El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tiene un hermano preferido que ascendió económicamente al mismo ritmo que el general avanzó en el escalafón militar.
Constantino Padrino López, su esposa Anna Concha y miembros de su familia, como Alex, el único hijo varón de la pareja, registraron empresas y compraron propiedades en Estados Unidos, España, Panamá y Venezuela desde 2010, cuando Vladimir Padrino López alcanzó el grado de general de división.
Hasta este 2025, los Padrino Concha, de acuerdo con testimonios y fuentes documentales, acumulan, solo en la parroquia Torunos del municipio Barinas, en el estado Barinas, aproximadamente 4.000 hectáreas de tierras en cinco hatos y fincas. Esta área es equivalente a cerca de 9.000 acres, lo que se traduce en el tamaño de la ciudad de Doral, en Miami; y dos veces la parroquia Caricuao, en Caracas.
De visitador médico a terrateniente
La finca Las Anacondas es una de las propiedades de Constantino Padrino López (La Hora de Venezuela)
Aunque es un dato poco conocido, la historia de Constantino Padrino López revela cómo pasó de ser visitador médico en Barinas y de vivir junto a su esposa en la casa de su suegro, Humberto Concha, a viajar con su familia, en avión privado y diversificar negocios en tres continentes.El cambio se activó a partir del ascenso de Vladimir en 2010. Desde entonces, los Padrino Concha registraron Agropecuaria Las Anacondas, multiplicaron tierras en Barinas y se establecieron en Caracas con un penthouse en Colinas de San Román.
Las 169 hectáreas de Las Anacondas llegaron a la familia a través de una supuesta donación de la tía Zonia Concha Contreras, aunque un documento judicial de 2019 deja claro que el verdadero dueño es Constantino.
Esa finca se convirtió en el núcleo de un emporio que con los años se expandió con fundos vecinos como San Pedro Viejo, además de terrenos adquiridos a Miguel Ángel Tovar Matheus, compadre de Constantino.
En Florida fundaron Produce Import and Export Farm Inc. en 2016, y en 2018 Agropecuaria Las Anacondas Inc., junto a aliados como Ali Rafael Torrealba Garrido y Jesús Grisolía Mattera. En Orlando también registraron Droguería Dismenpad Inc., filial de la droguería barinesa. Algunas de esas firmas han cerrado, pero otras se mantienen activas.
La pareja es padres de trillizos. María Gabriela, Ana Mercedes y Alex, quienes encarnan la nueva generación de este ascenso. Alex es médico con licencia en Madrid, especializado en injertos capilares, y fundador en Panamá de Agrodata Soluciones S.A., bajo el nombre comercial Datagroup Agrosoluciones.
Con apoyo político y judicial
El poder político también reforzó la expansión. En 2023, el Grupo Empresarial Agrocultivos, presidido por Miguel Ángel Tovar Matheus y con Ana Concha como vicepresidenta, firmó una alianza con la Corporación de Desarrollo Agrícola para operar el Hato Garza, una finca de 3.275 hectáreas que había sido propiedad de PDVSA. Posteriormente, una medida cautelar de protección agroalimentaria blindó esas tierras contra terceros.
Así, en menos de dos décadas, los Padrino Concha se consolidaron como propietarios de al menos cinco hatos y fundos en la parroquia Torunos, sumando unas 4.000 hectáreas.
Mientras tanto, la familia no oculta sus lujos. Este fin de semana celebran la boda de Yarazetd, hija del ministro, en Canaima, con helicópteros rumbo al Salto Ángel y fiestas privadas. Todo esto, pese a que Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por la captura de Vladimir Padrino López, figura clave del chavismo, en estos momentos de amenaza de ataques del US Navy en el Mar Caribe.
Lo cierto es que cada ascenso militar del general significó también un ascenso patrimonial para su hermano, su cuñada y sus sobrinos. De ser comerciantes de medicinas en Barinas pasaron a convertirse en una de las familias más influyentes de la región, con fincas, empresas y propiedades en cuatro países.
La Hora de Venezuela envió cuatro preguntas al correo electrónico de Agropecuaria Las Anacondas, pero al cierre de esta nota no se ha recibido respuesta.
Este reportaje forma parte de una investigación audiovisual que puede verse completa en el canal de YouTube de El Pitazo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mary López llevaba mes y medio sin escuchar la voz de su hermano. Recordaba con precisión la última vez que habló con él, ese día en que todo cambió, 14 de junio de 2024. Conversaron poco antes de que la policía se lo llevara dejando una estela de angustia y silencio. Habían transcurrido 45 días, que parecían muchos más porque transcurrieron lentos, muy lentos. Aquella mañana del lunes 29 de julio de 2025 ella estaba en su casa —en la parroquia Carlos Soublette, del litoral central venezolano— cuando de pronto sonó su celular con una videollamada de WhatsApp desde un número desconocido.
Dudó un instante, pero decidió atender.
—¿Hermana, estás ahí? —escuchó a Luis, al otro lado de la pantalla.
Mary quedó paralizada. Era él, era él.
—¡Sí, hermano! ¡Acá estoy! ¡¿Cómo estás?!
—Bien, aquí, esperando la voluntad de Dios. Mañana hay visita, espero que puedas venir. Te estaré esperando…
—Claro que sí, hermano. Sin falta allá estaré.
La llamada duró menos de dos minutos, pero a Mary le bastó para confirmar que su hermano, el periodista de la familia, el que a sus 65 años aún tenía energía para “patear la calle” como si su carrera aún estuviera comenzando, estaba vivo. Ella sabía que lo tenían detenido en el Helicoide, pero era la primera vez que lo escuchaba en semanas.
La mañana en que comenzó esta historia transcurría como cualquier otra, con los mensajes de rutina en WhatsApp: cómo estás, qué haces, qué tienes planeado hacer hoy. Ese 14 de junio Mary llevaba cinco años viviendo en Cúcuta, en la frontera con Colombia, donde trabajaba dando tareas dirigidas tras dejar la docencia en Venezuela. Procuraba mantener una comunicación permanente con su hermano. Él le respondió que estaba en Carayaca, una parroquia rural al oeste del municipio Vargas, reporteando algunos problemas de la comunidad, como fallas en el alumbrado público y carencia de transporte. Era la fuente que cubría en ese estado desde hacía más de 10 años.
Mucho tiempo después se enteraría de lo sucedido a partir de ese momento en que ella siguió con sus quehaceres, como si la vida no fuese a cambiar. A eso de la 1:00 de la tarde de ese día en que nunca más respondió, Luis fue a la plaza Bolívar de Catia La Mar para cubrir un simulacro electoral, un ejercicio previo a las presidenciales del mes siguiente. En medio del bullicio de la plaza, recibió una llamada de David Longa, líder del partido Alianza Bravo Pueblo en Vargas. Le avisaba que en Caraballeda, a unos 22 kilómetros de distancia, la policía estaba deteniendo a Jhonny Rivas, dirigente del partido Voluntad Popular y representante de la oposición en el Consejo Legislativo regional. Entonces decidió tomar un autobús para ir a cubrir la noticia.
Cuando iba por Pariata —a unos 12 kilómetros de su destino— otra llamada de David lo apuró:
—Si no tomas un mototaxi, no llegarás a tiempo.
Luis bajó del autobús y caminó hacia la línea de motos más cercana. Pero no alcanzó a negociar la carrera, porque tres camionetas se atravesaron en la vía. De ellas se bajó una decena de hombres armados. Llevaban chaquetas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Y uno de ellos, con la voz áspera, lanzó la orden sin mirarlo a los ojos:—Luis López, está detenido.
—¿Cómo dice? ¡Eso es imposible! —le respondió el periodista, atónito.
Otro policía, con tono seco y amenazante, intervino:
—Es mejor que te vengas con nosotros. No lo hagas más difícil.
La gente alrededor apuró el paso y bajó la mirada. Nadie dijo nada. Los policías esposaron a Luis y lo empujaron a una de las camionetas, sin placa y con los vidrios polarizados. Y se lo llevaron.
Hacía meses que el rumor lo rondaba. Vecinos le habían advertido que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional preguntaban por él. Su trabajo incomodaba. Había entrevistado a María Corina Machado, había cubierto actos de la campaña de Edmundo González y había reseñado la última marcha opositora en Maiquetía.
Esa tarde, el rumor se convirtió en certeza.
Tras su detención, Luis fue trasladado de un módulo policial a otro. En ninguno lo aceptaban, porque la aprehensión la habían hecho policías de Caracas, así que los hombres que lo detuvieron decidieron llevarlo a la capital. El destino era el Helicoide, centro de detención señalado por organismos de derechos humanos como sitio de tortura y tratos crueles. Para ese momento, más de 287 presos políticos estaban allí, de acuerdo con el Foro Penal.
Mientras esto sucedía, Mary seguía escribiendo al celular de su hermano. Desde luego que no obtenía respuesta. Al principio no se preocupó, pero con el paso de las horas la angustia se sembró en alguna parte de su cuerpo. No era usual que él se perdiera de ese modo. Siempre respondía. Así fuera con pocas palabras.
¿Qué podía hacer? Estando lejos, no podía hacer nada, solo mirar la pantalla y esperar. Y así la angustia se transformó en miedo. No se contuvo y llamó a Beatriz, otra de sus hermanas, para avisarle lo que estaba ocurriendo, acaso con la esperanza de que ella supiera algo. Pero no. No sabía nada.
Beatriz salió de la casa sin rumbo fijo. Se le ocurrieron cientos de catástrofes mientras decidía a dónde ir. Pasó el día entero recorriendo hospitales y módulos policiales, repitiendo el nombre de su hermano en cada ventanilla de atención, en cada pasillo, tratando de dar con su paradero. Siempre la respuesta fue idéntica: “Aquí no lo hemos visto”.
La incertidumbre cesó cuando un amigo de la familia logró rastrear el celular de Luis desde una aplicación. La señal lo ubicaba dentro del Helicoide. Fue él quien le dio la información a Mary y ésta, a su vez, a Beatriz y el resto de la familia.
Al día siguiente, Beatriz y varios familiares llegaron al centro de detención. No los dejaron verlo. El custodio les explicó que no podían visitarlo hasta que pasaran los “45 días de adaptación”. Ese lapso, les dijo, servía para que el Ministerio Público avanzara en las averiguaciones y para evaluar “la conducta” del detenido. Solo después decidirían si tendría acceso a visitas y salidas al patio o el derecho a recibir medicinas.
A sus 65 años, Luis era una voz reconocida en La Guaira. Su labor periodística lo había convertido en un referente para las comunidades populares. Solía reportar carencias, acompañar protestas. Por eso, cuando se supo de su arresto, la noticia corrió rápido por las redes sociales gracias al diario La Verdad de Vargas, donde trabajaba. “Me consta que es un luchador social. ¡Liberen a Luis!”, “Es un gran ser humano”, “Dios lo proteja”, repetían las personas. Además, organizaciones de derechos humanos como Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, también expresaron rechazo por la detención. De esa forma, condenaron públicamente su desaparición forzada, recordando que lo único que hacía era ejercer el periodismo dentro del marco de la libertad de expresión.
Desde Cúcuta, Mary seguía el curso de los acontecimientos. La sensación de estar atada de manos, sin poder hacer más que esperar noticias, terminó pasándole demasiado, así que decidió regresar a Venezuela.
Después de un día de viaje en autobús, ya en La Guaira, se sumó a la nueva rutina de Beatriz y el resto de la familia: llevarle comida a Luis, medicinas para la hipertensión y calmantes para la fisura en la columna que arrastraba desde un accidente. Nadie sabía si en efecto le entregaban esas cosas. Y seguían sin permitirle las visitas, porque, les insistían, primero debía cumplirse el lapso de 45 días.
Hasta que el 30 de julio, un día después de aquella videollamada, Mary por fin pudo verlo.
El encuentro tuvo lugar en un salón amplio. El eco de los pasos y las voces de los custodios recordaba a cada instante dónde estaban. Allí, en medio de esa frialdad, se abrazaban madres, esposas, hijos.
Mary se abalanzó sobre hermano apenas lo vio. Tras el abrazo apretado y las lágrimas, lo observó con detenimiento.
—¿Cómo está mamá? —preguntó él de inmediato con cierto desgano en su voz.
—Bien, siempre pregunta por ti. También te está esperando.
Fue en ese momento que Luis aprovechó para contarle, con frases entrecortadas, cómo había sido detenido. El bloqueo de las camionetas en Pariata, los hombres armados de la PNB, las esposas cerrándose en sus muñecas. Mary lo escuchó y, preocupada por el recuerdo de lo que había vivido su hermano, dudó un instante antes de soltar una pregunta:
—Luis… ¿te han golpeado?
Él bajó la mirada.
—No, pero el día de la detención me tuvieron ocho horas sentado en una silla esposado. Al día siguiente me imputaron por los cargos de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Jamás hubo una orden de detención. De paso, me quitaron la posibilidad de un abogado privado. ¿Qué más te puedo decir? —hizo una pausa y concluyó—. Tengo golpeada la libertad y el alma.
A partir de entonces comenzaron las visitas semanales, y fue en esos encuentros cuando Mary supo que Luis ya no era el mismo. Lo descubrió en su mirada cansada y en la manera en que se movía. Era más lento, estaba más encorvado. Había perdido casi 10 kilos. La ropa le quedaba holgada y, aunque intentaba sonreír, su voz tenía un tono apagado. En cada visita apenas probaba la comida que le llevaban, y respondía con evasivas cuando ella le preguntaba cómo lo trataban por las noches. Prefería desviar la conversación:
—¿Cómo está todo?, ¿cómo están las cosas en La Guaira?
—Todo bien, hermano. Todo marcha como de costumbre…
Mary le mentía. Prefería callar lo que pasaba afuera: las protestas por los resultados de las elecciones, los arrestos —que ya sumaban 749—, la tensión política y las angustias de la familia. No quería mortificarlo. Él, pensó, que ya tenía suficiente.
Con el paso de los meses, la salud de Luis comenzó a quebrarse todavía más. Las alergias le brotaban en la piel, padecía insomnio, y un médico del centro de detención ordenó, después de evaluarlo, unos exámenes de laboratorio. Nunca le entregaron los resultados a la familia, pero en el informe el doctor apuntó que tenía la hemoglobina en seis gramos por decilitro, una señal de anemia severa. En las celdas hacinadas, donde a veces tenía que convivir con presos comunes, apenas había espacio para acostarse.
La audiencia preliminar para determinar su culpabilidad fue diferida seis veces y, cuando al fin la fijaron en noviembre, no le notificaron a la familia. No supieron qué se discutió ni qué se resolvió. Lo único claro era que Luis seguía detenido.
Mary entendió que no bastaba con acompañar a su hermano. Verlo deteriorarse y enfrentarse a tantas arbitrariedades la obligó a denunciar.
En las concentraciones de familiares frente al Helicoide, Ministerio Público o Tribunal Supremo de Justicia, Mary se acercaba a periodistas y ONG. Contaba cómo se habían llevado a su hermano sin orden de detención, cómo le negaban la defensa privada, cómo la salud se le iba consumiendo dentro de una celda.
Pero cada vez que levantaba la voz, llegaban las represalias. Desde diciembre hasta el 23 enero de 2025 las visitas se detuvieron, no la dejaron entrar a ver a Luis. Ese mes, él tampoco salió de su celda. Después le cambiaron a la defensora pública. Cuando Mary preguntaba por el estado de su hermano y pedía noticias de su caso, empleados del Palacio de Justicia le decían que esos castigos no eran casualidad, que eran consecuencia directa de sus denuncias.
Aun así, no se detuvo. La mujer reservada y de trato amable se transformó en alguien tenaz. Hablar del caso de su hermano ya no era solo un acto de valentía, sino de resistencia. El 10 de abril organizó un rosario frente al Helicoide. Más de 50 familiares rezaron con ella, rodeados de cámaras y periodistas. La cobertura fue tan amplia que molestó a las autoridades. No fue coincidencia que, al día siguiente, Mary supiera que Luis había sido trasladado a El Rodeo I, en Miranda, a 80 kilómetros de distancia de La Guaira.
Era como si todo volviera a empezar: 45 días de espera, sin derecho a visitas, sin certezas sobre su salud. El traslado no solo lo alejó de Caracas, sino también de su familia, quienes ahora debían hacer un viaje de casi 2 horas para verlo solo unos minutos. También fue un recordatorio de que cada palabra dicha afuera podía convertirse en castigo adentro.
Hasta que casi dos meses después, el 30 de mayo, Mary volvió a verlo. Esta vez no hubo abrazos. Los separaba un cristal, hablaban por un teléfono vigilado y solo tenían 15 minutos.
Luis bajó la voz para advertirle:
—Un custodio me confirmó que mi traslado es por las denuncias que sigues haciendo.
—Entonces, ¿qué debemos hacer? —preguntó Mary, con un nudo en la garganta.
—Él me lo dijo a modo de advertencia… Pero yo le respondí que ustedes saben muy bien qué deben hacer. Nadie nos puede callar. Mientras yo… seguiré aquí, esperando que sea lo que Dios quiera.
Nadie nos puede callar, nadie nos puede callar… Mary salió del penal con esa frase ardiéndole en la cabeza. Comprendió que, aunque a Luis lo mantuvieran tras barrotes o lo forzaran al silencio, su voz seguía resonando. Afuera, era ella quien la mantenía viva.
En medio de tensiones con Estados Unidos, la administración de Nicolás Maduro decidió ascender a generales de brigada a tres militares retirados y de trayectoria en el chavismo: el exgobernador del Zulia y exembajador en México, Francisco Arias Cárdenas; el diputado y presidente de Corpozulia, Francisco Ameliach; y el exministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.
Todos tienen en común que participaron en el intento de golpe de Estado comandado por Hugo Chavez el 4 de febrero de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Al conferirles el grado militar durante el vigésimo aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), el 27 de septiembre, Maduro expresó que el trío cuenta con amplia experiencia y “peso histórico” dentro de la Fuerza Armada (Fanb) y la “revolución bolivariana”.
“No tienen referencia de liderazgo”
Para el militar en situación de retiro y presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina, y el excoordinador nacional de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, también militar retirado, Maduro quiere hacer ver que el chavismo originario está de su lado y “unido”. Esto en momentos en que el chavismo se siente amenazado por las acciones del gobierno de Donald Trump y reclama apoyo y lealtad interna.
“El mensaje es que los chavistas originarios están con Maduro, después de que los militares del 4 de febrero fueron execrados durante años por Chávez; el único que sobrevivió en el tiempo fue Diosdado Cabello. Ahora Maduro quiere hacer ver que esos militares están con él”, sostiene Colina.
A su juicio, con los ascensos también se busca echar por tierra versiones de que militares del 4F, caso del exministro del Interior y Justicia en el exilio, Miguel Rodríguez Torres, se están vendiendo como “facilitadores” de una eventual transición política en Venezuela ante la presión de EEUU.
Hurtado coincide al afirmar que Maduro busca “comprar lealtades” entre quienes participaron en las asonadas del 4F y del 27 de noviembre (aviación) de 1992 y animar a que más excompañeros de armas de Chávez se sumen y formen parte de un “frente de defensa” ante el temor de un ataque directo por parte de Washington.
Pero descarta que el mensaje llegue o sea bien recibido.
“Ya no tienen referencia de liderazgo, menos ahora que persisten en el apoyo a Maduro(…) Si el mensaje es de alentar a los compañeros militares, fracasaron”, sostuvo.
Arias Cárdenas: de crítico a general de brigada
“A quienes germinaron los sueños originales, hoy la patria les rinde honores”, dijo Maduro al declarar el ascenso a “general de la patria” de Arias Cárdenas, exembajador de Venezuela en México.
El exgobernador zuliano dejó el cargo diplomático en diciembre de 2024, sin explicar las razones. No todo ha sido color de rosa con el gobierno de Maduro, puesto que no se le autorizó para postularse de nuevo como candidato a la jefatura regional. De hecho denunció irregularidades en las postulaciones de 2021 para las primarias del Psuv en 2021, cuando fue excluido pese a contar con respaldo de la militancia.
En agosto de 2024, también pidió al Poder Electoral “confirmar” supuesto triunfo de Maduro en las presidenciales del 28 de julio al mostrar las actas de votación. Luego se habló de supuestos hechos de corrupción en la embajada mexicana y de la detención del secretario de la sede diplomática durante la gestión de Arias Cardenas.
De Castro Soteldo, actual rector de la Universidad de los Hidrocarburos, Maduro dijo que pertenecía a la “generación de oro” que “corrió todos los riesgos” al surcar los cielos durante la intentona golpista y lo calificó igualmente como el “rebelde de oro de 1992”.
Exministro de Agricultura y Tierras proviene de la Aviación y participó en la intentona de 1992
A “general del ejército y de la Milicia”, cuerpo que el diputado ayudó a crear, ascendió Maduro a Ameliach, quien acudió al acto vestido de miliciano. Ameliach fue sancionado en agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro de EEUU por formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente.
En redes sociales, partidarios del chavismo exaltaron la “experiencia en el combate” de los promovidos.
“Ver su rostro es ver a Chávez. Chávez vivo, presente, combatiente y ustedes sus compañeros de todas las horas de todas las luchas, de todas las vicisitudes que resumen una sabiduría que sabemos apreciar y puedo decirlo, en primera persona, que sé apreciar la sabiduría de todos los campos que hemos recorrido juntos», subrayó Maduro ante los ascendidos, en un discurso.
Dudan de legalidad de ascensos
El artículo 90 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establece que los grados y jerarquías militares se otorgarán por rigurosa escala ascendente en las condiciones previstas en la normativa. Tanto Colina como Hurtado dudan de que dichos requisitos se hayan cumplido.
“Se supone, según la ley de la Fanb, solo se le asciende a un militar que está en situación de retiro al cargo superior inmediato por causa de muerte, o que en alguna conmoción o amenaza a la nación debas incorporar por necesidad justificada a algún militar o algunos militares y debas ascender para tareas y labores especiales y directas. Pero ninguna de las dos (causas) señaladas ha ocurrido. Además, la Fanb tiene demasiados generales sin cargos; entonces, no se justifica que les hayan dado ese ascenso”, dijo Hurtado.
Indicó que cuando vuelva el respeto a las leyes en Venezuela, dichos casos deberán ser revisados.
Este 29 de septiembre, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, señaló que Maduro firmó un decreto de estado de conmoción externa que será activado en caso de que EEUU ataque a Venezuela en el territorio.
EEUU declaró al Cartel de los Soles como organización “narcoterrorista” y señala a Maduro de ser uno de sus supuestos líderes, además de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Ameliach fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2017 como parte de la Constituyente
Colina señala que los tres ascendidos tenían rangos de teniente coronel y saltaron a generales de brigada sin haber pasado por la jerarquía de coroneles.
“Hoy premia a Arias Cárdenas con quien si bien ha tenido diferencias, nunca le ha convenido que se salga del redil sino tenerlo bajo control. Son militares de escuela que siempre han soñado con ser generales. Lo relevante ahora es qué cargos les van a dar luego de estos ascensos con un país militarizado por el conflicto con EEUU”, agregó.
Este lunes 29 de septiembre, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió a dichos ascensos para tachar de “ignorantes” a quienes aseguraron que oficiales activos no aceptaron ser promovidos de grado militar y por ello convocaron a los militares del 4F.
“No tienen idea de cómo es eso. No sigan subestimando que les va a ir peor”, advirtió.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hay un mensaje que Gloria De Mees, comisionada y relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), repite a lo largo de la entrevista y quiere dejar claro: “el pueblo venezolano no está solo”. Lo dice quien el pasado 6 de agosto reiteró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la necesidad de que el Estado venezolano autorice una visita in situ de la Comisión, “tomando en cuenta la gravedad y la persistencia de las violaciones contra los derechos humanos” que se han reportado en el país en los últimos años.
De Mees, quien es de Surinam, es abogada y profesora de derechos humanos en la Universidad Anton de Kom de su país. Su carrera se ha centrado en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales y en los derechos humanos de las personas mayores, pero también ha sido una pieza clave en la redacción de los informes de los países para su presentación a varios Órganos de Tratados de la Organización de Naciones Unidad (ONU). Hoy, es la voz de Venezuela en el organismo hemisférico creado por la OEA para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.
En aquella intervención ante la OEA, De Mees refirió “millones de venezolanos” que siguen de cerca las actuaciones de los organismos internacionales a la espera de que “la justicia y la verdad se cumplan”. Por eso, en esta entrevista para Runrun.es, reitera que la Comisión “seguirá trabajando incansablemente a través de todos sus mecanismos, como las medidas cautelares, para contribuir a la protección y la promoción de los derechos humanos en Venezuela”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo, creado por la OEA en 1979, encargado promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Es, además, la institución a la que consulta el organismo hemisférico en esta materia. Su función clave es recibir, analizar e investigar las peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto de los Estados Miembros de la OEA queratificaron la Convención Americana, como de aquellos que aún no lo han hecho.
La comisionada sabe que la situación de Venezuela no es nueva, aunque admite que la escalada de violencia, detenciones y desapariciones forzadas es alarmante. El deterioro de la democracia, recuerda, lo registró la misma Comisión en un informe de 2003, luego de haber visitado el país en 2002, tras el golpe de Estado a Hugo Chávez. Hoy, todo ha empeorado.
¿Cuándo fue la última vez que un representante de la Comisión visitó el país?
Nuestra última visita como comisión tuvo lugar en mayo de 2002. Tras el colapso institucional de abril de 2002, visitamos Venezuela en mayo y, en diciembre de 2003, la Comisión publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a autorizar otra visita. Pero lo importante es que, cuando miramos el informe de 2003, vemos que la Comisión ya había observado un deterioro del Estado de Derecho, marcado por la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Había documentado violaciones de los derechos civiles y políticos, como la represión de manifestaciones, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la restricción de la libertad de expresión. Y se podría decir que, 22 años después, en enero de 2025, cuando la Comisión publicó el informe sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, vemos un panorama aún más alarmante. La situación en Venezuela no solo ha persistido, sino que ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos cometidas, planificadas y ejecutadas con el objetivo último de perpetuar el poder del régimen actual. Ha habido un retroceso, se ha perpetuado la persecución de todos aquellos que no están alineados con el régimen actual.
¿Existe realmente una comunicación entre la Comisión y el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, la situación es la siguiente. Después de la visita de 2002, el Estado mantuvo una comunicación con la Comisión hasta 2020. Hubo una audiencia pública durante el 175º período de sesiones, y esa fue la última presencia oficial y comunicación del Estado con la Comisión. Creo que es importante señalar también lo que ocurrió ese mismo año: en febrero se prohibió a la Comisión entrar en Venezuela tras ser notificada, en su escala en Panamá, que no podría tomar el avión para entrar en el país. Esto significó que la Comisión solo pudo acercarse a la frontera en Cúcuta para reunirse con la sociedad civil.
Aunque las últimas solicitudes de visita han sido rechazadas y el Estado ha dejado de enviar información sobre las medidas cautelares, la Comisión ha mantenido su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas. El año pasado, por ejemplo, la Comisión dictó 23 medidas cautelares y, para este año, 2025, ha concedido 25.
El mensaje para el pueblo de Venezuela, para aquellos que sufren la represión, debe ser claro: no están solos. La comisión ha mantenido y seguirá manteniendo su mandato y su labor de supervisión de la situación en Venezuela y dará visibilidad a lo que está ocurriendo.
Pero, ¿qué valor tienen estas medidas en un país que viola constantemente los derechos humanos?
Creo que es una pregunta muy importante porque nos encontramos en una situación desesperada. Es muy importante en la labor que realiza la comisión para visibilizar las violaciones que se están produciendo, que, en lo que respecta a su mandato o de conformidad con este, la concesión de estas medidas cautelares visibilice la situación de riesgo de los beneficiarios, y que lo haga no solo en el contexto nacional, sino también ante la comunidad internacional. Además, genera un registro oficial de la obligación del Estado ante la comunidad internacional y sirve como herramienta de protección al brindar apoyo a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.
Aunque Venezuela abandonó la Organización de Estados Americanos, la Comisión aun puede actuar en Venezuela, ¿cierto?
Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que era conveniente que también le enviáramos esa información a Venezuela, lo que reafirma la plena vigencia de la obligación internacional del Estado venezolano en virtud de la Convención Americana. Y creo que esto refuerza el llamamiento y proporciona un marco jurídico sólido para exigir su cumplimiento. Por lo tanto, creo que es muy importante que hayamos tenido ese pronunciamiento y que no exima al país de sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención Americana. Creo que eso debe quedar muy claro.
Una visita crucial
En caso de que se apruebe la visita, la Comisión ha manifestado que uno de los lugares que desea visitar es la cárcel de El Helicoide. ¿Por qué consideran necesario ir allí? ¿tienen en mente visitar otra prisión?
Esa solicitud de visitar El Helicoide no carece de fundamento. La Comisión ha tenido conocimiento de la situación de los derechos humanos en ese centro de detención y encierro del Área Metropolitana de Caracas, conocido como El Helicoide, no solo a través de su comunicación con organizaciones de la sociedad civil, sino también a través de uno de los mecanismos de la Comisión, que es el mecanismo de peticiones y casos. Y el caso concreto al que quiero referirme es el caso de Jorge Rojas Riera (estudiante detenido y torturado en septiembre de 2003), que se remitió en diciembre de 2023 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en su análisis, la Comisión concluyó que Rojas fue víctima de tortura en el centro de detención.
Así pues, según la información y los informes que ha recibido la Comisión, se indica que 808 personas siguen detenidas arbitrariamente en el país y que muchas familias desconocen el paradero de sus seres queridos, lo que podría constituir una desaparición forzada. Y si miramos al año pasado, seguimos sin saber el paradero, por ejemplo, de Rocío Sanmiguel, a principios de 2024. De Freddy Superlano y más recientemente, Juan Pablo Guanipa. Y podría citar muchos más nombres: Perkins Rocha, Jesús Armas y otros líderes de la oposición, pero también periodistas que siguen detenidos y a quienes se les niega sistemáticamente el acceso a sus familias, a la representación legal de su elección, las garantías más fundamentales del debido proceso según el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, sí, es esencial que la Comisión visite El Helicoide, pero no sería la única institución ni el único lugar que la Comisión tiene previsto visitar.
Es importante que la Comisión tenga la mayor diversidad posible en cuanto a las personas con las que nos reunimos, actores estatales, actores no estatales, víctimas. En el marco de nuestro trabajo, y concretamente de las prioridades de la relatoría sobre personas privadas de libertad, la Comisión ha tenido la práctica de visitar diversos centros de detención durante su visita. Por lo tanto, Venezuela no sería una excepción.
La Comisión ha dicho en repetidas ocasiones que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Entonces, ¿cree que, con esa declaración, este mismo gobierno le va a permitir entrar en el país?
Buena pregunta. La Comisión, en sus pronunciamientos sobre la legitimidad del régimen de Maduro, ha sido muy clara. Y creo que hemos dicho en numerosas ocasiones: muéstrenos los recuentos que legitiman al régimen. Eso es lo primero. Así que creo que debemos ser claros al respecto. No es ficción, es realidad.
En segundo lugar, creo que lo importante es que la Comisión, en su mandato, siga informando a los miembros de la OEA y a la comunidad internacional sobre las situaciones y violaciones de los derechos humanos que se producen. Por lo tanto, lamentaríamos que el Estado no diera su consentimiento a una visita.
Pero eso no nos impediría mantener nuestro compromiso inquebrantable con todo el pueblo venezolano. Y seguiríamos utilizando los mecanismos de la Comisión para contribuir a la reconstrucción de la independencia judicial, el Estado de derecho, el retorno de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Dicho esto, creo que cualquier negativa del régimen venezolano a permitir el escrutinio internacional, a pesar de su obligación, sí, limitaría la capacidad de la Comisión para realizar su trabajo. No podría entrar en el país para observar las condiciones de primera mano ni responder a las víctimas sobre el terreno. Pero la ruptura de la comunicación recaería directamente sobre las autoridades, sobre el régimen, y reflejaría el colapso más amplio de la institucionalidad democrática en Venezuela.
Quería saber su opinión sobre el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en Venezuela.
Bueno, como usted sabe, la Comisión también ha informado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre su seguimiento de Venezuela durante este periodo desde las elecciones presidenciales. Y creo que lo que es bastante interesante es que, al leer el informe de la ONU, se observa una corroboración de la información que se presenta, como se ve en todos los demás informes. Así que, de nuevo, el informe que presentó la Comisión en enero de este año, los informes recientes al Consejo Permanente de la OEA y los informes de la misión de la ONU se corroboran entre sí. Eso es un claro indicio de que una visita es absolutamente crucial. Una visita a los diferentes centros de detención, incluido El Helicoide, es extremadamente crucial. Tener los pies en el terreno, hablar con las víctimas, visitar estos centros de detención y ver de primera mano lo que está sucediendo. Así es como quiero responder a esta pregunta. Y quiero añadir que animo a la comunidad internacional a que preste atención a lo que se ha presentado, no solo por parte de la Comisión, sino también por parte de las organizaciones y mecanismos que supervisan la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Con todo lo que está sucediendo en el país, en Venezuela, con las desapariciones forzadas que han incluido a miembros de organizaciones internacionales, ¿no creen que es extremadamente peligroso que un representante de la Comisión venga al país?
Creo que es una pregunta fascinante en términos de cómo organizarse. Pero lo primero es que se conceda la visita. Ahí es donde empezamos y todo lo demás vendrá después. Creo que lo importante es que mantengamos la mirada puesta en Venezuela en lo que respecta a la represión que se está llevando a cabo. Por mucho que considere esta pregunta muy valiosa, creo que me la está haciendo a mí, y yo tengo las mismas preocupaciones por usted, por todos los demás defensores de los derechos humanos, líderes de la oposición y representantes de la sociedad civil que hacen lo mismo que ustedes, es decir, visibilizar lo que está sucediendo. Por lo tanto, la cuestión de la seguridad también sería una responsabilidad colectiva en la que invitamos al mundo a considerar esa visita desde una perspectiva tecnológicamente avanzada. El mundo se ha vuelto más pequeño, lo que nos ha brindado muchas oportunidades en términos de acceso digital. Hagamos primero lo primero. Hemos presentado la solicitud, la hemos dado a conocer internacionalmente y ahora estamos esperando la respuesta y nos ocuparemos de la seguridad cuando se conceda.
¿Tiene una fecha límite para la respuesta de Venezuela?
En otra estrategia no anunciada oficialmente por la Casa Blanca, la agencia de noticias Associated Press informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevó al Congreso la propuesta de un “conflicto armado no internacional”.
De acuerdo a la información reseñada por AP, Trump calificó a los carteles de droga que operan en el mar Caribe como “combatientes ilegales”.
En un documento filtrado por la agencia se expone que representantes del Pentágono notificaron a miembros del Congreso la decisión adoptada por Trump.
La información fue dada a conocer por un funcionario que pidió mantenerse en el anonimato, en vista de que no está autorizado para dar declaraciones.
“Esto que hace Trump de llevarlo al Congreso es para protegerse legalmente, es una justificación legal de acciones que ya ha tomado. ¿Cómo es que el presidente está bombardeando estos botes y quizás otras cosas en Venezuela? Bueno, ahí les envió ese justificativo”, dijo el analista de política internacional con asiento en Washington, José Alfredo De Bastos.
Desde el pasado mes de septiembre Trump ha emprendido una serie de ataques contra embarcaciones que supuestamente trafican droga hacia los Estados Unidos.
Con la presencia de buques de la Armada estadounidense en el Caribe, el mandatario republicano ha hecho público el hundimiento de al menos tres lanchas, la primera con 11 personas a bordo; la segunda, con tres y la tercera con una cifra aún no determinada.
Por su parte, el Pentágono habló asimismo de un cuarto ataque, también con tres personas fallecidas.
Pero, ¿qué significa un conflicto armado no internacional y cuáles son sus consecuencias? Lo desarrollaremos en las siguientes claves.
Guerra interna
De acuerdo a lo estipulado en el derecho internacional humanitario, un “conflicto armado no internacional” es un enfrentamiento “violento y prolongado” dentro de un Estado que está protagonizado regularmente por organizaciones criminales y fuerzas del gobierno, en este caso, el de Estados Unidos.
Para De Bastos, Trump está emprendiendo acciones bélicas bajo la premisa de que grupos como el Cartel de los Soles están atacando atacando a Estados Unidos enviando drogas.
No es en Venezuela
A diferencia de las guerras convencionales, un “conflicto armado no internacional” se desarrolla dentro de un territorio y no involucra a dos o más Estados. De Bastos enfatizó que es importante recalcar que el documento no habla de declararle la guerra a una nación, sino a un grupo criminal.
“Sin embargo, estamos en una zona rara, porque el gobierno estadounidense asegura que el jefe del Cartel de los Soles es el presidente de un país, pero en el documento no se menciona a Venezuela. Esto también deja la puerta abierta para que pueda aplicarse en México, Ecuador, otro sitio del Caribe o el Pacífico”.
Levantando la mano
Según las leyes estadounidenses, el Congreso debe aprobar este tipo de acciones y estructurar una especie de marco legal. “La teoría básica constitucional dice que Trump debería pedirle al Congreso aprobación a través de una votación para hacer estos ataques, pero desde hace mucho tiempo el presidente o el Poder Ejecutivo han emprendido acciones bélicas que son controversiales legalmente”, sentenció De Bastos.
¿Igual o mayor?
Para De Bastos, esta declaratoria por parte de Trump de “conflicto armado no internacional” no representa necesariamente una escalada. “Creo que la gente lo está tomando como que Trump ya le declaró la guerra al Cartel de los Soles y el Cartel es igual a Maduro, entonces, va a meterse con Venezuela. Creo que es una visión exagerada”.
A juicio del analista internacional, Trump no estaría recibiendo más poderes para actuar contra Venezuela. “Lo que prácticamente le está diciendo al Congreso es que él no necesita permiso alguno para atacar y no pareciera que lo vayan a frenar”.
Pleito en las cortes
Este tipo de iniciativas que implican conflictos armados y gasto del presupuesto nacional tienden a tener resistencia en las cortes federales estadounidenses. Sin embargo, para De Bastos, esto es poco probable que suceda.
“Quizás a largo plazo podría pasar. Tal vez se den algunas condenas en torno a esto, pero ya hace tiempo que el presidente está teniendo demasiada libertad para hacer ataques militares en el exterior”, opina.
No está en la primera página
Según De Bastos, el hundimiento en el mar Caribe de las embarcaciones que aparentemente transportaban drogas no es cuestión de máximo interés nacional en los Estados Unidos.
“Aquí sigue siendo un tema secundario. En las portadas de sitios de noticias no vemos que diga: ‘Estados Unidos está a punto de meterse en otro país’. Hay pocas voces a favor o en contra de esto”, asegura.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La escasez de dólares en efectivo y la devaluación han generado un cambio importante en la dinámica económica entre particulares y emprendedores: muchos prefieren hacer uso de USDT y exchanges de criptomonedas como Binance para proteger sus ingresos.
El fenómeno refleja cómo, en un contexto de alta inflación y ausencia de divisas tradicionales en el mercado oficial, los USDT también se han convertido en un punto de referencia de valor para muchos venezolanos, incluso para quienes no manejan directamente las criptomonedas.
¿Qué es un USDT y cómo funciona?
USDT, también conocido como Tether, es una stablecoin, es decir, una criptomoneda diseñada para mantener una paridad cercana al dólar. Funciona sobre diferentes redes de blockchain -libros digitales seguros y descentralizados-, cada una con comisiones y velocidades distintas. A diferencia de otras criptomonedas que fluctúan mucho, el propósito del USDT es ofrecer estabilidad en valor para transacciones, ahorro o remesas digitales.
La regulación de las criptomonedas en Venezuela recae principalmente sobre la Sunacrip, creada para supervisar, licenciar y normar actividades relacionadas con criptoactivos. El Decreto Constituyente de Criptoactivos faculta al Estado para regular la emisión, uso, funcionamiento de casas de cambio virtuales, billeteras y minería digital.
En Venezuela existe la plataforma Crixto, la cual está autorizada para facilitar pagos en criptomonedas para comercios sin que estos tengan que manejar directamente los activos.
La principal ventaja de los USDT es la estabilidad relativa frente al bolívar, lo que lo convierte en una forma de resguardar valor y recibir remesas sin necesidad de tener cuentas en dólares o divisas en efectivo.
Según la experiencia de los usuarios, las transacciones son rápidas y permiten enviar montos pequeños, incluso con decimales. Sin embargo, su precio local no siempre equivale exactamente a un dólar. A esto se suma el desconocimiento de muchos usuarios.
Las billeteras digitales permiten guardar y transferir USDT y otras criptomonedas sin depender de bancos. Esto le da autonomía a los usuarios y más seguridad si se usan bien. No obstante, requieren conocimientos técnicos para no cometer errores. Además, no todos los comercios en Venezuela están preparados para aceptar pagos en cripto, lo que limita su uso práctico.
Usar USDT para protegerse de la inflación
Para muchos venezolanos, Binance y las transacciones en USDT se han convertido en una alternativa para proteger sus ingresos ante la devaluación del bolívar y la dificultad de acceder a divisas en efectivo en el mercado oficial. Usuarios de esta plataforma entrevistados por Runrun.es explican por qué consideran más ventajoso ahorrar, comprar y vender USDT que divisas tradicionales.
Daniel* explicó que convierte “la totalidad de ingresos” que le llegan por diversos trabajos a USDT apenas los recibe. Luego los va vendiendo a demanda, dependiendo de lo que necesite gastar. Para él, la ventaja principal es la rapidez: “En cinco minutos puedes comprar o vender los activos con toda la facilidad y seguridad del mundo”. Aunque al inicio le costó adaptarse a la interfaz y al sistema de autenticación, hoy prefiere recibir pagos en USDT por encima de dólares en efectivo: “Son los activos más codiciados en el mercado por su alto valor transaccional y la robustez de su respaldo”.
Por su parte, Jesús* también resaltó la seguridad del sistema P2P de Binance, que retiene los fondos mientras se completan las transferencias: “En cada orden existe un chat para poder comunicarse entre las personas, luego de hacer la transferencia esperas que verifiquen y liberen la orden con reconocimiento biométrico previo”. Para él, lo más valioso es la versatilidad: recibe remesas familiares, ahorra y paga sin tener que depender de efectivo. “Es la mejor forma que hemos encontrado para el envío de dólares, con una versatilidad e instantaneidad que nadie más te da”, aseguró.
Enrique*, otro usuario entrevistado por este medio, coincide en que su principal motivación es evitar la pérdida de valor del dinero. “A mí me pagan en bolívares y trato de comprar USDT el día del pago”, dijo. La posibilidad de vender montos exactos —incluyendo decimales— le resulta más práctica que usar dólares en efectivo: “Te ahorras el problema del vuelto y, en comparación con los bolívares, básicamente no se van a devaluar”. Hasta ahora, no ha enfrentado estafas y, de hecho, ha podido pagar directamente con Binance Pay en algunos comercios.
En conjunto, los usuarios resaltan las mismas ventajas: proteger ingresos de la inflación, rapidez en las operaciones y mayor practicidad que el efectivo.
¿Cómo se hacen las transacciones en Binance P2P?
Para Venezuela, Binance incorporó soporte para bolívares desde su sistema P2P, permitiendo que los venezolanos accedan directamente con moneda local sin necesidad de dólares en efectivo. Un usuario entrevistado por Runrun.es explicó cómo realizar una operación P2P de USDT en Binance:
Ingresar a Binance y abrir la sección P2P: Acceder a su perfil de Binance y selecciona la pestaña o sección P2P (mercado entre personas)”
Ver las ofertas disponibles: En la bandeja principal aparecen las ofertas publicadas por distintos usuarios para comerciar USDT por bolívares.
Aplicar filtros para ajustar la búsqueda: Filtrar por comprar o vender USDT, banco (desde/dónde quieres recibir o enviar la transferencia), monto en bolívares y otros parámetros que necesites.
Elegir la oferta que más convenga: Leer cuidadosamente la oferta seleccionada y sus condiciones (horario de pago, porcentajes, límites, requisitos). Si todo está bien, iniciar la operación seleccionando “comprar” o “vender”.
Se abre la orden y Binance coloca los fondos en custodia (escrow): Al iniciar la orden, Binance retiene la cantidad de USDT involucrada dentro de la aplicación para garantizar la seguridad de la operación. Esto evita que una de las partes se quede con ambos activos sin completar su parte.
Seguir las instrucciones según si es compra o venta:
– Si compras USDT: la pantalla mostrará los datos del vendedor (cuenta bancaria o método de pago) a los que se deben transferir los bolívares.
– Si vendes USDT: el comprador verá sus datos para enviar bolívares a su cuenta.
Comunicación en el chat de la orden: Cada orden tiene un chat interno que se puede usar para coordinar la transferencia, aclarar dudas y confirmar datos con la contraparte.
Realizar la transferencia y subir el comprobante: Efectúa la transferencia bancaria o pago según lo acordado y sube la captura (comprobante) en la opción de la orden que lo solicita.
Verificación y liberación de la orden: El receptor verifica que recibió el pago y, si todo está correcto, libera la orden. Según el entrevistado, la liberación puede requerir verificación biométrica previa (seguridad adicional en el proceso).
Fondos liberados y cierre: Una vez liberada la orden, los USDT (o los bolívares, según el caso) son transferidos desde la custodia al usuario correspondiente y la operación queda cerrada.
Cambios en el régimen cambiario
El pasado 17 de septiembre, el economista Asdrúbal Oliveros señaló que el mercado cambiario venezolano ha dado un giro. Anteriormente, el mercado se basaba en las subastas a través de la banca con divisas que vendía el Banco Central de Venezuela. “Luego, existían mercados alternativos donde los que no podían ir para allá, compraban sus dólares”, dijo en entrevista con Unión Radio.
Pero destacó que hace unos meses se introdujo un nuevo esquema donde cada vez se liquidan menos dólares por ese mecanismo tradicional de subasta. Y luego de eso, añadió, el gobierno introdujo un esquema intermedio.
“No es que el Banco Central venda USDT. El gobierno nacional está recibiendo sus pagos en USDT y a través de diferentes entes está asignando esos USDT a empresas clave. Hay una asignación directa a empresas. En vez de recibir los dólares por los bancos, están recibiendo USDT a través de dos aplicativos autorizados por el Estado venezolano. Esa introducción es lo que ha llevado a que una gran cantidad de empresas digan ‘me están liquidando USDT’. Es un nuevo paradigma”, explicó.
Oliveros aclaró que el uso de USDT no es algo nuevo, sino que desde hace tiempo una gran cantidad de personas, sobre todo particulares y emprendedores, lo utilizan “como mecanismo de protección de inflación”.
“Eso no es nuevo. Hablamos de eso porque el Estado introdujo un cambio fundamental. Ha decidido asignar USDT a las empresas. Eso es un cambio en el régimen cambiario”, acotó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un estado de conmoción interior, y que a veces proyecta al exterior, vive desde 2022 Luz Marina Arias Sánchez, madre de Juan Nahir y Daniel Josué Zambrano Arias, secuestrados de su casa en Palmira, capital del municipio Guásimos, en el estado Táchira por presuntos funcionarios.
Desde el 26 de abril de ese año, Luz Marina no tiene paz. Sus peores pesadillas se concretaron y hoy sus dos hijos, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), están presos sin sentencia ni juicio en la cárcel de Yare II en el estado Miranda, la misma donde estuvo por dos años recluido el fallecido presidente Hugo Chávez antes de ser sobreseído por el también desaparecido mandatario, Rafael Caldera.
Según Arias, todo comenzó en ese abril de hace poco más de tres años, cuando –Juan de entonces 21 años– contactó por TikTok a un militar para que le ayudara a reincorporarse a la GNB, después de ser expulsado en diciembre de 2021.
“Juan presenta un autismo leve, lo que le impedía seguir las funciones de la GNB, que es un componente fuerte, y el mayor Danilo Rivera Moreti, que aparece en todas las redes siguiendo a Nicolás Maduro, le dijo que podía tenderle una mano para volver”, narró.
Ese funcionario le dijo a Juan que lo iba a poner en contacto con un capitán de nombre o apellido Santiago para que le coordinara una reunión con el Comandante del Core 1 de la GNB en Táchira. Esa entrevista se llevó a cabo el 26 de abril del año 2022Arias relató que Juan retornó a su casa ese mismo día con un par de efectivos.
“Me supongo eran de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) porque no estaban identificados. Llegaron en un Ford Fiesta negro sin placas, con los cauchos lisos, y hablaron con Daniel, que también fue Guardia Nacional, él ya estaba más bien pidiendo la baja para ese tiempo”, continuó con el relato la señora Arias.
La madre de los hermanos Zambrano sostuvo que a Juan le dijeron que debía ir a Caracas por dos días para trabajar con ellos porque él pertenecía a Miranda, donde ya había estado destacado.
“Yo le dije a Daniel ‘hable con esa gente porque yo veo que eso es raro, cómo lo van a llevar hasta Caracas, esa gente es mala. Ese día trasladaron a Juan a Barinas’”, recordó.
Según Arias, los agentes hablaron con Daniel y le preguntaron si también era militar. Daniel les dijo que estaba por retirarse y que se iba a poner a hacer otras cosas porque el sueldo no le daba para vivir.
Arias contó que su hijo Juan agarró la poca ropa que tenía y algunas pertenencias personales y se marchó.
“Se lo llevaron engañado, lamentablemente no lo pudimos retener. Le eché la bendición y le di un beso. Esa fue la última vez que él estuvo en la casa”, lamentó.
Arias aseguró que cuando su hijo llegó a Barinas fue llevado “a una casa de esas que ellos dicen que es de seguridad”.
Luego de su pasantía por el estado llanero, Arias indicó que Juan fue llevado a El Hatillo, en la zona metropolitana de Caracas, donde aparentemente fue recibido por Santiago.
“Le quitaron el teléfono y permaneció allí un mes. Según ellos le estaban realizando un examen psicológico para ser reincorporado. Le hicieron una serie de preguntas como cuántos chavistas y opositores había en su familia, y la profesión de nosotros sus padres. Le daban el teléfono de vez en cuando y pudo mandar algunos mensajes. Me dijo que le prohibieron enviar su ubicación. Lo engañaron diciéndole que pronto regresaría al Táchira a trabajar como Guardia. El 26 de mayo de 2022 lo incomunicaron definitivamente”, comentó la señora Luz Marina.
Dos días después le tocó a Daniel
No conforme con la zozobra que estaba viviendo, apenas par de días después de peder contacto con Juan, a su casa se presentaron cinco hombres armados sin identificarse y vestidos de negro.
“De manera arbitraria, se llevaron a Daniel. Nos apuntaron con armas de guerra. Le decían a mi hijo: ‘Usted sabe cómo es, hermano, si usted no se entrega, sabe que ya tenemos órdenes de arriba y matamos a su mamá y aquí nadie va a saber nada ni qué pasó aquí, aquí nadie va a investigar nada”.
Arias supone que los hombres pertenecían a la Dgcim: “Porque yo le preguntaba por Juan y ellos me decían: ese ya está cantando“.
Ante la amenaza Daniel, que hoy en día tiene 29 años, se entregó y se lo llevaron encapuchado a bordo de una camioneta blanca. “Cuando llegó el papá, le conté lo que había pasado y entonces lo que hicimos fue buscar a unos familiares que tienen moto y movilizarnos”, indicó la madre de ambos presos políticos.
Los esposos Zambrano Arias empezaron a recorrer los centros de detención, como hace la mayoría de los familiares que sufren la desaparición forzada de uno de sus integrantes.
“Nos fuimos a un centro que ellos tienen por la avenida 19 de abril, allá nos dijeron que no estaba ningún Daniel Josué. Después, nos fuimos a otro y yo identifiqué la camioneta donde se lo llevaron. Ellos nos dijeron: ‘sí lo tenemos aquí, pero ustedes no lo pueden ver, él está metido en un peo (problema)’”.
Tras constatar que allí se encontraba, Arias y su esposo acudieron a la Fiscalía para que verificaran el estado de salud de Daniel, ante el temor de que estuviera siendo torturado.
“Un fiscal nos dijo que estaba en buenas condiciones, pero no nos dejaron verlo. Se lo llevaron al otro día a los tribunales de aquí del estado Táchira y, de manera telemática, lo presentaron ante un juez. No hubo orden de aprehensión ni nada, y lo que nos decían era que él estaba hablando paja del gobierno y que lo estaban buscando”, precisó la señora Arias.
Luego de eso, su hijo Daniel también quedó completamente incomunicado: “Se lo llevaron encapuchado en una avioneta para la Dgcim de Caracas en Boleíta, porque esa información me la dio él mismo, después que pude verlo el 27 de junio de 2022”.
La vida en Yare
Arias manifestó que la primera vez que vio a sus hijos en Yare II vestían ropa de enfermeros, les habían rapado el cabello y estaban sumamente delgados y deshidratados. Pudieron hacer el viaje con recursos que consiguieron con familiares. Ese día del reencuentro, Juan le mostró marcas de aparente tortura.
“Estaban ambos, Juan me mostró marcas que tenía en su pierna derecha, que le habían hecho con una cabilla caliente. Lo quemaron como a un animal, también tenía marcas en sus brazos. Me dijo que le habían puesto corriente en los genitales, que le habían hecho todo tipo de torturas para que dijera que él era parte de una conspiración contra Maduro desde el Reino Unido. Querían que se pusiera un uniforme militar, que mostrara armas, como si ellos hubiesen capturado a un guerrillero”, recordó con indignación la madre tachirense quien agregó que a su hijo Daniel también lo amedrentaron de manera psicológica y le dieron golpes. a AMBOS LOS SEÑALABAN DE SUPUESTAMENTE “ESTAR vendiendo información a Colombia”.
Arias aseguró que, a punta de coacción, a sus hijos les hicieron firmar declaraciones falsas para inculparse.
El 28 de mayo de 2022, Juan Zambrano fue presentado ante un tribunal de terrorismo ante la jueza Igledys Charinga. Cuatro días después, presentaron a Daniel ante la misma jueza. A ambos los acusaron de conspiración. En una “maniobra entre los fiscales y la defensa pública” los instaron a que admitieran los hechos, a cambio de una pena de dos años y ocho meses de cárcel.
“A raíz de las torturas a las que estaban siendo sometidos, ellos aceptaron y los engañaron. No han llevado testigos y están violando sus derechos humanos. Lo que han hecho es diferir el caso y aún siguen sin sentencia”, denunció la madre de ambos, al tiempo que expresó que teme por la vida de sus hijos.
La madre de los Zambrano aseguró que la fiscal 22 Nacional de ese entonces, Aramay Terán, apeló la decisión de la juez de dejarlos en libertad porque la iban a destituir. “El 22 de agosto fue la audiencia preliminar y enviaron a la fiscal auxiliar Michel Cordero”.
“En Yare 2, hay un grupo que se llama Sesma, no sé si son colectivos o presos comunes, están encapuchados y son los que están comandando el penal. Lo que hacen es golpearlos y decirles que si cae el gobierno, que si Estados Unidos viene por Maduro, ellos van a eliminar a los presos políticos”.
La madres de los hermanos Zambrano comentó que debido a que estos se encuentran a casi 700 kilómetros de su lugar de residencia, su padre pernocta cerca del penal de Yare desde junio de 2022.
Ella no los ve desde hace un año, la situación económica por la que atraviesa, aunado a su estado de salud, le han impedido movilizarse.
“Velando porque no les falte la comida, medicinas y hasta vestimenta, porque todo eso hay que llevárselo, el gobierno no les da nada. Cuando yo he ido para allá todo huele a cloacas, es horrible, hay enfermedades como tuberculosis. No hay agua potable, les dan comida con gusanos, en mal estado. Si el preso no tiene un familiar que esté pendiente, lamentablemente muere. Están condenados a morir los que no tengan a nadie que vele por ellos”, detalló.
El delicado estado de salud de Juan
Pese a que presentaron un informe médico, donde profesionales hacen constar que Juan padece autismo leve, las autoridades no han tomado medida alguna en su favor.
“Juan estuvo gravemente enfermo de los pulmones el año pasado y tuvimos que apelar a las redes sociales y a los medios de comunicación para buscar ayuda. No lo querían tratar, tuvo fiebre por más de ocho días y gracias a Dios que está su hermano allá, sino se hubiese muerto. Su salud psicológica y física está muy desmejorada. Él dice que está allí castigado porque estamos en guerra, que es una guerra que Maduro tiene contra la gente”, señaló.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (también conocidas como Reglas Mandela) contemplan que no deben permanecer en prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables, o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión. También contemplan que los servicios de atención sanitaria proporcionará tratamiento psiquiátrico a los reclusos que lo necesiten.
Daniel también está sufriendo dolores lumbares y cervicales y ambos hermanos padecen de estrés postraumático por las duras condiciones de reclusión. Además, el padre de los presos políticos, de 68años de edad, sufre de la tiroides e hipertensión, y es quien se está encargando de la paquetería, de la comida y medicamentos de ambos detenidos, en medio de las dificultades económicas que también vive la familia.
Asimismo, a Arias la angustia también le ha pasado factura, especialmente después de abril de 2022.
“Estoy sufriendo de la tensión, de estrés, de todo, porque allá cuando pasa algo uno se entera por las redes sociales y eso me pone mal, uno lo que hace es rezar y pedirle a Dios, pedirle a la sangre de Cristo que los cubra”, expresó.
La madre de los hermanos Zambrano sentenció que estos últimos tres años han sido una desgracia para ella y su esposo.
“Acabaron con una familia inocente que ni siquiera tiene recursos, porque esos militares se lo vendieron a Maduro por ascensos y regalías políticas, esa es la verdad. Nosotros no estamos, ni estábamos conspirando contra el gobierno”, sentenció.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) anunció su participación en la campaña anual de responsabilidad social “Una mano al pecho 2025” de Farmatodo, una iniciativa clave para recaudar fondos y amplificar el mensaje de la lucha contra el cáncer de mama durante el mes de octubre.
Esta actividad se consolida como un espacio de colaboración nacional, sumando el apoyo de 7 organizaciones dedicadas a esta causa.
La mecánica es sencilla pero poderosa: durante octubre, conocido como el Mes Rosa dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, Farmatodo invita a 15 aliados comerciales adonar un porcentaje de sus ventas, asegurando que cada compra realizada en sus tiendas se traduzca en una contribución directa para promover la prevención oncológica en el país.
La alianza y el componente educativo
Olga Ruimwyk, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de la SAV, destacó la importancia de sumarse a la iniciativa.
“Tenemos que agradecer la invitación que nos hacen para poder estar en la campaña ‘Una mano al pecho 2025’. Esta alianza es posible porque durante octubre Farmatodo se une a diferentes marcas para apoyar con donaciones a las organizaciones que forman parte de esta iniciativa”, declaró.
Además de la recaudación, la alianza potenciará la alfabetización oncológica. La SAV, con su vocero el doctor Juan Saavedra, director de Proyectos y Relaciones Institucionales, se comprometió a difundir mensajes de prevención a través de las redes sociales de Farmatodo.
Impacto directo: Atención médica para comunidades vulnerables
Ruimwyk detalló que el aporte económico que se logre tiene un destino prioritario y tangible: “El programa de Unidades de Clínicas Móviles de la SAV, el cual permite llevar atención a las comunidades más vulnerables”, afirmó.
La gerente de Mercadeo y Comunicaciones resaltó lo vital de esta iniciativa, ya que les ayuda a realizar pesquisas mastológicas a mujeres que no tienen los recursos para acceder a estos servicios, lo que asegura que la prevención y el diagnóstico lleguen a quienes más lo necesitan.
Jornadas de sensibilización en puntos estratégicos
Para complementar el mensaje de prevención, la SAV llevará a cabo un ciclo de charlas de sensibilización en puntos estratégicos de las farmacias de Caracas, con la participación de médicos como el doctor Juan Mora, promotor de salud, quien ha participado activamente en espacios de divulgación médica y prevención oncológica. Estos encuentros educativos buscan un contacto directo con el público general y los compradores de la campaña.
“Vamos a tener a nuestro promotor de salud y otros médicos que nos acompañarán en unos puntos estratégicos de Farmatodo en Caracas que hemos definido para poder sensibilizar a las personas. El mensaje siempre va a ser el llamado a la prevención”, explicó Ruimwyk.
Los lugares confirmados para estas jornadas de concientización incluyen tiendas en las urbanizaciones ElParaíso, El Valle, El Hatillo, Colinas del Tamanaco, La Castellanay Guatire.
El compromiso entre la SAV y Farmatodo subraya que la cultura de la prevención y la detección a tiempo son el camino para superar esta enfermedad.
Para obtener información de interés sobre prevención y tratamiento de enfermedades oncológicas se puede visitar la página web de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV):www.sociedadanticancerosa.org/ o seguirlos en las cuentas de redes sociales: Instagram como @sociedadanticancerosavzla, X (antes Twitter) como @SAnticancerosa y en Facebook como Sociedad Anticancerosa de Venezuela-SAV.
