La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se redujo hasta uno de sus niveles más bajos del año al cierre de septiembre, pero eso no significó una recuperación del bolívar. El tipo de cambio oficial siguió aumentando y, en los primeros días de octubre, la distancia entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse.
La menor oferta de divisas coincide con este comportamiento y, según una estimación de la firma Ecoanalítica, el Gobierno liquidó cerca de 1.400 millones de dólares en septiembre, 37% menos que en julio. En este contexto, la reducción de la brecha no necesariamente llevó a una mayor estabilidad del mercado cambiario.
El jueves, durante la Asamblea Anual de Fedecámaras, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó la reducción de la brecha cambiaria y la atribuyó a las medidas de su Gobierno para aumentar la oferta de divisas y estabilizar el mercado. Según cifras publicadas por Banca y Negocios, el Banco Central de Venezuela colocó 7.738 millones de dólares en el mercado cambiario durante el primer semestre de 2026, frente a 4.496 millones de dólares en el mismo período de 2025, un incremento de 72,11%.
La intervención del BCV ha tenido un peso determinante en la oferta de divisas durante 2026. Hasta el 4 de septiembre, el sistema cambiario había movilizado 12.531,84 millones de dólares, de los cuales 11.093,15 millones correspondieron a la intervención del instituto emisor, lo que equivale a 88,5% del total.
El volumen muestra la magnitud del esfuerzo oficial para abastecer el mercado cambiario. Sin embargo, el peso de esa intervención genera dudas acerca del sostenimiento de esta política, sobre todo cuando la oferta disminuye.
Oferta del BCV es una incertidumbre
Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, calculó que el mercado necesita alrededor de 1.500 millones de dólares mensuales para cubrir la demanda asociada a las importaciones no petroleras. Según esa estimación, la oferta de dólares de septiembre habría cubierto 93% de ese requerimiento, sin contar remesas de utilidades, servicios ni las compras de dólares como protección ante la depreciación del bolívar.
Para las empresas, la menor disponibilidad de divisas encarece la reposición de inventarios y dificulta la planificación de compras e inversiones. Aunque la brecha cambiaria se reduzca, la dependencia de la oferta del BCV mantiene la incertidumbre sobre el acceso a dólares y obliga a las compañías a ajustar sus pedidos, revisar precios o postergar inversiones.
Los ajustes de las empresas también llegan al consumidor a través de los precios o de una menor oferta de productos. Que la brecha cambiaria se reduzca no significa que los precios vayan a bajar, sobre todo si el dólar oficial sigue subiendo y reponer la mercancía cuesta más.
Sin corregir los desequilibrios
Para el economista Manuel Sutherland, una de las razones de la reducción de la brecha es que el ente emisor ha permitido que el tipo de cambio oficial aumente de forma gradual. Ese movimiento acorta la distancia con el paralelo, aunque no implica una recuperación del bolívar. La convergencia responde, en parte, al deslizamiento de la tasa oficial y no necesariamente a una estabilización del mercado, explica.
Sutherland también relaciona el comportamiento de la brecha con las restricciones al crédito. A su juicio, las limitaciones al financiamiento frenan la expansión de las empresas y restringen el consumo, lo que puede moderar la demanda de divisas.
El economista cuestiona que el Gobierno celebre la reducción de la brecha sin corregir el esquema cambiario. A su juicio, mantener tipos de cambio distintos genera oportunidades de arbitraje. «El gobierno mantiene la brecha porque todavía es un negocio seguir con un tipo de cambio sobrevaluado, esa bicicleta cambiaria ha destruido al país en los últimos 25 años», afirma.
La elevada participación del BCV en la oferta de divisas y el retroceso de las liquidaciones estimadas para septiembre muestran que la convergencia sigue expuesta a cambios en la disponibilidad de dólares. La dependencia de la intervención oficial no ha logrado contener la presión cambiaria, pese a la reducción de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo.
Conatel anunció este viernes, 9 de octubre, que aprobó “la Habilitación General HGTS-00639 y siete Concesiones Generales en la banda Ku” a favor de la sociedad mercantil SPACEX VZ, S.C.A, con lo que Starlink, el servicio de internet satelital propiedad de Elon Musk, queda autorizado legalmente para operar en Venezuela.
El ente lo informó a través de su cuenta en X y argumentó que la decisión es parte de las políticas del Estado venezolano para “democratizar el acceso a la tecnología y garantizar la conectividad a la población”.
Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 por parte de fuerzas militares estadounidenses, la empresa Starlink hizo una concesión y otorgó banda ancha gratuita al pueblo venezolano hasta el 3 de febrero. Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo y que lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo la administración de Donald Trump, reposteó el mensaje con una frase de apoyo “al pueblo de Venezuela”.
Desde hacía años algunos venezolanos hacían uso de este servicio de manera informal. Según estimó el periodista especializado en tecnología, William Peña, para enero existían unos 60.000 ciudadanos con antenas de Starlink en el país. Los usuarios dependían del plan itinerante regional o global. Es decir, registraban los equipos utilizando direcciones de facturación y cuentas en países donde el servicio sí era oficial, como Colombia o Estados Unidos, y al activar la función de roaming las antenas recibían internet porque la red de satélites también emite señal sobre el territorio venezolano.
El 8 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que la reforma de la Ley de Telecomunicaciones sería una pieza clave de la agenda legislativa de este año, plan que la Asamblea Nacional recogió en su agenda 2026-2027. Se trató de una admisión de que el marco regulatorio necesitaba cambios mientras el servicio satelital empezaba a llegar a más hogares.
El 4 de febrero de 2026, Starlink pasó de la gratuidad a la venta. En ese entonces el servicio quedó disponible por dos vías: la compra de kits nuevos en distribuidores autorizados o el cambio de clientes con plan itinerante a un plan residencial con descuento. La empresa identificó como distribuidores a Daka, Multimax y SoyTechno, y estableció que cada cuenta venezolana solo podía tener un kit. También indicó que a partir del 6 de marzo las nuevas activaciones residenciales podrían incluir un recargo único por demanda que variaría según la dirección del servicio. Conatel, sin embargo, nunca emitió una declaración sobre el tema.
Un negocio montado a la vista de todos
Mientras el marco legal estaba en pausa, el negocio se organizaba y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela daban un giro de 180 grados para fortalecerse. Multimax pasó a presentarse como la marca oficial y autorizada de Starlink en Venezuela, y anunció que los primeros kits ya estaban disponibles en sus 47 tiendas en todo el territorio nacional.
El líder del acuerdo era el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de CLX Group, quien lo calificó como una meta cumplida y prometió “respaldo, seguridad y garantía”. También se anunció que los usuarios podían pagar la mensualidad del servicio de Internet directamente en bolívares a través del Banco de Venezuela.
Es decir, se establecieron distribuidores, tiendas, un banco público como canal para pagar y la demanda comenzó a aumentar. Sin embargo, se había ignorado todo el marco legal que regula su actividad.
William Peña explicó a Runrun.es en marzo que las operaciones hasta ese momento eran opacas. Recordó que la normativa venezolana vigente exigía una habilitación para explotar servicios de internet y concesión para usar el espectro radioeléctrico, “so pena de ser sancionada penalmente y administrativamente”.
De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, quienes estén interesados en prestar estos servicios al público, deben solicitar la habilitación presentando la identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como su representante incluyendo los nombres y apellidos, domicilios y los documentos de identificación. El instrumento también establece que los prestadores de servicios deben pagar impuestos.
En ese entonces, al preguntar por una oficina comercial en Venezuela, el asistente del Centro de Ayuda en la página web oficial de la empresa respondió que Starlink operaba principalmente a través de su sitio web y que no tenía información sobre oficinas físicas en el país.
El 25 de junio, un día después de los terremotos que devastaron el país, Starlink anunció en su página web que ofrecería su servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas.
En su anuncio de este miércoles, Conatel cita esa acción como un “antecedente de cooperación técnica” y asegura que durante ese período “se probaron con éxito tecnologías de mensajería D2D y capacidad satelital en zonas afectadas”. Lo que no aclara es que Starlink ya tenía meses funcionando en el país fuera de ley. El ente gubernamental insistió en que, con este permiso, ratifica su compromiso con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, el fomento de la innovación y la inclusión digital en el país.
Tomando en cuenta que según el Índice de Speedtest Venezuela ocupó para agosto de 2026 el puesto 96 entre 149 países, cualquier oferta de conexión estable encuentra una demanda inmediata.
La legalización de las operaciones de Starlink este 9 de octubre resuelve el estatus de la empresa, pero abre otro debate: la autoridad se hizo la vista gorda durante meses y de eso no hay rendición de cuentas. Para los usuarios, el cambio puede traducirse en mayor certeza sobre su servicio. Para el país, la pregunta es si las reglas del sector valen igual para todos los operadores o dependen de quién llegue y con qué respaldo.
Además de las altas temperaturas que se generan en esta época del año, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, endosó al supuesto repunte de la actividad económica, los constantes cortes y fluctuaciones en el servicio que se han producido este año en Venezuela.
El titular de la cartera eléctrica culpó a las sanciones previas al 3 de enero de este año por impedir la compra de equipos para la generación y transmisión del servicio a la población.
Alcalá dijo que a raíz de la estrecha relación entre el gobierno de Delcy Rodríguez y el del presidente estadounidense Donald Trump “este año tenemos acceso directo a repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo”.
Crece la demanda
“Venezuela experimenta una recuperación económica desde 2021 y desde ese año ha habido un incremento importante de la demanda eléctrica”, dijo el director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti.
A juicio de Grisanti, la oferta eléctrica no se ha incrementado a la par de la leve reactivación económica
“Por eso creemos que el servicio eléctrico va a empeorar antes de mejorar y no vemos una estabilización del servicio en los próximos cinco años por más que se hagan inversiones”, aseveró el economista.
El estudio de Ecoanalítica apunta que la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ha agravado en los últimos meses y la tendencia apunta a un mayor deterioro en el corto y mediano plazo.
De acuerdo a Ecoanalítica, lejos de tratarse de un problema coyuntural, las deficiencias del sistema eléctrico y los episodios de racionamiento suceden de manera recurrente y se convierten en una restricción estructural para el país.
La culpa no es del niño
Marcelo Monnot, ex presidente del Colegio de Ingenieros del estado Zulia, señala que es previsible que en agosto, septiembre y octubre la demanda eléctrica suba porque son meses de calor y la gente tiende a usar más artefactos como aires acondicionados y ventiladores.
“Eso es algo tradicional, anteriormente las empresas de electricidad se preparaban, el asunto es que ahora carecen de suficiente capacidad instalada y cualquier cosa que incremente la demanda ellos recurren al racionamiento eléctrico”, dijo el ingeniero electrónico experto en electricidad y paneles solares.
Monnot indicó que no es novedad alguna que las autoridades en Venezuela culpen de la debacle eléctrica al fenómeno El Niño, el supuesto abuso de algunos usuarios en el empleo de electrodomésticos y hasta a una iguana.
Comercio golpeado
De acuerdo a un estudio de Ecoanalítica en el estado Zulia y Los Andes las interrupciones del servicio eléctrico afectan a más del 98% de los hogares y comercios con cortes diarios de 6 a 8 horas, mientras que en Caracas, hasta hace poco exenta del problema, las fallas alcanzan al 82% de la población.
Datos de la más reciente Encuesta de Coyuntura Empresarial arrojan que 70% de las empresas evalúa negativamente el servicio , además en regiones como Zulia, 98% de los comerciantes reporta un empeoramiento, con un 54% de los locales sin sistemas alternativos de respaldo.
Según Conindustria, en el segundo trimestre de 2026, la industria venezolana perdió 44% de sus horas productivas (214 de 488 horas laborables) por fallas del servicio.
En la cumbre Venezuela International Oil & Gas Summit se informó que el déficit supera los 1500 megavatios, con apenas 40% de los 32800 MW instalados operativos y cortes de hasta 10 horas diarias en algunas regiones.
Para la firma económica, con una oferta que difícilmente supera los 13000 MW en sus picos de máxima disponibilidad frente a una demanda nacional que en sus momentos de mayor consumo ha superado los 15000 MW, el déficit de generación se consolida como el principal inconveniente para cualquier intento de reactivación económica en Venezuela.
Según Ecoanalítica, a medida que la actividad comercial e industrial intenta dinamizarse, aumenta la presión sobre el sistema termoeléctrico, que opera por debajo del 15% de su potencial luego de años de desinversión.
El estudio revela que ante la ineficacia del parque termoeléctrico, todo el peso recae en la generación hidroeléctrica de la represa del Guri en el estado Bolívar, un complejo que funciona a un 60% de su capacidad instalada con siete de sus 20 turbinas fuera de servicio.
En vez de procurar resolver el problema eléctrico, la respuesta del Ejecutivo ha sido establecer un plan de racionamiento sin previo aviso ni calendario establecido a industrias, centros comerciales, hoteles y supermercados, con una solicitud de reducir el uso de aires acondicionados, ascensores y escaleras mecánicas para liberar megavatios hacia la red pública.
Aunque Conindustria asegura que 69% de las empresas cuenta con infraestructura para autogestionar su demanda eléctrica, la escasez e irregularidad en el suministro de combustible limitan el alcance de estos equipos frente a cortes prolongados.
A juicio de Ecoanalítica, en vista de que no hay un panorama claro en cuanto a la recuperación del SEN, la continuidad del comercio privado dependerá exclusivamente de la capacidad de autogestión de cada empresa y la recomendación es diseñar un plan integral de autoabastecimiento energético.
Inversión mil millonaria
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) estima en 5000 millones de dólares la inversión necesaria para rehabilitar el SEN, mientras que el gobierno de Rodríguez aspira incorporar 4800 MW con el apoyo de empresas como General Electric Vernova y Siemens.
“En realidad es complicado hacer una valoración de cuánto debe invertirse para recuperar el SEN porque hay mucha opacidad en torno a eso, pero ciertamente son billones de dólares. La pregunta es: ¿Contamos con esos recursos? Hablan de inversión privada en el sector eléctrico, pero las empresas quieren un marco jurídico y que su retorno sea garantizado, hay que trazar un plan para que esa inversión se pueda recuperar”, dijo Monnot.
El experto expresó que los más optimistas hablan de un año para empezar a ver mejoras si la recuperación comienza inmediatamente, pero que siendo honestos el proceso podría llevar una década.
“Porque destruyeron todo”, afirmó.
El ingeniero apuntó que los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos obligan a un incremento de generación y transmisión de electricidad.
“No hay que ser un experto para saber que se necesita electricidad para mover a la industria petrolera, es imposible generar todos los barriles de crudo que pretenden sin electricidad”, apuntó el experto.
Monnot sostuvo que por esa razón, los estadounidenses insisten tanto en la etapa de estabilización para Venezuela.
“La realidad es que en este momento no tenemos capacidad para una reapertura petrolera”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 9 de octubre que impondrá sanciones económicas a la Corte Penal Internacional (CPI). La institución internacional podrá hacer movimientos financieros ordinarios con instituciones estadounidenses hasta el 7 de abril de 2027, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
«Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI», anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado publicado este 9 de octubre.
La medida ocurrió horas después que la Comité Noruego le otorgara el Premio Nobel de la Paz a la exmagistrada de la CPI Navanethem «Navi» Pillay por su papel en la justicia internacional. Su trabajo destacó por al defensa de Nelson Mandela y el apartheid en Sudáfrica y, actualmente, revisa en la Corte Internacional de Justicia un caso de genocidio de la comunidad musulmana rohinyás, en Myanmar.
«El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses. Por eso, hoy Estados Unidos está sancionando a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal fuera de control, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de funcionamiento contra nosotros», agregó el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en sus redes sociales.
Today, the Trump Administration is sanctioning the ICC.
This action should encourage our Allies within the Court to work for solutions to end this threat to U.S. sovereignty forever. pic.twitter.com/D86dCqLUaZ
Tanto la CPI como las Naciones Unidas rechazaron «energéticamente» las sanciones impuestas por el Gobierno de Trump. Alegaron que estas acciones buscarían «romper con las operaciones de la Corte e intimidar a aquellos que cooperan con la institución».
«La Corte seguirá con sus mandatos de forma plena, con independencia e imparcialidad. Actuará solamente en base a las evidencias y la ley por el bien de innumerables víctimas de graves crímenes», destacó la presidente de la CPI, Tomoko Akane, en un comunicado presentado minutos después de la denuncia de Rubio.
La CPI cuenta con 125 países miembros, incluido Venezuela. La Corte lleva investigando formalmente los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra la ciudadanía venezolana desde el año 2021.
El plazo que de 180 días que le dará Estados Unidos a la CPI estará destinado a que los países miembros de la Corte permitan desplazar sus bienes financieros a otras instituciones. La Corte, por su parte, hizo un llamado a los estados miembros tomar las acciones necesarias para continuar con las funciones de la justicia internacional.
«O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI», reiteró Rubio.
La Comisión de la Unión Europea anunció que hará «todo lo necesario» para mantener a La Corte. En un comunicado de prensa, la institución internacional destacó que el plazo de 180 días da un «espacio para el diálogo» con el gabinete de Donald Trump.
Mientras tanto, el Gobierno interino venezolano avalado por Estados Unidos decidió retirarse de la CPI el pasado 24 de julio. Sin embargo, la renuncia se haría efectiva para 2027 y la acción no influenciaría en las investigaciones y procedimientos que involucran a los miembros del PSUV en los años anteriores.
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, cuestionó el diseño y la aplicación de la Ley contra el Odio en Venezuela y sostuvo que la normativa ha servido para inhibir la libertad de expresión y favorecer el ejercicio arbitrario del poder.
En La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Correa señaló que la ley contiene definiciones vagas y sanciones desproporcionadas.
El activista destacó que un delito relacionado con la expresión de odio puede acarrear una pena de hasta 20 años de prisión, mientras que un homicidio puede tener una sanción menor.
“Hay una desproporción absoluta”, dijo el periodista al panel integrado por César Batiz, director de El Pitazo; Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes y Víctor Amaya, director de TalCual.
A juicio del director de Espacio Público, no era necesario elaborar una normativa como la Ley contra el Odio.
“Conductas como las agresiones o los homicidios ya están contempladas en el Código Penal”, sostuvo.
El director de Espacio Público afirmó que la organización no conoce casos en los que la normativa haya servido para proteger a ciudadanos.
Señaló que han recibido información sobre situaciones en las que la ley habría sido utilizada para detener personas y exigirles dinero a cambio de no continuar con la persecución.
“Se utiliza esta ley para detener a personas y extorsionarlas”, afirmó.
Para Correa, uno de los aspectos más problemáticos de la legislación es la inclusión del odio por razones políticas.
Explicó que la libertad de expresión permite a la sociedad deliberar y ejercer escrutinio sobre los asuntos públicos, por lo que penalizar determinadas críticas puede terminar inhibiendo ese debate.
“Si tú vas a penalizar el escrutinio de lo público, entonces toda crítica a la gestión pública se puede considerar odio”, sentenció.
Los arquitectos del miedo
Según Correa, en Venezuela se han registrado casos de personas perseguidas por expresar críticas relacionadas con hechos de corrupción y posteriormente esos procesos fueron eliminados.
“Sirvió, entre otras cosas, para construir una arquitectura asociada al miedo”, afirmó Correa.
El activista recordó que en grupos de WhatsApp de vecinos algunas personas advertían sobre la existencia de la normativa cuando alguien criticaba problemas de servicios públicos o reclamaba por situaciones de su comunidad.
“En Venezuela se incorporó el odio por temas políticos y eso tiende a inhibir el debate ¿Por qué existe el derecho a la libertad de expresión? Entre otras razones, para que la sociedad pueda deliberar, para hacer escrutinio de lo público. Entonces, si tú vas a penalizar el escrutinio de lo público, toda crítica a la gestión pública, se puede considerar odio”, dijo Correa
El director de Espacio Público también cuestionó que la ley no haya sido utilizada para proteger a ciudadanos frente a expresiones racistas, discriminatorias o ataques relacionados con la religión.
“No hay un solo caso de esas características”, afirmó.
Señaló además que existen situaciones que ni siquiera llegan a los tribunales.
Mencionó casos en los que funcionarios pueden revisar el teléfono de una persona en una alcabala y determinar que determinados contenidos constituyen expresiones de odio.
“Es una ley absolutamente perniciosa y nefasta para el debate democrático”, dijo.
Correa cuestionó también la creación de una comisión para promover la paz y la convivencia que nunca llegó a instalarse, mientras los tribunales comenzaron a aplicar la legislación.
El activista cuestionó que la discusión se limite a la Ley contra el Odio.
Recordó que existen otras normativas que a su juicio afectan el ecosistema de libertad de expresión en Venezuela, como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la denominada Ley Simón Bolívar.
Correa señaló que, aunque durante este año se han producido excarcelaciones de periodistas y algunos desbloqueos de portales, todavía persisten restricciones.
Mencionó entre los medios que continúan afectados a Armando.info, La Patilla y El Nacional, además de portales internacionales, plataformas financieras y herramientas VPN destinadas a la privacidad y seguridad en internet.
“No hay forma de tener un debate sensato sin libertad. La verdad es un elemento clave de reparación, el silencio es la peor opción”, dijo Correa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
“Para tener una transición democrática, pacífica, es importante dedicarse a un proceso como este. Obviamente nosotros queremos que todos los elementos de la oposición, de la sociedad venezolana, participen en un proceso como este”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en el marco de su reunión con la expresidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, en la sede de la oficina estadounidense.
Rubio indicó que el proceso de negociación entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición que lidera Figuera debe concluir en elecciones libres y democráticas lo más pronto posible.
“Creemos que el cumplimiento de esta hoja de ruta con el acompañamiento de Estados Unidos va a llevar al país al progreso. Estamos garantizando el camino y la hoja de ruta para que haya elecciones”, sentenció Figuera.
El funcionario estadounidense calificó este diálogo, el número 18 desde que el chavismo está en el poder, como la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela para restaurar la democracia.
Rubio sentenció que Venezuela ha experimentado un trauma profundo por casi tres décadas, el cual ha impactado en todos los niveles de la sociedad.
El funcionario del gobierno de Trump reiteró el apoyo de Estados Unidos al diálogo y al pueblo venezolano.
“Sin duda esto tiene que resultar en elecciones libres y democráticas, pero no solo elecciones libres y democráticas, también en restablecer las instituciones necesarias para mantener la democracia”, comentó Rubio.
El secretario de Estado anunció que la próxima ronda de negociaciones entre representantes del interinato venezolano y AN 2015 se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre.
“Nosotros le pedimos a todos los elementos que apoyen este proceso”, puntualizó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El partido político Vente Venezuela denunció la noche de este 8 de octubre que el Gobierno venezolano debe anular la inhabilitación de María Corina Machado tras las denuncias de presunta coerción que sufrió la exmagistrada Bárbara Gabriela César Siero para lograr la vulneración de los derechos políticos de Machado.
«Esas inhabilitaciones políticas realizadas desde el TSJ [Tribunal Supremo de Justicia] fueron, en la práctica, claras acciones de persecución y represión contra quienes disentimos del sistema oficialista, y tras un falso manto de legalidad, escondían mecanismos inconstitucionales para excluir al liderazgo opositor y controlar resultados electorales», señaló el Partido en un comunicado publicado en redes sociales.
inhabilitación opaca
La inhabilitación de Machado ocurrió en el año 2015, la Contraloría de la República —órgano adscrito al Poder Ciudadano— le negó la participación a la líder opositora a cargos públicos por 12 meses. En ese año se iban a celebrar unas elecciones parlamentarias.
Después, en 2024, el TSJ le negó participar en cargos públicos por 15 años y la decisión se había hecho efectiva el 16 de septiembre de 2021. De acuerdo con el Poder Judicial tomado por el chavismo, la líder opositora formaba parte de un presunto esquema de corrupción conformado por Juan Guaidó y ciertos miembros del parlamento del 2015 —que hoy representan la mesa de negociación avalada por estados Unidos—. Machado denunció que nunca recibió una notificación del TSJ hasta enero de 2024.
En marzo de 2024, dos meses después de que el TSJ anunciara la inhabilitación de Machado, César Siero se retira del TSJ.
César confesó el pasado 6 de octubre que detuvieron a sus hermanos, el teniente coronel Guillermo César y el mayor Guillermo Henry César, el mismo día que los abogados de Vente Venezuela introdujeron un recurso a la Sala Político-Administrativa del TSJ para confirmar la inhabilitación política de Machado, el 15 de diciembre de 2023. En ese momento, César era vicepresidenta de la sala.
«La inhabilitación de María Corina Machado, ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta, fue ratificada mediante una decisión, que según una magistrada ahora denunciante, solo se obtuvo porque se utilizó a sus familiares como rehenes, confirmando así la ocurrencia de graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación. Pero a todo evento esa inhabilitación debe ser levantada de inmediato», se lee en el comunicado del partido.
Vente Venezuela reiteró que los derechos civiles y políticos de Machado, premio Nobel de la Paz 2025, han sido vulnerados en distintas ocasiones. Además de la inhabilitación política, la líder antichavista tiene prohibida la entrada al país. Según su partido, ella intentó entrar a Venezuela siete veces entre enero y septiembre de 2026.
Machado, por su parte, sigue intentando entrar a Venezuela durante los procesos de negociación entre el chavismo y la Asamblea Nacional del 2015 para restituir el TSJ y el Consejo Nacional Electoral.
El comercio global es extraordinariamente eficiente para trasladar bienes. Transporta cobre, automóviles, cámaras y petróleo a través de océanos y fronteras a una asombrosa velocidad. Lleva el producto del trabajo y de los ecosistemas de un país hasta depósitos y supermercados en otro con tan poca fricción que los consumidores apenas perciben la distancia. Pero hay cosas que, deliberadamente, no se desplazan por la cadena de suministro. Una de ellas es el hedor.
Tomemos el caso de la harina de pescado, ese polvo rico en proteínas que se obtiene al transformar pescado en ración, especialmente para la acuicultura. El aire nauseabundo que producen las fábricas de harina de pescado permanece en las comunidades costeras más pobres, donde el pescado se descarga, se cocina, se prensa, se seca y se muele, muy lejos de los platos donde finalmente se consumen los productos de mar. Los mercados más ricos importan los beneficios de este insumo globalmente esencial, pero solo después de haberle quitado ciertas verdades incómodas.
¿Quién paga los costos ocultos de la harina de pescado?
La industria de la harina de pescado ha generado millones de dólares en ingresos fiscales y miles de empleos en Perú, además de contribuir a aumentar la producción de productos de mar para satisfacer la creciente demanda mundial. Y, sin embargo, los manifestantes tenían razón al señalar que, si bien esta industria ha beneficiado enormemente a algunos, también ha perjudicado claramente a otros. La cuestión que separa a ambos grupos no es si la harina de pescado y la acuicultura tienen beneficios, sino para quién. ¿Y quién paga los costos ocultos?
Una exhaustiva investigación de dos años realizada por The Outlaw Ocean Project, una organización periodística con sede en Washington D. C., reveló varios de esos costos, entre ellos la pérdida de empleos en la pesca artesanal, la exposición crónica a sustancias químicas, muertes laborales evitables, protestas violentas —a menudo provocadas por el insoportable hedor de las plantas de harina de pescado— y el aumento de tensiones geopolíticas a medida que los países compiten por fuentes de proteína cada vez más escasas.
En agosto de 2022, al menos 50 manifestantes salieron a las calles de Kayar, una localidad pesquera en la costa atlántica de Senegal, exigiendo el cierre de una planta cercana de harina de pescado, Touba Protein Marine. Marcharon desde el muelle pesquero hasta la fábrica con pancartas que decían “Kayar está enferma” y, en un video que se difundió en Facebook, coreaban: “Es hora de respetar a nuestro Kayar”.
Protestar por el hedor
Según alegaban, la planta había sido construida a menos de medio kilómetro de zonas residenciales, lo que había provocado problemas de salud y violaba las normas locales de zonificación. Ese mismo año, en Vietnam, cientos de residentes en la costa noreste rodearon otra planta y, durante días, hicieron sonar altavoces a todo volumen como forma de protesta. En India, en 2024, el olor procedente de las fábricas de harina de pescado provocó protestas que se prolongaron durante más de 100 días, culminando en un boicot a las elecciones locales y en la celebración de asambleas comunitarias paralelas que aprobaron resoluciones contra las plantas.
Estos protestas no surgieron por el tipo de incidentes industriales que suele captar la atención mundial. Lo que llevó a la gente a las calles fue el hedor de la harina de pescado. Una investigación global sobre los costos ocultos de este producto reveló que el olor rancio de esta industria es uno de los impactos menos monitoreados, más íntimamente experimentados y más extendidos de este mercado en expansión. La mitad de los productos del mar que se consumen en el mundo proviene de piscifactorías, la mayoría de las cuales funciona a base de harina y aceite de pescado. Más de 9,5 millones de personas en todo el mundo, incluidos cerca de 1,7 millones de menores de 15 años, viven en un radio de un kilómetro y medio de plantas de harina de pescado.
La investigación involucró a más de dos decenas de periodistas en igual número de países. Los vecinos de estas plantas describieron a los periodistas náuseas, dolores de cabeza, irritación ocular, mareos, ataques de tos y pérdida de apetito. Relataron cómo debían recoger la ropa antes de tiempo, mantener puertas y ventanas cerradas pese al calor costero, sufrir alteraciones del sueño durante la noche y convivir con una constante sensación de inquietud al no poder anticipar la próxima ráfaga de viento. “No invitamos a familiares ni amigos porque nos avergüenza vivir en un lugar que huele a podrido”, explicó un hombre en Songkla, Tailandia. La investigación documentó más de 70 casos de vecinos que denunciaban malos olores procedentes de al menos 60 plantas en 15 países. En Mar del Plata, Argentina, el olor de las plantas de harina de pescado era tan intenso que algunos turistas que se alojaban en un hotel cercano tenían que salir al patio para vomitar.
Turismo paralizado
En Ecuador, el olor emitido por las plantas de harina de pescado afectó tanto a los residentes cercanos que paralizó el sector turístico. En la ciudad sureña de Huaquillas, que comparte frontera con Perú, los habitantes declararon a un diario en 2021 que el olor del procesamiento de harina de pescado era “insoportable” e “imposible de tolerar”. En Salango, una parroquia rural en la costa ecuatoriana, a más de 430 kilómetros al norte de Huaquillas, los investigadores que en 2022 intentaban atraer visitantes a la playa reconocieron que sería una tarea difícil, ya que el olor de una planta industrial de harina de pescado en la zona “genera olores desagradables que disuaden a los turistas y los llevan a elegir otros destinos”.
El hedor de estas plantas no era solo una molestia. Este olor corroía la economía local al perjudicar el turismo y ahuyentar a clientes de restaurantes y visitantes de las playas. También era un indicador de la liberación de sustancias nocivas como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cianuro y metano, que se sabe pueden provocar graves problemas de salud, incluido el edema pulmonar. La parte más intensa del olor proviene de la trimetilamina (TMA), un gas incoloro caracterizado por su olor “a pescado”. En 2021, la Sociedad de la Industria Química identificó la TMA como “altamente tóxica y carcinogénica”.
La sensibilidad humana a los olores desagradables es un mecanismo de defensa producto de la evolución. Como parte de un instinto básico de supervivencia desarrollado a lo largo de millones de años, las personas sienten repulsión ante olores como los de las heces, los alimentos en descomposición, la carne podrida o los productos químicos irritantes. Según un estudio publicado en la revista Brain Sciences en 2016, esta reacción visceral también genera intensas sensaciones de asco y ansiedad que pueden derivar en consecuencias negativas para la salud cuando la exposición se prolonga más allá de unos pocos minutos. En muchos países, los residuos químicos están estrictamente regulados, especialmente si causan enfermedades o dañan el medio ambiente. Sin embargo, la emisión de malos olores suele considerarse más una molestia que un verdadero riesgo ambiental o sanitario.
El mal olor también es difícil de medir o regular en términos del nivel de molestia que genera. “La tecnología para detectar y caracterizar olores complejos no ha alcanzado el nivel de un método de vigilancia fiable, lo que ha dificultado el desarrollo de marcos regulatorios”, señalaba un artículo de 2021 en una revista especializada en gestión de residuos, escrito por un grupo de ingenieros ambientales de la Universidad Florida Atlantic. Aunque existen numerosos estudios sobre el impacto en la salud y el medio ambiente de sustancias específicas emitidas por plantas de tratamiento de aguas residuales, explotaciones ganaderas, instalaciones de compostaje, vertederos, fábricas de papel o industrias petroquímicas, pocas investigaciones se centran en el “impacto de la contaminación odorífera”, según un estudio de 2021 publicado en la revista Environmental Health.
Aprovechando vacíos legales
Las industrias que generan malos olores, como las refinerías químicas, las fábricas de fertilizantes, las plantas de incineración y los vertederos, suelen estar limitadas por normativas de zonificación que impiden su instalación cerca de zonas residenciales. Sin embargo, la gran mayoría de las plantas de harina de pescado se encuentra en países o regiones más carenciadas donde estas normas no existen o no se aplican. En Senegal, donde hay al menos nueve plantas de este tipo, la normativa prohíbe construirlas a menos de 500 metros de áreas residenciales. No obstante, un análisis de imágenes satelitales de estas plantas en relación con viviendas cercanas reveló que esta norma se incumple de forma sistemática.
En Perú, cuando los legisladores reforzaron la regulación de la industria de la harina de pescado en una región, esta tendió a desplazarse hacia otras. En Lima, en la década de 1950, una oleada de artículos de opinión y cartas dirigidas a los legisladores por vecinos indignados de plantas de harina de pescado llevó a la aprobación de normas que imponían límites más estrictos a los horarios de funcionamiento. Para eludir estas nuevas regulaciones, que solo se aplicaban en Lima, las empresas trasladaron sus operaciones a Chimbote, una ciudad de la costa occidental del país donde las autoridades locales ignoraron las protestas de residentes empobrecidos. Hasta hoy, Chimbote sigue siendo el mayor productor mundial de harina de pescado, así como uno de los lugares más contaminados del planeta.
Los métodos para medir TMA en el aire existen al menos desde la década de 1970. Sin embargo, en las últimas décadas, el enfoque más habitual ha consistido en recolectar muestras de aire mediante los llamados tubos de “extracción en fase sólida” y analizarlas en el laboratorio utilizando técnicas como la “cromatografía líquida” y la “espectrometría de masas”. Estas técnicas son precisas, pero costosas, y en ocasiones pueden alcanzar decenas de miles de dólares.
En 2009, un científico peruano llamado Josué Padilla Lauriano se propuso encontrar una alternativa más económica para medir los niveles de TMA. Centró su investigación en Chimbote. Utilizando burbujeadores de aire sencillos y un espectrofotómetro —herramientas habituales en casi cualquier laboratorio de química—, y adaptando una técnica originalmente diseñada para detectar TMA en pescado muerto, no en el aire, Lauriano y su equipo recopilaron muestras durante 20 meses. El dispositivo desarrollado por Lauriano costaba apenas unos cientos de dólares. Según la normativa local, las plantas debían mantenerse por debajo de 12 partes por millón (ppm), pero Lauriano detectó emisiones nocturnas con un promedio superior a 17 ppm —cuando las plantas cocinan más— y un valor máximo que superó las 32 ppm en una de ellas.
Incluso cuando las pruebas eran viables, muchos países no contaban con normas de emisión que incluyeran umbrales para olores desagradables, según un estudio de 2025 publicado en la revista Applied Sciences. “El mecanismo de detección del olor en los seres humanos aún no se comprende completamente”, señalaba el estudio, lo que explica en parte por qué el hedor es tan difícil de medir y regular de forma objetiva. En los países que sí establecen límites para la emisión de TMA, estos suelen basarse no en el olor o en el impacto sobre la calidad de vida, sino en los niveles a partir de los cuales esta sustancia comienza a afectar negativamente la salud humana. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias suelen emplear valores de entre 5 y 10 ppm como límites de exposición a largo plazo. Estos umbrales son considerablemente más altos que lo que el olfato humano puede detectar. La TMA puede percibirse en concentraciones tan bajas como 0,0002 ppm, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Hay opciones
El hedor de la harina de pescado no es un problema irresoluble. Cuando los propietarios de las plantas intentaron reducirlo, por lo general lo lograron. En 2008, en Estados Unidos; en 2021, en Sudáfrica; y en 2022, en Yemen, los dueños de fábricas instalaron distintos tipos de dispositivos —algunos conocidos como scrubbers o depuradores de gases— que, según investigaciones posteriores, redujeron drásticamente los compuestos químicos con peor olor. Estos sistemas no se utilizan con más frecuencia, en parte, porque pueden costar más de un millón de dólares.
Más allá de los costos, existen razones más profundas por las que el hedor se mantiene lejos de los consumidores. En los países más ricos, los vecinos de estas plantas suelen tener mayor capacidad para presionar a sus gobiernos y exigir controles sobre los olores. En los países más pobres, quienes viven en las zonas industriales donde se instalan estas fábricas suelen carecer de influencia política. Sus gobiernos, además, tienen mayor necesidad de ingresos y son más reacios a imponer regulaciones que puedan ahuyentar la inversión extranjera. Como resultado, existe poco incentivo o presión para que los productores de harina de pescado, muchas veces orientados a la exportación, resuelvan un problema que no afecta directamente sus resultados económicos.
Otra razón es que la vida moderna tiende a jerarquizar los daños según lo fácilmente que puedan fotografiarse, medirse, litigarse o representarse en gráficos. Los perjuicios lejanos, lentos y difíciles de percibir, como el hedor, son precisamente aquellos que las economías globalizadas han aprendido a hacer desaparecer con mayor eficacia para los consumidores situados en el extremo más rico de largas cadenas de suministro. O, como se preguntó en otro contexto el novelista John Berger: “¿Cuál es el valor social de un dolor aliviado?”
