La mañana de este domingo 25 de enero fue liberado Kevin Orozco, detenido en el contexto postelectoral. Su excarcelación ocurrió tres días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas, quien había exigido reiteradamente su liberación.
Salas, de 38 años, falleció el 21 de enero durante una vigilia nocturna a causa de un infarto, mientras esperaba noticias sobre su hijo, quien llevaba meses privado de libertad en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón.
El Observatorio Venezolano de Prisiones publicó en su cuenta en X un emotivo video en el que se observa cuando el joven llega a su casa y es recibido por todos sus allegados.
Kevin Orozco, detenido arbitrariamente en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, fue excarcelado y su madre no pudo estar allí para abrazarlo. Yarelis Salas murió cuatro días atrás después de una vigilia frente al penal.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) January 25, 2026
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo en horas de la mañana sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país.
En horas de la noche, la ONG confirmó que 104 presos políticos fueron excarcelados. Aseguran que la cifra puede aumentar conforme vayan revisando los casos.
#25Ene 8 p.m. A esta hora del día de hoy en el @ForoPenal hemos verificado más de 104 excarcelaciones que se habrían producido durante el día de hoy. Este número sigue sin ser definitivo. Puede aumentar mientras revisamos más casos.
Yarelis Salas no es la primera mujer que fallece esperando la liberación de un familiar. Yenny Barrios fue otra madre que murió el 5 de noviembre de 2025, con la ilusión de ver a su hijo, Diego Sierralta. El joven no pudo despedirla ni asistir a su velorio, porque se encuentra tras las rejas.
Carmen Dávila, madre del médico y expreso político Jorge Yéspica Dávila, también murió en un hospital de Aragua pocas horas después de que su hijo fuera excarcelado, sin llegar a saber que había recuperado la libertad tras más de un año detenido por acusaciones de incitación al odio.
A sus casi 90 años, y pese a sus limitaciones físicas, Dávila participó activamente en campañas y protestas para exigir la liberación del ginecólogo de 66 años, reconocido en Aragua por su trayectoria esta área, así como en la obstetricia y ecografía.
Cuando Yéspica llegó al hospital donde ella estaba internada, su madre ya se encontraba inconsciente e intubada. Falleció la mañana del 22 de enero de 2026 sin poder reencontrarse con él, según reportes regionales.
Por su parte, Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, tampoco pudo dar el último adiós a su hermano, Erman Branker, quien falleció de un infarto, en octubre de 2025.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La mañana de este domingo, 25 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado fue excarcelado después de 10 meses y cinco días detenido.
#AHORA | Después de 10 meses y 5 días detenido injustamente, Juan Francisco Alvarado fue excarcelado la mañana de este #25Ene. Estaba preso en el comando de la GNB del Cepella, en Guanare. Su sentencia había sido anulada esta misma semana y se ordenó un nuevo juicio pic.twitter.com/MbYIhP8iND
El SNTP informó este sábado que la Corte de Apelaciones del estado Cojedes anuló la condena de 15 años de prisión en contra del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, acusado por incitación al odio.
“La Corte determinó violaciones al debido proceso, entre ellas la falta de pruebas, la ausencia de testigos y la vulneración del derecho a la defensa, y ordenó repetir el juicio con otro tribunal y juez”, se lee en el post del SNTP difundido en su cuenta en X.
Según el sindicato, los abogados de Alvarado habían introducido un recurso de apelación denunciando la violación del principio de inmediación, que exige la presencia física y continua del juez durante las audiencias para garantizar una valoración justa de las pruebas y el derecho a la defensa. Además, habían anticipado que no se demostró el delito imputado. Denunciamos la condena arbitraria y fue anulada.
Tras las rejas por denunciar
Juan Francisco Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025, cuando regresaba en una unidad de transporte público desde el estado Lara hacia Apartadero, municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde reside con su familia. Había viajado para acompañar a una tía con problemas de salud.
Alvarado denunció en sus redes sociales y a través de la aplicación VenApp el desbordamiento de aguas negras en su comunidad y la falta de reparación de transformadores eléctricos. Por estos señalamientos, el Estado venezolano lo acusó de promover una rebelión, lo procesó por incitación al odio —tipificada en el artículo 20 de la Ley contra el Odio— y lo condenó a 15 años de prisión.
#AlertaSNTP | La Corte de Apelaciones del estado Cojedes anuló la condena de 15 años de prisión contra el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, acusado por incitación al odio.
La Corte determinó violaciones al debido proceso, entre ellas la falta de pruebas, la… pic.twitter.com/xoGuAv6p22
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Este domingo 25 de enero, el Foro Penal informó que el abogado Kennedy Tejada fue liberado tras permanecer 17 meses detenido.
El abogado y director del Foro Penal, Alfredo Romero confirmó la liberación a través de su cuenta en X.
“Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia”, informó.
Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia. @ForoPenalpic.twitter.com/ApvLwniXyL
Tejada fue detenido en el marco de la represión poselectoral que se desató tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El arresto del abogado se produjo después de acudir al centro de detención Comando Rural de Montalbán (Carabobo) para confirmar la detención de manifestantes de la comunidad y ofrecer asistencia jurídica gratuita.
En diciembre de 2024, los familiares de Tejeda denunciaron que estaba siendo torturado en la cárcel de Tocorón. Antes había sido recluido en la sede del Comando Nacional Antisecuestro (Conas), en Valencia, estado Carabobo.
Con la liberación de Tejada, actualmente, hay al menos dos defensores de derechos humanos detenidos, ellos son: Javier Tarazona y el también abogado y miembro del Foro Penal Eduardo Torres.
El pasado 22 de enero la ONG Amnistía Internacional renovó su llamado al Estado venezolano para que libere de forma inmediata e incondicional a los defensores de derechos humanos y presos por motivos políticos.
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En el contexto de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, tras una operación militar de Estados Unidos y el tutelaje de la administración de Donald Trump sobre la presidencia encargada de Venezuela, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez.
De acuerdo con el proyecto de ley distribuido entre los diputados, apenas horas antes de la primera discusión en plenaria que se dio este 22 de enero, la reforma consta de 18 artículos que incluye la incorporación de tres disposiciones transitorias.
Los cambios son importantes, pero insuficientes para atraer grandes inversiones y desarrollar la industria petrolera nacional, advierten expertos consultados por Efecto Cocuyo. Lo que debe ocurrir tarde o temprano, enfatizaron, es la sanción de una nueva ley y la reinstitucionalización del país.
¿Qué representan los cambios al texto legal en la situación actual del país? ¿Cuál es el objetivo y las implicaciones? ¿De qué tratan los cambios? ¿Responden al acuerdo petrolero con EEUU? ¿Atrae a grandes inversiones? ¿Qué falta para llegar a una industria petrolera recuperada y modernizada?
Opacidad y falta de consulta
“El hecho de que se esté discutiendo un proyecto sin que se conozca de antemano su contenido ya denota una falla grave de transparencia, que es propia de la opacidad con la cual estos temas han sido tratados en el pasado y, por supuesto, contradice las exigencias de reinstitucionalización que requiere el país en este momento”, señaló el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández.
Elías Matta, experto en Derecho Administrativo y petróleo, además de exdiputado de la AN, y el Giorgio Cunto, economista, coinciden en que, pese a la reforma que es significativa, se requiere una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos con reglas claras para la inversión privada y que sea producto de una consulta con todos los sectores involucrados.
“Pero, además de eso es necesario restablecer el Estado de Derecho, garantías de los derechos de propiedad, establecer controles efectivos sobre la discrecionalidad del gobierno, reconstruir la capacidad estatal, hacer inversiones en el sector eléctrico, en transporte. Es mucho más complejo que reformar la ley, pero es un primer paso”, sostuvo Hernández.
Aunque el gobierno encargado de Delcy Rodríguez ni la AN con Jorge Rodríguez lo admitan públicamente, los cambios a la Ley de Hidrocarburos tienen como contexto el acuerdo en materia energética anunciado por Trump el 6 de enero. Según el mandatario republicano, estaba planteada la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a EEUU a precios de mercado. Acotó que los ingresos se depositarán en cuentas controladas por Washington y que los fondos beneficiarán al pueblo venezolano.
El pasado 13 de enero, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que EEUU y Venezuela cerraron una primera venta de 31 millones de barriles por 500.000 millones de dólares, de los cuales el país recibió 300 millones de dólares, vía Qatar, que se han usado para estabilizar el mercado de divisas. Trump aseguró este 22 de enero que el crudo recibido desde Venezuela alcanza más de 50 millones de barriles de petróleo.
El grupo parlamentario Libertad (UNT, Unión y Cambio, Lápiz y Fuerza Vecinal) reclamó lo tardió que les entregaron el texto, lo que obstaculizó una adecuada revisión antes de su entrada a la Cámara y el necesario consenso por tratarse de una materia trascendental para el país. Por esa razón, la fracción salvó el voto en la aprobación en primera discusión.
“En el proyecto de ley hay ambigüedades; lo que genera dudas en procedimientos contractuales y jurídicos. Persiste un alto grado de discrecionalidad por parte del Ejecutivo, por lo que en este aspecto no cambió mucho respecto de la Ley de Hidrocarburos vigente”, advirtió de entrada Cunto.
¿Mayor seguridad jurídica?
El artículo 2 de la reforma parcial introduce en la ley un nuevo artículo 8, según el cual las “dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la realización de actividades objeto de esta Ley, y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, podrán ser decididas por los Tribunales competentes de la República o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes”.
Para Matta, se trata de un avance en materia de seguridad jurídica por cuanto las empresas podrán tener la posibilidad de discutir en un espacio donde haya por lo menos un mayor equilibrio en las decisiones sobre las controversias más allá de los tribunales nacionales, cosa que no ocurrió tras las expropiaciones del gobierno de Hugo Chávez.
Para Cunto, debió especificarse más si se permite o no el arbitraje internacional o la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), algo que prohíbe la legislación vigente, aprobada por Chávez mediante decreto en 2001 y reformada por la AN en 2006 y que dio origen a muchas demandas contra la República debido a las expropiaciones.
“Son enmiendas para facilitar la acción de las empresas petroleras que operan aquí, pero no cambia la filosofía del Estado venezolano. Permite mayor capacidad de maniobra para las empresas que buscan un rápido retorno de su capital con inversiones puntuales, pero no atrae a los grandes”, dijo Cunto.
Durante la reunión entre Trump y grandes petroleras del mundo, el 9 de enero, la Exxon Mobil advirtió al mandatario norteamericano que sin cambios estructurales no era viable invertir en Venezuela. El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, enfatizó en protecciones duraderas para la inversión.
“El gran problema, desde el punto de vista jurídico, es la desconfianza de la inversión extranjera por las políticas predatorias que ejerció el gobierno, tanto de Chávez como de Maduro. La única manera de generar confianza es con reglas muy claras que asignen derechos contractuales con claridad, derechos estables, predecibles, que puedan ser garantizados por un tribunal o una corte”, apuntó Hernández.
Recalcó que el proyecto de ley no cumple ese objetivo y consideró que es un intento de “conciliar el legado de Chávez” con la apertura de la industria petrolera al sector privado, cuyo resultado es un marco regulatorio “confuso” sin reglas claras.
Persisten limitaciones a privados
El artículo 22 de la ley vigente señala que el Estado tiene una participación accionaria mayor de 50% en las empresas mixtas. En la reforma parcial dicho artículo sufre modificación y pasa a ser el artículo 23, con el cual la República mantiene una mayoría accionaria que le otorgue el control pero sin precisión del porcentaje.
Asimismo, la modificación abre las actividades primarias (exploración de yacimientos de hidrocarburos, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) a empresas privadas domiciliadas en Venezuela, en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales.
“Algo importante es que se mantienen las empresas mixtas, pero el Estado sigue con mayoría accionaria. En nuestra propuesta de ley de 2019 (UNT-AN 2015) planteamos que el privado pudiera llegar a tener hasta 100% de las acciones. Se incluyen los contratos de producción productiva (CPP), que es una modalidad donde el Estado no invierte, sino que el privado hace las inversiones que se necesitan para recuperar esos campos y luego se le paga esa inversión mediante barriles de petróleo. Es una modalidad que funciona, pero definitivamente se quedaron limitados en el tema del sector privado. Han debido avanzar más, abrir más la posibilidad de que el privado participe en las empresas mixtas”, sostuvo Matta.
Sin embargo, el expresidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN de 2015 considera positivo que en la reforma se abra la posibilidad de que el privado pueda comercializar directamente su cuota aparte, así como el hecho de que se disminuya la regalía, dependiendo de la inversión.
“No cambia el andamiaje”
El nuevo artículo 36 que introduce la reforma parcial, el Ejecutivo puede autorizar al accionista con participación minoritaria de una empresa mixta, para realizar la comercialización directa de la totalidad o una cuota de la producción de la empresa mixta y abrir y gestionar cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción, para el uso y administración de los fondos. Asimismo, ejercer la gestión técnica y operativa de la sociedad directamente o mediante un prestador de servicios.
Sobre la disminución de la regalía, el artículo 44 vigente establece una regalía base de 30% para el Estado por los volúmenes de hidrocarburos extraídos que pueda rebajarse a un máximo de 20%. En la reforma, pasa a ser el artículo 52 y dicha regalía puede bajarse hasta 20% en contratos con privados y 15% en empresas mixtas, en caso de que se demuestre que un proyecto de explotación de un yacimiento no es económicamente explotable con la regalía de 30% para el Estado.
El numeral cuatro del artículo 56, que sustituirá al artículo 48 de la ley aún vigente, indica que el impuesto de extracción mantiene la base de un tercio del valor de todos los hidrocarburos líquidos extraídos de cualquier yacimiento, pero se puede reducir hasta 20% en contratos con privados y 15% para empresas mixtas, justificado por las condiciones de mercado, como incentivo o poca rentabilidad. El límite actual es de 20%.
“Si bien se flexibiliza el tema de las regalías, se mantiene en pie la estructura impositiva; la reforma se queda corta. Mejora las facilidades operativas, pero no cambia el andamiaje, no es una reforma sustancial y favorece a empresas que operan a corto plazo, pero no es un atractivo para las grandes como la Exxon. Hay cierta apertura, obligada por la coyuntura, pero no son grandes cambios”, insistió Cunto.
Otra “laguna” de la reforma parcial, de acuerdo con Matta, es que contempla la derogación parcial de algunas leyes. En la disposición derogatoria única se mencionan expresamente la Ley de Regularización de la Participación Privada en las Actividades Primarias (decreto 2006); la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de Hidrocarburos (2009) “y cualquier otra ley” que colide con la reforma. El exdiputado señaló que esto requiere mayores precisiones.
¿Cómo queda el rescate de la producción y de la industria?
De acuerdo con la reforma parcial defendida por el chavismo, ya no se requiere autorización de la AN para la constitución de las empresas mixtas como lo establece el artículo 33 vigente. En el nuevo artículo 34 planteado que lo sustituye el Ejecutivo solo debe notificar al Parlamento.
Para los consultados, el rescate de la producción de crudo en Venezuela y de la industria petrolera en general aún queda lejos, a partir de la reforma que evalúa el Parlamento.
“La situación de Pdvsa es muy difícil, tiene un alto monto en deuda. Se convirtió en una empresa que lamentablemente no paga en los campos que son manejados por ella directamente y que además presentan un alto deterioro por falta de mantenimiento. El Estado es dueño de todo, tenemos unos impuestos altísimos, pero el problema es que no producimos los barriles y si no se produce no hay dinero para el Estado, así de sencillo; y por eso se necesita a los privados y bajar esa carga impositiva que sigue siendo alta”, subrayó Matta.
Para 2013, Venezuela mantenía una producción de 3 millones de barriles diarios. El exministro del Petróleo, Rafael Ramirez, señala que de 12.000 pozos perforados en la Faja del Orinoco, solo 3.200 están operativos y produciendo unos 600.000 barriles diarios de crudo. Durante la presentación de la Memoria y Cuenta ante la AN, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que para el mes de diciembre de 2025 Pdvsa alcanzó 1.200.000 barriles de producción.
Delcy Rodríguez destacó, durante su presentación del 15 de enero, que la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos incorpora el modelo Chevron (transferencia de derechos y actividades de las filiales de Pdvsa a empresas privadas) y otros esquemas productivos contemplados en la Ley Antibloqueo, con el objetivo de blindar las inversiones y permitir la incorporación de nuevos flujos de capital.
“La reforma de ley formaliza principios de la Ley Antibloqueo caracterizada por la opacidad y discrecionalidad del Estado en el manejo de los contratos. No hay certezas a largo plazo, por lo que creo que aún está lejos la reactivación de la industria. Alcanzar una producción más allá del millón de barriles diarios requiere una inversión de capital sustancial a largo plazo y regresar al pico de tres millones es inalcanzable al menos en una década”, advirtió Cunto.
Recordó además que el contexto global no es favorable para Venezuela debido a que hay gran cantidad de oferentes de petróleo entre los actuales productores y nuevos, como Guyana que creció en producción de petróleo mientras el país la iba perdiendo.“Venezuela además de tener competencia presenta más riesgos y mucha incertidumbre. No es un faro que atraiga inversiones, por lo que debe adecuar su institucionalidad más allá de reformas puntuales”, agregó el economista.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Andrés, un joven estudiante universitario de 24 años de edad, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide en el año 2021. Cuando cumple con su tratamiento, su vida puede transcurrir con relativa estabilidad. Pero en Venezuela, conseguir y mantener una medicación para este tipo de patología resulta altamente costoso. Si Andrés pierde sus medicamentos, sus conductas se vuelven impredecibles y puede tornarse agresivo. La familia lo ha llevado varias veces al Hospital Psiquiátrico de Caracas en Lídice, uno de los pocos centros públicos especializados. Sin embargo, no siempre hay recursos, personal o incluso cupo de hospitalización, aunque el paciente lo necesite con urgencia. En muchas crisis, su familia termina resolviendo el traslado y buscando espacio en el propio centro o rogando por un lugar en otro hospital, debido a la precariedad y colapso de los servicios.
Doris, de 75 años, fue diagnosticada con demencia senil temprana. Su hija, Rebeca, es quien la cuida, día tras día, luchando por mantener una calidad de vida digna para su madre. El diagnóstico no es el único desafío: no hay un lugar adecuado en Venezuela donde Doris pueda recibir más atención especializada. El peso del cuidado recae por completo en la familia: terapias, consultas privadas y medicinas son gastos que deben costear en su totalidad. Los recursos públicos que apoyan a pacientes con este perfil son prácticamente inexistentes, obligando a buscar soluciones privadas, onerosas y muchas veces insuficientes.
La diseñadora gráfica de 40 años, Mariana, vive con ansiedad y depresión recurrente. Ha pasado años cambiando tratamientos y dosis sin estabilidad. La falta de recursos económicos y la poca oferta pública de atención psiquiátrica han hecho que sus ataques de pánico y periodos de tristeza profunda se prolonguen sin un acompañamiento adecuado. Mariana dice que le cuesta encontrar un buen terapeuta, pues los que la han tratado, han emigrado o se han ido a la consulta privada, que ella no puede costear.
Los casos de Andrés, Doris, Rebeca y Mariana no son excepciones individuales, sino síntomas de un sistema de salud que ha ido perdiendo capacidad de respuesta en Venezuela, especialmente en el campo de la salud mental.
Sin recursos adecuados, sin red de apoyo estable y con la creciente demanda de atención, miles de pacientes psiquiátricos quedan a la deriva, sostenidos por la resiliencia de sus familias y la buena voluntad de profesionales que se mantienen laborando en el Sistema Público de Salud.
“Lamentablemente existe un abandono prácticamente absoluto de los servicios psiquiátricos en el sistema público. En Caracas se cuenta con el Hospital Psiquiátrico de Caracas, en Lídice y el centro Dr. Jesés Mata de Gregorio, adscrito al Instituto Venezolano del Seguro Social (Ivss) que queda en Los Chorros, que trabajan a media máquina. Pero en el interior del país es grave. Hay estados que no tienen el servicio de psiquiatría activo. Lo peor es que muy poca gente lo reclama. Aún es un estigma muy grande para una familia reconocer que se tienen pacientes mentales en casa”, cuenta, vía telefónica a La Hora de Venezuela, la psiquiatra Marcela González.
González, quien emigró en 2019 de Venezuela, alega que la situación no es un panorama reciente, pero que se agudizó hace aproximadamente una década atrás.
“Hablamos de un quiebre en los últimos 10 años, por la escasez de recursos y personal, el alto costo de medicamentos antipsicóticos, ansiolíticos y otros esenciales. En estos momentos, en los servicios operativos no se cuenta con los psicofármacos necesarios. Solo se consiguen por donaciones o las familias deben costear por su cuenta”, agrega la especialista.
Lo dicho por la psiquiatra venezolana es respaldado por familiares de los pacientes psiquiátricos. Para este reportaje La Hora de Venezuela conversó con familiares de 21 pacientes que son atendidos en servicios de salud pública en Caracas, Miranda y La Guaira.
“Acudir a un hospital con cualquier enfermedad sigue siendo un tema delicado en Venezuela, pero cuando es de salud mental, es horrible. Una crisis, una emergencia, un brote psicótico, nunca es atendido a tiempo. Y si te remiten a otros especialistas, puedes esperar hasta cuatro meses por una cita. Los cuidadores muchas veces terminamos igual de enfermos, por el estrés que nos origina el no tener dinero propio o el apoyo del Estado para atender las enfermedades mentales de un familiar”, revela Rebeca, la hija de Doris.
Rebeca advierte, que mensualmente se debe contar con una reserva mínima de $200 para consultas, terapias, medicamentos, “lo que es cuesta arriba, cuando quizás esa cifra es el ingreso del grupo familiar”.
Romper el ciclo de la crisis
Las áreas de ingreso del Hospital Psiquiátrico de Caracas, ubicado en la parroquia Sucre de la capital venezolana, lucen cuidadas y pintadas.
“En octubre del año pasado (2025), vino una cuadrilla del plan Juntos Todo es Posible y le metió mano”, explica un enfermero, que pidió la reserva de su identidad al conversar con La Hora de Venezuela.
A pesar del refrescamiento y de la reapertura del servicio de psiquiatría infantil, en marzo de 2025, quienes acuden al centro psiquiátrico más importante y antiguo de Venezuela, con 133 años de funcionamiento, notan las carencias: hay áreas clausuradas, las camas de hospitalización están llenas, no cuentan con ambulancia para traslado de los llamados pacientes agudos, el personal especializado es poco.
“Es frustrante, porque uno está aquí para ayudar, pero como hacemos si no se tiene el medicamento, si hay psiquiatras solo para un turno. Aquí se trabaja con poco recurso, eso sí, con compromiso, porque se entiende que estar enfermo de la cabeza, es tan importante como estar enfermo del corazón. Lastima que cuando se reparten los recursos el psiquiátrico está de último”, agrega el hombre, cuya carrera en el sistema de salud pública se ha desarrollado en el área de psiquiatría desde hace 18 años.
Lo que ocurre en el Psiquiátrico de Caracas no es distinto a la realidad de otros centros en el país.
De acuerdo a la Sociedad Venezolana de Psiquiatría (SVP), el Sistema Público de Salud tiene en sus registros 48 centros psiquiátricos públicos, cuyos servicios funcionan por debajo de su media operativa.
En comunicados publicados entre 2022 y 2024 la Sociedad Venezolana de Psiquiatría (SVP) ha advertido de forma reiterada sobre “el deterioro progresivo de los servicios de salud mental en el sistema público de salud, en un contexto marcado por la crisis económica, social y sanitaria que atraviesa el país”.
La sociedad médica también ha alertado sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y de los centros de atención psiquiátrica, que operan con limitaciones en equipos, insumos básicos y condiciones adecuadas para la hospitalización y el seguimiento clínico. Esta realidad profundiza la brecha entre la necesidad de atención en salud mental y la respuesta efectiva del sistema público.
En su último comunicado, enmarcado en el Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10 de octubre de 2025, la Sociedad Venezolana de Psiquiatría reiteró la necesidad de “priorizar la salud mental dentro de las políticas públicas”. Para los especialistas, sin inversión sostenida, planificación y acceso garantizado a tratamientos, la crisis de salud mental seguirá agravándose silenciosamente.
Ante el panorama, pacientes y familiares, ven con buen ánimo los anuncios realizados por Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta encargada de Venezuela y en declaraciones al medio RT, afirmó que cada dólar que ingrese por la industria petrolera y gasífera será destinado a cubrir necesidades de salud del pueblo venezolano.
“Sería una oportunidad para romper el ciclo eterno de esta crisis”, afirma la madre de Andrés, el joven estudiante con esquizofrenia paranoide, quien es tratado en el Psiquiátrico de Caracas.
Programas requieren seguimiento y recursos
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es “un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico”.
Bajo esta premisa y como partícipe de los programas de la OMS, el Estado venezolano está en la obligación de desarrollar programas y garantizar el seguimiento y medir el impacto de los mismos. Sin embargo, esto no sucede.
“Desde el 2024, la Dirección Nacional de Salud Mental y Prevención de Hechos Violentos del Ministerio de Poder Popular para la Salud está trabajando con la Organización Panamericana de Salud (OPS) en el Programa de Acción Mundial para disminuir las Brechas de Salud Mental (mhGAP, por sus siglas en inglés). Este programa permite formar al personal de salud en primeros auxilios de salud mental, es como una guía de atención primaria”, explica una funcionaria de esta dirección, que al no estar autorizada para declarar, pide la reserva de su identidad.
“En la práctica, si tu o tu familiar tienen una crisis o un consulta de salud mental, podrías ir al ambulatorio más cercano a tu casa, que es la Red Primaria de Salud, y allí te atenderán. Esta visión de la OPS es mundial y busca acercar la salud mental a las comunidades y vencer los estigmas, especialmente por el repunte de padecimientos mentales en el mundo”, agregó la funcionaria.
En el caso de Venezuela, contar con esta red de ayuda primaria sería valioso, pues nueve de cada 10 venezolanos presentan algún grado de vulnerabilidad, según refleja el informe de resultados de Psicodata 2024, retrato de la situación psicosocial de la población del país elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
La funcionaria consultada acota que aunque se han formado a 368 trabajadores del sistema de salud en esta materia, “la falta de recursos impide el seguimiento de los casos o dar la ayuda requerida con más firmeza”.
Para Mariana, quien sufre de ansiedad y depresión recurrente, la ayuda nunca ha estado en el ambulatorio ubicado cerca de su casa en la parroquia Catia La Mar, al oeste del Litoral Central venezolano.
“Si llego con un ataque de pánico, sintiendo que no puedo respirar y mi familia dice que soy paciente psiquiátrico, desestiman mi dolencia y me dicen que pida una cita con el psiquiatra que ve en La Guaira. A veces le digo a mi hijo que deje que el ataque de ansiedad se me pase solo, porque no vale la pena ir y no recibir ayuda”.
Los pacientes psiquiátricos y sus familiares siguen siendo el eslabón más débil del golpeado sistema de salud público. La escasez de personal, infraestructuras insuficientes y brechas de atención importantes no han mejorado y sigue deteriorándose.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un video difundido en la red social X por Elisa Trotta, abogada y ex embajadora de Venezuela en Argentina, muestra al abogado argentino Germán Darío Giuliani, preso en Venezuela, afirmando temer por su vida y negando categóricamente cualquier vinculación con actividades políticas o terroristas dentro del país.
Giuliani aparece en las imágenes con un mensaje desesperado. “No soy terrorista ni tampoco hablo de temas de política ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta… Ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, expresa el abogado.
Fue detenido en mayo del año pasado en Caracas. Está acusado por las autoridades venezolanas de delitos como “terrorismo, narcotráfico y mercenarismo” y, hasta donde se sabe, permanece alojado en el Centro Penitenciario Yare II.
En la otra parte del video, difundido por el canal TN, Giuliani agregó que “ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, remarcó que es abogado y que conoce sus derechos pero que “acá siento que no tengo ningún derecho y que están haciendo lo que quieren o lo que se le dé la gana conmigo”.
Además pidió ayuda a “la diplomacia de Argentina” y remarcó que necesitaba “a los organismos internacionales, apelo a que se sepa esto, no solo por mí sino para que no pase a otras personas”.
La esposa del abogado, Virginia Rivero, confirmó también en TN que las imágenes fueron grabadas una semana después de la detención de su marido.
“Las hermanas de Germán crearon una página por Instagram que se llama Justicia para Giuliani. En este momento que la gente de Venezuela se empezó a animar a denunciar, se están dando cuenta que ese es el camino, la presión, la denuncia. Nos compartieron a ese Instagram este video de Germán, que es muy cercano a la fecha de su detención. Creo que tiene una semana, fue una semana después”, dijo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el manifiesto sobre la moralidad o su pretendida ausencia en el manejo de la política exterior norteamericana, los cardenales de Chicago, Washington D. C. y Newark invocan a favor de su prédica, el pasado 19 de enero, el reciente discurso de papa León XIV ante el cuerpo diplomático. Sería indicativo, como lo creen, de las vías adecuadas para unas “relaciones justas y pacíficas entre las naciones” ante la escalada de conflictos en curso, citando estos como ejemplos a Venezuela, Ucrania y Groenlandia.
El planteamiento sería válido si la intención y el razonamiento de los purpurados fuese otro, como poner sobre la mesa una “brújula ética duradera”, librada de lo circunstancial, para resolver sobre los desafíos que implica la ya inocultable ruptura del orden internacional establecido desde 1945 y la emergencia de otro, de perspectiva global.
Lo ha aceptado, desde Davos, el primer ministro de Canadá: “Hoy hablaré sobre la ruptura del orden mundial, el fin de una historia idílica y el comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción”. Y se refiere no solo a USA, sino a todos los repartidores supremos de poder en el planeta.
Descontextualizando al papa, los cardenales fundan la debilidad del multilateralismo en la sustitución, sin más, de la diplomacia del diálogo y el consenso por otra basada en la fuerza; para lo cual reivindican la prohibición a “las naciones [de] usar la fuerza para violar las fronteras de otras”. Afirman que si el fundamento del respeto a los derechos humanos parte de la protección del derecho a la vida, debe subrayarse, por vía de consecuencias, la importancia de la ayuda internacional y conjurarse la amenaza de “eliminar los programas de asistencia humanitaria exterior” norteamericanos.
Creen estos príncipes de iglesia, sesgadamente, que los fundamentos morales de la política exterior desplegada por la Casa Blanca estarían afectados por “la polarización, el partidismo y los estrechos intereses económicos y sociales”. Paradójicamente esgrimen, a la par del discurso ético o de la razón pura e incurriendo en aporía, la razón práctica utilitaria. Les preocupa restablecer los programas de asistencia humanitaria eliminados por USA.
Lo primero de observar es que el debilitamiento del sistema multilateral –pensemos en Naciones Unidas– no es la consecuencia de una política exterior que esté impulsando, agresivamente, la Casa Blanca. La ONU –cuyo secretario Antonio Guterres ha afirmado que se encuentra “en el abismo”– aceptó descarnadamente, desde 2021, su crisis terminal: “Esto es una acusación moral del estado de nuestro mundo. Es una obscenidad. Hemos aprobado el examen en ciencias, pero no el de ética”, alegaba Guterres, durante la administración de Joe Biden.
La organización universal se apertrechó –gobernando Barack Obama– con un GPS para supuestamente renovarse desde 2015, adoptando el Programa 2030 sobre Desarrollo Sostenible, promotor de la inflación en los derechos humanos y pulverizador de la cultura occidental para favorecer las identidades aldetal; lo que es más grave, obviando toda referencia sustantiva a la democracia como garantía de la paz y al Estado de derecho como tutor de los derechos.
El caso es que, de tal modo, así como el liberalismo victoriano de finales del siglo XIX (libertades de la persona + libre comercio) influiría en el derecho internacional moderno previo a la Primera Guerra Mundial, su abandono, para fortalecer en su defecto a los Estados nación y sus soberanías –lo que igualmente propuso a finales del siglo XX el Informe Caputo de la ONU, arguyendo el desencanto democrático–, propulsó al término dicha conflagración. Superada, se vino a reclamar, como solución, el equilibrio de fuerzas entre todos, como ahora se lo reclaman, y todo terminó con el Holocausto.
A partir de 1945 se entendió que, más allá de las soberanías, la única que habría de frenarlas, sobreponiéndosele, era la soberanía de la persona humana y su libertad, asegurada su tutela por las grandes potencias. Se trataba, ciertamente, de un complejo equilibrio entre el cosmopolitismo humanista –afincado sobre las ideas kantianas de la paz perpetua– y el imperium garantista de Estados Unidos y de Rusia. Se ha roto, definitivamente.
Lo cierto es que, a partir de 1989, con el desmontaje del Telón de Acero y el advenimiento de la globalización digital y de la inteligencia artificial –con Estados franquicias incapaces por sí solos de resolver sobre los desafíos de la globalización (economías abiertas y sin compuertas, terrorismo deslocalizado, transnacionalización del crimen y el narcotráfico, destrucción de los sólidos culturales, pulverización de las identidades, migraciones aceleradas y envolventes), lo que sobrevino por defecto fue el desorden global. Rige el sueño de la razón.
Atrás quedó lo que habría de salvarse siempre, por mandato de 1945, por sobre la frágil y vetusta autodeterminación que tanto les preocupa a los cardenales americanos, a saber, el principio de orden público internacional que obliga salvaguardar la dignidad de la persona humana. “Ninguno puede tremolar la soberanía para ocultar las violaciones graves de derechos humanos”, predicaba ante la OEA el canciller de Venezuela, José Alberto Zambrano Velasco, en 1979.
Es este contexto, que ya frisa tres décadas, el que motiva la denuncia por Benedicto XVI de la dictadura del relativismo. “Hay un odio de Occidente a sí mismo, que es extraño y que solo puede considerarse como algo patológico; Occidente intenta, de manera loable, abrirse lleno de comprensión a valores externos, pero ya no se ama a sí mismo; de su propia historia ya solo ve lo que es execrable y destructivo”.
Advierte más tarde que, bajo tal pulverización de lo cultural “la cuestión de la verdad completa, que es en el fondo la cuestión de Dios, ya no interesa”. Muerto Dios, diría Nietzsche, todo vale, como lo estamos experimentando y buscamos ocultar con desbordante cinismo.
No es que haya polaridades que den lugar a la violencia que presencia el mundo y serían la obra de un Donald Trump, tal como lo sugieren los cardenales. Si de polaridades se trata, estamos ante el polo de la deconstrucción y el relativismo que, desde 1990 y 1991, ha sembrado los vientos de las actuales tempestades, frente el polo de la renovación de un orden fundado en la decencia humana, que debería regir y que lo hemos derogado para quedarnos en el actual vacío y liquidez. Y respecto del señor Trump cabe decir que él solo es otro general Patton, “imprudente y explosivo”, que al golpear duro sobre la mesa despierta de su onírico sueño a un Occidente que hace aguas como el Titanic.
De lo que se trata es de “la violencia criminal, responsable cada año de la mayor parte de las víctimas por muerte violenta en el mundo. Este fenómeno es hoy tan peligroso que constituye un grave factor desestabilizador y, a veces, somete a una dura prueba la misma supremacía del Estado,” sostuvo en 2012 papa Ratzinger, en su alocución ante la Interpol.
Y en cuanto a lo otro, a la protección de la vida, que los cardenales conjugan en términos parciales y profanos, apuntando a los programas de asistencia humanitaria, cabe reparar, mejor aun, en la grave omisión de la comunidad internacional, abúlica tras las cuestiones de Ucrania o las acciones terroristas desde Gaza hacia Israel, sin que dejen de puntualizarse las reacciones desproporcionadas de este. Hizo caso omiso de su «responsabilidad de proteger», de dejar en segundo lugar a las soberanías e independencias de esos Estados transformados en bastiones o nichos de impunidad, secuestrados por el narcoterrorismo, como Venezuela. Por lo que vale otra vez la palabra de Ratzinger.
“Todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, como también de las consecuencias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la naturaleza o por el hombre. Si los Estados no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional ha de intervenir … La acción de la comunidad internacional y de sus instituciones, dando por sentado el respeto de los principios que están a la base del orden internacional, no tiene por qué ser interpretada nunca como una imposición injustificada y una limitación de soberanía,” explica ante Naciones Unidas en 2008.
Volvamos al discurso cardenalicio
Citar a León XIV es pertinente. Pero citarlo, extractando párrafos a conveniencia para anclar o validar posturas sustantivamente ideologizadas es inaceptable. Lo condena el propio papa ante los periodistas, desde el momento en que asume la Cátedra de Pedro, en 2025. “Hoy, uno de los desafíos más importantes es el de promover una comunicación capaz de hacernos salir de la “torre de Babel” en la que a veces nos encontramos, de la confusión de lenguajes sin amor, frecuentemente ideológicos y facciosos”.
Seguidamente, al inaugurar sus encuentros con el cuerpo diplomático, en el mismo año de 2025, recuerda que, para que haya una verdadera revitalización de la diplomacia multilateral y para que pueda ponérsele remedio a los conflictos –lo que aquella no hace– existen tres palabras que forman una tríada. Sus eminencias solo mencionan una. Omiten la justicia y a la verdad, que las relaciona el santo padre con la paz.
En cuanto a la paz, dice León XIV, ha de comenzarse por uno mismo, deslastrándose del “orgullo y las reivindicaciones”, y midiendo el lenguaje, “porque también se puede herir y matar con las palabras, no solo con las armas”. En cuanto a la justicia, la ve como camino para la paz, precisando de necesario ponerle fin “a sociedades cada vez más fragmentadas”. Destaca que cada gobierno debe construir “sociedades civiles armónicas” partiendo de la familia –que es la más antigua– y favoreciendo “contextos en los que se tutele la dignidad de cada persona”. Subraya, paradójicamente, el caso del emigrado y del inmigrante.
Por lo que se refiere, como tercera palabra, a la verdad, con lo que vuelve al principio y a lo dicho: “No se pueden construir relaciones verdaderamente pacíficas, incluso dentro de la comunidad internacional, sin verdad. Allí donde las palabras asumen connotaciones ambiguas y ambivalentes, y el mundo virtual, con su percepción distorsionada de la realidad, prevalece sin control, es difícil construir relaciones auténticas, porque decaen las premisas objetivas y reales de la comunicación”, dice del obispo de Roma.
El discurso papal al que aluden los cardenales Cupich, McElroy y Tobin, previene sobre lo antes señalado. Conmina a las Naciones Unidas para que “se centren más y sean más eficientes en la búsqueda, no de ideologías, sino de políticas destinadas a la unidad de la familia humana”. El propósito del multilateralismo es, según León XIV “proporcionar un lugar donde las personas puedan reunirse y dialogar, siguiendo el modelo del antiguo Foro Romano o la plaza medieval”. Mas, al mismo tiempo, según ajusta, “es necesario que haya acuerdo sobre las palabras y los conceptos que se utilizan”. “Las palabras deben volver a expresar ciertas realidades de forma inequívoca”, prosigue. “Solo así podrá reanudarse el diálogo auténtico sin malentendidos… Esto es realmente necesario para prevenir conflictos y garantizar que nadie se vea tentado a imponerse a los demás mediante la mentalidad de la fuerza, ya sea verbal, física o militar”, concluye. Lo obviaron los autores del Manifiesto que nos ocupa.
Denunciando el relativismo y la deconstrucción política y cultural en boga que, explicando lo actual, impulsa el progresismo globalista con sus narrativas digitales –pensemos en la indiferencia o la confusión intelectual de la comunidad internacional al momento de analizar el fenómeno del secuestro de los Estados por el crimen organizado transnacional– León XIV pone su dedo en la llaga: “En el centro de muchas de las situaciones que he mencionado, podemos ver algo que el propio Agustín señaló, a saber, la idea persistente de que la paz solo es posible mediante el uso de la fuerza y la disuasión”. “A pesar de la trágica situación que tenemos ante nuestros ojos, la paz sigue siendo un bien difícil, pero posible. Como nos recuerda Agustín, «nuestros supremos bienes consisten en la paz»”.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó este sábado el anuncio realizado por la vicepresidenta con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, donde asegura que han liberado a 626 presos políticos. Según cifras de la coalición opositora, desde el 8 de enero de 2026 —cuando el gobierno anunció un “número significativo de liberaciones”— solo 173 ciudadanos han sido excarcelados de manera comprobada.
La organización advirtió que la mayoría de estas excarcelaciones no representan libertades plenas, sino medidas cautelares restrictivas que mantienen a los beneficiados bajo vigilancia y amenaza judicial.
“Se trata de personas inocentes que ya han padecido largos e injustos períodos de prisión”, señaló la PUD en su comunicado.
La Plataforma afirmó que al menos 939 presos políticos continúan detenidos, muchos de ellos sin acceso a procesos judiciales transparentes y con familiares que viven “una angustia creciente” ante la falta de información y avances en sus casos.
Exigen transparencia sobre las 626 liberaciones anunciadas
La coalición instó al gobierno a hacer público el listado detallado de las 626 liberaciones que asegura haber ejecutado. “La opacidad solo profundiza la desconfianza y el sufrimiento de las familias”, advirtió.
Asimismo, informó que enviará de manera inmediata al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, tanto el registro de personas excarceladas como el de los presos políticos plenamente identificados que permanecen detenidos.
Llamado a una liberación masiva e incondicional
La Plataforma Unitaria reiteró su exigencia de que cese lo que calificó como un “mecanismo perverso de liberaciones a cuentagotas” y pidió una liberación masiva e incondicional de todos los presos políticos.
El comunicado concluye con un llamado a abrir una etapa de reconciliación, verdad y justicia en Venezuela, en la que se garantice el respeto pleno a los derechos humanos y se ponga fin a la persecución por motivos políticos.
Verdad y libertad: un deber con Venezuela. #Comunicado
Ante el anuncio realizado hace pocas horas por autoridades interinas, según el cual hasta la fecha se habrían liberado 626 ciudadanos, la Plataforma Unitaria Democrática informa al país y a la comunidad internacional lo… pic.twitter.com/TJQzuBznkb
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
