La Premio Nobel de la Paz 2025 recibió el premio Concordia Leadership Award 2026 por su labor al frente del movimiento democrático en Venezuela y su defensa de los derechos humanos. A través de un mensaje pregrabado y transmitido en video, Machado manifestó su “profunda gratitud”, en nombre de los millones de venezolanos que durante años han librado una valiente lucha por la libertad y la democracia.
La líder venezolana María Corina Machado sostuvo que “la autocracia chavista no es simplemente otra dictadura; es una empresa criminal” y dedicó buena parte de sus palabras a describir la situación venezolana de las últimas décadas. Mencionó elecciones que calificó como “robadas”, expropiaciones, hiperinflación, el éxodo de venezolanos y la represión de protestas, así como casos de tortura y muertes de jóvenes. A su juicio, la resistencia venezolana ha sido una lucha cívica sostenida que durante años fue incomprendida fuera del país.
Machado sostuvo que uno de los primeros pasos para enfrentar al régimen fue combatir lo que calificó como sus “mentiras”. Según afirmó, el movimiento opositor construyó una organización cívica de base para documentar lo ocurrido durante las elecciones venezolanas y mostrar la voluntad de los ciudadanos.
La dirigente recordó la organización de elecciones primarias nacionales y afirmó que, durante las elecciones presidenciales, el movimiento enfrentó presiones y amenazas. “Derrotamos al régimen abrumadoramente en las urnas, demostrando nuestra victoria más allá de toda disputa”, sostuvo.
Resolución militar inevitable
Machado también afirmó que, tras las elecciones, el régimen de Nicolás Maduro desencadenó una campaña de persecución y aseguró que más de 2.000 venezolanos fueron encarcelados por participar. Añadió que cientos fueron torturados y que algunos murieron en prisión.
En otro tramo de su discurso, Machado afirmó que la situación venezolana llegó a un punto en el que fue necesaria una “resolución militar” y señaló que posteriormente el gobierno de Estados Unidos y sus fuerzas armadas intervinieron. Según su declaración, esa acción llevó a que Maduro enfrentara la justicia.
“Gracias a los valientes estadounidenses que arriesgaron sus vidas para capturar al dictador, mi país tiene ahora una oportunidad genuina de recuperar su libertad de una vez por todas”, afirmó. Sin embargo, inmediatamente señaló que esa oportunidad “es real, no está garantizada” y que dependerá de los venezolanos hacerla realidad.
Machado también reivindicó una relación estrecha entre Venezuela y Estados Unidos. Afirmó que los venezolanos ven a ese país como “mucho más que un aliado estratégico” y lo describió como “una nación hermana” con la que Venezuela comparte valores e intereses.
La líder venezolana cerró su discurso afirmando que la reconstrucción de la república será responsabilidad de los ciudadanos y comunidades, en coordinación con Estados Unidos y los países latinoamericanos. “El destino de este continente, desde el momento en que surgió en la historia, ha sido la libertad”.
“Ha mantenido una convicción muy clara”
El reconocimiento de María Corina Machado fue recibido por su hija Ana Corina Sosa, quien señaló que durante casi 30 años, a los venezolanos se nos ha dicho qué no es posible. Que nuestro país estaba demasiado dividido. Que los millones de personas que se habían marchado no regresarían a casa. Que un régimen que controlaba nuestros vastos recursos y nuestras instituciones era demasiado poderoso para ser derrotado
En sus berve discurso, Sosa recordó que Machado “ha mantenido una convicción muy clara: que la mayor fuerza para el cambio en Venezuela siempre ha sido su gente” y que hace más de 20 años, cofundó Súmate a partir de una idea muy sencilla: que nuestro futuro no podía ser decidido por otros. Que los venezolanos tenemos derecho a votar, derecho a elegir y la responsabilidad de defender esa elección.
Durante años, defendió causas mucho antes de que fueran ampliamente aceptadas. Y muchas veces estuvo sola. Calificó al régimen venezolano como un Estado criminal cuando muy pocos se atrevían a decirlo.
Sosa hizo un recorrido por momentos clave de la vida política de Machado como cuando se enfrentó directamente a Hugo Chávez en la Asamblea Nacional; habló de la dignidad del trabajo y rechazó un sistema que intercambiaba dádivas del gobierno y favores por una lealtad incuestionable. “A mi madre la llamaron extremista, radical y loca. Fue agredida, perseguida y detenida. Pero nunca cedió”, dijo.
Finalmente se refirió al 28 de julio, y señaló que en todo el país, “ciudadanos comunes se organizaron para defender el proceso electoral. Permanecieron en los centros de votación. Recogieron las actas. Las protegieron. Y juntos preservaron el registro de lo que los venezolanos habían elegido ese día”.
“El trabajo no ha terminado. Todavía no somos libres”, finalizó.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 22 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo:la dosis fuerte de información para abrir los ojos
Frente a la crítica internacional, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó a Nueva York el 21 de septiembre. Fue recibida por el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y su visita estará enmarcada en la 81.ª Asamblea General de la ONU.
Hoy se espera una protesta en contra de la visita de Rodríguez a Estados Unidos, mientras la representante del Partido Socialista Unido de Venezuela mantiene el amparo del gabinete de Donald Trump.
«Esos son espacios obsoletos totalmente, pero son espacios que no podemos abandonar», dijo Diosdado Cabello, Ministro de Interior, Justicia y Paz, sobre la visita de Rodríguez a Nueva York. «[La ONU] se ha convertido en una cosa inútil».
El humorista gráfico argentino Miguel Ángel Dobal tenía una tira con el nombre de este artículo. Dibujaba dos escenas, en la primera plasmaba lo que sucedía y, en la segunda, mostraba un detalle que faltaba y que determinaba el desenlace. En relación con la elección presidencial en Venezuela, algunos interesados, como el presidente Trump, pero también otros bien intencionados, predican que todavía no están dadas las condiciones para realizarla. ¿Será que no toman en cuenta el detalle que faltaba?
Solo un nuevo gobierno puede recuperar a Venezuela
El chavismo, madurismo y delcismo destruyeron todos los sectores. Algunos dirán que Delcy Rodríguez, con la ayuda de su tutor, puede iniciar la reconstrucción, pero el detalle faltante es que ella solo tiene un equipo experto en demoliciones. El nuevo gobierno sí dispone de recursos humanos calificados y tiene un plan para reactivar la economía, reparar las instituciones y recuperar la infraestructura.
Necesitamos acuerdos petroleros
Evidentemente, requerimos que vengan empresas petroleras grandes y medianas, que aporten inversión y tecnología. El detalle a tomar en cuenta es que se debe proceder como en la apertura petrolera de los años noventa, con transparencia. Quizá las grandes, como ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, British Petroleum, Total o Equinor, no requerirían que se abran licitaciones, sino que podrían establecerse acuerdos transparentes.
Quienes están en el poder han tildado a los opositores de saboteadores y corruptos. El detalle que faltaba es que una de las tareas del régimen es sembrar cizaña y desacreditar a los opositores. Por su parte, algunos opositores acusan a otros de colaboracionistas y de defender solo sus parcelas, sin tomar en cuenta el elevado número de dirigentes que han estado presos o exiliados. Cierto que hay de todo un poco, pero tenemos dirigentes honestos y competentes para sacar al país del marasmo.
Un nuevo gobierno sí tendría control de la Fuerza Armada
Está claro que los incondicionales del régimen son los que han ascendido sin mérito, los corruptos y los violadores de derechos humanos. El detalle que faltaba es que no son mayoría, como evidenciaron las actas recabadas en los centros donde votaron mayoritariamente militares en la elección presidencial del 28 de julio de 2024 que ganó Edmundo González Urrutia.
Otro detalle faltante es que en la Fuerza Armada priva la obediencia. Con algunos cambios, no debería haber insubordinaciones. Según Foro Penal, de 344 presos políticos, el 41,8 % son militares. Previa evaluación de cada caso, unos pocos de los que están o han estado presos o han sido dados de baja arbitrariamente podrían volver al servicio activo.
Los paramilitares, mal llamados colectivos, no constituyen una amenaza:
Desde luego, están armados y algunos son peligrosos. El detalle que falta considerar es que son asalariados del régimen. Cuando se les suspenda la mesada, la mayoría dirá adiós a las armas. Quizá alguno que otro se convierta en asaltante, situación que deberá controlar la policía. En caso necesario, los militares pueden meterlos en cintura, ya que no aceptan a civiles armados.
Cambiar los magistrados del TSJ y a rectores del CNE es lo procedente:
Aunque Edmundo González Urrutia le ganó a Maduro en condiciones peores que la actual, no pueden descartarse nuevas triquiñuelas. Ya se evidenció que el nuevo TSJ no será electo de acuerdo a la Constitución. El objetivo del régimen es retardar la elección presidencial. Mientras tanto, la gente requiere alimentarse con la esperanza de que un nuevo gobierno solucionará los problemas más acuciantes.
Con observadores electorales de la OEA, de la Unión Europea y de otros organismos confiables, al régimen se le hará cuesta arriba cambiar los resultados. El liderazgo opositor deberá evaluar si es conveniente o no esperar tener condiciones de acuerdo a la Constitución o correr el riesgo de tener la elección presidencial lo antes posible. Algo fácil de lograr es que en el exterior se vote sin necesidad de exigir residencia permanente.
Conclusión
Algunos predican que debemos aspirar a tener elecciones pulcras, como en los países escandinavos o en Suiza. El detalle a considerar es que las encuestas indican que requerimos una elección presidencial lo antes posible. Demorarla no se justifica y puede ser peligroso. El liderazgo opositor debe evaluar qué es lo conveniente, sin dejarse presionar por el tutor. Como diría Cantinflas: ahí está el detalle.
Abogado y empresario detenido por encapuchados (¿del Sebin?), manos en la espalda con esposas que le ocasionaban dolor, encerrado e incomunicado varias horas en condiciones de hacinamiento (¿en el Rodeo?), trasladado en horas nocturnas, sin avisar a su abogado, dieciocho días preso, pagó fianza elevada, ¿en Venezuela, Cuba o Nicaragua? ¡No, en Florida!, detenido por agentes encapuchados del ICE. Introdujo petición de asilo en 2018, por lo que estaba legal. Lo entrevistó Francia Sánchez, bajo el supuesto nombre de José, por temor a represalias. Esa es la situación de muchos compatriotas y de otras nacionalidades. ¡Cómo se ha deteriorado la democracia estadounidense bajo la presidencia de Trump! Callar no es una opción.
¡No más presos políticos ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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El acuerdo energético anunciado el 28 de agosto entre Estados Unidos y Venezuela ha generado tanto entusiasmo como profunda preocupación. Según los términos anunciados, North American Blue Energy Partners (NABEP), una poco conocida empresa energética estadounidense-venezolana fundada en 2024, operaría diecisiete campos petroleros venezolanos que contienen aproximadamente 65 000 millones de barriles de reservas probadas, respaldada por hasta 100 000 millones de dólares de inversión privada.
Aunque los contratos siguen sin publicarse, una disposición resulta particularmente trascendente: el Gobierno estadounidense adquiriría una participación del 35 % en la casa matriz de NABEP. Washington también tendría derecho a comprar el 20 % de su producción al costo y recibiría preferencia sobre el resto. Los yacimientos continuarían siendo propiedad de Venezuela y NABEP actuaría como operadora privada. Sin embargo, Washington pasaría a ser no solo un socio diplomático, sino también un inversionista y comprador privilegiado dentro del negocio petrolero venezolano.
¿Qué ocurre cuando una potencia extranjera se convierte en accionista del desarrollo de los recursos naturales de otro país? La historia sugiere al menos dos caminos posibles. La Ley de Hidrocarburos venezolana de 1943 demostró que los intereses energéticos estadounidenses podían coexistir con un marco petrolero más equitativo y una reforma política gradual. Irán, por el contrario, advierte cómo los intereses comerciales y geopolíticos extranjeros pueden imponerse sobre las instituciones democráticas y la soberanía nacional.
La Anglo-Persian Oil Company y el consorcio de 1954
La Anglo-Persian Oil Company, posteriormente Anglo-Iranian Oil Company y finalmente BP, surgió de la vasta concesión petrolera otorgada al financista británico William Knox D’Arcy en 1901. En 1914, el Gobierno británico adquirió una participación del 51 % en la compañía. APOC se convirtió después en una importante fuente de ingresos fiscales, energía para el mercado interno y combustible a precio reducido para la Marina Real. Sus intereses comerciales se hicieron cada vez más difíciles de separar de los del Estado británico.
Los sucesivos gobiernos iraníes procuraron obtener mayores ingresos y un control más amplio sobre su petróleo, pero la resistencia británica persistió. El intento por romper definitivamente el dominio del Reino Unido sobre el sector de hidrocarburos provino de Mohammad Mosaddegh. Nacionalista constitucional, buscó preservar las relaciones con Occidente mientras afirmaba la soberanía iraní sobre el petróleo del país. En 1951, su gobierno nacionalizó la industria. Gran Bretaña respondió mediante presiones jurídicas y económicas y un boicot que paralizó la capacidad de Irán para vender su petróleo. La administración Truman intentó inicialmente mediar, pero las compañías estadounidenses también temían el precedente internacional que podía sentar una nacionalización exitosa.
Bajo Eisenhower, la crisis quedó cada vez más entrelazada con el temor de que la parálisis económica y la inestabilidad política empujaran a Irán hacia la Unión Soviética. Funcionarios británicos y estadounidenses terminaron concluyendo que un arreglo petrolero sería improbable mientras Mosaddegh permaneciera en el poder. Fue derrocado mediante un golpe respaldado por británicos y estadounidenses en 1953, tras el cual el general Fazlollah Zahedi se convirtió en primer ministro y la autoridad del sha se expandió progresivamente.
El petróleo iraní regresó a los mercados mundiales bajo un consorcio creado en 1954. Aunque Irán conservó la propiedad jurídica de los campos y las instalaciones por medio de la National Iranian Oil Company (NIOC), y recibió el 50 % de las ganancias netas del consorcio, las compañías del consorcio controladas por extranjeros administraron la exploración, la producción y la refinación, mientras sus miembros compraban y comercializaban el petróleo. La nacionalización sobrevivió, por tanto, en el título jurídico y en la distribución de ingresos, pero no en el control efectivo de las operaciones. BP recibió el 40 % del consorcio; cinco compañías estadounidenses se repartieron otro 40 %; Shell obtuvo 14 % y una empresa francesa recibió el porcentaje restante. El Gobierno británico mantuvo su participación en BP.
El caso iraní ilustra cómo las preocupaciones geopolíticas de un gobierno extranjero pueden imponerse sobre las prioridades democráticas y el Estado de derecho. La participación estadounidense en NABEP plantea preguntas similares. Si un futuro gobierno democrático venezolano intentara revisar el acuerdo, ¿consideraría Washington ese esfuerzo como un ejercicio legítimo de la soberanía venezolana o como una amenaza contra un activo estadounidense? ¿Podría la protección de la inversión llegar a ser más importante que el respaldo al cambio político?
Sin embargo, Irán constituye una advertencia, no un hecho consumado. Washington tendría una participación minoritaria en la casa matriz de una operadora responsable de diecisiete campos, mientras Gran Bretaña controlaba una compañía con acceso casi exclusivo al petróleo iraní. NABEP coexistiría con otros operadores y la ley venezolana reserva a la república la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. Estados Unidos, actualmente el mayor productor de petróleo del mundo, también depende mucho menos del crudo venezolano que Gran Bretaña del iraní.
La alternativa venezolana
La propia historia petrolera de Venezuela ofrece un precedente diferente. En 1941, el presidente Isaías Medina Angarita inició negociaciones con compañías estadounidenses y británicas para promulgar una nueva ley de hidrocarburos. Su gobierno buscaba mayores ingresos, más refinación dentro de Venezuela y una participación más amplia de los venezolanos en la industria. La nacionalización no era el objetivo de Medina; aspiraba a establecer una relación más ventajosa con el capital extranjero. Sin embargo, las negociaciones se estancaron debido a la resistencia de los representantes de las compañías extranjeras frente a importantes demandas gubernamentales, lo que planteó la posibilidad de un enfrentamiento semejante al que había llevado a México a nacionalizar su industria petrolera en 1938.
Los incentivos geopolíticos que enfrentaba Washington eran, sin embargo, muy distintos de los que encontraría en Irán una década más tarde. Durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela era una fuente crucial de petróleo para el esfuerzo bélico aliado, mientras los submarinos alemanes amenazaban las rutas de abastecimiento del Caribe. La administración Roosevelt quería que la producción continuara y aumentara. Su política del buen vecino también favorecía la cooperación y la no intervención en América Latina. La postura de Washington no era altruista: el acceso al petróleo venezolano seguía siendo su principal preocupación. No obstante, los funcionarios estadounidenses entendían que un acceso confiable requería un acuerdo estable que Caracas también pudiera considerar beneficioso.
Por ello, los gobiernos estadounidense y británico alentaron discretamente a las compañías petroleras de capital estadounidense y británico a adoptar una posición más conciliadora. La amenaza de expropiación, el recuerdo de México y los cambios dentro de la dirección de las compañías también ayudaron a romper el impasse. La resultante Ley de Hidrocarburos de 1943 aumentó los ingresos de Venezuela y fortaleció la supervisión estatal, al tiempo que otorgó a las compañías extranjeras seguridad jurídica y acceso a largo plazo a las reservas del país. Los gobiernos posteriores incrementaron la participación del Estado, hasta establecer la célebre fórmula de reparto de ganancias 50–50, incrementado la participación estatal en las siguientes décadas.
El petróleo no produjo la democracia. Venezuela continuó siendo un país políticamente restringido bajo Medina, un reformista que amplió las libertades políticas sin establecer una democracia plena. El camino del país hacia un gobierno democrático fue posteriormente interrumpido por golpes de Estado y una dictadura, antes de que la democracia finalmente se afianzara en 1958 y perdurara durante las últimas décadas del siglo. Aun así, el arreglo petrolero permitió a Venezuela desarrollar ingresos públicos, experiencia regulatoria y capital humano sin asumir todo el costo financiero y el riesgo operativo del desarrollo de la industria. Las compañías extranjeras formaron a ingenieros y gerentes venezolanos, expandieron la refinación nacional y consideraron cada vez más la legitimidad local como una condición necesaria para su supervivencia a largo plazo. Los gobiernos posteriores pudieron modificar progresivamente las reglas sin desmantelar la propia industria.
Esa experiencia sugiere un camino más constructivo para el acuerdo actual. Washington podría utilizar su influencia para proteger un arreglo opaco y a las autoridades que lo firmaron, sembrando las semillas de una futura reacción nacionalista. Alternativamente, podría emplear esa influencia para apoyar la reconstrucción institucional y la apertura democrática de Venezuela. La administración Roosevelt no creó la democracia en Venezuela, pero su diplomacia del buen vecino consideró el reformismo de Medina y un marco petrolero más equitativo como compatibles con los intereses estadounidenses.
Washington podría desempeñar hoy un papel similar al reconocer que la transparencia, el pluralismo político y una ruta creíble hacia elecciones libres fortalecerían su inversión en lugar de ponerla en peligro. Eso exigiría publicar los contratos operativos, someter la producción y los ingresos a auditorías independientes, fortalecer las instituciones regulatorias y políticas y preservar la competencia entre operadores privados. Sobre todo, Estados Unidos debería reconocer el derecho de un futuro gobierno elegido democráticamente a revisar y renegociar el acuerdo sin considerar automáticamente esa actuación como una expresión de hostilidad hacia los intereses estadounidenses.
Todavía es demasiado pronto para determinar qué camino seguirá la nueva relación. El acuerdo es lo bastante inusual como para que la historia no pueda ofrecer un pronóstico exacto. Pero sí ilumina las decisiones que podrían presentarse. Si Washington llega a considerar el cambio democrático como un peligro para su participación comercial, Venezuela podría repetir algunos de los rasgos más perjudiciales de la experiencia iraní. Si, en cambio, entiende que las instituciones legítimas, la capacidad nacional y una distribución justa de los beneficios constituyen fundamentos de la seguridad energética, el acuerdo podría asemejarse a la evolución negociada de la industria petrolera venezolana durante el siglo XX.
El acuerdo debería juzgarse, por tanto, no solo por el capital que atraiga, sino también por el tipo de orden político y económico que contribuya a crear. Podría convertirse en un incentivo para preservar la estabilidad autoritaria o en un instrumento para reconstruir una Venezuela próspera y democrática.
Marcus Golding es Dr. en Historia por la Universidad de Texas en Austin y fundador de Red Historia Venezuela. Su próximo libro, Foreing Petroleum Companies and National Development in Venezuela, 1936-76, será publicado por Bloomsbury en octubre de 2026 | marcus.golding.a@gmail.com
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La declaración de culpabilidad del empresario colombiano Alex Saab ante una Corte Federal de Miami no parece cerrar el caso que durante años ha seguido la justicia estadounidense.
Por el contrario, las condiciones del acuerdo alcanzado con la Fiscalía y los documentos incorporados al expediente abren interrogantes sobre nuevas investigaciones e información que el exministro de Nicolás Maduro podría entregar a las autoridades.
Así lo expusieron en La Conversa con la Luz, Roberto Deniz, periodista de Armando.info, y Gerardo Reyes, director de Investigación de Univisión.
En el espacio de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo, Tal Cual y Efecto Cocuyo, ambos analistas argumentaron que “Saab aliviaría su condena en detrimento del hundimiento judicial de Maduro”.
Deniz comentó a Luis Blanco, director de Runrunes y a Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, que al declararse culpable de cargos de lavado de dinero, Saab podría enfrentar una pena de 20 años de prisión cuando el juez de la causa emita el veredicto en enero de 2027
-Saab solo admite responsabilidad en caso de los CLAP
De acuerdo con Deniz, la acusación por la que Saab se declaró culpable corresponde exclusivamente al esquema relacionado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
“No se trata jurídicamente del proceso por el que fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021 que son las casas prefabricadas”.
El periodista de Armado.info también alertó que en esta ocasión no se está tomando en cuenta la implicación que tuvo Saab en el desvío de barcos petroleros para burlar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
-Acuerdo depende de la información que entregue
Uno de los aspectos centrales es la eventual cooperación de Saab con las autoridades estadounidenses.
Deniz sostiene que el empresario no solo debe entregar 195 millones de dólares en dinero y bienes, sino también aportar información y evidencia que pueda resultar útil para investigaciones que llevan años en territorio norteamericano.
Según el periodista, la relevancia de esa cooperación podría observarse cuando se conozca la sentencia.
“Creo que la productividad de esa colaboración que se inicia ahora, la vamos a ver en función de cuánto se reduzca esa pena”, dijo el periodista solicitado por la justicia venezolana bajo la acusación de instigación al odio debido a sus investigaciones en torno a los negocios de Saab.
-¿Hasta dónde puede llegar la información de Saab?
Para Deniz, Saab podría tener información sobre distintas estructuras financieras utilizadas en operaciones de corrupción.
El periodista mencionó posibles rutas de dinero, paraísos fiscales, cuentas bancarias y billeteras digitales.
“Evidentemente él tiene que aportar ahora información valiosa, evidencia que permita ir por personas que incluso estaban arriba de él cuando trabajaba en el gobierno venezolano”, dijo Deniz.
El periodista señaló a Nicolás Maduro y Cilia Flores como posibles afectados por la cooperación de Saab, aunque no descartó que la investigación alcance a otros funcionarios venezolanos.
-Un documento menciona a Vielma Mora
Uno de los elementos que llamó la atención de Deniz y Reyes fue la aparición en los documentos del caso del exgobernador del estado Táchira y superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ( SENIAT), José Gregorio Vielma Mora.
Deniz explicó que una empresa vinculada a Saab obtuvo un contrato de 340 millones de dólares relacionado con los CLAP mediante Covicerta, una compañía adscrita a la Gobernación del Táchira cuando Vielma Mora estaba al frente de esa entidad.
Según Deniz, los documentos señalan además que Vielma Mora habría recibido sobornos por hasta $17 millones junto con otros actores.
El periodista precisó que hasta ahora el exfuncionario no se ha pronunciado sobre estos señalamientos.
-El petróleo aparece como otra pieza del rompecabezas
Por su parte, Gerardo Reyes puso el foco en la participación de Saab en operaciones relacionadas con el petróleo venezolano, un elemento que, a su juicio, quedó relegado en la investigación.
El periodista explicó que un documento denominado proffer (acuerdo documentado entre fiscales, defensa y acusado sobre hechos vinculados con la declaración de culpabilidad) amplía elementos sobre las actividades atribuidas a Saab.
Sin embargo, destacó que el documento mantiene cautela sobre quiénes eran los clientes, cómo funcionaba el trasiego y cuál era el mecanismo utilizado para lavar el dinero.
-Otra investigación podría estar abierta
Tanto Deniz como Reyes plantearon que la referencia al petróleo podría estar relacionada con una investigación estadounidense que todavía no es pública.
Deniz recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2020 al empresario mexicano Joaquín Leal, a quien las autoridades estadounidenses vincularon con Saab y Álvaro Pulido en operaciones relacionadas con la comercialización de petróleo para evadir sanciones.
Reyes sostuvo que podría existir interés en que Saab entregue información adicional sobre esas operaciones. También planteó que el momento político podría influir en cuándo y cómo se haga pública esa información.
“Yo tengo una sospecha de que está en marcha una investigación sobre el asunto del petróleo. Pero ¿Qué pasa si aparece información que compromete a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez? Tal vez esa información no la vamos a tener de inmediato”, dijo Reyes.
-¿Qué pasó con el dinero del crudo?
Reyes señaló que parte del petróleo venezolano habría sido comercializado sin que los recursos regresaran a Venezuela o a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El periodista mencionó que esos fondos probablemente terminaron en criptomonedas o cuentas bancarias cuya ubicación no se ha establecido públicamente.
El director de investigación de Univisión indicó que la información que entregue Saab podría trascender la acusación por la que acaba de declararse culpable.
-Millones y millones de dólares
Deniz advirtió que se han mezclado las cifras correspondientes a las distintas investigaciones contra Saab.
En los CLAP, el acuerdo contempla la confiscación de 195 millones de dólares, mientras que la acusación anterior relacionada con las casas prefabricadas se refiere a un esquema de lavado de dinero de $300 millones.
Deniz informó que el proceso anterior de Saab quedó cerrado luego del indulto presidencial del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le permitió su regreso a Venezuela en diciembre de 2023, aunque no ocurrió lo mismo con Álvaro Pulido, quien sigue siendo solicitado por la justicia estadounidense.
-Armando.info investigó a Saab antes de su detención
Deniz recordó que Armando.info publicó investigaciones sobre la relación de Saab con los CLAP y con la empresa Group Grand Limited, cuestión por la cual Saab demandó a los editores del medio.
El periodista señaló que en vista de la persecución judicial, los tres editores fundadores del portal web decidieron salir del país. También relató que, mientras Saab era extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos en octubre de 2021, fue acusado de instigación al odio y su familia en Caracas objeto de un allanamiento.
-Un acuerdo que deja más preguntas que respuestas
Para Reyes, el proffer permite conocer nuevos elementos sobre las operaciones atribuidas a Saab, pero también deja interrogantes.
“¿Quiénes compraban el petróleo? ¿Cómo se movilizaba? ¿Qué ocurrió con los recursos? ¿Quiénes participaron en esas operaciones? ¿Qué información está entregando Saab a los fiscales?”, dijo Reyes.
De acuerdo con los periodistas, las preguntas podrían comenzar a responderse a medida que avance la cooperación del empresario con la justicia estadounidense y se conozca la sentencia.
“Por ahora, la declaración de culpabilidad no parece ser el punto final de la historia de Alex Saab. Puede ser, más bien, el comienzo de una nueva etapa de investigaciones”, dijo el director del departamento de investigación de Univision.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Al menos 41 instituciones de la sociedad civil —20 venezolanas y 21 internacionales— han firmado una petición para renovar la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (Misión de la ONU) hasta el año 2028 ante las instancias de las Naciones Unidas. El documento se ha publicado el 21 de septiembre, durante la 81.ª Asamblea General de la ONU a celebrarse en Nueva York.
«Las condiciones que suscitaron la creación de la Misión de la ONU están más presentes que en cualquier otro momento», se lee en el documento. La Misión había publicado un par de días atrás sus hallazgos más recientes, donde concluyen que el sistema represivo venezolano sigue vigente y han detectado el sistema de financiamiento y control del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para crear y fortalecer «los colectivos», grupos de civiles armados destinados a la represión de la ciudadanía.
Las organizaciones coincidieron en que la permanencia de la Misión de la ONU es un paso indispensable para lograr la justicia transicional y la reparación de los derechos humanos de las víctimas.
Además, las organizaciones pidieron que la renovación de la Misión también esté acompañada del reinicio de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Mientras la Misión investiga las violaciones a los derechos humanos, la Oacnudh podría brindar apoyo a la reinstitucionalización del país.
Venezuela sigue en represión
El documento también fue comentado durante el 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra en Ginebra. Allí, el abogado Omar Mora Tosta, representante del Comando Con Venezuela, denunció la necesidad de reinstitucionalizar el sistema de justicia venezolano, controlado por el PSUV.
«Para garantizar una transición a la democracia, deben ser liberados de inmediato y plenamente los más de 400 presos y perseguidos políticos, civiles y militares», afirmó el abogado. «Lamentablemente, muchos de ellos han fallecido».
Mora reiteró que en el país existen tribunales sobre terrorismo «por resoluciones, no por leyes», en los que se criminaliza a los ciudadanos sin el debido proceso judicial. «Todo ello es equiparable al derecho penal del enemigo», dijo.
“La estructura represiva continúa”.
🇻🇪 Así lo advirtió el Dr. Omar Mora Tosta, abogado defensor de presos políticos y miembro del Comando Con Venezuela, durante su intervención ante las Naciones Unidas.
El abogado venezolano enfatizó que las condiciones de reclusión de los presos políticos vulneran el derecho a la vida, y que el Gobierno encargado, bajo el tutelaje de Estados Unidos, aún no han liberado a todas las personas, pese a la publicación de una Ley de Amnistía.
«Con impunidad y sin justicia para las víctimas, no avanzaremos como sociedad», concluyó.
La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó justo este 21 de septiembre a Nueva York para participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU. Diferentes personalidades políticas y defensores de derechos humanos han rechazado su presencia en EE.UU., debido a que ella fue una de las identificadas en el sistema de mando de la represión en Venezuela en el más reciente informe de Misión de la ONU.
El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de septiembre. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo estableció en 1981 y, en 2001, decidió dedicar esta jornada a la no violencia y al alto el fuego. Justo en la nota de prensa oficial de la conmemoración de 2026, la ONU resalta un principio fundamental respecto a este concepto: “La paz es más que la ausencia de guerra; es la base indispensable para afrontar colectivamente los retos de la humanidad. Es la experiencia vivida de la seguridad, la dignidad, las oportunidades y la cooperación en nuestra vida cotidiana”.
🌎 Respetar los derechos humanos 🕊️ Promover la no violencia ⚖️ Defender la libertad, la justicia y la cooperación
Construir la paz es responsabilidad de todas las personas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó también este 21 de septiembre un mensaje en el que destaca que la construcción de la paz pasa por “respetar los derechos humanos, promover la no violencia y defender la libertad, la justicia y la cooperación”.
Las definiciones de lo que significa verdaderamente la paz en un país obligan a hacer una lectura de la situación en Venezuela desde la perspectiva de derechos humanos: ¿qué ocurre cuando no se garantizan la libertad, la participación política, la justicia, las condiciones materiales de vida, los servicios esenciales o una respuesta adecuada frente a una emergencia?¿estamos realmente en paz en el país? Analizamos cinco factores que ponen en duda esa premisa, a partir de las denuncias y datos recopilados por organizaciones y organismos defensores de DD.HH.
La tortura sobrevivió al 3 de enero
La Misión de Hechos de la ONU determinó también que, pesar de los cambios políticos derivados de los eventos de enero de 2026, la práctica de la tortura sigue siendo generalizada en Venezuela. De los 64 nuevos casos documentados solo después del 3 de enero de 2026, el informe identifica patrones de extrema crueldad en prisiones de máxima seguridad e instalaciones militares.
El grupo de investigadores detectó mecanismos de tortura como “la máquina del tiempo” en cárceles El Rodeo I. Los detenidos allídenunciaron confinamientos prolongados dentro de una cisterna subterránea sellada. Otra práctica torturante identificada fue la intubación forzada y descargas eléctricas para forzar confesiones o infligir castigo y la existencia de celdas tipo fosas en la instalación militar Fuerte Guaicaipuro, la Misión investigó el encierro allí de civiles en fosas excavadas bajo el nivel del suelo, donde eran expuestos a frío extremo, privación sistemática de alimentos y tratos degradantes.
Todavía tenemos presos políticos y muertes bajo custodia
La libertad y la dignidad forman parte de las condiciones que la ONU vincula con la paz. Según el más reciente informe presentado en septiembre de 2026 por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la ONU, la cifra estimada de personas que siguen detenidas por motivos políticos en el país se ubica entre 379 y 500 personas.
La Misión advierte que, a pesar de las excarcelaciones de cientos de presos políticos y de una reducción temporal en detenciones de larga duración tras los cambios políticos de enero de 2026, las estructuras represivas, los servicios de inteligencia y las leyes que criminalizan la disidencia siguen vigentes.
Adicionalmente, hasta septiembre de 2026, el Observatorio Venezolano de Prisiones registraba que al menos 29 personas recluidas en cárceles venezolanas habían muerto en custodia del Estado entre abril y septiembre de 2026. De ese grupo, más de 10 han fallecido por problemas de salud no atendidos.
Las elecciones siguen en veremos
Después del controversial resultado electoral del 28 de julio de 2024, los reclamos de la oposición con actas en mano por la victoria de Edmundo González, los señalamientos del Centro Carter que evidenciaron las irregularidades del proceso y la intensa persecución contra los ciudadanos que protestaban contra la anunciada victoria de Nicolás Maduro, llegó el 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de seguridad estadounidenses.
Los ciudadanos aspiraban a que, como dicta la Constitución, la presidencia encargada con el aval de Estados Unidos convocara a unas elecciones como lo contempla la Constitución después del tiempo reglamentario Pero, aunque la paz también implica libertad, justicia y participación, en Venezuela persiste la disputa sobre las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.
Al asumir Delcy Rodríguez la presidencia encargada a inicios de enero de 2026 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se basó en el artículo 234 de la Carta Magna y declaró una “ausencia forzosa” o temporalidad inicial de 90 días, prorrogables por 90 días más. Sumando el periodo inicial y la prórroga permitida para una falta temporal, el límite máximo absoluto bajo esta figura es de180 días, que se cumplieron a principios de julio de 2026. Por lo tanto, el mandato legal era convocar a elecciones presidenciales en un plazo de 30 días, algo que debió ocurrir o cristalizarse plenamente a mediados de ese mismo mes.
Pero las autoridades encargadas del país han repetido el concepto de su tutor, el presidente estadounidense Donald Trump, sobre la imposibilidad de celebrar un proceso comicial presidencial en el corto plazo: que el país “no está en condiciones“. Y así, siguen corriendo la arruga en indica que sí se celebrarán, pero la fecha sigue siendo una incógnita.
Human Rights Watch también señaló el 18 de septiembre pasado que durante la última década las autoridades han impedido que candidatos opositores participen en procesos electorales y que las prácticas de represión han dificultado el ejercicio libre de los derechos democráticos. La organización reclamó elecciones oportunas, libres y justas y condiciones que permitan a los opositores participar.
La inflación continúa erosionando la posibilidad de vivir dignamente
La paz que describe Naciones Unidas también habla de oportunidades y dignidad en la vida cotidiana. Y ahí aparece otra de las grandes deudas venezolanas: el costo de vivir.
El inflaciómetro del Observatorio de Gastos Públicos de Cedice que el costo de la canasta promedio familiar de 61 bienes y servicios alcanzó los 744.176,63 bolívares (940,01 dólares) al cierre de agosto de 2026. Se requieren casi cuatro salarios integrales mensuales para cubrir el consumo básico alimentario y de servicios. Y aunque la inflación se redujo levemente en agosto, la variación acumulada del año es contundente y siguió avanzando hasta ubicarse en 206 %. Por su parte, la inflación interanual (agosto 2025-agosto 2026) se ubicó en 641,35 % en bolívares y en 36,47 % en dólares.
El dato importa porque la inflación no es solamente una estadística económica: cuando los precios avanzan a esa velocidad, se deteriora la capacidad de las familias para cubrir alimentación, transporte, salud, vivienda y otros derechos sociales.
Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) presentada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el 68,5 % de los hogares venezolanos vive en situación de pobreza de ingresos (monetaria). 31,7 % de los hogares se encuentra en pobreza extrema (el ingreso no alcanza para la canasta alimentaria). Mientas que 55 % de la poblaciónestá en condición de pobreza multidimensional, o con carencias para poder costear gastos de servicios, educación, salud y vivienda.
Entre la oscuridad y la sequía
La dignidad de la vida cotidiana también depende de que las personas puedan acceder a servicios básicos: usar electrodomésticos para sus actividades trabajo, estudio y distracción, disponer de agua suficiente, segura y constante para preparar alimentos, aseo del hogar y personal y tener gas para cocinar. En ese sentido, Venezuela es una muestra de que una sociedad puede no estar formalmente en guerra y, sin embargo, vivir lejos de las condiciones que la ONU identifica como propias de una paz sostenible cuando millones de personas enfrentan dificultades persistentes para acceder a agua, salud, electricidad y otros servicios indispensables.
Los reportes más recientes compartidos por ANOVA Policy Research precisan que 70, 2% de los hogares venezolanos son afectados por el colapso de los servicios públicos. La situación refleja un deterioro profundo que golpea tanto el suministro de electricidad como el acceso al agua potable. Mientras que Monitor Ciudad aseguró recientemente que 98% de los hogares venezolanos sufre fallas semanales en servicios básicos como electricidad, agua y gas.
En lo que respecta al agua, Provea, citando diagnósticos de HumVenezuela, documentó en mayo de 2026 que 62 % de la población sufría restricciones severas de acceso al agua potable. Monitor Ciudad destaca la inoperatividad de turbinas en embalses clave a pesar de niveles óptimos que lleva a los ciudadanos a padecer por días y hasta semanas sin el indispensable líquido. ANOVA Policy Research informó recientemente que la proporción de familias que reciben agua por tubería menos de un día a la semanasaltó de 15,4% en 2024 a 22,1% en 2026.
La oscuridad inducida es causa común de quejas y protestas de los ciudadanos. Human Rights Watch señaló esta misma semana que la población venezolana continúa padeciendo apagones de varias horas pueden prolongarse durante días.
Organizaciones como Monitor Ciudadestiman que existe un déficit eléctrico diario de entre 2000 y 2500 megavatios (MW). Mientras en Caracas y Miranda el promedio de interrupción es de pocas horas a la semana, en estados del Occidente y Los Andes como Táchira, Zulia o Barinas los cortes se elevan, y pueden contabilizarse entre 34 y 58 horas semanales sin servicio. Además, un 7% de los usuarios reporta daños en aparatos electrónicos por sobrecargas.
La organización también encontró que los tiempos de espera para recargar una bombona de gas puede ser de 15 a 30 días. En las zonas rurales, los hogares deben apelar a cocinas eléctricas -si los apagones lo permiten- o recurren a cocinar en leña.
El doblete sísmico expuso aún máslas heridas
El 24 de junio, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon Venezuela. Las consecuencias fueron devastadoras. En las primeras horas, vecinos de La Guaira denunciaron falta de equipos especializados y comenzaron ellos mismos labores improvisadas de búsqueda, luego recibieron apoyo de rescatistas y civiles voluntarios provenientes de diversas zonas del país y de grupos internacionales. Todavía a casi tres meses de los sucesos, hay familias que siguen esperando recuperar los cuerpos de los escombros y no hay una cifra oficial de desaparecidos.
Provea, en su balance a un mes de los sismos, concluyó que la emergencia evidenció problemas como ausencia de autoridades durante las primeras horas, opacidad en la información oficial y refugios sin planificación clara. También cuestionó que la militarización de La Guaira y los mecanismos de ingreso establecidos para voluntarios pudieran ralentizar y burocratizar la llegada de ayuda.
Según Transparencia Venezuela, la respuesta oficial fue de solo 12,6 % en las primeras 24 horas y 34,6 % en 48 horas. Por otro lado, la ONG Provea observó presencia armada de funcionarios de la Dgcim, Sebin y Conas en albergues y rutas de La Guaira que representaron obstáculos para ambulancias, voluntariado y cobertura periodística. Aunado a ello, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron que requisitos administrativos vinculados con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) dificultaron recibir y movilizar ayuda humanitaria.
Distintas ONG han denunciado una marcada opacidad y falta de actualización en los datos oficiales sobre las víctimas y la gestión de la ayuda tras el doble sismo. Durante el primer mes las autoridades publicaron cifras díarias, luego de eso, pasaron a un reporte semanal, y desde el 24 de agosto, el gobiernó dejó de informar cuántas personas habían muerto (para la fecha eran 6509 según esos cómputos). También interrumpió la divulgación de cifras sobre viviendas entregadas, personas damnificadas y escombros recogidos.
¿La paz es una deuda pendiente en el país?
La paz, según Naciones Unidas, supone seguridad, dignidad, oportunidades y cooperación. Y los datos disponibles sobre Venezuela muestran presos políticos y denuncias de tortura; restricciones al ejercicio de derechos democráticos; una inflación que sigue deteriorando el poder adquisitivo; fallas persistentes en servicios esenciales; y una emergencia sísmica que dejó miles de muertos, desplazados y pérdidas materiales, además de cuestionamientos sobre la respuesta inicial del Estado.
A propósito de la celebración del Día de la Paz este 21 de septiembre, Acceso a la Justicia reflexionó que en Venezuela “se ha impuesto una ‘paz’ según la concepción del Gobierno, basada en que la población debe resignarse a aceptar arbitrariedades, porque si protesta se activa el aparato represivo del Estado que incluso puede llegar a costar la libertad y la vida”.
A partir de los elementos antes expuestos, el debate sigue abierto: ¿Podemos afirmar que vivimos en paz en Venezuela?
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Solo 18 dominios web han sido desbloqueados de los proveedores de internet en Venezuela de los 177 dominios web que la ONG Conexión Segura y Libre reportó estar bajo la censura del Gobierno venezolano desde el 17 de septiembre de 2026, cuando el Programa para la Convivencia y la Paz informó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) permitiría «el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios digitales y nacionales».
La ONG Espacio Público actualizó este 21 de septiembre su monitoreo digital para informar que solo 20 de los 82 sitios de noticias nacionales e internacionales monitoreados tienen una libertad de acceso digital completa desde Venezuela (24,39 %). Por su parte, el programa VE Sin Filtro, de Conexión Segura, estimó que 15 de 79 sitios web de noticias nacionales e internacionales se han liberado de la censura de Conatel (18,98 %).
Han pasado cuatro días desde que el Gobierno encargado anunció el cese de la censura digital en el país. Sin embargo, Espacio Público denunció que al menos cinco portales de noticias internacionales —como el Wall Street Journal, NTN24 e Infobae— y al menos 14 portales de noticias nacionales —como Tal Cual, ArmandoInfo y El Nacional— siguen bajo censura, especialmente bajo el bloqueo del Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés).
A través del programa OONI Probe, las organizaciones de la sociedad civil monitorean la censura digital en Venezuela. Desde allí, Ve Sin Filtro ha detectado que se sigue bloqueando el acceso 73 dominios web relacionadas con noticias, 10 portales sobre ONG y al menos 5 portales sobre redes sociales.
Las ONG reiteraron que el bloqueo de dominios web es heterogeneo entre los principales proveedores de internet en el país, demostrando, para las instituciones de la sociedad civil, que el gobierno mantiene una lista de sitios a cuáles mantener el bloqueo.
Mientras los portales siguen bloqueados, el Programa para la Convivencia y la Paz espera culminar hoy su segundo ciclo de discusiones para lograr una «transición a la democracia». De acuerdo con Dinorah Figuera, líder de la oposición venezolana frente al chavismo en el Programa, ese ciclo correspondía a la reinstitucionalización de los derechos civiles y políticos en el país.
¿Qué estamos exigiendo? ▶︎ Levantar todos los bloqueos ▶︎ Transparencia sobre cada bloqueo ▶︎ Que se acaben los bloqueos arbitrarios pic.twitter.com/TYUN3yHPT9
