La Plataforma Unitaria Democrática rechazó este sábado 20 de julio eluso de detenciones y excarcelaciones como parte de acuerdos políticos, tras el reciente canje entre el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos y El Salvador, que incluyó la liberación de 252 migrantes venezolanos y varios presos políticos.
En un comunicado titulado“Ni fichas de cambio ni trofeos: la libertad no se negocia, se respeta”, la coalición opositora denunció que durante los días 17 y 18 de julio, cuerpos de seguridad del Estado realizaron operativos en varias regiones del país, en los que ciudadanos fueron detenidos de forma violenta por razones políticas. “Perseguir a quien piensa distinto no es justicia, es abuso de poder”, afirmaron.
Aunque celebraron el regreso de los migrantes desde El Salvador —donde estaban detenidos sin garantías judiciales— y las recientes excarcelaciones, alertaron sobre el uso de la libertad como moneda de cambio. “Cada liberación nos alegra, pero no podemos guardar silencio cuando estas se convierten en piezas de negociación opaca. Usar la libertad de seres humanos como moneda de truque es inaceptable, sea cual sea su origen”, expresaron.
La Plataforma también criticó lo que consideran una manipulación del sufrimiento de las familias con fines propagandísticos: “Manipular el dolor de las familias o celebrar excarcelaciones como trofeos, mientras otros siguen injustamente encarcelados, es una afrenta a la dignidad de todos. Aún más doloroso resulta cuando se intenta sacar rédito político del sufrimiento ajeno. No todo vale”.
La PUD consideró que si alguno de los migrantes liberados desde El Salvador y que retornaron a Venezuela tiene problemas judiciales pendientes con la justicia, deben responder “con las debidas garantías”.
La oposición reiteró su compromiso con una solución negociada a la crisis venezolana, exigiendo que cualquier acuerdo sea serio, transparente, con garantías y sin excluir a la ciudadanía. “La libertad no puede depender de una negociación, sino del pleno ejercicio del Estado de Derecho”, concluyó el comunicado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
¿Qué pasó en la evolución de la humanidad que ahora los lavamanos parecen “lavamenos” y los fregaderos solo friegan la paciencia de sus dueños? Al comienzo pensaba que se trataba solo de mí, por ser alto y tener manos de urólogo tamaño familiar. Aunque ya me di cuenta de que es algo en contra de todos; pues ahora pareciera que los lavamanos y los fregaderos los diseña un pitufo minimalista.
¡Cuánto extraño esos gloriosos días en donde bañábamos a los recién nacidos en un lavamanos! ¡Anhelados tiempos en donde un chihuahua veía un fregadero como una piscina olímpica!
¡Pero no!… Esos días terminaron. Ahora los lavamanos y fregaderos más bien parecen un bowl (pero tamaño muestra). Y los de aviones, una tacita de café (pero de expreso). Porque ahora no puedes bañar ni a un hámster en ellos y si se te ocurre lavar uvas en el fregadero sin terminar en un tsunami, debes lavarlas una por una y con un hilito de agua como el de un glaciar derritiéndose.
Es que, para fregar los platos hoy en día, al menos hay que ponerse traje de baño y botas de lluvia. Porque si practicar el deporte extremo de lavar una olla mondonguera, deberás lavar una mitad hoy y la otra mañana. Y si quieres lavarla toda de una vez, entonces métete con la olla en la ducha o mándala al autolavado.
Muy parecido a lo ocurrido en el baño, donde ya ningún hombre puede lavarse las manos sin que su pantalón termine salpicado y como si se hubiese hecho pipí. Y ni hablemos del pobre espejo, porque nadie le avisó que lo convirtieron en limpiaparabrisas. Además de que el resto de los muebles ahora le hacen bullying diciéndole “aguado”.
¿Qué será del futuro de la humanidad si todo esto sigue así? La gente tendrá que salir con las manos sucias de los restaurantes de alitas o pescado frito. Y ni hablar de los mecánicos.
¿Será que acaso es una conspiración oculta para controlar la sobrepoblación del planeta? Porque con lavamanos pequeños no provoca lavarse los dientes y mucho menos escupir enjuague bucal como si uno fuese el Salto Ángel. ¿Quién termina conquistando así?
Además de que cada vez habrá más sospechas de que un hombre no se lavó las manos al salir del baño. Si acaso, se mojará los dedos estrictamente usados en la operación o aplicará la máxima de la flojera masculina: tocar la punta del lavamanos con los dedos para remojar las bacterias.
¿Acaso será que los fabricantes de lavamanos y fregaderos tienen un convenio secreto con las empresas de pañitos y toallas absorbentes? ¿Será que también hicieron negocios con las grandes compañías de platos y vasos plásticos para que no lavemos más? ¿Será que en un futuro solo lavaremos los platos con agua en aerosol?
De ser así, que entonces vendan los lavamanos y fregaderos con un mensaje parecido al de las cajas de cigarrillos: “Advertencia: se ha determinado que el uso de lavaplatos y fregaderos trae efectos secundarios, como peleas maritales, resbalones y remodelaciones de estantes de cocina con aglomerados podridos”.
¡Ya basta! Alcemos de una vez por todas nuestra voz de protesta para volver a un mundo en donde se respete el derecho de todo ser humano a tener un lavamanos y un fregadero grande. Porque jamás será verdad eso de que lo importante no es el tamaño, sino cómo se use. Pues al hablar de lavamanos y fregaderos, siempre será mejor que lo tengas grandote.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
En una operación negociada con la participación de los gobiernos de El Salvador, Estados Unidos y la administración de Nicolás Maduro, el pasado 18 de julio, 252 migrantes venezolanos recluidos en una prisión de máxima seguridad de El Salvador fueron intercambiados por presos políticos y diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
En el transcurso de la jornada se fueron conociendo más detalles de cómo se concretó la operación, quiénes participaron y los beneficiados. Además, las partes involucradas ofrecieron sus versiones preliminares de cómo se desarrolló el proceso. A continuación, en claves, los elementos más destacados de este hecho.
Una negociación que duró meses
En un mensaje colgado en la red social X, el presidente de El Salvador, Nayib Nukele, informó que habían entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en su país y “acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TDA)“.
Insistió en destacar que “muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves“. Añadió que esta propuesta de canje por presos políticos venezolanos se la habían planteado a la administración de Venezuela meses atrás.
“Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen tenía mantenidas en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes. Estas personas se encuentran ahora en ruta hacia El Salvador, donde harán una breve parada antes de continuar su viaje a casa. Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que durante mucho tiempo se había negado a liberar una de sus monedas de cambio más valiosas: sus rehenes. Sin embargo, gracias al esfuerzo incansable de muchos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró. En esto, como en otros asuntos, os recuerdo: paciencia y confianza”, escribió Bukele.
Today, we have handed over all the Venezuelan nationals detained in our country, accused of being part of the criminal organization Tren de Aragua (TDA). Many of them face multiple charges of murder, robbery, rape, and other serious crimes.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, secundó a Bukele también en un mensaje publicado en X en el que destacó que “gracias al liderazgo del presidente Trump”, diez estadounidenses que habían sido detenidos en Venezuela estaban en camino a su libertad. En el trino también agradeció a Bukele por asegurar “un acuerdo para la liberación de todos nuestros detenidos estadounidenses, además de la liberación de los presos políticos venezolanos.
Thanks to @POTUS’s leadership, ten Americans who were detained in Venezuela are on their way to freedom.
I want to thank my team at the @StateDept & especially President @nayibbukele for helping secure an agreement for the release of all of our American detainees, plus the…
En un comunicado, el gobierno de Maduro calificó como un “logro” la liberación de 252 ciudadanos venezolanos que, según su versión, se encontraban “secuestrados y sometidos a desaparición forzada” en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Indicaron que la liberación fue posible tras un canje con Estados Unidos, en el que se intercambiaron a los migrantes por ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, acusados según ellos de “graves delitos contra la paz, la independencia y la seguridad” del país.
El Gobierno también informó que, como parte del proceso, se otorgaron medidas alternativas a la privación de libertad a varios presos venezolanos “implicados en delitos comunes y contra el orden constitucional”.
De igual forma, agradecieron las gestiones del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
La organización publicó una lista según el centro de reclusión. Entre los excarcelados se encuentran el dirigente político, exdiputado y exgobernador de Mérida, Williams Dávila; el exalcalde del Municipio Sifontes, Carlos Chancellor; Jordán Sifuentes, exalcalde del municipio Mejía de Sucre y dirigente de Voluntad Popular; Gregorio Graterol, dirigente de Primero Justicia en Coroy Ángel Aristimuño, dirigente de UNT.
Dávila estuvo preso durante 11 meses y presentaba varias patologías que en un momento ameritaron su reclusión en un centro de salud. Sobre Chancellor también se denunció en reiteradas oportunidades que su salud se había deteriorado en prisión.
Liberados desde Tocorón:
Asdrúbal Paredes – Guanare.
José Ferrer – Coro.
Diego Primera – Punto Fijo.
Freddy Flores – Cojedes.
Ulises Seijas – Guárico.
Diego Alexander Pumar – Barinas.
Robert (apellido por confirmar) – San Cristóbal.
Raider Montes.
Leonardo Josué Rojas Mujica.
Yoandris Martínez Colina.
Keny López – Punto Fijo.
Franklin Sosa.
Leonel Rebolledo.
Ricardo Herrera – La Guaira.
Robinson – La Guaira.
Hijo de Henry Almenar – La Guaira.
Douglas Paz – Yaracuy
Argenis Palacios – Yaracuy.
Rayder Montes – Yaracuy.
José Ramón Camacaro – Carora
Liberados desde El Helicoide:
Gregorio Graterol.
Manuel Chiquito.
José Granadillo.
Carlos Chancellor.
William Dávila
Fernando Feo
Jordan Sifuentes
Liberados desde los comandos:
Ángel Aristimuño – Comando del estado Monagas.
Respecto a los estadounidenses liberados, la Embajada de EEUU en Venezuela publicó una imagen en la que se veían a 10 liberados sosteniendo la bandera de su país. El Foro Penal venezolano tenía registro de seis norteamericanos apresados en Venezuela: Wilbert Joseph Castañeda Gómez, Jonathan Pagan Gonzáles, Lucas Hunter, Jorge Marcelo Vargas, Renzo Yasis Huamanchumo Castillo (residente) y Fabian Buglione Reyes (residente).
La ONG estadounidense Hostage Aid Worldwide confirmó el nombre de estos estadounidenses liberados y específicó detalles de sus casos.
Renzo Huamanchumo, detenido en septiembre de 2024 mientras visitaba Venezuela desde Colombia, fue acusado de conspirar contra el gobierno venezolano.
Jorge Marcelo Vargas también fue arrestado ese mismo mes y fue acusado de fotografiar refinerías de petróleo clave. Lucas Hunter, detenido en enero de 2025 durante un viaje de windsurf cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, fue detenido por las autoridades venezolanas a pesar de haber regresado en la frontera.
El SEAL de la Marina estadounidense, Wilbert Castañeda, fue arrestado en agosto de 2024 mientras estaba de vacaciones en Venezuela. Posteriormente, fue acusado de liderar un complot vinculado a la CIA, lo cual el gobierno estadounidense ha calificado de “categóricamente falso”.
Jonathan Pagan González fue detenido en octubre de 2024 mientras cruzaba el puente Rafael Urdaneta y acusado, sin pruebas, de infiltrarse en grupos religiosos.
Fabián Buglione Reyes, ciudadano uruguayo residente en Estados Unidos, fue detenido en octubre de 2024 en un puesto de control y su paradero permanece desconocido.
“Hasta la fecha, más estadounidenses han sido detenidos injustamente en Venezuela que cualquier otro país del mundo. Es inaceptable que representantes del régimen venezolano arrestaran y encarcelaran a ciudadanos estadounidenses en circunstancias altamente cuestionables y sin el debido proceso. Todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela ahora están libres y de regreso en nuestra patria“, aseguró.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Francis Palencia vivía sobresaltada. No dejaba de prestarle atención a su celular. Lo mantenía con el volumen al máximo y, ante cada notificación, dejaba lo que estuviera haciendo para clavar la vista en la pantalla, con la esperanza de encontrar alguna información sobre Jonathan, su hijo de 17 años, preso desde hacía 5 meses.
Pero justo ese día en que le llegó la noticia que más anhelaba, absorta en sus pensamientos de angustia, no vio el teléfono. El 11 de junio de 2025, pasadas las 6:30 de la tarde, alguien le escribió: “Liberaron a Jonathan”.
A ese mensaje, le siguieron otros. Unos en los que la felicitaban; otros en los que simplemente le remitían la publicación de Instagram del Ministerio Público venezolano que confirmaba que sí, que Jonathan estaba libre.
Fue a eso de las 7:00 de la noche cuando volvió al celular: leyó cada palabra, sintió alivio, emoción, pero a la vez incredulidad. ¿De verdad la pesadilla se había acabado? Sí, todo lo que había vivido era una pesadilla. Una pesadilla que recuerda con tanto detalle que ahora puede narrar.
La tarde del 11 de enero de 2025, un día después de que Nicolás Maduro tomara posesión como presidente de Venezuela para un nuevo período, unos policías encapuchados entraron a la casa de Francis para llevarse a Jonathan. Recuerda el griterío, recuerda los empujones, recuerda que su hija de 9 años estaba en ropa interior. Recuerda que los hombres no le explicaron por qué estaban allí y que ni siquiera le presentaron una orden de aprehensión. Recuerda que se llevaron llevaron a Jonathan.
Fue como si se lo arrancaran de sus brazos. Francis vio su mirada, sus ojitos aguados, llenos de miedo, como buscando respuestas en ella. Lo trasladaron a la sede del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana División de Investigaciones Penales de Coro, en Falcón.
Y Francis se quedó ahí, en la puerta de la casa, sin aliento, al borde del desespero.
Para saber dónde lo tenían, tuvo que recorrer varios centros de reclusión: en todos le decían que no, que ahí no estaba. Pero se quedó justo allí porque el instinto materno le gritó que no se debía mover: su intuición le decía que su muchacho estaba tras esas paredes. Claro que al principio le dijeron que estaba equivocada: “Solo hay un chamo llamado Jefferson”. Aun así, decidió quedarse.
—Al rato salió el mismo funcionario y me dijo: “Sí, sí, ahí está Jonathan, pero solamente lo tenemos en modo de colaboración, en la tarde se lo vamos a entregar” —recuerda.
Se hicieron la 1:00 de la madrugada del 12 de enero y Francis todavía no regresaba a su casa. Se mantenía esperando a ver si le entregaban a su hijo, cosa que no pasó. La excusa para no dejarlo ir fue que el jefe estaba ocupado.
La realidad detrás de la detención de Jonathan la conoció cuando lo presentaron ante tribunales, dos días después, el 13 de enero: estaba preso por ser parte de un grupo comunitario, de vereda, en el que se habló en contra del gobierno.
—Estaba en ese grupo de muchachos del sector. Uno de ellos estaba en la plaza, en la mala hora, agarrando wifi, y en el operativo le quitaron el celular para revisárselo de forma arbitraria y vieron el grupo. Había una conversación sobre el gobernador del estado Falcón, pero mi hijo realmente no participó en ninguna. Solamente por estar en el grupo lo criminalizaron.
Nadie sabía la historia de Jonathan.
A los 5 años, fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). A partir de entonces, la familia inició un acompañamiento que incluyó terapia, medicamentos y mucho deporte: primero fue la natación; luego, la pasión floreció cuando Jonathan vio un campo de fútbol por primera vez. Y ahí se quedó.
Hasta los 16 años, las prácticas de fútbol fueron una constante en la dinámica familiar, pero luego llegó un diagnóstico que cambió todo: Jonathan sufría del virus de Epstein-Barr, una enfermedad viral común que puede causar mononucleosis infecciosa y, entre otras patologías, inflamación en el hígado, que era su caso.
—Él tuvo complicaciones bastante graves —cuenta Francis—. Lo debieron transfundir. Y por la hepatomegalia que tuvo, el médico le sugirió que no practicara fútbol, que descansara más o menos un año y medio, y cuando se lo llevaron justo estábamos en esa etapa. Había que tener cuidado porque una patada, el maltrato, lo podía afectar.
En cada entrevista que ofrecía, la madre narraba que su hijo tenía esa condición de salud: alzar su voz era lo único que podía hacer. Y lo hacía porque él hablaba del maltrato físico y psicológico que sufría en los centros de detención a los que lo llevaban.
A Jonathan lo acusaron de terrorismo, promoción e incitación al odio. Sin avisarle a Francis y pasando sobre la orden de un juez de mantenerlo en resguardo por su edad, su primer traslado se concretó el 14 de enero de 2025: sin ninguna boleta, lo montaron en una patrulla y lo trasladaron de Coro a Caracas, donde lo mantuvieron detenido en el centro de reclusión de la PBN de La Yaguara, a unos 450 kilómetros de distancia de su casa.
Al enterarse, Francis sintió que su hijo era víctima de un secuestro y su primera acción, aparte de irse a Caracas, fue contar en las redes sociales lo que sucedía.
A partir de entonces, la vida se convirtió en un ir y venir entre Coro y la capital del país, lo que suponía muchísimos gastos: debía pagar para estar cerca, para pasarle medicamentos, para todo.
—Yo veía a mi hijo desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Le pagaba a los presos que tienen sus restaurantes dentro. Sabía que mi hijo estaba bien porque yo decidía qué comida iba a comer.
En La Yaguara, Jonathan comenzó a sentir debilidad y en ocasiones se enfermó. Parecía un cuadro viral, pero se mantuvo por varios días y eso obligó a que recibiera asistencia médica.
—El sistema inmunológico se le debilitó por las condiciones de ese lugar —dice su mamá.
Parte del acompañamiento médico se lo brindó un doctor que también estaba privado de libertad. Francis cree que a su hijo lo protegían: tal vez porque ella misma había mostrado y hablado de lo vulnerable que podía ser debido a su trastorno.
—Hasta los policías de La Yaguara me llamaban para que yo supiera lo que él necesitaba o si le pasaba algo.
Cada semana que pasaba, aumentaba la incertidumbre y el remordimiento de Francis. Temía quedarse sin su trabajo porque pasaba demasiadas horas montada en un bus camino a Caracas. Especialmente, le pesaba no estar para sus otros dos hijos. Del mayor, que había emigrado a Alemania años antes, conseguía palabras de aliento. Pero su hija de 9 años estaba muy afectada: sufría ataques de pánico constantes y empezó a faltar con frecuencia a la escuela, a pesar de que la dejó al cuidado de su familia.
—Sentía culpa, pero no podía atender todo a la vez. Me pesaba porque ella quedó mal luego de la situación con la policía en la casa. No podía estar cerca de policías ni verlos porque se ponía nerviosa. Pero nadie podía hablar por Jonathan, así que tenía que encargarme del caso.
Así fue que Francis terminó por dividirse: era una mamá que acompañaba, pero también vocera de la situación que vivían su hijo y otros jóvenes.
Un día coincidió con el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos y entendió que en el camino no estaba sola: conoció a padres y madres en la misma circunstancia y supo que el acompañamiento era indispensable para saber qué hacer frente a todo lo que estaba viviendo.
Con el Comité supo que había otros 4 adolescentes presos de distintas regiones del país. Se sorprendió cuando ellos le mostraron que la cifra de detenidos, según el Foro Penal, superaba las 900 personas y que muchos de sus nombres aún eran desconocidos porque sus familiares se mantenían en silencio por miedo.
Nunca los juzgó, pero ella no quería callar la injusticia que vivía su hijo. Entonces, en cada encuentro, Francis se enfocó en conseguir herramientas para hacer mejores denuncias públicas y privadas.
El avance de lo que aprendía se veía en la calle: Francis hablaba con seguridad. Usando los términos precisos para describir las vulneraciones que vivían los adolescentes. Con ellos se sentía segura, en el lugar correcto.
—Ellos me enseñaron que este tipo de situaciones no hay que callarlas, hay que dejarlas ver. Todo lo que está pasando con las personas aquí en la parte política. No es justo que hagan procedimientos que ni siquiera vienen con órdenes judiciales.
Aprendió a declarar ante la prensa, a que sus mensajes calaran en redes sociales. Hoy cree que tanta bulla logró que Jonathan volviera a ser trasladado a Coro, lo que sucedió el 20 de febrero de 2025. Esto le reafirmó que debía contar lo que ocurría con voz cada vez más fuerte. Que debía insistir. No dejarse vencer.
Para ver a su hijo en el centro de reclusión de Coro, Francis tuvo que esperar 15 días. Le negaron visitarlo apenas llegó porque el penal tenía una regla de “proceso de adaptación”.
—Yo nunca entendí eso. Ellos no están con un niño de preescolar, sino con un adolescente. Y después de ese tiempo, solo podía verlo dos veces por semana.
En ese primer encuentro, Jonathan le contó más sobre lo que vivió en Caracas: “Me dijeron que me iban a llevar a El Helicoide y que me iban a meter en una sala con cucarachas, mamá. En un cuarto oscuro”.
—Ese día mi hijo me dijo que había intentado suicidarse a la semana de llegar a Caracas. Fue el primero de varios intentos. Estaba muy deprimido. Me dijo que él tenía muchas pesadillas, que lo ayudara. Dijo que tenía mucha ansiedad, que él se quería ir de esta vida y que él no había hecho nada para que lo maltrataran tanto.
Francis denunció el intento de suicidio por malos tratos y depresión en la Defensoría del Pueblo, pero eso no cambió la situación. “Sentía como si me iban a descoser la ropa y eso que solo llevaba comida”.
Jonathan le contaba todo lo que podía y como podía. Que le costaba ir al baño. Que no dormía bien. Que la comida siempre era la misma: caraotas duras, un pedazo de mortadela frita, arepas y sardinas, todo frío. Que se sentía desesperado. Que le costaba relacionarse con otros detenidos. Que se sentía feo aunque tenía meses sin verse a un espejo, porque hasta eso le estaba prohibido.
—Mami, ¿cómo tengo la cara y los dientes? ¿Tengo los dientes amarillos? ¡Mírame los dientes, mírame! ¡Míramelos! —le preguntó un día con desesperación.
A Jonathan le preocupaba su aspecto físico. En casa, a medida que fue creciendo, adoptó una rutina para mantener su rostro y dientes limpios. Cepillarse antes y después de comer era algo que no dejaba pasar. Lo hacía sin rechistar y su madre cree que esa fijación fue lo que terminó haciendo que estudiara odontología. Cuando lo detuvieron, estaba por cursar el 2do año de la carrera en la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías.
Francis lo miró e intentó ser cuidadosa con sus palabras. No podía mentirle. No era una pregunta azarosa.
—Estás lo mejor que puedes, papi —le respondió varias veces con firmeza, tratando que no se notara que estaba a punto de desbordarse en llanto.
Aunque ya tenía a su hijo más cerca, Francis no dejó de visitar Caracas. Iba al Ministerio Público para pedir su liberación, a llevar cartas de buena conducta y referencias que probaban su inocencia, exámenes médicos que daban cuenta de su trastorno y de la enfermedad que afectó su hígado. Perdió la cuenta de cuántas cartas escribió explicando la delicada situación a la que se enfrentaba Jonathan en Falcón.
Tuvo encuentros con representantes de distintas organizaciones, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y les expuso lo que vivían ella y los familiares de otros cuatro adolescentes detenidos: uno de Lara y otros tres de La Guaira, incluida una joven. Así fue aprendiendo de derecho y entendiendo qué eran las vulneraciones a los derechos humanos.
Un día antes de que Jonathan fuera liberado, la fiscal que llevaba el caso la llamó. Ver su nombre en la pantalla del celular la puso nerviosa.
“¿Ahora qué pasaría?”, pensó.
—Señora, necesito que me pase los informes médicos de Jonathan por fotos. En tribunales los están pidiendo —escuchó.
Francis le explicó que esos documentos estaban en el expediente de su hijo, pero de todas maneras le envió los archivos, que guardaba en una carpeta de la galería de su celular.
—Me volvieron a llamar al día siguiente. Me pidieron una foto de él, pero me dijeron clarito: “Una que usted no haya publicado en redes sociales”. Y les envié la de su graduación de bachiller.
Aquellas solicitudes no eran claras para Francis.
—No caía en cuenta de que eso era para la publicación de su liberación. Entonces pensé que lo iban a soltar, de repente, en la próxima audiencia.
Por eso, soltó el celular y se tomó un respiro.
Cuando volvió a revisarlo, el primer mensaje decía: “Señora Francis, mire, lo liberaron. ¡Felicidades!”. Releyó el mensaje muchas veces y cuando entró al enlace de Instagram comenzó a saltar y soltó un par de lágrimas.
El Ministerio Público le había otorgado una medida cautelar a su hijo y debía ser liberado de inmediato. La Defensoría del Pueblo incluso la llamó para confirmar que ya supiera la noticia. “Sí, ya lo sabemos. Estoy en la casa”, respondió ella.
El encargado de buscar a Jonathan fue su padre. Francis se quedó en casa por si llegaba una patrulla con su hijo.
—No quería que fueran a pensar que aquí no había nadie.
La noticia corrió rápido entre los vecinos y, de inmediato, entre todos sacaron globos para decorar la calle y recibirlo.
Apenas Jonathan llegó, todos salieron de sus casas:
—Lo abrazaron. Lo felicitaron. Ellos sabían que él es un buen muchacho; lo han visto crecer, siempre estuvieron pendientes.
Esa noche Francis durmió tranquila: tenía a sus hijos con ella, en la misma casa, entre sus brazos.
La medida cautelar de Jonathan incluye prohibición de salida del país y no hablar de lo que vivió en redes sociales. Cada 15 días, junto con su mamá, viaja a Caracas para presentarse. Gastan unos 100 dólares en cada viaje. Por fortuna, Francis pudo conservar su empleo en un consultorio de radiología, gracias a la comprensión de sus jefes.
—La audiencia fue el primero de julio, y solamente asistieron dos policías. No dieron mayor información porque ellos dijeron que no recordaban ni la dirección. Esperaremos la próxima a ver qué pasará, pero ya las pruebas fueron evacuadas, al menos las de los testigos de la defensa.
Aunque su hijo está en casa, Francis no ha dejado de estar cerca de los padres cuyos hijos adolescentes continúan detenidos. Son cuatro y sus nombres no los olvida: Gabriel Rodríguez (16), Danner Abraham Rivero (17), Ángel Gabriel González (17) y Lisneidel Zúñiga (17).
—Yo les recuerdo que no nos podemos rendir. Los oriento. Les digo que tienen que ir para acá o para allá. Moverse. No estamos solos. Esto enseña mucho. Lo que yo aprendí fue la parte humana, a valorar la parte humana. A mí me dio la mano gente que ni conozco. Ahora estamos más humildes y esto nos recordó que siempre hay que escuchar a las demás personas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales, Génesis Riera participó en una manifestación que salió desde la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo, estado Falcón, y que llegó a las adyacencias de la Alcaldía de Carirubana.
En el lugar, los ánimos se caldearon, pero Riera no fue partícipe de disturbios. Por el contrario, actuó como mediadora para que los manifestantes permitieran a funcionarios policiales salir de la Alcaldía.
Pese a su actuación de mediadora, el 8 de agosto en horas de la noche fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su casa sin orden judicial. Recibióalgunos golpes mientras era subida en la patrulla policial.
A Génesis Riera le imputaron los cargos de “terrorismo, asociación para delinquir, daños físicos personales con agravante, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad pública”.
Presentada por terrorismo
Un familiar de Génesis que declaró en condición de anonimato a Runrun.es, relató que cuando detuvieron a la joven, los funcionarios tomaron una actitud hostil con palabras amenazantes.
“Le decían palabras para traumarla, como que ‘nunca vas a salir de este lugar’, ‘quiénes más estaban contigo’”, relató el familiar. Eso ocurrió un día jueves y no fue sino hasta el día siguiente que le permitieron a su mamá poder verla.
Dos días después de su detención fue presentada ante un tribunal de Terrorismo en Caracas vía telemática “un tribunal que montaron ahí mismo en el Cicpc”, contó el familiar de la joven.
Desde ese día, ella está recluida en la sede del Cicpc de Punto Fijo. Fue en noviembre de 2024 cuando, según el pariente de la joven, se realizó una audiencia en la que fue enviada a juicio y desde entonces el proceso judicial está totalmente paralizado. En esa audiencia le dijeron que si asumía los cargos podría evitar ir a juicio, “pero ella dijo ‘yo no puedo asumir algo que no he hecho’”.
A la joven le asignaron un defensor público. Sus familiares no han tenido contacto con esta persona hasta ahora. Cuando su familia ha viajado a Caracas para obtener información solo les dicen “que eso pasó a más arriba, aquí ya no tenemos nada que ver con eso” y ya sus familiares no saben a dónde acudir.
Refugio en la fe
Génesis Riera está recluida en un calabozo con presas comunes, con condiciones “totalmente insalubres” y en “un sitio que no es apto”, según la denuncia de su pariente.
Por su situación, en meses anteriores Génesis presentó severos cuadros de depresión, llegando incluso a escribir cartas en las que manifestó sentimientos de culpa porque sus padres están en procesos judiciales, algo que nunca había ocurrido en su familia.
A lo que ha podido aferrarse la joven es a la fe. “Ella ha mejorado mucho porque la ha ayudado la palabra del señor. Está muy atada a los pies de Cristo para la gloria de Jehová y eso la ha ayudado a mejorar”, relató su pariente.
“Génesis gozaba de una libertad espectacular”
Génesis Riera estudiaba Comunicación Social al momento de su detención y “gozaba de una libertad espectacular”. Según su familiar, la carrera que estudiaba la llevó a participar en las manifestaciones, pero desde una perspectiva comunicacional.
Pero además, es una artista. El hobby de la joven es la música y el modelaje y se ha preparado durante años en estas áreas con cursos de oratoria en academias reconocidas del estado Falcón.
“Hacía videos musicales con varios artistas de aquí de la localidad. Trabajaba mucho con las redes sociales en el área de modelaje y nada que ver con política. Si a ella le revisan sus redes sociales, verán que no tenía nada que ver con política, simplemente una joven más que se sintió totalmente afectada por lo que pasó el 28 de julio, que sale a levantar su voz el lunes 29, y ahí está, un año detenida”, agregó el pariente.
Génesis es una joven muy querida. Según su familiar, todos los que la conocen oran por ella “porque se ha ganado el corazón de muchos”. También, es descrita como una “muchacha alegre y humilde”.
Pero su situación ha causado secuelas en su casa. Ella ayudaba con sus tareas a sus tres hermanos pequeños, quienes “son su adoración”, y eso ha cambiado de forma radical las dinámicas del hogar porque ahora, hay un espacio vacío en casa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Observatorio Venezolano de Universidades denunció la situación de los bajos salarios en Venezuela y el deterioro progresivo en los últimos 23 años del monto del bono vacacional de los profesores universitarios venezolano, quienes pasaron de percibir un monto de 4836,04 dólares a 56 dólares. La cifra representa una disminución del 95% en este beneficio.
“En 2002, los académicos podían comprar 37 canastas básicas con su bono vacacional, ahora necesitarían 10 bonos más para comprar sólo una, cuyo costo oscila entre los 503,73 dólares, según los datos del Cendas – FVM”, subrayó la organización gremial en un hilo publicado en X (Twitter) el pasado lunes 14 de julio.
Los profesores universitarios en #Venezuela cobraron el 1.15% del bono vacacional que recibieron en 2002. En 23 años, este derecho ya casi ha desaparecido. pic.twitter.com/22LN8l4W3H
— Observatorio de Universidades (@OBUVenezuela) July 14, 2025
De acuerdo al observatorio desde el 2022 no hay aumento del salario en el país y durante este periodo han registrado 404 denuncias para la “reivindicación de derechos económicos y sociales”. Sin embargo, no han recibido soluciones concretas por parte del Estado.
Advirtieron que el “empobrecimiento multidimensional” -producido por el bajo ingreso- repercute en el acceso a una educación de calidad y que, debido a este contexto, este derecho “no se puede garantizar”.
“En los primeros 10 años del siglo XXI, cuando se registraron los niveles de crecimiento económico más grande de nuestra historia, los docentes universitarios vieron disminuir su bono a menos de la mitad”, señala el OBU.
Propuestas ante la crisis salarial
El pasado 23 de junio, la Asociación de Profesores de la UCV difundió un comunicado a través de X, solicitando al Gobierno de Nicolás Maduro la implementación de medidas que permitan mejorar las condiciones laborales de los docentes universitarios.
En este sentido, pidieron la “salarización del ingreso Contra la Guerra Económica” y el bono de alimentación como parte de un proceso de “recuperación salarial” y que se incluya al personal jubilado que se encuentra fuera del país en la entrega de este beneficio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
A juicio del ex presopolítico y dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, Nicolás Maduro se aferra al poder de manera ilegítima luego de las elecciones presidenciales de 2024.
“Edmundo González fue electo por el pueblo de Venezuela pero no fue reconocido por la dictadura que simplemente atropelló la voluntad de los venezolanos y Maduro se ha aferrado al poder de manera ilegítima”, afirmó López.
Desde la capital alemana de Berlín, donde presentó la “Semana de la Libertad” en el Ayuntamiento, López dijo que desde el 28J los derechos democráticos en Venezuela se han reducido considerablemente.
“Lo que hace un año era posible, ya no es posible en Venezuela. Hoy en Venezuela no puedes tener una reunión de diez o quince personas para hablar de política”, apuntó López.
El ex lcalde de Chacao participó en el “Congreso de la Libertad Mundial”, el cual reúne a opositores internacionales que luchan por la democracia y la libertad en países con autocracias y dictaduras.
“Hoy en Venezuela la plataforma X está bloqueada, Whatsapp está criminalizado. No hay posibilidad de tener comunicación abierta en ninguna televisión ni en ninguna radio. Hay una clandestinidad casi generalizada de todos aquellos que tienen una posición crítica contra la dictadura. Han metido a miles de personas presas”, expresó.
Como ejemplo del incremento de la represión, López se refirió al encarcelamiento del economista y exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, detenido el pasado mes de junio después de informar sobre los niveles de inflación y contracción que sufre el país.
“En lugar de atender el problema económico, meten preso al economista. En lugar de atender a quien denuncia algo en redes sociales, meten preso al que hace la denuncia”, añadió.
El político dijo que la voluntad de cambio de los venezolanos está intacta y creciendo a un año de los comicios presidenciales donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador a Maduro sin hasta ahora mostrar resultados desagregados.
“Para nosotros, la lucha de la libertad es real, sabemos que si hacemos esto juntos, con los que creen en la libertad, seremos capaces de tener éxito”, dijo López.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este artículo se publica conjuntamente con ProPublica, un medio estadounidense independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público, The Texas Tribune, un medio estadounidense informativo y apartidista comprometido con los texanos y la Alianza Rebelde Investiga, una coalición editorial de medios digitales venezolanos.
Por: Melissa Sanchez, ProPublica; Perla Trevizo, ProPublica y The Texas Tribune; Mica Rosenberg y Jeff Ernsthausen, ProPublica; Ronna Rísquez, Alianza Rebelde Investiga; y Adrián González, Cazadores de Fake News
El 15 de febrero, José Manuel Ramos Bastidas llamó a su esposa desde un centro de detención de inmigrantes de Texas y le pidió que grabara un mensaje.
“Me detuvieron simplemente por mis tatuajes. No soy ningún delincuente. Soy un venezolano trabajador, no he cometido ningún delito (…) Simplemente por si me pasa algo, para que estén pendientes”.José Manuel Ramos Bastidas
El gobierno de Trump había mandado a decenas de inmigrantes venezolanos a Guantánamo. Temía que le ocurriera lo mismo. Ante la incertidumbre por su destino, Ramos quería asegurarse de que quedara constancia de lo que le había ocurrido.
José Manuel Ramos Bastidas le pidió a su esposa grabar un mensaje mientras estaba detenido. Temía ser deportado a Guantánamo en cualquier momento. Cortesía: Crisálida del Carmen Bastidas de Ramos
Un mes después, desapareció.
José Manuel Ramos Bastidas jamás pisó los Estados Unidos. No en libertad, al menos. Se fue de Venezuela en enero de 2024, con la esperanza de ganar suficiente dinero para hacerse cargo del tratamiento médico de su hijo recién nacido. A causa de una afección respiratoria congénita, el “milagrito” de la familia padecía un cuadro grave de asma y requería frecuentes hospitalizaciones. El costo del tratamiento era imposible de asumir con el escaso sueldo que Ramos ganaba lavando autos en la devastada economía venezolana, así que recorrió miles de kilómetros y atravesó media docena de países hasta llegar a la frontera estadounidense.
Ramos no ingresó al país de manera ilegal. Siguió las normas establecidas por el gobierno de Biden para los inmigrantes que solicitan asilo. Hizo una cita a través de una aplicación del gobierno y, cuando se la concedieron, se entregó para solicitar protección. Un funcionario de migración y un juez determinaron que no cumplía los requisitos, y Ramos no apeló la decisión.
El gobierno lo detuvo hasta que pudiera ser deportado a Venezuela.
Meses después, Donald Trump fue elegido presidente y comenzó su campaña de deportación masiva. Una de sus primeras medidas fue trasladar en avión a la base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba) a grupos de inmigrantes venezolanos a los que había calificado de pandilleros peligrosos.
Ramos, de 30 años, entró en pánico y llamó a su esposa para decirle que le preocupaba que le ocurriera lo mismo. En una videollamada grabada por ella, mostró un documento que, según él, era la prueba de que las autoridades de inmigración habían acordado deportarlo a Venezuela. Pero le preocupaba que no cumplieran su promesa.
“Tengo familia”, dijo mirando a la cámara. “Simplemente soy un venezolano trabajador. No he cometido ningún delito. No tengo récord en mi país ni en ningún lado”.
Un mes después, un Ramos más optimista volvió a llamar. Parecía confiado en que los funcionarios estadounidenses lo enviarían a casa. La familia de Ramos empezó a preparar su regreso. Planeaban hacerle una torta, prepararle su plato de pollo preferido e ir juntos a la iglesia para dar gracias a Dios por traerlo sano y salvo a casa.
Nunca volvieron a saber de él.
La madre de José Manuel Ramos Bastidas, Crisálida del Carmen Bastidas de Ramos, descansa con el hijo de Ramos y su nieto, Jared, en su casa en Venezuela.
Adriana Loureiro Fernández para ProPublica y The Texas TribuneLa esposa de Ramos, Roynerliz Rodríguez, muestra una foto de esposo en su teléfono.
Adriana Loureiro Fernández para ProPublica y The Texas Tribune
El 15 de marzo, un día después de esa llamada, Ramos y más de 230 venezolanos fueron enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT de El Salvador, una de las más conocidas del hemisferio occidental. Sin presentar pruebas contra cada uno de esos hombres, el gobierno los acusó de pertenecer al Tren de Aragua, la banda que nació en una prisión venezolana a la que calificó de organización terrorista.
En los cuatro meses transcurridos desde la deportación masiva, una de las más significativas de la historia reciente, el gobierno de Trump ha revelado pocos detalles sobre los antecedentes de las personas deportadas, a las que llamó “monstruos”, “criminales enfermos” y “lo peor de lo peor”. Varias organizaciones de noticias han informado que la mayoría de los deportados no tenían antecedentes penales. ProPublica, The Texas Tribune y un equipo de periodistas venezolanos de la Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News fueron más allá y descubrieron que los registros del propio gobierno estadounidense demostraban que este sabía que la gran mayoría de los hombres no tenían condenas por delitos violentos en EE.UU. También revisamos los registros de las autoridades en Sudamérica y descubrimos que sólo unos pocos habían cometido delitos violentos en el exterior.
Ahora, un análisis de caso por caso de los deportados, aunado a entrevistas con sus abogados y familiares, revelan una realidad chocante: la mayoría de los hombres no se escondía de las autoridades federales de inmigración, sino que se acogía al sistema de inmigración estadounidense. O bien sus casos estaban en curso, lo cual normalmente debería haberlos protegido de ser deportados, o ya se había ordenado su deportación y las reglas establecen que primero se les debería haber dado la opción de ser devueltos a un país de su elección.
Como el propio Ramos, más de 50 de los deportados utilizaron la aplicación del gobierno llamada CBP One para concertar una cita con los agentes fronterizos e intentar entrar al país. Otros cruzaron de manera ilegal y luego se entregaron a los agentes fronterizos, lo que suele ser el primer paso para solicitar asilo ante un tribunal de inmigración.
Según nuestro análisis, a casi la mitad los deportaron a pesar de que sus casos todavía estaban en proceso. Más de 60 tenían solicitudes de asilo en curso, incluidos varios que estaban a apenas unos días de una audiencia en la que un juez podría haber dictaminado si se les permitiría quedarse. Los jueces o los funcionarios federales dictaron órdenes de expulsión para unos 100, y algunos incluso aceptaron pagar su propio viaje de regreso a casa. Otros, como Ramos, estuvieron detenidos todo el tiempo que pasaron en Estados Unidos. No tuvieron oportunidad de cometer ningún delito en el país.
Por su parte, muchos de los que habían entrado al país con autorización asistían sin falta a sus audiencias judiciales y controles de inmigración. Al menos a nueve personas ya les habían concedido protección temporal (o TPS, por sus siglas en inglés), que permite vivir y trabajar en Estados Unidos a personas procedentes de países afectados por catástrofes u otras circunstancias extraordinarias.
En su gran mayoría, se trataba de hombres que habían seguido las normas del sistema de inmigración del país.
Luego el gobierno de Trump cambió las reglas.
Rodríguez revisa el video de su marido que grabó antes de que lo mandaran al CECOT, una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Alejandro Bonilla Suárez para ProPublica.
Un día antes de las deportaciones a El Salvador, Trump invocó una ley poco utilizada del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros y declaró que el Tren de Aragua estaba invadiendo el país. Los funcionarios del gobierno argumentaron que la declaración les autorizaba a tomar medidas extraordinarias para expulsar a cualquiera que señalen como integrante de la pandilla, y para asegurarse de que no volvieran a ser una amenaza para los Estados Unidos.
Tras las deportaciones del 15 de marzo, el gobierno de Trump procedió a cerrar los casos de inmigración que tenía pendientes. Desde entonces, los jueces desestimaron, archivaron o cerraron más de 95 casos, según nuestro análisis. Estos casos desaparecen de las listas de pendientes, y algunos fueron desestimados apenas horas antes de una audiencia programada.
Michelle Brané, alta funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Biden, dijo que era “muy antiestadounidense” deportar a personas que, en su momento, siguieron las normas vigentes de inmigración. “No se puede decir retroactivamente que esas personas actuaban ilegalmente y castigarlas por eso”, añadió.
Los abogados de los venezolanos han presentado varias demandas contra el gobierno, calificando las deportaciones sumarias de flagrante violación de los derechos de sus clientes. James Boasberg, un juez federal, dictaminó en junio que la medida privaba a los hombres de sus derechos constitucionales y afirmó que su situación era kafkiana. Escribió que los hombres «no tuvieron ninguna instancia para apelar la decisión del gobierno» y que “languidecen en una prisión extranjera por acusaciones endebles, hasta frívolas”.
El gobierno apeló la decisión
Mientras tanto, la madre de Ramos, Crisálida del Carmen Bastidas de Ramos, espera ansiosa cualquier noticia sobre su hijo mayor: “¿Qué estará pensando mi hijo… [Quiero saber] si mi hijo está comiendo bien, si mi hijo duerme. Si está pasando frío. Si está vivo?”
Rodríguez juega con su hijo en su casa en Venezuela. Adriana Loureiro Fernández para ProPublica y The Texas Tribune.
Por ejemplo, dijo que uno de los deportados a El Salvador con TPS admitió ante oficiales estadounidenses que tenía una condena previa por homicidio. Pudimos obtener registros judiciales venezolanos que confirmaban que el hombre había sido condenado y sentenciado a 15 años de prisión por homicidio calificado. McLaughlin dijo que su caso demostraba que bajo la presidencia de Biden se había concedido este estatus migratorio a personas sin investigarlas rigurosamente. Sin embargo, tres funcionarios del DHS durante el gobierno de Biden dijeron que el proceso de investigación se ha mantenido dentro de los mismos estándares en todas las administraciones, incluso durante el primer mandato de Trump. Además, señalaron que hay gobiernos que no comparten información sobre los antecedentes penales de los inmigrantes con las autoridades estadounidenses.
Trump ha decidido retirar la protección del TPS a cientos de miles de personas.
McLaughlin también se refirió al caso de Ramos. Dijo que era un terrorista que fue señalado como un integrante del Tren de Aragua en su cita con CBP One y añadido a una base de datos gubernamental. Su familia niega que tenga algo que ver con la pandilla. Sus abogados afirman en los documentos judiciales que las autoridades estadounidenses lo identificaron erróneamente como pandillero por sus tatuajes y por un informe “sin ningún fundamento” escrito por funcionarios panameños. Un portavoz del Ministerio de Seguridad de Panamá afirmó que no fue posible localizar ningún documento sobre Ramos.
Al menos 163 deportados tenían tatuajes, según nuestro conteo. Los funcionarios policiales expertos en el Tren de Aragua que consultamos, en Estados Unidos, Colombia, Chile y Venezuela, nos dijeron que los tatuajes no son una señal de pertenencia a la pandilla.
Albert Jesús Rodríguez Parra había solicitado asilo y trabajaba en Wrigley Field de Chicago cuando lo detuvieron en noviembre. En marzo fue deportado a El Salvador, donde permanece encarcelado. Cortesía de la oficina del defensor público del condado de Cook.
Días antes de que se lo llevaran, Albert Jesús Rodríguez Parra compareció ante el tribunal de inmigración e intentó convencer a una jueza de que sus tatuajes no implicaban que fuera integrante de la pandilla.
Rodríguez Parra llegó a Estados Unidos con un hermano en 2023, solicitó asilo y se instaló en Chicago. Le dijo a su madre que era difícil encontrar trabajo, pero que había conseguido una máquina para cortar el pelo, había aprendido el oficio y ofrecía sus servicios en la calle. En enero de 2024, lo detuvieron en un Walmart en los suburbios de Chicago por robar comida, detergente para la ropa, shampoo y otros artículos con un valor de unos 1.000 dólares. Se declaró culpable de un delito menor, cumplió una condena de dos días de cárcel y trató de seguir con su vida.
Rodríguez Parra, de 28 años, consiguió un trabajo en los puestos de comida del Wrigley Field, se fue a vivir con su novia y le envió dinero a su madre para que comprara una nevera y una cocina. En noviembre, unos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieron en su apartamento. McLaughlin afirmó que Rodríguez Parra estaba ilegalmente en el país y que era integrante del Tren de Aragua. Rodríguez Parra continuó con su caso de asilo desde un centro de detención para inmigrantes en Indiana.
Le comunicó a su familia que creía que pronto lo pondrían en libertad. Pero a principios de marzo lo trasladaron a una cárcel de Missouri, luego a otra en el centro de Texas y después a otra en Laredo, en el sur de Texas, cada vez más cerca de la frontera. Sus llamadas a casa se llenaron de incertidumbre.
A pesar de los traslados, el abogado de Rodríguez Parra, Cruz Rodriguez, quien trabaja para una pequeña unidad de inmigración en la oficina del defensor público del condado de Cook, en Chicago, dijo que confiaba en los méritos del caso de asilo. El 10 de marzo llegó con optimismo a la audiencia virtual para pedir una fianza para su cliente ante la jueza de inmigración Eva Saltzman.
En la audiencia, un abogado del gobierno le preguntó a Rodríguez Parra sobre un video de TikTok en donde baila al ritmo de un popular clip de audio en el que alguien grita: “Te va a agarrar el Tren de Aragua”. Cerca de 60.000 usuarios de TikTok han compartido el clip hasta la fecha.
Rodríguez Parra se veía incrédulo respecto a la idea de que un pandillero de verdad hiciera un video así. “Ninguna persona que esté en una pandilla lo publicaría en TikTok porque se estaría revelando”, dijo. Los venezolanos han utilizado el clip de audio para ridiculizar la idea de que todos los venezolanos son pandilleros.
El abogado del gobierno también le preguntó a Rodríguez Parra sobre los tatuajes que le cubrían el cuello, los brazos y el pecho: una rosa, un lobo, unas máscaras de carnaval y un ángel con una pistola en la mano. “Me los hice porque en mi país es muy normal tener tatuajes”, respondió. “Cada uno representa una historia de mi vida”.
También lo interrogaron sobre un presunto integrante de la pandilla Tren de Aragua que cruzó la frontera al mismo tiempo que él. Rodríguez Parra dijo que no conocía al hombre.
Al final de la audiencia, le rogó a la jueza que lo dejara en libertad bajo fianza. “Soy una buena persona”, le dijo. “Si yo fuera de una pandilla, no habría pedido asilo. Vengo huyendo de mi país”.
Saltzman desestimó la petición de Rodríguez Parra, citando su condena por hurto, pero le ofreció una luz de esperanza al recordarle que faltaban apenas 10 días para su audiencia definitiva. Si la jueza le concedía el asilo, quedaría en libertad y podría continuar su vida en Estados Unidos.
“No tendrás que enfrentarte a una detención especialmente larga sin fianza”, le aseguró.
Cinco días después, Rodríguez Parra ya no estaba en el país. En la que se suponía que iba a ser su audiencia definitiva de solicitud de asilo, el 20 de marzo, el abogado de Rodríguez Parra se veía abatido. Apenas había dormido. No sabía a donde se habían llevado a su cliente las autoridades, pero había visto un vídeo en Internet en el que se mostraba cómo llevaban al CECOT, a rastras,a unos prisioneros encadenados. El abogado había estado en El Salvador y sabía que el país tenía la reputación de maltratar a los presos. Temía que su cliente corriera la misma suerte.
El defensor sentía impotencia. En la audiencia, interpeló a la abogada del gobierno. “Por el bien de la familia de mi cliente”, le dijo, “¿sabe por casualidad a qué país lo enviaron?”.
La abogada del gobierno no tuvo mucho que decir.
“Manejo la misma información que usted”, respondió. “No tengo más información para proporcionar”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
