El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este 5 de septiembre la desaparición forzada de María de los Ángeles Castillo, madre de dos niñas de 12 y 9 años, detenida arbitrariamente desde la madrugada del 18 de julio de 2025 en Río Claro, estado Lara.
De acuerdo con la organización, más de 20 hombres encapuchados y armados irrumpieron en su vivienda sin orden judicial, mientras la mujer se encontraba sola con sus hijas. Durante el operativo, las menores también fueron amenazadas con armas de fuego. Desde entonces, la familia desconoce el paradero de Castillo, lo que configura un estado de “sufrimiento inhumano” para sus hijas y allegados, según destacó el comité.
El CLPP advirtió que este caso constituye una grave violación de derechos humanos, tipificada como crimen de lesa humanidad en la legislación nacional e internacional. “Ya ha pasado más de un mes desde que María continúa desaparecida”, señalaron en el comunicado.
Exigencias y llamado internacional
La organización exigió información urgente y veraz sobre el paradero de Castillo, una fe de vida inmediata, así como acceso a sus familiares y abogados de confianza. También, demandaron respeto a su vida e integridad, y su liberación inmediata e incondicional.
El comité subrayó que esta desaparición se suma a un patrón sistemático de “persecución y desapariciones en Venezuela” “y llamó a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a pronunciarse y exigir justicia en este caso.
Práctica represiva que se consolida en Venezuela
A mediados del mes de julio de 2025, Amnistía Internacional presentó un informe en el que denunció que la desaparición forzada de personas -incluidas las de corta duración— habría sido cometida de forma sistemática desde el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Indicaron que existe un “alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales” puestos al servicio de esta práctica.
El informe de 50 páginas documenta 15 casos emblemáticos ocurridos entre julio de 2024 y junio de 2025 -nueve de venezolanos y seis de otras nacionalidades- , los cuales, según AI, “ejemplifican el modus operandi de esta grave violación de derechos humanos y crimen de derecho internacional” como parte de una “política sistemática de represión” del gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque Amnistía Internacional precisa que tanto ellos como otros mecanismos de derechos humanos llevan años documentando en Venezuela esta práctica -como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil—, a partir de las elecciones del 28 de julio de 2024 “se observó un nuevo repunte”.
“Ya se ha llegado al umbral de la prueba de carga para establecer que estos son crímenes de lesa humanidad”, sentenció durante la presentación del informe Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, al tiempo que mencionó que el gobierno venezolano ha utilizado la práctica de detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros “para justificar su narrativa de conspiraciones extranjeras y negociar con otros países”.
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