La ONG Laboratorio de Paz presentó el informe “Expediente Miguel Rodríguez Torres: Responsabilidad de mando, DDHH y transición democrática en Venezuela” sobre la responsabilidad institucional del exministro de Interior y Justicia y su incompatibilidad con una transición democrática.

Laboratorio de Paz señaló que los procesos de transición democrática requieren no solo alternancia política, sino transformaciones estructurales orientadas a garantizar la no repetición de violaciones graves de derechos humanos. Entre estas medidas se encuentran la rendición de cuentas, la reforma del sector seguridad y la evaluación de idoneidad de quienes ejercen funciones de alta responsabilidad estatal.

El informe, que analizó la trayectoria institucional de Rodríguez Torres durante las protestas de 2014, plantea que una eventual designación de Rodríguez Torres en un alto cargo del sector defensa o seguridad, generaría tensiones significativas con los estándares internacionales aplicables a procesos de reforma democrática.

La organización recordó que en la gestión de Rodríguez Torres gestión como Ministro del Interior, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, documentaron patrones de uso excesivo de la fuerza, criminalización del disenso, militarización del orden público y persecución de defensores de derechos humanos.

Laboratorio de Paz reclacó que si bien Rodríguez Torres fue posteriormente víctima de persecución política, dicha circunstancia no anula la evaluación de su trayectoria institucional previa.

Aquí las seis claves del por qué Rodríguez Torres no es viable en una transición democrática:

Responsabilidad en violaciones a los derechos humanos

Durante el período de gestión de Rodríguez Torres al frente del Ministerio de Interior y Justicia, del 22 de abril de 2013 al 25 de octubre de 2014, fue responsable de innumerables violaciones de derechos humanos, principalmente en las protestas antigubernamentales de 2014.

Según informes internacionales de derechos humanos, elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía
Internacional y Human Rights Watch, los principales patrones de violación a derechos humanos fueron el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza estatal, tolerancia y estímulo a la actuación de grupos de civiles armados progubernamentales (colectivos), ataques a periodistas y violaciones al derecho a la libertad de expresión e información, impunidad estructural ante violaciones y militarización del control del orden público.

Sobre estos hechos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas investigó las violaciones de
derechos humanos en la gestión de Rodríguez Torres y señaló que: “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados (…) y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”.

En ese año, el discurso oficial de Rodríguez Torres fue siempre el de criminalizar y estigmatizar la protesta pacífica con calificativos como: acciones insurreccionales, grupos violentos, terroristas y subversivos. Laboratorio de Paz recomienda que las declaraciones del exministro “deben analizarse en el contexto del deber estatal de garantizar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión conforme a estándares internacionales de derechos humanos”.

Represión, estigmatización y criminalización de víctimas

En el contexto de las protestas de 2014 y bajo la dirección de Miguel Rodríguez Torres, se desmanteló una acampada pacífica de estudiantes en Caracas, orientada a exigir respuestas institucionales frente a la crisis política y social del país. El 8 de mayo de 2014, funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado procedieron al desmantelamiento de estos campamentos resultando detenidas 243 personas. El exministro calificó los campamentos de focos “terroristas” y felicitó públicamente a los funcionarios por el operativo, avalando el uso de la fuerza.

Durante la gestión de Rodríguez Torres también se creo una narrativa oficial para la deslegitimación de las víctimas y desplazar la responsabilidad estatal.

Uno de los casos más representativos fue el de Génesis Carmona -estudiante universitaria de marketing y modelo- quien fue asesinada en el contexto de manifestaciones ocurridas en Valencia, estado Carabobo. En ese momento era la sexta víctima fatal de la respuesta represiva de las autoridades.

Sobre este caso, Miguel Rodríguez Torres aseguró que la joven “murió por una bala que salió de sus propias filas”, desviando la responsabilidad del Estado.

El caso de Massiel Pacheco, la joven de 21 años que trabaja vendiendo arepas en la entrada del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como Parque del Este. El 1 de abril de 2014, Pacheco encontró un paquete que pensó había sido olvidado por alguien y decidió entregarlo a efectivos de la Guardia Nacional. El paquete resultó ser un bolso lleno de artefactos explosivos.

A pocas horas de la detención de Pacheco, el ministro afirmó que era una “terrorista” y había sido aprehendida mientras trasladaba
“tres niples altamente mortales”. Su familia denunció que el caso era una injusticia y que no había pruebas que la incriminaran.

Militarización de la seguridad ciudadana

El informe de Laboratorio de Paz señaló la responsabilidad de Miguel Rodríguez Torres en la medida de “tomar militarmente el control” de San Cristóbal y otras ciudades para “mantener” el orden público.

Según la ONG, tomar militarmente ciudades desplegar batallones del Ejército y emplear estructuras de mando propias de escenarios de conflicto armado para gestionar manifestaciones civiles evidenció un desplazamiento del enfoque de seguridad ciudadana hacia una lógica de seguridad nacional. Esto, a efectos de los estándares internacionales de derechos humanos, “incrementa el riesgo de uso excesivo de la fuerza, debilita las garantías de reunión pacífica y reduce el espacio cívico”.

Criminalización y persecución de defensores de derechos humanos

Diferentes informes en materia de derechos humanos documentaron declaraciones del ministro de interior Rodríguez Torres en las que se criminalizaba el trabajo de defensores de derechos humanos.

En 2014, Miguel Rodríguez Torres acusó públicamente a Humberto Prado, Rocío San Miguel, Tamara Suju y Gonzalo Himiob de ser conspiradores, “operadores de la CIA” o parte de planes desestabilizadores.

Hablan las víctimas de Rodríguez Torres

Laboratorio de Paz recogió varios testimonios de personas que participaron en las manifestaciones del año 2014, que luego de ser víctimas de la represión.

Andrés Colmenárez Farías:

La figura de Luis Rodríguez Torres no la miro desde la distancia, sino desde mi propia historia: en el año 2013 fui víctima de la represión, viví una detención arbitraria y fui torturado dentro de unas instalaciones militares en Barquisimeto y sé lo que significó el uso del aparato de seguridad contra ciudadanos. Por eso mi indignación es profunda al verlo hoy viviendo un exilio cómodo en Madrid, la misma ciudad donde yo pasé dificultades reales como exiliado, reconstruyendo mi vida desde cero. Para mí, esto no es un debate abstracto, sino una herida abierta entre quienes padecimos las consecuencias de aquel poder despiadado y aprobado por este personaje nefasto.

Diego Casanova:

“Ese señor fue el responsable del operativo este donde un montón de guardias nacionales cercaron toda la zona de las Mercedes, cercanas a la Alfredo Sadel, donde teníamos el campamento. Recuerdo que nos levantaron de las carpas en la madrugada un montón de guardias con unos fusiles. Nos levantaron con un fusil, que nos lo pusieron en la cara así de manera agresiva, violenta, los guardias para que nos saliéramos de allí porque supuestamente nosotros éramos unos violentos. Fue terrible esa noche y él era el ministro del interior en ese momento, cuando hicieron ese operativo y nos trataron como criminales de alta peligrosidad”.

Ehisler Vásquez:

“No puede haber democracia mientras el arquitecto del centro de tortura más reconocido de Venezuela vuelva al país.
En Barquisimeto, incluso junto a Marino Alvarado, denunciamos el uso de metras dentro de los cartuchos que disparaba la Policía Nacional para reprimir las protestas. Todo esto bajo el mando de Miguel Rodríguez Torres. Sería un golpe a la transición que pudiera regresar a Venezuela”.

Puntos de interés

La ONG Laboratorio de Paz señaló directamente que designar a Miguel Rodríguez Torres en un alto cargo de seguridad sería incompatible con la garantía de no repetición. Su regreso debilitaría la confianza de las víctimas en el proceso, obstaculizaría la reforma del sector seguridad y enviaría una señal de continuidad con prácticas represivas.

La organización recordó que una transición sostenible exige que quienes lideren las estructuras de seguridad representen una ruptura clara con el pasado de represión, no su continuidad. La idoneidad para un cargo debe medirse por la compatibilidad con los estándares de derechos humanos, no solo por la coyuntura política actual.

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