Universidad Metropolitana en el ARI Móvil
Además de ser un espacio de interconexión, la rectora de la Universidad Metropolitana, María Isabel Guinand, informó al camión de noticias de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que también el propósito fue “poner en movimiento la cátedra de Armando Scanonne” y cómo esta visibiliza a la comunidad interna y externa que, desde la gastronomía, “se pueden generar muchas disciplinas”.
“No hay nada cómo ser venezolano”
lvaro Pérez Miranda, un venezolano empresario y reconocido productor de experiencias culinarias, ponente de la temática de conexiones, sabores, cultura e identidad de este segundo congreso, comentó al ARI Móvil que luego de estar 40 años fuera de Venezuela regresa al país para reconectarse y reconciliarse con su venezolanidad.
Con su restaurante Ogawa, Pérez Miranda ganó por segundo año consecutivo una estrella Michelin. Su participación en el congreso se centró en destacar cómo el estudio de la cultura en relación con la gastronomía, le ha permitido cosechar éxitos con sus restaurantes.
Foto| Adriana Materano | Álvaro Pérez Miranda empresario venezolano en el área gastronómica y ganador de dos estrellas Michelin.
“Las abuelas ya no cocinan, las abuelas hacen pilates”: El futuro de la cocina venezolana
El periodista, escritor e investigador gastronómico con más de cinco décadas de trayectoria, Miro Popic, acompañó a Pérez Miranda y a Luis Muller, coordinador y docente de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno en una de las ponencias inaugurales del congreso. Al igual que el empresario, Popic resaltó la importancia que tiene la cultura en el área gastronómica y precisó que así mismo la cadena de suministro y la conservación de prácticas tradicionales son un valor agregado a la experiencia culinaria.
Foto| Adriana Materano | Miro Popic, periodista, escritor e investigador gastronómico en el ARI Móvil de El Pitazo, Runrun.es y TalCual.
También, Popic aprovechó para alertar sobre la pérdida de la tradición en la cultura venezolana y cómo está cambiando el papel de las madres o abuelas a la hora de transmitir el legado culinario.
Para Luis Muller, este panorama pone en peligro el futuro de la tradición de la cocina del país. “Ya las nuevas generaciones no están copiando las recetas de las madres o abuelas. Más bien, buscan una forma más rápida de alimentarse”. Ante este panorama Muller asegura que desde la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno emprenden prácticas para documentar y sensibilizar a los nuevos chef y cocineros.
Foto| Adriana Materano | Luis Muller coordinador y docente de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno junto a Jossette Anadeska Bello Rivas, Chef instructora especializada en neurogastronomía.
Un espacio de encuentro
El cierre del congreso contó con la participación de tres integrantes de la familia Scanonne y de la agrupación Ensamble Afrovenezolano. Como actividad adicional poscongreso la Unimet, junto a la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, llevaron a cabo una clase abierta de gastronomía venezolana.
Milagros Briseño, decana de la Facultad de Humanidades, agradeció la presencia del ARI Móvil en la cobertura del evento y reconoció la labor de todos los profesores miembros de la facultad por ser parte de la organización y logística de las actividades.
Foto| Adriana Materano | ARI Móvil presente en el II Congreso de Gastronomía de la Universidad Metropolitana.
La Asociación del Colegio de Abogados ante la Corte Penal Internacional (ICCBA) pidió protección y el respeto a los derechos humanos de abogados y miembros de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
A través de su cuenta en X, la ICCBA denunció que tiene conocimientos de amenazas y actos hostiles dirigidos contra profesionales del derecho y ONG que abogan por la justicia, como Foro Penal, a la cual han calificado de “terroristas” o “enemigos del Estado”.
“Estos hechos son sumamente preocupantes e incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado venezolano. Estas acciones no solo ponen en peligro la seguridad e independencia de los profesionales del derecho, sino que también socavan el Estado de derecho y la capacidad de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos para obtener reparación”, se lee en el comunicado.
La ICCBA recordó que Venezuela, como Estado Parte del Estatuto de Roma, está comprometida a respetar y hacer respetar los principios consagrados en dicho instrumento, incluyendo el derecho de las víctimas a participar en los procedimientos y el derecho a una representación legal competente.
“Atacar a quienes facilitan el acceso a la justicia, incluidos abogados de la defensa y representantes de víctimas, pone en riesgo la integridad del sistema del Estatuto de Roma”, insistió la ICCBA.
La organización instó al Gobierno de Venezuela a “cesar de inmediato todos los actos de intimidación y criminalización” contra estos actores, y a garantizar que los profesionales del derecho puedan ejercer su labor de forma independiente y sin temor a represalias.
“La ICCBA expresa su solidaridad con todos los profesionales del derecho que trabajan por la justicia y la rendición de cuentas en contextos difíciles. Su labor es indispensable para el funcionamiento de la justicia penal internacional”, concluye el comunicado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 20 de junio se conmemora como cada año el Día Mundial del Refugiado, fecha establecida en el año 2001 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para honrar a las personas que huyen de sus países de origen en busca de protección y mejores condiciones de vida. Este año, la Agencia de la ONU para los refugiados hace un llamado a la solidaridad entre ciudadanos y promover y defender políticas que protejan a las personas que han sido desplazadas por la violencia.
En el caso de Venezuela, esta fecha también permite visibilizar las dificultades que enfrentan los connacionales que han salido del país, motivados por la emergencia humanitaria compleja. Pero además, es un momento oportuno para exhortar a los gobiernos del mundo y agencias internacionales a respetar los derechos humanos de los migrantes venezolanos.
La organización Alianza por Venezuela emitió un comunicado este viernes 20 de junio, en X (Twitter) en el que exige el respeto pleno a los derechos humanos de las personas refugiadas, sin discriminación ni criminalización. La ONG expresó su profunda preocupación por la “creciente estigmatización por parte de algunos gobiernos y actores políticos, que refuerzan prejuicios y fomentan políticas excluyentes”, señala.
En el Día Mundial de los Refugiados alzamos la voz para reivindicar los derechos de todas las personas desplazadas que se han visto forzadas a huir de sus países en busca de protección, especialmente quienes han salido de Venezuela.
— Alianza por Venezuela (@AlianzaXvzla) June 20, 2025
El comunicado también denuncia la “expansión de discursos de odio y expresiones de xenofobia”, que promueven la violencia contra quienes migran, mencionando el caso del crimen en Chile contra Yaidy Garnica Carvajalino, venezolana asesinada delante de sus hijas en medio de un altercado durante una celebración familiar.
Por otro lado, Alianza por Venezuela también se refirió a los cambios en “políticas migratorias”, que están restringiendo el acceso a derechos fundamentales de migrantes y personas refugiadas y a “la desfinanciación de los programas humanitarios internacionales”, situación que compromete la capacidad de respuesta ante las “múltiples vulnerabilidades que enfrentan millones de personas en movimiento”.
De acuerdo a la Agencia de la ONU para refugiados, hasta finales de 2024 hay en el mundo 123,2 millones de personas desplazadas por distintos motivos de violencia, persecución, violación de derechos humanos. El 69% necesitan de protección internacional y provienen sólo de 5 países; Venezuela encabeza la lista con 6.2 millones de personas de los más de 7.9 millones aproximadamente que huyeron del país, según datos compartidos por los gobiernos receptores.
Al llamado a proteger y defender los derechos de los migrantes venezolanos se sumó Un Mundo Sin Mordaza, quien en su cuenta en la red social X expresó: “Alzamos la voz por los millones de venezolanos que han huido por hambre, represión o miedo. Ser refugiado no es una elección, es una consecuencia de violaciones a los derechos humanos. Nadie debería huir para sobrevivir”.
Hoy, en el #DíaMundialDelRefugiado, alzamos la voz por los millones de venezolanos que han huido por hambre, represión o miedo. Ser refugiado no es una elección, es una consecuencia de violaciones a los derechos humanos. Nadie debería huir para sobrevivir.#SinMordaza#Refugiadospic.twitter.com/swoTKOWzLB
La organización defensora de derechos humanos, Caleidoscopio Humano, compartió un mensaje en X con información sobre cuatro formas de ayudar a personas en condición de refugiadas, entre las que enlistó educarse sobre las experiencias y desafíos que enfrentan, generar conciencia sobre la crisis de refugiados compartiendo contenido en redes sociales, abrazar y escuchar a refugiados que pertenecen a comunidades y, por último, ayudar a generar financiamiento y promover políticas para la “inclusión y empoderamiento” de personas refugiadas fueron algunas de las sugerencias planteadas.
Mientras que Oscar Murillo, coordinador general de Provea, instó a levantar la voz por los derechos de los refugiados venezolanos “cuya mayoría sigue buscando protección, seguridad y estabilidad”.
En un mensaje compartido en su perfil en X, Murillo recalcó que los refugiados no deben ser ni expulsados ni devueltos a entornos en los que sus vidas y libertad “puedan verse amenazadas”. Asimismo, insistió en que deben tener acceso a procedimientos de asilo eficientes, así como a medidas “que les permitan vivir en condiciones dignas y seguras”.
Justo en los últimos días, varios líderes en el exilio han alertado sobre el riesgo de deportación desde Estados Unidos que corre el expreso político venezolano Gregory Sanabria, a quien detuvo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), pese a poseer Estatus de Protección Temporal (TPS) y ser solicitante de asilo.
Sanabria fue arrestado en 2014 por participar en protestas contra el gobierno en el estado Táchira y estuvo recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, donde según Foro Penal, en 2018 fue víctima de torturas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
