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Laboratorio de Paz: nuevo Senado de EE. UU. debe vigilar acuerdos con Venezuela y exigir elecciones

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La nueva mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos representa una oportunidad para reforzar la fiscalización de la política de Donald Trump hacia Venezuela, pero ese control institucional debe traducirse en exigencias concretas para la recuperación democrática del país. Así lo planteó Laboratorio de Paz, que instó al Senado estadounidense a investigar los acuerdos alcanzados por la administración republicana con las autoridades venezolanas y a exigir transparencia sobre sus condiciones y consecuencias.

En un pronunciamiento, la organización sostuvo que la estabilización económica y los acuerdos petroleros no pueden sustituir los compromisos con la democracia y los derechos humanos. Por ello, consideró que el Congreso debe ejercer sus mecanismos de control sobre las decisiones de la Casa Blanca y prestar especial atención a las condiciones políticas e institucionales de Venezuela.

Laboratorio de Paz señaló que esa fiscalización debe incluir la exigencia de un calendario para celebrar elecciones presidenciales auténticas; garantías de independencia para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE); la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución; así como el respeto a las libertades de manifestación, expresión y asociación.

También pidió que el Senado estadounidense promueva la participación de organizaciones venezolanas de derechos humanos en sus audiencias y que supervise la transparencia de los acuerdos económicos. La organización insistió en que cualquier política hacia Venezuela debe incorporar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, advirtió que un mayor control del Congreso sobre Trump no significa, por sí mismo, más democracia en Venezuela. El propósito, subrayó, no debe ser reemplazar una tutela presidencial indefinida por otra parlamentaria, sino contribuir a que los venezolanos recuperen su capacidad de elegir, participar, disputar el poder y reconstruir la democracia con plena vigencia de los derechos humanos.

El giro electoral que cambia el equilibrio en Washington

El pronunciamiento de Laboratorio de Paz se produce después de las elecciones de medio mandato celebradas el 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata recuperó el control de las dos cámaras del Congreso, hasta ahora dominadas por los republicanos. Los resultados representan un revés para el presidente Donald Trump y modifican el equilibrio político en Washington durante los dos últimos años de su mandato.

Al corte de las 11:50 a. m. del 4 de noviembre, las proyecciones de Associated Press (AP) daban a los demócratas 54 puestos en el Senado, incluidos los independientes que integran su bancada, frente a 44 republicanos. El escrutinio tenía 33 de las 35 contiendas senatoriales proyectadas. En la Cámara de Representantes, con 367 de los 435 resultados publicados, los demócratas sumaban 228 escaños y los republicanos 139, por encima del mínimo de 218 necesario para controlar esa instancia.

El vuelco también alcanzó las gobernaciones: estaban en disputa 36 de ellas y los demócratas consiguieron victorias en varios estados que habían estado bajo control republicano. Entre los resultados destacados figuran el triunfo de James Talarico en la contienda al Senado por Texas y el de Troy Jackson en Maine, donde derrotó a la republicana Susan Collins. También se proyectó la victoria de Gina Hinojosa como gobernadora de Texas.

El costo de la vida, la inflación y el descontento con la gestión de Trump, incluida la guerra con Irán y la política migratoria, estuvieron entre los factores que marcaron la votación, según los reportes sobre los resultados. La nueva composición del Congreso permitirá a los demócratas bloquear iniciativas, revisar decisiones de la administración y abrir investigaciones sobre sus actuaciones.

Ese nuevo escenario es el que Laboratorio de Paz considera una oportunidad para que el Legislativo estadounidense examine la política de Washington hacia Venezuela. No obstante, la organización advierte que la fiscalización no debe limitarse a los intereses económicos o energéticos de Estados Unidos: debe incorporar garantías para que los venezolanos puedan ejercer sus derechos políticos y recuperar la capacidad de decidir su futuro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

De espaldas a la sociedad civil: AN aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio

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La Asamblea Nacional del 2025 (AN 2025)—representada en su mayoría por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)— aprobó en primera discución la reforma de la Ley contra el Odio —ahora bajo el nombre de «Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia» (LCDPT)— este 3 de noviembre, pese a las denuncias de la sociedad civil venezolana sobre la vulneración de los derechos humanos de los venezolanos que aun representa esa normativa.

«El odio, lamentablemente, no se puede derogar. El odio no se puede derogar y tampoco se contiene, porque empiezan publicando tweets y terminan quemando gente viva. Empiezan opinando de manera destemplada y después terminan desconociendo la condición humana del adversario», soltó Jorgé Rodríguez, presidente de la AN 2025, durante el debate celebrado el pasado 3 de noviembre

Rodríguez hizo referencia al caso de Orlando Figuera, un venezolano que fue asesinado en abril de 2017 mientras se celebraban unas protestas en críticas al gobierno de Nicolás Maduro (del PSUV). Aunque el chavismo asegura que el asesinato se cometió por su tendencia política, el Ministerio Público confirmó meses después que el homicidio no estuvo vinculado con ningún movimiento político, tampoco con las protestas que ocurrían al mismo tiempo que el delito ni por hechos de discriminación.

La reforma de la Ley contra el Odio estipula multas calculadas en bolívares que podrían superar los 10 000 dólares. Además, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sería el ente encargado de determinar el monto de las multas según la gravedad de la infracción, el alcance, el medio utilizado, la intencionalidad, el beneficio económico obtenido y la reincidencia.

ONG como Espacio Público han denunciado que la reforma mantiene términos «ambiguos» que pueden perjudicar a la población, el Estado puede aplicar sin discreción imputaciones dentro de la LCDPT. Además, la norma no presenta mecanismos de reparación de los derechos fundamentales de las más de 900 personas —entre ellas más de 118 adolescentes— que fueron detenidos arbitrariamente bajo la Ley Contra el Odio.

«Reformar el miedo»

El Grupo Parlamentario Libertad (GPL) —un grupo de diputados críticos al chavismo— votaron en contra de la reforma.

«Venezuela no necesita disfrazar la intimidación para hacerla más sofisticada o vestirla de buenas intenciones», dijo la diputada Amelia Belisario. «Venezuela necesita eliminar todas las normas que violen las garantías constitucionales».

El GPL denunció que envió una moción para derogar la Ley Contra el Odio el pasado 6 de octubre, pero el Parlamento oficialista no ha cumplido el proceso legal para ser incorporado a la comisión encargada de la reforma, ni con las consultas públicas ni las de los diputados.

«Esta Ley ha sido cuestionada desde su nacimiento [en 2017]: se usó para institucionalizar la persecución y el miedo», añadió Belisario. «No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas, porque de esa forma el proyecto estaría conservando su esencia atemorizante y coercitiva […]. No hay que reformar el miedo».

La diputada aseveró que, si la AN 2025 tiene intenciones de establecer una transición democrática, tal como lo han dicho desde el 3 de enero de 2026, el Parlamento debe eliminar la norma como una muestra de respeto a la dignidad humana.

PSUV quiere seguir con la reforma

Pedro Infante, diputado del PSUV y miembro de la comisión encargada de la reforma, aseveró que derogar la Ley Contra el Odio «sería negar el problema real de violencia y odio en la política que hoy se ven en signos e intenciones claras de reaparecer por parte de actores políticos de extrema derecha».

El diputado afirmó que la reforma busca eliminar el enfoque punitivo y establecer uno educativo.

«Esta ley debe ser un compromiso colectivo que nos obligue a garantizar la paz», expresó Infante. «No puede ni debe convertirse en un instrumento de lucha partidista… Esta ley no puede ser a la medida de los políticos, ni chavistas ni opositores, para resolver sus diferencias irracionales», soltó el parlamentario chavista.

Afirmó que la Ley «nació de un momento de confrontación irracional», pero siguió defendiendo su existencia: «Podría estar de acuerdo con esa afirmación de que no debió existir esa ley, porque no debió existir el desborde de violencia […]. Esa ley es hija de ese contexto».

Rodríguez aseveró que la Ley es necesaria. Como respuesta a Belisario sobre la necesidad de que hubiese gestos de cambio, el presidente de la AN oficialista afirmó que el PSUV «desbloqueó todos los medios de comunicación» que hasta hace tres semanas estaban censuradpd por el Gobierno. Sin embargo, las ONG VE Sin Filtro y Espacio Público aseveran que quedan más de 100 dominios web bloqueados, entre ellos más de 20 medios de comunicación.

El Mañanero del 4 de noviembre: vivir esperando a que liberen a todos los presos políticos

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 4 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

A escasos metros de la Embajada de los Estados Unidos en Colinas de Valle Arriba, en Caracas; al borde de un barranco, un grupo de familiares de presos políticos lleva más de 145 días pernoctando en carpas para pedir a la legación diplomática una mediación activa que logre la liberación de sus seres queridos. 

En medio de la calle, bajo unas seis carpas, conviven 15 personas que se niegan a quedarse de brazos cruzados. Ellos forman parte del Campamento de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos.

La mayoría agradece que Estados Unidos haya detenido a Nicolas Maduro y a Cilia Flores. Aseguran que desde el 3 de enero de 2026 las condiciones de reclusión para todos los presos políticos mejoraron un poco: los pueden ver con más frecuencia y llevarles la paquetería necesaria para que se alimenten mejor.

Pero al emnos 400 personas siguen tras las rejas arbitrariamente en Venezuela. Y ellos protestan para que obtengan su libertad.

Amplía la información en el enlace incrustado:

Recién salido del horno: otras noticias

Otro fanático fallecido en medio de opacidad respecto a violencia en el fútbol nacional

Multa máxima contemplada en reforma de Ley contra el Odio supera los 10 000 dólares

Alejandro Grisanti: es el mejor momento para quitar el control de cambio

Aula Abierta: nueva Ley de Universidades no debe ser un «trapo rojo» para olvidar la crisis institucional

Jesús María Casal anuncia que se postulará al TSJ para impulsar la reinstitucionalización del Poder Judicial

Transparencia Venezuela estrena site para seguir evolución de proceso contra Maduro y Flores

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

La ñapa (recomendamos…)

Inflación, guerra de Irán y política migratoria podrían poner a Trump de rodillas   

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Mientras cerraban centros electorales progresivamente en Estados Unidos en las elecciones de medio término, los reportes indican que la jornada estuvo fuertemente marcada por el descontento con el presidente Donald Trum por el impacto de la inflación y los costos derivados del conflicto geopolítico con Irán. 

La polarización que se ha vivido en estados de alta presencia hispana, como Florida, y el debate abierto en torno a la dirección de la política migratoria marcaron la pauta anoche.

Los primeros modelos de proyección, incluyendo la mesa electoral de la cadena CNBC, apuntan a que el control de la Cámara de Representantes se inclina preliminarmente hacia el lado demócrata, estimando que la bancada opositora podría alcanzar el piso mínimo de 200 escaños necesarios a medida que avanza la noche.   

El control de la Cámara Baja, donde los republicanos ostentan la mayoría y los demócratas necesitan recuperar una diferencia neta de tres escaños, permanecía con una tendencia disputada al cierre de la noche del 3 de noviembre.

Cómputos preliminares en las gobernaciones

Los resultados oficiales parciales de la agencia Associated Press (AP) reportaron preliminarmente victorias de alto perfil en los estados clave:

  • Florida: El republicano Byron Donalds ganó la gobernación al derrotar al demócrata David Jolly, convirtiéndose en el primer gobernador afroamericano del estado.
  • Georgia: La demócrata Keisha Lance Bottoms obtuvo la victoria frente al republicano Rick Jackson, marcando la primera dirección demócrata en ese estado desde 1998.
  • Nueva York: La demócrata Kathy Hochul consiguió la reelección cómodamente.
  • Illinois: El demócrata JB Pritzker logró la reelección frente a Bailey, con un contundente 70% de los votos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Alejandro Grisanti: es el mejor momento para quitar el control de cambio

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La inflación sigue siendo el dolor de cabeza en Venezuela, pero a juicio del CEO de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, la cefalea, aunque no desaparecerá, será menor en los próximos meses.

Grisanti, quien estima una inflación de alrededor de 5 % intermensual y de 66 % para 2027, cerró el seminario organizado por Ecoanalítica para hablar de las perspectivas económicas de 2026 donde también se presentaron Alberto Afiuni y Antonio Velásquez de EW; Oswaldo Ramírez de ORC Consultores; Pedro Palma y Graciela Urdaneta de la firma organizadora.

“El Banco Central pudiera plantearse una meta más rigurosa, sobre todo porque en el pasado lo ha logrado”, dijo Grisanti quien insiste en que el Gobierno debe fijar posición en qué hará con el control de cambios. “No vamos a tener un mejor momento que éste para levantar el control de cambio”, dijo.

Grisanti también destacó que el sector eléctrico es una preocupación principal y aseveró que la crisis energética empeorará antes de mejorar, debido a que el incremento en la generación está muy por debajo del crecimiento de la demanda.

15 mil millones adicionales

Para la economista jefa de Ecoanalítica, Graciela Urdaneta, el escenario de hoy plantea un reto diferente. “Por primera vez en en los últimos años 94 % de las empresas consultadas por ellos está convencido que tendrá un escenario favorable”. También los mercados son optimistas con respecto a 2027, a pesar de que el crecimiento de la producción petrolera ha sido más lenta de lo que ellos habían estimado a comienzos de año.

“Actualmente estamos en unos 1,2 millones de barriles diarios y nosotros pensábamos que tendríamos 1,3 millones de barriles”, dice Urdaneta y en buena parte se explica porque las inversiones no han entrado al ritmo previsto. Sin embargo no solamente es buena noticia el aumento de la producción sino el hecho de que 63 % de las exportaciones se vendan a Estados Unidos a precio de mercado y no a otros mercados con altísimos descuentos y altos costos de flete. “Este año deben entrar unos 15 mil millones de dólares adicionales por concepto de exportaciones petroleras con respecto a 2026”, dijo Urdaneta

Ecoanalítica estima que la producción venezolana podría llegar a 3 millones de barriles en 2034 y que el crecimiento económico sea de dos dígitos en los próximos cuatro años, impulsado por el sector financiero que será el más dinámico. 

Se acaban las lunas de miel

Aunque no cabe duda del optimismo en el sector económico, el panorama político sigue planteando interrogantes y para Oswaldo Ramírez estamos viendo el final de 4 lunas de miel que plantean un escenario complicado para 2027

La primera es el respaldo a la política de Trump con Venezuela, cuya aprobación ha descendido significativamente con el paso del tiempo y el poco avance de la transición política

Para el director de ORC consultores, la relación con la gestión del gobierno de Delcy Rodríguez ha sido un matrimonio obligado cuyas expectativas positivas se encuentran en apenas 7 puntos, sin ninguna perspectiva de subir. Sin embargo, será necesaria una “terapia de pareja” porque el matrimonio continúa y deberá atender problemas como la crisis de servicios y de salarios.

Ramírez también considera que la luna de miel ultra positiva que había con la inversión extranjera y las empresas petroleras se desvanece porque el ciudadano común no percibe que la entrada de divisas se refleje en su bienestar económico.

El liderazgo de María Corina Machado es la cuarta luna de miel que se está afectando y que después de tener un pico de 74 % en junio, ha bajado a 61 %. ya que  “el amor político no se sostiene únicamente de promesas”, enfatizó Ramírez.

Prepararse para la competencia

Para el socio y director de EW Venezuela, Alberto Afiuni, el sector privado venezolano debe prepararse para competir. “Hay que estar fitness para competir con las empresas que están llegando a Venezuela porque las que van a venir están haciendo transformación digital e incorporación de Inteligencia Artificial para optimizar costos”. 

Los retos más importantes que plantea 2027 para el sector privado están en la dificultad de incorporar capital de trabajo debido a que la banca no tiene capacidad de financiamiento. Por otra parte, “estamos ya en una guerra de talentos” que obligará a las empresas a incorporar estrategias para retener al capital humano. “El cambio en Venezuela ya ocurrió y la pregunta clave es quién lo va a liderar”.

Aula Abierta: nueva Ley de Universidades no debe ser un «trapo rojo» para olvidar la crisis institucional

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«Ante las declaraciones de la ministra de Educación Universitaria [MEU], Ana María Sanjuán, difundidas en medios de comunicación entre el 16 de septiembre y el mes de octubre de 2026 con aseveraciones que pretenden negar las prácticas estatales contra las universidades cometidas en la última década y media; desde Aula Abierta se reitera a la opinión pública nacional e internacional que en Venezuela se ha desarrollado una política de Estado que viola la libertad académica y los derechos humanos de las y los universitarios», destacó la ONG en una nota de prensa este 2 de noviembre.

El pasado 5 de octubre, Sanjuán y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) anunciaron el ciclo de discusiones de la nueva Ley de Universidades, que llevaba desde 1970 sin una reforma. Durante sus alocuciones a la prensa, la ministra soltó una perla: el deterioro de la educación universitaria venezolana se debe a un «conflicto interno» y una «diatriba política» entre el Gobiern liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las instituciones de derechos humanos que «ha llevado al país a perder el 70 % de su Producto Interno Bruto».

Pero, la ONG Aula abierta reiteró que el deterioro institucional en las universidades fue consecuencia de las políticas gubernamentales durante años. Los salarios mínimos de los profesores equivalen a 0,14 dólares mensuales, cuando el umbral de pobreza extrema del Banco Mundial sitúa a una persona vulnerable si recibe 3 dólares diarios.

Además, señalan las normas restrictivas a la libertad de expresión como La Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, la restricción del presupuesto universitario. y las más de 50 decisiones del Poder Judicial que ha´n truncado la autonomía universitaria…

«Por ello, alertamos que negar la crisis humanitaria compleja y la vulneración continuada de los derechos fundamentales de las comunidades académicas no solo representa un acto de negacionismo institucional, sino que perpetúan la construcción de una narrativa que pretende desvincular ilegalmente al Estado de sus obligaciones internacionales respecto de la libertad académica, la autonomía universitaria y el acceso a la educación», denunció Aula Abierta.

Riesgo de una reforma «cosmética»

Ante otras reformas a normas como la Ley Contra el Odio, que la sociedad civil denuncia que mantiene las restricciones y vulneraciones a los derechos humanos, Aula Abierta alertó que el Gobierno interino del PSUV —avalado por Estados Unidos— mantiene una práctica de crear «reformas cosméticas que no subsanan los agravios y frente a las cuales corresponde la derogación formal».

«En este contexto regresivo, pretendidos proyectos normativos para el sector universitario resultan improcedentes. Exigimos, en cambio, el cumplimiento de la Ley de Universidades vigente, la cual consagra garantías y salvaguardas históricas para la comunidad académica que han sido vulneradas de manera sostenida durante más de dos décadas», denunció la ONG.

Agregó que el CNU no es un ente imparcial, ya que se ha documentado su dependencia al PSUV.

Para la ONG, la prioridad para mitigar la crisis universitaria es institucional, no es normativa. Exigen que las instituciones gubernamentales se adhieran a los derechos fundamentales para brindar salarios dignos, presupuestos no asfixiantes para las academias, promover las elecciones de rectorados y la derogación de todos los marcos normativos regresivos que atropellan la autonomía y la libertad académica.

Transparencia Venezuela estrena site para seguir evolución de proceso contra Maduro y Flores

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La ONG Transparencia Venezuela anunció el estreno d una página web para monitorear las acusaciones y el proceso judicial de la pareja expresidencial venezolana, Nicolás Maduro y Cilia Flores, en Estados Unidos.

La plataforma, hasta ahora, reúne 5 documentos legales que perfilan el historial de imputaciones que ha recabado la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

«La herramienta facilita el seguimiento de los cambios en el expediente y permite consultar directamente la información que sustenta las alegaciones de la Fiscalía», aseveró la ONG en una nota de prensa.

Desde la primera ficha publicada por la Fiscalía neoyorkina, en 2011 y en la que solo acusaban de narcotráfico al Gobierno venezolano liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hasta octubre de 2026, la pareja presidencial acumula 5 delitos federales. Entre las dimensiones observadas por la ONG se encuentran: narcotráfico, uso de instituciones gubernamentales para cometer delitos, gestión de beneficios y sobornos, patronazgo y lealtades, violencia asociada a ilícitos, torturas, coerción política y contratación estatal.

Un historial judicial

En el site se reseña que los primeros antecedentes de las acusaciones ocurrieron en 2011, con la detención de Hugo Armando Carvajal Barrios —exdiputado y antiguo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)— por narcotráfico en Latinoamérica.

Con el pasar de los años, el señalamiento pasó de un individuo a un grupo. Ya para el 2019 se acusaba al Gobierno venezolano liderado por el PSUV de tener conexiones con grupos paramilitares extranjeros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al año siguiente, en 2020, ya se nombraba directamente a Maduro de los delitos.

Pese a las conexiones familiares (nepotismo) que tiene Cilia Flores con el Poder Ejecutivo liderado por el PSUV, no fue hasta 2025 que los expedientes de la Fiscalía norteamericana la nombraron directamente por primera vez.

Tras la extracción de la pareja expresidencial en Caracas, el pasado 3 de enero, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York los investiga al menos por cinco delitos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, conspiración para la importación de cocaína, conspiración para el tráfico de armas y conspiración para el terrorismo.

Jesús María Casal anuncia que se postulará al TSJ para impulsar la reinstitucionalización del Poder Judicial

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El doctor en Derecho Jesús María Casal anunció que se postulará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impulsar la reinstitucionalización del Poder Judicial.

“Yo me voy a postular porque pienso que es un gran momento para dar una contribución al país y hacer un esfuerzo para logra la reinstitucionalización del Poder Judicial. Quiero poner mi nombre a disposición del país en ese proceso”, comentó Casal en entrevista con Román Lozinsky a través de Circuitos Éxitos.

Casal mencionó que hay que dejar espacio para la agenda de la justicia precisamente por el momento histórico que se está viviendo en el país.

“Tengamos presente que la justicia tiene su propia identidad y en estas situaciones de incertidumbre política, donde no hay claridad sobre lo que viene, ese espacio puede ser llenado por la justicia para que tengamos procesos adecuados de formación de jueces, el adecentamiento del Poder Judicial y la mejora del acceso a la justicia y del retardo procesal”, explicó el abogado.

¿Quién es Jesús María Casal?

Jesús María Casal es un destacado abogado, profesor universitario y constitucionalista. Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Fue decano de la Facultad de Derecho de la UCAB y es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

También, presidió la Comisión Nacional de Primaria de Venezuela entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, encargada de organizar la elección primaria de la oposición en donde resultó ganadora la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Reacciones al anuncio de Casal

El abogado Ramón Escovar León fue uno de los primeros en pronunciarse tras la decisión de Jesús María Casal de postularse al TSJ.

Escovar León aseguró que la “probidad, solvencia intelectual y trayectoria como constitucionalista hacen de esta candidatura una señal alentadora en la renovación judicial y en el proceso de cambio político que transitamos”.

El abogado expresó a través de su cuenta en X que ojalá la decisión de Casal anime a otros juristas de reconocida integridad a postularse. “La independencia judicial necesita personas capaces de sostenerla”, dijo.

El también abogado Leopoldo Martínez Nucete posteó en su cuenta en X que Jesús María Casal, es un venezolano de excepción y extraordinarias credenciales para ser magistrado del TSJ.

Por su parte, el abogado Edgar Figueira aseguró que la Sala Constitucional necesita de personas como Jesús María Casal.

“Nos emociona y reconforta el anuncio del Dr. Jesús Maria Casal de postularse al TSJ. Brillante profesional del derecho, académico, docente, honesto, ecuánime. Reúne todos los requisitos para la Alta Magistratura de la Justicia”, expresó Hiram Gaviria, político y diplomático.

Proceso abierto

El proceso de postulaciones para renovar los 32 cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela se encuentra actualmente abierto.

Cabe recordar que se elegirán 32 magistrados, 13 para la Inspectoría General de Tribunales y 4 para la Escuela Nacional de la Magistratura, con un reporte inicial de 83 aspirantes a magistrados.

La ONG Acceso a la Justicia resaltó este 3 de noviembre que, por vez primera en dos décadas, la Asamblea Nacional de Venezuela, en esta oportunidad controlada por el chavismo, presentó el baremo para seleccionar a los integrantes del próximo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).  

De acuerdo con artículo 73 de la Ley Orgánica del TSJ, “el Comité de Postulaciones Judiciales aprobará por las dos terceras partes de sus integrantes, el baremo que se utilizará para la preselección de las postuladas o postulados”.   

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.