En agosto de 2024, Venezuela nuevamente estaba sumida en un contexto de alta tensión. Denuncias de fraude, represión a todo nivel, detenciones arbitrarias, violencia, censura, rabia, desesperanza y miedo sellaban el momento poselectoral más crítico en la historia reciente del país.
La respuesta de Nicolás Maduro fue “reorganizar” su gabinete y le encargó a Diosdado Cabello el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, cartera que tiene como misión “velar por la seguridad interna, la administración de la justicia y la promoción de la paz”.
Cabello pasó a sustituir al militar Remigio Ceballos, quien ahora se desempeña como embajador de Venezuela ante la República Popular China.
Luego de 12 meses al frente del despacho de Interior y Justicia su gestión muestra las más altas cifras de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y anulaciones de documentos de identidad que la ponen bajo el escrutinio de defensores de derechos humanos.
La hoja de vida
Cabello es una de las figuras más emblemáticas en las filas del chavismo desde el año 1999 hasta la actualidad. Comenzó como director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el año 2000 y en mayo de 2001 fue nombrado ministro de la Secretaría de la Presidencia. Para enero de 2002, fue juramentado como vicepresidente de Venezuela y llegó a ser “presidente interino” provisionalmente durante los hechos de abril de 2002. Al año siguiente fue designado como Ministro de Infraestructura.
También fue gobernador de Miranda entre 2004-2008. En 2009 repite como ministro de Obras Públicas y Vivienda, y en paralelo, lo nombraron nuevamente director de Conatel. En este año se promulgó la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. También fue diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela (2011-2021) (2021-2024), presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (2012-2016) y segundo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (2018-2020). Desde 2011, figura en la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Ficha clave en seguridad
En las filas del chavismo, el nombre de Diosdado Cabello ha estado asociado a la “seguridad”. Días después del 11 de abril de 2002, otro momento convulso en el país por un intento de golpe de Estado, Hugo Chávez lo designó como ministro de Interior y Justicia (2002-2003) para, precisamente, “fortalecer” el “control y orden interno”.
22 años después, el nombramiento de Cabello como ministro de Justicia y Paz generó expectativa por las acciones que podría acometer esta figura del oficialismo para preservar “el orden y la paz”.
“Nadie pudo imaginarse una movida como la designación de Cabello, porque él rechazaba ocupar cargo alguno; es una designación de análisis muy preciso porque no es cualquier cosa (…) Se avecina una persecución despiadada contra las voces disidentes tanto de la oposición como las que se consideran chavistas. Diosdado toma casi todo el control de los cuerpos de seguridad más grandes, como el Cicpc, PNB, Sebin, entre otros. Hay que andarse con mucho cuidado, porque viene algo que aún no se podrá descifrar por completo”, expresó para Efecto Cocuyo el excoordinador nacional de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado.
Con el nuevo cargo, Cabello pasó a tener bajo su control el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su Dirección de Tránsito, el Fondo Nacional Antidrogas y su Oficina, la Superintendencia Nacional Antidrogas, la Gran Misión A toda Vida Venezuela (creada en 2012 para combatir la inseguridad), la Dirección de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), entre otros.
Revivió la operación “Tun Tun”
Durante los meses siguientes a la designación Diosdado Cabello como titular de Interior y Justicia se registraron acciones que consolidaron aún más la represión, el control estatal y la instauración de un clima de miedo e intimidación en todo el país.
Durante agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024, incluso en el primer semestre de 2025, numerosos grupos policiales custodiaron zonas populares como Petare, Guarenas, Guatire y Catia para evitar protestas para reclamar el controversial resultado electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral el 29 de julio de 2024, y que favoreció a Nicolás Maduro. Esta situación también se repitió en entidades como Zulia, Lara, Distrito Capital, Mérida y Táchira.
En este regreso de Cabello al frente de la cartera de Interior y Justicia resurgió la denominada “Operación Tun-Tun”, en el marco de la cual funcionarios policiales allanaron las viviendas de opositores y sus familiares sin ninguna orden judicial y practicaron detenciones arbitrarias. Además de las detenciones masivas, se usaron las redes sociales de cuentas de seguridad del gobierno para infundir miedo en la población.
Fue el propio Cabello quien, en el año 2017 y en el contexto de continuas protestas antigubernamentales, anunció la activación de dicho plan en su programa “Con el mazo dando”: “Van a llevar más palos que gata ladrona (…) Mil ojos y mil oídos ante los conspiradores y los malvados. No se quejen después cuando la justicia les llegue. Operación tun-tun a todos los violentos”.
“Operador del aparato represivo”
Aunque tenía 14 años alejado de cargos ministeriales, la actual gestión de Cabello ha estado signada por denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que incluyen torturas, desapariciones forzadas y persecución política.
En su primer año de gestión prevalecieron las detenciones arbitrarias (más de 120 solo entre septiembre y diciembre) en contra de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos.
También, predominó el aislamiento prolongado, las torturas y un aumento significativo en la censura y autocensura en los medios de comunicación, así como la criminalización y cierre de varias organizaciones no gubernamentales.
A menos de un año de su designación como ministro de Interior, Justicia y Paz, en marzo de 2025, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela para la ONU, en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, lo acusó de “dirigir el aparato represivo del Estado venezolano”.
“Desde su nombramiento en agosto pasado como Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello dirige también formalmente el centro de aparato represivo del Estado”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
El más reciente informe del Instituto Casla destacó asimismo que Cabello acató la orden que emitiera el gobernante Nicolás Maduro el 18 de enero de 2024 de activar la “Furia Bolivariana”, describiéndola como un plan cívico, militar y policial para enfrentar cualquier “intentona terrorista”. El ministro dijo que se aplicaría contra “los traidores y los vende patria”. En los días siguientes fueron vandalizadas sedes de partidos políticos y residencias de líderes de la oposición, entre ellas, 10 de Vente Venezuela. También se reportaron “detenciones arbitrarias de varias personas de la oposición, persecución contra líderes sindicales y sociales e intimidación contra defensores de DDHH”.
Según cifras oficiales, más de dos mil personas resultaron detenidas en el marco de las protestas postelectorales y al menos 25 fueron asesinados. Aunque se han registrado excarcelaciones en los últimos meses, el patrón reiterado de la puerta giratoria sigue activo, incluso un año después.
Cabello también lideró varios operativos para capturar a presuntos líderes criminales. Según cifras oficiales, al menos 30 grupos fueron desmantelados en una “ofensiva contra el terrorismo interno”. Bajo su mando, también se creó la “Perfecta Fusión”, una unión entre cuerpos policiales, militares y colectivos que, según el ministro, era para defender la patria.
Con libertad para operar en el Servicio de Migración y Extranjería (Saime), Cabello comenzó a invalidar pasaportes opositores, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional documentó 40 casos de anulación de pasaportes en el contexto postelectoral y señaló que la práctica busca silenciar a las voces disidentes.
El control de la narrativa en materia de seguridad ciudadana también estuvo a cargo de Diosdado Cabello. La periodista Nakary Ramos y su esposo el camarógrafo Gianni González fueron detenidos el 8 de abril de 2015 por reportar el aumento de los robos y la inseguridad en el país.
Aumento de recompensa
Otro hito noticioso de este año en el que Cabello ha sido ministro de Interior y Justicia fue el aumento de la recompensa que ofreció Estados Unidos por información que condujera a su arresto: la cifra pasó de 10 millones de dólares 25 millones de dólares. Este anunció lo hizo el Departamento de Estado el 10 de enero de 2025.
En 2020, ya el Departamento de Justicia de ese país lo había acusado, junto a Nicolás Maduro y otros altos oficiales, de liderar el “Cartel de los Soles” y lo responsabilizaron de coordinar el paso y salida de cocaína por Venezuela. Estados Unidos también lo sancionó en mayo de 2018. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declaró que Cabello y otros usaron su poder dentro del gobierno bolivariano “para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos”.
Al incrementarse las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de buques de guerra en el sur del Caribe para combatir el narcotráfico, Cabello ha emitido fuertes declaraciones en las que ha dicho, por ejemplo, que “el único cártel que opera a la luz de todo el mundo es la DEA, y depende directamente del gobierno de EEUU”.
Cabello respondió a EEUU que las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela también estaban desplegadas y aseguró que el gobierno venezolano está listo para enfrentar cualquier amenaza.
“Nosotros no subestimamos las amenazas, tampoco las sobreestimamos, ni mucho menos las desestimamos. Es como que alguien que diga ‘mira, van a poner una bomba en tal lado. Ah eso es jugando’. Aquí no hay nada jugando. Todo se investiga y debe llegarse a una conclusión para cerrar ese caso. ¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Esa es una condición nuestra para enfrentar lo que sea por muy duro que sea”, expresó.
Y luego de que el propio Trump anunciara que las fuerzas militares de su país hicieron estallar en el Caribe una “narcolancha” que habría salido de Venezuela, Cabello no demoró en advertir que si la ofensiva de Estados Unidos se acentuaba, arremeterían contra la líder opositora María Corina Machado.
“Ella debe tener a estas alturas bien claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. A buen entendedor, pocas palabras, pero como ella es bruta de más…No vayan a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe. Sigue engañado a tu gente”, amenazó desde su programa “Con el mazo dando”, espacio televisivo desde el que Cabello controla el discurso público y frecuentemente intimida a opositores y a la propia disidencia roja.
Los rollings del ministro
Dos acontecimientos importantes han mostrado la vulnerabilidad del aparato represivo que ha impulsado Diosdado Cabello desde su designación como ministro de Justicia y Paz.
Recientemente se hizo pública la noticia de la fuga de Francisco Convit, empresario venezolano cofundador y director de Derwick Associates, compañía que recibió millonarios contratos para la construcción de plantas eléctricas en Venezuela.
En el 2018, Estados Unidos lo acusó de formar parte de una red de lavado de dinero por más de 1200 millones de dólares. Convit fue detenido el pasado mes de febrero en Caracas, cuando surgió un altercado durante un partido del Venezuela Pádel Tour en el Capital Sports Pádel Center.
Trascendió que Convit se fugó del denunciado como el principal “centro de torturas” de Caracas, El Helicoide, sin dejar huellas, lo que podría evidenciar un cuestionable nivel de seguridad o fisuras en los cuerpos que la prestan.
Otra salida a espaldas de Cabello que puso en entredicho su absoluto control de la seguridad del madurismo fue la de los cinco miembros del equipo de María Corina Machado, quienes estuvieron asilados en la Embajada de Argentina (custodiada luego por Brasil) desde marzo de 2024.
Magali Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos y Claudia Macero sufrieron durante más de un año asedio, hostigamientos, privación de servicios básicos como agua y electricidad, restricción de alimentos y violaciones a sus derechos humanos. Hasta que en mayo de 2025, los cinco abandonaron la sede diplomática. Este hecho fue calificado por la prensa internacional como “un rescate exitoso”, pero también como un fallo del Estado en materia de seguridad interna.
Cabello en reiteradas ocasiones intentó minimizar la salida de los exasilados alegando que fue producto de una negociación, pero se desconocen los detalles y la veracidad de esa información.
Otra medida de Cabello que generó gran molestia en la colectividad fue el llamado que hizo el pasado 2 de julio a todos los ciudadanos con números de cédula entre 22 y 32 millones, a quienes exhortó a que acudieran al Saime para la verificación de los datos biométricos, debido a presuntas fallas en el sistema de registro.
“El que no quiera ir no va, pero cuando quiera hacer un trámite tendrá problemas porque puede aparecer como no registrado”, dijo Cabello entonces, al tiempo que aseguró que los comentarios negativos por la confusión que se generó obedecían a una “campaña promovida por voceros del extremismo opositor”.
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