Para la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, la corrupción del actual gobierno venezolano no conoce fronteras y por eso en 30 países investigan al menos 178 casos de malversación de fondos.
Así lo expuso en la edición de este miércoles 9 de julio de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, Tal Cual y El Pitazo.
De Freitas explicó que debido a las sanciones impuestas por la administración de Estados Unidos al gobierno venezolano, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) se ha visto en la obligación de buscar rutas alternas para comercializar el crudo.
“Eso tiene rato, el gobierno venezolano necesita vender el petróleo y para eso necesita contar con aliados que estén dispuestos a correr el riesgo de ser sancionados también”, agregó.
Expuso que la expiración de la licencia de Chevron constituyó un duro golpe para la administración de Nicolás Maduro y por ello urge establecer nuevas rutas de comercialización del petróleo.
“A través de una investigación descubrimos la presencia de una serie de embarcaciones que habían sido remodeladas con mucha debilidad técnica y poseen problemas de seguridad. Esas naves no llegan a puertos conocidos, atracan en lugares opacos donde hay narcotráfico y lavado de dinero, algunas recogen el petróleo en Venezuela otras lo hacen en alta mar para burlar controles, incluso apagan los sistemas de ubicación para pasar desapercibidas”, amplió.
Batiz agregó que una investigación de ARI y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas reveló que se perdieron 3700 millones de dólares en la compra y reparación de embarcaciones para transportar crudo venezolano.
La directora de Transparencia Venezuela sentenció que lo más difícil de la opaca venta es cobrar por el petróleo venezolano: “Al Estado le entra menos dinero porque debido a las sanciones debe vender el petróleo a un precio inferior, ese es un dinero que no le va a llegar al pueblo venezolano” .
De Freitas indicó que en torno a Pdvsa se debilitó todo el marco constitucional y no existe contraloría.
Le echaron el guante al béisbol
De Freitas también indicó que la ola de corrupción que arropa al país también cubrió con su manto al primer pasatiempo nacional: el béisbol. Aseguró que la investigación de la ONG “El guante del oficialismo también captura equipos de béisbol” reveló que de los ocho equipos que conforman la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) cuatro están relacionados con el alto gobierno: Navegantes del Magallanes, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui.
“Y en 2021 se creó la Liga Mayor de Béisbol Profesional donde hay una mayor presencia de gente vinculada al actual gobierno”.
A su juicio, el deporte se presta para el lavado de dinero: “Es imposible denunciar porque en este ámbito no existe nada de contraloría”.
La directora de Transparencia Venezuela aseveró que no solo el béisbol profesional es terreno fértil para la opacidad, también el baloncesto y el fútbol.
Batiz recordó la vinculación del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, en el caso Koldo en España, donde se le vincula estrechamente con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. De Freitas sentenció que en al menos tres equipos de la Liga de Fútbol venezolana hay presencia de personas vinculadas al gobierno.
“Jorge Alfredo Silva Cardona, hombre cercano a los hermanos Diosdado y José David Cabello, está al frente del Deportivo Táchira, lo mismo pasa con Estudiantes de Mérida y Raúl Carreño, sobrino de Pedro Carreño y está el equipo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) propiedad de Yhuryseck Escalante Ferreira, esposa del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexandro Granko Arteaga”, precisó.
Para la entrevistada es inaudito el hecho de que Silva Cardona no se haya pronunciado luego del encarcelamiento de fanáticos del Deportivo Táchira previo a un partido del Torneo Apertura contra el equipo de la UCV.
“Es inconcebible que no diga nada, eso demuestra que el poder y el dinero están primero”, sumó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, pide al Ministro de Educación que se le asigne a los docentes un bono vacacional de 240 dólares, equivalente a dos meses del bono de guerra económica.
“Cuando se aproxima la finalización del año escolar debemos decir que fue muy accidentado para el magisterio venezolano (…) exigimos que se le asigne un bono equivalente a 240 dólares a los maestros (…) porque si se le paga con el salario mísero que gana un educador (…) no hace nada para recrearse y vivir dignamente”, señaló Márquez a través de un video publicado en la red social X (Twitter) este miércoles 9 de julio.
La representante de la organización gremial denunció el despido masivo de docentes, por lo que pidió que sean reincorporados por no haber “ningún procedimiento administrativo” que justifique esa decisión. También solicitó al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, establecer una mesa de diálogo con los distintos gremios para atender las necesidades del sistema educativo.
“Esperamos que nos atienda, que se abra una mesa de diálogo para discutir los problemas (…) para contribuir con la calidad de la educación”, expresó la dirigente, quien también advirtió sobre el deterioro de la infraestructuras de este sector en todo el país.
Una década de crisis multifactorial
Un trabajo elaborado por Runrunes sobre el fin del período escolar 2024-2025, publicado el pasado 7 de julio, concluyó que el balance de este año que está por finalizar sigue siendo negativo para el sector educativo en Venezuela y que, lejos de mejorar, la situación sigue empeorando cada vez más.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló que durante el 2024 hubo al menos 430 protestas del sector educativo, mientras que en 2025 se produjeron 60 por parte de los maestros y personal administrativo quienes continúan exigiendo mejores condiciones laborales.
Por otro lado, la Federación Venezolana de Maestros denunció que en el mes de noviembre del 2024 hubo una “suspensión masiva” de más de 40 000 maestros activos y jubilados, mediante métodos irregulares.
Otro factor que agrava la situación educativa del país es la implementación del “horario mosaico”, método que comenzó a utilizarse particularmente desde el año 2020, debido a la pandemia y posteriormente surgió como alternativa para que los docentes buscarán fuentes de ingreso adicionales.
De acuerdo a Tulio Ramírez, presidente de la Asociación Civil de Educación, y quien fue consultado por Runrunes, esa modalidad “está afectando la calidad del aprendizaje de los estudiantes, la cantidad y la profundidad con la que deben abordarse los temas académicos”.
“Los estudiantes no alcanzan las competencias mínimas”
Un estudio del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (Secel) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), correspondiente al periodo escolar 2023-2024, reveló que los alumnos desde sexto grado de primaria hasta quinto año de bachillerato aún “no alcanzan las competencias mínimas en áreas fundamentales como habilidad verbal y matemáticas”.
La investigación determinó que el 92,09 % de los alumnos evaluados reprobó la prueba de matemáticas, mientras que un 86,21% no superó la evaluación de habilidad verbal. En cuanto a comprensión lectora, el 80,55 % de los alumnos obtuvo una calificación inferior a la aprobatoria. Más de 10 000 pruebas se aplicaron a estudiantes de planteles públicos en Caracas, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Falcón, Lara y Zulia.
Deserción estudiantil y fallas estructurales
La deserción estudiantil también es otro factor que profundiza la crisis del sector educativo en Venezuela. De acuerdo a una investigación de la ONG Fundaredes, publicada en enero de este año, la matrícula escolar ha disminuido un 46% debido al éxodo masivo de estudiantes que abandonan las escuelas por causas multifactoriales, pero principalmente económicas.
Las fallas estructurales en los centros educativos también son un dolor de cabeza. En 2024, cifras del Sindicato Venezolano de Maestros estimaron que 40% de las escuelas públicas del Distrito Capital presentaban deterioro en sus infraestructuras. En marzo de ese año, la asociación civil “Con la Escuela” publicó un informe sobre la situación estructural de escuelas y liceos del país el cual arrojó que el 41,77% presentaba problemas, fallas eléctricas y en el suministro de agua.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El sempiterno reproche que se hace a las ciencias sociales es su abordaje de cuestiones que a duras penas se pueden cuantificar. He ahí, según sus detractores, la diferencia insalvable entre ellas y las ciencias “duras” de la naturaleza. Irónicamente para quienes desprecian las humanidades, esas nociones son un producto filosófico (cuánta razón tenía Jaspers al afirmar que el desdén a la filosofía es, también, una filosofía). Es por la veneración de las matemáticas, en su abstracta constancia: dos más cinco siempre dará siete. Cosa que el pensamiento occidental lleva a cuestas al menos desde Pitágoras.
De todas formas, las ciencias sociales han hecho un esfuerzo considerable por circunscribirse lo más posible al paradigma cuantitativo. Quizá eso se note más en otras latitudes y sobre todo en el mundo anglosajón, donde predomina la llamada “filosofía analítica”, con su énfasis en las demostraciones matemáticas. Recuerdo la impresión que me causó, recién llegado al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia para cursar una maestría, el empeño en que todo estuviera respaldado por regresiones y otras formas de análisis de datos numéricos.
La ciencia política profesional contemporánea se aboca a procesar cifras: patrones de voto, sondeos de opinión, etc. El objetivo es medir aquellos comportamientos masivos que constituyen el quehacer político. Las tecnologías actuales, como los big data, han abierto un nuevo abanico de posibilidades que permite conocer con cada vez más precisión los comportamientos de interés para la disciplina. A veces, eso se ha prestado para abusos y perversiones, como la apropiación de datos personales de usuarios de Facebook por la firma de consultoría política Cambridge Analytica.
Pues bien, en Venezuela no va a pasar nada de eso… Porque tenemos el problema inverso. A saber, un déficit extremadamente agudo de datos. Pudiera decirse que ese atraso con respecto a los países muy desarrollados (e incluso, los desarrollados pero no tanto), se debe al hecho de que el nuestro se ha quedado estancado en el tiempo en varios aspectos, y en otros hasta ha retrocedido. Una consecuencia inevitable de la combinación de pérdida de instituciones republicanas y destrucción aguda de riqueza material que el país ha experimentado en lo que va de siglo XXI.
Para otras humanidades, como la economía y la sociología, la cuestión radica principalmente en una ausencia total o casi total. Entes del Estado hace años que dejaron de publicar los reportes sobre aquellos ámbitos que les corresponden, como es el caso de los índices de pobreza. O interrumpen, reanudan y vuelven a interrumpir, como sucede con la inflación. No es difícil inferir que las omisiones se deban a que la información no es precisamente halagüeña para los responsables. Muy de vez en cuando, cuando a la elite gobernante le provoca, alguno de sus miembros suelta súbitamente una de estas cifras, pero de manera imposible de corroborar por parte del público mediante acceso transparente a la metodología.
Con la ciencia política pasa algo distinto. Sí, al comparar de nuevo con otros países notamos que hay muy poca información sobre perfiles demográficos de ciudadanos políticamente activos y corrientes de opinión pública. Pero al margen de eso, en cuestiones tan básicas como las tendencias de voto sí hay información… Solo que su confiabilidad es poca o nula. Empezando por la que se supone que es la más exhaustiva y sólida de esas fuentes: los resultados comiciales propiamente dichos. No tengo que decirles qué ha pasado con la posibilidad de consultarlos de forma desagregada después del 28 de julio pasado.
Luego tenemos las fuentes privadas, que consisten principalmente en firmas encuestadoras. Con pocas excepciones, sus productos dejan mucho que desear. Suelen estar plagados de vicios como ausencia de ficha metodológica, preguntas groseramente sesgadas y el conflicto de interés por el cual sus directores opinan constantemente sobre los temas abordados en sus propias encuestas. Es decir, tratan de moldear la opinión pública que luego dicen sondear. Muchas tienen favoritismos a duras penas disimulados. Si están fuera del país, a favor de la oposición antisistema. Si están radicadas dentro del país, a favor de la oposición pro sistema o hasta de la elite gobernante. Este contraste se debe, en parte, a un cada vez más intenso ambiente de miedo mediante el cual quienes están en Venezuela se sienten presionados a difundir solo información que se acople a la simulación de democracia, tema que desarrollaré en otra oportunidad.
En fin, el politólogo venezolano con al menos un poco de talento y libre de compromisos con parcialidades políticas es capaz de advertir todo esto, lo cual lo deja en una situación difícil. ¿Con qué trabaja? ¿Cuáles son sus insumos? No hay buena respuesta a esas preguntas. La limitación es insalvable. Pero eso no quiere decir que el profesional tenga que claudicar. Ante la falta de datos, no le queda más remedio que recurrir a la cruda intuición. A los instintos epistemológicos fundamentales que, desde los albores de la humanidad, han sido la chispa primigenia de todo pensamiento científico, para luego corroborar con los instrumentos empíricos más sofisticados que haya a la mano.
Por supuesto, este es un escenario bien lejos del ideal. Tiene enormes restricciones. Para empezar, obliga a trabajar dentro de lo exclusivamente hipotético, hasta que algún evento sobre el que no se tiene ningún control confirme o refute la hipótesis. Y, no obstante, es posible hacer observaciones a partir del sentido común. Verbigracia, desde el 28 de julio pasado y sus secuelas siempre fue de sentido común asumir que, mientras el poder no atienda el reclamo opositor sobre lo que pasó ese día, la abstención en futuros “comicios” (si así se les puede llamar) sería altísima, porque la inmensa mayoría de la población que quiere un cambio político dejó de ver en el “voto” una forma de lograr dicho cambio. Solo algunos comentaristas comprometidos con la oposición prosistema pensaron lo contrario de cara al 25 de mayo. Hasta aparecieron encuestas augurando una cómoda victoria de Manuel Rosales en el Zulia. Pues llegó aquel domingo, los centros de votación estuvieron desolados y Rosales perdió.
Los instintos de cualquier estudioso de la política, sin haber hecho ninguna recolección de datos, pero guiados por el sentido común, resultaron estar más cerca de la realidad que aquellas encuestas, alegremente promovidas por gente titulada. Y para que no me digan que la tengo agarrada con la oposición prosistema, voy con la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido asumir que María Corina Machado ha mantenido todo o casi todo el respaldo del que gozó en la cúspide de su popularidad, entre su triunfo en las primarias de 2023 y julio del año pasado? Pienso que no, teniendo en cuenta que su causa se ha estancado. Pero eso es lo que han sugerido otras encuestas. Mientras, en mi cotidianidad no se percibe el entusiasmo que había hace un año. Más bien la frustración y el desaliento reinan, lo que se traduce en una creciente apatía hacia la política nacional. ¿Experiencia anecdótica sin validez estadística? Claro que sí. A eso me refería con las limitaciones de esta ciencia política dependiente del instinto. Pero son los mismos instintos que me llevaron a advertir, acertadamente, qué pasaría el 25 de mayo. No puedo confiar en ellos lo suficiente como para pretender que mis pronósticos son infalibles. Pero sí como para señalar que el respaldo a Machado se ha reducido hasta cierto punto y seguirá reduciéndose a medida que pase el tiempo sin que la oposición avance.
Los modestos aportes que pueda a hacer a la discusión sobre política venezolana en su inmensa mayoría, si no es que todos, vendrán de la fuente intuitiva descrita en el presente artículo. Seguro me equivocaré más de una vez. Pero prefiero cualquier falla en mis maneras antes que entregarme a datos que desafían la lógica y la razón. Es así como insistiré en la que de momento es mi observación que más me inquieta: ni lo que está haciendo la oposición antisistema ni lo que está haciendo la oposición prosistema funciona; ergo, para todos los interesados en un cambio político en Venezuela es indispensable un replanteamiento estratégico. Eso me dice mi instinto.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
El Mañanero de Runrun.es de este viernes 11 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: Durante junio de 2025, la ONG Espacio Público documentó que el patrón de persecución estatal contra periodistas y defensores de derechos humanos se mantuvo, alcanzando ahora a economistas con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas y censura digital.
“¿Será que creen que el dinero se lava en lavadora? No hacemos como ustedes que toman dinero del narcotráfico, la trata de personas, de venta de armas y los meten en los mercados financieros (…) Es un honor que nos hayan incluido en esa lista, que los principales lavadores de dinero nos incluyan, porque no queremos estar en la misma lista de esos lavadores de dinero y patrocinadores de genocidios”, Jorge Rodríguez sobre la Unión Europea este #10Jul
Durante junio de 2025, la ONG Espacio Público documentó que el patrón de persecución estatal contra periodistas y defensores de derechos humanos se mantuvo, alcanzando ahora a economistas con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas y censura digital.
De acuerdo con el reporte mensual de la ONG, en junio se registraron tres violaciones al derecho a la libertad de expresión: dos casos de censura y uno de intimidación. Los afectados fueron periodistas, reporteros y plataformas web, y ocurrieron tanto en el estado Táchira como en espacios digitales.
Desapariciones y detenciones arbitrarias
Espacio Público recordó el caso del periodista Carlos Marcano, quien fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el 23 de mayo, y durante más de diez días su familia no tuvo noticias sobre su paradero. Cuando su madre logró verlo en La Yaguara, en Caracas, fue solo por unos minutos: al día siguiente, Marcano fue trasladado a un lugar desconocido, sin orden judicial.
Por otra parte, la criminalización del ejercicio periodístico también alcanzó a Nakary Mena Ramos, reportera de Impacto Venezuela, detenida en abril junto a su pareja Gianni González por publicar un reportaje sobre inseguridad. Ambos fueron imputados por “instigación al odio” y “noticias falsas”, y estuvieron desaparecidos por más de 70 horas. El 17 de junio, un tribunal ratificó su privación de libertad.
Economistas en la mira
En un contexto de creciente opacidad económica, al menos cinco analistas financieros fueron detenidos brevemente e interrogados por cuerpos de seguridad. La causa: difundir cifras sobre inflación y poder adquisitivo. Para el Observatorio Venezolano de Finanzas, se trata de una política estatal orientada a ocultar datos clave sobre la situación económica del país.
Restricciones en zonas fronterizas
La organización alertó que la censura estructural también golpea con más fuerza a las zonas fronterizas. En estados como Apure, Bolívar y Falcón, los bloqueos informativos se suman al abandono institucional, los apagones y la presencia de grupos armados. En estos territorios, el derecho a estar informado está severamente restringido.
Informe de la ONU: patrones de persecución
El pasado 27 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre Venezuela evidenciando que persiste un patrón de persecución contra quienes expresan críticas al poder. Se reportaron más de 2.400 detenciones tras las protestas post-electorales, bloqueos a más de 60 sitios web, vigilancia digital y uso arbitrario de leyes como la de odio.
“La represión sostenida y el cierre del espacio cívico tienen un impacto directo sobre la ciudadanía: dificultan el acceso a información confiable, generan miedo a expresarse y reducen los canales para exigir derechos. La autocensura se intensifica ante la amenaza de detenciones, bloqueos o represalias”, alertó Espacio Público.
Todas esas acciones, según lo que advirtió la ONG, “debilita la participación pública y la capacidad de organización social, factores esenciales para la vida democrática”. En consecuencia, agregó el reporte, “las personas quedan aisladas, desinformadas y sin vías seguras para denunciar abusos o promover soluciones a los problemas que enfrentan a diario”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Centro para la Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford (EEUU) se sumó a las voces que han reclamado y exigido del exconcejal y activista Jesús Armas, al cumplirse 7 meses de su detención ocurrida en Caracas.
“Jesús es un dedicado servidor público, ingeniero y líder cívico que ha dedicado su vida a promover los valores democráticos, mejorar los servicios públicos y defender la dignidad del pueblo venezolano. Como presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, ha implementado iniciativas impactantes para mejorar el acceso al agua, la política energética y la transparencia en las comunidades más vulnerables de Caracas”, dice el comunicado publicado en el sitio web de Centro.
El 10 de diciembre de 2024 , Armas fue desaparecido forzosamente y detenido en Venezuela por fuerzas de seguridad. Actualmente se encuentra detenido en El Helicoide y durante siete meses ha estado recluido en completo aislamiento e incomunicación, sin que su familiar haya podido verlo ni haya tenido acceso a sus representantes legales.
El 31 de diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Jesús Armas. Allí resaltan el “riesgo grave y urgente para su vida e integridad personal y llaman a las autoridades venezolanas a proteger sus derechos y garantizar su bienestar, pero no se han tomado medidas significativas para cumplir con estas medidas.
El Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho y la Maestría Ford Dorsey en Política Internacional de la Universidad de Stanford instó a la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos democráticos a alzar su voz en apoyo a Jesús y a condenar la creciente represión y tortura contra actores democráticos pacíficos en Venezuela.
De acuerdo al más reciente reporte de Foro Penal, en Venezuela hay 927 presos políticos, de los cuales 831 son hombres y 96 mujeres, entre los cuales hay 922 adultos y cinco adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.
“Solo recibimos su ropa sucia”
El arresto de Armas se produjo el 10 de diciembre del 2024, en Las Mercedes, en el municipio Baruta, al momento de tomar un taxi luego de salir de un local. Del lugar se lo llevaron en una camioneta Toyota 4Runner plateada sin placas. Este jueves 10 de julio, activistas y organizaciones no gubernamentales exigen su liberación.
“La única señal que a veces recibimos es su ropa sucia, eso no es justicia, eso es tortura contra él y contra nosotros como su familia. Desde que Jesús fue detenido arbitrariamente ha estado en aislamiento total; sin acceso a visitas, a sus abogados” expresó su pareja y también defensora de DDHH, Sairam Rivas, en un video en las redes sociales este 10 de julio.
¿Desde cuándo defender a tu ciudad es un delito?
Jesús Armas lleva 7 meses aislado, sin visitas, sin abogado, sin contacto con su familia.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, conversó con Runrunes el pasado 9 de julio sobre la decisión de la Asamblea Nacional de declarar persona no grata al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. A juicio de Murillo, esto fue una “maniobra desde la retórica oficial” muy “agresiva y violenta” para desviar la atención sobre los temas que preocupan a los ciudadanos del país, como la continua violación de derechos humanos, que también se abordó en la conversación.
Para Murillo, lo que ocurre en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024 no puede entenderse sino como una escalada represiva contra toda forma de disidencia. “No hay descanso para la sociedad venezolana, que sigue resistiendo con mucha dignidad, pero tiene que protegerse”, afirma. Y aunque el miedo impone silencios, sostiene que no hay claudicación ni resignación entre los ciudadanos, sino un “apaciguamiento estratégico”: “Este pueblo ha aprendido a optimizar sus esfuerzos y a sortear la censura”.
Murillo calificó de “simbólico y necesario” el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y la expresión libre, incluso cuando se expresan con carteles o acciones ciudadanas sencillas, como colgar pancartas -así como la exhibida en el Colegio de Nacional de Periodistas con los rostros de periodistas detenidos que luego fue robada por desconocidos encapuchados-.
Lo preocupante —agregó— es cómo el Estado responde con violencia y vandalismo, bloqueando incluso gestos mínimos de denuncia social. “Estas son estrategias de una misma política: controlar la información, mantener el chantaje ideológico”.
Advirtió que no se trata solo de represión explícita, sino de un entorno de “vigilancia, censura y autocensura“.
Ante la pregunta de si existe una ciudadanía resignada, Murillo fue tajante: “No hay claudicación. Hay que entender la lógica de un terror generalizado. La gente se protege, se repliega,se protege, se solidariza entre los más cercanos, pero no olvida que tiene derechos y mantiene una conciencia de exigibilidad muy presente”.
Desde Provea, afirmó Murillo, han constatado cómo las personas han aprendido a elegir cuándo y cómo movilizarse. “ La gente está muy clara de lo que lo que pasa. Ahora, también el pueblo venezolano ha aprendido a optimizar sus esfuerzos. ¿Cuándo me movilizo? ¿Cuándo puedo movilizarme? ¿Cuándo no? ¿Cuándo me expongo más?”.
El gobierno intentó “suavizar” el informe del alto comisionado
Oscar Murillo explicó que debe ser el Ejecutivo quien tome la decisión final sobre el exhorto que hizo la AN respecto al alto comisionado de la ONU, pero que hasta el momento, eso no ha ocurrido, la medida no ha trascendido el discurso o las palabras: “Hay un estrategia a medio término de descalificar el mecanismo, tratar de estigmatizar todo esto tratando de buscar un ‘enemigo externo’, es como el principio de esta retórica (…) Desde el derecho internacional, y según lo que establece la Convención de Viena, le corresponde a la Cancillería de la República informar al responsable de la misión de la ONU en Venezuela informar, con nombre y apellido, las personas declaradas no gratas. Sabemos que hay solo una funcionaria del equipo en Venezuela, el resto del equipo expulsado el año pasado se encuentra en Panamá. Desde allí realizan la labor de documentación, sistematización, elaboración y la propuesta del informe que revisa el equipo del alto comisionado en Ginebra”.
El defensor dijo que el gobierno ha venido implementado una estrategia de que cuando le sirven los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, “entonces procura proyectar una imagen de colaboración y cooperación”.
“Eso fue lo que pasó cuando aquel primer informe de la entonces alta comisionada Michelle Bachelet. Le interesaba al gobierno restablecer algunas condiciones y proyectar una imagen de cooperación con los mecanismos. Hoy día no es tan así, los desprecia”, expresó.
Murillo reveló que circularon versiones de que el gobierno intentó, por vías de presión diplomática, impedir que el informe fuese ajustado a la realidad de lo acontecido en el último año en el país.
“Esto no ocurrió, creemos que esta puede ser una de las razones por las que se da una respuesta virulenta, siempre el gobierno venezolano responde con más crudeza a los informes de la Misión de Determinación de Hechos que a los informes del alto comisionado”, recordó.
Añadió que el hecho de que el propio Türk leyera el informe significa mucho en términos diplomáticos: “Se estuvo manejando la hipótesis de que iba a ser un informe duro, contundente, muy claro, como en efecto ocurrió, pero que él no lo iba a leer, que no iba a estar en la sala del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Sin embargo, se quedó, lo leyó y además invirtió lo que ha sido siempre su discurso, que arranca con generar alguna ’empatía’ con el gobierno, por ejemplo, mencionando el tema de las sanciones y después va enumerando la serie de violaciones. En esta oportunidad fue distinto, comenzó narrando y describiendo todas las violaciones de derechos humanos comprendidas de mayo 2024 a mayo 2025″.
Un informe que desnuda la realidad del país
“En Venezuela hay sufrimiento, hay dolor, y no solo nos referimos a las víctimas de la represión, a la negativa del ejercicio de los derechos civiles y políticos, sino también a lo que establece el alto comisionado en su más reciente informe: hay unas condiciones muy duras para satisfacer las necesidades más básicas de los venezolanos. Eso es un elemento distintivo de esta oportunidad del informe del alto comisionado (…) El salario es un tema que preocupa a todos los venezolanos, excepto a aquellos productos privilegiados y élites cercanos a los circuitos del poder”, comentó Oscar Murillo.
Destacó que el contundente informe presentado hace un par de semanas por el alto comisionado de la ONU reseña las “arbitrariedades y los abusos del período estudiado”, que abarca mayo de 2024 a mayo de 2025, meses en los que considera, “prácticamente se ha venido extinguiendo al Estado de derecho”. Agregó que hoy en día cualquier ciudadano en Venezuela puede ser víctima de una detención arbitraria, “y sometido a un proceso de aislamiento prolongado y de incomunicación con sus seres queridos”.
Insistió en que “los grandes temas” que aquejan a los venezolanos están siendo “relegados, postergados y diferidos” lo que aleja la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales y genera “ese dolor, ese sufrimiento, esa vulnerabilidad en el goce y disfrute de los derechos humanos, no solamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos, repito, sino también en lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Las violaciones a DD. HH. en deportaciones a El Salvador
Murillo aclaró que, en contraposición con lo que ha venido denunciando el gobierno, el pasado 13 de mayo el alto comisionado se refirió al caso de las personas, entre ellos un número importante de venezolanos, deportadas a El Salvador desde Estados Unidos.
“El gobierno pudiera tener diferencias con respecto al tono que utilizó el alto comisionado para referirse al caso del Salvador y quizá cómo se refiere a los presos políticos, o a lo que nosotros llamamos presos por razones políticas en el caso venezolano. Es normal que pueda haber alguna discrepancia, pero no puede decirse que el acto comisionado no se pronunció. Sí lo hizo. Ahora, quizás el gobierno que fuese con mayor énfasis, pero recordemos entonces que hay un informe que comenzó en mayo 2024 y todo lo que ocurrió en el año 2024 no fue cualquier cosa, porque estamos hablando de que en Venezuela se rompieron los récords de represión política al menos desde cuando Provea registra casos, que es desde el año 1988 en adelante”, puntualizó.
Recordó que la Venezuela contemporánea no había presenciado una fase durante un ciclo político de protesta o conflictividad política con más de 2400 personas detenidas arbitrariamente: “También hay que decir que tenemos 21 muertes registradas, asesinatos en el contexto también electoral y desapariciones forzadas. Es decir, fue mucho lo que ocurrió, y evidentemente el acento iba a estar allí”.
Sobre las deportaciones a El Salvador, recordó que Provea fue la primera organización venezolana de derechos humanos que se pronunció en contra esta situación: “Trasladaron a personas sin sentencia previa, sin un proceso justo, sin derecho a la defensa a un tercer país (…) Esa persona no va a poder tener visita, esa persona no va a poder contratar un abogado, esa persona no sabe en qué jurisdicción judicial debe ampararse, si en las estadounidenses, en las Venezuela o en las de El Salvador. Es una situación realmente grave que nosotros lo denunciamos sin ningún cortapisa”.
Recalcó que estas acciones conjuntas de los gobiernos de El Salvador y EE. UU. violan los derechos humanos y, en algunos casos, se puede hablar de desaparición forzada, “porque hay personas que fueron prácticamente extraídas” sin que se les siguiera el proceso legal de deportación.
“Tanto en ese caso como en las deportaciones masivas que se han dado hacia Venezuela, también allá hay un conjunto de irregularidades, tanto del gobierno estadounidense como del gobierno venezolano. En ambos casos se está incumpliendo un principio que se llama el principio de no devolución. Estamos hablando de personas que salieron del país bajo situaciones forzosas, ¿verdad? No fue que fueron de turismo, no es una aventura, sino en una situación de refugiados en la que están buscando un mejor porvenir, seguridad para su familia, están huyendo de una crisis económica, muchos también están huyendo de la persecución política. No hay condiciones, por todo lo que nosotros sabemos que pasa en el país para decir, ‘bueno, yo te regreso al país de donde tú estás saliendo por estas razones que estamos especificando’. Allí se ha violado el principio de no devolución. Primero tiene que haber un juicio en el que el país receptor compruebe que tal persona representa una ‘amenaza para la comunidad’ donde se encuentra, tiene que calificar el delito, ir a un juicio y en ese caso puede proceder esa deportación. Pero lo que hemos visto con las deportaciones masivas es que allí no se está cumpliendo en ningún momento el principio de devolución, sino que responde a política con intereses muy claros antimigratorios, y del lado venezolano hay un aprovechamiento, hay una instrumentalización de ese retorno para para fines políticos y propaganda política”, amplió Murillo.
Caso Eduardo Torres y la vulnerabilidad jurídica de todos los venezolanos
En la conversación se recordó el caso de Eduardo Torres, miembro del equipo de Provea que permanece tras las rejas desde hace un par de meses, cuando fue detenido en el marco de la ola represiva previa a los comicios regionales
Oscar Murillo mencionó, como aspecto anecdótico, que Torres era el encargado de redactar el capítulo sobre derecho a la libertad personal en el informe anual de Provea, justo el derecho que ahora le ha sido vulnerado.
Recordó que la detención de Torres se ejecutó sin orden judicial y bajo el argumento de supuestos planes de desestabilización vinculados a las elecciones. Durante los primeros cuatro días estuvo desaparecido, sin que se informara oficialmente su paradero ni los cargos en su contra. La presión nacional e internacional forzó al Ministerio Público a reconocer la detención, aunque sin mayores detalles.
Días después se confirmó que se encontraba detenido en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas. Desde entonces, sus familiares han podido dejarle comida y ropa, pero no se le permite recibir visitas, ni tampoco firmar el consentimiento para ser representado por sus abogadas de confianza, ambas miembros de Provea. Esto le impide ejercer su derecho a una defensa adecuada. A esto se suma que el defensor público asignado al caso ha ofrecido muy poca información sobre el estado legal y físico de Eduardo Torres.
“Hay un violación desde el día uno, que comienza una desaparición forzada, una detención arbitraria, hasta el día de hoy, en el que Eduardo Torres, como otro más de este de de este grupo de venezolanos detenidos, no tienen derecho a la defensa. No está recibiendo la visita correspondiente de sus seres queridos. No puede participar de su proceso de defensa. Él es abogado y y sabe muy bien y estamos seguros de que él ha pedido al juez, cuando se dio la presentación, tener acceso al equipo de Provea. Y nada de esto ha sido permitido. Por eso, estamos hablando de un momento muy grave, de una profundización de un modelo autoritario, donde se van como borrando las líneas, las muy difusas líneas, de separación de poderes que había en Venezuela. Es decir, si ya cargábamos sobre sí esta crisis de derechos humanos, el hecho de que la Fiscalía General de la República y que la Defensoría del Pueblo no puedan marcar ninguna diferencia en resguardar, en garantizar el respeto a los derechos humanos durante los procesos judiciales, pues nos indica que estamos ante una situación de absoluta vulnerabilidad jurídicade todos los venezolanos en este momento”, denunció.
“Apagón democrático” y la crisis multifactorial del país
Murillo insistió en que la crisis venezolana va más allá de lo político. “No hay políticas públicas en ningún sector: ni en salud, ni en educación, ni en ambiente”. Denunció que la degradación del sistema universitario y proyectos emblemáticos como la represa de Tocoma evidencian la desinversión, la corrupción y la falta de planificación estructural.
También, alertó sobre el deterioro de derechos sociales, especialmente los laborales y ambientales, y una creciente desigualdad que impide la movilidad social y la posibilidad de progreso humano.
El coordinador general de Provea se refirió, por otra parte, al concepto de “apagón democrático” —eje del más reciente informe de Provea— que responde a la ruptura del principio de legitimidad del voto. “Cuando el pueblo pierde el derecho a elegir su destino político mediante el sufragio, se desmantela el último pilar de la institucionalidad democrática. El 28 de julio marca una ruptura histórica con el proyecto republicano”.
Esta fractura, advirtió, desencadena una crisis multidimensional: legitimidad, gobernabilidad, representación y políticas públicas. Sin separación de poderes ni debate público, “ya no hay políticas de Estado, solo decisiones autoritarias sin control ni consenso social”.
¿Qué esperar de las próximas elecciones?
Sobre las elecciones locales del 27 de julio de 2025, Murillo señaló que responden a una estrategia de “control territorial” y no a una auténtica restitución del derecho al sufragio. Criticó la falta de garantías mínimas, la inhabilitación de partidos y candidatos, y la permanencia de un árbitro electoral que no genera confianza.
Aun así, defendió el derecho a participar de quienes decidan votar. “Esa decisión no debe ser estigmatizada, no tiene que ser atacada (…) La participación política es un derecho y, por lo tanto, debemos resguardarlo y se respeta”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En Venezuela, la figura de Diosdado Cabello tiene un protagonismo cada vez mayor, no solo en el ámbito político, sino también en el ecosistema digital; donde su discursoestigmatizante es reforzado y las voces críticas silenciadas mediante una red de cuentas institucionales. Su poder en redes se sostiene en una estrategia de propaganda y hostigamiento coordinado que evidencia el control del gobierno sobre el espacio informativo en línea.
Aunque la coordinación entre cuentas en redes sociales para promover ataques en línea y narrativas difamatorias contra voces críticas no es algo nuevo en Venezuela, lo que ha cambiado es el uso de un programa de televisión, transmitido en los medios del Estado, con el objetivo de amenazar y señalar a cualquier voz opositora o disidente del chavismo.
“Con el Mazo Dando” se incluye en un patrón de uso indebido de cuentas oficiales de alcaldías, ministerios y otros entes públicos para difundir propaganda política y electoral, así como la participación activa de funcionarios policiales y militares en campañas de acoso, doxxing y amplificación de mensajes oficialistas. Estos mecanismos se han adaptado con rapidez a los cambios en la propiedad y los algoritmos de las plataformas digitales, consolidando así un sistema represivo más sofisticado y efectivo.
Bajo la “Operación TunTun”, Cabello (como ministro de Interior y Justicia) lanza amenazas recurrentes de allanamientos y detenciones contra opositores, periodistas y activistas, que con frecuencia se hacen realidad. Estas acciones, difundidas en su programa Con el Mazo Dando y amplificadas por redes sociales mediante cuentas coordinadas, consolidan un aparato de intimidación con alcance masivo y sostenido.
Mediante cuatro escuchas sociales distintas en X, Facebook, Instagram y TikTok, se examinaron más de 52 000 publicaciones en línea, encontrando una coordinación entre distintas cuentas del CICPC a través del uso del “repost” a las narrativas originadas en las cuentas de “Con El Mazo Dando”.Estas narrativas forman parte de un terrorismo de Estado que se ha instaurado en Venezuela desde las elecciones del 28 de julio de 2024, fecha que representa el punto de inicio para la mayor persecusión política del gobierno de Maduro en contra de la sociedad civil, y que llevó a miles de venezolanos tras las rejas, luego de una represión que se promovió en gran medida en redes sociales como una estrategia para sembrar terror y así inmovilizar la protesta y acallar cualquier tipo de disidencia.
Identificando que parte de la red que amplifica los mensajes de Diosdado Cabello está integrada por cuentas vinculadas a instituciones públicas y funcionarios del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, especialmente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Esta maquinaria no solo respalda la narrativa oficial, sino que también convierte las amenazas en instrumentos de propaganda con un fuerte efecto intimidatorio. Evidenciando que lejos de ser una táctica del pasado, la vigilancia de los contenidos en redes y la “Operación TunTun” siguen activas y es sostenida por cuerpos armados del Estado, reforzando su presencia en el imaginario colectivo con cada nueva detención y en cada ciclo electoral, profundizando así el miedo como herramienta de control social.
El terror empieza con el Ministro de Justicia
“¡Gordo, gordo, gorditooo…! Les ganaremos con votos, les ganaremos en las calles, y si se atreven con la violencia… ¡les saldrá el TUN TUN!”, leía Diosdado Cabello en su programa en un video publicado el 24 de mayo de 2025, un día antes de las elecciones regionales en Venezuela y en medio de una nueva persecución política en la que más de 60 venezolanos, entre activistas de derechos humanos, periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil, fueron arrestados.
El mensaje anterior no se quedó solo en un programa de televisión, sino que fue amplificado por cuentas del CICPC que se alinearon con la amenaza y difundieron la narrativa de intimidación con el uso de etiquetas vinculadas a su actual jefe (#DiosdadoCabello, #ConElMazoDando, #Mazo4F).
Aunque “Con el Mazo dando” se transmite desde el 2014 y su participación dentro del gobierno oficialista ha sido constante, la preponderancia que ha tomado en el tiempo y en particular en último año, lo ha llevado a convertirse en la cara visible de la represión en el país y a jugar un papel cada vez más activo en el uso de redes sociales con fines maliciosos.
Durante años, el Ministerio de Comunicación e Información (MIPPCI) fue la voz del oficialismo en las redes sociales. Desde allí se centralizaba la propaganda, los anuncios, las campañas políticas y las etiquetas que debían replicarse. Pero algo cambió.
En agosto de 2024, la red social X (antes Twitter) fue bloqueada en Venezuela. Desde entonces, el MIPPCI ha guardado silencio, y ese vacío fue ocupado poco a poco por una figura que ya tenía peso propio: Diosdado Cabello y su tropa propia. La cuenta del programa “Con El Mazo Dando”, (que estuvo suspendida en Twitter antes de la llegada de Elon Musk a la plataforma) ha ignorado la orden de Nicolás Maduro y es de las que ha seguido utilizando X para difundir sus narrativas y movilizar a sus estructuras.
El Mazo se replica: ¿cómo opera la red?
La cuenta de “Con el Mazo Dando” no ha sido el único altavoz del oficialismo en X y otras plataformas, en torno a ella ha surgido una red mucho más activa e invasiva que opera desde organismos de seguridad, principalmente el CICPC, en lugar de un ministerio de comunicación.
Esta sigue una estrategia coordinada y jerárquica: los contenidos del programa son replicados mediante etiquetas y publicaciones por cuentas institucionales del CICPC, que funcionan como nodos centrales. Desde allí, el mensaje se disemina hacia cuentas estadales y municipales, conformando una estructura de amplificación con múltiples niveles que refuerza el control discursivo del oficialismo en el entorno digital.
Pensar en el mecanismo de difusión de las narrativas podría ser cómo pensar en un árbol; en el que cuenta matriz o superior del programa de Cabello es el tronco que distribuye a las ramas principales (cuentas estatales) la información y estás a su vez la difunden las ramas más pequeñas (cuentas municipales) que terminan el ciclo en las hojas (jurisdicciones más pequeñas). Al final, un solo mensaje de Cabello es replicado por redes dentro de todo el territorio venezolano en distintas plataformas, lo cual ayuda a difundir el temor en la población y crear una presencia ampliada y diversificada en el país.
Es decir, el epicentro se desplazó. El MIPPCI fue sustituido por una estructura que tiene a Diosdado Cabello como centro narrativo, a su programa “Con El Mazo Dando” como emisora principal, y a una red de cuentas institucionales como brazos difusores.
Además, en las cuatro búsquedas realizadas entre el 05 de abril y el 10 de junio de 2025 para rastrear las narrativas promovidas por Cabello y cómo estaban siendo replicadas por estas cuentas institucionales, se recopilaron 52.302 menciones en redes sociales que evidenciaron un nuevo escenario: la actividad se trasladó casi por completo a Instagram, que se formalizó en el nuevo campo de batalla, con el 64,64% de las menciones totales que siguen este patrón narrativo.
Veamos un ejemplo:
El 23 de abril de este año, la cuenta de Instagram de “Con el Mazo Dando” (@mazo4f) difundió un video sobre el encuentro entre Cabello y el encargado de negocios de la Embajada de Corea del Norte, quien entregaba una carta enviada por el Partido de los Trabajadores. Esta publicación fue replicada el 24 de abril por la cuenta del CICPC de Apure (@delegacion.estadalapure), la cual a su vez fue replicada por la cuenta del CICPC de la delegación municipal de Guasdualito (@delegacionmuncipalguasdualito).
La publicación está acompañada de una leyenda que revela el uso continuado del “reposteo” (la réplica o redistribución de un contenido ya publicado, desde una cuenta hacia otras), desde la cuenta @Mazo4F hasta los miles de perfiles del ente policial. El mensaje que acompaña a la publicación dice:
“#Repost @delegacion.estadalapure #Repost @cicpcbarinas2020 @mazo4f #BukeleSecuestrador| La República Popular Democrática de Corea y la República Bolivariana de Venezuela fortalecen lazos de hermandad y solidaridad.
Esta estructura de difusión no es nueva ni empezó durante el periodo de mayor represión y persecución (las elecciones de julio de 2024). Sin embargo, sí se activó en torno a la “Operación TunTun” apenas el discurso del chavismo mutó de la propaganda al ataque, también ha servido para difundir la narrativa de Diosdado sobre los migrantes y afianzar su imagen como supuesto defensor de los deportados. En general, es una red que actúa y amplifica lo que este quiera en cada momento.
Además, se logró comprobar que esta es una red altamente coordinada. En una de las cuatro búsquedas realizadas se pudo corroborar la coordinación entre varias cuentas institucionales y “Con el Mazo Dando”, gracias a la réplica de mensajes casi idénticos. Entre el 17 de abril y el 19 de mayo, buscamos palabras claves como CICPC, MIPPCI, GNB, MIJPVzla, gobernación, Seniat, Corpoelec y Alcaldía, junto a la palabra repost y la etiqueta #Repost. Esta búsqueda arrojó 5.245 menciones.
Esta acción coordinada ya existía entre estas cuentas, pero su finalidad era difundir contenido policial e institucional; en al menos 678 menciones incluyen usuario “@douglasricovzla”, cuenta del Director del CICPC, todas en Instagram.
Al separar las 5.245 menciones recolectadas por aquellas con el término “Mazo4F” (usuario de “Con el Mazo Dando” en Instagram, Facebook y TikTok), se encontraron al menos 110 menciones distribuidas en varias redes sociales: 67 en Instagram, 37 en X, 4 en Facebook y 2 en TikTok.
13 de estas menciones fueron promovidas el 14 de mayo de 2025, cuando llega la bebé Maikelys a Venezuela, en un acto propagandístico protagonizado por Cabello y Cilia Flores en medio de las deportaciones de venezolanos por parte de Estados Unidos. Ese día se hicieron publicaciones en Instagram desde varias cuentas institucionales, donde se menciona a la cuenta oficial de Cabello (@dcabellor) y se usan las etiquetas #Venezuela #Maikelys #Diosdado #CiliaFlores.
En la difusión de la narrativa de Diosdado “salvador de migrantes”, la medalla de la réplica masiva se la llevó la cuenta de la Unidad de Criminalística del CICPC (@unidaddecriminalistica.cicpc), la cual sólo el 14 de mayo, hizo siete publicaciones sobre la llegada de la bebé Makeilys a Venezuela (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Además, se pudieron identificar tres mensajes repetidos sin ningún tipo de modificación que fueron replicados por entre 98 y 123 veces en Instagram. Esto también ocurrió en X con 162 menciones de muchas cuentas haciendo mensajes repetidos. Estas cuentas de X tienen fecha de creación reciente y pocos seguidores como es el caso de @etesetch93968 y @darkaz456325, que además se retuitean entre sí:
En el marco de las elecciones regionales y parlamentarias en Venezuela (25 de mayo de 2025) la red de difusión del CICPC se activó al máximo para alinearse con el tema electoral.
En solo dos meses identificamos más de 20.000 menciones a etiquetas como #GenteQueResuelve o #VotoPorGenteQueResuelve, narrativas que forman parte de la campaña electoral impulsada por el oficialismo venezolano.
Muchos de estos mensajes salieron de @mazo4f, pasaron por @CicpcBarinas2020 y terminaron siendo republicados por cuentas municipales. Una maquinaria aceitada que usó recursos del Estado para favorecer candidatos oficialistas
Precisamente la cuenta de Instagram @CicpcBarinas2020 es una de las piezas centrales de este sistema. Esta cuenta funciona como un nodo de distribución: toma contenido del programa de Cabello (@mazo4f) y lo repostea, para que luego otras cuentas regionales y municipales del CICPC lo vuelvan a publicar. Es un sistema jerárquico y automatizado que garantiza que un mismo mensaje se multiplique por todo el país. El resultado: saturación y repetición.
Una de las búsquedas realizadas se centró en esta coordinación, usando palabras como repost, mazo4f, dcabellor y cicpcbarinas2020 para mapear el comportamiento de estas cuentas durante una semana.
Entre el 20 y el 28 de mayo de 2025 se encontraron 75 publicaciones con estas características, de las cuales seis menciones en cuentas del CICPC eran republicaciones de CICPCBarinas2020 que a su vez estaba replicando al Mazo o a la cuenta de Cabello. En una semana, la cuenta de delegacion.estatalapure, reposteó 31 veces a CICPCBarinas2020, siendo 12 de estas publicaciones mensajes de propaganda electoral de las cuentas @nicolasmaduro y @presidencialve.
Durante esa semana, al menos 27 cuentas institucionales difundieron el contenido de las cuentas de “Con el Mazo Dando” o de Diosdado Cabello: 17 delegaciones del CICPC en Instagram y 10 cuentas de distintas sedes del Servicio Nacional de Medicina Y Ciencias Forenses (Senamecf) en X.
Diosdado a la luz, el MIPPCI a la sombra
La comunicación digital y la propaganda del oficialismo venezolano ha mutado. Ya no se trata del Ministerio de Comunicaciones impulsando “la etiqueta del día” en X. Ahora es una red hipervigilante y altamente política, que incluye diversas instituciones adscritas al Ministerio de Interior y Justicia, principalmente en Instagram y centrada en una figura: Diosdado Cabello.
La propaganda ya no se emite desde la voz del Estado, sino desde las instituciones que deberían proteger al ciudadano: la policía científica, los cuerpos forenses, las alcaldías, las gobernaciones. Todos repostean, todos amplifican, todos obedecen la narrativa promovida por “Con el Mazo Dando” y su líder, Cabello.
Durante años, el MIPPCI contaminó la conversación política en X con el posicionamiento de etiquetas diarias a través de los llamados “Tuiteros de la Patria”, quienes recibían bonos económicos del Estado por amplificar la propaganda chavista. El volumen que lograba generar este organismo con el impulso de etiquetas era significativo, llegando incluso a superar etiquetas de temas mundiales como el fallecimiento de la Reina Isabel en Inglaterra.
Los datos históricos reflejan cómo el MIPPCI pasó de promediar el impulso de etiquetas mensualmente con 38,8 millones de tweets en el primer trimestre de 2023, a promediar solo 4 millones en el tercer trimestre del mismo año, tras la llegada de Elon Musk a Twitter y la restricción al acceso al API que hizo que el gobierno no pudiera identificar a los “tuiteros de la patria” que promovían las etiquetas. En consecuencia, esta tropa dejó de recibir beneficios económicos por el volumen de tweets que generaba, con lo que se desestimuló la propagación inorgánica de contenido en X.
La presencia visible del MIPPCI en X desapareció por completo tras el bloqueo de la plataforma en Venezuela por parte de Nicolás Maduro en agosto de 2024, dando paso a esta reconfiguración comunicacional en la que, no solo la cuenta de “Con el Mazo Dando” se mantiene activa en X, sino que se articuló esta nueva red en plataformas como Instagram que difunden las narrativas del programa a través de entes institucionales y cuerpos policiales.
El problema principal está en que no se trata solo de propaganda, sino también de contenido difamatorio, ataques a diversos miembros de la sociedad civil y amenaza de persecución a los ciudadanos bajo la “Operación TunTun”.
Aunque el MIPPCI no esté activo en X, su coordinación sigue existiendo, solo que ahora desde las sombras, a través de un avanzado sistema llamado Siscom, que partiendo del anonimato sigue contaminando la conversación en redes de una forma más agresiva y confrontativa y menos propagandística, como era su forma de actuar anteriormente.
Este estudio refleja una estrategia estructurada, jerárquica y altamente coordinada para ocupar el espacio digital, amplificar mensajes oficialistas y atacar a sus adversarios.
La red digital construida alrededor de “Con el Mazo Dando” actúa como una estructura organizada de acoso político, financiada con recursos públicos, y utilizada para difundir miedo, manipular la opinión pública y perseguir la disidencia.
Esto representa no solo una violación a la institucionalidad, sino una grave amenaza a los derechos humanos y la libertad de expresión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
