El Mañanero de Runrun.es del miércoles 23 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: De los 57 nombres que se han conocido luego que el gobierno de Nicolás Maduro anunció la excarcelación de varios presos políticos el pasado viernes 18 de julio, apenas una mujer figura en lista.
“A pesar de que la cifra de excarcelaciones anunciadas por voceros oficiales del régimen era de 80 personas, hasta el día de hoy no se tiene confirmación de que ese número se haya concretado. Más grave aún, hasta el momento, sólo una mujer ha sido excarcelada y no han liberado a ningún menor de edad. Según registros de organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, más de 90 mujeres y al menos cuatro menores de edad continúan privados de libertad por motivos políticos”, Comando ConVzla.
En semanas pasadas el alcalde del municipio Falcón, doctor Harold Dávila Gómez, anunció públicamente su decisión de no presentarse a la contienda electoral próxima. Gracias a la gestión del médico novopoblano, en 2022 se reinauguró el Complejo Cultural Josefa Camejo –cuya primera apertura se produjo en 1991– reivindicando al inmueble del grave estado de deterioro en el cual se encontraba. Y bajo la dirección de Yoleida de Hernández, primero; y de Iris García, después, se recondujeron sus objetivos a los de la promoción cultural y no a los de centro de irradiación partidista.
En enero de este año cuestionamos a través de redes sociales y ante los encargados del recinto, el que se trasladaran al complejo cultural algunas de las oficinas de la alcaldía ante el corte eléctrico en sus instalaciones. El sitio natural de tal mudanza provisoria debió ser la sede del concejo municipal y no el centro cultural. Eso fue un mal ejemplo, e imitar lo que se había criticado.
Lamentablemente, ni el Instituto de Cultura ni el Instituto de Turismo del Municipio Falcón han podido consolidar su carácter autónomo frente a la alcaldía. A pesar de contar con directivas plurales, integradas por representantes de diversos sectores de la comunidad, siguen actuando y concibiéndose como apéndices de las decisiones y políticas particulares del proyecto del alcalde de turno. Un mal de todo el país.
No hemos sabido organizarnos, ni fortalecer el trabajo cultural y turístico para poder enfrentar imposiciones, arbitrariedades y absurdos de los distintos programas políticos de diverso signo.
Lo preocupante, el temor existente y subterráneo es que vuelva a presentarse la situación del año 2006, cuando la administración de Américo Parra impuso su visión del hacer cultural y hasta modificó la estructura física del Complejo Cultural Josefa Camejo. Haciendo del mismo espacio de reuniones de grupos partidistas afines al proyecto político que rige el país y llenando de propaganda sus paredes.
¿Puede esperarse algo distinto ante la evidente vuelta del chavismo al gobierno del municipio Falcón? Sinceramente esperamos que sí, so riesgo de que se nos señale de ingenuos o pretendidamente ingenuos. Todos debemos tomar conciencia, todos debemos haber aprendido. El gasto económico que representó dignificar esos espacios no es cualquier cosa para el municipio más extenso y más pobre de Paraguaná.
El gasto que representó dignificar esos espacios no es cualquier cosa para el municipio más extenso y más pobre de Paraguaná.
Por tanto, proponemos se nombre una comisión de enlace entre los actuales presidentes del Instituto de Turismo y Cultura, el alcalde Dávila Gómez y el que resulte electo en las elecciones del 25 de julio y sus designados para tales cargos. Comisión de enlace que deberían integrar también el licenciado William Ojeda, director del Archivo Histórico; la doctora Keyla Zea Andrade, presidenta de la Fundación Literaria León Bienvenido Weffer; la licenciada Yoleida de Hernández, de la Fundación Cultural Josefa Camejo y responsable de colecciones bibliográficas depositadas en la Biblioteca Juan C. Esteves; y las directivas de los institutos de turismo y cultura en general. El objetivo: dialogar sobre planes y proyectos culturales que no deben detenerse o modificarse por el cambio de gobierno municipal.
Hablo del Taller Permanente de Pintura, del Taller Permanente de Danza, de las labores de organización del Archivo Histórico, del resguardo a las importantes colecciones de libros y revistas que allí se custodian.
No debe pasar lo de 2006, cuando los nuevos encargados de esas ramas señalaron haber recibido archivos borrados, desordenados y sin continuidad administrativa y de proyectos.
Como comunidad debemos defender el Complejo Cultural Josefa Camejo, este que desde 1991 se constituyó en la casa orgullo de Paraguaná, en nuestra mejor representación ante el país. La cultura trasciende lo pequeño y mezquino, la cultura es encuentro, diálogo, capacidad de las gentes de entenderse para lo trascendente.
En todos los países, en unos más, en otros menos, existen personas desvergonzadas que hacen daño. Lamentablemente, por falta de formación ciudadana, en Venezuela hay muchos y entre ellos los fiscales y jueces se llevan la palma. Nuestro sistema judicial nunca se destacó por actuar conforme a las leyes y al debido proceso, pero generalmente las fallas habían sido por aceptar dinero de culpables de delitos, a quienes dejaban en libertad.
Muchas dictaduras son tan descaradas que, manu militare, encarcelan o desaparecen a quienes consideran enemigos. Otras apelan a fiscales y jueces corruptos para enjuiciar a opositores políticos. La de Maduro se caracteriza por llevar a los tribunales a cualquiera, sea político o que simplemente disienta de su gestión.
El trabajo de fiscales y jueces de Maduro es el de sembrar terrorismo de Estado entre los ciudadanos. La aberrante Ley contra el Odio es uno de sus caballitos de batalla. Se la aplican a cualquiera que les indique Miraflores. Tarek Saab, el usurpador fiscal general, recibe las órdenes, las transmite a los fiscales subalternos y los jueces acatan y cumplen. Periodistas, defensores de derechos humanos, políticos, voluntarios que trabajan para la realización de elecciones, militares percibidos como sospechosos, familiares de personas importantes que no comulgan con el régimen o simples ciudadanos que hacen un chiste o divulgan información por las redes sociales son víctimas sometidas a desaparición forzada, encarceladas, torturadas e incluso dejadas morir por falta de atención médica.
Citar todos los casos no es posible en un artículo y ocasiona malestar en quien esto escribe, ya que mencionamos a los más conocidos y obviamos al resto. Quienes tienen más de 20 años presos por los sucesos del 11 de abril son los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Luís Molina y Héctor Rovaín; acusados sin pruebas por el asesinato del fiscal Anderson, están Rolando y Juan Bautista Guevara. Entre los defensores de derechos humanos podemos citar a Rocío San Miguel y a Javier Tarazona. En el grupo de los 20 periodistas está nuestro apreciado Roland Carreño y Ana Carolina Guaita. Entre los militares, Igber Marín, Juan Carlos Marrufo y Carla Antón Farías.
Los políticos presos están representados por Juan Pablo Guanipa, Williams Dávila y Rodrigo Cabezas, por los sindicalistas está Carlos Alberto Gómez Durán. Por diversas acusaciones que incluyen unos supuestos drones e inventados actos terroristas se encuentran presos Emerlinda Benitez y Josnar Baduel, y por el partido Bandera Roja, Alonso Meléndez.
Por Vente Venezuela, la organización política de la líder de la oposición, están detenidos alrededor de 60 dirigentes u organizadores de la pasada elección en la que resultó electo por abrumadora mayoría Edmundo González. El perdedor Maduro centró su venganza, entre otros, en Catalina Ramos, Henry Alviarez, María Oropeza, Dignora Hernández y Emill Brand.
Cuando llevaba sus hijos al colegio policías encapuchados apresaron a Rafael Tudares. Cometió el grave delito de ser yerno de Edmundo González, presidente electo de Venezuela. En días pasado El Nacional informó que la jueza Yuly Coromoto Durán Gutiérrez sentenció por diez años a las jóvenes Génesis Pabón y Rocío Rodríguez. A ellas las imputaron las fiscales Elda Contreras y Lupe Fernández por incitación al odio terrorismo y traición a la patria. ¿El delito? imprimir unas franelas con las estatuas derribadas de Hugo Chávez después de la elección del 28 de julio 2024. Según declararon las jóvenes, aceptaron un pedido que después supieron era de la policía que fabricó un falso positivo.
Lo citado son unos pocos ejemplos de los desvergonzados que son los fiscales y jueces del régimen de Maduro. Sin duda que esta situación no debe, ni puede perdurar. La justicia se impondrá.
De los 57 nombres de presos políticos que se han conocido, fueron excarcelados el pasado viernes 18 de julio, apenas una mujer figura en lista.
Se trata de Aixa Daniela Boada López, quien estaba recluida en el anexo femenino del Penal Judicial del estado Sucre desde el pasado 1 de agosto de 2024.
Boada López, estudiante de Derecho en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), fue detenida en horas de la madrugada de esa fecha por funcionarios que irrumpieron a la fuerza en el conjunto residencial Villa Acero de Puerto Ordaz, estado Bolívar.
La joven de 19 años fue trasladada al comando de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) en la zona industrial de Matanzas en Ciudad Guayana.
“En este contexto de alta opacidad, informamos que hemos identificado la excarcelación de 57 venezolanos presos por razones políticas, incluyendo una mujer y hemos verificado la liberación de nueve extranjeros”, dijo en un comunicado la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón.
De acuerdo al más reciente reporte de la ONG Foro Penal previo a la excarcelación del viernes pasado, 96 mujeres estaban tras las rejas.
El viernes pasado la administración de Maduro y el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron un intercambio de privados de libertad.
Trump envío a Venezuela a 252 personas que estaban en el Centro de Confinatimiento por Terrorismo (Cecot) en El Salvador a cambio de la liberacion y excarcelacion de 80 detenidos en Venezuela, entre ellos una decena de estadounidenses.
Entre los excarcelados se encuentran el dirigente político, exdiputado y exgobernador de Mérida, Williams Dávila; el exalcalde del Municipio Sifontes, Carlos Chancellor; Jordán Sifuentes, exalcalde del municipio Mejía de Sucre y dirigente de Voluntad Popular; Gregorio Graterol, dirigente de Primero Justicia en Coro; Ángel Aristimuño, dirigente de UNT; Fernando Feo, exalcalde del Municipio Tinaquillo y Ricardo Estévez, cofundador de Súmate.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un país marcado por la represión, el miedo y el desgaste de sus instituciones, el “Libro Gris” ofrece una radiografía crítica del estado de los derechos humanos en Venezuela durante el primer semestre de 2025.
Se trata del tercer informe de la serie elaborada por la iniciativa Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento—precedido por el Libro Negro (enero 2024) y el Libro Rojo (febrero 2025)—, y se inscribe en el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y la instalación de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, pese al amplio desconocimiento de los resultados electorales.
El documento define el momento actual como una “Emergencia Democrática Compleja”: un escenario donde no solo hay represión directa, sino un colapso estructural del Estado de derecho, una sociedad empobrecida como “estrategia de control”, y un miedo generalizado que inhibe la denuncia y la acción colectiva.
Mediante fuentes abiertas, bases de datos propias y testimonios, el informe documenta patrones graves como el exilio silencioso de activistas y la militarización del aparato económico bajo un modelo autoritario con “fachada de crecimiento”.
Contexto y antecedentes
Desde el 28 de julio de 2024 y tras la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, el texto alerta sobre un nuevo gobierno que no cuenta con legitimidad. El informe define este escenario como una “Emergencia Democrática Compleja (EDC)“, un concepto que trasciende la represión clásica y señala una estructura diseñada para desmantelar la democracia desde adentro.
La administración de Maduro, según el informe, “simula institucionalidad” con elecciones y leyes vacías de contenido real. Se consolida así un sistema que bloquea cualquier posibilidad de organización social, disenso o alternancia.
Espacio cívico
Durante el primer semestre de 2025, el informe documenta una “reducción extrema” del espacio cívico en Venezuela. Las manifestaciones pacíficas, según reseñan, fueron “criminalizadas, dispersadas violentamente o bloqueadas” antes de ocurrir. Se registraron al menos 42 detenciones de integrantes de organizaciones políticas y 10 contra periodistas y trabajadores de medios.
La libertad de expresión fue cercenada mediante detenciones, bloqueos digitales, cierre de emisoras y vigilancia constante. El miedo ha generado una autocensura extendida incluso entre periodistas independientes. Se reporta un aumento de casos de semiclandestinidad: organizaciones sociales y políticas se ven forzadas a operar sin presencia pública, sin sedes y sin canales abiertos de participación.
También se intensificó la persecución a defensores de derechos humanos: 16 medidas cautelares fueron otorgadas por la CIDH en respuesta a amenazas o detenciones. Muchos defensores han salido del país sin anunciarlo, por razones de seguridad. Esta salida forzada y silenciosa constituye una nueva modalidad de exilio, donde el costo emocional y el riesgo a las redes de apoyo son determinantes.
Además, el gobierno impulsa figuras como las “comunas” y “consejos comunales” desde una supuesta reforma constitucional, pero en la práctica funcionan como mecanismos de control político, marginando expresiones autónomas de participación ciudadana.
Actuación de grupos de civiles armados (colectivos)
La actuación de los denominados “colectivos” continúa siendo un elemento clave en la estrategia represiva. El informe señala que, lejos de disminuir, su accionar se ha adaptado y sofisticado. Aunque se muestran menos visibles en el espacio urbano, mantienen presencia activa en zonas populares y periféricas, actuando como dispositivos de control social, inteligencia vecinal, amedrentamiento y represión.
Durante el primer semestre de 2025, se documentaron casos en los que estos grupos participaron en la dispersión violenta de protestas, realizaron patrullajes armados en barrios, y coordinaron con organismos de seguridad del Estado. También fueron identificados como responsables de amenazas directas contra líderes comunitarios, sindicales y defensores de derechos humanos.
Los colectivos cumplen roles duales, denuncia la agrupación de ONG: “son agentes de represión y, al mismo tiempo, operadores de asistencia oficialista en sus comunidades” (reparto de alimentos, controles del CLAP o acceso a bonos). Esto genera una dependencia forzada entre sectores empobrecidos y los brazos armados del chavismo.
La impunidad es una constante: no hay investigaciones ni sanciones por estos actos. Por el contrario, en ocasiones y de acuerdo a este informe, los colectivos reciben respaldo público por parte de voceros gubernamentales. Aseguran que su existencia es una pieza central del nuevo esquema de gobernabilidad, donde el Estado comparte y delega el control territorial con grupos paraestatales.
Derechos civiles y políticos
El informe denuncia un “patrón sistemático de violaciones a los derechos civiles y políticos” durante los primeros seis meses del gobierno. El evento electoral del pasado 25 de mayo consolidó un proceso “sin garantías democráticas”, caracterizado por exclusión de candidatos, censura, coacción y uso de recursos públicos.
En paralelo, se registraron 124 detenciones arbitrarias, incluyendo 10 de personas extranjeras, muchas sin orden judicial ni garantías procesales. Al menos 51 casos corresponden a desapariciones forzadas de corta duración. Las condiciones de reclusión son precarias, con denuncias de tortura, tratos crueles y centros de detención clandestinos.
Se documentaron también 4 muertes bajo custodia del Estado y 1 ejecución extrajudicial. En muchos casos se anula el recurso de habeas corpus, lo que profundiza la indefensión de las víctimas. Los familiares enfrentan hostigamiento, obstáculos para acceder a información y una justicia completamente cooptada.
Balance y ruta posible
En sus conclusiones, el “Libro Gris” reafirma que Venezuela atraviesa una “Emergencia Democrática Compleja” inédita en la región y destaca 10 puntos fundamentales:
Pero también, presentó recomendaciones para un “futuro gobierno democrático”, así como unas dirigidas hacia la comunidad internacional:
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Otro muerto bajo custodia del Estado se suma a la lista. Al fatídico registro se incluye desde ahora el nombre de Andrés Bravo Pariaguán de 24 años, quien estaba preso en la cárcel del Rodeo II en el estado Miranda y falleció el 20 de julio.
Bravo estaba encarcelado desde hacía cuatro años y su juicio nunca empezó. Fue detenido en el mes de julio del año 2021, en el marco del operativo de seguridad denominado Gran Cacique Guaicaipuro, que se realizaba con el fin de combatir el accionar de las bandas delictivas que operaban en la Cota 905 y sectores adyacentes.
Según testigos, Bravo regresaba a su casa luego de realizar una diligencia, cuando fue detenido por funcionarios encapuchados sin que mostraran una orden judicial y sin que estuviese cometiendo delito alguno. El colectivo de derechos humanos Surgentes denunció que en las primeras de cambio no se informó el lugar de detención de Bravo ni se le permitió comunicarse con sus familiares hasta después de su audiencia de imputación.
Surgentes también expuso que en la audiencia preliminar fue pasado a juicio, sin que se hubiesen promovido pruebas ni testigos.
De acuerdo al colectivo, el juicio inició año y medio después de la audiencia preliminar y estuvo plagado de diferimientos debido a la ausencia de órganos de prueba y supuestas enfermedades de la jueza. Después de que la jueza fue destituida en junio de 2024, el juicio debió empezar desde cero.
En medio del retardo procesal y las deplorables condiciones de reclusión, la salud de Bravo empezó a deteriorarse, contrajo tuberculosis y una infección en el sistema nervioso central.
Cuando ya se encontraba en estado de semiinconsciencia y con signos avanzados de la enfermedad fue finalmente trasladado a un centro hospitalario.
La organización Surgentes denunció que en enero de 2023, el joven José Félix Maiz murió en circunstancias similares bajo custodia del Estado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó la noche del 21 de julio que el periodista José Gregorio Camero, detenido el 3 de agosto de 2024 en Valle de la Pascua, estado Guárico, fue excarcelado con “medidas cautelares sustitutivas de libertad”, entre ellas, presentación ante tribunales cada 30 días y prohibición de salida del país.
El SNTP recordó que Camero había sido imputado por delitos como terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir, cargos que calificaron como “desproporcionados y sin fundamento” y que han sido también imputados contra trabajadores de la prensa en Venezuela.
Antes de su detención, Camero era el conductor del programa radial “Sobre la noticia”, que se transmitía a diario desde el mediodía y hasta las 2:00 p.m. en la emisora Radio Talento 102.7 FM en Valle de la Pascua.
Mientras que el Colegio Nacional de Periodistas agregó que junto a Camero habría sido excarcelado Carlos Rodríguez, con quien el periodista compartía celda.
“Celebramos la excarcelación de uno de los nuestros, pero aún nos faltan 19 por liberar (…) Nos faltan Ramón Centeno,Carlos Rojas,Luis López,Gabriel González,Roland Carreño,Victor Ugas,Biagio Pilieri,Pedro Guanipa,Belises Cubillan,Leandro Palmar,Julio Balza,Angel Godoy,Rory Branker,Juan Alvarado,Gianni González,Nakari Ramos,Mario Chávez,Juan P. Guanipa y Carlos Marcano”, enumeró el cnp.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Al menos 145 fallecimientos registró el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en 2024, según el informe anual que presentó este lunes 21 de julio, titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.
El informe investigó las “condiciones infrahumanas en las cárceles”, así como el “uso ilegal de los centros de detención preventiva y la tortura, represión y aislamiento prologando” de los presos políticos durante el período poselectoral de 2024, según destacó el OVP.
#InformeAnualOVP 149 muertos bajo custodia del Estado en 2024: el sistema penitenciario se consolida como herramienta de represión, tortura y muerte. https://t.co/NZfc1Yz7O9
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 21, 2025
De acuerdo a la investigación, 105 muertes se produjeron en cárceles y 40 enCentros de Detención Preventiva (CDP) o calabozos. 66 de las muertes que se produjeron en prisiones se debieron a la deficiente atención médica y precarias condiciones de salud, lo que equivale al 62,86% de las 105.
Hace dos años hubo 61 muertos en prisiones (31 por enfermedades), por lo que en 2024 el incremento fue de 72,13%.
En los calabozos, de los 40 decesos, 23 fueron por deterioro de la salud, ocho por causas violentas, seis presuntos suicidios y de tres no se sabe la causa.
El mayor número de fallecidos en CDP fue en el estado Zulia con 11, de los cuales 10 fueron por complicaciones de salud.
De acuerdo al OVP, desde 2017 han fallecido 560 privados de libertad debido a condiciones de salud, las principales enfermedades son tuberculosis, enfermedades respiratorias y gastrointestinales.
Solo 11 estados con prisiones operativas
Según la investigación del OVP, Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión entre penitenciarios, internados judiciales, anexos femeninos y calabozos. 35 son masculinos, hay 16 anexos femeninos y existe una cárcel exclusiva para mujeres: el INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina) en Los Teques, estado Miranda. De los 52 recintos, 34 están operativos y el Estado ha cerrado 18.
Únicamente en 11 estados del país hay prisiones operativas, lo que representa un 47,83%.
De los privados de libertad, 20.050 son hombres y 1.969 mujeres. Hay 450 presos extranjeros, de los cuales 431 son hombres y 19 mujeres.
Presos políticos y contexto poselectoral
De acuerdo al OVP, en enero de 2024 había 250 presos políticos. En la actualidad el Foro Penal Venezolano reporta más de 800 debido a las confirmadas 57 excarcelaciones producidas a partir del viernes 18 de julio en el marco de una negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos que produjo la liberación de 252 personas del Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
El informe expone que la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda se ha convertido en el “mayor centro de tortura” luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El informe detalla las condiciones infrahumanas en ese centro de reclusión, entre ellas, que los presos permanecen en celdas solitarias de 2×2 metros, sin ventilación, en la que solo hay una cama de cemento, una colchoneta -de goma espuma- y una letrina. Los presos son sometidos a aislamiento prolongado con cero contacto físico, la alimentación no es suficiente, ni balanceada. En el lugar, la actividad física es además limitada y están propensos a contraer enfermedades bacterianas, gastrointestinales y de la piel. Denuncian además que hay presos políticos que tienen hasta 15 días continuos con diarrea, otros con hongos en los pies, con pérdida de peso y deterioro de su salud mental.
El OVP recuerda que en 2024 que tres presos políticos murieron en cautiverio: Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Alvarez y Osgual Alexander González y destacan que 22 presos políticos han muerto en prisión desde 2015, siendo 2019 y 2024 los años donde se alcanzó un mayor pico con cuatro fallecimientos, respectivamente.
La investigación también concluyó que 158 adolescentes fueron detenidos en el contexto de la represión poselectoral, muchos de los cuales transitaban por las calles o estaban en sus casas. Denuncian que durante el tiempo de reclusión los adolescentes sufrieron torturas, golpes y asfixia con bolsas lacrimógenas y que fueron obligados a grabar confesiones falsas “bajo coacción”.
Tratos crueles y negativa al voto
Golpizas, encierros en celdas de castigo, exposición prolongada al sol, restricciones al agua y alimentos, desnudez forzada y aislamiento fueron algunos de los tratos crueles, inhumanos y degradantes denunciados por los familiares de los privados de libertad en 2024.
Familiares manifestaron que se producen requisas violentas, tortura psicológica y que en los llamados “Tigritos” los presos pueden pasar hasta 15 días sin agua ni comida por 24 horas.
De acuerdo al reporte del OVP, solo 9,21% (1900 personas) de la población penal votó en las elecciones presidenciales del 28J, incumpliendo lo establecido en los artículos 63 y 19 de la Constitución Nacional, que rezan que el sufragio es un derecho.
Según la ONG, 42 863 privados de libertad tenían derecho a votar el año pasado.
Aumenta la cifra de heridos
En 2024 se registraron 35 heridos en las prisiones venezolanas producto de requisas, motines, represión y enfrentamientos entre reclusos, 10 más que en 2023.
17 de ellos fueron por arma blanca, siete por perdigones, cuatro por objetos contundentes, cinco por armas de fuego y dos se descompensaron debido a una huelga de hambre.
En los CDP hubo 39 heridos por represión, violencia intercarcelaria y accidentes relacionados con condiciones precarias.
También en los calabozos se produjeron ocho huelgas de hambre y en junio de 2024 se llevó a cabo una protesta general en más de 30 CDP.
En las cárceles se llevaron a cabo cinco huelgas de hambre con 50 000 personas involucradas. Además se contabilizaron siete motines y se fugaron 75 personas.
De los calabozos se fugaron 21 personas en 2024, 20 fueron hombres y una mujer.
De esa cantidad, 13 permanecen prófugos, cuatro fueron recapturados y cuatro fallecieron durante la recaptura.
De los albergues para menores se escaparon 36 hombres, de 25 no se sabe su paradero y 11 fueron recapturados.
Hacinamiento crítico
Por octavo año consecutivo, el OVP registró cifras de hacinamiento críticas, en esta ocasión con 145,85%.
Según el informe, los niveles de hacinamiento en algunos centros penitenciarios superan el 200%.
En el “Marite” en el estado Zulia el hacinamiento es de 355,5%, en el Rodeo III en Miranda es de 270%, en el Rodeo II tambien en la entidad mirandina es de 262,2%, en Puente Ayala en Anzoátegui es de 212,7%, en el Internado Judicial de Barinas es de 210,4% y en el David Viloria de Barquisimeto es de 195,3%.
De acuerdo a la investigación, la capacidad del sistema penitenciario es de 26.238, mientras que la capacidad real operativa es de 15.096. Se calcula que la población penitenciaria actual es de 22.019 presos.
Según estándares internacionales, una celda para cuatro personas debería medir 10 metros cuadrados, en Venezuela los presos disponen de menos de un metro cuadrado para moverse, sentarse o dormir.
Retardo procesal y alimentación
La investigación del OVP reveló que de los privados de libertad en Venezuela, 12 110 personas están procesadas y 9.909 tienen condenas, lo que evidencia un retardo en los tribunales. El informe detalla que existe una mayor proporción de detenidos sin sentencia firme.
Asimismo, en la investigación se denunció la escasez de proteínas, vegetales y frutas en la dieta diaria de la población penitenciaria en Venezuela. Indican que la alimentación de los presos en Venezuela se basa básicamente en harinas, arroz, granos y pasta.
En la cárcel de La Planta desde hace tres meses no comen proteínas y deben pagar hasta 10 dólares para que les suministren alimentos porque tienen suspendidas las visitas.
Los familiares de los detenidos poselectorales denunciaron que los alimentos que entregaban se los daban a los reclusos en mal estado con cabello, gorgojos y hasta uñas.
De acuerdo al informe, en promedio, los presos han perdido entre 10 y 15 kilogramos debido a la pésima alimentación.
Pranes
Pese a la denominada “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” efectuada en 2023, el año pasado el gobierno anunció la captura de 17 pranes en el Complejo Penitenciario de Oriente, “El Dorado”, lo mismo en el Centro para Procesados “26 de julio” en Guárico con 76 supuestos líderes negativos detenidos.
De las siete prisiones intervenidas el ano pasado por el gobierno, solo Tocorón y Tocuyito han sido reabiertas, principalmente para albergar a detenidos después de las protestas de las elecciones del 28J.
Por su parte, el Rodeo I, que fue desalojada en 2018, albergó a presos políticos que estaban en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Recomendaciones
Entre las recomendaciones que da el OVP al gobierno de Maduro y a los organismos internacionales destacan garantizar el acceso a la salud en los centros penitenciarios, investigar las muertes, velar por la alimentación, mejorar la infraestructura carcelaria, acabar con el hacinamiento, garantizar el acceso de organizaciones de derechos humanos a las prisiones y calabozos y liberar a los presos políticos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
