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La libre expresión busca recuperar su espacio en Venezuela

Redacción Runrun.es
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La libre expresión busca recuperar su espacio en Venezuela

Las más de dos mil detenciones arbitrarias y los 23 fallecidos que dejaron las protestas antigubernamentales producto de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio -marcadas por unos resultados contradictorios entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la oposición- instauraron en Venezuela un clima de miedo, represión, censura, autocensura, exilio y desconfianza que transformó la vida de todos los ciudadanos.

Durante casi dos años la libertad de expresión dejó de existir. El miedo a expresarse disipó las protestas, las detenciones arbitrarias de adolescentes, mujeres y adultos mayores obligaron a la gente a callar, a borrar mensajes antes de salir de casa, a silenciar las redes sociales y evitar hablar de temas políticos “sensibles”. La mayoría de los periodistas dejaron de firmar sus notas y se ampararon bajo firmas generales del medio. El acceso a las fuentes periodísticas se hizo cada vez más cuesta arriba (de hecho, para la elaboración de este trabajo tres expertos en psicología declinaron participar)… Pero hay señales de que ese estado de parálisis que, aunque aún está activo, pudiera comenzar a disiparse. 

Tras conocerse la noticia de la captura de Nicolás Maduro y el posterior anuncio de las negociaciones para una transición pacífica tutelada por el Gobierno de Donald Trump, el clima político empezó a mostrar señales de cambio. Con la orden de  liberación de todos los presos políticos para cientos de familias, callar ya no era una opción y exigir libertad era la prioridad.

El miedo como pilar de control 

El miedo es descrito como la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Judith Herman, psicóloga estadounidense y una de las grandes expertas en trauma psicológico señaló que el miedo sostenido en contextos de violencia política no solo afecta a los individuos sino también a la vida social en general. La experta afirmó que cuando la fuente de amenaza proviene del Estado, la sociedad desarrolla patrones de silencio incluso cuando la amenaza disminuye.

Ignacio Martín-Baró (1942-1989), psicólogo social y pionero en el estudio del trauma político en América Latina, en uno de sus estudios, sostuvo que el miedo por el trauma colectivo no solo dejaba heridas emocionales sino que “reconfigura la vida pública alrededor del silencio y la obediencia”.

Sobre el miedo en contexto de represión, el sociólogo y defensor de los derechos humanos, Rafael Uzcátegui, afirmó que el miedo en Venezuela ha sido el pilar central para el control político.

Explicó que en el país no fue implementado como una reacción espontánea a la represión, sino como una “herramienta deliberada del gobierno por métodos que fueron calificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado”.

Uzcátegui recalcó que la función de instaurar el miedo en la sociedad venezolana fue la de inhibir la participación, fragmentar los vínculos sociales y convertir el ejercicio de derechos -opinar, protestar, organizarse- en actividades percibidas como “riesgosas”. 

Aseguró que en los meses post contexto electoral el miedo dejó de ser un episodio excepcional y se volvió “una condición estructural de la vida pública, moldeando conductas, silencios y autocensuras”.

El politólogo Jesús Castellanos explicó que el miedo en Venezuela “ha ido escalando” en todo los tipos de violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el Estado, primero a manos de Chávez y luego de Maduro.

Resaltó que el miedo instalado en Venezuela se produjo a partir de  “castigos ejemplarizantes” y la llamada “operación tun tun”, un mecanismo clave para que el miedo se internalizara, incluso sin presencia directa de fuerzas represivas.

Lo que cambió el clima político

Rafael Uzcátegui explicó que el miedo estructural, ese temor colectivo, persistente y generalizado por la propia estructura social, económica o política para ejercer control, necesita un proceso “lento y progresivo” de desarticulación, “no desaparece de la noche a la mañana”.

Sin embargo, Uzcátegui aclaró que la captura de Nicolás Maduro “rompió una sensación de intocabilidad del poder que había sido cuidadosamente construida durante años”.

El director de la ONG Laboratorio de Paz aseveró que la detención del exgobernante amplió el umbral de lo que se puede decir y lo que no. “Muchas personas no dejaron de tener miedo, pero empezaron a sentir que el silencio ya no garantiza protección absoluta”, dijo.

La bola de nieve 

Después del 3 de enero algo cambió en Venezuela y Rafael Uzcátegui lo describió como el efecto “bola de nieve”. Pequeños gestos, pero muy elocuentes, que han impulsado nuevamente a las personas a opinar en espacios públicos, en redes sociales y en reuniones familiares. Aunque no se trate de movilizaciones masivas, el sociólogo afirma que la reaparición de la palabra, del intercambio y del reconocimiento mutuo después de años de repliegue “es muy importante”.

La experta en comunicación política Carmen Beatriz Fernández coincide con Uzcátegui en que “sí hay señales” incipientes de que la sociedad venezolana está perdiendo el miedo. 

Las madres y familiares de los más de mil presos detenidos por motivos políticos fueron las primeras en manifestar su descontento y sin temor a ser detenidas, se apostaron a las afueras de los recintos penitenciarios de todo el país para exigir la liberación de sus familiares. 

“Todo lo que está ocurriendo post 3 de enero nos habla de una sociedad que está todavía en una fase de miedo, pero que empieza a levantar ese velo. Son las señales de un país que tiene hambre de democracia, de un país que no se rinde”, dijo Fernández. 

Desde el pasado 10 de enero decenas de mujeres se mantienen en vigilia permanente en El Helicoide, Rodeo I, Yare y Tocuyito, hasta lograr la liberación de sus familiares. Esto ante un anuncio de excarcelaciones que no ha se ha concretado del todo, pues según cifras del último balance del Foro Penal, aún están privados de libertad 711 personas, de las cuales una es adolescente y 65 son extranjeros. 

Recientemente Evelis Cano, madre de un preso político, se encadenó frente a Zona 7 en Boleíta para exigir la liberación de su hijo, Jack Tantak.

Los estudiantes universitarios también salieron al paso y el 23 de enero, fecha emblemática para la democracia venezolana, con pancartas gigantes y consignas, exigieron la libertad de todos los presos políticos y una transición real. 

Otro gesto simbólico de los estudiantes universitarios fue que el presidente de la FCU-UCV, Miguel Suárez, confrontó a Delcy Rodriguez durante un recorrido por la Universidad Central de Venezuela.

Las recientes declaraciones que han realizado algunos de presos políticos excarcelados también son una muestra de que el miedo se está rompiendo. 

Evans también ha utilizado sus redes sociales para pedir la libertad de quienes aún permanecen detenidos, como es el caso del abogado Perkins Rocha.

El recibimiento de los detenidos por sus familiares y la divulgación de los videos en redes sociales se han convertido en movilizaciones populares en Venezuela. Tal es el caso del estudiante de periodismo Juan Francisco Álvarez, cuando retornó a su pueblo, y del beisbolista falconiano Josset David Perozo Pimentel.

El dirigente político Biagio Pilieri también fue recibido en su natal Chivacoa por decenas de amigos y familiares.

Las redes sociales siguen inundadas de denuncias de madres, hermanas y demás familiares que exigen la liberación de sus seres queridos abiertamente. Meses atrás, muchas de ellas habían optado por el silencio ante el temor a represalias.

La mamá de Gabriel Sánchez Piña (19), con Autismo (TEA), denuncia que su hijo está detenido en Zona 7 junto a su hermano Levy Sánchez y exige que sean liberados. 

Fanny Lozada, madre de Alinis Araujo, señalada por el caso de los drones, exige la libertad de su hija.

El liderazgo opositor también se quitó el polvo y decidió salir de la clandestinidad para exigir la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución. Delsa Solorzano, Andrés Velázquez y Alfredo Ramos, alzaron sus voces y se hicieron presente. 

Recientemente, el canal televisivo Venevisión, después de 10 años de censura, en su emisión meridiana informó sobre la reunión que sostuvo la líder de oposición, María Corina Machado, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 

Horas después, el ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, amenazó al canal: “Sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece, escúchame Venevisión”.

Otros que han dado un paso al frente son dirigentes políticos que han salido de la clandestinidad, tras meses de resguardo para evitar ser arrasados por la ola de persecución. El primero fue Alfredo Ramos, quien celebró en primer lugar el inicio del comienzo de las excarcelaciones y exigió el cese a la persecución y el hostigamiento a la disidencia. Ramos ya está liderando asambleas en distintos puntos con dirigentes populares, sociales y políticos.

Posteriormente, fue Andrés Velásquez, quien hizo un llamado público a retomar la movilización de calle para presionar por una transición democrática. Le siguió la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, quien se había ausentado de la vida política durante 17 meses tras fungir como representante de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral en los comicios presidenciales de 2024. En su  primera rueda de prensa, afirmó que Venezuela vive una “nueva etapa” y exigió la libertad plena de los presos políticos.

Un cambio en proceso

Para el venezolano el cambio o el procesamiento psicológico de que se está reduciendo el peligro “está en desarrollo” debido a que las estructuras de poder que dirigen la censura y represión se mantienen sin ninguna modificación. 

Rafael Uzcátegui rescató que todo el cambio en el clima político también depende en gran parte del acompañamiento que la gente siente que realiza Estados Unidos con todo el proceso en marcha. 

Una muestra de que el miedo aún sigue latente se vio reflejado cuando comenzaron las excarcelaciones de presos políticos. Muchos sintieron temor de informar su nombre u ofrecer detalles de su caso por temor de ser nuevamente encarcelados. Sin embargo, a medida que el miedo se rompe, las muestras de solidaridad se multiplican. 

Asimismo, todavía hay precaución en publicar en las redes sociales, o en estados de WhatsApp, menciones explícitas a lo ocurrido el 3 de enero, o de hacer comentarios de estos hechos en grupos en la misma aplicación.

“Un día me atreví a publicar un estado relacionado con ese tema y, enseguida, me escribieron no menos de diez personas para decirme que estaba ‘loca’, que borrara eso, que uno no sabía quién podía entregarlo”, comentó *Reina, una caraqueña residente en el oeste de la ciudad. 

*Anahís vive en Coche, y además de pasar dos días sin luz luego de los bombardeos, cuando salió a la calle para encontrar un punto de carga de la batería de su teléfono, y tras  lograr su cometido, tres efectivos de la Policía Nacional Bolivariana le pidieron revisarlo. “Se metieron sobre todo a las fotos, revisaron los estados, buscaron videos. Yo estaba muy nerviosa, porque es la primera vez que me pasaba, ni siquiera tras las elecciones -de julio- me pasó y eso que por esta zona siempre lo hacían, pero a las mujeres por lo general no nos revisaban”, comenta. 

*Gabriel es estudiante de la Universidad Central de Venezuela y la recomendación de su madre cada día antes de salir es que haga una limpieza generalizada de su teléfono, sobre todo por las cadenas que suelen compartirse en los grupos de estudio: “El miedo se le desató después de saber que a un estudiante de la universidad unos policías le revisaron el teléfono y se lo destruyeron”, comenta. 

Mientras el miedo se rompe gradualmente, la solidaridad se pone de manifiesto. Estudiantes de la Ucab reúnen alimentos para los familiares de los presos políticos que llevan más de 20 días apostados en la cárcel El Rodeo I, esperando a que liberen a sus familiares. Mientras que en la Universidad Central de Venezuela, este 31 de enero también habrá una jornada solidaria con el mismo propósito. 

El 26 de enero, en redes sociales como X, varios usuarios recordaron la visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela, quien en una fecha como esa pero de 1986 se convirtió en el primer sumo pontífice en pisar suelo venezolano. Y lo hicieron destacando una de sus frases sobre política más relevantes:  “Por más poderoso que sea un dictador, solo es un hombre ¡No tengáis miedo!”

En una entrevista al diario El Mundo de España Rosa Cucunuba, líder estudiantil de la UCV de 22 años quien ha adquirido un rol protagónico en la petición de libertad para presos políticos y otras exigencias al gobierno, manifestó que, a pesar del miedo, llegó el momento de volver a expresarse y que no puede haber una transición que no contemple el rescate de las libertades. 

“Nadie está exento de miedo, todos tenemos miedo por estos abusos sistemáticos de las personas que siguen estando en el poder. Hemos sufrido persecución… Pero me da más miedo seguir viviendo este abuso sistemático. Y ahora ha llegado la oportunidad de alzar la voz, tomar la iniciativa, hablar y que la gente deje el miedo a un lado. Tengo confianza de que de forma cívica y pacífica, la sociedad civil se sume a la causa para lograr la liberación de todos los presos políticos. No puede haber un debate sobre la mesa de transición sin la libertad previa de todos ellos”, expresó.

Desde el 3 de enero, las señales, aunque pequeñas, están ahí, motivando y aupando a millones de venezolanos a expresarse, a exigir, a alzar la voz, aunque el miedo y la estructura represiva no haya terminado. Se necesita un cambio profundo que le devuelva a todos los ciudadanos la confianza de expresarse libremente y que el avance no se perciba como frágil.

Llega a Venezuela la jefa de la Misión Diplomática de EE. UU. para retomar agenda bilateral

Redacción Runrun.es
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Llega a Venezuela la jefa de la Misión Diplomática de EE. UU. para retomar agenda bilateral

La tarde de este sábado, 31 de enero, llegó a Venezuela la diplomática estadounidense Laura Dogu, quien hace unos días fue designada como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, en un contexto donde ambos países comenzarán a trabajar por retomar la agenda bilateral. “Estamos listos para trabajar”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Tras conocerse la llegada de Dogu, el canciller venezolano Yván Gil informó en X que recibió en Caracas a la diplomática “en el marco de la agenda de trabajo” entre Estados Unidos y Venezuela. Esta agenda, según Gil, está “orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”.

La llegada de Dogu se produce dos días después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura de vuelos entre su país y Venezuela, tras siete años suspendido. En declaraciones ofrecidas durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el 29 de enero, Trump informó: “Los ciudadanos americanos en breve podrán ir a Venezuela y estarán a salvo allí. Estarán a salvo”.

Trump instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y al Pentágono a realizar los trámites necesarios para permitir la reapertura inmediata del espacio aéreo.

Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Licencia General nº 46, marcando un punto de giro en las sanciones petroleras contra Venezuela. Dicha licencia fue publicada apenas unas horas después de que la Asamblea Nacional de corte oficialista sancionara una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creando un nuevo marco jurídico para la industria.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Laura Dogu, la experta en crisis autoritarias que encabezará misión de EE.UU. en Venezuela

La caja de resonancia a las afueras de Zona 7

La Hora de Venezuela
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La caja de resonancia a las afueras de Zona 7

Luego de que el 8 de enero Jorge Rodríguez dijera que “un grupo importante” de detenidos serían excarcelados, familiares de presos políticos se fueron a distintos centros de reclusión con la esperanza de que los suyos pudieran volver a casa. Un grupo —casi todas mujeres— se plantó a las afueras de Zona 7, en Boleíta. Y allí siguen, durmiendo en carpas, en un improvisado campamento por la libertad.

Primero fueron cinco carpas. Ahora son más de 10. Aquí, a las afueras del Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) —conocido como Zona 7—, hay gente que pasa el día y la noche. Aguantando sol, lluvia, el frío de estas madrugadas de enero. Hay hombres, pero la gran mayoría son mujeres. Madres, esposas, primas, hermanas, hijas… Todas esperan que sus parientes —presos políticos presuntamente recluidos allí— sean excarcelados. 

O que al menos les permitan verlos, darles un abrazo, algo de comida. 

Este campamento es una caja de resonancia de muchas voces llenas de angustia.

Esas voces se han hecho sonar con más fuerza desde este 8 de enero. Ese día Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que sería excarcelado un “número importante” de detenidos. Entonces los familiares vinieron a comprobar si tal anuncio era cierto. Deseando, por supuesto, que su gente fuera parte de ese “número importante”. 

¿Era una lotería? 

¿Quiénes serían los afortunados de recuperar su libertad?

Ahora es viernes 23 de enero (justo hoy Venezuela recuerda el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 68 años atrás, y la vuelta a la democracia). Las mujeres que están plantadas en esta calle de Boleíta, a las afueras de Zona 7, en Caracas, representan a 36 familias. Son testigos de que la represión es un gran pulpo que ha movido sus enormes tentáculos por toda Venezuela: hay casos de Monagas, Sucre, Miranda, Zulia, Caracas… No es necesario preguntar de dónde vienen, sus acentos diversos dan cuenta de sus lugares de procedencia. 

Cuando hace días llegaron aquí, casi ninguna se conocía. Algunas cuentan que vinieron porque, con el anuncio de Rodríguez corrió un dato entre quienes tienen a familiares presos políticos: que a la Zona 7, presuntamente, habían trasladado a personas que estaban en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de La Quebradita, en el oeste de Caracas.

¿Era verdad? 

No sabían. Pero aquí llegaron y aquí se quedaron, aferradas a ese dato. 

Una de ellas es alta y de pelo rubio. Su nombre es Evelis Cano y ha terminado convirtiéndose en la vocera del grupo: 

—Me avisan si se acabaron las tizas; yo tengo más en mi bolso —dice desde un banquito de plástico, a poco de que arranque la vigilia de esta noche.

Da indicaciones para que plasmen sobre el asfalto los nombres de todos los presos, porque siente que hacer esa lista —remarcar cada nombre en el suelo— es una forma de protesta pacífica.

Quizá es la primera vez que se sienta en horas. Ha pasado el día recibiendo donativos, haciendo llamadas, tratando de brindar contención a otras madres, ideando mil formas de protesta pacífica, hablando frente a las cámaras. Se le han ocurrido performances para visibilizar lo que viven aquí. Lo último que hizo fue encadenarse a la reja del centro de reclusión.

—Me voy a encadenar, no aguanto más. Estoy desesperada, estoy dispuesta a morir. Se burlan de nosotros, ¡ya basta! —dijo, ya desesperada ante la ausencia de información certera.

Luce cansada. 

Por las noches, se echa una cobija encima y duerme, o hace el intento, frente a los piquetes de la policía. 

Está aquí por Jack Tantak, su hijo, un comerciante de 31 años que fue detenido el 27 de noviembre de 2025 y acusado de terrorismo y traición a la patria presuntamente por vender un vehículo a un dirigente opositor. Evelis cuenta que él llegó a su concesionario, ubicado en Charallave, estado Miranda, y funcionarios de la PNB lo arrestaron sin orden de captura. 

Su historia es similar a la del resto. La diferencia es que en alguno de los otros relatos cambia el cuerpo de seguridad implicado. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la División de Investigación Penal (DIP) de la PNB… Muchos no saben quién se llevó a su hijo, a su esposo, a su hermano, a su padre… 

“A mi hermano lo fueron a buscar unos hombres vestidos de negro y encapuchados. Lo único que saben los vecinos es que estaban armados y en una camioneta negra”, cuenta Coromoto Hernández sobre José Gregorio Hernández Polo, detenido a finales de noviembre de 2025 en el estado Zulia.

Para ella apostarse en la acera fue una forma de contrarrestar el miedo.

La madrugada del 20 de enero, Coromoto vio en las noticias que al parecer su hermano estaba muerto. El pánico se apoderó de todos en casa, porque sabían que poco antes, el 10 de enero, aquí en Zona 7 había fallecido Edison Torres Fernández, un policía de Portuguesa acusado de traición a la patria y asociación para delinquir. 

Coromoto se quedó aquí, esperando que le confirmaran —o negaran— la información, sin que nada pasara: “No sé nada de él”, lamenta.

Hasta el 20 de enero, el Comité por la Libertad de Presos Políticos reportó 200 nuevos casos de detenciones y desapariciones forzadas. No es que fueran “nuevos”. Lo que sucedió fue que familias que antes no habían denunciado por miedo a represalias, persecución y desconocimiento, ahora sí querían hacerlo. Algunos habían hecho intentos en vano de buscarlos por su cuenta. Entonces el anuncio del “número importante” de excarcelaciones en marcha fue el punto de giro: atrás dejaron la pena, el miedo. Y aquí están ahora, con franelas que llevan estampadas los rostros de sus familiares. 

Una de ellas es Berlis González. 

Mientras otras rezan en voz alta, ella ora en silencio. La palabra libertad le hace soltar las lágrimas. Es la mamá de Arturo Pacheco, un funcionario del Sebin de 29 años, que fue detenido junto a otros tres compañeros el 19 de noviembre de 2025. Desde ese día, Berlis no supo más de él. Lo buscó en las sedes del DIP, denunció en el Ministerio Público.

Y nada, no sabe nada. 

—Fui al Palacio de Justicia y me explicaron que no había sido presentado. No sé por qué está detenido, por qué lo están investigando, cuál es el cargo que le imputan. No sé cómo defenderlo porque no sé nada. Uno de sus compañeros me dijo que se lo llevaron, como para que yo estuviera al tanto. Nada más. 

Esperar a las afueras de la Zona 7 las ha obligado a despojarse de la vergüenza. El baño es una esquina y un tobito. La ducha está en un edificio cercano. Andan en cholitas y medias, porque así descansan mejor los pies. No hay platos ni vasos de vidrio. Usan utensilios de plástico. Comer es casi un trámite necesario. Barren la calle, la basura tiene su lugar. Se turnan para cuidar la mesa donde almacenan los donativos. Y reciben con calidez a cualquiera que se acerque con la inquietud de saber si su hijo, primo, hermano o esposo está allí. 

Todo eso ocurre ante la vista de piquetes de policías que se rotan hasta cuatro veces al día. Lo que pasa es registrado por múltiples cámaras. Las de los celulares de ellas, que documentan cualquier situación, y las de los policías, que desde el otro lado las graban todo el día. 

—Esa es otra vulneración a nuestra privacidad, pero lo más importante ya nos lo quitaron. Está allá adentro —comenta una de las mujeres. 

No se mueven de aquí. Tienen un acuerdo tácito de permanecer. No saben si es la fe, la insistencia, el no moverse o el instinto, pero están convencidas de que estar aquí es lo correcto. 

Es que tampoco hay otro lugar a donde ir. Reyes Flores es madre de Bruno Juárez y vecina de Gabriela Montes, quienes fueron detenidos el 3 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A él, por ser pariente de Angélica Flores, esposa de El Pollo Carvajal —exjefe de inteligencia militar de Venezuela, quien se declaró culpable de cargos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico ante una corte federal de Estados Unidos—; y a ella, por ser la niñera de los hijos de él: fueron condenados a 30 años —la pena máxima en Venezuela— por los delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. 

Reyes carga un cartel con fotos de sus rostros. Ambos se ven jóvenes y fuertes.

—Ya ellos no son así —dice ella con los ojos aguados e insiste en que son inocentes—. Tú lees ese expediente, lo revisas y ahí no hay nada. 

Cada uno paga su condena en penales distintos y distantes. Bruno está en La Yaguara, en Caracas, y Gabriela en un centro de reclusión de San Juan de Los Morros, en el estado Guárico. A su hijo lo visita cada 10 días (no puede hacerlo con más frecuencia porque no tiene cómo cubrir el pasaje desde Guacara, estado Carabobo, donde vive). A Gabriela no la ha visto en meses. 

—Yo decidí venir para acá porque donde está Bruno no hay nada de esto. O sea, no hay nadie exigiendo, protestando. A mí me metieron miedo: que si hacía bulla, podía ir el gobierno a llevarme a mí, a mis hermanos, a mis sobrinos. Eso era un tormento, pero ya no.

Nunca antes se había quedado en una carpa. 

Aquí consiguió comprensión y compañía. 

—Esto es duro. Es duro este proceso. Los amigos tuyos se alejan para que tú no les pidas dinero. A veces te miran y dicen: “Mira, ¿y el muchacho?”. En cambio aquí, si tú necesitas algo, cualquiera te dice: “Aquí tengo”. Hace rato alguien necesitaba un marcador y lo saqué de mi bolsillo y se lo di. Uno se ayuda así. 

Con la información extraoficial que les ha llegado, han ido construyendo su propia lista de encarcelados en este recinto. En dos hojas engrapadas, tienen los nombres de mujeres y hombres, los mismos que han escrito en el piso con tiza para que nadie olvide lo que ocurre.

Días después, el campamento se mantiene. 

Ahora es 27 de enero. Quizá como resultado de la insistencia, de la permanencia, de la fuerza de esta protesta, hoy les han permitido entrar a ver a sus presos. Las hicieron ponerse camisas blancas y jeans, y las dejaron entrar en grupos pequeños. 

Berlis esperó a ver si algún funcionario nombraba a su hijo, pero no, nunca dijo “Arturo Pacheco”, así que ella no ingresó. ¿Será una señal de que no está allí dentro? La esposa de José Gregorio Hernández Polo sí pudo pasar (fue así que la hermana de él, Coromoto, supo que estaba vivo, pero delicado de salud).

Fueron 10 o 15 minutos los que duró la visita. Poquísimo tiempo, pero que funcionó como fe de vida. Hasta les permitieron llevarles comida. “Ni con las chucherías pusieron restricciones”, dice sorprendida Yaxzodara Lozada, esposa de Joel Bravo, un funcionario del DIP detenido el 17 de noviembre de 2025. No se habían visto hasta ese día. 

Yaxzodara se encontró con un hombre más delgado, nervioso, ansioso. Le contó que le imputaron los cargos de asociación para delinquir, traición a la patria y financiación para terrorismo. 

“Tranquiliza un poco porque sabemos que están vivos, pero no es fácil dormir sabiendo las condiciones en que están”, dice al salir. 

Un día después de ese primer reencuentro, les permitieron entregar alimentos nuevamente: “¿Será que los quieren engordar”, se ha preguntado. 

Ella y Joel tienen dos hijos, un niño de 1 año y una adolescente de 14 que ahora están al cuidado de su abuela materna.

—Voy a esperar más días aquí —dice—. Cuando regrese a verlos, les diré que vi a su papá. Porque esta es una buena noticia que les quiero decir en persona. 

Claro que guarda la esperanza de llegar a casa con él. 

Epílogo

El Ministerio Público indicó en su último reporte que desde el 25 de diciembre de 2025 habían sido excarceladas 600 personas. Pero las ONG que hacen monitoreo y acompañamiento tienen otras cifras. Por ejemplo, Justicia, Encuentro y Perdón confirmó 294 excarcelaciones, desde el 8 hasta el 28 de enero; mientras que el Foro Penal contabiliza 297 en el mismo periodo y asegura que todavía hay 700 presos políticos tras la rejas.

La Hora de Venezuela

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Excarcelan al abogado Eduardo Torres tras casi nueve meses detenido arbitrariamente

Excarcelan al abogado Eduardo Torres tras casi nueve meses detenido arbitrariamente

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Excarcelan al abogado Eduardo Torres tras casi nueve meses detenido arbitrariamente

En horas de la noche de este viernes, 30 de enero, fue excarcelado el abogado Eduardo Torres, miembro de la organización Provea que había sido detenido arbitrariamente el 9 de mayo de 2025. Torres se encontraba recluido en la cárcel Yare II.

En una publicación de X, Provea recordó el proceso viciado contra Eduardo Torres desde su detención: permaneció incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Yare, sitio en el que su familia pudo verlo finalmente tras meses de incomunicación.

Además, durante más de 250 días la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “no realizó ninguna actuación ante un recurso de Habeas Corpus” ejercido por el equipo legal de Provea en favor de Torres, “enviando un claro mensaje de denegación de justicia al resto de tribunales del país”.

“Celebramos la excarcelación de Eduardo Torres, y mantenemos nuestra firme exigencia de libertad plena e inmediata para todos los privados de libertad por razones políticas, incluido el también defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona”, añadió la organización en su publicación.

Al salir del centro de reclusión donde se encontraba, al abogado fue recibido por su esposa e hijos. Su excarcelación se dio poco después que Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, anunció que impulsará una Ley de Amnistía General, con el objetivo de favorecer la “convivencia nacional” y restaurar la paz en el país tras un periodo de alta tensión política.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Rodríguez propone Ley de Amnistía: Foro Penal pide liberar a presos políticos mientras se discute

Los hijos de Mileidy Contreras han esperado cuatro años por la libertad de su madre

Redacción Runrun.es
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Los hijos de Mileidy Contreras han esperado cuatro años por la libertad de su madre

Hace unos días se dio a conocer el caso de Mileidy Contreras en redes sociales. En una vigilia realizada en la PNB de la Zona 7 estaban dos de sus hijos, quienes contaron lo difícil que ha sido para ellos estar lejos de su madre durante cuatro años.

“No tener a tu mamá en el hogar es como un hogar sin alma, porque obviamente tu mamá te cocina, se para a las seis de la mañana todos los días a hacerte la comida, todo eso, está pendiente de ti, te cuida, te corrige los errores que haces, y eso fue un poco difícil porque tampoco ha aprendido tampoco a vivir mucho sin ella”, contó Frenyer Mijares, el hijo menor de Contreras Camejo, en un video que publicó el periodista Seir Contreras.

El adolescente de 15 años relató que el día que detuvieron a su madre llegó la policía, tocó la puerta de la casa “y entró sin ningún tipo de autorización”.

La vida de Mileidy Johana Contreras Camejo, de 41 años, cambió drásticamente la noche del 16 de febrero de 2022. Lo que inició como una supuesta “entrevista legal” en su casa en Nueva Cúa, estado Miranda, se ha transformado en un proceso judicial de cuatro años que su madre, Mariela Camejo, describe como un juicio sin pruebas y lleno de irregularidades.

Según el relato de su madre, Mileidy —quien se ganaba la vida como manicurista y lashista— estaba en su hogar junto a su hijo menor, que entonces tenía 11 años. Funcionarios policiales ingresaron a la vivienda a las 8:00 de la noche asegurando que debía acompañarlos para declarar. “Le dijeron que se vistiera y que como era tarde, a eso de las 8 de la noche, ellos mismos la traían de vuelta a la casa”, contó la señora Camejo.

El peso de la justicia y la salud mental

Aunque inicialmente fue acusada de “terrorismo y asociación para delinquir”, según declaró su madre a Runrun.es, el cargo de terrorismo fue retirado; se mantuvo el de asociación para delinquir y se agregó el de “encubrimiento”. Pese a que la última audiencia se celebró el pasado 27 de enero, la familia denuncia un retraso procesal crítico.

“Va muy retrasado. Cuatro años viendo un juicio sin pruebas en su contra”, afirma la señora Camejo con indignación.

El encierro ha hecho mella en la salud de Mileidy. Además de padecer asma, su madre advierte de un cuadro severo de depresión y ansiedad: “Se le olvidan las cosas y por todo se asusta. Hasta lo más mínimo le da nervios, llora constantemente por las noches. Está muy afectada”.

Según su madre, Mileidy pasó por varios centros de reclusión: primero la llevaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Maripérez, luego a la PNB de La Quebradita, más adelante a La Yaguara y actualmente está en el Centro de Resguardo Femenino de El Valle. Para el 12 de enero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que al menos 90 mujeres seguían detenidas por motivos políticos en este centro.

Una abuela al frente de la crisis

A sus 65 años, Mariela Camejo no solo carga con la angustia legal de su hija, sino con la responsabilidad de un hogar desmembrado. Mileidy es madre de tres hijos (una joven de 23 y dos varones de 18 y 15 años), y la señora Camejo se encarga actualmente de cuidar a los dos jóvenes y de otro nieto. “A veces mis hijas me han ayudado también, porque no ha sido fácil quedarme con ellos tanto tiempo. Ya van a ser cuatro años que ella está metida ahí”, señaló.

Las limitaciones económicas son extremas para la señora Camejo. Solo puede ir a visitar a su hija cada 15 días, pues dice que “a duras penas” resuelve la comida para los niños en casa, lo que dificulta el traslado de insumos y alimentos para su hija en prisión.

Otro de los hijos de Mileidy, de 18 años de edad, también relató en el video publicado por el periodista Seir Contreras que ha sido muy difícil estar sin su mamá desde los 15 años. “Me hace falta mucho mi mamá, la quiero al lado mío, me la quitaron cuando tenía 15 años”. El joven dice que por el momento su mamá está bien y cuenta lo que ella les dice cuando pueden visitarla: “Que nos ama mucho, que nos extraña, y nosotros también, pues, y eso nos ha dado mucho”.

La angustia frente a la lentitud oficial

El caso de Mileidy se enmarca en un contexto de alta tensión para las familias de los presos políticos en Venezuela. Durante el mes de enero, las afueras de centros de reclusión como Zona 7, El Helicoide y El Rodeo I se han llenado de velas, oraciones y pancartas.

Cientos de familiares han pernoctado frente a las cárceles tras los anuncios oficiales de liberaciones masivas. “De aquí no nos vamos hasta que sean libres”, es la consigna que resuena en las noches de vigilia, donde han participado madres, padres, abuelos e hijos de los detenidos.

Aunque voceros gubernamentales han mencionado cifras de más de 600 liberaciones, el Foro Penal ha verificado, hasta el 29 de enero, un total de 302 excarcelaciones, casi la mitad de la versión gubernamental. Esta brecha entre los anuncios y las verificaciones independientes mantiene a familias como la de Mileidy Contreras en una angustia constante, al ver que los procesos avanzan con extrema lentitud.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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Rodríguez propone Ley de Amnistía: Foro Penal pide liberar a presos políticos mientras se discute

Redacción Runrun.es
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Rodríguez propone Ley de Amnistía: Foro Penal pide liberar a presos políticos mientras se discute

La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció este viernes durante la sesión de apertura del año judicial 2026 que impulsará una Ley de Amnistía General.

El objetivo declarado de esta medida es favorecer la “convivencia nacional” y restaurar la paz en el país tras un periodo de alta tensión política.

 La ley abarcaría todos los casos de “violencia política”, en palabras de Rodríguez, registrados desde el año 1999 hasta la actualidad.

La propuesta será presentada formalmente ante la Asamblea Nacional la próxima semana para su debate y aprobación definitiva, mencionó Rodríguez, quien pidió «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió, al tiempo que precisó que se excluirían los procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Junto al anuncio de la amnistía, se informó sobre la decisión de cerrar El Helicoide como centro de detención, denunciado por distintas ONG como el centro de torturas más grande de Latinoamérica, el cual será reconvertido en un “centro social”.

“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, sostuvo.

Optimismo cauteloso

La organización no gubernamental Foro Penal recibió la noticia de una Ley de Amnistía General con “optimismo, pero con cautela”, subrayando que este paso debe contribuir efectivamente a la justicia, la libertad y la reconciliación nacional.

Sin embargo, el Foro Penal fue enfático en establecer condiciones claras para que el instrumento legal responda a los retos políticos actuales. Entre las exigencias principales, la organización destaca la necesidad de definir claramente el alcance de la ley, en cumplimiento con el artículo 29 de la Constitución, que “prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.

En el comunicado, la ONG destacó que la redacción y aplicación de esta ley no puede ser un proceso unilateral. El comunicado detalla que la propuesta debe contar con la participación activa de la sociedad civil, ONG de derechos humanos y, especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política, garantizar la “no repetición” para asegurar que los abusos que dieron origen a las detenciones no vuelvan a ocurrir, sustentarse en principios nacionales e internacionales que rigen las amnistías como mecanismos de justicia y paz y apoyarse en organismos internacionales de protección a los DDHH, validando pronunciamientos y recomendaciones dictados previamente.

El Foro Penal recordó que ha propuesto la amnistía en múltiples oportunidades (2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y principios de 2026) y puso a disposición su experticia en el tema.

Finalmente, la organización hizo una solicitud inmediata a las autoridades: “Solicitamos que, mientras se discuta y apruebe la Ley de Amnistía, se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad”.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Maykelis Borges: el rostro cruel del sippenhaft y una maternidad en prisión

Entre ICE y una alcabala en Venezuela no hay mayor diferencia 

Redacción Runrun.es
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Entre ICE y una alcabala en Venezuela no hay mayor diferencia 

A Isabel* su esposo le dijo que no saliera de la casa mientras los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) mantuvieran operativos en la ciudad de Orlando.

“Yo prácticamente estoy encerrada, solo salgo cuando el transporte viene a buscar a los niños para llevarlos al colegio y cuando los debo llevar a una actividad puntual”, dijo la oriunda de Guanare, estado Portuguesa.

“Mi vecina en Venezuela se acaba de regresar, dijo que no soportaba esta situación, es triste vivir con miedo”, sostuvo la venezolana que aplicó por asilo político luego de participar en actividades vinculadas con la oposición y ser hostigada por simpatizantes del chavismo.

“Total que uno no está a salvo ni en Venezuela y ahora tampoco aquí”, añadió la portugueseña, que está cerca de cumplir una década en ese país

Al igual que Isabel, Alejandro* tampoco concibe que en el estado de Florida, donde está el grueso de los venezolanos en Estados Unidos, el asedio de ICE sea constante.

De acuerdo a cifras de medios en Estados Unidos, en apenas una semana de enero, ha habido un incremento de 433% en cuanto a retenciones migratorias en Orlando. 377 personas fueron encarceladas frente a 71 que terminaron en prisión la semana anterior. 

“Yo estoy deprimido”, sentenció Alejandro, quien también vive en Orlando e ingresó a Estados Unidos con la figura del parole humanitario, que fue desechada por la administración del presidente Donald Trump. 

Al periodista, perseguido y desempleado en Venezuela, le tocó aplicar por el TPS (Estatus de Protección Temporal) y cuando ese recurso fue amenazado por el gobierno republicano, cambió a asilo.

“Es triste ver como uno viene huyendo de la represión en Venezuela ejercida por funcionarios y aquí también los policías de ICE te tratan como un delincuente”, lamentó.

Tanto Isabel como Alejandro no quieren regresar a Venezuela, saben que podrían ser perseguidos e incluso encarcelados por tener una posición contraria a la del ahora gobierno de Delcy Rodríguez, que cuenta con el aval de Donald Trump-

Ambos conocen a gente que ha sido aprehendida por ICE y están en grupos de WhatsApp donde alertan de alcabalas y puntos móviles. 

A cientos de kilómetros, en Chicago, Yanitza asegura que en esa ciudad ya no se ven redadas masivas, pero sí operativos puntuales.

“La gente se cuida mucho, hay temor, hay quienes ni salen a trabajar y han tenido que cambiar su estilo de vida, ocurre mucho con los mexicanos y centroamericanos que no han podido legalizarse”, dijo la periodista.

Aunque no tiene confirmación, Yanitza ha escuchado que los agentes de ICE ahora están ingresando a viviendas de personas que tienen orden de deportación.  La comunicadora social sostuvo que su rutina cambió desde hace un año, cuando Trump llegó al poder.

“Yo antes salía a la calle sin mi tarjeta de green card, pero ahora cargo un koala con ella adentro, así como mi licencia de conducir. Hay personas a las que se las han llevado detenidas o han sido multadas por no portar la green card, aunque tampoco es garantía tenerla, si al funcionario le da la gana te detienen. No se puede negar que hay cierto recelo con la comunidad hispana”, narró.

Yanitza no descarta regresar en un futuro a Venezuela, pero por ahora eso no es posible porque es solicitante de asilo y su siguiente paso es aplicar a la ciudadanía. Comentó también que la situación con ICE ha generado redes de solidaridad, no solo con ONG que le dicen al ciudadano qué hacer cuando son interceptados por agentes de migración, sino también con personas. 

“Una vez se me perdió el monedero donde tenía mi green card y tuve la suerte de que alguien lo consiguió y a través de un colega, que fue contactado por Facebook, lo pude recuperar”, agradeció.

Trump y los migrantes

Desde que llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Donald Trump lo que ha hecho es apretarle las tuercas a los extranjeros en los Estados Unidos. Para ello incorporó 11 000 agentes más a ICE y prometió deportar a un millón de migrantes ilegales por año, sin embargo, no pudo cumplir su meta. En diciembre la administración republicana informó que había expulsado de territorio americano a 605 000 personas y detenido a 65 000 migrantes.

En febrero del año pasado comenzaron las redadas masivas y el envío de migrantes considerados “peligrosos” a la cárcel de Guantánamo en Cuba. Un mes después, al menos 252 venezolanos fueron deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad en Tecoluca, El Salvador. El gobierno estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, acusándolos de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. No obstante, investigaciones posteriores indicaron que la mayoría no tenía antecedentes penales. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron casos de tortura y malos tratos durante su detención.

En ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York, Washington DC, Portland, Los Ángeles y Chicago, se produjeron manifestaciones contra la política de ICE y algunas fueron reprimidas por la Guardia Nacional y hasta los marines.

Para finales de 2025, 32 migrantes habían muerto en centros de detención de ICE, la cifra más alta en dos décadas. El pasado 7 de enero, el punto de ebullición fue la muerte a tiros en Minneapolis de Renée Good, una mujer de 37 años. El responsable fue un agente de ICE. Sin hacer una investigación exhaustiva, Trump dijo que el funcionario actuó en defensa propia.

Apenas dos semanas después, agentes de ICE mataron con disparos al enfermero Alex Pretti. Alegaron que el profesional de la salud estaba armado con una pistola 9 milímetros. 

“Esto es enfermizo, el presidente debe terminar esta operación, tiene que sacar de la calle a policías sin entrenamiento”, dijo el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz. 

“Salgan de una maldita vez de aquí”, añadió el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Posterior a los sucesos, el propio Trump anunció una desescalada de los operativos y envió a Minnesota al zar fronterizo, Tom Homan, en reemplazo del jefe de la patrulla migratoria, Gregory Bovino, a quien responsabilizan por la muerte de Good y Pretti.

Persecución como política de Estado

Para Tomás Páez Bravo, director del Observatorio Venezolano de la Diáspora, lo acontecido en Minnesota, donde dos personas murieron a manos de agente del ICE solo en lo que va de año, es la gota que derramó el vaso.

“Yo recibo llamadas constantemente de gente en Estados Unidos que está migrando a Europa porque la presión no es solo en la calle, también les llaman por teléfono preguntando cuándo se van a ir”, dijo Páez.

El investigador manifestó que decenas de centros de ICE han sido denunciados por abusos a los migrantes 

“Un estudio coordinado por el investigador de la Universidad de Florida, Eduardo Gamarra, arrojó que las ayudas para migrantes en Estados Unidos se han reducido drásticamente”, refirió.

Paez sostuvo que efectivamente la gente se ha cohibido de salir de sus casas a trabajar, asistir a clases y hacer sus actividades cotidianas por miedo a ser interceptados por ICE. Agregó que, por fortuna, el 90% de la diáspora venezolana está en países distintos a Estados Unidos. 

El investigador indicó que Colombia ha recibido a alrededor de tres millones de venezolanos aunque es un país que tiene un desarrollo mucho menor que Estados Unidos”. Resaltó que pese a la xenofobia experimentada en algunas latitudes, naciones como Perú, Brasil, Portugal y España han acogido a migrantes venezolanos. 

“Algo que está ocurriendo en Estados Unidos es que hay un proceso de periplos migratorios del norte hacia el sur y del norte hacia otros países del norte, como Canadá”, indicó.

De acuerdo a Páez, más del 52% de la diáspora venezolana en Estados Unidos se concentra en Florida, mientras que un 14% reside en Texas, donde está la industria petrolera.  

“Los venezolanos han hecho inversiones en empresas agrícolas, industriales, inmobiliarias, en universidades, en medios de comunicación. Es decir que la diáspora ha generado riqueza, empleo, adquirido viviendas, paga alquileres, el aporte es importante”, destacó.

El profesor universitario sostuvo que el nivel de formación académica entre la comunidad venezolana es elevado en comparación con migrantes de otros países.  

“Estamos hablando de una diáspora de buen nivel, que trabaja en hospitales, centros de investigación, empresas de ingeniería, consultorías, medios de comunicación, etc”, mencionó.     

Páez aseguró que la mayoría de los venezolanos en Estados Unidos se encuentran en situación migratoria regular.

“Los que tenían CBP One o TPS eran personas en condición absolutamente regular, es decir, el Estado sabía dónde estaban, qué hacían, tenían su historial, sus teléfonos, todo”, enfatizó.

El investigador sostuvo que a diferencia de lo vociferado por algunos políticos, las migraciones no se asocian con incremento de la delincuencia. “Más bien, ayudan a reducirla, porque en principio la gente lo que quiere es trabajar y mejorar su calidad de vida”.

Recordó que través de la historia estadounidense se ha establecido la misma narrativa antiinmigrante.

“Contra los chinos, irlandeses, polacos, italianos, entre otros. Alegan que atentan contra los puestos de trabajo, el salario, la seguridad y por supuesto la identidad nacional”, especificó.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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Maykelis Borges: el rostro cruel del sippenhaft y una maternidad en prisión

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Maykelis Borges: el rostro cruel del sippenhaft y una maternidad en prisión

El 29 de enero de 2025, la vida de Maykelis Borges Ortuño, de 26 años, quedó suspendida por un patrón represivo denunciado desde el año 2021 en Venezuela. Detenida en Caracas cuando cursaba su segundo mes de gestación, su caso es hoy el emblema de la “criminalización por afecto”, o lo que algunos expertos han comparado con el sippenhaft de la Alemania nazi, una práctica que consiste en el castigo colectivo a familiares o personas cercanas de individuos perseguidos por el Estado.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que Borges fue detenida únicamente por ser la pareja del militar retirado Cristian Hernández, señalado por el Gobierno venezolano de participar en una supuesta conspiración denominada Aurora y quien se encuentra exiliado.

Hace un año, Maykelis comenzó a transitar un calvario vulneraciones. Fue sometida a 90 días de desaparición forzada, tiempo durante el cual el Estado ocultó su paradero y le negó el derecho a nombrar abogados de su confianza. Maikelys tenía un diagnóstico de anemia ferropénica (por niveles bajos de hierro), por lo que debía llevar una dieta estricta y cumplir tratamiento médico, mucho más aún por su condición de embarazo.

A pesar de las alertas, el sistema ignoró su condición. A finales de julio de 2025, con 38 semanas de gestación, presentó signos de preeclampsia. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la mujer padecía hipertensión arterial, baja hemoglobina y sufría constantes infecciones urinarias, que ponían en peligro su vida y la de su bebé. Finalmente, el 11 de agosto de 2025, fue trasladada de urgencia para una cesárea en un contexto de extrema precariedad. Desde entonces, madre e hijo permanecen recluidos en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques.

A Borges la acusaron de cargos de terrorismo y traición a la patria “sin más evidencia que sus vínculos personales”, denunció el Foro Penal.

Castigo familiar y persecución extendida

Traducido al castellano la palabra sippenhaft significa responsabilidad familiar o de clan y el instrumento le sirvió al Tercer Reich para arrestar, culpabilizar e incluso condenar a muerte a los parientes de quienes eran considerados enemigos de Estado en la Alemania nazi. Hitler y sus acólitos emplearon este recurso como retaliación contra los señalados de conspiradores. Si no podían capturarlos, detenían y torturaban a sus familiares para quebrarlos emocionalmente.

Desde 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha documentado amenazas y aplicación del sippenhaft, una práctica definida como la detención de familiares para ejercer presión, intimidación o castigo colectivo. En su informe de septiembre de 2025 documentó de nuevo esta “estrategia de persecución sistemática” que incluye la detención de familiares de opositores y militares para coaccionarlos.

En informes más recientes, organizaciones como Defiende Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto CASLA han advertido que esta estrategia se ha extendido e incluye adultos, adolescentes y niños, utilizados como instrumentos de coacción por cuerpos de inteligencia del Estado.

Maykelis Borges no es la única pariente del teniente retirado Cristian Hernández a quien detuvieron solo por su nexo familiar con un perseguido. Justicia, Encuentro y Perdón recordó que en noviembre de 2025, dos hermanas del exfuncionario militar fueron detenidas: Aranza, de 19 años, y Samanta, de solo 16. Ambas siguen tras las rejas, como también lo está el tío del exfuncionario militar, Henry Castillo Molero, a quien se llevaron preso cinco días antes que a Maykelis. Son cuatro miembros de una misma familia criminalizados solo por un vínculo con un perseguido político.

La organización señaló que estos casos «muestran con crudeza cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para instalarse en el terreno del castigo familiar». En el caso concreto de Maykelis, lamentaron que continúe recluida junto a su bebé “en un entorno que no puede garantizar el bienestar ni el desarrollo pleno de un recién nacido”.

Sobre la adolescente, JEP afirmó que «su caso refleja una ruptura profunda con los principios de protección reforzada que el derecho internacional reconoce a niñas, niños y adolescentes» y recalcó que «ninguna menor debe cargar con el peso de conflictos políticos que no le pertenecen».

Ambos casos, a juicio de Justicia, Encuentro y Perdón, «revelan una práctica particularmente lesiva: la utilización de adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política».

La ley y la maternidad en prisión

En una declaración concedida a Runrun.es, la abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que el régimen para mujeres que dan a luz privadas de libertad se basa en el derecho a la salud integral, la atención prenatal y postnatal especializada, y el mantenimiento del vínculo materno-filial, conforme a las Reglas de Bangkok y normativas venezolanas como el Código Orgánico Penitenciario.

Esta última normativa contempla que las mujeres tengan derecho a atención especializada durante el parto y posparto, ubicación en módulos femeninos con condiciones aptas para la gestación y crianza, separados de la población general. Establece igualmente que los hijos permanezcan con sus madres en el centro penitenciario, generalmente hasta una edad temprana (tres años, si así lo decidiera) en unidades especiales.

Aunque la normativa internacional y nacional busca proteger esta etapa, en Venezuela existen desafíos en la práctica para el acceso a controles médicos y condiciones adecuadas de reclusión, explicó Tineo.

“En definitiva, lo que la ley privilegia es que un bebé lactante pueda mantenerse con su madre para no violar el derecho a la lactancia y al cuidado de ella. Lo que se supone es que debe estar en espacios con las condiciones adecuadas, y evidentemente, sabemos que ningún recinto carcelario en Venezuela lo tiene”, expresó.

La directora de JEP también refirió que las Reglas de Bangkok prefieren sentencias no privativas de libertad para embarazadas y madres con niños a cargo, considerando la prisión solo si el delito es grave.

“Recordemos que Maykelis ni siquiera ha sido enjuiciada, no hay una condena en su contra por la comisión de un delito. Ella está privada de libertad por razones políticas y muy lamentablemente por el patrón desippenhaft, ella está presa no por una persecución directa sino por ser pareja de un perseguido político. Es doble víctima de esta tragedia (…) Se está violando su derecho a la libertad y a la integridad de ese bebé, porque si bien es cierto que el régimen penitenciario establece que una mujer que haya dado a luz el bebé debe permanecer junto a ella, en un espacio adecuado, con la atención médica debida, con los cuidados posnatales necesarios y en un entorno amigable para el niño, eso ocurre en el caso de mujeres a quienes no se les puede sustituir la privativa de libertad por unas medidas menos gravosas, como las sustitutivas a privativas de libertad. En el caso de Maykelis es un horror porque ella no debió estar privada de libertad nunca, no solo por estar embarazada, sino porque no cometió ningún delito”, profundizó Tineo.

Un año de prisión política

A pesar de las solicitudes de medidas humanitarias por parte de diversas organizaciones, Maykelis continúa recluida junto a su hijo recién nacido, en un caso que evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de mujeres privadas de libertad en Venezuela, y que deja registro de una práctica de persecución que trasciende a la persona detenida y alcanza su entorno afectivo y familiar.

El 29 de enero de 2026, Un Mundo Sin Mordaza recordó que Maykelis Borges cumplió un año detenida y exigió “libertad inmediata y respeto a su derecho a una maternidad digna”. El Foro Penal también demandó que sea liberada e insistió en que su caso demuestra que la persecución política en Venezuela “no respeta el derecho a la vida, ni siquiera el de los niños por nacer”.

Por su parte, Martha Tineo insistió en que Maykelys no debió estar presa nunca “no solo por estar embarazada, sino porque no cometió ningún delito”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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