Este martes, 10 de noviembre, la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) aprobó por unanimidad una reforma parcial a Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector, lo que se aspira, mejore paulatinamente el servicio. Según lo establecido en la nueva ley, la actividad de generación “será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente”.

Sobre la reforma, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez aclaró que la ley no promueve de ninguna manera la privatización del sector, pero sí “la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración de electricidad” hasta por plazo máximo de 25 años.

Desde Turquía, la encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, destacó que la reforma “permitirá un nuevo modelo de gestión del Sistema Eléctrico Nacional, dando apertura a inversión tanto nacional como internacional, pública y privada”. Insistió en que, con la reforma de la normativa, buscan que todo el país se sume al” esfuerzo conjunto de recuperar el Sistema Eléctrico Nacional y que pueda garantizar el crecimiento económico que ya, desde ya, vive Venezuela, pero que estamos proyectando sea aún mucho mayor”.

Analistas y consultores políticos analizaron los artículos de la reforma y concluyeron que la electricidad sigue siendo declarada servicio público, pero su prestación deja de estar reservada al Estado. Hay varios puntos que, consideran, limitarían los beneficios que pueda traer.

El analista y consultor político Aníbal Sánchez explicó que al revisar los primeros 95 artículos de la reforma se pueden ver cambios que modificarán el funcionamiento del sistema eléctrico en materia de propiedad, participación privada, control del Estado, tarifas, generación, distribución y derechos de los usuarios.

Señaló sin embargo que aunque la reforma plantea un cambio de modelo, el Estado aún conserva la rectoría y control estratégico en la materia. Resaltó al mismo tiempo que se abren espacios amplios a la inversión privada, la contratación de energía a precios de mercado y la explotación económica de instalaciones eléctricas.

🇻🇪🏛️💡 Al revisar los primeros 95 artículos de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, vemos unos cambios que pueden modificar el funcionamiento del sistema eléctrico, en materia de propiedad, participación privada, control del Estado, tarifas, generación, distribución y derechos de los usuarios. Aunque la reforma plantea un cambio de modelo: conserva rectoría y control estratégico el Estado, pero abre espacios amplios a la inversión privada, la contratación de energía a precios de mercado y la explotación económica de instalaciones eléctricas. El Art. 4 sancionado en segunda discusión por la AN; establece que las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización son servicios públicos, pero podrán ser prestadas por personas públicas y privadas. El 20 reconoce cuatro tipos de operadores: Empresas propiedad exclusiva de la República; Empresas mixtas con participación pública superior al 50 %; Empresas privadas domiciliadas en Venezuela; Empresas operadoras de hidrocarburos. El 44 permite la generación eléctrica por empresas públicas, mixtas y privadas, siempre que cuenten con la habilitación correspondiente. “La electricidad sigue siendo declarada servicio público, pero su prestación deja de estar reservada” El Art. 23 Establece que CORPOELEC podrá celebrar contratos de asociación público-privada, rehabilitación, operación, mantenimiento y modernización sobre sus activos e instalaciones existentes. Es decir “podrían recibir responsabilidad de operar y explotar económicamente determinadas instalaciones eléctricas de CORPOELEC, conforme a un contrato”. La reforma permite separar: Propiedad de Instalaciones, el Control Operativo, y los Ingresos. La reforma permite separar esas tres funciones. También establece que los pasivos laborales, ambientales, contractuales y fiscales acumulados antes de los contratos no serán transferidos. El Art. 49 establece que los precios y condiciones de suministro entre empresas operadoras, generadores independientes y usuarios especiales podrán pactarse. El 50 permite a los usuarios especiales: Autogenerar electricidad; Contratar energía y potencia con empresas generadoras o comercializadoras; Construir líneas dedicadas; Utilizar las redes existentes pagando; Instalar sistemas de almacenamiento y vender excedentes. El 61 establece una diferencia Para los usuarios generales se mantiene el régimen tarifario fijado por el Estado. Para las operaciones entre agentes habilitados (especiales) se establece una actividad de mercado, con precios y condiciones pactados. Se crea la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional como instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio. (Artículos 15, 16 y 17) Entre sus facultades: Calcular la tarifa técnica de costo eficiente. Otorgar licencias y constancias de registro. Fiscalizar empresas públicas, mixtas y privadas. Ordenar auditorías. Regular el acceso a las redes. Dictar normas técnicas. Resolver reclamos en segunda instancia. Aplicar sanciones administrativas. Clasificar usuarios y establecer el umbral de gran consumidor. La reforma (Art. 45, 46, 47) facilita que empresas y particulares produzcan electricidad para sus propias necesidades y bajo determinadas condiciones, puedan incorporarla al sistema o comercializar excedentes. La autogeneración podrá operar independientemente del Sistema Eléctrico Nacional. Las instalaciones de autogeneración de 2 MW o más necesitarán habilitación. Las instalaciones inferiores estarán sujetas a registro técnico e interconexión. La generación distribuida renovable y las microrredes tendrán su regulación. El almacenamiento de energía se reconoce como una actividad de mercado. “Empresas económicamente más fuertes tengan mayor capacidad para garantizar su propio suministro” mientras que usuarios residenciales dependerán de lo público La reforma permite que personas jurídicas públicas, privadas y mixtas desarrollen proyectos (…) 1/2

— Anibal E. Sanchez Ismayel (@AnibalSanchezOF) November 6, 2026

“Reforma eléctrica llena de discrecionalidad”

El exconcejal del municipio Libertador de Caracas, Jesús Armas, señaló por su parte que mientras Venezuela sigue a oscuras el interinato plantea una reforma eléctrica “llena de discrecionalidad”.

A través de su cuenta en X, Armas cuestionó que la nueva Superintendencia que se crea en la reforma dice tener “autonomía”, pero su jefe y sus cuatro directores son “de libre nombramiento y remoción” de la presidencia.

Calificó de “insólito” que la Superintendencia podrá recibir “donaciones de personas públicas y privadas” y recalcó que no conoce “ningún regulador eléctrico serio que funcione así”.

Jesús Armas indicó que el texto no reconoce si un privado puede ser dueño de una planta, aunque en la normativa quedó establecido que la concesión dura hasta 25 años y al final debe “restituir y transferir a Corpoelec todos los bienes”.

En el artículo 6 de la reforma aprobada por unanimidad, según destacó, quedó establecido que la administración eléctrica es exclusiva del Estado. Armas cuestionó que, con tal contradicción, “es muy difícil que la inversión privada”en materia eléctrica sea masiva en el país.

“Lo que necesitamos es una superintendencia con período fijo, ratificado por la AN y removible solo por causas definidas en la ley y altamente técnico. Un despacho independiente. Tarifas con reglas claras y poner todos los muros que eviten la captura por parte del ejecutivo y de los privados. Y todos los incentivos para la inversión”, concluyó el activista, cuyo equipo de monitor ciudad se ha dedicado en los últimos meses a documentar las fallas en este y otros servicios.

1/ Reforma de la Ley Servicio y Sistema Eléctrico 🧵: Mientras Venezuela sigue a oscuras el interinato plantea una reforma eléctrica llena de discrecionalidad. Una reforma estética para no cambiar su lógica de corrupción y control.

— Jesús Armas (@jesusarmasccs) November 5, 2026

Las tarifas las fija el Gobierno

El tema de las tarifas del servicio eléctrico ha planteado varias interrogantes con estos cambios legales: ¿habrá tarifas determinadas por la libre competencia o el Estado mantendrá el control sobre los precios del servicio eléctrico?

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, confirmó que las tarifas eléctricas estarán indexadas a la moneda de mayor valor del mercado, lo que permite anticipar desde allá que será un incremento importante.

Jesús Armas también cuestionó este proceder: “La tarifa que paga la gente la fija el gobierno, sin criterios en la ley y sin participación de nadie. Una tarifa así se le pone buena al amigo y se le aprieta al que no está alineado”, advirtió.

Otro punto debatible de la normativa son las penas de cárcel de hasta dos años para quienes comercialicen o se lucren con el servicio eléctrico. Al respecto, y durante el debate llevado a cabo en la AN el pasado 10 de noviembre, Rodríguez opinó que una persona que viva en zonas populares no se puede penar con seis años de cárcel o con multas elevadas si incurre en conectarse irregularmente a la prestación del servicio eléctrico.

🚨 | Con la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico, básicamente están permitiendo que se siga robando la electricidad. ¿Este es el cambio que queremos para Venezuela? PD: Y si vivo en una buena zona, pero no tengo cómo pagar la luz, ¿a mí sí me van a meter dos años preso? https://t.co/c2azdegBIc

— Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 10, 2026

Trabajadores no fueron consultados

En declaraciones a los medios de comunicación este 11 de noviembre, Alexis Rodríguez, dirigente sindical de Corpoelec, se quejó de que los trabajadores no fueron consultados para incluir sus apreciaciones en esta reforma.

“Nos tocará, con los nuevos patrones que vengan, tener las conversaciones y acercamientos en la búsqueda de soluciones y alternativas a la problemá laboral y de la empresa, que está severamente cuestionada, no solo por la prestación de servicios de baja calidad, sino también por los bajos salarios de los trabajadores”, sostuvo.

🔴 #ENVIVO | "A los trabajadores no se nos consultó", denunció Alexis Rodríguez, dirigente sindical de Corpoelec, al cuestionar la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico. Aseguró que la propuesta no contempla las demandas laborales y señaló los bajos salarios que percibe el personal. Sobre los posibles beneficios de mayores ingresos para la empresa, Rodríguez consideró que podrían mejorar las condiciones para discutir aumentos salariales: "Tendríamos nosotros mejor posición para discutir un aumento salarial", afirmó. 📲 Conéctate: https://t.co/he6EdBL64O

— VPItv (@VPITV) November 11, 2026

Aspira a que si hay ajustes de tarifas, eso incida en mejores compensaciones laborales. Reveló que las cuatro comunicaciones que han consignado este año al Ministerio de Energía Eléctrica y a distintas instancias de Corpoelec no han sido respondidas.

Lo que el Gobierno resalta

La propaganda oficial destaca que la normativa otorga un papel protagónico a las comunidades para hacer un uso eficiente de la energía eléctrica y que el marco legislativo establece un sistema “riguroso” para la determinación de responsabilidades y la aplicación de correctivos en caso de incumplimientos.

En la Ley se ratificó la sanción con penas de prisión de dos a seis años para quienes sustraigan energía eléctrica, con fines de lucro, mediante conexiones no autorizadas superiores a 5000 kilovatios-hora al mes.

Asimismo, el artículo 115 sanciona, con prisión de dos a cinco años, el hurto de equipos o instalaciones utilizadas para la prestación y medición del servicio eléctrico, independientemente de si el acto se ejecuta o no con fines de lucro.

¿Se pueden perfeccionar los alcances de la reforma?

Jesús Armas ha venido insistiendo que la ley deja en manos del Ejecutivo la reforma eléctrica, por lo que sugiere que el ente regulador sea elegido “por concurso, con período fijo y que no se pueda destituir a capricho”; que las tarifas sean calculadas “con una fórmula pública y un subsidio focalizado, pagado por el presupuesto y no escondido en la factura” y que se sean públicas las licitaciones para toda nueva generación y rehabilitación, con contratos publicados.

De igual forma, considera que debe haber una “compensación justa y arbitraje internacional, como ya se aceptó en la ley de hidrocarburos”, así como datos abiertos del sistema y un registro público de los dueños reales de cada empresa.

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