¡Volvieron a salir los jóvenes!… Con energía, con serenidad, asertivos. Dueños de sí mismos, seguros, con valores sólidos y convicciones arraigadas. ¡Qué orgullo!
Jóvenes con la misma gallardía y valor que sus antecesores, los estudiantes y seminaristas que pelearon en La Victoria y vencieron al «invencible» Boves. Herederos de los muy jóvenes próceres de la Independencia y de aquéllos que enfrentaron la dictadura de Juan Vicente Gómez en 1928. Hermanos de los que surgieron cuando nuestra golpeada democracia se convirtió en un totalitarismo.
¡Qué bueno los muchachos asuman su protagonismo en la vida del país!
Que expresen sus opiniones, sus anhelos y rechacen lo que les resulte detestable. Que ejerzan el derecho a manifestarse que la Constitución les garantiza e invita con insistencia. El mismo derecho que, contradictoriamente, ha llevado a tantos -de forma tan injusta – a las cárceles.
Como venezolana, muchas veces me preocupó la aparente indiferencia de los muchachos, tan ajena a la realidad que vivimos. Los veía apáticos, alejados de todo, hasta irresponsables. Y me preocupaba pensar que esa era la generación de relevo. Me cuestioné en qué nos habíamos equivocado sus padres. Me pregunté qué los motivaba, qué los movía, qué los conmovía.
Pues bien, hoy hay nuevas respuestas para todas las preguntas y tranquilidad para todas las inquietudes: los jóvenes, una vez más, están allí dando la talla: llenos de ideales, de amor a la libertad, de convicción democrática. El escucharlos cantar el himno nacional en la Plaza del Rectorado de la UCV el pasado 12, Día de la Juventud, me emocionó hasta las lágrimas.
En los años sesenta, cuando el movimiento juvenil alcanzó una de sus cumbres históricas, la consigna entre los muchachos era «no confíes en nadie que sea mayor de treinta años». La actitud de nuestros jóvenes hoy es similar. A cuanto adulto ha intentado tomar ventaja de su protesta, lo han mandado «a bajarse de la tarima»: «esta es nuestra protesta, nadie va a venirnos a decir qué hacer, ni cómo hacerlo».
La verdad es que no lo necesitan: es maravilloso percibir su honestidad cuando dicen que sus armas son sus libros y sus palabras y saber que su protesta es pacífica, pero contundente.
Jóvenes de mi Patria, jóvenes nuestros, esta de hoy es su lucha. De ella depende el futuro del país porque ustedes son el futuro.
Aquí estamos para apoyarlos. Como dijo el Presidente Ronald Reagan, «los necesitamos: necesitamos su juventud, su fuerza y su idealismo… los necesitamos para que nos ayuden a hacer bien todo lo que estemos haciendo mal».
Este domingo, 15 de febrero, el partido Primero Justicia denunció que tras más de 36 horas en huelga de hambre, los familiares de presos políticos empiezan a descompensarse, mientras esperan la liberación de sus seres queridos.
A través de un video en X, el partido señaló que “el régimen es responsable de cualquier daño que sufran las familias”.
“Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares”, se lee en el post.
Tras más de 36 horas en huelga de hambre, los familiares de presos políticos empiezan a descompensarse, mientras esperan la liberación de sus seres queridos.
El régimen es responsable de cualquier daño que sufran las familias. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de… pic.twitter.com/3GRVZTZ2aj
El Comité por la Libertadde los Presos Políticos (Clippve) también denunció la situación en su cuenta de X.
“A las 2:00 p. m. de este domingo, familiares que participan en la huelga de hambre en Boleíta, Zona 7, comenzaron a presentar deterioro en su estado de salud”, informó el comité.
El Clippve precisó que Carolina Carriso presenta náuseas, vómitos, mareos, temblores y desvanecimiento físico, tras más de 30 horas en huelga de hambre, asumida como medida de protesta por la libertad inmediata de todos sus seres queridos.
DETERIORO | Familiares en huelga de hambre en Zona 7 comienzan a presentar afectaciones de salud
A las 2:00 p. m. de este domingo #15Feb, familiares que participan en la huelga de hambre en Boleíta, Zona 7, comenzaron a presentar deterioro en su estado de salud.
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 15, 2026
Familiares informaron que este sábado 14 de febrero, a partir de las 6:00 a. m., se sumaron a la huelga de hambre iniciada el día de ayer por los presos políticos recluidos en Boleíta, Zona 7, para exigir la libertad de todas las personas detenidas en este centro, tal como fue prometido por Jorge Rodríguez el seis de febrero.
HUELGA DE HAMBRE | Familiares se suman a la huelga de hambre iniciada por presos políticos en Boleíta, Zona 7
Familiares informaron que este sábado #14Feb, a partir de las 6:00 a. m., se sumaron a la huelga de hambre iniciada el día de ayer #13Feb por los presos políticos… pic.twitter.com/wyejiNowzI
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 14, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la situación en Venezuela ha experimentado una mejoría luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Durante una rueda de prensa este domingo, 15 de febrero, en Bratislava, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que, a seis semanas de la operación, el país cuenta con la oportunidad de un nuevo futuro.
“Aún queda un largo camino por recorrer, hay mucho trabajo por hacer. Pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas”, dijo Rubio.
Las declaraciones del secretario de Estado fueron en respuesta a las críticas del primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien calificó la intervención militar y los bombardeos a bases venezolanas como una ruptura del orden mundial. Rubio reconoció que la maniobra no fue del agrado de todos sus aliados, pero defendió la ejecución del plan: “Fue un éxito. Estamos orgullosos de ello. Era necesario porque ese tipo era un narcoterrorista”.
Finalmente, el funcionario subrayó que, aunque queda trabajo pendiente, la administración estadounidense considera la operación como un paso necesario tras el rechazo de Maduro a previas ofertas de negociación. Rubio concluyó que, más allá de las discrepancias internacionales, el cambio en el panorama político de Venezuela es un hecho tangible desde el inicio de este año.
🇺🇸‼️ | Secretario de Estado Marco Rubio: "Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas… Todavía hay mucho por hacer… pero creo que ahora todos podemos estar de acuerdo en que Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas". pic.twitter.com/ZfUPtYacf3
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tras la publicación del decreto 5.248 en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.985 quedó establecido la eliminación inmediata de seis misiones sociales. Así lo ordenó la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez.
Según el decreto, quedan disueltos organismos como la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, Propatria 2000, la Fundación José Félix Ribas y el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa.
También se ordenó la eliminación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), un organismo clave en la arquitectura de control informativo del Estado. Desde su creación, el Cesppa se encargó de clasificar, restringir y centralizar información considerada “sensible” para la seguridad nacional.
La única estructura que sobrevivió parcialmente fue la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, que no fue eliminada sino transferida al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La decisión formaliza una reorganización interna que borra del mapa varias fundaciones emblemáticas del madurismo, reduce el número de entes adscritos al Despacho de la Presidencia y concentra funciones en un núcleo más reducido de instituciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tras ser excarcelada el pasado 8 de febrero, la secretaria política nacional del partido Vente Venezuela, Dignora Hernández, regresó a su hogar en la población de Guama, estado Yaracuy, en donde fue recibida por familiares y amigos.
A través de un video difundido en redes sociales, se observa como decenas de personas salieron a recibir a la líder del partido y la acompañaron en el recorrido que realizó por las calles de Guama.
“Mientras que yo estuve en la oscuridad ustedes fueron la luz. Dios, familia, amigos, patria y libertad. Por ustedes estoy de vuelta, gracias por no olvidarme”, expresó Hernández a sus familiares.
La dirigente política aseguro que no se siente una víctima, “sobrevivimos, soy una sobreviviente y todos los venezolanos seremos unos sobrevivientes de este sistema”.
🚨 | Dignora Hernández llega a su casa:
“No me siento una víctima, sobrevivimos, soy una sobreviviente y todos los venezolanos seremos unos sobrevivientes de este sistema”.
El pasado 20 de marzo de 2024, en un video difundido en redes sociales, quedó evidenciado cuando funcionarios armados de la Policía Nacional Bolivariana DIP, se la llevaron a la fuerza. “Auxilio, por favor”, fue el grito desesperado de Dignora Hernández que estremeció a todo el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luis Daniel Guzmán no formaba parte de la nómina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), no tenía empresas a su nombre, no manejaba contratos millonarios, ni cobraba en criptomonedas. A sus 29 años -cuando fue detenido- tenía seis meses trabajando como chofer de Diana Carolina De Oliveira, esposa de Daniel Enrique Prieto,operador financiero del exdiputado oficialista Hugbel Roa.
El 29 de marzo de 2023, Luis Daniel Guzmán resultó detenido en medio de la “cruzada contra la corrupción”, la denominada “purga madurista” iniciada por el gobierno del gobernante capturado por Estados Unidos para “sanear” a la estatal petrolera, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y la Asamblea Nacional de un entramado de corrupción que involucró a más de 60 personas -la mayoría con altos cargos- y en la cual se desviaron entre 13.000 y 16.000 millones de dólares, según la organización Transparencia Venezuela.
A Luis Daniel lo sorprendió la Policía Contra la Corrupción -institución creada en ese mismo momento bajo una ley habilitante- en el edificio 009 en Las Mercedes, en Caracas, cuando se encontraba cumpliendo su horario laboral. Junto a él, detuvieron a Jean Meyer (32) y Miguel Yrigoyen (23), quienes también prestaban sus servicios como choferes.
Sin una explicación clara y sin una orden judicial, se los llevaron detenidos a la sede de la Policía Nacional Anticorrupción y luego a la sede del Sebin en el Helicoide. Cuando los familiares lograron saber dónde estaba Luis Daniel, ya había sido presentado en televisión, acusado de corrupción y desfilando una braga naranja.
“Mi mamá casi se desmaya cuando lo vio en televisión. Fue algo demasiado impactante para nosotros como familia tener que verlo ahí, acusado por un delito que no cometió, porque él lo que ganaba apenas le alcanzaba para comer y pagar el alquiler”, narró Marieglys Guzmán, hermana de Luis Daniel.
Proceso irregular
Luis Daniel Guzmán, Jean Meyer y Miguel Irigoyen -este último tenía tres meses trabajando como chofer para una allegada de Prieto, era estudiante universitario-, fueron presentados ante los medios como empresarios y operadores de empresas ilegales.
Después de dos años y medio, el 2 de octubre de 2025, les hicieron la primera audiencia preliminar en donde, según comenta Marieglys Guzmán, funcionarios les pidieron que se declararan culpables y aceptaran los cargos para que pudieran optar a la reducción de la pena.
“Ellos se negaron rotundamente porque son inocentes, ellos no tienen nada que ver ahí, ellos no tienen dinero, no tienen nada que represente o que refleje que realmente estaban involucrados en esa trama”, aseguró la hermana de Luis Daniel Guzmán.
Los tres hombres fueron acusados ante el Tribunal Segundo contra el Terrorismo por los delitos de “distracción de dinero”, “violencia a la nación”, “conflicto de empresarios”, “asociación para delinquir” y “obstrucción en la administración de la justicia”. Se encuentran recluidos desde el 25 de agosto de 2025 en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada en Barquisimeto, estado Lara, sin ser juzgados.
Marieglys Guzmán detalló que el expediente de los tres está plagado de irregularidades: se les ha negado el derecho a la defensa privada y dependen de un abogado público que nunca les da información.
Aseguró que no hay pruebas que los incriminen en ningún asunto de la trama Pdvsa-Cripto. “Eran unos simples choferes, pero el Gobierno los convirtió en piezas útiles del show político”, dijo.
Explicó que han visitado varias instituciones del Estado, como el Ministerio Público (MP) y la Defensora del Pueblo, para denunciar el retraso procesal y el escarnio público al cual han sido sometidos, pero no han obtenido respuestas.
Para la familia Guzmán todo cambió a partir del 3 de enero de 2026. Los sucesos que derivaron en la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, y la valentía de todos los familiares de los presos políticos que han salido a las calles para exigir la libertad de sus seres queridos, los han impulsado a denunciar y visibilizar el caso.
El golpe emocional y económico
Marieglys Guzmán afirmó que a partir de la detención de Luis Daniel se alteró por completo la dinámica familiar. “Como familia somos muy unidos y si falta uno, ninguno está bien”, dijo.
Detalló que Luis Daniel tiene dos hijos menores de edad que en múltiples oportunidades han quedado al cuidado de otros miembros de la familia, porque la madre debe trabajar para el sustento económico.
“Mi sobrino ahorita está atravesando por una crisis emocional por la situación de su padre y la etapa de la adolescencia. A mi mamá le cuesta conciliar el sueño y vive preocupada todo el tiempo. Ha sido muy fuerte para todos y en todos los aspectos, emocional, psicológico y económico”, expresó.
La familia Guzmán es oriunda del estado Anzoátegui. La madre de Luis Daniel viaja una vez al mes a Barquisimeto -más de 600 kilómetros- para llevarle la paquetería (alimentos, ropa y medicinas) que le permiten.
Marieglys comentó que su hermano no sufre de ninguna enfermedad, pero actualmente está presentando problemas estomacales por temas de salubridad con el agua. “Al principio, cuando lo trasladaron a Barquisimeto, sí tuvo episodios depresivos, quería quitarse la vida porque pensaba que era una carga para toda la familia”, dijo.
La hermana de Luis Daniel agradece a Dios que esos pensamientos se esfumaron de su cabeza y que ahora está aferrado a la esperanza de recuperar su libertad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El inicio de 2026 ha estado marcado por una reactivación masiva de las protestas pacíficas en Venezuela. Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la sociedad civil ha retomado el espacio público de manera masiva y pacífica. Según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se documentaron 622 protestas durante enero de 2026.
La cifra de 622 manifestaciones representa un incremento de 53% en comparación con enero de 2025, precisó el OVCS. Este repunte evidencia que la sociedad civil ha decidido retomar las calles para exigir sus derechos de manera pacífica.
El OVCS destaca que, en paralelo al aumento de las manifestaciones -un promedio de 21 manifestaciones diarias- se observó una “contención temporal de la política represiva, atribuida a la presión internacional y a las exigencias explícitas de garantías de derechos humanos formuladas por la administración del presidente Donald Trump”. Consideran que este escrutinio internacional “contribuyó a limitar la actuación represiva directa por parte de las autoridades venezolanas”, lo que propició un margen relativo de “seguridad” para el ejercicio de la protesta pacífica.
El 100% de las manifestaciones documentadas por el OVCS en este reporte tuvieron un carácter pacífico, a pesar de la fuerte presencia de cuerpos de seguridad en los alrededores de las mismas.
A continuación, los puntos clave para comprender el panorama de la conflictividad en el país:
La participación política como motor principal
Del total de 622 manifestaciones documentadas durante enero de 2026, 550 estuvieron vinculadas a la exigencia de Derechos Civiles y Políticos (DCP), lo que representa 88% del total registrado en el mes.
Se observó una participación diversa que incluyó desde movimientos estudiantiles hasta coaliciones de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada. El documento resalta la reactivación del movimiento estudiantil, y lo considera clave “como un eje articulador, en defensa de los derechos civiles y políticos”.
Aunque la conflictividad de enero estuvo dominada por los derechos civiles y políticos no desplazó por completo “las exigencias DESCA, que persistieron como trasfondo estructural del descontento social”.
Familiares de presos políticos en primera línea
Un foco determinante de las movilizaciones fue la concentración de familiares de presos políticos frente a diversos centros de reclusión. El informe destaca que estas acciones buscan reclamar “justicia y libertad plena” para quienes permanecen detenidos por motivos políticos.
Se registraron al menos 214 protestas en 21 estados del país orientadas a exigir la liberación plena de todas las personas encarceladas por motivos políticos. Las concentraciones se realizaron principalmente frente a centros como Zona 7 (Boleíta), El Helicoide y centros militares.
No solo exigieron “justicia y libertad plena”, sino que denunciaron condiciones de reclusión y el incumplimiento de cronogramas de excarcelación. El derecho a la salud fue especialmente reclamado en las denuncias de familiares de detenidos, quienes exigieron atención médica para presos con condiciones críticas, como casos de autismo o cardiopatías severas que no han sido validados por organismos forenses oficiales.
Se documentaron también reclamos específicos por la vulneración de derechos de personas con discapacidad psicosocial y adultos mayores en contextos de detención
Como modalidad de protesta en general predominaron la concentración, vigilias, marchas y pancartazos con rostros de los detenidos para visibilizar la vulneración de DDHH.
Derechos económicos y sociales y laborales bajo la lupa
Aunque el tema político lideró la agenda, el reporte del OVCS confirma que los venezolanos siguen articulando sus demandas en torno a la exigencia de derechos fundamentales, manteniendo el carácter pacífico de las convocatorias.
El reporte documentó 51 protestas vinculadas a la exigencia de derechos laborales. Trabajadores activos, dirigentes sindicales, jubilados y pensionados se movilizaron en distintas regiones del país para exigir la revalorización de salarios y pensiones, que se garanticen ingresos dignos frente al incremento sostenido del costo de la vida y la pérdida continua del poder adquisitivo.
Las protestas por el acceso al agua potable (8) continuaron siendo la principal causa de movilización en el ámbito del derecho a la vivienda.
Los educadores, personal administrativo y obrero también protestaron tras la suspensión arbitraria de sus salarios durante varios meses, a pesar de haber continuado con sus labores. Los jubilados del sector educativo denunciaron los bajos ingresos que perciben y exigieron aumentos en las pensiones, así como la incorporación de beneficios alimenticios y de salud.
Con motivo del Día del Maestro, celebrado el 15 de enero, educadores también demandaron el pago de deudas pendientes, así como que se honren las convenciones colectivas y que cese la persecución en las escuelas.
¿Dónde se concentró el descontento?
El informe documenta una distribución nacional de las 622 protestas. Los estados con mayor índice de participación fueron:
Distrito Capital: Lideró la estadística debido a la concentración de sedes ministeriales, centros de reclusión y poderes públicos.
Bolívar y Anzoátegui: Registraron focos importantes de protesta vinculados tanto a derechos políticos como a la situación de trabajadores de industrias básicas.
Zulia y Táchira: Mantuvieron una conflictividad constante, marcada por la articulación de la sociedad civil en zonas fronterizas y estratégicas.
¿Qué se espera para los próximos meses?
El OVCS considera que si se mantiene esta dinámica, en las próximas semanas continuarán las movilizaciones centradas en la liberación plena de presos políticos, el restablecimiento de garantías para la participación política y la exigencia de justicia.
Pronostican que la gente seguirá manifestando en las calles, en protestas combinadas, en las que exigirán derechos políticos con demandas socioeconómicas no resueltas (salarios, pensiones, servicios básicos).
Advierten, sin embargo, que el escenario es volátil y sobre el riesgo de que se reactiven modalidades represivas menos evidentes: ” La reconfiguración interna del poder, la eventual reversión de compromisos y la utilización selectiva de mecanismos de control podrían reactivar formas menos visibles de represión”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores del estado Apure (Fetrapure) y sus sindicatos afiliados no solo exigieron la liberación de los sindicalistas detenidos injustamente por defender los derechos de los trabajadores venezolanos, sino que también instaron al gobierno encargado de Delcy Rodríguez a que apruebe un aumento salarial tras el ingreso de dividendos procedentes de transacciones petroleras.
En la lista de los detenidos figuraban José Elías Torres, secretario general (E) de la CTV; William Lizardo, presidente de Fetraconstrucción, quienes fueron excarcelados la madrugada del 14 de febrero. Aún quedan tras las rejas Fidel Brito: presidente de FetraBolívar, Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo y Omar Lagonel, secretario general de la Federación Nacional de Jubilados, entre otros, quienes a juicio de Fetrapure, se encuentran detenidos por solicitar aumento salarial y condiciones de trabajo digno.
El gremio celebró la excarcelación del profesor Robert Franco del Colegio de Profesores en Cumaná, estado Sucre y de Robert Camperos de Fetraenseñanza en el estado Aragua. “Faltan muchos y realmente no han cometido ningún tipo de delito, solo han defendido los derechos de los trabajadores establecido en la Constitución”, informó la profesora Minerva Ortega, presidenta de Fetrapure.
El cuerpo colegiado consideró que, tras aprobarse el aumento del salario mínimo, se tome en consideración para el aumento en las escalas salariales establecidas en las convenciones colectivas de trabajo de los trabajadores
Pide que de acuerdo a las condiciones económicas actuales y al índice inflacionario los trabajadores puedan disfrutar del salario mínimo en dólares para poder cubrir la cesta básica. Insistieron en el aumento del salario mínimo y no a la bonificación.
“Apoyamos las reuniones en el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo de la Mesa de Diálogo en Caracas, constituida por los representantes del gobierno, representantes de los empresarios y de los trabajadores para acordar la metodología del salario mínimo tal como lo establecen la Constitución y la LOTTT”, expresó Ortega.
Fetrapure también pide respetar el Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la libertad sindical (Convenio 87) y en el Artículo 95 de la Constitución y el derecho de los trabajadores gozar de las contrataciones Colectiva (Convenio 98 de la OIT y los Artículos 97 y 98 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Insistieron en que se cumpla con el Convenio 144 que habla sobre el diálogo social para que se respeten los acuerdos. Ortega recordó que en el mes de febrero del año 2025 la CTV propuso un aumento de 200 dólares, en el marco de la mesa de diálogo, como salario mínimo para todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados, y hasta el día de hoy, el gobierno no lo ha hecho efectivo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
