La conmemoración del Día de la Unidad Alemana en Venezuela dejó a un lado el tradicional protocolo diplomático para transformarse en un espacio de solidaridad. Ante la tragedia provocada por los fuertes sismos del pasado mes de junio, la Embajada de Alemania en Caracas, en alianza con Cáritas Venezuela, decidió rediseñar su fiesta nacional para dedicársela a 115 familias damnificadas.
El encuentro, realizado el 3 de octubre en el Caraballeda Golf & Yacht Club, reunió a 320 personas afectadas por los terremotos. Lejos de las habituales recepciones corporativas, los propios miembros de la delegación diplomática atendieron a los invitados, quienes compartieron un menú tradicional alemán y disfrutaron de un día de esparcimiento con actividades lúdicas pensadas especialmente para que los niños recuperaran la sonrisa.
Esta iniciativa surge como una extensión del apoyo sostenido que la nación europea ha brindado al país tras la emergencia. Desde el inicio de la catástrofe, la ayuda humanitaria alemana contabilizada supera los 25 millones de euros, e incluye el envío de doce aviones de transporte militar, equipos de búsqueda y rescate, y personal médico de emergencia.
No obstante, desde la embajada destacaron que el contacto humano y la oportunidad de brindar esperanza en medio de la crisis tienen un valor que trasciende las cifras.
El evento, que contó con el respaldo logístico de diversas empresas privadas locales, sirvió para evocar el verdadero espíritu del 3 de octubre de 1990, fecha en la que se formalizó la reunificación de Alemania tras la caída del Muro de Berlín.
Aquel hito histórico es recordado hoy por la diplomacia germana no solo como un triunfo político e institucional, sino como un símbolo de unidad, reencuentro y resiliencia humana, valores que ahora comparten de cerca con los venezolanos que intentan reconstruir sus vidas.
Las expresiones contra Figuera y Solórzano provocaron pronunciamientos de partidos, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos. Entre ellos estuvo Edmundo González Urrutia, candidato opositor a las elecciones presidenciales de 2024, quien el 3 de octubre llamó a no condicionar el rechazo a un insulto a la valoración que se tenga de la mujer que lo recibe.
“Deberíamos poner menos atención en demostrar que la mujer insultada ‘no merece’ el insulto y más en preguntarnos por qué todavía resulta tan fácil insultar a una mujer desde su condición de mujer”, escribió en X.
Su planteamiento fue más allá de los casos concretos de Figuera, Solórzano y María Corina Machado. González sostuvo que una mujer puede ser cuestionada políticamente, equivocarse, ejercer mal el poder o ser adversaria y que todo ello puede ser objeto de una crítica severa.
“Lo que no admite discusión es que su condición de mujer se utilice para degradarla”, afirmó.
De la crítica política al insulto sexualizado
El pronunciamiento de González coincidió con una cadena de reacciones a los ataques contra Figuera y Solórzano.
En el caso de Figuera, el analista Esteban Gerbasi utilizó el término “meretriz de la política” para referirse a ella, en el contexto de sus críticas a la dirigente por su participación en procesos de diálogo y negociación política. La expresión generó rechazo entre dirigentes y organizaciones que consideraron que la discrepancia política no justifica recurrir a insultos sexualizados.
María Beatriz Martínez, dirigente de Primero Justicia, expresó su respaldo a Figuera. María Beatriz Martínez, dirigente de Primero Justicia, expresó su respaldo a Figuera.
“Frente a los ataques misóginos de Esteban Gerbasi toda mi solidaridad y respaldo a @Dinorahfiguera. El uso de vocabulario violento, contra las mujeres que hacemos política, es inaceptable. El debate y las divergencias jamás deben ser excusa para la violencia de ningún tipo”, escribió.
La Plataforma Unitaria Democrática también rechazó los ataques contra Figuera y Solórzano. Respecto a esta última, los comentarios fueron emitidos por el ministro Diosdado Cabello durante su programa televisivo. Allí, ironizó sobre los relatos que expuso Solírzano sobre lo que había experimentado en clandestinidad.
“Las diferencias políticas se confrontan con argumentos, ideas y propuestas, nunca mediante campañas denigrantes”, señaló la coalición. El pronunciamiento añadió: “En democracia se puede pensar distinto, disentir e incluso debatir con firmeza, pero jamás se debe denigrar, humillar u ofender”.
La organización extendió su solidaridad a Figuera, Solórzano y “todas las mujeres que han sido objeto de estas deplorables conductas y campañas”.
El problema no termina en el insulto
Para Laboratorio de Paz, lo ocurrido con Figuera no puede analizarse como un episodio aislado. La organización presentó el 29 de septiembre la investigación “Inquebrantables: Violencia contra las mujeres en la política venezolana”, elaborada a partir de entrevistas semiestructuradas y cuestionarios aplicados a 23 mujeres con experiencia de participación en organizaciones partidistas.
El estudio no pretende ser estadísticamente representativo de todas las mujeres que participan en política en Venezuela, pero identifica patrones que se repiten en los testimonios recogidos. Entre ellos aparecen la vigilancia, las amenazas, la intimidación, la deslegitimación pública y también prácticas de discriminación y exclusión dentro de las propias organizaciones políticas.
Uno de los hallazgos apunta directamente a la diferencia con que se evalúa a hombres y mujeres. El 100% de las participantes consideró que la vida personal de las mujeres en política es más examinada que la de los hombres, mientras que 73,9% dijo haber sido juzgada más por su apariencia, su situación familiar o su conducta personal que por su trabajo político.
El cuerpo, la edad, el estado civil, la maternidad o la forma de vestir pueden terminar formando parte de una evaluación que debería concentrarse en las decisiones y posiciones de una dirigente. El estudio también registró comentarios sobre el cuerpo o la apariencia física, insinuaciones sexuales y casos de acoso sexual.
El informe introduce otro elemento que suele quedar fuera de la discusión: no toda la violencia contra las mujeres que hacen política proviene de actores estatales o de adversarios externos. Las 23 participantes describieron también experiencias de discriminación, subordinación y exclusión dentro de sus propias organizaciones. El 87% considera que las decisiones más importantes de sus partidos siguen siendo tomadas principalmente por hombres, mientras 69,6% ha observado o experimentado situaciones en las que esas decisiones se toman en espacios informales a los que las mujeres tienen acceso limitado o inexistente.
El costo de la participación política tampoco queda necesariamente en quien ocupa el cargo o asume el liderazgo.
El estudio encontró que tres de cada cuatro mujeres entrevistadas afirmaron que sus familias han sufrido amenazas o represalias relacionadas con su actividad política. Además, 100% dijo haber modificado alguna decisión sobre su liderazgo, visibilidad o participación para proteger a sus familiares.
El hostigamiento, en esos casos, puede convertirse en una presión que trasciende a la dirigente y alcanza a hijos, parejas, padres u otros familiares. Para Laboratorio de Paz, este mecanismo incrementa los costos personales de participar en la vida pública y puede terminar empujando a algunas mujeres a reducir su exposición.
Sin embargo, el informe también registra una respuesta distinta: pese a las amenazas y la intimidación, 78,3% de las entrevistadas aseguró que no ha considerado abandonar la política.
Una discusión que atraviesa todo el espectro político
Laboratorio de Paz subrayó que la violencia política contra las mujeres no desaparece dependiendo de quién sea el agresor o de qué corriente política provenga.
Tras las declaraciones contra Figuera, la organización rechazó específicamente que una diferencia sobre una negociación o una decisión pública terminara expresándose mediante un insulto sexualizado.
“Se puede cuestionar con firmeza una posición política, una negociación o una decisión pública. Lo que no corresponde es desplazar el debate hacia insultos sexualizados dirigidos contra una mujer por ejercer liderazgo político”, señaló Laboratorio de Paz.
La organización también sostuvo que este tipo de agresiones puede presentarse entre actores oficialistas, opositores o de cualquier otra tendencia, por lo que su rechazo, planteó, no debería depender de la identidad política de quien las recibe.
El informe Inquebrantables plantea, en ese sentido, que una eventual reconstrucción democrática no debería limitarse a recuperar derechos políticos o ampliar los espacios de participación. También debería abordar las prácticas que dificultan que las mujeres ejerzan esos derechos en condiciones de igualdad.
“Hacer política siendo mujer sigue teniendo un costo”
El pronunciamiento de Edmundo González volvió a colocar esa idea en el centro de la discusión.
“Hace años, muchas de estas conductas eran aceptadas, toleradas o simplemente pasaban inadvertidas. Tuve muchas compañeras que las vivieron. Pero las mujeres que hacen política hoy las siguen viviendo”, escribió.
Y concluyó: “Hacer política siendo mujer sigue teniendo un costo que los hombres muchas veces no enfrentamos. Y nos queda mucho por aprender”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Fundehullan, organización que promueve la documentación y formación de los DD.HH. a través de la formación de ciudadanos en las regiones, denunció este 4 de octubre. la detención del expreso político JesúsSamuelSuárez.
Refirieron que el hecho ocurre apenas dos días después de su excarcelación. Suárez habría sido detenido e interceptado nuevamente en un punto de control de la Guardia Nacional en Portuguesa, mientras viajaba a Caracas para cumplir con su régimen de presentación este lunes, 5 de octubre, ante el Tribunal 3º de Terrorismo.
La ONG calificó de “inaceptable” la situación y e insistió en la necesidad de que estos hechos se detengan.
“¡Basta de puertas giratorias! Este hecho es una prueba irrefutable de que el patrón sistemático de persecución y hostigamiento contra la disidencia continúa. No es un caso aislado, es una política de Estado para mantener el miedo y silenciar voces críticas. Esta detención constituye una gravísima violación a los derechos humanos de Jesús Samuel Suárez, incluyendo el derecho a la libertad, al debido proceso y a la libre circulación”, recalcaron.
Fundehullan destacó que esta nueva detención arbitraria también representa un incumplimiento de la orden judicial que le otorgaba la excarcelación al expreso político, con lo que también se vulnera la Constitución y los tratados internacionales de DDHH y exigió a la encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, a poner fin a estas detenciones arbitrarias “y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos”.
“Es su responsabilidad velar por el cumplimiento de la ley y detener esta ola de represión”, recalcaron.
El Foro Penal recordó que Suárez permaneció privado de su libertad durante 2 años 8 mesesy 3 días luego de su captura en enero del 2024. El expreso político tachirense fue excarcelado el 2 de octubre de 2026, tras culminar su juicio en Caracas por el caso conocido como “Brazalete Blanco”.
Las alcabalas siguen violando DD.HH.
Javier Tarazona, expreso político, precisó que la detención de Jesús Suárez ocurrió la mañana de este 4 de octubre en la alcabala La Cascada de Portuguesa. Dijo que este hecho revictimiza a Suárez y que demuestra cómo las alcabalas continúan con sus patrones de violación de derechos humanos.
“Ya basta de la revictimización en Venezuela, una vez más detienen al tachirense JesúsSuárez, las alcabalas siguen violado derechos humanos en Venezuela, se requieren garantías de no repetición, justicia, restitución de derechos y libertad”, escribió el expreso político en su cuenta en X.
Ya basta de la revictimización en Venezuela, una vez más detienen al tachirense Jesús Suárez, las alcabalas siguen violado derechos humanos en Venezuela, se requieren garantías de no repetición, justicia, restitución de derechos y libertad https://t.co/Up9BFBDWV9
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La economía venezolana (PIB) creció 7,14% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según el Banco Central de Venezuela. El resultado confirma un avance de la actividad económica, pero este no se ha traducido en una mejora equivalente del poder adquisitivo de las familias.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB proyecta un crecimiento de 6,5% para todo 2026 y confirma que el mayor dinamismo de la producción todavía no se refleja de forma significativa en la capacidad de compra de los hogares.
Una parte importante del ingreso de los hogares sigue comprometida con los gastos básicos. Según Datanálisis, los alimentos representan en promedio 41,6% del presupuesto mensual, pero la proporción cambia de forma marcada según el nivel de ingreso. En los hogares de menores ingresos supera 55%, mientras que en los de mayores ingresos ronda 25%.
Los economistas e investigadores de la UCAB Luis Zambrano-Sequín y Santiago Sosa explican en un reciente estudio que los hogares de menores ingresos tienen menos margen para ajustar sus gastos cuando aumentan los precios de los alimentos. A medida que aumenta el ingreso, ese efecto disminuye y las familias pueden destinar una mayor parte de sus recursos a otros gastos.
El ingreso no sigue el ritmo de los precios
En el sector manufacturero privado la remuneración promedio aumentó 16% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, al pasar de 466 a 541 dólares, según Conindustria. Para junio, la inflación interanual alcanzó 544,1%, de acuerdo con el BCV.
En marzo de 2026, el Ingreso Mínimo Mensual (IMM) se ubicó en el equivalente a unos 190,3 dólares, según Ecoanalítica. El indicador, que suma el salario mínimo, el bono de alimentación y el bono de guerra económica, cubría menos de 30% del costo de la canasta alimentaria familiar. La cifra muestra que el aumento de la actividad económica ocurre en un contexto en el que el ingreso mínimo todavía resulta insuficiente para cubrir los gastos básicos.
El propio IIES-UCAB advierte que el crecimiento esperado para 2026 está apoyado en buena medida por el impulso del sector petrolero y las inversiones asociadas, mientras que la recuperación del empleo formal todavía es incipiente.
El consumo se adapta a los precios
Según cifras de Atenas Grupo Consultor, entre enero y julio de 2026, los hogares adquirieron 5,8% más unidades que el año pasado, aunque el costo por producto subió 19,2%. El comportamiento muestra que el consumo puede mantenerse incluso cuando los precios aumentan, aunque con ajustes en las decisiones de compra.
En julio, por ejemplo, una reducción promedio de 4,3% en los precios coincidió con un incremento de 3,1% en el volumen de compras. El comportamiento también se observó en los rubros básicos de alimentación.
La recuperación económica que muestran las cifras oficiales y sectoriales sigue tropezando con la realidad de los hogares. Para muchas familias, el margen para cubrir otras necesidades sigue dependiendo de cuánto queda después de pagar los gastos básicos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hay un caso en este informe que, aunque ocupa apenas unas páginas, condensa casi todo lo que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU intenta explicar sobre la desaparición forzada en Venezuela. Es el de Víctor Hugo Quero Navas y su madre, Carmen Teresa Navas. Vale la pena contarlo completo, con calma, porque la fuerza de este caso está justamente en los detalles.
La detención
Víctor Hugo Quero Navas fue detenido el 1 de enero de 2025, en las inmediaciones de la plaza Venezuela en Caracas, por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). No hubo orden judicial. Desde ese mismo momento, según el informe, comenzó lo que el derecho internacional llama desaparición forzada: la privación de libertad de una persona por agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocerla o de ocultar su paradero (párrafo 271 del informe).
Fueron dieciséis meses de búsqueda
Lo que sigue es, literalmente, un mapa de todas las instituciones del Estado venezolano, recorridas una por una sin resultado. El informe lo describe así:
“La señora Carmen acudió durante ese mes de enero a hospitales, morgues, centros de privación de libertad, servicios de emergencia, CICPC, DGCIM, SEBIN, Fiscalía, Defensoría del pueblo preguntando por su hijo, nadie le dio respuesta“. (párrafo 309)
Pero no se quedó ahí. La Misión documentó en 2026, con fechas y expedientes concretos, cada intento formal que hizo Carmen Navas por dentro del sistema legal venezolano:
Una denuncia por desaparición forzada ante la Fiscalía General de la República, el 28 de febrero de 2025.
Una nueva denuncia por escrito, con acuse de recibo, el 29 de octubre de 2025.
Al menos diez visitas a la Defensoría del Pueblo.
Al menos seis visitas al centro penitenciario El Rodeo I, donde tanto el tribunal de la causa como la propia Defensoría del Pueblo le habían indicado que se encontraba su hijo, y donde los funcionarios penitenciarios negaron reiteradamente su presencia (párrafo 309).
El 5 de marzo de 2026, una solicitud formal ante un Tribunal Especial en materia de Terrorismo para pedir la aplicación de la Ley de Amnistía y la libertad de su hijo.
El 6 de abril de 2026, una acción de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que fue rechazada.
El 6 de mayo de 2026, la negativa definitiva del tribunal a aplicar la Ley de Amnistía, con el argumento de que los delitos imputados no calificaban para el beneficio. Con esas acciones estatales, al menos le hacían suponer a su familia que Víctor Hugo Quero seguía con vida.
Es decir: Carmen Navas agotó, en el orden que el propio Estado establece, todos los caminos legales disponibles. Pero ninguno funcionó.
La forma en la que se lo dijeron
El 3 de mayo de 2026, la nueva Defensora del Pueblo citó a Carmen Navas a su despacho, para interesarse por su caso. Cuatro días después, volvió a citarla, pero esta vez estaba acompañada por el ministro del Sistema Penitenciario, el señor Zerpa, el mismo funcionario que, como vimos en el reporte anterior, fue señalado por la Misión como máximo responsable de la atención médica de las personas detenidas. El informe del episodio en la Defensoría describe el momento así:
“La señora Carmen no fue autorizada para entrar acompañada de nadie más, según la información recibida por la Misión, al entrar le entregaron un papel y le pidieron que leyera. Así fue comunicada oficialmente la muerte de su hijo“. (párrafo 311)
Estamos hablando de daños extendidos a familiares. Carmen Navas estaba sin nadie de su confianza al lado. Sin abogados. Con 83 años de edad. Leyendo ella misma, en un papel, que su hijo estaba muerto. 16 meses después de no verlo más.
Lo que decía el comunicado oficial (y lo que no cuadraba)
Ese mismo 7 de mayo, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario emitió un comunicado público. Según esa versión, Quero Navas habría fallecido el 24 de julio de 2025, es decir, diez meses antes de que su madre lo supiera, supuestamente por una insuficiencia respiratoria derivada de un tromboembolismo pulmonar, tras ingresar el 15 de julio por una hemorragia digestiva.
El mismo comunicado agregaba algo que la Misión, con mucha mesura, califica de difícil de conciliar con los hechos:
“En el mismo comunicado, se asegura que ‘durante su proceso de reclusión (…) ningún familiar se presentó a solicitar visita formal.’ La afirmación resulta difícil de conciliar con la información examinada por la Misión sobre las numerosas gestiones realizadas por familiares de la víctima para determinar su paradero”. (párrafo 313)
Es decir, el propio Estado, en el comunicado donde por fin reconocía la muerte, volvió a decir algo que contradecía dieciséis meses de denuncias documentadas por escrito. Carmen Navas lo hizo todo y el Estado lo negaba.
Las gestiones de Carmen Teresa Navas en la búsqueda de su hijo desaparecido. Extractos del informe de la Misión ONU y la lápida que el Estado venezolano garabateó sobre la fosa donde había enterrado el cadáver, diez meses antes, de Víctor Quero Navas.
La exhumación
El Ministerio Público anunció una investigación penal el mismo 7 de mayo y ordenó exhumar el cuerpo. Eso ocurrió al día siguiente, en el Parque Memorial Jardín La Puerta. Según el testimonio recibido por la Misión:
“Al abrir el ataúd durante la exhumación el testigo refiere haber visto que el cuerpo del Sr. Quero Navas estaba desnudo, boca abajo con los brazos entrelazados hacia las piernas. Parte de los funcionarios allí presentes le solicitaron a la Sra. Carmen Navas si había llevado ropa para vestir el cuerpo de su hijo”. (párr. 318)
El Estado no se hizo responsable ni siquiera de la ropa. El cadáver fue inhumado ese mismo día. Las pruebas de la autopsia se realizaron allí mismo, a pocos metros de los presentes.
Un mes después, el Ministerio Público informó que la necropsia y una prueba genética (comparando tejido óseo del cadáver con una muestra de Carmen Navas, con 99,496 % de probabilidad de filiación biológica) confirmaban que se trataba de Víctor Quero Navas, y que la causa de muerte había sido el tromboembolismo, sin lesiones traumáticas visibles.
Los familiares respondieron públicamente el 3 de junio. Según recoge el informe, denunciaron que los resultados se divulgaron “como si ya fuesen concluyentes o finales”, sin permitirles intervenir en los exámenes con médicos independientes ni revisar las conclusiones de antemano. No se aplicó el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, como pidieron sus familiares, un documento base de las Naciones Unidas para estos casos. (párrafo 317).
La muerte de Carmen Navas
“La Sra. Carmen Teresa Navas falleció el 17 de mayo de 2026, a los 83 años, nueve días después de conocer oficialmente el fallecimiento de su hijo”. (párrafo 319).
Sus familiares, en el comunicado del 3 de junio, vincularon su muerte al sufrimiento físico y emocional causado por la incertidumbre prolongada sobre el paradero y el destino de su hijo. Y la Misión no lo trató en su informe como una simple coincidencia trágica. Cita jurisprudencia y doctrina de Naciones Unidas que ha reconocido, en más de un caso, que la angustia y el sufrimiento prolongado de los familiares de una persona desaparecida pueden constituir, por sí mismos, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (párr. 319, nota 515). Los expertos lo reconocen y es un argumento que los venezolanos pueden trasladar a otros casos de muertes de familiares de presos políticos.
Lo que la Misión concluye
El informe cierra este apartado con una idea que conecta directamente con todo lo que hemos venido mostrando en esta serie: la desaparición forzada no termina cuando alguien logra averiguar, por vías informales, dónde está su familiar. Termina solo cuando el Estado lo reconoce oficialmente. Y mientras tanto, dice la Misión, también los familiares se convierten en víctimas. Luego sigue siendo un crimen de Estado hasta que no se desmonte el aparato que lo hizo posible.
Hay además un dato que la Misión subraya como patrón, no como excepción: quienes sostuvieron la mayoría de estas búsquedas, yendo de centro en centro, de fiscalía en fiscalía, de morgue en morgue, fueron mujeres. Son madres, tías, abuelas, esposas, hijas, hermanas, cuñadas y amigas buscadoras, que además de cargar con la angustia asumieron el costo físico, económico y de seguridad de hacer un trabajo que, según el propio derecho internacional, le correspondía hacer al Estado.
¿Podría mejorar la crisis eléctrica en el país con los 1300 megavatios que prometio el gobierno encargado que serían incorporados a la red antes de que acabe el año? En un video difundido en las redes sociales, el ingeniero civil Roberto Vernet explicó por qué la cifra anunciada no podrá cubrir las graves deficiencias en el Sistema Eléctrico Nacional.
El pasdo 29 de septiembre, el gobierno venezolano prometió incorporar más d4e 1300 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional para el último trimestre del año. Así lo anunciaron el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, junto al presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández.
Precisó que, de concretarse lo anunciado, el incremento neto real sería de apenas 100 megavatios, porque habría que descontar de allí los 1200 megavatios que se perdieron tras la falla en la turbina 17 de la Central Hidroeléctrica del Guri el pasado 30 de agosto.
Explicó también que esos 1300 megavatios, 600 provendrían de Planta Centro, una instalación que aseguró “nunca ha producido eso, pues en su pico máximo hace unos diez años producía aproximadamente 250 megavatios y después de un incendio, no volvió a producir más nada”.
El resto se originaría en TermoZulia, “que no se sabne si realmente están incorporando nuevos megavatios o energía, o recuperando algo que se cayó anteriormente”.
Por todo lo antes expuesto, consideró que “no se ve un panorama claro o solución” que permita augurar un incremento real de megavatios en el SEN. Y recalcó que aún aumentándolos, el reto es ver si se sostienen en el tiempo y si realmente puedan llegar a los hogares, industrias y comercios después de pasar por los transformadores en el camino.
“Por eso, es necesario que se hable claro y que se pongan las cifras de cómo está realmente la situación en generación, transmisión y distribución, además de lo que se necesita para que todo se estabilice”, concluyó el experto.
#2Oct#Venezuela#SistemaEléctrico El ingeniero civil Roberto Vernet advirtió que la anunciada incorporación de 1.300 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) representaría un incremento neto real de apenas 100 MW, tras descontar la pérdida de hasta 1.200 MW derivada… pic.twitter.com/hVkcZjez8y
La situación con los cortes eléctricos en Venezuela continúa siendo crítica. En la última semana, se reportaron protestas casi todas las noches en estados del país como Falcón, Carabobo, Zulia, Aragua, Miranda, Lara, Guárico, Cojedes, Bolívar, Anzoátegui, Portuguesa, Trujillo y Sucre.
🚨 SIGUEN LAS PROTESTAS EN VENEZUELA: “¿QUIÉN ME PAGA MI NEVERA?”
Habitantes de Tucacas, estado Falcón, tomaron la carretera nacional Morón-Coro, a la altura de Boca de Aroa, en protesta por los prolongados apagones.
Un informe difundido en septiembre por Anova Policy Research reveló que siete de cada diez hogares venezolanos (70,2%) recibían agua o electricidad de forma precaria, 21,7 puntos porcentuales más que un año antes. La investigación encontró que la proporción de hogares con cortes de luz diarios pasó de 37,1% en 2024 a 62,8% en 2026, casi dos de cada tres familias. En el otro extremo, los hogares con un servicio eléctrico continuo, que ya en 2024 eran una pequeña minoría de 8,2%, se redujeron a 6,9%.
El estudio concluyó que la reactivación económica de Venezuela “es inviable sin una solución de fondo a la crisis de los servicios públicos“, pues la productividad laboral se ve muy limitada “cuando siete de cada diez hogares organizan su día en torno a la llegada del agua y al horario del apagón, y cuando el propio Estado reduce su jornada para ahorrar electricidad”.
En un recorrido en Petare el pasado 02 de octubre, el dirigente político Carlos Ocaríz dijo que el promedio nacional de horas diarias sin luz pasó de cinco a ocho horas. Propuso cuatro medidas para recuperar el SEN: eliminación de Corpoelec por ser “un nido de corrupción”; recuperación de empresas regionales como Edelca, para Puerto Ordaz; volver a la “meritocracia” para que estas empresas sean dirigidas por las personas más capacitadas y licitaciones transparentes, “sin enchufe”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cien días han pasado desde los terremotos del 24 de junio en Venezuela y el Gobierno encargado no ha publicado datos oficiales sobre el impacto del desastre en las infancias del país. La Agencia PANA de Cecodap precisó que al menos 144 niños, niñas y adolescentes continúan desaparecidos tras el desastre. De ese grupo, al menos 40 de esos casos tienen a sus padres o representantes desaparecidos también y en 8 casos los padres fallecieron.
A través de reportes en redes sociales y en la prensa nacional, la ONG pudo confirmar que al menos 37 niños, niñas y adolescentes que estaban desaparecidos en los primeros días después del desastre fueron localizados con vida. Mientras tanto, 201 niños, niñas y adolescentes se encontraron sin vida. De ese grupo, 129 fallecieron junto a sus padres o representantes.
Sin datos oficiales
La Agencia PANA pudo recopilar 3267 casos de niños, niñas y adolescentes que tuvieron una afectación directa por los terremotos del pasado 24 de junio. A 100 días del desastre, la ONG verificó que 720 casos correspondían a niños y adolescentes que se identifican con el género masculino (22 %) y 586 casos correspondían a niñas y adolescentes que se identifican con el género femenino (17,9 %). La mayoría, 1646 casos (50,38 %), son reportes donde no se especifica el género del menor de edad.
Además, el registro de la Agencia PANA constató que las infancias, aquellos entre los 0 y 11 años son la población más afectada. Ese grupo etario representa el 31,19 % de la población afectada (1 019 casos registrados por la ONG).
Datos obtenidos por Cecodap y la Agencia PANA. Actualización: 23 de septiembre de 2026
«No tener información pública a más de 100 días de los terremotos es un riesgo de protección», enfatizó Carlos Trapani, abogado y coordinador general Cecodap, durante la rueda de prensa. «La insuficiencia de información desagregada, pública y periódica es una dificultad operativa. ¿Cómo tomo decisiones?, ¿cómo yo priorizo la atención?, ¿dónde están las prioridades? La decisión no puede ser intuitiva».
Trapani denunció que la opacidad informativa sobre las infancias se mantiene desde antes del desastre. En un reportaje realizado por Runrun.es, se identificó que el Gobierno encargado contabilizó la existencia de 3 798 niños, niñas y adolescentes en 32 campamentos de La Guaira para el 2 de septiembre de 2026. Sin embargo, las listas gubernamentales no especificaban el género, la edad ni la condición médica de esa población que representaba el 34,92 % de los refugiados para esa fecha.
«Dejen los datos públicos para poder, entre todos, analizarlos y construir respuestas mucho más efectivas», enfatizó Trapani.
Desplazamiento interno: una emergencia desatendida
De los datos recopilados por la Agencia Pana, al menos 1811 niños, niñas y adolescentes se desplazaron a otros estados del país. Todos están acompañados por algún miembro de su familia directa o extendida. Este grupo representa el impacto más recurrente dentro de los registros de Cecodap.
Los estados receptores más destacados son Monagas (con 311 casos), Nueva Esparta (con 277), Trujillo (con 240), Barinas (con 234) y Miranda (con 216). Rojas denunció que el equipo de Agencia Pana solo pudo identificar un plan de albergue organizado por el Estado en Trujillo, el resto no ha ofrecido sus planes de acción ante el público.
Datos obtenidos por Cecodap y la Agencia PANA. Actualización: 23 de septiembre de 2026
«Estos son niños que se desplazan con sus familias por su cuenta», destacó Rojas. «Son recibidos en casas de familiares que viven en este estado receptor».
Para Cecodap, el desplazamiento interno sin la atención humanitaria gubernamental genera otra capa de vulnerabilidades: las familias receptoras deben cargar con un hacinamiento en sus hogares y una carga económica más alta.
Además, existe el impacto psicosocial no atendido de las infancias: «Estamos viendo infancias que se tiene que adaptar a nuevos espacios, a nuevas personas, sin saber muy bien qué ha pasado con algunos familiares, amigos y conocidos. No se sienten seguros al atravesar esos cambios», dijo la coordinadora de la Agencia Pana.
El cuidado: una carga invisible
Rojas relató el caso de una abuela en San Félix, estado Bolívar, que tuvo que recibir a sus 12 nietos, proveniente de 3 familias afectadas de La Guaira afectadas por los terremotos. Trapani, por su parte, relató que en el campamento transitorio de la Unidad Educativa República de Panamá, en La Guaira, algunos niños y niñas debían quedarse bajo el cuidado de una adolescente mientras los padres debían salir del refugio a buscar trabajo o sustento.
Durante la elaboración del informe, Cecodap y la Agencia PANA también pudieron identificar a docentes que, al inicio del año escolar, siguen cargando con el duelo y vivir en un refugio mientras gestionan la educación de las infancias afectadas por los terremotos.
Indira Rojas (derecha) y Carlos Trapani (izquierda) durante la presentación del tercer informe de Cecodap sobre el impacto de los terremotos en las infancias y adolescencias venezolanas. Foto: equipo de comunicaciones de Cecodap
«No hay que dejar solo el cuidador. Sabemos que hay un niño herido, pero también existe un cuidador herido. La importancia de la verificación de los vínculos es fundamental [al momento de reunificar a las familias]», destacó Trapani. También enfatizó que los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente deben mantener un seguimiento a las familias reunificadas para precisar el apoyo psicosocial que debería brindar el Estado en las distintas fases del desastre.
«Hay que dejar de ver a las infancias como víctimas y verlas más como ciudadanos. En la medida que en la gestión de la emergencia se escuchan las voces de los niños, podemos implementar más correctivos», dijo el coordinador general de Cecodap. Advirtió que, si se hace de una forma segura y efectiva, las infancias y la adolescencias podrán expresar su situación de seguridad física, alimentaria y psicosocial de forma oportuna.
Riesgos latentes, trazabilidad urgente
Ante la falta de datos demográficos sobre el impacto de los terremotos del 24 de junio, Cecodap y la Agencia PANA advierten sobre las vulnerabilidades que enfrentarían las infancias y la adolescencia venezolana en la emergencia postsísmica. Según las instituciones, la prevención de la violencia, la detección completa de los casos de desaparición y la inserción escolar son dos de los temas más relevantes para esta fase de la emergencia humanitaria.
Todos los temas se pueden abordar desde la detección y trazabilidad de los casos.
Rojas y Trapani denunciaron que a la familia Clemente Bandres le dieron las cenizas de un infante que no era su hija fallecida. También mencionaron el riesgo de las «adopciones solidarias», una actividad no estipulada en la Ley venezolana donde un ciudadano sin parentesco con el menor de edad toma su cuidado. La violencia que puede surgir tras la sobrecarga de los cuidadores y el seguimiento de la escolaridad de las infancias luego del desastre.
«No saber quiénes son, dónde están ubicados, no medir qué derecho está afectado y no ajustar la respuesta es un riesgo de protección», reiteró Trapani. «Entonces, la información pública y oportuna protege. La información es una medida de protección. Por eso insistimos en los datos antes agregados, fechas de corte, metodología, desagregaciones por edad, por género. No es igual como la emergencia lo vive una niña que un niño. No es igual si tienen discapacidades, si está desplazado. Son afectaciones diferentes. Insistimos a las autoridades a que presenten los datos sobre la niñez, las que tengan. Así, como sociedad, problematizamos la situación y manejamos los recursos para apoyarlos».
Después de 18 meses entre prisión y restricciones judiciales, Rory Branker, editor del medio digitalLa Patilla, recuperó su libertad plena. El Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo dictó el jueves 2 de octubre una sentencia absolutoria en el proceso que se seguía en su contra.
La decisión puso fin al proceso penal y dejó sin efecto las medidas cautelares que permanecían vigentes desde su excarcelación, entre ellas el régimen de presentación periódica y la prohibición de salir de Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la sentencia absolutoria.
Branker fue detenido el 20 de febrero de 2025. De acuerdo con el SNTP, 40 días antes había compartido en X una imagen relacionada con las recompensas ofrecidas por los Departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. La organización señaló que esa publicación figuró entre las razones de su detención.
Posteriormente, al periodista le fueron imputados los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Prisión y desaparición forzada
Branker permaneció detenido hasta el 4 de febrero de 2026, cuando fue excarcelado después de pasar 11 meses y 15 días privado de libertad.
Su salida de prisión, sin embargo, no significó el cierre del proceso. El periodista debía presentarse periódicamente ante las autoridades y tenía prohibición de salir del país, restricciones que permanecieron vigentes durante los siguientes meses.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a favor de Branker el 27 de agosto de 2025, después de considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia. En ese momento, la Comisión señaló que desde su detención se desconocía su paradero y pidió al Estado venezolano información sobre su custodia, las circunstancias de su detención y su situación judicial.
Durante los primeros meses después de su arresto, familiares y abogados no lograron obtener información oficial sobre el lugar donde se encontraba recluido. La CIDH dejó constancia de que el Estado venezolano no había respondido a sus solicitudes de información cuando emitió las medidas cautelares.
En septiembre de 2025 se conoció que Branker se encontraba recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Caracas, tras permanecer durante meses sin que se informara oficialmente sobre su paradero.
El caso fue seguido por organizaciones de defensa de la libertad de prensa y derechos humanos, que cuestionaron tanto su detención como las condiciones en las que permaneció privado de libertad.
La sentencia del 2 de octubre cerró finalmente el expediente judicial contra Branker y eliminó las restricciones que continuaban pesando sobre él desde febrero.
El SNTP destacó que durante todo este período mantuvo la exigencia de libertad plena para el periodista y vinculó la decisión con los esfuerzos desarrollados en el marco de la mesa de diálogo. “Durante todo este tiempo, el SNTP trabajó por la libertad plena de Rory. Esa exigencia se concreta hoy en el contexto de los esfuerzos de la mesa de diálogo. Luego del segundo ciclo, han recibido libertad plena tres periodistas. Aún nos faltan 2”, señaló el sindicato.
Celebran la decisión
El dirigente político Juan Pablo Guanipa también reaccionó a la sentencia y calificó la libertad de Branker como un acto de justicia.
“Saludo la libertad plena de Rory Branker, un ciudadano que jamás debió estar preso”, escribió Guanipa en X. Relató además que tuvo oportunidad de verlo durante el período en que ambos estuvieron recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez.
“Rory es un gran venezolano. Su libertad plena es un acto de justicia frente a tanta ignominia”, añadió.
Guanipa pidió también la liberación de los presos políticos y sostuvo que Venezuela debería avanzar hacia un escenario en el que la prensa pueda informar y los ciudadanos expresar sus opiniones sin temor.
Por su parte, el Laboratorio de Paz también celebró la libertad plena para el periodista.
“Expresamos la satisfacción por la absolución de los cargos contra el periodista @RoryBranker. Nunca debió ser víctima de persecusión y prisión política”, señaló la organización, que abogó por “la libertad y la absolución plena de todas las personas y causas injustas e ilegales por razones de persecusión politica en Venezuela”.
Cronología de 18 meses de atropellos
20 de febrero de 2025: Branker fue detenido en Caracas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Organizaciones de prensa señalaron que su arresto estuvo relacionado con una publicación que había compartido en X sobre recompensas ofrecidas por Estados Unidos por información relacionada con altos funcionarios venezolanos. Durante el operativo fueron incautados equipos electrónicos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) calificaron su arresto como una aprehensión arbitraria destinada a castigar el libre ejercicio del periodismo.
Febrero-septiembre de 2025: Durante más de seis meses no hubo información pública confirmada sobre el lugar donde se encontraba recluido. Tanto la Misión de la ONU que investiga la situación en Venezuela como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron formalmente que Branker fue víctima de desaparición forzada durante gran parte de su detención. La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares y posteriormente pidió información al Estado venezolano sobre su paradero y situación.
27 de agosto de 2025: La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Branker y consideró que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia.
Septiembre de 2025: Se conoció que el periodista se encontraba recluido en los calabozos de la PNB en Boleíta, Caracas, conocida como la Zona 7.
Octubre de 2025: Durante el cautiverio de Rory Branker, falleció fue su único hermano, Erman Branker, a finales de ese mes. El deceso ocurrió a causa de un infarto fulminante mientras Erman realizaba gestiones para llevarle alimentos y apoyo diario al periodista.Este suceso agravóla situación familiar, dado que Erman era el único familiar directo apto y autorizado para asistir a Rory en prisión, además de ser el encargado de cuidar y mantener informada a su madre, una señora de 80 años con movilidad reducida. Diversas ONG y el SNTP ncrementaron, como consecuencia de este hecho, la presión pública exigiendo su liberación inmediata por razones humanitarias.
4 de febrero de 2026: Fue excarcelado después de 11 meses y 15 días de prisión. Sin embargo, continuó sometido a régimen de presentación y con prohibición de salir del país.
Mayo de 2026: Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa continuaron reclamando el cierre de la causa judicial y el levantamiento de las restricciones que pesaban sobre el periodista.
Septiembre de 2026: Su caso fue incluido entre las demandas relacionadas con la libertad de prensa planteadas durante las conversaciones políticas y los acuerdos sobre la situación de trabajadores de los medios.
2 de octubre de 2026: El Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo dictó una sentencia absolutoria a favor de Branker. La decisión cerró el proceso penal y dejó sin efecto las medidas cautelares que permanecían vigentes, con lo que el periodista recuperó su libertad plena.
Después de un año y medio marcado primero por la privación de libertad y luego por restricciones judiciales, Branker quedó finalmente sin medidas cautelares y sin el proceso penal que se había mantenido abierto desde febrero de 2025.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
