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Provea recordó que al menos cinco defensores de DDHH están tras las rejas

Al menos cinco defensores de derechos humanos están encarcelados injustamente en Venezuela, recordó la ONG Provea.

La organización instó al Estado venezolano a liberar inmediatamente a todas las personas presas y garantizar juicios justos, el contacto con familiares y asistencia legal, así como cumplir con sus obligaciones internacionales.

A través de su cuenta en X, la organización recordó el caso de Rocío San Miguel, quien fue detenida en febrero de 2024 y acusada de terrorismo y traición a la patria.

Provea sentenció que San Miguel exigía rendición de cuentas al poder militar desde 2005 con su ONG Control Ciudadano.

Igualmente, Provea destacó que el director de Fundaredes, Javier Tarazona, detenido en julio de 2021, alertó sobre grupos armados en la frontera de Venezuela con Colombia y documentaba abusos contra docentes.

Además la ONG mencionó a su abogado Eduardo Torres, quien defendía a trabajadores y presos políticos hasta su desaparición forzada en mayo de 2025.

“Su reclusión en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue confirmada tras ocho días de prisión. Desde entonces, permanece aislado”, alertó.

Igualmente, Kennedy Tejeda, abogado de la ONG Foro Penal, fue arrestado el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo luego de brindar asistencia legal.

“Pasó 20 horas desaparecido y fue trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar sin acceso a abogados”, añadió.

Provea mencionó tambien al periodista Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024, quien permanece en El Helicoide acusado de terrorismo y magnicidio.

“Todos han enfrentado procesos judiciales sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a la justicia. El Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos”, denunció la ONG.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Los narcos se fortalecen en el Catatumbo con nuevas rutas transfronterizas

Los 1.375 kilos de cocaína de alta pureza decomisados en abril pasado en El Carmen y Cúcuta, en Norte de Santander, son un indicio de que las “máquinas” del narcotráfico volvieron a trabajar a toda marcha después de un bajón de actividad y precios que duró cerca de tres años.

Ambos municipios están en zonas limítrofes por las que pasan importantes rutas del narcotráfico que salen desde el Catatumbo, la segunda zona del país con más siembras de hoja de coca y producción de cocaína, según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC). El Carmen colinda con el sur del departamento del Cesar, y Cúcuta, la capital de Norte de Santander, está en la frontera con Venezuela.

La incautación se produjo en dos operaciones contra el narcotráfico ejecutadas por la Policía, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, y, según una fuente de inteligencia, en una de ellas murió uno de los conductores tras no obedecer la orden de pare que le dio un grupo de militares. La droga era transportada en caletas que les adaptaron a dos camiones y una volqueta y tenía como destino un puerto marítimo desde donde la llevarían a Estados Unidos, México o Europa. 

Un decomiso de este tamaño podría ser habitual en los puertos marítimos del Caribe o del Pacífico por el lado colombiano. Pero no en estas zonas, donde las incautaciones de droga se dan a menor escala. “Que se den dos incautaciones de esa magnitud es algo muy raro. Acá los narcotraficantes no acostumbran a arriesgarse tanto, muchos prefieren mover pequeñas cantidades y de manera constante, porque es más seguro. Cuando sacan esas grandes cantidades, lo hacen por la frontera con Venezuela y porque están confiados de que van a ‘coronar’”. Así lo asegura anónimamente un líder social a #LaHoraDeVenezuela. 

En el último año se ha reactivado la producción de cocaína a gran escala a ambos lados de la frontera colombovenezolana. Foto: Policía Nacional de Colombia.

La verdad detrás de estas incautaciones marca un viraje digno de  analizar. Según fuentes de inteligencia, los dos cargamentos revelan que en el Catatumbo, además de la reactivación de las “máquinas” del narcotráfico, los grandes carteles volvieron a esa zona. “Retornó la temporada alta de la cocaína catatumbera”, señala un campesino cocalero, cuando se le pregunta si es cierto que la reciente crisis económica se había acabado. 

Y es que desde finales de 2021, el narcotráfico en el Catatumbo se había frenado a tal punto que hubo un estancamiento en la producción. Las grandes cantidades de base de coca y de cocaína se mermaron a raíz de que carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa decidieron comprar el alcaloide en el sur de Colombia, por su gran calidad. A esto se le sumaron varias acciones de las autoridades venezolanas al destruir un gran número de pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de aviones que iban y venían de diferentes puntos del Caribe. Estas pistas estaban ubicadas en diferentes puntos del estado Zulia. 

Avión destruido por la Fuerza Aérea venezolana en un pista en el Estado Zulia, en operativo antinarcóticos. Foto tomada de redes sociales de autoridades venezolanas.

A pesar de esto, la región del Catatumbo colombiano, conformada por 11 municipios con 373 000 habitantes y más de 43 000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, no dejó de producir las drogas. Anualmente, según las mediciones del SIMCI, serían procesadas como mínimo 300 toneladas de cocaína por las redes de los narcos y los grupos armados ilegales que controlan toda la cadena de la producción. 

Precisamente, el control de esa economía ilegal es lo que ha llevado a que desde hace seis meses se esté dando una guerra entre el ELN y la disidencia del Frente 33 de las FARC, que ha dejado más de 150 muertos, miles de desplazados y daños irreparables en la población civil. Estos dos grupos saben muy bien que el ganador se quedará con miles de millones de dólares que ingresan al Catatumbo por cuenta del narcotráfico. 

Pero esa pelea a muerte entre las dos organizaciones ilegales no frenó la producción de base de coca y cocaína; por el contrario, la reactivó a gran escala y se mantiene, “porque ninguna autoridad se arriesga a meterse a hacer alguna acción. Los artefactos explosivos no convencionales que están usando esos grupos, como los drones, son una gran amenaza para todo el mundo”, comenta la fuente de inteligencia. 

Las rutas de la mafia 

¿Pero cómo logran salir todas esas toneladas de cocaína del Catatumbo hacia diferentes destinos bajo la mirada inerte de las autoridades? Esa es la gran pregunta, cuya respuesta no es clara. 

Fuentes de inteligencia de la Fiscalía y la Policía Nacional de Colombia le dicen a #LaHoraDeVenezuela que es por la frontera con Venezuela por donde salen los grandes cargamentos de cocaína con rumbo especialmente a islas como Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas o Cuba, para luego ser embarcados hacia México, Estados Unidos, Europa o Asia.

Parte de la explicación está en el dominio que ejercen los grupos armados ilegales en la zona. “Cuando ya tienen lista la droga en los laboratorios, la sacan de dos formas; una de ellas es por el río Catatumbo que desemboca en el lago de Maracaibo en Venezuela. Cargan las canoas o chalupas con varios costales llenos de panelas de cocaína y arrancan la travesía. Los transportadores conocen palmo a palmo cómo moverse por ese afluente y a quiénes les deben pagar para llegar a su destino”, afirma una fuente de la región del Catatumbo, que teme por su seguridad. 

Añade: “Como el viaje es muy largo y riesgoso por los constantes enfrentamientos entre ELN y disidencia, deciden parar en algunas fincas que colindan con el río Catatumbo, bien sea para esperar algún movimiento de los grupos ilegales o para echar combustible. Ya cuando saben que todo el recorrido está asegurado, siguen su rumbo sin ningún problema para llegar al punto marítimo donde los esperan para la entrega de la mercancía. En esa ruta autoridades venezolanas también reciben su pago”. 

Otra fuente campesina de esa zona cocalera manifiesta que esa ruta está siendo muy segura especialmente para el ELN, que estaría obligando a muchas familias con fincas a orillas del río Catatumbo a vender o a desplazarse, pues, así, llevan a su gente a vivir en ellas y a cambio le ordenan recibir esos cargamentos de drogas y atender a los que van en las canoas. Así la mercancía va segura. 

“Del corregimiento La Gabarra, de Tibú, hasta llegar al límite con Venezuela es un tramo que ya controla el ELN y ahí ya se ha visto y escuchado que muchos campesinos debieron salir porque los amenazaron; cuando se entra a territorio del país vecino, aunque hay un punto de control de las autoridades de allá, esa guerrilla es la que manda, porque es la que se encarga de darles el dinero a los efectivos venezolanos”, comenta otro habitante de la zona. 

Una vez están dentro de Venezuela, las embarcaciones llegan a un punto del lago de Maracaibo en el que descargan la droga; a partir de ahí comienzan a moverla en lanchas go fast hacia las islas del Caribe o montan el alcaloide en algunos buques que salen con diferentes destinos. Todo está arreglado. 

Al otro lado de la frontera, muy cerca de Tibú, está Casigua El Cubo, una población con fuerte presencia del ELN, donde, según habitantes, se cierran muchos negocios de narcotráfico. Gente consultada en esa zona asegura que allí llegan representantes de carteles de drogas que se sientan a cuadrar los ‘contratos’ para producir cocaína. Algunos en voz baja sostienen que este sería un gran puerto de narcos, desde donde salen drogas y al que llegan armas y miles de millones de dólares. Allí cerca también está el sitio que conocen como La Pista, donde también saldrían y aterrizarían avionetas. 

“Para que algún extraño llegue allá, es porque fue invitado por el ELN o que viva ahí; de resto, no entra nadie. El ELN tiene un comando cuidando lo que entra y sale de ese lugar, hay varios puestos de control”, explica una fuente de la zona. 

Desde que comenzó el enfrentamiento entre el ELN y el Frente 33 de las FARC en enero pasado, los gobiernos de Colombia y Venezuela han tenido cooperación en el plano militar, al tiempo que el Gobierno venezolano ha anunciado incautaciones que superan las 3,8 toneladas de droga. Sin embargo, testimonios de habitantes del lado de la frontera venezolana sostienen que hay arreglos entre la guerrilla colombiana y algunos integrantes de la Guardia Venezolana.

Las fuentes de inteligencia también dicen que hay carteles que, al tener los cargamentos en sus manos, en territorio venezolano, los suben a camionetas o camiones y descaradamente los llevan hasta la alta Guajira; desde ahí usan pequeñas embarcaciones para ir a las islas del Caribe y seguir su rumbo hacia diferentes sitios en Europa, México, Estados Unidos o Asia. 

“Pero esto no quiere decir que no estén usando las rutas aéreas para seguir sacando las drogas. En el estado Zulia hay varias pistas clandestinas por las que constantemente van y vienen avionetas, unas salen cargadas con cocaína y otras llegan con armas y dinero ​​—  indica una fuente de inteligencia—. Ese movimiento se sigue dando y lo peor de todo es que es controlado por el cartel de los Soles, los narcos y una organización en la que estarían involucrados varios altos mandos de la fuerza pública de Venezuela”.

Precisa que deben pagar entre uno y dos millones de dólares, pues para que cada aeronave se mueva por territorio venezolano debe contar con un código en el radar. De lo contrario, la derriban y destruyen las pistas. “Se ha escuchado que muchas veces los aeroplanos son escoltados por aviones de la Fuerza Aérea de ese país hasta aguas internacionales; luego ellos siguen su rumbo a altitud mínima para no ser detectados por los radares de los otros países”, afirma.

El mayor control de esas rutas por el lado venezolano está en manos del ELN, aunque la disidencia de las FARC sigue teniendo algo de manejo. A pesar de que los dos grupos están en guerra, al otro lado de la frontera el negocio del narcotráfico sigue repartido entre ellos dos. Así lo confirma una fuente de esa zona.

Este es uno de los laboratorios de procesamiento de cocaína hallados en el lado venezolano de la frontera. Foto: Redes sociales autoridades venezolanas. 

La gran mayoría de laboratorios para procesar cocaína, según han establecido las autoridades, están en zonas de la frontera colombiana. Sin embargo, los organismos de inteligencia tienen información sobre algunos lugares de Venezuela en los que también hay sitios donde están procesando drogas, pues así les sale más fácil a la hora de enviar al exterior. “Acá compran la base de coca y la llevan al otro lado y la procesan para convertirla en cocaína, así arriesgan menos dinero y les va mejor”, indica la fuente de inteligencia. 

Además de esto, las autoridades colombianas también tienen identificado que desde el Catatumbo salen otras rutas terrestres. “Cuando la droga es llevada a Cúcuta, Puerto Santander, Durania, Chinácota y Arauca es porque va a pasar hacia Venezuela, pues por ahí hay puntos de la frontera donde las autoridades colombianas no tienen ningún tipo de control —comenta la fuente judicial—. El riesgo de llegar a esos sitios es muy grande, pues deben moverse por tierra, pero no arriesgan grandes cantidades, lo hacen con cargamentos de 30, 50 o hasta 100 kilos. Una vez pisan suelo venezolano, el ELN ya tiene todo cuadrado con los organismos de seguridad de ese país”.

Agrega: “Pero cuando los cargamentos salen por El Carmen, el corregimiento Guamalito y Ocaña, que colinda con el sur del Cesar, es porque van a agarrar la Ruta del Sol que los lleva hasta los puertos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena o la alta Guajira. Por este lado los movimientos de droga son constantes y es por ello que en varias operaciones se han decomisado toneladas de cocaína que van ocultas en contenedores listos para salir hacia otros países”. 

El retorno de los grandes carteles 

La reactivación del narcotráfico en el Catatumbo colombiano se vendría dando desde hace un año. Según las fuentes de inteligencia, los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, así como dominicanos, brasileños y hasta haitianos, retornaron trayendo millones de dólares que fueron repartidos entre ELN y disidencia de las FARC.  

“Los campesinos cocaleros ya empezaron a recibir dinero y es por ello que hoy tienen trabajando a toda marcha los laboratorios. Se sabe que están sacando grandes cantidades de narcóticos, porque la sobreproducción que llegaron a tener ya se acabó o se dañó”, comenta una de las fuentes de inteligencia. 

La mayoría de los laboratorios funciona en el lado colombiano de la frontera. Aquí, un operativo del Ejército y la Policía. Foto: Policía Nacional colombiana.

Parte de la historia sobre el porqué se está dando esa guerra en el Catatumbo es que la disidencia del Frente 33 de las FARC, al ver que los carteles mexicanos aumentaban la compra de drogas, decidieron acaparar el mercado y tener una sobreproducción para abaratar el costo de la base de coca y la cocaína, lo que perjudicó al ELN. Pero no contentos con eso, comenzaron a bajarle a la calidad del alcaloide, lo que provocó que esos ‘narcos’ se fueran hacia el sur de Colombia, donde el negocio les resultaba mejor. 

Por eso, ahora que retornaron los grandes narcotraficantes, el ELN decidió solidificar el grupo que se encarga de ese negocio y que es conocido como Estructura de Finanza de Economías para la Revolución (EFER), que sería dirigida por Wilver Villegas Palomino, alias ‘Carlos el Puerco’, y otro hombre que identifican como ‘Anderson’. El primero de ellos es muy bien conocido por las autoridades de Estados Unidos, pues ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien entregue información que lleve a su captura; del otro se sabe muy poco. 

La EFER, dice una fuente del Catatumbo, es una estructura que se encarga del narcotráfico y quienes están a su cabeza son netamente narcotraficantes que manejan el negocio de la compra y venta de drogas, así como el lavado del dinero que llega del exterior; “por eso no es raro que en algunas poblaciones de esa región se vean discotecas, bares, almacenes de ventas de motos o de ropa, así como viviendas lujosas. Todo eso es para blanquear los dineros”, señala la fuente de inteligencia. 

Con la apertura de nuevas rutas, el regreso de los grandes carteles mexicanos de la droga aliados con la guerrilla colombiana y el montaje de laboratorios de procesamiento en el lado venezolano de la frontera, los narcotraficantes están dando pasos firmes para el resurgimiento del reinado de la cocaína del Catatumbo en los mercados internacionales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país


Banesco se une a la Cruz Roja para ayudar a comunidades afectadas por las lluvias

Banesco Banco Universal, institución bancaria de capital 100% venezolano, hizo un aporte -en calidad de donación- por US$100.000 para el apoyo del plan de respuesta, que ejecutará la Cruz Roja Venezolana en coordinación con las autoridades competentes e los estados Mérida, Barinas, Apure y Zulia, recientemente afectados por las intensas lluvias que azotan al país desde mediados del mes de junio y que han ocasionado contingencias en nueve estados de Venezuela.

La Cruz Roja Venezolana en su plan de respuesta nacional ante las afectaciones por las lluvias planea atender a 6000 personas, identificando cuatro estados que requieren atención priorizada para brindar apoyo en temas de salud, protección, apoyo psicosocial, agua y saneamiento. Con el aporte realizado por Banesco y el trabajo de los voluntarios de la Cruz Roja Venezolana, 250 familias de los estados priorizados -Mérida, Barinas, Apure y Zulia- recibirán atención primaria en salud, medicamentos, apoyo de profesionales en salud mental, kits de higiene y aseo, y soluciones para acceder a agua potable.

El plan de respuesta ante la contingencia que ejecuta la Cruz Roja Venezolana busca atender las necesidades básicas de las familias afectadas en el marco de su misión humanitaria de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas.

“La solidaridad es un valor que siempre ha movilizado a los venezolanos en tiempos de desastres naturales. Lamentablemente, nos toca una vez más demostrar esa empatía que forma parte de nuestra idiosincrasia. Así como lo hemos hecho en situaciones similares, Banesco se une a esta solidaridad para ofrecer ayuda a las familias que hoy más lo necesitan y lo hacemos a través de la Cruz Roja Venezolana, organización humanitaria neutral, imparcial, e independiente, cuyos valores compartimos. Esta organización realiza una labor eficiente a la hora de brindar atención en momentos de contingencia”, explicó Marco Tulio Ortega Vargas, presidente de la Junta Directiva de Banesco Banco Universal. 

Por su parte, el presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Farias Villanueva, agregó: “Agradecemos a Banesco esta alianza que inició en 2024 con las inundaciones en Cumanacoa y que nos ayuda ampliar nuestra respuesta humanitaria. Desde la Cruz Roja Venezolana estamos preparados en este momento para atender a al menos 6 mil personas en medio de las afectaciones por las lluvias en el país y seguimos creando alianzas para poder apoyar más familias.”

Desde mediados del mes de junio, fuertes lluvias han azotado nueve estados de Venezuela, provocando el desbordamiento de ríos, colapso de puentes y el aislamiento total o parcial de algunas poblaciones  en esos estados. Ante las circunstancias,  la Cruz Roja Venezolana en su plan nacional de respuesta ha desplegado decenas de voluntarios en las comunidades afectadas que permita -por razones humanitarias- atender a las familias en medio de la dificultad. 

“Refleja la verdad”: Clippve respalda informe del alto comisionado de la ONU

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) respaldó este jueves, 3 de julio, el reciente informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el cual plasmó la persistencia de “violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente contra personas detenidas por motivos políticos”.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el Clippve destacó que este informe “refleja la verdad” de lo que madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos han denunciado durante años, y que se profundizó tras las elecciones del 28 de julio de 2024: “Detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, procesos judiciales viciados y represión institucionalizada”.

“La Oficina del alto comisionado ha sido una voz crucial para visibilizar nuestro dolor, la impunidad de los responsables y la falta de respuestas por parte de la Fiscalía General y demás instituciones del Estado”, añadió el Clippve.

En ese sentido, condenaron los ataques, descalificaciones y amenazas de la Asamblea Nacional de corte oficialista de cerrar la oficina del alto comisionado en Venezuela. A juicio de la organización, estas acciones “reflejan una vez más la falta de voluntad política para poner fin a estas violaciones y constituyen un nuevo intento de silenciar la verdad y evadir la rendición de cuentas”.

Por otra parte, resaltaron la contradicción de que quienes amenazan con cerrar la oficina del alto comisionado sean “los mismos que en su momento solicitaron apoyo a ese organismo para atender casos como el de los venezolanos deportados arbitrariamente a El Salvador”.

“Esa doble moral pone en evidencia que no existe un compromiso real con los derechos humanos, sino una instrumentalización política de las instituciones internacionales según sus intereses”, acotó el Clippve.

A juicio de la organización, estas amenazas no solo buscan desacreditar el informe, sino que “aumentan gravemente la desprotección de las víctimas, dejándonos aún más vulnerables frente a un aparato estatal que actúa con total impunidad”. Ante eso, advirtieron que el cierre de esta oficina en Venezuela “sería un retroceso inaceptable que comprometería aún más el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

Condenó el Clippve que contrario a lo que sostienen los voceros oficiales, se ha intensificado la “política represiva”, recordando cómo semana tras semana “se suman nuevas víctimas a esta tragedia nacional”. Al respecto, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó esta situación “como terrorismo de Estado, y nuestra experiencia lo confirma”.

Finalmente, agradecieron la labor del alto comisionado en el país y consideraron que su acompañamiento “es vital para avanzar hacia la justicia y evitar que más personas sean sometidas al sufrimiento que ya hemos vivido tantas familias venezolanas”.

“Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante y a proteger los espacios de denuncia y defensa de derechos humanos en Venezuela. Sin verdad, no hay justicia. Sin justicia, no hay paz”, expresó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

El miedo y el riesgo marcan el ejercicio del periodismo en Venezuela

Desde las elecciones presidenciales del 28 julio de 2024 el miedo y el riesgo están condicionando el ejercicio del periodismo en Venezuela. El recrudecimiento de la represión, detenciones arbitrarias, ataques contra medios y el hostigamiento policial han servido para erosionar a la ya herida libertad de expresión.

El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) encuestó a 80 periodistas de 18 estados, con el objetivo de explorar percepciones de miedo, medidas de protección y mecanismos de resiliencia que utilizan los comunicadores sociales para informar a pesar del contexto hostil.

El estudio se basó en respuestas de periodistas que estaban llamados a cubrir las elecciones del pasado 25 de mayo. La convocatoria se hizo bajo total garantía de reserva de identidad de las personas encuestadas, expertos consultados, entre ellos psicólogos, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, lo que evidencia que el miedo y los riesgos asociados a la libertad de expresión no solo lo sufren los comunicadores sociales.

Según el estudio del Ipys, 63% de los periodistas consultados reportó haber sentido miedo entre un nivel medio y alto, mientras que 23% manifestó niveles bajos de miedo. Sin embargo, el estudio también demostró que el miedo, en la mayoría de los entrevistados, no implicó el freno, y que también sirvió como impulso para crear y fortalecer estrategias de resiliencia para cumplir con la labor informativa.

A continuación las claves más relevantes del estudio “Hacer periodismo con miedo” del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela:

El miedo a ser detenido

Ipys señaló que el  temor de los periodistas a desempeñar su labor en contextos electorales está suficientemente sustentado en lo que que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han denominado “prácticas de terrorismo de Estado”. 

Según el estudio, la posibilidad de una detención arbitraria fue señalada por las personas encuestadas como una de las principales amenazas, pues aunque existan capacitaciones en materia de seguridad jurídica, la sensación de indefensión y la vulneración a todas las garantías del debido proceso aterran a cualquier comunicador social, debido a que luego de una detención arbitraria las posibilidades de librarse de la cárcel son casi nulas. 

“Es un mecanismo de censura que, además, genera autocensura. Es un miedo que, razonablemente, obliga a los y las periodistas a detenerse; al menos, detenerse a pensar qué hacer para no convertirse en víctimas de la represión”, indicó el Ipys.

El Instituto Prensa y Sociedad alertó que las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias están calando en la psique de los periodistas venezolanos. Esta situación está “inhibiendo la investigación, documentación y visibilización de las violaciones de derechos humanos”.

Los psicólogos y psicólogas consultados coincidieron en que el miedo expresado por los periodistas no es un síntoma patológico, sino una reacción lógica y funcional de los seres humanos frente a la inminencia del daño.

Datos del estudio también arrojaron que 25% de los periodistas que fueron atacados durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 decidió no informar en el proceso electoral del 25 de mayo de 2025, siendo el temor a represalias directas, la falta de garantías de seguridad por parte de sus empleadores y la preocupación por la integridad de sus familias, las razones más señaladas.

Sin embargo, 71% aseguró haber dado cobertura a las elecciones del 25 de mayo de 2025, a pesar del miedo que experimentaron y la certeza del peligro inminente. A simple vista, ello parece indicar una disposición mayoritaria a resistir y persistir en el ejercicio del periodismo, a pesar de las condiciones adversas.

*Puede leer también: Periodismo venezolano atraviesa un largo túnel sin luz

Percepción de riesgo

En cuanto a la percepción de riesgo, 70% de los y las periodistas consultados calificó el riesgo de cubrir los comicios como medio o alto. 

Ipys explicó que si bien es cierto que los periodistas están entrenados para trabajar bajo presión y controlar el estrés, vivir sometido a una alarma constante conduce al distrés, el cual sobreviene cuando las personas afectadas no logran lidiar con la situación estresante y se sienten abrumadas.

“Los efectos del distrés derivados de sentirse en peligro permanentemente se manifiestan en la salud física y mental y, en términos profesionales, en la productividad y calidad del trabajo que se realiza”, se lee en el informe.

La frustración y la culpa también suelen manifestarse como consecuencias emocionales del distrés. Sobre esto, uno de los especialistas consultados advirtió que que la culpa no debe tener cabida cuando la persona en cuestión no ha proferido un daño intencionalmente, mientras que la frustración sí tiene asidero en la imposibilidad de ejercer la profesión con libertad.

La sensación de culpa también es otro sentimiento que se manifiesta en el estudio, así como el impacto y la exposición a situaciones de violencia, censura y hostigamiento que, inciden de manera diferenciada en cada individuo, manifestándose en  en problemas de sueño, estrés postraumático, ansiedad, depresión, irritabilidad y deterioro de los hábitos de vida.

Otros hallazgos que reveló el estudio es que 45% sustituyó el trabajo en terreno por la cobertura remota cuando consideró que la situación era peligrosa, y la misma proporción evitó abordar temas que pudieran incomodar al poder. 41% evitó mencionar explícitamente a figuras públicas, y un 24 % dejó de firmar publicaciones que pudieran resultar incómodas para las autoridades. 

El Ipys recalcó que aunque dichas medidas son comprensibles como formas de protección, “estas prácticas representan un retroceso para el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

La resiliencia como respuesta

A pesar de que el estudio reveló que seis periodistas sufrieron agresiones físicas (empujones, detenciones breves), verbales (insultos, amenazas), restricciones al acceso a centros de votación y fuentes, y hostigamiento digital mediante campañas de descrédito y estigmatización en redes sociales, durante la cobertura periodística de las elecciones del 25 de mayo, 71% logró superar las barreras y agresiones para cumplir con su deber informativo. 

No obstante, la mayoría considera que el costo emocional y profesional de estas estrategias es elevado, lo que subraya la urgente necesidad de fortalecer las medidas de protección, las acciones colectivas y las garantías institucionales para la prensa independiente en Venezuela.

Ante el panorama, la prensa venezolana buscó otras formas de hacer periodismo y fortalecer las capacidades de adaptabilidad a situaciones adversas como: la preeminencia de las alianzas entre colegas de distintos medios para informar con precisión y contundencia por encima de la idea de primicia o exclusividad. 

El 58 % de las personas encuestadas afirmó formar parte de algún tipo de red de respaldo para realizar su trabajo periodístico, lo que muestra un grado importante de articulación previa, mientras que 80% destacó la importancia de pertenecer a una red de respaldo durante coberturas electorales.

El Instituto Prensa y Sociedad enfatizó que además de los riesgos de represión contra los periodistas, la cobertura de acontecimientos importantes se dificulta también por el desmantelamiento de los medios de comunicación tradicionales y los escollos para garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación emergentes. 

Las deficiencias de personal y de equipos también son obstáculos adicionales, comentaron los periodistas encuestados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país ejercicio del periodismo ejercicio del periodismo ejercicio del periodismo ejercicio del periodismo ejercicio del periodismo

Entre orgullo y miedo: la marcha LGBTIQ+ en Venezuela en un año de represión sin precedentes 

El día antes del desfile del Orgullo de Caracas de este año, las redes sociales se inundaron de mensajes de activistas y defensores queer que explicaron por qué decidieron no asistir a un evento que planteaba preguntas urgentes sobre la visibilidad, la seguridad y los límites de la resistencia. Su mensaje era sencillo: vivimos bajo una dictadura, sin la posibilidad de pedir lo que realmente necesitamos sin enfrentarnos a la persecución.

El acto que comenzó en Parque Cristal y llegó hasta la Zona Rental tuvo doce horas de música, baile y celebración. Aunque no hay cifras exactas de asistencia, llamó la atención una ausencia: Las ONG, los activistas y los grupos de defensa de los derechos humanos apenas tenían carrozas, pancartas o presencia visible.

«Nuestra organización decidió participar de la forma más discreta posible», declaró un activista de una de las ONG más importantes de Venezuela. “El año pasado fuimos muy visibles. Pero desde las elecciones presidenciales, la comunidad queer se ha visto profundamente afectada. Con activistas detenidos o forzados al exilio, el panorama para la visibilidad y la organización LGBTQ+ en Venezuela ha cambiado drásticamente.”

La marcha del Orgullo en 2023 había batido el récord en Caracas, con más de 25.000 asistentes inundando las calles según los organizadores y los medios de comunicación. Las embajadas asumieron un papel protagonista ese año, trayendo carrozas, distribuyendo folletos y organizando exposiciones de arte y actuaciones de artistas queer internacionales. Fue el mismo año en que 33 personas fueron detenidas en un bar gay de Valencia durante una redada, en la que los agentes se presentaron sin orden judicial y con escasa transparencia sobre los motivos de las detenciones. Más tarde, funcionarios del gobierno afirmaron que el local funcionaba como «club sexual», citando vagas «preocupaciones morales» como justificación.

En agosto de 2024, las autoridades venezolanas detuvieron a Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar a Ginebra para asistir a un acto de las Naciones Unidas. Los funcionarios le informaron de que su pasaporte había sido anulado y lo mantuvieron incomunicado durante seis horas, negándole acceso a representación legal o contacto con su familia. Posteriormente fue puesto en libertad sin cargos formales ni documentación, en un lugar no relacionado con el aeropuerto.

Una semana después, agentes de policía no identificados intentaron detener al activista LGBTQ+ Kody Campos cuando llevaron a cabo otra redada sin orden judicial en su domicilio en un barrio obrero de Caracas, lo que suscitó gran preocupación por las detenciones arbitrarias y la persecución de defensores de los derechos humanos LGBTQ+. Los agentes decidieron no capturar a Campos cuando este hizo una transmisión en directo en Instagram para documentar el intento de detención.

Innumerables defensores de los derechos humanos y de los homosexuales han tenido que huir del país desde entonces, lo que representa una grave pérdida en un país con una de las legislaciones LGBTQ+ más obsoletas de la región. Las leyes nacionales no aceptan el matrimonio igualitario, los derechos de adopción para las parejas del mismo sexo, el reconocimiento legal de las identidades trans ni protecciones integrales contra la discriminación. No hay penas claras para los delitos motivados por el odio, y las personas LGBTQ+ se enfrentan a obstáculos sistémicos para acceder a la justicia, a una atención sanitaria libre de patologización, a una educación inclusiva y a la protección frente a la violencia institucional y policial.

Una cosa llamó la atención mientras la gente recorría el desfile. En 2025 era evidente la ausencia de consignas políticas manifiestas, mensajes que habían sido temas centrales en años anteriores. La mayoría de los carteles celebraban la homosexualidad, la autonomía y el derecho a amar libremente, pero casi ninguno mencionaba la violencia que ensombrece la vida de los homosexuales en Venezuela. Pocos mencionaron a Maduro, los abusos policiales o a los activistas encarcelados. Casi nadie denunció el apoyo del Estado a las iglesias que predican contra los derechos LGBTQ+ y de las mujeres. El silencio fue sonoro.

“No tenemos información sobre nuestra situación como comunidad vulnerable: no hay estadísticas sobre discriminación, muertes violentas, acoso, persecución o violencia contra la población LGBTQ+. Los últimos datos que encontré son de 2017”, explica Santiago, poeta queer caraqueño de 27 años.

“¿Cómo se supone que la gente va a entender que nuestras vidas están en riesgo sin datos que lo respalden? Esto también es responsabilidad del gobierno hacia sus ciudadanos”.

Santiago también expresó su preocupación y decepción por los mensajes compartidos en la marcha del Orgullo de este año: “Debo admitir que estoy decepcionado por lo que he visto hoy. Entiendo que queramos celebrar y sentirnos libres, pero no es así. Celebrar en este contexto parece fuera de lugar. Varias personas me han dicho que mi pancarta [que decía vidas desangradas por el odio] era demasiado negativa, pero estamos viviendo una realidad dolorosa. No quiero que me obliguen a celebrarlo. Para nosotros, la marcha del Orgullo debería ser una protesta, una revuelta, un grito de resistencia”.

Una prueba de resistencia

En años anteriores, las organizaciones vigilaban y documentaban la violencia durante la marcha del Orgullo. Este año esa labor no se llevó a cabo formalmente, pero aun así un colectivo queer consiguió rastrear dos incidentes. “Uno procedía de una chica trans que dijo haber sido acosada verbalmente durante el desfile. El otro tuvo que ver con una pareja que se estaba despidiendo con un beso delante de su casa después del evento. Dos policías se les acercaron y les extorsionaron, acusándolos de cometer “actos lascivos en público””.

Para Antonia, una estudiante bisexual de 23 años de Barinas, llegar a la marcha del Orgullo de Caracas este año se sintió como una prueba de resistencia.

“Normalmente, el consejo estudiantil de la universidad pone tres autobuses para que podamos venir a celebrarlo, pero este año no hubo nada. Dijeron que era por falta de recursos”, explica. La información era escasa hasta que se enteraron de que el PSUV, el partido gobernante en Venezuela, proporcionaría un único autobús en Barinas, además de comida y agua para ese día. A pesar de los crecientes obstáculos a los que se enfrenta el activismo queer, Antonia agradece el espacio y ve signos de progreso: “Cada año veo más representación bisexual. Más de la mitad de la población LGBTQ+ es bisexual, pero aún nos enfrentamos a mucho estigma e invisibilidad. Este año he visto muchas banderas. Incluso con todos los contratiempos, parece que más gente se está abriendo”.

Desde las elecciones presidenciales de 2024, cubrir las protestas en Venezuela es cada vez más difícil. Actualmente hay más de 16 periodistas encarcelados, y la mayoría de los medios de comunicación han suspendido la cobertura sobre el terreno debido a la oleada de detenciones que se produjeron a continuación. Este año, tras el abrupto cese de la financiación de USAID, casi todos los medios de comunicación independientes han reducido o interrumpido su cobertura dentro de Venezuela, especialmente en cuestiones de género y derechos humanos. La fuerte ausencia de cobertura mediática en la marcha del Orgullo de este año no fue una coincidencia. Los periodistas sobre el terreno optaron por no llevar distintivos de prensa, por temor a ser reconocidos por las fuerzas policiales. Muchos ni siquiera estaban de servicio. Acudieron como particulares, captando momentos para sí mismos y no para publicarlos.

Ana, periodista de Yaracuy especializada en derechos sexuales y reproductivos en Venezuela, explica que la mayoría de los equipos de comunicación de las ONG fueron despedidos debido a la grave escasez de fondos. «Solemos trabajar en comunicados de prensa durante el Mes del Orgullo: recopilamos datos, lanzamos campañas y ofrecemos cobertura en directo del evento», dice. “Los portavoces acuden a las redes sociales y a la prensa. Pero este año, el riesgo para los activistas es demasiado alto. Muchos han optado por el silencio. La defensa se ha reducido al mínimo”.

“La persecución de las ONG ha hecho casi imposible que dispongan de recursos y medios para ayudar a la comunidad. La prueba está aquí mismo: como pueden ver, no es ni la mitad de la gente que asistió el año pasado”, dice un antiguo voluntario anónimo de País Narrado, una ONG que cerró sus operaciones el pasado octubre, durante la ola de represión sin precedentes que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio. “Por desgracia, tienes que adaptar tu trabajo a las circunstancias sociopolíticas; si no, te censuran”.

País Narrado fue una de las dos ONG que cerró sus operaciones en 2024 debido a la “falta de garantías y amenazas masivas e indiscriminadas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales”, como dijo Danny Toro, fundador de la ONG, al diario Tal Cual el año pasado. “Por eso hay menos activismo, menos participación y menor concurrencia, sobre todo de grupos minoritarios y económicamente vulnerables. La tarea que tenemos por delante es monumental”, añadió el antiguo voluntario.

Además, las organizaciones LGBT no sólo se enfrentan a un Estado autoritario, sino a uno que no ha hecho nada por promover la inclusión de estas poblaciones y que, por el contrario, fomenta activamente un discurso homófobo y discriminatorio.

Pao, una adolescente no binaria, acudió a la marcha del Orgullo acompañada de su madre y su padre. “Vine porque estos espacios se han vuelto cruciales para mí. Sobrevivir como persona trans es difícil, sobre todo en un lugar como Venezuela”, cuentan. “El año pasado, un profesor de religión intentó llevarme a terapia de conversión. Mi familia me acepta por lo que soy, pero eso no significa que todos lo hagan”.

La madre de Pao añade: “A veces es difícil comprender por lo que pasan nuestros seres queridos cada día. En este caso, sabíamos que el comportamiento del profesor era inapropiado e incomodaba a nuestro hijo, pero no lo reconocimos inmediatamente como terapia de conversión. En Venezuela, no es como en Estados Unidos, donde los niños homosexuales son enviados a campamentos. Aquí es más sutil, está normalizada y a menudo la difunden profesores, líderes religiosos e incluso profesionales sanitarios, sin que se sepa lo que es.”

Carla va vestida haciendo honor a la bandera bisexual: maquillaje atrevido y un conjunto rosa y morado brillante. “Como persona queer, me siento marginada, dejada de lado, a veces incluso odiada. Y este tipo de espacio es fundamental, incluso terapéutico para mí”, explica pausadamente. «No se trata sólo de nuestros derechos, sino de nuestra soledad, de nuestro derecho a sentir amor y a ser amados».

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Cambio climático y escasez de sardina en Sucre: nuevo trabajo de la RPI de Venezuela

“En Sucre el mar se calienta mientras la sardina escasea”, es el título del reportaje de la Red de Periodistas de Investigación (RPI), que aborda el impacto del cambio climático en la crisis sardinera que se agudizó en el nororiente venezolano desde el año 2005 y cuya relación no ha sido estudiada científicamente. 

La investigación, que cuenta con testimonios de pescadores y fuentes expertas, revela las dificultades económicas de un pueblo costero como Guaca, a 18 kilómetros de Carúpano, en la Península de Paria, en Venezuela. 

De acuerdo con los hallazgos del trabajo periodístico, los pobladores se empeñan en resolver las necesidades básicas en una entidad como Sucre, donde 83 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema, según indicadores de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2021).

El reportaje muestra cómo este año, pescadores llegaban a tierra con los peñeros sin pescado: ni para vender en el mercado, ni para su propio sustento. Los pescadores de esa zona atribuyen la escasez a cambios del clima. “La corriente, el agua, la luna y la lluvia, todo los afecta porque la pesca es una aventura, hoy puede que cojan bastante o no cojan nada, eso no se sabe”, dijo Evis Gutiérrez, vocera Consejo de Pescadores y Pescadoras (Conppa) “La Bonanza de Guaca”.

En la península de Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta, los pescadores también atribuyeron la escasez de especies a la temperatura del mar.  En junio de 2024 y después de siete años, la sardina reapareció en esas costas con una medida de 19 centímetros. 

Investigadores de la Universidad de Oriente (UDO) advirtieron que las regulaciones oficiales han sido inefectivas porque no se recuperaron los niveles de captura y en el mercado internacional también se ha evidenciado la escasez de sardina.

Mientras que la temperatura promedio global alcanzó 1,39 °C en abril de 2024. De continuar el calentamiento global, el termómetro marcará 1,5 °C en mayo de 2029, según el Acuerdo de París 2015, en el que 195 países se comprometieron a abordar el cambio climático.

Alexis Bellorín, biólogo del Centro Nacional de Investigación Pesquera (Cenipa), destacó la importancia del estudio de las variaciones interanuales en la intensidad y extensión de las surgencias costeras en Venezuela porque están relacionadas en gran medida, con cambios en la velocidad y dirección de los vientos.

En el caso de Venezuela, reconoció que los cambios en la temperatura del mar cobran especial importancia, por cuanto la sardina es considerada uno de los principales rubros pesqueros. 

“Las capturas de esta especie, desde 2005 han mostrado un declive, con períodos de breves recuperaciones. Posiblemente, los cambios en la temperatura superficial del mar afectan a esta especie bandera del país”, expresó.

Sin embargo, no fue sino dos décadas después de que se registró por primera vez el desplome de la producción pesquera en el nororiente venezolano, cuando en diciembre de 2024 se instaló un termomareógrafo en la estación hidrometeorológica en los sectores de Puertos de Sucre y Caigüire en Cumaná, según indicó Antonio Quintero, investigador del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV), adscrito a la UDO y coordinador del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Ecosocialismo en Sucre, para determinar la temperatura, el nivel del mar y la incidencia de las olas, aunque se desconocen anuncios de estos programas oficiales y el presupuesto asignado para su consecución.  

Lee el reportaje completo aquí: https://ipysvenezuela.com/red-de-periodistas/en-sucre-el-mar-se-calienta-mientras-la-sardina-escasea/

El Mañanero del 3 de julio: Roland Carreño cumplió 11 meses en prisión

El Mañanero de este jueves 3 de julio resume los titulares más relevantes de las noticias de la jornada anterior: La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió la liberación inmediata del periodista y activista político Roland Carreño tras cumplirse 11 meses de su detención.

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“En este nuevo grupo hay 157 hombres, 35 mujeres y 12 niños, a quienes se les brindó atención médica por parte de las instituciones del Estado venezolano. Se aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes para luego ser reinsertados en la sociedad”, ministerio de interior, justicia y paz