El viernes 7 de noviembre y ante un auditorio lleno de jóvenes militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el llamado Cartel de los Soles “no existe” y calificó de “narrativa del imperialismo” las acusaciones de Estados Unidos, que considera a esta presunta organización como terrorista y liderada por el mandatario Nicolás Maduro, junto a altos funcionarios de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional.

“De repente desempolvaron una cosa que llaman ellos el Cartel de los Soles, que jamás y nunca han podido comprobar porque no existe. Es la narrativa del imperialismo”, dijo Cabello durante el evento, un congreso sobre consumo de drogas y delincuencia juvenil que fue transmitido en directo por el canal venezolano Globovisión.

Mientras Cabello daba estas declaraciones, voceros del gobierno de Estados Unidos anunciaban que mantendrían el despliegue militar en el Caribe, cercano a aguas venezolanas, que inició el pasado mes de agosto, con el argumento de combatir el narcotráfico que supuestamente proviene de Venezuela. De hecho, durante los últimos dos meses, Washington ha reportado ataques contra 21 embarcaciones cargadas con presunta droga, en los que murieron, al menos, 80 personas, que según el gobierno norteamericano, estarían vinculadas a organizaciones criminales, como el Tren de Aragua o el propio Cartel de los Soles. 

De esta manera, el narcotráfico se ha convertido en un nuevo frente de disputa política entre ambos países: un tablero donde los decomisos y los despliegues militares se analizan tanto en clave de seguridad como de propaganda. Ambos países se autoproclaman como líderes en la lucha antinarcóticos y muestran cifras récords de incautaciones, lo que, en ambos casos, no se traduce obligatoriamente, en un control o golpe contra el tráfico ilegal de estupefacientes.  

Desde #LaHoradeVenezuela analizamos el contexto que nos ha llevado a este escenario y se intenta verificar qué impacto han tenido las incautaciones, en cuanto a las cifras ofrecidas desde Venezuela y Estados Unidos.

Todo empezó con el Tren de Aragua

La narrativa de Estados Unidos de combate al narcotráfico proveniente de Venezuela y el Caribe indudablemente está ligada a la designación de la megabanda Tren de Aragua (TdA) como una organización terrorista y la política de asegurar las fronteras. 

Desde que asumió el poder el 20 de enero de 2025, Donald Trump indicó que entre sus prioridades estaba el combate a los “asesinos” del TdA que EEUU asegura participan, entre otros delitos, en el tráfico de drogas hacia ese país. 

Entre enero y marzo, la administración Trump planteó esa narrativa. Con la deportación de 252 venezolanos al Centro de Confinamiento al Terrorismo de El Salvador, las declaraciones de los funcionarios de EEUU se centraron en este aspecto. A partir del mes de julio, luego de que el exgeneral Hugo “el Pollo” Carvajal se declarase culpable de cargos de narcotráfico y terrorismo, la Casa Blanca nuevamente asumió una posición más vocal en la lucha y operaciones antinarcóti

En julio aumentó la temperatura

La declaratoria del Cartel de los Soles como organización terrorista el 25 de julio, el aumento de recompensa contra Maduro al comenzar agosto, y el despliegue de operaciones en el Caribe sur a finales de ese mes formaron parte de esa “ofensiva” contra las drogas. Trump y sus altos funcionarios lo dejaron claro en al menos 16 declaraciones solo entre julio y agosto: Nicolás Maduro “es el jefe de un cartel, el Cartel de Los Soles, una estructura logística de narcotráfico” donde están imbricados militares venezolanos. 

Entretanto, la narrativa del Ejecutivo venezolano durante los primeros tres meses del gobierno de Trump estuvo guiada a replicar sobre la inexistencia del Tren de Aragua, la defensa de los migrantes y la propia lucha contra el narcotráfico a escala local y sus vinculaciones con “sectores terroristas de la derecha”. Pero desde agosto, se asumió una posición más directa al respecto, defendiendo las supuestas acciones antinarcóticos en Venezuela como ejemplo del compromiso del Estado con erradicar tal delito.

En el primer semestre del año ocurrió la “Operación relámpago”, que incluyó las detenciones de alcaldes en el estado Zulia bajo acusaciones de narcotráfico, así como incautaciones de droga. Las autoridades publicaron con recurrencia informaciones sobre operaciones antinarcóticos, especialmente en la zona occidental del país que colinda con Colombia.  

Según el ministro Diosdado Cabello, en declaraciones refrendadas por el G/J Vladimir Padrino López, durante el primer semestre de 2025 se incautó una mayor cantidad de droga que todo lo capturado el año anterior.  Solo en el Zulia, hasta junio de 2025, se habían incautado 31 toneladas. 

A partir de agosto, la narrativa gubernamental fue más recurrente sobre la lucha antidrogas dentro del territorio. Entre agosto y octubre, al menos 43 declaraciones públicas de Nicolás Maduro, comunicados de Cancillería y su vicepresidenta Delcy Rodríguez se sucedieron para hablar sobre la lucha contra el narcotráfico. 

“Hoy, Venezuela es campeona mundial en la lucha contra el narcotráfico y las mafias vinculadas a Colombia, Ecuador y Perú”, ha dicho Maduro, que incluso ofreció su ayuda a Colombia para combatir las drogas en la frontera. 

El 12 de agosto, Nicolás Maduro mostró un informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que, según dijo, confirma que Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos y procesamiento de cocaína desde hace 15 años. Además, señaló que el 87% de la droga producida en Colombia utiliza puertos de Perú y Ecuador para llegar a Estados Unidos a través del océano Pacífico, y sólo el 5% usa el territorio venezolano. Entonces, llamó a continuar la lucha contra el narcotráfico para llevar ese porcentaje a cero.

El 25 de agosto, Cabello reiteró el dato del 5% mientras afirmaba que en Venezuela se habían inutilizado más de 400 avionetas utilizadas para el narcotráfico “en los últimos años” y destruido un número indeterminado de pistas clandestinas. Según agregó, hasta esa fecha se habían neutralizado “narcosubmarinos”, lanchas y astilleros asociados a redes criminales. No dio cifras detalladas.

El dato del 5% también fue usado por el canciller Yván Gil el 16 de septiembre, por la vicepresidenta Delcy Rodríguez el 21 de ese mes, al afirmar que en sus redes sociales que el país “es un territorio libre de cualquier actividad ilícita”, y por el propio Maduro en una carta enviada a Donald Trump –fechada el 6 de septiembre–, que la Casa Blanca desestimó como “una lista de mentiras”.

El diario El Tiempo contactó directamente a fuentes de la ONUDD, quienes aclararon que “en ningún informe de ONUDD se menciona nada relacionado con Venezuela”. Según el coordinador regional del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Leonardo Correa, “el detonante de la crisis está ligado al tráfico y salida de drogas, no solo a su producción”, y fuentes de inteligencia colombianas señalaron que la frontera venezolana sigue siendo activa para el paso de cargamentos ilegales por rutas terrestres. Además, el informe Simci reporta que en Venezuela estaban 271 de las 285 infraestructuras para el procesamiento de cocaína intervenidas entre 2018 y 2022, lo que representa el 95% de los centros de procesamiento detectados en esa región.

El año de las grandes incautaciones

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe y el Pacífico oriental, con Venezuela y Estados Unidos multiplicando sus operativos y anuncios. Ambos gobiernos han presentado cifras acumuladas de incautaciones que sugieren un aumento significativo en el volumen total de droga interceptada en comparación con el año 2024.

​Mientras Venezuela, según declaraciones oficiales del ministro de Interior Diosdado Cabello y el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, ha incautado más de 63 toneladas de droga entre enero y noviembre de 2025, especialmente en operativos concentrados en la zona occidental del estado Zulia, Estados Unidos reportó “cifras históricas” de 510 000 libras (231 toneladas) de cocaína capturadas en alta mar, a través de operaciones como Pacific Viper y despliegues del Comando de Guardacostas. 

La coincidencia temporal de estos anuncios, concentrados entre agosto y noviembre, sugiere un uso estratégico de los datos. Un análisis y seguimiento de #LaHoradeVenezuela a los discursos oficiales de Caracas y Washington, muestra que ambos gobiernos intensificaron su comunicación antidrogas justo cuando las tensiones diplomáticas alcanzaban su punto más alto y el tema migratorio se mezclaba con acusaciones de terrorismo.

​Sin embargo, al intentar medir el impacto de estas incautaciones, el panorama se hace más complejo. Expertos y fuentes de seguridad consultadas por #LaHoradeVenezuela expresan que los informes de ambos países carecen de detalles verificables: no hay desgloses por tipo de sustancia, procedencia o destino, y las cifras varían según el portavoz y el momento político.

En el caso venezolano, las estimaciones oficiales se apoyan en comunicados y notas de prensa del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin acceso a bases de datos ni informes técnicos públicos. En el estadounidense, la información proviene de reportes militares y del Departamento de Seguridad Nacional, pero no incluye auditorías independientes. Y aunque los datos muestran un aumento en las incautaciones tanto en Venezuela como en alta mar en operaciones estadounidenses, más allá del volumen de decomisos, no hay pruebas contundentes que estas acciones se hayan traducido en una reducción estructural del tráfico.Venezuela y Estados Unidos siguen en disputa por el control del discurso y mantener la imagen de líderes en la lucha contra las drogas. No hay ganador claro aún.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.