El pasado 26 de junio de 2025, lo que era un viaje corto con el propósito de poder renovar su visado para permanecer en Colombia se convirtió en una sentencia de prisión para el ciudadano francés, Camilo Pierre Castro.
El instructor de yoga, de 41 años, había decidido establecerse en el vecino país. La limitada información disponible en su perfil de Linkedin indica que trabajaba en el desempeño de esta actividad en el hotel ecológico La Sirena Eco Hotel & Retreat, ubicado en la ciudad de Palomino, Departamento de La Guajira.
El medio francés Liberation reveló que la madre de Castro es activista de Amnistía Internacional y que su padre, ya fallecido, era un exiliado chileno que llegó a Francia huyendo de la dictadura de Augusto Pinochet. También, reseñó que el hombre había empezado a construir una casa cerca del territorio de los kogi, un pueblo indígena.
El proceso se había tardado más de lo previsto, por lo que se vio obligado a viajar al paso fronterizo de Paraguachón, en el extremo norte del país de Colombia, con el objetivo de ingresar a Venezuela y sellar su pasaporte para regresar a Colombia con nueva visa de entrada. Un proceso similar había logrado concretar en el año 2022. Pero la diligencia en 2025 no se completó. Ese 26 junio, a las 10:25 a.m. sus allegados recibieron sus últimos mensajes audibles.
“Bueno, Colombia no me quiso dar el visado de entrada porque como no tengo el sello de entrada a Venezuela, me dicen ‘no, usted hizo el sello de Colombia y se regresó a Colombia, tiene que ir a la frontera con Venezuela y no sé qué’ Ahorita mismo voy a la frontera con Venezuela que ya me hizo problema la última vez, el 11 de abril. No sé cómo voy a arreglar eso ahora”, expresó Castro en esa nota de voz.
Sin noticias de Camilo, sus amigos en Colombia alertaron a la prensa sobre su desaparición y, poco después, su familia recibió falsas solicitudes de rescate. Finalmente, la policía colombiana confirmó que había sido arrestado en Venezuela y trasladado a Caracas, según reportes extraoficiales. Desde Francia, su madre Hélène Boursier y su padrastro Yves Gilbert, con apoyo de la organización Hasta Encontrarlos, movieron contactos con embajadas, Interpol, la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Caracas e incluso introdujeron un hábeas corpus en Venezuela. Ninguna gestión logró dar con su paradero, denunció Amnistía Internacional.
Al menos 89 extranjeros detenidos en Venezuela
Fueron los ciudadanos estadounidenses intercambiados por venezolanos deportados y recluidos en El Salvador quienes informaron a los allegados de Camilo Castro, el pasado 19 de julio, que lo habían conocido en prisión, específicamente en la cárcel El Rodeo I. Mencionaron que estaba recluido con otra persona en una celda y que comían dos veces al día. De esa forma, se confirmó que Castro pasó a engrosar la lista de 815 presos políticos en Venezuela, 89 de los cuales son extranjeros de acuerdo con el balance más reciente del Foro Penal (21 de agosto de 2025).
En un comunicado sobre el caso de Camilo Pierre Castro difundido este 20 de agosto, Amnistía Internacional llamó la atención sobre el hecho de que en cárceles venezolanas hay detenidos ciudadanos de más de 30 países: “Según los presos liberados, desde 2024 han sido detenidos más de 30 nacionalidades distintas. Además de nacionales de países vecinos (Colombia, Uruguay, Argentina, etc.) o de países europeos (España, Alemania, Francia), muchos tienen doble nacionalidad, pero también yemeníes y ucranianos”.
Para Amnistía Internacional, en Venezuela, algunos presos extranjeros son tratados como opositores políticos, en el marco de lo que considera una política “sistemática y generalizada” de represión contra la disidencia. Según la organización, los arrestos y desapariciones forzadas no solo buscan castigar voces críticas, sino que también se han convertido en una herramienta de presión en negociaciones internacionales.
La reciente operación de intercambio de prisioneros entre Venezuela, Estados Unidos y El Salvador, señaló Amnistía, confirma que la desaparición forzada se estaría utilizando como un mecanismo de “presión política”. Este patrón forma parte de lo que la organización define como “diplomacia de rehenes”, una estrategia mediante la cual ciertos Estados detienen a ciudadanos extranjeros —a menudo occidentales o con doble nacionalidad— con el fin de obtener concesiones políticas, diplomáticas o económicas.
AI recordó que esta práctica se aplica en otros regímenes no democráticos. Señalaron el caso en Irán de los ciudadanos franceses Cécile Kholer y Jacques Paris, quienes permanecen detenidos arbitrariamente desde hace más de tres años. Mientras tanto, en Argelia, el periodista deportivo francés Stéphane Gleizes fue condenado a siete años de prisión en junio de 2025 sobre la base de lo que la organización calificó como acusaciones falsas.
En un conteo realizado a finales del mes de julio, el diario colombiano El Tiempo contabilizó que hay al menos 37 ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela. Hasta entonces, según denunciaron, las autoridades venezolanas no habían permitido la visita ni la asistencia consular. El 15 de agosto, la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN notificó la detención de otros cinco colombianos en Venezuela, entre ellos, cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y un contratista de la ARN. Estas personas habían asistido a un acto de la organización y decidieron cruzar el puente binacional “para hacer turismo”, cuando fueron detenidos.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció en junio de 2025 que «muchos» de los extranjeros detenidos en Venezuela por supuestas razones políticas no habían tenido acceso a sus consulados, ni defensa adecuada y que tampoco sus familias recibían información de ellos. La organización indicó que esto constituye un “acto deliberado de aislamiento”. “Algunos incluso enfrentan cargos inverosímiles o juicios irregulares», sostuvo JEP.
Un caso que ejemplifica bien esta denuncia es el del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien lleva más de ocho meses detenido en Venezuela en condiciones que su familia y el gobierno de Argentina califican como un “secuestro de Estado“: sin acceso a abogado, sin contacto con sus allegados y sin información sobre su paradero o estado de salud. Arrestado en diciembre de 2024 al intentar ingresar al país por la frontera con Colombia para reunirse con su esposa y su hija, su caso se ha convertido en un eje de la política exterior de la administración de Javier Milei, que hasta ahora no ha conseguido avances concretos en su liberación.
Múltiples derechos vulnerados
En un contexto de persecución tanto a la disidencia política como a los extranjeros en el país, y en el marco de crecientes tensiones con EEUU, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, radicalizó su discurso contra los visitantes foráneos y lanzó en una sesión extraordinaria una fuerte advertencia.
“Sea quien sea. Extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Se queda preso o se queda como se quede, pero se queda”, sentenció Rodríguez el pasado 20 de agosto.
Rafael Uzcátegui, sociólogo, defensor de derechos humanos y codirector de Laboratorio de Paz, declaró en entrevista a Runrun.es que las advertencias de la Asamblea Nacional contra quienes viajen a Venezuela “refuerzan un clima de intimidación y hostigamiento, contrario al derecho a la libertad de movimiento“, que está contemplada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Desde un punto de vista normativo, la detención de ciudadanos extranjeros dentro de Venezuela, sin que hayan sido sorprendidos en flagrancia cometiendo un crimen o ante la ausencia de una orden emitida por un tribunal, vulnera distintas normas nacionales e internacionales. Destacó Uzcátegui que en los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prohíben las detenciones arbitrarias y se garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso inmediato a la defensa.
Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificado por Venezuela- establece en sus artículos 9 y 14 que nadie puede ser privado de libertad arbitrariamente y protege el derecho a un juicio justo.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en sus artículos 7 y 8) protege contra detenciones ilegales y exige garantías judiciales, mientras que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas expresa que, sin excepciones, esta práctica está “expresamente prohibida”.
El defensor de DDHH opina que esta situación, si bien es una “grave violación de derechos humanos”, aún no calificaría como crimen de lesa humanidad.
“Aunque pudiera entrar dentro del patrón ‘persecución’, que es considerado un delito contra la humanidad, el centenar de casos no significan todavía un ataque sistemático y generalizado contra civiles, profundidad y extensión, para ser denominado de esa manera”, consideró.
Uzcátegui coincide con Amnistía Internacional en definir esta estrategia del gobierno venezolano como “diplomacia de rehenes”, con la intención de obligar a otros gobiernos “a reconocer por la vía de los hechos a Nicolás Maduro al tener que negociar la liberación de sus connacionales“.
A su juicio, el canje de prisioneros ocurrido el pasado mes de julio entre Venezuela y Estados Unidos -que implicó el retorno al país de 252 venezolanos que habían sido deportados a El Salvador y recluidos en una prisión de máxima seguridad y el envío de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, “lamentablemente, fortaleció esta estrategia”.
“Y es posible que otros gobiernos ofrezcan incentivos a las autoridades venezolanas para poder lograr la liberación de sus ciudadanos presos en el país”, alertó.
El próximo 27 de agosto, Camilo Pierre Castro, quien permanece detenido en Venezuela desde hace dos meses, cumplirá 42 años. El anhelo de su familia es su libertad: “Estamos cansados de escuchar cada semana que no hay noticias, cansados de ver que no pasa nada”, declararon sus padres a Amnistía Internacional, organización de defensa de derechos humanos que pidió a las autoridades reconocer que lo mantienen cautivo y liberarlo.
AI instó también al gobierno de Francia a presionar para obtener una prueba de vida y transmitió el deseo de los familiares del instructor de yoga de que se conforme una coordinación europea para lograr la liberación de todos los extranjeros encarcelados en Venezuela sin motivos legítimos y que prevenga nuevas detenciones y arrestos. Esto también busca prevenir nuevas detenciones y arrestos arbitrarios. “Debemos hacer saber que no se debe viajar a Venezuela, ni siquiera en grupos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
