El comercio global es extraordinariamente eficiente para trasladar bienes. Transporta cobre, automóviles, cámaras y petróleo a través de océanos y fronteras a una asombrosa velocidad. Lleva el producto del trabajo y de los ecosistemas de un país hasta depósitos y supermercados en otro con tan poca fricción que los consumidores apenas perciben la distancia. Pero hay cosas que, deliberadamente, no se desplazan por la cadena de suministro. Una de ellas es el hedor.
Tomemos el caso de la harina de pescado, ese polvo rico en proteínas que se obtiene al transformar pescado en ración, especialmente para la acuicultura. El aire nauseabundo que producen las fábricas de harina de pescado permanece en las comunidades costeras más pobres, donde el pescado se descarga, se cocina, se prensa, se seca y se muele, muy lejos de los platos donde finalmente se consumen los productos de mar. Los mercados más ricos importan los beneficios de este insumo globalmente esencial, pero solo después de haberle quitado ciertas verdades incómodas.
¿Quién paga los costos ocultos de la harina de pescado?
La industria de la harina de pescado ha generado millones de dólares en ingresos fiscales y miles de empleos en Perú, además de contribuir a aumentar la producción de productos de mar para satisfacer la creciente demanda mundial. Y, sin embargo, los manifestantes tenían razón al señalar que, si bien esta industria ha beneficiado enormemente a algunos, también ha perjudicado claramente a otros. La cuestión que separa a ambos grupos no es si la harina de pescado y la acuicultura tienen beneficios, sino para quién. ¿Y quién paga los costos ocultos?
Una exhaustiva investigación de dos años realizada por The Outlaw Ocean Project, una organización periodística con sede en Washington D. C., reveló varios de esos costos, entre ellos la pérdida de empleos en la pesca artesanal, la exposición crónica a sustancias químicas, muertes laborales evitables, protestas violentas —a menudo provocadas por el insoportable hedor de las plantas de harina de pescado— y el aumento de tensiones geopolíticas a medida que los países compiten por fuentes de proteína cada vez más escasas.
En agosto de 2022, al menos 50 manifestantes salieron a las calles de Kayar, una localidad pesquera en la costa atlántica de Senegal, exigiendo el cierre de una planta cercana de harina de pescado, Touba Protein Marine. Marcharon desde el muelle pesquero hasta la fábrica con pancartas que decían “Kayar está enferma” y, en un video que se difundió en Facebook, coreaban: “Es hora de respetar a nuestro Kayar”.
Protestar por el hedor
Según alegaban, la planta había sido construida a menos de medio kilómetro de zonas residenciales, lo que había provocado problemas de salud y violaba las normas locales de zonificación. Ese mismo año, en Vietnam, cientos de residentes en la costa noreste rodearon otra planta y, durante días, hicieron sonar altavoces a todo volumen como forma de protesta. En India, en 2024, el olor procedente de las fábricas de harina de pescado provocó protestas que se prolongaron durante más de 100 días, culminando en un boicot a las elecciones locales y en la celebración de asambleas comunitarias paralelas que aprobaron resoluciones contra las plantas.
Estos protestas no surgieron por el tipo de incidentes industriales que suele captar la atención mundial. Lo que llevó a la gente a las calles fue el hedor de la harina de pescado. Una investigación global sobre los costos ocultos de este producto reveló que el olor rancio de esta industria es uno de los impactos menos monitoreados, más íntimamente experimentados y más extendidos de este mercado en expansión. La mitad de los productos del mar que se consumen en el mundo proviene de piscifactorías, la mayoría de las cuales funciona a base de harina y aceite de pescado. Más de 9,5 millones de personas en todo el mundo, incluidos cerca de 1,7 millones de menores de 15 años, viven en un radio de un kilómetro y medio de plantas de harina de pescado.
La investigación involucró a más de dos decenas de periodistas en igual número de países. Los vecinos de estas plantas describieron a los periodistas náuseas, dolores de cabeza, irritación ocular, mareos, ataques de tos y pérdida de apetito. Relataron cómo debían recoger la ropa antes de tiempo, mantener puertas y ventanas cerradas pese al calor costero, sufrir alteraciones del sueño durante la noche y convivir con una constante sensación de inquietud al no poder anticipar la próxima ráfaga de viento. “No invitamos a familiares ni amigos porque nos avergüenza vivir en un lugar que huele a podrido”, explicó un hombre en Songkla, Tailandia. La investigación documentó más de 70 casos de vecinos que denunciaban malos olores procedentes de al menos 60 plantas en 15 países. En Mar del Plata, Argentina, el olor de las plantas de harina de pescado era tan intenso que algunos turistas que se alojaban en un hotel cercano tenían que salir al patio para vomitar.
Turismo paralizado
En Ecuador, el olor emitido por las plantas de harina de pescado afectó tanto a los residentes cercanos que paralizó el sector turístico. En la ciudad sureña de Huaquillas, que comparte frontera con Perú, los habitantes declararon a un diario en 2021 que el olor del procesamiento de harina de pescado era “insoportable” e “imposible de tolerar”. En Salango, una parroquia rural en la costa ecuatoriana, a más de 430 kilómetros al norte de Huaquillas, los investigadores que en 2022 intentaban atraer visitantes a la playa reconocieron que sería una tarea difícil, ya que el olor de una planta industrial de harina de pescado en la zona “genera olores desagradables que disuaden a los turistas y los llevan a elegir otros destinos”.
El hedor de estas plantas no era solo una molestia. Este olor corroía la economía local al perjudicar el turismo y ahuyentar a clientes de restaurantes y visitantes de las playas. También era un indicador de la liberación de sustancias nocivas como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cianuro y metano, que se sabe pueden provocar graves problemas de salud, incluido el edema pulmonar. La parte más intensa del olor proviene de la trimetilamina (TMA), un gas incoloro caracterizado por su olor “a pescado”. En 2021, la Sociedad de la Industria Química identificó la TMA como “altamente tóxica y carcinogénica”.
La sensibilidad humana a los olores desagradables es un mecanismo de defensa producto de la evolución. Como parte de un instinto básico de supervivencia desarrollado a lo largo de millones de años, las personas sienten repulsión ante olores como los de las heces, los alimentos en descomposición, la carne podrida o los productos químicos irritantes. Según un estudio publicado en la revista Brain Sciences en 2016, esta reacción visceral también genera intensas sensaciones de asco y ansiedad que pueden derivar en consecuencias negativas para la salud cuando la exposición se prolonga más allá de unos pocos minutos. En muchos países, los residuos químicos están estrictamente regulados, especialmente si causan enfermedades o dañan el medio ambiente. Sin embargo, la emisión de malos olores suele considerarse más una molestia que un verdadero riesgo ambiental o sanitario.
El mal olor también es difícil de medir o regular en términos del nivel de molestia que genera. “La tecnología para detectar y caracterizar olores complejos no ha alcanzado el nivel de un método de vigilancia fiable, lo que ha dificultado el desarrollo de marcos regulatorios”, señalaba un artículo de 2021 en una revista especializada en gestión de residuos, escrito por un grupo de ingenieros ambientales de la Universidad Florida Atlantic. Aunque existen numerosos estudios sobre el impacto en la salud y el medio ambiente de sustancias específicas emitidas por plantas de tratamiento de aguas residuales, explotaciones ganaderas, instalaciones de compostaje, vertederos, fábricas de papel o industrias petroquímicas, pocas investigaciones se centran en el “impacto de la contaminación odorífera”, según un estudio de 2021 publicado en la revista Environmental Health.
Aprovechando vacíos legales
Las industrias que generan malos olores, como las refinerías químicas, las fábricas de fertilizantes, las plantas de incineración y los vertederos, suelen estar limitadas por normativas de zonificación que impiden su instalación cerca de zonas residenciales. Sin embargo, la gran mayoría de las plantas de harina de pescado se encuentra en países o regiones más carenciadas donde estas normas no existen o no se aplican. En Senegal, donde hay al menos nueve plantas de este tipo, la normativa prohíbe construirlas a menos de 500 metros de áreas residenciales. No obstante, un análisis de imágenes satelitales de estas plantas en relación con viviendas cercanas reveló que esta norma se incumple de forma sistemática.
En Perú, cuando los legisladores reforzaron la regulación de la industria de la harina de pescado en una región, esta tendió a desplazarse hacia otras. En Lima, en la década de 1950, una oleada de artículos de opinión y cartas dirigidas a los legisladores por vecinos indignados de plantas de harina de pescado llevó a la aprobación de normas que imponían límites más estrictos a los horarios de funcionamiento. Para eludir estas nuevas regulaciones, que solo se aplicaban en Lima, las empresas trasladaron sus operaciones a Chimbote, una ciudad de la costa occidental del país donde las autoridades locales ignoraron las protestas de residentes empobrecidos. Hasta hoy, Chimbote sigue siendo el mayor productor mundial de harina de pescado, así como uno de los lugares más contaminados del planeta.
Los métodos para medir TMA en el aire existen al menos desde la década de 1970. Sin embargo, en las últimas décadas, el enfoque más habitual ha consistido en recolectar muestras de aire mediante los llamados tubos de “extracción en fase sólida” y analizarlas en el laboratorio utilizando técnicas como la “cromatografía líquida” y la “espectrometría de masas”. Estas técnicas son precisas, pero costosas, y en ocasiones pueden alcanzar decenas de miles de dólares.
En 2009, un científico peruano llamado Josué Padilla Lauriano se propuso encontrar una alternativa más económica para medir los niveles de TMA. Centró su investigación en Chimbote. Utilizando burbujeadores de aire sencillos y un espectrofotómetro —herramientas habituales en casi cualquier laboratorio de química—, y adaptando una técnica originalmente diseñada para detectar TMA en pescado muerto, no en el aire, Lauriano y su equipo recopilaron muestras durante 20 meses. El dispositivo desarrollado por Lauriano costaba apenas unos cientos de dólares. Según la normativa local, las plantas debían mantenerse por debajo de 12 partes por millón (ppm), pero Lauriano detectó emisiones nocturnas con un promedio superior a 17 ppm —cuando las plantas cocinan más— y un valor máximo que superó las 32 ppm en una de ellas.
Incluso cuando las pruebas eran viables, muchos países no contaban con normas de emisión que incluyeran umbrales para olores desagradables, según un estudio de 2025 publicado en la revista Applied Sciences. “El mecanismo de detección del olor en los seres humanos aún no se comprende completamente”, señalaba el estudio, lo que explica en parte por qué el hedor es tan difícil de medir y regular de forma objetiva. En los países que sí establecen límites para la emisión de TMA, estos suelen basarse no en el olor o en el impacto sobre la calidad de vida, sino en los niveles a partir de los cuales esta sustancia comienza a afectar negativamente la salud humana. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias suelen emplear valores de entre 5 y 10 ppm como límites de exposición a largo plazo. Estos umbrales son considerablemente más altos que lo que el olfato humano puede detectar. La TMA puede percibirse en concentraciones tan bajas como 0,0002 ppm, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Hay opciones
El hedor de la harina de pescado no es un problema irresoluble. Cuando los propietarios de las plantas intentaron reducirlo, por lo general lo lograron. En 2008, en Estados Unidos; en 2021, en Sudáfrica; y en 2022, en Yemen, los dueños de fábricas instalaron distintos tipos de dispositivos —algunos conocidos como scrubbers o depuradores de gases— que, según investigaciones posteriores, redujeron drásticamente los compuestos químicos con peor olor. Estos sistemas no se utilizan con más frecuencia, en parte, porque pueden costar más de un millón de dólares.
Más allá de los costos, existen razones más profundas por las que el hedor se mantiene lejos de los consumidores. En los países más ricos, los vecinos de estas plantas suelen tener mayor capacidad para presionar a sus gobiernos y exigir controles sobre los olores. En los países más pobres, quienes viven en las zonas industriales donde se instalan estas fábricas suelen carecer de influencia política. Sus gobiernos, además, tienen mayor necesidad de ingresos y son más reacios a imponer regulaciones que puedan ahuyentar la inversión extranjera. Como resultado, existe poco incentivo o presión para que los productores de harina de pescado, muchas veces orientados a la exportación, resuelvan un problema que no afecta directamente sus resultados económicos.
Otra razón es que la vida moderna tiende a jerarquizar los daños según lo fácilmente que puedan fotografiarse, medirse, litigarse o representarse en gráficos. Los perjuicios lejanos, lentos y difíciles de percibir, como el hedor, son precisamente aquellos que las economías globalizadas han aprendido a hacer desaparecer con mayor eficacia para los consumidores situados en el extremo más rico de largas cadenas de suministro. O, como se preguntó en otro contexto el novelista John Berger: “¿Cuál es el valor social de un dolor aliviado?”
(La elaboración de este reportaje formó parte de una investigación más amplia realizada por un equipo internacional de periodistas del The Outlaw Ocean Project.)
