La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció en horas de la mañana de este 18 de julio la detención del estudiante Simón Bolívar, consejero universitario y “destacado líder estudiantil”.
En el comunicado no se precisaron detalles de cuándo ni dónde se produjo la detención. Pero la organización no gubernamental Un Mundo sin Mordaza reveló que la detención se produjo en la ciudad de Caracas.
En el texto, la FCU-UCV rechaza “de manera categórica” la detención arbitraria del joven y denuncia que esta acción represiva “atenta directamente contra la autonomía universitaria en un claro intento de silenciar las voces disidentes y coartar el derecho fundamental a la libre expresión y a la participación democrática en los espacios universitarios y nacionales”.
La Federación de Centros Universitarios de la UCV exige la liberación inmediata tanto de Bolívar como de los estudiantes “injustamente detenidos”.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes a respetar el debido proceso, garantizar los derechos humanos y cesar cualquier forma de persecución contra aquellos que ejercen su derecho a pensar diferente y a luchar por un país mejor. La UCV se mantendrá firme en la defensa de los derechos estudiantiles y la autonomía universitaria. ¡La voz de los estudiantes no será silenciada!”, expresaron.
Yonnathan Carrillo, presidente adjunto de la FCU-UCV, escribió en su cuenta en X: “Una arremetida contra la juventud universitaria para acallar las voces de libertad. Un golpe muy fuerte contra el Movimiento Estudiantil. Van por las universidades y sus estudiantes”.
De acuerdo con el balance más reciente del Foro Penal de Venezuela, en Venezuela hay actualmente 948 personas catalogadas como presos políticos. De al menos 51 de ellos se desconoce el paradero desde que fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Mañanero de Runrun.es del 18 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: El Movimiento Vinotinto presentó un informe sobre las secuelas psicológicas que dejó el proceso electoral del 28 de julio de 2024 en periodistas, defensores de derechos humanos, testigos de mesa y líderes sindicales de los estados Lara y Yaracuy. La organización informó que muchos de los afectados no solo han visto comprometidos sus espacios laborales y de activismo, sino también su salud mental y bienestar emocional.
— Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) July 17, 2025
“Eran personas acostumbradas a pagar bien, en general, y si retrasan dos, tres, cinco meses, están tomando la decisión entre comprar las medicinas de la hipertensión o de la diabetes”, expresó Elías Santana sobre la morosidad en los condominios en Venezuela.
Los casos de morosidad de los condominioshan aumentado durante los últimos años en Venezuela. Esto ha ocasionado un impacto negativo en el mantenimiento de la infraestructura, -que se siguen desgastando- y en la preservación de los espacios. Aunque la principal causa es la crisis económica, existen otros elementos que profundizan esta situación que debe ser atendida por el Estado.
Elías Santana, directivo y fundador de MiCondominio.com, compartió durante una entrevista con el director editorial de Runrunes, Luis Ernesto Blanco, titulada “¿Cómo está la salud financiera de los condominios en Venezuela?”, un análisis del estado actual de estos espacios, de qué manera ese contexto repercute en la sana convivencia entre los vecinos y el sostenimiento de esos lugares comunes.
De acuerdo a una investigación de Micondominio.com, -organización civil experta en administración de condominios-, desde hace tres años, la morosidad de los condominios en Venezuela aumentó de 7% a 40% aproximadamente, debido a la situación económica y el bajo ingreso salarial que perciben los trabajadores y pensionados en el país.
“Son cerca de 150 000 condominios la cifra de afectados. Es un problema ciertamente social y es básicamente la clase media y los sectores populares (…) que están viviendo esta situación”, puntualizó Santana, quien tiene una amplia experiencia en manejo de las relaciones entre vecinos y la generación de espacios de convivencia en las comunidades.
Explicó que los “nuevos morosos” son adultos mayores de 60 años que han sido excluidos del sistema laboral, que viven solos y cuyas pensiones o remesas son insuficientes. Se estima que alrededor del 70% enfrentan dificultades para pagar las cuotas.
“Eran personas acostumbradas a pagar bien, en general, y si retrasan dos, tres, cinco meses, están tomando la decisión entre comprar las medicinas de la hipertensión o de la diabetes”, explicó durante la entrevista en X (Twitter), este miércoles 16 de julio.
EL retraso en el pago de las cuotas de los condominios dificulta el sostenimiento de las infraestructuras residenciales y su adecuado funcionamiento e imposibilita el mantenimiento o rehabilitación de los espacios, lo que Santana califica como una “situación grave” y que requiere atención del Estado.
Falta de normas jurídicas
El director de Micondominio.com señala que la Ley de Propiedad Horizontal -la norma vigente que regula las relaciones entre propietarios que pertenecen al mismo edificio- no “da demasiadas opciones para actuar” frente a un caso de morosidad, además de que los procesos judiciales suelen llevar mucho tiempo. Sin embargo, expresó que el Tribunal Supremo de Justicia ha “recibido bien la propuesta” para que sea un ente judicial especializado quien atienda estos casos y que se resuelvan rápidamente esas decisiones.
Por otra parte, según el experto, es necesario ajustar la ley creada en 1958 y “adaptarla a la nueva realidad” social, no obstante, cree que sería inoportuno someter a revisión la norma en la actualidad, a través de la Asamblea Nacional. “Sería un grave riesgo que entregues una propuesta de reforma pidiendo mangos y te devuelvan guanábanas”.
Condominios productivos
Como sugerencia viable para mantener la infraestructura de los edificios en Venezuela, ante este contexto de morosidad producto de la crisis, Santana recomienda que los condominios deben volverse “productivos” y generar mecanismos de ingresos.
“Hay experiencias de condominios que han llegado a acuerdos, convenios con empresas publicitarias para vallas en su fachada, en su azotea, con empresas de telefonía para la ubicación de sus antenas, con un uso creativo, un uso productivo de su sala de usos múltiples, de lo que antes era la conserjería o de algunos puestos del estacionamiento”, comentó.
Santana también sugiere la compra de productos de consumo al mayor es una buena decisión para hacerle frente a la hiperinflación y que los recursos sean suficientes para reponer cualquier objeto que necesite el edificio, como bombillos, bolsas negras para la basura y otros materiales de limpieza.
Falta de transparencia agrava los problemas financieros del condominio
Según el representante de Micondominio.com un problema “histórico” que fomenta la morosidad, anula la participación y el interés entre los vecinos es la falta de empatía y el “autoritarismo” de la junta directiva al momento de tomar decisiones, ante lo cual recomienda utilizar estrategias para la difusión de información que refleje transparencia en la gestión de los recursos.
Elías Santana subrayó que el contexto actual del problema de la morosidad de los condominios en Venezuela está “equitativamente distribuido” y que no hay diferencias entre sectores socioeconómicos de la población, más allá de que pueden variar los montos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Para la coordinadora política nacional encargada de Voluntad Popular (VP), Adriana Pichardo, las venideras elecciones municipales del 27 de julio tienen como objeto “tratar de pasar la página” de lo acontecido el 28 de julio del año pasado.
“Estos comicios no sirven para fortalecer la democracia ni tampoco para engranar a las comunidades, sirven para intentar lavarle la cara a un régimen que se robó las elecciones el 28J”, dijo Pichardo, quien ocupa temporalmente el cargo de coordinadora en reemplazo del preso político, Freddy Superlano.
Pichardo fue la invitada en la edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este martes 15 de julio, la cual llevó por nombre Elecciones municipales en Venezuela: ¿Para qué sirven?.
En el programa que estuvo moderado por los directores de Runrunes, Luis Blanco; Tal Cual, Víctor Amaya y El Pitazo, César Batiz; Pichardo manifestó que si el gobierno de Nicolás Maduro quiere cubrirse con un manto de supuesta legitimidad no lo va a lograr con unas elecciones sin garantías.
“Ellos no se van a legitimar nunca, legitimidad es de lo que más carecen en este momento, cada día implosionan más la democracia”, opinó.
Pichardo sostuvo que la gente y los alcaldes opositores tienen el derecho de seguir empleando el voto para defender sus espacios, sin embargo considera que un “triunfo” del oficialismo o la oposición no harán mayor diferencia.
“Bienvenidos a los que quieran participar, pero tenemos claro que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) gobierna en todo el país, los líderes del chavismo tienen semanas diciendo que van a ganar las 335 alcaldías de Venezuela. Es probable que si el chavismo gana en Baruta, el alcalde garantice más agua”, acotó-
La coordinadora de VP aseveró que después del 28J quedó evidenciado que los chavistas no respetan resultados electorales.
“De los municipios emblemas como Chacao, Baruta, El Hatillo y Lechería dejaran uno o dos para dar sensación de pluralidad, algunos alcaldes y concejales de oposición decidieron no participar porque les han robado todos los espacios, no los dejan gobernar, no les bajan recursos, se cansaron de una farsa y de la destrucción moral a la que son sometidos”.
Amaya informó que la candidatura de Emilio Graterón en el municipio Chacao fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de haber sido inscrita.
Pichardo expresó que Acción Democrática (AD) tenía una cantidad importante de alcaldes que decidieron apartarse de la contienda en vista de las condiciones inexistentes.
“Casi toda la dirigencia que pertenece a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) está alineada en no votar. El régimen ni siquiera hizo lo mínimo para que la oposición verdadera participara en las elecciones del 25 de mayo. Debías pasar una lista de candidatos y ellos te decían quién iba y quién no ¿Alguien ha visto un acta de las elecciones de mayo? Hemos llegado al colmo de que ya nadie da cifras, ni siquiera los supuestos ganadores”.
Pichardo aseguró que no tenía sentido participar en los pasados comicios para elegir a gobernadores y miembros de la Asamblea Nacional.
“Nosotros tenemos las pruebas del 28J, pero ¿Como recabar las del 25M sin testigos electorales? Al menos 20% de los testigos electorales que participaron en las presidenciales están detenidos, exiliados o en la clandestinidad, los venezolanos no están pendiente de esta elección, lo que quieren es que se cumpla el mandato del 28J”.
Son adjudicaciones, no elecciones
La coordinadora encargada de VP indicó que el evento del 25M no puede calificarse como una elección, sino como una adjudicación.
“Hemos cotejado la participación con algunos resultados y es inexplicable como algunos diputados de la oposición fueron electos. Los chavistas lo que hicieron fue ceder espacios, pero eso fue todo menos una elección”.
Pichardo desestimó a quienes opinan que la PUD no tenía una estrategia poselectoral el 28J.
“Si no hubiese habido una estrategia no hubiésemos podido probar el triunfo de Edmundo González Urrutia, se hicieron las llamadas pertinentes, pero no tienes por qué negociar cuando ganas abrumadoramente, nadie se esperaba que se robaran 5 millones de votos y que no iban aceptar esa derrota”.
Sin embargo, la dirigente política hizo “mea culpa”:
“Nos faltó canalizar y acompañar las protestas poselectorales porque estábamos muy enfocados en los resultados y dejamos de lado esa otra parte de la película. Faltó también un Plan República que apoyara, me hubiese gustado ver mayor acompañamiento internacional. Si ganábamos por una mayoría amplia, estábamos convencidos de que ellos iban a entregar. Por eso el 28J todo cambió, empezó la guerra como ellos mismos (chavistas) lo dijeron”, sumó.
Batiz recordó que tanto el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez como el diputado Nicolás Maduro Guerra declararon que si el chavismo perdía iban a ceder el poder a la oposición.
A juicio de Pichardo, es una especie de blasfemia decir que la oposición no está haciendo nada.
“No es verdad que estamos derrotados, que estamos paralizados, hemos tenido muchas bajas, todos los días algún compañero es detenido. Semanalmente la PUD se reúne, salvo representantes de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV) que decidieron alejarse, todas las decisiones se toman en conjunto. No es fácil lo que estamos viviendo, nadie se ha rendido, nadie ha dejado de trabajar, el silencio no significa paralización, significa una nueva estrategia”, dijo.
Pichardo no considera que Maduro esté fortalecido: “No puedo decir que Maduro está débil, pero tampoco que está fuerte, la gente le teme, él no está ahí por carisma, por aceptación popular, todos los que lo rodean saben la voluntad del pueblo el 28J y lo que lo mantiene ahí es la bota militar”.
Ya no es puerta giratoria
“Todos los venezolanos tenemos miedo”, dijo Pichardo.
La coordinadora política sostuvo que desde 2014 VP ha sido el partido mas reprimido.
“Ya Superlano (Freddy) va a cumplir un año detenido y nadie lo ha visto, el mismo caso de Pilieri (Biagio) y Carreño (Roland), eso es muy dramático, esta situación jamás la habíamos tenido”.
La ex diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 dijo que después del 28J la llamada puerta giratoria, donde unos eran detenidos y otros excarcelados, ahora se convirtió en una sola puerta de entrada sin salida.
“Hoy estoy dando una entrevista después de mucho tiempo sin hablar con medios de comunicación, estamos en resguardo por seguridad, gracias a Dios la tecnología nos permite mantenernos comunicados”.
Pichardo indicó que pese a la represión, sigue valiendo la pena alzar la voz.
“Estamos pidiendo mediación de todos los países del mundo. Ninguno está dispuesto a claudicar ni a salir del país, esto nos ha llevado a replantear nuestra estrategia desde la tragedia propia y desde el dolor de tener a compañeros tras las rejas”.
Según Pichardo en caso de que el gobierno plantee una consulta para la aprobación de una eventual reforma constitucional, la oposición debe cerrar filas y abocarse a impedir el surgimiento de un hipotético Estado comunal.
“El asunto es: ¿Quién se va a atrever a representar la opción del NO ante el CNE? Esa reforma puede hacer que los alcaldes gobiernen por apenas seis meses. Este gobierno es cada vez más insostenible, pretenden gobernar un país donde nadie los quiere sencillamente por su necedad de mantenerse en el poder”, concluyó.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó este jueves, 17 de julio, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias “Niño Guerrero”), jefe del Tren de Aragua, y a otros cinco líderes y afiliados clave de esta megabanda criminal.
Mediante un comunicado del Tesoro, señaló que el Tren de Aragua “es una Organización Terrorista Extranjera (OTE) originada en Venezuela y en constante expansión”. Además, expresó que “Niño Guerrero” ha convertido al Tren de Aragua, “de una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno, en una influyente organización que amenaza la seguridad pública en todo el hemisferio occidental”.
“La acción de hoy resalta el papel crucial de líderes como Niño Guerrero y sus lugartenientes en los esfuerzos del Tren de Aragua por aumentar su influencia desestabilizadora en toda la región”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien acotó que la adminsitración de Donald Trump “no permitirá que el Tren de Aragua continúe aterrorizando a nuestras comunidades y dañando a estadounidenses inocentes”. Los sancionados son los siguientes:
Héctor Guerrero Flores (“Niño Guerrero”)
Líder del Tren de Aragua, con más de 20 años en actividades criminales. Según la OFAC “expandió la banda de una pandilla carcelaria a una organización transnacional”. Desde el 11 de julio de 2024 el Departamento de Estado ofrece hasta $5 millones por información que lleve a su captura.
Yohan José Romero (“Johan Petrica”)
Cofundador y lugarteniente de Niño Guerrero. La OFAC lo señala como “responsable de la minería ilegal en Venezuela y del tráfico de armas de uso militar para la banda”. Desde el 11 de julio de 2024 se ofreció recompensa de hasta $4 millones por su arresto.
Josué Santana Peña (“Santanita”)
Figura clave en los inicios del Tren de Aragua. Según el Tesoro de EEUU, operó desde la cárcel de Tocorón junto a Niño Guerrero. “Se le acusa de estar involucrado en homicidios, extorsiones, atentados con bombas, terrorismo y robos”, señalan.
Wilmer Pérez Castillo (“Wilmer Guayabal”)
Teniente de Niño Guerrero. Lo responsabilizan de “dirigir una célula dedicada al narcotráfico y cobro de sobornos“.
“También ha ejecutado los asesinatos de un policía, un militar venezolano y funcionarios de inteligencia venezolanos en nombre del Tren de Aragua”, se lee en el documento de la OFAC.
Wendy Ríos Gómez
Esposa de Niño Guerrero. Está vinculada al “lavado de dinero, financiamiento del terrorismo” y se presume que maneja activos ilegales obtenidos por la organización.
Félix Castillo Rondón (“Puro Arnel”)
Líder de la célula “Los Gallegos” en Chile. Implicado en homicidios, trata de personas, explotación sexual, narcotráfico y lavado de dinero.
Implicaciones de las sanciones
El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la OFAC, bloqueó todos los bienes e intereses en bienes que estén en EEUU o bajo control de ciudadanos estadounidenses pertenecientes a los miembros sancionados del Tren de Aragua. Esto también se extiende a cualquier empresa controlada en un 50% o más por estas personas.
Prohibiciones
Ciudadanos y empresas estadounidenses, así como cualquier persona dentro o en tránsito por EEUU, tienen prohibido hacer transacciones con estas personas o sus bienes. También está prohibido darles o recibir de ellos fondos, bienes o servicios.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento puede acarrear sanciones civiles o penales, incluso para extranjeros. Las instituciones financieras también pueden ser sancionadas si facilitan transacciones significativas con los sancionados.
Sanciones secundarias
Bancos extranjeros que participen en transacciones relevantes podrían perder el acceso al sistema financiero estadounidense, incluyendo cuentas corresponsales o de transferencia de fondos.
Propósito de las sanciones
Las sanciones buscan “presionar cambios de comportamiento, no solo castigar”. La OFAC asegura que ofrece mecanismos para que los sancionados soliciten ser eliminados de la lista si cumplen ciertos criterios.
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Venezuela atraviesa una crisis ambiental y humanitaria de enormes proporciones, marcada por el avance descontrolado de la minería —tanto legal como ilegal— en zonas de alto valor ecológico y cultural, especialmente en territorios indígenas.
Más allá de los impactos ecológicos visibles —como la contaminación del Lago de Maracaibo, los derrames petroleros o la deforestación acelerada— el informe denuncia un patrón más profundo: el abandono del Estado en sus deberes fundamentales de protección ambiental y garantía de derechos para los pueblos originarios.
El resultado es un escenario de emergencia donde confluyen la devastación territorial, la violencia estructural y el etnocidio, que amenaza con borrar culturas enteras bajo el peso de la codicia minera y la impunidad.
Continúa la emergencia ambiental
El informe presenta un balance que plantea que “la situación ambiental crítica siguió empeorando en Venezuela”. Allí, advierten que el Arco Minero del Orinoco, “con su expansión extractivista, avanzó más y ha seguido impactando a la Amazonia y causando graves daños a las comunidades indígenas y locales”. También alertan que se mantienen los derrames petroleros.
El Lago de Maracaibo en su punto más crítico
Uno de los casos más alarmantes es el del Lago de Maracaibo, que ha entrado en una etapa “crítica” de eutrofización intensiva, producto de décadas de contaminación por derrames petroleros, descargas de aguas servidas, agroquímicos y desechos sólidos. La proliferación de cianobacterias como la Microcystis aeruginosa —que ya cubren más del 70 % del lago— amenaza la biodiversidad, la salud de las comunidades ribereñas y la actividad económica.
Aunque en 2023 se creó una comisión presidencial y un “Plan Maestro” para el rescate del lago, en 2024 solo se logró recolectar 306.409 toneladas de desechos sólidos, de las cuales más de 185.000 estaban impregnadas de petróleo, según datos oficiales citados en el informe.
Manchas de petróleo en el Lago de Maracaibo / Foto: AP-Ariana Cubillos
Tala indiscriminada y carbón vegetal en Lara
El informe también documenta la devastación del semiárido larense, especialmente en el municipio Torres, donde la producción de carbón vegetal para exportación ha generado una intensa deforestación. La tala de especies como el curarí, vera y cují amenaza con convertir estos territorios en zonas desérticas. La actividad extractiva ha alcanzado incluso áreas protegidas como el Parque Nacional Cerro Saroche y el bosque El Caimito.
Crisis del agua: una emergencia cotidiana
En 2024, el colapso en el acceso al agua potable en Venezuela se profundizó, afectando a millones de personas en todo el país y convirtiéndose en una de las principales causas de protestas ciudadanas. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 335 manifestaciones estuvieron motivadas por la falta de agua potable, el segundo motivo de protesta por servicios básicos después del colapso eléctrico.
El informe elaborado por Provea y Odevida atribuye esta crisis a la combinación de múltiples factores: la mala gestión de los recursos hídricos, el deterioro acelerado de las redes de distribución, la contaminación de fuentes de agua y los efectos del cambio climático. Esta situación se agrava en entidades como Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, Aragua y Lara, donde los reportes ciudadanos sobre la mala calidad del agua son persistentes.
Residuos sólidos, otro síntoma del colapso ambiental
La gestión de residuos sólidos en Venezuela sigue siendo un problema crónico que afecta directamente la salud pública, la calidad de vida y el ambiente. El informe de Odevida y Provea advierte que, en 2024, el país no logró avances significativos en esta área.
Según el Observatorio de Gastos Públicos de Cedice, los estados con mayor incidencia de esta problemática fueron Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua y Falcón. En Caracas, el 69 % de los encuestados percibió un aumento en los problemas asociados a la recolección de desechos, a pesar de que en algunos sectores se incrementó la frecuencia de los camiones recolectores, sin que esto lograra cubrir la demanda real.
Cambio climático: sin plan, sin datos y sin protección
De acuerdo con el informe, en 2024 el país enfrentó un aumento sostenido de las temperaturas, sequías severas y mayor exposición a enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos. Sin embargo, el informe advierte que el Estado venezolano continúa sin implementar políticas concretas para mitigar los impactos de esta crisis ni desarrollar estrategias de adaptación climática.
De acuerdo con reportes de la organización ambientalista Clima21, Venezuela fue uno de los 77 países que registraron temperaturas récord durante 2023, con un promedio anual 1,3 ºC más alto que el periodo de referencia entre 1951 y 1980. Esta tendencia se mantuvo en 2024, con efectos cada vez más palpables en la salud, los ecosistemas y la producción agrícola del país.
Biodiversidad bajo asedio: fauna silvestre en riesgo crítico
Según el informe, la fauna silvestre enfrenta una amenaza múltiple: deforestación acelerada, minería ilegal, contaminación, caza furtiva, tráfico de especies y los efectos del cambio climático. Estos factores han provocado una disminución drástica de muchas poblaciones animales y han llevado a otras al borde de la extinción.
Aunque se han reportado algunas acciones puntuales por parte de cuerpos de seguridad, estas no responden a una política nacional de protección sistemática. El informe menciona, por ejemplo, que en abril de 2024 el Cicpc detuvo en Anzoátegui a tres personas por cacería ilegal de felinos, cuyos cuerpos eran comercializados por sus pieles. Ese mismo mes, la Guardia Nacional Bolivariana arrestó a 13 individuos por la captura ilegal de 450 pepinos de mar en el estado Nueva Esparta, una especie en veda permanente desde 1997.
Arco Minero del Orinoco: el epicentro de la devastación
El Arco Minero del Orinoco sigue siendo uno de los territorios más conflictivos y vulnerables del país. En 2024, lejos de haberse contenido, la minería —legal e ilegal— se expandió con fuerza, fuera de los límites establecidos en el decreto oficial que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional.
El informe de Odevida y Provea documenta cómo esta expansión ha tenido impactos severos en reservas forestales como La Paragua y en regiones protegidas del estado Amazonas, con pérdida estimada de entre 75.000 y 85.000 hectáreas de bosque solo entre 2023 y 2024.
Derrames petroleros: contaminación crónica sin respuesta
Durante 2024, Venezuela mantuvo una tendencia “alarmante” de derrames y fugas de hidrocarburos, sin que el Estado aplicara planes de contingencia o hiciera diagnósticos públicos sobre el impacto ambiental de estos sucesos. Según el Observatorio de Ecología Política (OEP), se registraron al menos 34 eventos de este tipo en el país, principalmente en los estados Falcón (44,1 %), Zulia (29,4 %) y Anzoátegui (14,7 %).
Los derrames más frecuentes provienen de infraestructuras obsoletas o abandonadas. En Falcón, destacan las fugas desde el sistema de oleoducto y gasoducto submarino de Río Seco y desde la Refinería Cardón, que afectan gravemente el Golfete de Coro. En Zulia, el deterioro del sistema petrolero ha hecho del Lago de Maracaibo un punto crítico: imágenes satelitales captadas el 25 de agosto mostraron ocho fugas activas de crudo. Otras zonas afectadas incluyen Cabimas, Bachaquero y el municipio San Francisco.
Derrame petrolero en la costa de Bachaquero, Lago de Maracaibo / Autor anónimo
Derecho de los pueblos indígenas: nuevas zonas de actividad minera ilegal invaden territorios ancestrales
Durante 2024, Provea documentó una expansión preocupante de la minería ilegal en la Amazonía venezolana, agravando la devastación generada por el Arco Minero del Orinoco. Esta zona, legalizada por el decreto presidencial 2.248 de 2016, ha generado trabajo forzado, prostitución, violencia, trata de personas, reclutamiento de menores y asesinatos de defensores ambientales.
Expansión de la minería ilegal en la Amazonía venezolana
Durante 2024, Provea y otras organizaciones documentaron el avance sostenido de la minería ilegal en territorios indígenas, a pesar de la presencia de efectivos militares. En zonas como El Dorado y “Bulla Loca”, en el estado Bolívar, la actividad minera resurgió rápidamente, incluso luego de tragedias recientes. El Estado autorizó nuevas explotaciones como el Bloque 003 del Arco Minero del Orinoco, destinado a la extracción de casiterita para exportación a China.
En el Parque Nacional Cerro Yapacana (Amazonas), donde está prohibida la minería desde 1989, la explotación de oro no solo continuó, sino que pasó a estar controlada por la guerrilla colombiana y militares venezolanos, según testimonios locales. Reportes indican que líderes indígenas han impuesto “peajes” en oro, y que fuerzas como la GNB, la Armada y el Seniat cobran a quienes ingresan insumos para las minas. SOS Orinoco denunció que entre enero de 2023 y abril de 2024 se sumaron al menos 119 hectáreas nuevas de territorio minado dentro del parque.
Demarcación y titulación de territorios indígenas
El proceso de demarcación y entrega de territorios indígenas en Venezuela permanece completamente paralizado desde 2015. Esta inacción del Estado limita gravemente los derechos de los pueblos originarios a la protección, el uso y la autodeterminación sobre sus territorios ancestrales, en contravención de lo establecido en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el país.
Migración forzada de pueblos indígenas
La crisis humanitaria en Venezuela ha provocado la migración forzada de comunidades indígenas, cuyas condiciones de vida se han visto gravemente deterioradas por el colapso de servicios básicos, la inseguridad alimentaria, la pérdida de territorios y la violencia asociada a la minería y otras actividades extractivas. Sin embargo, el Estado venezolano no produce datos oficiales sobre este fenómeno.
Condiciones precarias de los pueblos indígenas
El informe advierte un deterioro sostenido de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en Venezuela, lo que compromete su supervivencia y dignidad. La inseguridad alimentaria, la pérdida de servicios públicos esenciales, el abandono de la educación intercultural bilingüe y la falta de acceso a servicios de salud forman parte de un panorama crítico que pone en riesgo su bienestar integral.
Traslado de heridos de la Comunidad Joti, Caño Iguana, Municipio, Manapiare, estado Amazonas / Foto Eglee Zent
Represión poselectoral contra pueblos indígenas
El informe denuncia que la represión política posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 también alcanzó a miembros de comunidades indígenas, históricamente marginadas. Según el Foro Penal, al menos 17 personas indígenas fueron arrestadas entre julio y septiembre en diferentes estados del país, incluyendo Amazonas, Aragua, Zulia, Cojedes y Distrito Capital.
Las víctimas pertenecen a diversas etnias: baré, puinave, pemón, jivi, wayuu, baniva, piapoco y yekwana. Ninguna de ellas participaba en protestas al momento de su detención, lo que refuerza la arbitrariedad de los arrestos. Además, las audiencias judiciales se realizaron de forma telemática, sin garantizar su derecho a comunicarse en su lengua originaria ni a identificarse como integrantes de pueblos indígenas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Movimiento Vinotinto presentó un informe sobre las secuelas psicológicas que dejó el proceso electoral del 28 de julio de 2024 en periodistas, defensores de derechos humanos, testigos de mesa y líderes sindicales de los estados Lara y Yaracuy.
Durante una presentación virtual del informe, el 15 de julio, la organización informó que muchos de los afectados no solo han visto comprometidos sus espacios laborales y de activismo, sino también su salud mental y bienestar emocional.
Para realizar este estudio, la organización entrevistó a personas en Yaracuy y Lara. La mayoría de los encuestados reportaron sentir más agotamiento de lo habitual, así como síntomas asociados al estrés, la ansiedad y el trauma emocional.
Los datos
El Movimiento Vinotinto aplicó un cuestionario de 10 preguntas para evaluar el estado emocional de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y testigos de mesa. Las respuestas, desglosadas por género, revelan que mujeres y hombres comparten síntomas comunes como ansiedad, agotamiento e inquietud, aunque con matices y diferencias en algunos puntos clave.
La sensación de nerviosismo ante la situación actual del país fue reportada por un alto porcentaje en ambos géneros: 70,6% de las mujeres y 71,4% de los hombres dijeron sentirse nerviosos. Asimismo, la tensión o inquietud frecuente fue reportada por 58,8% de las mujeres y 57,1% de los hombres.
Una mayoría también señaló que se les dificulta realizar actividades que solían hacer antes del 28 de julio (64,7% de las mujeres y 64,3% de los hombres) y que tienen problemas para concentrarse en sus rutinas diarias (70,6% y 71,4%, respectivamente).
Sin embargo, el agotamiento emocional muestra una mayor carga en las mujeres: 76,5% dijeron sentirse más cansadas de lo habitual, frente al 57,1% de los hombres. En cuanto a la percepción de poder transformar su realidad, las respuestas se mantuvieron similares: 58,8% de las mujeres dijeron que sí, frente al 64,3% de los hombres.
Otro dato relevante es que aproximadamente un tercio de los encuestados considera sentirse más seguro estando aislado de su entorno habitual, sin diferencias significativas entre géneros (35,3% mujeres, 35,7% hombres). En cambio, la frustración inexplicable fue levemente mayor entre las mujeres (70,6%) que entre los hombres (64,3%).
Ambos grupos señalaron sentir desgaste rápido en contextos sociales o familiares (64,7% en mujeres y 64,3% en hombres). Pero una diferencia importante se evidenció en cuanto a la percepción de seguridad en espacios sociales: el 70,6% de las mujeres se sienten menos seguras en redes sociales, mientras que entre los hombres la inseguridad se divide por igual entre redes (50%) e interacciones presenciales (50%).
La importancia de los PAP
El informe resalta la urgencia de aplicar Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) como herramienta de atención inmediata en situaciones de crisis o eventos traumáticos. A diferencia de la terapia psicológica tradicional, que requiere formación profesional y puede extenderse por semanas o meses, el PAP se enfoca en brindar apoyo emocional en el corto plazo. No requiere conocimientos clínicos especializados y puede implementarse incluso por personas no expertas, siempre que se actúe con empatía y respeto.
El PAP busca reducir la intensidad emocional del momento, ofrecer contención y estabilizar a la persona afectada. Algunas de las estrategias recomendadas incluyen la escucha activa —acompañar sin presionar, incluso en silencio—, hacer preguntas simples que permitan validar emociones, enseñar técnicas de respiración profunda para inducir calma, y promover ejercicios de visualización guiada que ayuden a la persona a desconectarse temporalmente de la angustia.
Además, el Movimiento Vinotinto sugiere fomentar prácticas de autocuidado como establecer límites en horarios laborales, permitirse momentos de ocio o descanso, mantener una dieta balanceada en la medida de las posibilidades del contexto venezolano y realizar actividad física de forma regular.
En palabras de la organización, “estas personas vienen no de uno sino de varios eventos trascendentales a nivel emocional”.
Principales técnicas usadas para quebrar la salud mental de la sociedad civil
El informe también identificó las principales técnicas utilizadas por actores del poder para afectar psicológicamente a miembros de la sociedad civil en Venezuela. Estas prácticas, según diversos enfoques de la psicología y la sociología crítica, no solo generan daño individual, sino que buscan debilitar el tejido colectivo de resistencia. En el texto se cita a diferentes expertos de talla mundial que en el pasado han explicado las consecuencias de estas técnicas.
Una de las técnicas más frecuentes es la “intimidación directa y simbólica”, que se manifiesta a través de allanamientos, presencia de fuerzas armadas, vigilancia digital o detenciones arbitrarias. Según el psicólogo social estadounidense Philip Zimbardo, la exposición constante a amenazas físicas o simbólicas genera estados de hipervigilancia y ansiedad anticipatoria. En contextos autoritarios, estas prácticas tienen el objetivo de desestabilizar emocionalmente a las personas y enviar un mensaje colectivo de control y castigo.
Otra técnica señalada en la investigación es la “criminalización de la protesta”. La represión a la libertad de expresión y la persecución a quienes alzan la voz forman parte de lo que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos denomina “epistemicidio político”: la eliminación sistemática del pensamiento disidente. Este tipo de represión genera culpa internalizada, frustración crónica y afecta la autoestima.
“La vigilancia digital y la exposición en redes sociales” también tienen efectos profundos. El monitoreo constante y la amenaza de represalias por publicaciones generan lo que la psicóloga Sherry Turkle describe como la fragilidad del yo conectado. En su libro “Alone Together”, Turkle advierte que la exposición digital sin garantías de privacidad puede provocar paranoia social, aislamiento emocional y desconfianza generalizada.
Finalmente, el informe advierte sobre los efectos del “aislamiento forzado y la ruptura de redes”, como los despidos, desplazamientos o estigmatización. El psicólogo comunitario Isaac Prilleltensky señala que la “injusticia relacional” —la imposibilidad de sostener vínculos seguros y de apoyo— es una fuente profunda de sufrimiento psicosocial. Esta técnica busca desmantelar la capacidad colectiva de resiliencia, provocando soledad, desesperanza y pérdida de sentido.
Cuidar a quienes defienden derechos
El trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y testigos electorales es fundamental para promover la justicia y la equidad en las sociedades. Sin embargo, este compromiso con frecuencia conlleva altos niveles de estrés y riesgo, lo que hace que el cuidado personal y el apoyo psicosocial sean vitales para su bienestar integral.
El Movimiento Vinotinto cierra su informe con una serie de recomendaciones clave dirigidas tanto a organizaciones como a redes de apoyo de la sociedad civil:
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En Venezuela, ser joven se ha convertido en una forma de resistencia. Lo que en otros países representa futuro, para la sociedad venezolana –dentro y fuera del territorio nacional– se vive como condena. Una generación entera ha sido moldeada por la escasez, la represión y la huida. Son niños, adolescentes y jóvenes sin aula, estudiantes sin maestros, hijos sin país. Atrapados en una dictadura que desconfía de sus ideas, los criminaliza por pensar y los castiga por protestar.
Las detenciones arbitrarias de jóvenes por motivos políticos se han vuelto rutina. Estudiantes que no alcanzan los veinte años han sido llevados a prisión sin mayor explicación. También periodistas en formación, apenas en sus veinte años, han sido apresados por informar. Son los rostros de una tragedia que no da tregua: muchachos presos, familias rotas, silencios impuestos.
Quienes permanecen en el país lo hacen en condiciones brutales: sin educación funcional, sin acceso estable a internet, sin horizonte profesional. La vida escolar se reduce a jornadas parciales, sin docentes suficientes ni materiales básicos. El hambre y la inseguridad obligan a muchos a abandonar los estudios. Otros se ven forzados a trabajar en la informalidad o a migrar a temprana edad. La desesperanza se filtra por todos los resquicios.
Muchos jóvenes venezolanos que se quedaron en el país han quedado al cuidado de abuelos, tíos o vecinos, mientras sus padres trabajan en el extranjero, enviando remesas para su sustento. Según cálculos de Cecodap, unos 800.000 niños y adolescentes se encuentran hoy en esta situación de “niños dejados atrás”. Especialistas vinculan este fenómeno al migratory mourning: un duelo emocional profundo que configura sentimientos de abandono, baja autoestima y tristeza en los menores.
Una investigación en Chile señala que la claridad de identidad étnica y el apoyo social son factores críticos para el bienestar psicológico de estos migrantes jóvenes, transformando su sentido de pertenencia y conexión con Venezuela. En paralelo, quienes emigran cargan con la responsabilidad de sostener a sus familias: dejan amistades y aulas atrás, enfrentan discriminación y precariedad en el país de acogida, y se ven forzados a crecer con rapidez.
Esta ruptura familiar genera una fractura profunda en el sentido de procedencia y permanencia, creando una juventud sin anclajes geográficos, dividida entre el deber de sobrevivir fuera y el deseo de reintegrarse en un país que apenas conocen o apenas recuerdan. Ni los que se van hallan un futuro seguro ni los que se quedan pueden proyectarlo: viven suspendidos, en la intersección entre un pasado idealizado y un futuro incierto.
Pero no todos los jóvenes viven la misma Venezuela. En medio de la precariedad generalizada, contrasta con violencia la realidad de los hijos y nietos de los jerarcas del régimen. Mientras la mayoría sobrevive en barriadas sin agua ni transporte, estos jóvenes crecen entre lujos, viajes, universidades privadas o extranjeras y marcas importadas.
Algunos exhiben su opulencia sin pudor en redes sociales, en un país donde millones apenas pueden comer dos veces al día. Son los herederos del poder, sostenidos por fortunas construidas en la sombra de la corrupción, el tráfico de influencias o el saqueo de las arcas públicas. Otros, menos ostentosos, también escapan a la crisis gracias a las divisas que les envían padres o madres que emigraron, en un gesto desesperado por evitarles la condena de vivir la Venezuela profunda. Así se ensancha la fractura entre juventudes: una que resiste desde abajo y otra que flota, indiferente o cínica, sobre los escombros.
Este panorama evoca una advertencia histórica. Como lo han señalado diversos historiadores, la Venezuela actual se asemeja a los días del gomecismo, cuando también se reprimió a la juventud, se prohibió el pensamiento libre y se secuestró la vida política. Entonces, como ahora, a una generación se le despojó de su voz. Pero fue también aquella juventud —la Generación del 28— la que, años después, lideró la construcción de la democracia del país. Con sus luces y sus sombras, sí. Pero a diferencia de aquella generación que emergió de la cárcel con ideales, capacidad de organización y proyectos concretos para refundar la República, la juventud que hoy queda en Venezuela enfrenta un espejo distorsionado.
En lugar de líderes políticos formados en la lucha y la deliberación, se ha generado una red de jóvenes influencers que compiten por “seguidores” y “likes”, pero ofrecen muy poco sustento ideológico. El campo digital se ha llenado más de eslóganes vacíos, chistes viralizados o poses estéticas que de análisis críticos o propuestas estructuradas. Estudios sobre comunicación digital indican que estos influencers, aunque llegan a audiencias masivas, raramente son vistos como fuentes confiables de información política —y cuando incursionan en política, su discurso suele ser simplista y emocional más que fundamentado.
En el contexto venezolano, se observa incluso cómo algunos influencers son cooptados tanto por el régimen como por una oposición degradada: participan en programas oficiales o promueven narrativas alineadas sin cuestionarlas, lo que erosiona la posibilidad de un liderazgo auténtico. Esta banalización política, más cercana a una cultura de entretenimiento que a una praxis cívica seria, contrasta dolorosamente con aquella generación del pasado que, tras ser reprimida, construyó partidos, institucionalizó procesos y enfrentó las dictaduras con altura cívica.
Hoy, en lugar de la forja de un proyecto colectivo, se impone una lógica de consumo digital: “quien tiene más seguidores gana”. En ese terreno, el activismo se diluye en memes, el compromiso en clics y la representación en perfiles estéticos, dejando en la juventud un vacío de pensamiento que puede costar mucho más que unos años de dictadura.
La gran diferencia es que, hoy, el daño acumulado es más profundo y más duradero. Han roto el país en múltiples niveles, y se necesitarán décadas para recomponer su tejido social. Se ha deshecho no solo la economía o la institucionalidad, sino también los vínculos de confianza, la educación como plataforma de movilidad, la expectativa de futuro, la moral. Lo que se ha quebrado es la posibilidad misma de imaginar un mañana.
El entorno internacional tampoco ayuda. Vivimos un momento global poco propicio para la democracia. La doble moral de muchos actores del mundo —que condenan dictaduras a conveniencia mientras coquetean con otras— debilita el apoyo a los pueblos que luchan por su libertad. Venezuela no escapa a ese abandono.
Y, sin embargo, hay luces. A pesar del cerco, aún existen jóvenes que –dentro o fuera de Venezuela– desde las sombras, sostienen espacios comunitarios, bibliotecas populares, medios digitales, redes de ayuda y de formación. En medio del apagón educativo y mediático, florece una cultura de supervivencia y creatividad. No están organizados como bloque, ni cuentan con grandes recursos, pero están. Y esa presencia silenciosa puede ser el germen de otra historia.
El problema no es solo el presente, sino lo que vendrá. ¿Qué país heredarán estos jóvenes? ¿Qué capacidades podrán desarrollar? ¿Cómo reconstruirán una nación desde el trauma y la carencia? Salir de esta pesadilla no bastará. Hará falta tiempo, generosidad, y, sobre todo, voluntad política para abrir espacios reales de inclusión y escucha.
Hoy, la juventud venezolana está sitiada. Pero también, como ocurrió en el pasado, puede ser semilla de reconstrucción. Porque incluso en la tierra quemada, hay raíces que esperan florecer. Lo que queda por ver es si tendremos la sabiduría —y la valentía— de sembrar con ellas el país que aún es posible imaginar. Porque si algún día vuelve la democracia, no será gracias a sus promesas, sino a la memoria de los que resistieron cuando no había futuro.
Historiador – Universidad de Los Andes | Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. | Twitter: @NixonDominguez | Instagram: Nixonjds
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