Un grupo de mujeres que forman parte del Comité de Madres en Defensa de la Verdad fueron “golpeadas y atacadas” por presuntos colectivos a las 10:00 de la noche del 5 de agosto, mientras hacían una vigilia en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, para exigir la libertad de sus hijos.

El colectivo de Derechos Humanos Surgentes asegura que más de 50 madres fueron golpeadas por “un grupo parapolicial de unas 70 personas; encapuchadas, con armas de fuego y objetos contundentes; mientras realizaban una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigiendo la libertad de sus hijos.

Aseguran que media hora antes de los hechos violentos, los contingentes de la Policía Nacional Bolivariana y del GAES (Grupo Antiextorsión y Secuestro) -quienes vigilaban la concentración- se retiraron del lugar. Luego, llegaron los presuntos colectivos en motos y a pie, “algunas personas encapuchadas y otras con la cara destapada”.

“Golpearon a las madres y a las personas presentes, incluyendo una madre con un bebé y una mujer embarazada. Robaron carteras, documentos de identidad, teléfonos, llaves, una corneta y varias carpas; arrastrando por el piso a quienes no querían entregar sus pertenencias. El grupo parapolicial empujó a todos los presentes durante cuatro o cinco cuadras, dispersándolo, la mayoría conformado por Madres de distintos estados del país”, relató Surgentes en una nota de prensa.

Asistentes a la protesta compartieron imágenes de un presunto colectivo quien, en las primeras horas de la actividad, comenzó a grabar y tomar fotografías de los manifestantes.

“No nos vamos sin nada, sin que baje la magistrada”, cantaban antes del ataque las madres, pero su exigencia no fue cumplida. Por esa razón mantuvieron la vigilia hasta que se produjo el ataque.

“Hasta las 7:40 p.m. (de la noche del 5 de agosto) la magistrada no ha bajado, no nos ha atendido. Le quisimos entregar un documento pidiendo una audiencia y revisión de los casos, ya que el fiscal dio la orden para la revisión de unos 2000 casos y solo han recibido 1700 casos. No nos han dado respuesta porque dicen que eso no compete aquí y nos tienen en un peloteo. Ya ha pasado un año, y nos tienen a la espera de a libertad de los muchachos que no son delincuentes ni terroristas. Solo nos recibió la doctora Sandra Ziza, consultora jurídica, y la doctora Bárbara Rojas, asistente de la magistrada Elsa (…) Después nos pusieron el sello de recibido aquí en el patio para que nos retiráramos, pero aquí seguiremos pidiendo que haga acto de presencia y nos dé una audiencia para saber qué pasa (…) Si nos recibió el fiscal, ¿por qué ella no nos puede atender? Esta es la cuarta vez que venimos, y nada”, expresó una de las voceras del Comité de Madres en Defensa de la Verdad

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"No nos vamos sin nada, que baje la Magistrada".

Anoche las madres y activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad mantuvieron la vigilia en la sede del TSJ exigiendo la libertad de sus familiares…

— Reporte Ya (@ReporteYa) August 6, 2025

Exigen justicia y denuncian complicidad

Surgentes pidió al Ministerio Público iniciar una investigación inmediata de los hechos en los que resultaron afectadas las madres de los presos políticos, así como a la Defensoría del Pueblo que se pronuncie sobre estas agresiones.

Provea también fijó posición sobre este suceso. Denunció que la “ausencia de resguardo a la manifestación, por parte de los organismos de seguridad, pudo haber propiciado este nuevo ataque a la protesta social“.

“Con la ausencia de atención demostrada hoy por las autoridades del TSJ y la falta de resguardo a los manifestantes pacíficos, por parte de los agentes de la fuerza pública, las autoridades revictimizan a quienes tienen bastante tiempo denunciado serios abusos”, consideraron.

Una fuente cercana a las víctimas informó que tanto la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos como la del coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fueron informadas de estos irregulares hechos.

Por otra parte, Marino Alvarado, activista por los Derechos Humanos, señaló que la “indolencia” de los magistrados del TSJ propició la agresión del “grupo paramilitar pro-gobierno” contra las madres de los presos políticos, ya que “ninguno quiso recibir a las madres”.

“Si se les hubiese atendido las madres se hubiesen retirado (…) La directiva del TSJ también debe adelantar una investigación de la posible complicidad del equipo de seguridad de los magistrados con la actuación de los colectivos en coordinación con el Dgcim. Desde hace más de un mes, un comando del Dgcim custodia el TSJ ¿por qué no actuaron contra los agresores? ¿por que las patrullas de la PNB antiterrorismo se retiraron minutos antes? Todo apunta a una posible coordinación con los funcionarios?”, profundizó.

Alvarado también recordó que una de las investigaciones que adelanta la fiscalía de la Corte Penal Internacional es justamente la actuación de los grupos paramilitares pro-gobierno (colectivos) en los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, así como su “actuación coordinada” con instituciones estatales. Dijo que altos funcionarios del gobierno se reúnen de forma “frecuente” con jefe de grupos paramilitares y que, incluso, se les ha exhortado públicamente a actuar contra “terroristas y traidores a la patria”.

Con la anuencia de las autoridades, dichos grupos paramilitares han ejecutado acciones al margen de la ley contra opositores y ciudadanos disidentes, como “detenciones para después entregar a policías, detenciones con cárceles clandestinas, asesinatos de manifestantes, robos y allanamientos”.

“Se han establecido normas en las cuales se les otorga la posibilidad de actuar en materia de control de orden público y defensa de la soberanía. Se toman fotos reluciendo sus armas en calles de Caracas. Esos mismos actuaron ayer contra las madres de los presos políticos”, concluyó Alvarado.

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