El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Osman Quero Pérez informó en entrevista con Unión Radio, el pasado 7 de julio, que las lluvias registradas el martes 24 de junio en la zona del páramo en el estado Mérida, ocasionaron pérdida total de 150 hectáreas de tierra cultivable.
Asimismo añadió que hubo otras 250 hectáreas que sufrieron pérdida parcial, lo que considera que “en cantidades productoras es mucho”, debido a que refleja que un gran número de agroproductores fueron afectados por la situación.
Sobre la posible escasez de rubros debido al colapso de la vialidad en distintos puntos del estado Mérida, el gremialista señaló que aunque esta situación afecta al sector, los productores siguen “ideando” formas para poner las hortalizas y productos en el mercado local.
Osman Pérez también se refirió a la inversión que debe haber por parte del Estado para impulsar la producción agrícola y precisó que se necesitan por lo menos 1500 millones de dólares anuales para poder “recuperar algunos rubros”.
“Afortunadamente, nosotros tenemos tierras suficientes para poder abastecer el mercado nacional y poder inclusive exportar mucho de los rubros, pero definitivamente el tema de financiamiento es fundamental”, dijo.
Más de 15 puentes derrumbados
De acuerdo a información del gobernador de Mérida, debido al aumento de los ríos Chama y Motatán el pasado 24 de junio y posterior colapso producto del socavamiento a lo largo de la carretera Transandina, alrededor de 15 puentes sufrieron daños, lo que ocasionó la obstrucción del transporte de los productos agrícolas.
El Gobierno nacional anunció, a través del Ministerio de Transporte, la movilización de “puentes de guerra” para la restitución de la vialidad en las troncales. Sin embargo, han tenido que establecer “puentes aéreos” para entregar insumos en zonas a las que aún no hay acceso.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Celebramos el 5 de julio sin tener patria en Venezuela. Hemos de ser conscientes de esta realidad. La república se pulverizó, tanto como la Constitución de 1999, que es el pecado original, el origen de nuestras desventuras como pueblo. Lo grave es que la nación nuestra, contenido y soporte de la sociedad política que ha desaparecido en medio de los enconos, también se nos hizo añicos durante el corriente siglo. Si el afecto social ha desaparecido, cuando menos y enhorabuena sobrevive Venezuela en nuestros corazones. Con ellos sostenemos nuestra memoria de venezolanos, con altivez y espíritu resiliente.
A nuestra diáspora –la de adentro y la de afuera– se le ha irrogado un severo daño antropológico. La satrapía responsable que secuestrara el territorio en el que reposan las cenizas de nuestros mayores y lo ocupa por la fuerza, sin votos, negando la legitimidad democrática del 28 de julio de 2024, debe mirarse en las páginas de nuestra emancipación para que bien sepa sobre su destino fatal.
He aquí, pues, la significación de reencontrarnos imaginariamente alrededor de esta fecha liminar y patria, para que fortalezcamos el optimismo de la voluntad. Urge que restablezcamos los lazos de afecto rotos por las separaciones. El renacer de la confianza nos hará posible reconstituir nuestra conciencia de nación: “limpiando primero el corazón de la levadura vieja”, diría Agustín de Hipona.
El 5 de julio y la declaración de nuestra independencia –que fue la formalización del ejercicio de nuestra libertad púber al decidir separarnos de la España peninsular– ha de seguir siendo, en su ejemplaridad, expresión de nuestro proceso seminal de humanización como venezolanos. Bien lo decía don Andrés Bello: “Debe empezar la época de la regeneración civil de Venezuela, [tras] el malogramiento de las minas [cuando] la atención… debió dirigirse desde luego a ocupaciones más sólidas, más útiles y benéficas”.
Cada 5 de julio nos hemos dado por servidos los venezolanos, sin embargo, con la sola lectura del Acta de Independencia en sesión solemne o en alguna plaza, luego de ser abierta el arca que la contiene. Sensiblemente, le ha proseguido siempre un desfile militar que profana y desvirtúa el hondo significado civil de esta memorable fecha.
El caso es que se ha intentado repetidamente y a lo largo de dos siglos de acabar de raíz con la ilustración civil pionera de Venezuela. En esa línea de pensamiento han encontrado su justificación las dictaduras de los Monagas y de los Guzmán en el siglo XIX y las de Gómez y Pérez Jiménez en el siglo XX. Hasta el credo original bolivariano ha sido desfigurado y corrompido por los apóstatas del presente, que lo usan para el tráfico de las ilusiones, para traspapelar sus crímenes y delitos, y apalancar a un Estado que odia y oprime a los venezolanos, aliado con los profetas del pesimismo democrático.
Los repúblicos de 1811, autores del Acta de la Independencia y forjadores de nuestra primera Constitución, de la que es negación abierta la espuria y actual, eran hombres de factura liberal, antimaquiavélicos, constructores de utopías realizables. Buena parte la formaban los egresados de la Universidad de Caracas, llamada de Santa Rosa de Lima y del beato Tomás de Aquino.
El padre de la patria, dada su preferente condición militar, de herencia familiar forjada bajo las reglas escolásticas del derecho divino de los reyes, consideraba que sus compatriotas estábamos impreparados para el bien supremo de la libertad. Quería independencia sin libertad, a diferencia de los repúblicos del 5 de julio. Aquél nos vio urgidos de ser tutelados por padres buenos y fuertes. Tachaba a los constituyentes por ilustrados y delirantes de repúblicas aéreas, siendo que, antes bien, amaban profundamente a su pueblo. Nos amaban a nosotros y así se lo hacen saber a los británicos, al enviarles nuestros documentos fundacionales.
La exposición de motivos, escrita a dos manos por el mismo Sanz y el maestro Bello, reza así:
“Aunque es inmensa la transición de su anterior abatimiento al estado de dignidad en que hoy comparecen, se verá al mismo tiempo que los naturales de la América Española están generalmente tan bien preparados para gozar de los bienes a que aspiran, como los de la nación que desea prolongar su tiranía sobre ellos”.
Releer al conjunto de esos documentos históricos previos y posteriores al 5 de julio de 1811, que no limitándonos a la célebre Acta de la Independencia redactada por Juan Germán Roscio –profesor de instituciones en la Universidad de Caracas– y que Francisco Isnardi, italiano de origen, perfeccionaría en fecha posterior al 5 de julio, implica volver a las fuentes de lo que somos.
He allí el astrolabio que nos permitirá reencontrar ahora a la nación que se nos ha extraviado. En esos papeles, consta y se resume el pensamiento seminal de nuestros padres fundadores, las bases de lo que somos y que habría de definir el perfil de sus causahabientes, nuestros líderes civiles contemporáneos; me refiero, obviamente, a los que han sido coherentes en el pensamiento y en la acción; asimismo, los que han asumido la democracia como forma de vida y estado del espíritu nacional, sea a partir de 1947, sea luego, desde 1961, durante la elipse de nuestra constitucionalidad civil.
He de recordarles, en este orden, que los conceptos sobre el pacto constituyente y la representación popular, el uti possidetis iuris que alegamos en la defensa actual de nuestro territorio Esequibo, el deber de imparcialidad de los jueces, la transparencia y rendición de cuentas por los gobiernos, la unidad democrática federal, la democracia y la garantía de los derechos del hombre como la proscripción de la tortura o la derogación de la infamia trascendente, la materia de indultos, la independencia de poderes y el control de constitucionalidad y legalidad y sobre el control democrático de la opinión pública, son principios muy nuestros, de factura venezolana.
Fueron la obra de los padres fundadores de 1811, liberales a cabalidad, más tarde acusados de conservadores por quienes forjan a nuestras dictaduras militaristas y siembran sus excrecencias sucesivas.
Consistente con el pensamiento germinal de la venezolanidad, José Antonio Páez, a partir de 1830 dispone el retiro de los hombres de armas a sus haciendas. ¿Cuáles? Las que confiscaron nuestros soldados durante el período de la guerra fratricida.
A la sazón, separándonos de Colombia, Páez llama a las luces, a los preteridos doctores, los que sobrevivieron al imperio de las armas y a otros nóveles, para que dibujasen otra vez a nuestra república civil desde la Sociedad Económica de Amigos del País.
Hasta 1999, así las cosas, los venezolanos rendíamos honores a los padres fundadores de 1811 y a Bolívar. Le rezábamos al Precursor Miranda, traicionado por este y pionero de nuestra diáspora, quien al igual que Bello son los pioneros de nuestra diáspora actual y mueren en el exilio.
Le rendíamos culto a Cristóbal Mendoza, Juan Escalona, Baltazar Padrón, López Méndez, Juan Germán Roscio, Francisco Javier Yanes, Martin Tovar, Fernando Peñalver, Luis Ignacio Mendoza, Lino de Clemente, José de Sata, Ramón Ignacio Méndez, entre otros tantos. Cultivábamos a los olvidados de 1830: al rector José María Vargas como a Santos Michelena, Domingo Briceño, Tomás Lander, Antonio Leocadio Guzmán, al mismo Francisco Javier Yanes, de origen cubano y secretario como presidente de nuestros primeros congresos, y a Fermín Toro, Juan Bautista Calcaño, Diego Bautista Urbaneja, Valentín Espinal, y a otros tantos.
¿Alguno de nosotros recuerda estos nombres, el de los parteros civiles de nuestra nacionalidad, albaceas de nuestro espíritu libertario, con sentimientos de gratitud?
Todos fueron proscritos a partir de 1999, al instalarse entre nosotros la mentira constitucional y el terrorismo de Estado.
Somos liberales auténticos
El 5 de julio no fue un salto al vacío. Recibió los insumos intelectuales y documentales de la revolución de Gual y España, macerados con las enseñanzas de Juan Bautista Picornell, parte del movimiento prerrevolucionario liberal español. Se trata, como lo refiere nuestro gran filólogo de origen catalán, don Pedro Grases, de un “código de moral y política por el que debe guiarse un buen republicano”.
El ilustrado liberal Picornell, mallorquín, llega a La Guaira en 1797, junto con el joven Manuel Cortés Campomanes, Sebastián Andrés y José Lax de Boas, todos reos de Estado, condenados por la frustrada Conspiración de San Blas en España que estallaría el 3 de febrero de 1796.
En las Actas del Congreso Constituyente de Venezuela de 1811, por ende, se hizo constar lo siguiente: “En el Salón de Sesiones del Supremo Congreso de Caracas entró con previo permiso D. Juan Picornell, a ofrecer sus servicios en favor de la patria, al restituirse a Venezuela de la persecución sufrida por el Gobierno anterior”.
¿Qué propugnaba este señor Picornell?, simplemente la libertad, el Estado limitado y la democracia. Son estos los bienes que se pierden mediante la recreación repetitiva entre nosotros del padre fuerte o gendarme necesario de corte bolivariano, plagio intelectual de la experiencia napoleónica. Junto a los mitos de Sísifo y El Dorado, este otro mito, el cesarismo populista ha forjado las cadenas que no hemos logrado romper hasta el presente. Son, todos a uno, los que todavía adormecen nuestra conciencia liminar de nación.
Picornell, autor del Discurso Preliminar dirigido a los americanos e introductorio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano traducida y publicada en 1797 por los integrantes de la conspiración de Gual y España, es quien sintetiza la episteme democrática de nuestros proceres civiles, firmantes del Acta de Independencia y de nuestra primera Constitución: “La verdadera esencia de la autoridad, la sola que la puede contener es sus justos límites, es aquella que la hace colectiva, electiva, alternativa y momentánea”.
Los documentos de 1811 no los pudo quemar el realista y capitán general Domingo de Monteverde. Algún diputado se los había llevado, ocultándolos. Desaparecido el Libro de Actas, previo dictamen de la Academia Nacional de la Historia de 1891 –en el que se declara coincidente al Acta de la Independencia con la publicada en El Publicista Venezolano– luego se certifican como auténticos, en 1909, los documentos contenidos en el libro bilingüe que ve luz en Londres en 1812 y edita Bello, apenas caída la Primera República.
El libro de Actas aparecerá en 1907. Se lo usaba como asiento del piano en la casa de la viuda del doctor Carlos Navas Spinola, en Valencia. Un amigo de esta, Roberto Smith, al verlo se lo participa al historiador Francisco González Guinán, quien a su vez le escribe al presidente Cipriano Castro, el Cabito, dándole la buena nueva. Exhibido el 5 de julio de 1908, desde entonces reposa en el Salón Elíptico del Palacio Federal, en el arca cuya llave hace pender Castro de un collar que endosa al efecto y es de uso exclusivo por los presidentes de Venezuela.
De modo que, al celebrarse el espíritu del 5 de julio, en una hora en que la nación misma busca renacer desde sus cenizas, hemos de saber y entender los venezolanos que la experiencia liberal de la democracia, tal como la entendían nuestros padres fundadores de levita, es algo que trasvasa a la política de trincheras y al autismo electoral.
Conocemos, pues así reza el Acta de Independencia, “la influencia poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado, a nuestro pesar, acostumbrados”; pero “también conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas, cuando podemos sacudirlas, sería más ignominiosa para nosotros y más funesto para nuestra posteridad, que nuestra larga y penosa servidumbre”.
¡Dios bendiga a Venezuela!
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En su informe “Venezuela en cifras 2024”, la organización Un Mundo Sin Mordaza expone un panorama “alarmante” sobre el deterioro sistemático de los DDHH en el país, evidenciado a través de múltiples indicadores en áreas clave como libertad de expresión, trabajo, salud, educación, servicios públicos y participación política.
Este documento no solo refleja una profunda crisis estructural, sino que también visibiliza cómo las políticas públicas y prácticas estatales han contribuido a vulnerar derechos fundamentales de millones de venezolanos.
La falta de garantías para ejercer libertades básicas, la precarización de las condiciones de vida y el cierre progresivo del espacio cívico revelan un patrón de control autoritario y desprotección institucional. A través de cifras documentadas y testimonios de distintas regiones del país, el informe demuestra que en Venezuela la desigualdad, el abandono del Estado y la represión son prácticas que ya forman parte de la cotidianidad.
De acuerdo con Un Mundo Sin Mordaza, la emergencia humanitaria y la represión política “siguen marcando la vida de millones de venezolanos”. La organización concluye que “Venezuela vive una emergencia total, y la represión va en aumento” y advierte que los derechos humanos “son pisoteados sin pudor y la impunidad es la norma”.
Ante este panorama, la organización Un Mundo Sin Mordaza pide una respuesta urgente de la comunidad internacional y la solidaridad de los medios de comunicación: “Difundir estos datos es clave para que el mundo no olvide lo que ocurre en Venezuela”.
Derecho a la libertad personal
Durante el año 2024, Venezuela vivió un incremento de violaciones al derecho a la libertad personal y a la protección contra la tortura, especialmente en el contexto poselectoral tras los comicios del 28 de julio. Según la ONG Provea, se documentaron 2.635 presuntas violaciones a este derecho, un aumento de más del 1.300 % respecto al año anterior. De ese total, 2.501 detenciones fueron de carácter político, muchas ejecutadas tras protestas masivas en sectores populares que desconocieron los resultados oficiales.
Entre el 29 de julio y el 13 de agosto, el Estado venezolano reportó al menos 2.400 arrestos, con un promedio de 150 detenciones diarias. Esta cifra supera con creces otros ciclos represivos como los de 2014, 2017 y 2019. Más del 95 % de los detenidos eran personas de comunidades empobrecidas. Se documentaron además detenciones de niños, niñas y adolescentes, y un 26 % de los casos respondía a motivaciones políticas.
Además, se registró un incremento del 671 % en desapariciones forzadas, además de detenciones masivas (32 %) e individuales (36 %), muchas sin respeto al debido proceso ni acceso a defensa legal. Los estados más afectados fueron Distrito Capital, Nueva Esparta y Táchira.
Entre los cuerpos responsables destacan la Policía Nacional Bolivariana (33 %), la GNB (36 %), el SEBIN (10,5 %) y la DGCIM (10,3 %). Algunos operativos fueron conjuntos entre cuerpos civiles y militares. Llamó la atención el uso de la aplicación VenApp como mecanismo de delación ciudadana para señalar a manifestantes, lo que vulnera gravemente derechos fundamentales.
Estas cifras evidencian una política de represión sistemática que incluye torturas, tratos crueles y la criminalización del disenso político, en abierta violación de tratados internacionales y normas constitucionales.
Derecho a la libertad de expresión
En Venezuela, la libertad de expresión continúa enfrentando graves amenazas. El informe de Un Mundo Sin Mordaza documentó 191 incidentes de amenazas, hostigamientos y agresiones contra civiles y trabajadores de prensa en 126 casos distintos. Estas acciones incluyeron intimidaciones físicas, morales y psicológicas, persecuciones, amenazas en redes sociales, y confiscación de equipos, lo que generó un clima de miedo y autocensura.
Asimismos, 41 medios de comunicación fueron blanco de 55 ataques impulsados desde el Estado, entre ellos bloqueos (40%), sanciones administrativas (20%), hostigamiento (20%), confiscaciones, censura y allanamientos. Las estaciones de radio fueron las más afectadas (58,5%), seguidas de medios impresos y digitales, canales de televisión y podcasts, lo que evidencia un intento por controlar todos los formatos de difusión.
En el ámbito digital, se registraron 33 bloqueos a páginas web y redes sociales, ejecutados mediante sanciones, restricciones impuestas por proveedores de Internet, ataques cibernéticos y denuncias falsas, lo que restringe el acceso a la información en línea. Este patrón persistente de persecución confirma una política estatal orientada a silenciar voces independientes y reforzar el cerco comunicacional.
El informe concluye que estas violaciones representan una amenaza directa a la democracia, ya que limitan el derecho de la ciudadanía a estar informada y afectan el funcionamiento pleno de actores clave como partidos políticos, sindicatos y organizaciones civiles.
Derecho al trabajo digno y remunerado
De acuerdo con las reflexiones del informe de Un Mundo Sin Mordaza, durante el año 2024, el derecho al trabajo digno en Venezuela se vio gravemente afectadopor el estancamiento del salario mínimo, que se mantuvo en 130 bolívares mensuales. Esta cifra no cumple con lo establecido en la Constitución venezolana, que exige un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia.
Desde el último ajuste salarial en marzo de 2022, el salario mínimo ha estado congelado. Las pensiones del IVSS y la administración pública también se mantienen en ese mismo monto. En mayo de 2024, Nicolás Maduro anunció un supuesto incremento del ingreso mínimo integral a 130 dólares, compuesto por bonos no salariales entregados mediante el sistema Patria. Sin embargo, esta medida no fue formalizada en Gaceta Oficial, lo que impide su validez legal y genera incertidumbre jurídica.
Además, al no ser un ingreso salarial, estos bonos no impactan en prestaciones sociales, vacaciones ni otros beneficios laborales. Esta política de bonificación, manejada de forma discrecional, ha promovido la deslaboralización, debilitando la estructura formal de remuneración y dejando a los trabajadores sin garantías ni estabilidad.
Derecho al sufragio universal
Las elecciones presidenciales celebradas del 28 de julio de 2024 estuvieron marcadas por una serie de irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso electoral y vulneran el derecho al sufragio universal, de acuerdo con la organización Aunque fueron anunciadas con mayor antelación que en procesos anteriores, la convocatoria se realizó sin la publicación formal de un cronograma electoral detallado, lo que debilitó la previsibilidad y transparencia del proceso.
Durante la etapa preelectoral, según recuerda el informe de Un Mundo Sin Mordaza, se registraron más de 20 inhabilitaciones políticas a alcaldes y dirigentes opositores, muchos de ellos por manifestar públicamente su apoyo al candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia.
Además, se impidió el derecho al voto de gran parte de la diáspora venezolana, pese a que más de siete millones de ciudadanos viven fuera del país. Solo 508 venezolanos pudieron inscribirse en el Registro Electoral en el exterior para participar en los comicios, y apenas 6020 actualizaron su centro de votación.
Por otra parte, aunque se invitó a más de 600 acompañantes internacionales, como el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, estos solo pudieron desempeñar labores técnicas limitadas. La exclusión de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, a raíz de sanciones internacionales, mermó aún más la credibilidad del proceso.
Durante la jornada electoral se registraron fallas técnicas en al menos el 25% de las mesas, así como voto asistido indebido en el 13% de ellas, lo cual constituye una “violación directa a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), al comprometer la individualidad y libertad del voto”.
Finalmente, los resultados oficiales anunciados por el CNE otorgaron la victoria a Nicolás Maduro. Sin embargo, y se recuerda en el informe, conteos independientes realizados por organizaciones civiles y técnicos electorales, con más del 85% de actas escrutadas, reportaron como ganador a Edmundo González con más del 67% de los votos.
Derecho al acceso a servicios públicos
El acceso a servicios públicos básicos como agua potable, electricidad, gas doméstico, aseo urbano y transporte continúa presentando “serias deficiencias” que vulneran derechos fundamentales y afectan directamente la calidad de vida de la población. Según datos del Diagnóstico Comunitario 2024 de HumVenezuela y otras fuentes, se evidencia una crisis estructural que impide el ejercicio pleno del derecho a servicios esenciales.
En materia de agua potable, el 45,6% de los hogares reportó fallas constantes en el suministro. Ante la falta de acceso regular, muchas familias recurren a soluciones alternativas como botellones (51%), tomas públicas (18,6%), camiones cisterna (15,1%) y pozos (13,7%). Además, la calidad del agua muy baja: 48,2% de los usuarios percibió contaminación por color, 22,9% por olor y 22,7% por sabor, especialmente en estados como Delta Amacuro, Sucre, Distrito Capital y Amazonas.
En cuanto al servicio eléctrico, el 69% de los hogares experimenta fallas moderadas y un 17,1% enfrenta interrupciones severas. Cedice Libertad documentó un promedio de 14,9 horas sin electricidad a nivel nacional, lo cual afecta la salud, la educación, el trabajo y genera altos niveles de estrés.
El gas doméstico también presenta fallas graves. Menos del 30% de los hogares tiene acceso a gas directo. La mayoría depende de bombonas, cuya distribución ha empeorado: el porcentaje de hogares con fallas constantes en este suministro aumentó del 36,9% al 44,2%, afectando directamente la capacidad de preparar alimentos.
El aseo urbano muestra una situación contradictoria. Aunque en zonas del centro de Caracas se reporta una mayor frecuencia en la recolección de desechos, el 84% de los encuestados indica que el aumento en tarifas no se traduce en mejor servicio. Además, el 89% denuncia que el personal de recolección no cuenta con equipos adecuados, lo que pone en riesgo su salud y limita la efectividad del servicio.
Finalmente, el transporte público enfrenta un colapso generalizado, como consta en la reseña sobre la situación de los servicios que hace Un Mundo Sin Mordaz. En 2024, solo el 20,2% de los hogares tenía acceso al servicio, frente al 49,4% en años anteriores. El 80% de los ciudadanos no cuenta con vehículos propios, y el 55,9% se ve obligado a caminar largas distancias para cumplir con sus actividades. Estados como Delta Amacuro, Falcón y Sucre encabezan la lista de los más afectados.
Derecho al acceso a la atención médica
Durante el año 2024, según el informe de Un Mundo Sin Mordaza, el índice de desabastecimiento general de medicamentos y suministros médicos fue de 37%, manteniéndose prácticamente igual al año anterior (36%).
Los estados más afectados fueron Carabobo (75%), Amazonas (65%) y Cojedes (61%), seguidos por Táchira, Nueva Esparta y Apure. El desabastecimiento impacta especialmente en áreas críticas como la atención a enfermedades crónicas: 75% de los hospitales reportaron la falta constante de medicamentos antihipertensivos, obligando a los familiares a asumir la compra de fármacos por cuenta propia, con los consiguientes costos y retrasos en los tratamientos.
Aunque el tiempo promedio de espera para que un paciente con neumonía reciba el primer medicamento disminuyó levemente (de 2 horas y 42 minutos a 2 horas), sigue superando el estándar recomendado de una hora. Este tipo de demoras puede comprometer seriamente la salud de los pacientes, en especial en casos urgentes.
En cuanto a la infraestructura hospitalaria, la capacidad de atención mostró una leve mejora. El promedio de camas de emergencia operativas por hospital pasó de 34 a 35, y las camas de hospitalización de 215 a 220. No obstante, esta variación es mínima y no representa una mejora sustancial frente al deterioro general del sistema.
Un aspecto crítico es que el 91% de los hospitales exige a los pacientes aportar insumos para poder ingresar a quirófano. Entre los requerimientos más frecuentes están: suturas (87%), suero fisiológico (82%), analgésicos (78%), batas de pacientes (73%), gasas, antisépticos y otros materiales básicos (74%).
Derecho a la educación
El derecho al acceso a la educación en Venezuela enfrenta múltiples vulneraciones que afectan tanto a la educación básica como a la superior, según el informe de Un Mundo Sin Mordaza.
En el informe de Un Mundo sin Mordaza, y en lo que respecta al área de educación básica y media, se citan los resultados del estudio SECEL 2024-2025, realizado por la UCAB, revelan un bajo rendimiento académico generalizado. Más del 70% de los estudiantes reprobaron en matemáticas, habilidad verbal y comprensión lectora, con promedios por debajo de 8/20. La brecha entre instituciones privadas y públicas es significativa, con tasas de reprobación que alcanzan el 92% en las escuelas públicas.
Las causas incluyen precariedad laboral docente, con ingresos mensuales promedios de apenas 7,34 dólares y alta deserción (72%). Solo el 18% del personal ha recibido formación reciente, y el 24% no ha tenido actualización profesional en más de cinco años. Además, el 64% de los docentes considera que los bonos del sistema Patria deberían ser parte del salario base.
La infraestructura escolar también está severamente deteriorada: 54% de las escuelas reportan condiciones físicas precarias, 43% sufre fallas eléctricas diarias, y más del 80% carece de acceso a computadoras o internet. La dotación del Estado es deficiente: 93% de los encuestados afirman que no han recibido materiales pedagógicos ni deportivos. Aunque el Programa de Alimentación Escolar está presente en el 87% de las instituciones, solo el 33% de los estudiantes recibe comida semanalmente y muchas escuelas no tienen cocinas ni comedores adecuados.
En cuanto a la educación superior, la situación es igualmente crítica. Se han reportado 205 denuncias por acoso presupuestario contra universidades autónomas, lo que ha resultado en el deterioro de la infraestructura, suspensión de servicios estudiantiles y proyectos de investigación, y violaciones laborales, incluyendo más de 1000 días sin aumentos salariales. La deserción estudiantil y profesoral supera el 60% en universidades emblemáticas como la UCV, LUZ y UCLA, poniendo en riesgo la continuidad académica y el relevo docente.
Además, se han registrado 52 denuncias por agresiones y criminalización de miembros de la comunidad universitaria, junto con 9 protestas por derechos laborales y políticos. Estas condiciones revelan una vulneración sostenida del derecho a la educación superior, en un entorno de exclusión, censura y abandono institucional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Toda persona debe ser honorable, es decir honrada, íntegra y justa para que sea respetada y valorada, independientemente de su estatus social. Con más razón, la honorabilidad tiene que ser un requisito sine qua non para quien ejerce el poder político. Desafortunadamente, hoy esa cualidad brilla por su ausencia en presidentes de la república, ministros y diputados, tanto en países desarrollados, como en vías de desarrollo.
Insultan, utilizan un leguaje procaz y se caracterizan por ofender y dividir a la población entre buenos y malos. Obviamente, ellos se consideran los buenos. Son un pésimo ejemplo para la población, especialmente para niños y jóvenes. A continuación, algunos ejemplos de honorabilidad perdida.
El fallecido presidente Chávez tuvo fama de malhablado. Esa es una victoria de m…, exclamó cuando perdió el referendo de reforma de la Constitución. Según él, todos los dirigentes de la oposición eran lacayos del imperio que no deberían volver al poder. En sesión de la ONU inició su discurso diciendo que “ayer estuvo el diablo, aquí huele azufre”, refiriéndose al entonces presidente George W. Bush.
El usurpador Nicolás Maduro no se queda atrás. A María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, la ha tildado de desquiciada, apátrida de la oligarquía y terrorista. A cualquier dirigente opositor lo llama fascista, traidor, lacayo del imperio.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, es un desaforado. Un psiquiatra devenido en paciente. Su último insulto fue para Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a quien calificó de sátrapa, lamesuela y basura, proponiendo que Venezuela debe salir de esa oficina de m… Para él, todos los dirigentes de la oposición son vendepatrias, payasos y títeres del imperio.
Diosdado Cabello, ministro del Interior, tiene boca de albañal. Títeres, vendepatria, basura, malnacidos, cobardes, mercenarios de la información son insultos que lanza semanalmente.
Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, país caracterizado por su elevado nivel de educación, está siendo un pésimo ejemplo para sus ciudadanos. Según él, los opositores en la Asamblea Nacional son idiotas y cualquiera que se le opone es malnacido, canalla y filibustero.
Gustavo Petro, el presidente colombiano, dice en sus peroratas que el Congreso está lleno de mafias y que sus opositores son buitres, carroñeros políticos. Se ha referido al inaceptable Decreto de Guerra a Muerte de Bolívar, alegando que “nos obligan a levantar la bandera de la libertad o muerte. La bandera del pueblo de Colombia hoy, la bandera de la guerra a muerte”.
La falta de honorabilidad también impera en Estados Unidos. Donald Trump desacredita a cualquiera que lo critique, sea periodista, juez o excandidato presidencial, republicano o demócrata. Llamó perdedor al fallecido John Mc Cain porque fue capturado por el enemigo en la guerra de Vietnam. A Mitt Romney lo tilda de idiota, a Nancy Pelosi le dice la loca, a Biden, Joe el dormilón, y a cualquier colaborador que le renuncia lo califica de inepto. A todos los inmigrantes los llama delincuentes.
Javier Milei, el presidente argentino, exhibió una motosierra como regalo a Musk para que despidiera empleados. Califica a sus adversarios de zurdos de m.., parásitos, casta inmunda, simios, enfermos mentales. Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, ha acusado a jueces y críticos de su gobierno de defender terroristas. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha tildado de hipócrita.
Buscar la honorabilidad perdida es más fácil que buscar el tiempo perdido de la compleja novela de Marcel Proust. El problema es cómo evitar que quienes no son honorables lleguen al poder por la vía electoral. Es imprescindible formar buenos ciudadanos, como predica Gustavo Coronel.
Como (había) en botica
Solidaridad con los merideños afectados por las inundaciones.
¿Qué espera la Corte Penal Internacional para imputar a Maduro por los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y encarcelamientos solo por opinar en mensajes telefónicos?
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió hasta el 5 de septiembre de este año la autorización para descargar gas licuado de petróleo (GLP) en Venezuela.
La licencia 40D permite el envío de gas licuado en transacciones que involucren a Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier entidad en la que la petrolera estatal controle al menos el 50%.
El permiso no autoriza pagos de petróleo o productos derivados, ni transacciones con personas bloqueadas que no pertenezcan a Pdvsa o sus subsidiarias.
A finales del mes de mayo, la administración del presidente Donald Trump confirmó la expiración de la licencia que permitía operar a la empresa estadounidense Chevron en Venezuela.
La licencia fue otorgada por primera vez en julio de 2021 y se renovó durante 2022 y 2023, pero una orden ejecutiva firmada durante el primer mandato de Trump en noviembre de 2018 y extendida en 2019 prohibió este tipo de transacciones de GLP.
La administración del ex presidente demócrata Joe Biden otorgó licencias petroleras al régimen madurista en noviembre de 2022 con motivo del diálogo y para coordinar elecciones presidenciales en Venezuela.
Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, informó que Trump ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, que expiren todas las licencias petroleras de la era de Biden que a su juicio beneficiaron a la administración chavista.
“Estamos denegando a Venezuela cualquier tipo de fondos que puedan llevar a la opresión del pueblo venezolano”, sostuvo en mayo de este año la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mignon Houston.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El partido político Vente Venezuela denunció la detención de dos de sus dirigentes regionales el pasado domingo 6 de julio.
La tolda liderada por María Corina Machado informó que el coordinador de comunicaciones en el estado Bolívar,Rodrigo Pérez, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), mientras que en Yaracuy hicieron lo propio con el coordinador de organización, Luis José Magallanes.
Para Vente Venezuela la detención forma parte de una nueva ola de persecución generada durante las últimas horas.
“En Venezuela, hay terrorismo de Estado que viola derechos humanos, comete crímenes de lesa humanidad y criminaliza a la disidencia”, expuso la organizacion.
Luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, la persecución a los colaboradores de Machado no ha cesado, algunos están encarcelados, otros han tenido que abandonar el país y el resto permanecer en la clandestinidad, como es el caso de la propia líder opositora.
Este sábado 5 de julio, Machado pidió a los militares dar un paso al frente en pro de la búsqueda de la democracia en Venezuela.
“Prepárense y despierten, entiendan que lo que viene exige coraje, organización, visión y sentido de nación y futuro. “Nuestras armas, las de la República, los venezolanos se las entregamos a ustedes para que hicieran buen uso de ellas. Hasta ahora no lo han hecho. Por eso ha llegado el momento de exigirles”, instó.
Posterior a esas declaraciones, específicamente este 7 de julio, Nicolás Maduro ratificó al alto mando militar.
“El Estado Mayor Superior queda ratificado, vamos al Plan República y vamos a seguir avanzando en todos los planes del Estado Mayor Superior”, sostuvo Maduro en el marco de un acto de ascensos militares.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Banesco Banco Universal, institución bancaria de capital 100% venezolano, hizo un donativo de cien mil dólares para la asistencia de 250 familias en los estados Mérida, Barinas, Apure y Zulia, como parte del plan nacional de respuesta que adelanta la Cruz Roja Venezuela para la atención de las zonas más afectadas por las recientes lluvias, que desde mediados del mes de junio han afectado nueve estados venezolanos.
Desde que se dieron a conocer los efectos causados por las fuertes lluvias, la Cruz Roja Venezolana desplegó a sus voluntarios e identificó cuatro de los nueve estados afectados – Mérida, Barinas, Apure y Zulia-, como prioridad ante la situación. Las fuertes lluvias han provocado el desbordamiento de ríos, colapso de puentes y el aislamiento total o parcial de algunas poblaciones en esos estados.
“La movilización ante los desastres naturales es primordial para resguardar a los ciudadanos que enfrentan estas situaciones. Por eso, nos unimos a la Cruz Roja Venezolana -como lo hemos hecho en condiciones similares- para contribuir a la ayuda que necesitan las poblaciones afectadas” comentó Marcos Tulio Ortega Vargas, presidente de la Junta Directiva de Banesco. “Esta institución actúa de manera inmediata, eficiente y bajo un plan que diseña considerando a quienes necesitan la ayuda de manera priorizada”.
La Cruz Roja Venezolana desarrolló un plan de respuesta nacional que ejecuta en coordinación con las autoridades competentes, para atender las necesidades básicas de al menos 6 000 familias de los nueve estados afectados, en el marco de su misión humanitaria de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas.
Con el donativo de Banesco, 250 familias de Mérida, Barinas, Apure y Zuliarecibirán atención primaria en salud, medicamentos, apoyo de profesionales en salud mental, kits de higiene y aseo, y soluciones para acceder a agua potable.
“Además del aporte que Banesco realizó a la Cruz Roja Venezolana para la atención de familias damnificadas, hemos movilizado a nuestros colaboradores invitándolos a donar insumos necesarios para las comunidades afectadas”, agregó Ortega Vargas. La jornada de recolección estará activa durante el mes de julio y los insumos serán enviados a las regiones afectadas a través del Dividendo Voluntario para la Comunidad y la organización Caritas de Venezuela.
Una campaña en redes sociales que exige la renuncia de Volker Türk –alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– y que fue presentada por Nicolás Maduro como una iniciativa popular y “mundial” es, en realidad, una operación de propaganda coordinada que fue impulsada por actores y cuentas vinculadas con el oficialismo venezolano.
La campaña ha utilizado etiquetas como #VolkerTurkRenuncia y #VolkerViolaDDHH en varias redes sociales, promoviendo narrativas de rechazo y estigmatizantes en contra de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y del mismo Türk.
Con la maniobra se intenta desviar la atención del informe sobre Venezuela presentado el 27 de junio de 2025 por la ACNUDH al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se detalla la actual situación de los derechos humanos en Venezuela para el período comprendido entre el 1° de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025.
La campaña de estigmatización contra Türk y ACNUDH retoma y amplifica una solicitud de renuncia hecha el 28 de junio por el fiscal general Tarek William Saab, publicada a través de la cuenta de Instagram del Ministerio Público.
El 30 de junio, Nicolás Maduro aseguró que “en el mundo entero” se había iniciado una campaña pidiendo la renuncia del Alto Comisionado, enmarcando la operación coordinada como si se tratara de una protesta impulsada espontánea e internacionalmente.
“Es muy buena la campaña que se ha iniciado en el mundo entero pidiendo la renuncia de Volker Türk por ser un Alto Comisionado politizado, parcializado y con una agenda contraria a los derechos humanos”, aseguró Maduro.
La ofensiva escaló con una acción institucional. El 1º de julio, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, declaró a Türk persona non grata, utilizando los mismos argumentos esgrimidos previamente por el Fiscal General y en la campaña en redes, que lo acusan de ignorar deliberadamente violaciones de derechos humanos en otros países. En ese contexto se aprobó la salida de Venezuela de la ACNUDH, al menos hasta que Türk deje de estar al frente de la misma.
Ciberacoso contra Türk fue impulsado por red de actores oficialistas
La campaña de redes sociales con la que se ha pedido la renuncia de Volker Türk como Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos comenzó a ser impulsada el 28 de junio de 2025, con la promoción coordinada y multiplataforma de la etiqueta #VolkerTürkRenuncia. Según GetDayTrends.com, ese día a las 6:00 p. m. (VEN), la etiqueta alcanzó el tope de las tendencias en X para Venezuela.
Pero ni la campaña ni la etiqueta fueron impulsadas espontáneamente, ni tuvieron origen “popular” o repercusión internacional.
Su promoción empleó la misma estrategia de amplificación coordinada en redes sociales con la que el oficialismo venezolano ha promovido decenas de etiquetas propagandísticas, desinformativas y estigmatizantes de forma no oficial, es decir, delegando ese empuje a varias redes de “guerrillas comunicacionales” y militantes oficialistas venezolanos.
Con esta estrategia se intenta eludir una atribucióndirecta que vincule la campaña de estigmatización contra Türk con el Estado venezolano, el cual, a su vez, la utiliza como falsa prueba del supuesto “rechazo” popular hacia el Alto Comisionado.
La etiqueta #VolkerTürkRenuncia apareció por primera vez en X el 28 de junio a las 4:48 p.m., en una publicación realizada por Roigar López Rivas, un conocido propagandista del oficialismo. López Rivas, quien desde el pasado noviembre es un funcionario del Estado –viceministro de Pequeña y Mediana Industria–, acompañó a Nicolás Maduro durante su campaña electoral de 2024 y ha participado en la difusión de desinformación y el impulso de campañas de estigmatización digitales en Venezuela, principalmente a través de sus actividades junto a Venezuela News–un portal que regularmente difunde desinformación oficialista.
Este patrón de actuación no es nuevo. Entre 2021 y 2023, López Rivas coordinó el llamado “Movimiento #FreeAlexSaab”, un supuesto movimiento de base que exigía la liberación del empresario Alex Saab mediante campañas de etiquetas coordinadas, empleando las mismas técnicas de manipulación digital que volvieron a usarse en 2025 contra Volker Türk.
Alex Saab –empresario colombiano muy cercano a Nicolás Maduro– fue detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Estados Unidos en 2021 y liberado en diciembre de 2023, tras un intercambio de prisioneros. Hoy está en libertad, es Ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela y, por tanto, superior directo de López Rivas.
La ofensiva contra Volker Türk reactivó, al menos en parte, esa misma red de comunicadores que entre 2021 y 2023 defendió a Alex Saab pero también mantuvo una campaña digital constante en redes contra el periodista Roberto Deniz (Armando.info), a quien acusaban como “extorsionador” por investigar los negocios de Saab. Ese clima de hostigamiento antecedió a que, en octubre de 2021, el Ministerio Público abriera una causa contra Deniz por presunta instigación al odio, difamación y extorsión.
#EnLaGráfica | analizamos campaña de hostigamiento contra periodista @robertodeniz, usando Hoaxy y tweets publicados entre el 10 y el 11/09/21
Parte de ese mismo grupo que atacó a Deniz dedica hoy sus esfuerzos a estigmatizar digitalmente al Alto Comisionado y al equipo de la ONU en Venezuela, potenciado con otras “guerrillas comunicacionales” y enjambres que difunden narrativas oficialistas.
Técnicas de desinformación recicladas para legitimar la embestida
Uno de los objetivos de la campaña contra Volker Türk es instalar la narrativa desinformadora de que no es un actor independiente. A ello se suma la acusación infundada de que viola los derechos humanos al “ignorar” deliberada y convenientemente las denuncias sobre crisis en otras partes del mundo, para concentrarse únicamente en la situación de Venezuela.
Para intentar posicionar estas narrativas, las redes que impulsan la campaña recurren a la difusión coordinada y repetitiva de contenidos que refuerzan dicho discurso contra Türk, entre ellos desinformación, caricaturas y memes —algunos generados con inteligencia artificial— y otros con connotaciones deshumanizantes.
La etiqueta #VolkerTurkRenuncia llegó al tope de las tendencias en Venezuela, en parte, debido a la baja calidad en la mayoría de los mensajes que fueron publicados masivamente, es decir, a la publicación de spam. Se trata de una técnica de manipulacióndigital, que las redes de propaganda oficialistas usan habitualmente para inflar etiquetas de forma artificial y rápida, creando así una falsa apariencia de respaldo popular y una relevancia mayor de la que realmente tienen.
Un ejemplo de esta dinámica se observó en las respuestas a la publicación con la etiqueta #VolkerTürkRenuncia con la que Roigar López Rivas inició la campaña en X. Muchas de estas respuestas eran frases breves y poco elaboradas (spam), publicadas en muchos casos por cuentas con la suscripción premium de X (X Blue) que exhiben el sello azul de “verificación”.
Esta no es una táctica nueva. Desde 2023 se ha documentado cómo usuarios que activamente difunden propaganda en X, principalmente vinculados al Movimiento #FreeAlexSaab, están suscritos a X Blue. El pago de este servicio les ofrece ventajas en la plataforma, como una mayor visibilidad para sus posts y respuestas, lo que les permite aparentar más influencia y credibilidad de la que realmente poseen, logrando que su spam coordinado sea más efectivo.
Como complemento al spam, una parte importante de los contenidos fueron videos verticales publicados por comunicadores oficialistas –cercanos tanto a Roigar López Rivas como a Venezuela News– y narrados en primera persona, un formato preferido para ser difundido en redes sociales como TikTok e Instagram.
Esta es también otra técnica que usa regularmente el oficialismo venezolano para simular organicidad y darle un rostro humano a la campaña, evitando así depender exclusivamente del contenido de baja calidad para inflar las narrativas que promueven en línea.
La generación de este tipo de videos tampoco es espontánea. Su creación es enseñada y promovida a través de academias para “influencers” vinculadas al gobierno, como la Universidad Internacional de las Comunicaciones (Lauicom) y la “Escuela Influye”, esta última adscrita al Ministerio de Comunicación e Información. Aunque esta estrategia busca descentralizar la producción de propaganda, los comunicadores dejan rastros evidentes de coordinación: uso de la misma etiqueta, narrativas idénticas, frases y contenidos repetidos.
La estrategia de desprestigio en contra de Türk continuó el 2 de julio de 2025 cuando comenzó a impulsarse otra etiqueta estigmatizante: #TürkViolaDDHH, en la que también se detectaron contenidos deshumanizantes, entre ellos memes y contenidos creados con inteligencia artificial, como falsos murales con la etiqueta.
La mayoría de los contenidos estaban identificados con firmas y etiquetas referidas a una “guerrilla comunicacional” distinta: la Organización Nacional de Comunicadores Alternativos, ONCA, que en el pasado ha participado en la difusión de propaganda, rumores, desinformación y campañas digitales coordinadas.
Memes publicados durante la campaña coordinada #VolkerViolaDDHH
El altavoz digital del falso experto
Otra de las técnicas de manipulación observadas fue la amplificación coordinada del artículo de opinión de un supuesto experto, Vincenzo Caruso, titulado “Cómplice de torturadores, verdugo de la verdad: Volker Türk, ¡renuncie ya!”.
El artículo fue publicado el 28 de junio por varios portales web que operan como altavoces no oficiales de propaganda y desinformación oficialista, aparentemente independientes. Primero fue publicado por Fuser News (7:34 p.m.), trece minutos después fue replicado por Venezuela News y más tarde por Globovisión. Aunque el título del artículo fue el mensaje dominante, la idea central giraba en torno a desacreditar a Volker Türk por no pronunciarse sobre temas ajenos al informe —como las violaciones de derechos humanos cometidas en Palestina o en Estados Unidos—.
Enlaces y extractos del artículo también fueron diseminados coordinadamente en varias redes sociales. En X, un enlace a la versión del texto publicado por Venezuela News fue compartida, por primera vez, por un usuario vinculado al Movimiento #FreeAlexSaab. En total, el artículo atribuido a Caruso fue publicado al menos 106 veces en esa red social.
Sin embargo, no existe ninguna trayectoria académica o profesional verificable de “Vincenzo Caruso” fuera del ecosistema de portales pro-oficialistas y, además, todas las supuestas imágenes de Caruso publicadas por cuentas en redes sociales y el portal Venezuela News, fueron generadas claramente con inteligencia artificial.
Ambas evidencias apuntan a que no se trata de una persona real, sino de un falso experto o del alias editorial de un tercero, una figura creada, precisamente, para reforzar la credibilidad de sus textos valiéndose del sesgo de autoridad.
Esta sospecha se refuerza por las contradicciones de la propia red propagandística que lo difunde. Creadores de contenido, en su mayoría vinculados a Venezuela News, no solo le asignan títulos inconsistentes —como “periodista”, “abogado” o “experto”—, sino que además publicaron videos leyendo textualmente el artículo para crear un eco coordinado entre el discurso oficial y las redes sociales.
En conjunto, la combinación de técnicas —spam, memes, uso de inteligencia artificial, el falso experto (o alias) y videos verticales publicados por creadores de contenidos digitales— permitió fabricar rápidamente un clima de opinión adverso, aunque artificial, en contra el Alto Comisionado, por lo menos en el ecosistema de propaganda digital chavista.
La campaña, presentada por el oficialismo como un reclamo “popular” y mundial, actuó como puente entre las declaraciones del Fiscal General y la decisión de la Asamblea Nacional de declarar persona non grata a Türk, funcionando como una maniobra para justificar la medida con una falsa demanda ciudadana.
Propaganda digital para silenciar a la ONU
Doce días antes de la ofensiva actual, el 16 de junio de 2025, una estrategia similar se empleó también contra el Alto Comisionado Volker Türk: cuando expresó su preocupación por el aumento de detenciones arbitrarias y torturas en el país, ya estaba activa otra campaña de distracción que le restó fuerza a sus declaraciones.
Un análisis de 2.178 publicaciones en X, registradas entre el 14 y el 17 de junio, muestra la marcada desproporción de contenidos sobre Venezuela y la ONU en los días próximos a esas declaraciones.
El 86,1% de los posteos (alrededor de 1.875 publicaciones) no se referían a la alerta del Alto Comisionado sobre el aumento de las detenciones arbitrarias y las denuncias de tortura en Venezuela. Fueron publicados por cuentas vinculadas con el oficialismo, celebrando una supuesta “victoria trascendental” del gobierno de Maduro en la Asamblea General de la ONU y promoviendo un discurso antiimperialista que denunciaba a EE. UU. y sus aliados por imponer “medidas coercitivas unilaterales”.
¿Por qué el oficialismo atacó a Volker Türk y la ACNUDH?
La reacción del oficialismo venezolano se produce tras la publicación, el viernes 27 de junio, del más reciente informe de la ACNUDH. Entre otros puntos, el documento detalla un patrón de represión política —con denuncias de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas y tortura— y cuestiona la independencia del sistema judicial venezolano a través del uso de leyes antiterrorismo contra opositores.
Como respuesta, el oficialismo ha centrado sus críticas en acusar a Volker Türk de guardar silencio ante otras crisis de derechos humanos —como el genocidio en Palestina o la deportación de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador sin respeto al debido proceso—, pero esa acusación no se corresponde con la realidad.
Respecto al conflicto en Gaza, la afirmación de que Türk no se ha pronunciado es incorrecta. El 18 de junio de 2025, por ejemplo, el Alto Comisionado presentó una actualización ante el Consejo de Derechos Humanos donde expresó su preocupación por la población civil en Gaza, condenó los ataques indiscriminados y pidió respeto al derecho internacional, una postura que se suma a múltiples declaraciones previas de su oficina.
#HRC56 ¦ Opening of the 56h Regular Session of the Human Rights Council:
High Commissioner for Human Rights @volker_turk highlights the cruelty of war & the urgent need to find the way back to peace as he presents his global update.
En cuanto a la situación de los migrantes venezolanos en El Salvador, lejos de haber un silencio, el propio Türk también expresó públicamente su preocupación el 13 de mayo de 2025.
En esa ocasión, se refirió al traslado de más de doscientos venezolanos al centro de máxima seguridad CECOT sin el debido proceso, sin acceso a defensa legal ni posibilidad de impugnar su deportación, e instó al gobierno de Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
The deportation over recent months of large numbers of non-nationals from the United States of America🇺🇸 , especially to countries other than those of their origin, raises a number of #HumanRights concerns, UN Human Rights Chief @volker_turk said.https://t.co/t85qzfl4vOpic.twitter.com/CJtNdwBFlU
La selección de estos temas por parte del oficialismo apunta a una estrategia de desinformación. Se le atribuye a Türk una inacción que los registros públicos desmienten y se le exige responsabilidad sobre asuntos, como la atención directa a migrantes y refugiados, que competen principalmente a otras agencias de la ONU como ACNUR y la OIM. De esta forma, se busca desviar la atención del contenido del informe sobre Venezuela y desacreditar al mensajero.
La coincidencia temporal entre la campaña de estigmatización en redes y las acciones oficiales posteriores sugiere que la primera sirvió de soporte discursivo para la segunda: la construcción en línea de un –falso– rechazo popular a Türk fue retomada por altos voceros y utilizada para fundamentar la decisión de declararlo persona non grata.
Este patrón —campaña digital seguida de medidas institucionales— ya ha sido documentado en episodios anteriores en los que se desplegaron campañas de estigmatización en contra de periodistas, ocurrieron detenciones de activistas venezolanos e, incluso, cuando se intentó mitigar la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela.
En la actualidad, su efecto práctico es desplazar la atención del contenido del informe y poner en entredicho la credibilidad del mensajero, incluso cuando se trata del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
